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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2020-00010-02

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2020-00010-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes de nulidad elevadas por el señor Omar García Quiñones y la parte demandada. SEGUNDO:CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que anuló el acto por medio del cual se eligió al señor Eugenio Rangel Manrique como alcalde de Villa del Rosario y en su lugar declaró la elección de Carlos Julio Socha Hernández. TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto del fallo apelado en el sentido de REMITIR copia de esta decisión y del expediente de la referencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro de su competencia determinen la eventual configuración de conductas penales y/o disciplinarias respecto de las irregularidades acreditadas en el presente trámite. CUARTO: EXHORTAR al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que de manera mancomunada implemente los mecanismos necesarios para que: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 75 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal) 54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado) Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño (I) La depuración de censo sea real y efectiva, en especial, que las decisiones relativas a la existencia de trashumancia puedan materializarse el día de los comicios, por ende, que los jurados de votación de manera eficiente y eficaz cuenten con las herramientas para identificar a los ciudadanos que se consideren trashumantes. (II) Evitar que los parientes de los candidatos en una misma contienda electoral según ordena la ley se desempeñen como jurados de votación. QUINTO: RECONOCESE personería jurídica al abogado Cesar Emilio Valero Soto como defensor del demandado. SEXTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno. SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia. PEDRO PABLO VANEGAS GIL Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Salvamento parcial de voto ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2020-00010-02

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

27 de enero de 2022

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal)
54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (ppal)
54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: EDGAR MASTRANGELO ROJAS MONTAÑO
Demandado: EUGENIO RANGEL MANRIQUE - alcalde de Villa del Rosario
• Norte de Santander para el periodo 2020-2023
Temas: Jurado de votación pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad del candidato. Trashumancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA1

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el
demandado, la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC, el Consejo
Nacional Electoral – CNE y el tercero impugnador, contra la sentencia del 3 de
junio de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander declaró la nulidad del Acta Parcial de Escrutinio General para Alcalde
del Municipio de Villa del Rosario.

I. ANTECEDENTES

1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, Edgar Mastrangelo Rojas
Montaño presentó 2 demandas ante el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, contra el acto que declaró la elección de Eugenio Rangel Manrique
como alcalde de Villa del Rosario, Norte de Santander, a las cuales se le
asignaron los siguientes radicados: i) 54001-23-33-000-2020-00010-01 y ii) 54001-
23-33-000-2020-00013-01.

1. Expediente 54001-23-33-000-2020-00010-01

1.1. Demanda2

2. El actor formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que es NULA la declaración de elección como Alcalde del Municipio de
Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander, del ciudadano EUGENIO
RANGEL MARIQUE… contenida en el formulario E-26 ALC expedido por los
Delegados del Consejo Nacional Electoral en el Departamento de Norte de
Santander el día 16 de noviembre de 2019, para el periodo constitucional 2020-
2023.

1
Este proyecto corresponde a lo discutido en la sala del 20 de enero de 2022, donde la ponencia del Magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra no obtuvo la mayoría y por ello pasó a ser del conocimiento de la Magistrada Rocío Araújo Oñate. No
obstante, varias de las consideraciones del proyecto inicial se conservan en esta providencia.
2
El 27 de enero de 2020, se admitió en única instancia, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, por
caducidad. En auto de 10 de febrero de 2020, se rechazaron por improcedentes, -artículo 276 de la Ley 1437 de 2011-. En
providencia de 9 de septiembre de 2020, se dejó sin efectos el inciso primero del auto de 27 de enero de 2020 y, en su
lugar, se dispuso admitirla en primera instancia.

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Radicado: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal)
54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

SEGUNDO: Que es nula el Acta de Escrutinio de los Jurados de Votación para
Alcalde de la mesa 03, de la Zona 90, del Puesto 01 – Colegio Manuel Antonio
Rueda, de conformidad con los hecho (sic) y pruebas que se relacionan en esta
demanda.

TERCERO: Que son nulas las resoluciones

 Resolución 20 del 1 de Noviembre de 2019, expedida por la Comisión
Escrutadora Auxiliar Zonal 5, por medio de la cual se resuelve una
reclamación
 Resolución 11 del 31 de noviembre de 2019, expedida por la Comisión
Escrutadora Municipal de Villa del Rosario, por medio de la cual se resuelve
una solicitud
 Resolución 25 del 15 de noviembre de 2019, los (sic) Delegados del
Consejo Nacional Electoral en Norte de Santander, encargados del
Escrutinio Departamental

CUARTO: Como consecuencia de la nulidad declarada, se cancele, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, la
credencial de Alcalde del Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander al
ciudadano EUGENIO RANGEL MANRIQUE.

QUINTO: Que como consecuencia de la nulidad declarada, se declare elegido
Alcalde del Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, y se le expide (sic) la
correspondiente credencial, al ciudadano CARLOS JULIO SOCHA HERNÁNDEZ. Si
para ello resultare necesario hacerlo, se ordene un nuevo escrutinio”.

3. Asimismo, planteó los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:

1.1.1. Hechos

4. El demandante manifestó que en la mesa 03, zona 90, puesto 01 – Colegio
Manuel Antonio Rueda se depositaron 494 votos y que, según el Acta General de
Escrutinios de la zona 5, encargada del escrutinio de la zona 90, puesto 01, el
sistema advirtió a la Comisión Escrutadora que el total de sufragantes según el
formulario E-11, supera el 50% del potencial de la mesa, pero la Comisión
confirmó que el total de sufragantes es correcto.

5. Mencionó que, según Edwin Albeiro Rodríguez Rivera, técnico operativo 4080-
03 de la delegación de la RNEC en Norte de Santander, dicha mesa tiene un
potencial de 400 electores.

6. Agregó que durante los escrutinios auxiliares se hizo un recuento oficioso de los
votos a la alcaldía en la mesa 03, zona 90, puesto 01 y se identificaron 2 votos de
más, por lo que 2 votos escogidos al azar fueron incinerados y se realizó un nuevo
recuento en el que el demandado pasó de 221 a 220, mientras que el candidato
Carlos Julio Socha Hernández mantuvo los 136 votos que se le registraron en el
formulario E-14.
7. Narró que, al recontar las tarjetas, los escrutadores advirtieron que faltaba un
voto por lo que decidieron mantener los datos que originalmente tenía el E-14
desconociendo el resultado del recuento, de modo que Rangel Manrique
permaneció con 221 votos.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

8. Indicó que por esos hechos se presentó reclamación la cual fue negada por
medio de la Resolución 20 de 1 de noviembre de 2019 expedida por la Comisión
Escrutadora Auxiliar Zonal 5.

9. Se solicitó la exclusión de la mesa referida y de todas las del puesto 01 de la
zona 90, por las siguientes razones:

 Se incumplió el artículo 39 de la Ley 1475 de 2011 porque no se realizó
identificación biométrica
 No se cumplió la Resolución 1706 de 2019 proferida por el CNE según la
cual los E-11 deben tener un espacio para que los votantes lo firmen y
plasmen su huella digital al momento de votar.
 No se diligenció la hora de entrega de pliegos electorales por parte de los
jurados en el formulario E-17, unido a la introducción en el arca triclave
después de las 11:00 pm.
 Tiempo de votación imposible, porque correspondería a un voto cada 58
segundos en la mesa 03, puesto 01, zona 90.
 Renuencia a entregar copia del E-11 para verificar la hora de instalación y
la identificación de los votantes.
 Renuncia a exhibir los formularios E-19 necesarios para identificar el iter
temporal de la entrega de los pliegos electorales.

10. Informó que la solicitud fue rechazada mediante Resolución 11 de 31 de
noviembre de 2019 de la Comisión Escrutadora Municipal de Villa del Rosario.

11. Anotó que los delegados del CNE en Norte de Santander profirieron la
Resolución 25 de 15 de noviembre de 2019 que confirmó la Resolución 31 de 11
de noviembre de 2019 por lo que negaron la exclusión de la mesa 03, puesto 01,
zona 90 y confirmaron los resultados de los formularios E-24 ALC y E-26 ALC. No
se pronunciaron sobre el recurso interpuesto contra la Resolución 20 de 1 de
noviembre de 2019.

12. Adicionalmente, el demandante relacionó 29 tarjetas electorales marcadas a
favor del demandado que tienen una firma que no corresponde a ninguno de los
jurados y agregó que 129 de los votos obtenidos por el señor Rangel Manrique en
la mesa 03, puesto 01, zona 90 corresponden a 102 tarjetas electorales que tienen
números seriales que están fuera del rango de las que le fueron asignadas a dicho
puesto, entre ellas, las 29 que tienen firma ilegible.

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

13. Afirmó que se desconocieron los artículos 58 de la Constitución; 3 de la Ley 62
de 1988; 39 de la Ley 1475 de 2011; y 85, 114, 163, 164 y 192-5 del Código
Electoral por lo que se materializaron las causales de nulidad de los artículos 275-
3 y 137 de la Ley 1437 de 2011. A partir de los hechos narrados, el demandante
aseguró que se presentaron las siguientes irregularidades:

i. Ausencia de identificación biométrica.
ii. Ausencia de espacio para firma y huella del formulario E-11.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

iii. Imposibilidad de que el votante tomara 28 segundos para depositar su voto.
iv. En la urna aparecieron votos de tarjetas con números seriales ajenos a los
asignados en la mesa.
v. En la urna se depositaron más votos que el potencial de la mesa.
vi. Existen votos con firmas de jurados no asignadas a la correspondiente mesa.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. El demandado

14. Por intermedio de apoderado judicial, el señor Eugenio Rangel Manrique se
opuso a las pretensiones y sostuvo que no se configuraron los cargos alegados.
Aseguró que la controversia que planteó el demandante bordea la temeridad para
desvirtuar la legalidad de la elección del alcalde, con escaso rigor argumentativo y
precario respaldo probatorio. Por tanto, ante la falta de prosperidad de los
reproches planteados, se debe mantener la elección demandada.

1.2.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

15. La entidad formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no emite acto administrativo alguno ni operación que
determine si un voto es válido o no, y por ello no define cuándo una persona es
merecedora de un cargo de elección popular.

1.2.3. Consejo Nacional Electoral

16. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva porque la demanda versa
sobre una causal de nulidad sustentada en hechos que difieren de su competencia
constitucional y legal.

1.2.4. Terceros3

17. El señor Robert Paul Vaca Contreras, presentó escrito para coadyuvar al
demandante, en el que ratificó los hechos de la demanda.

18. Por su parte, César Emilio Valero Soto, acudió como coadyuvante del alcalde
y sostuvo que comparte la contestación de la demanda y las excepciones allí
planteadas. Adicionalmente, propuso la excepción de caducidad pues el acto
demandado fue notificado el 16 de noviembre de 2019 y la demanda se presentó
el 22 de enero de 2020, cuando ya habían trascurrido los 30 días que establece el
artículo 164 numeral 2 literal a) de la Ley 1437 de 2011.

2. Expediente 54001-23-33-000-2020-00013-01

2.1. Demanda4
3
Por auto de 9 de septiembre de 2020, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, aceptó la
intervención de César Emilio Valero Soto, como tercero impugnador en los procesos acumulados. En la audiencia inicial
celebrada el 5 de marzo de 2021, se aceptó como coadyuvante a Robert Paul Vaca Contreras.
4
Por auto de 27 de enero de 2020, el magistrado ponente admitió la demanda. Contra dicha providencia se interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, cuyo argumento central fue que operó el fenómeno de la caducidad.
Mediante auto de 10 de febrero de 2020, se rechazaron por improcedentes los recursos mencionados, dado que, según el
artículo 276 de la Ley 1437 de 2011 el auto admisorio no es susceptible de recursos. Sin embargo, aclaró que, contados los
30 días hábiles a partir del día de la declaratoria de la elección del demandado, el término vencía el 22 de enero de 2020,
fecha en la que se presentó la demanda. Por auto del día 26 del mismo mes, se confirmó el auto anterior porque según la
norma antes mencionada no procede ningún recurso contra el auto admisorio.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

19. El actor formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que es NULA la declaración de elección como Alcalde del Municipio de
Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander, del ciudadano EUGENIO
RANGEL MARIQUE… contenida en el formulario E-26 ALC expedido por los
Delegados del Consejo Nacional Electoral en el Departamento de Norte de
Santander el día 16 de noviembre de 2019, para el periodo constitucional 2020-
2023.

SEGUNDO: Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 288
de la Ley 1437 de 2011, se declaren nulos los votos computados en favor de
EUGENIO RANGEL MANRIQUE en la elección de Alcalde del Municipio de Villa del
Rosario, Norte de Santander, en la Mesa 11, del Puesto 01 – Escuela Policarpa
Salavarrieta – de la Zona 01.

TERCERO: Que son nulas las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación para
Alcalde de cada una de las mesas de votación que relacionan (sic) a continuación,
por las irregularidades que se detallan en los hechos de esta demanda: (…)

CUARTO: como consecuencia de la nulidad declarada, se cancele, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, la
credencial de Alcalde del Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander al
ciudadano EUGENIO RANGEL MANRIQUE.

QUINTO: Que como consecuencia de la nulidad declarada, se declare elegido
Alcalde del Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, y se le expide la
correspondiente credencial, al ciudadano CARLOS JULIO SOCHA HERNÁNDEZ. Si
para ello resultare necesario hacerlo, se ordene un nuevo escrutinio.

20. Como sustento de las pretensiones planteó los siguientes fundamentos:

2.1.1. Hechos

21. El demandante manifestó que por Resolución 015 de 2 de octubre de 2019
expedida por la Registraduría de Villa del Rosario, se nombraron los jurados de
votación para las elecciones del 27 de octubre de 2019 y en la mesa 11, puesto
01, zona 01 se designó a Ronny Stiven Cumbe Rangel, quien ejerció como tal
pues suscribió los formularios E-11 y E-14. Dicho ciudadano tiene vínculo de
parentesco en tercer grado de consanguinidad con el demandado, dado que es
hijo de Isolina Rangel Pacheco cuyo padre es Eugenio Rangel Mojica, quien
también es el progenitor de Eugenio Rangel Manrique.

22. De otra parte, indicó que por Resolución 4930 de 18 de septiembre de 2018, el
CNE dejó sin efectos la inscripción de más de 7.756 ciudadanos para votar en
Villa del Rosario, por no ser residentes electorales.

23. Mencionó las siguientes resoluciones emitidas en el año 2019: i) 6084 de 17
de octubre en la que se resolvieron los recursos de reposición y, en cuanto al ente
territorial en cuestión, se repuso frente a una cédula; ii) 6277 de 21 de octubre en
la cual se decidieron otros recursos de reposición, prosperando 23 en Villa del
Rosario; iii) 6711 de 24 de octubre que aclaró las anteriores sin que se afectara
ninguna cédula en dicho municipio; iv) 6716 de 24 de octubre que adicionó la 6277
y se repusieron 9 cédulas más respecto a Villa del Rosario; v) 7213 de 18 de

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

noviembre en la que se resolvieron más recursos de reposición y frente a ese
municipio se repusieron 26 cédulas más.

24. A continuación, el demandante identificó las cédulas correspondientes a
personas trashumantes que, sin embargo, votaron. Añadió que 1169 ciudadanos,
los cuales nombró, participaron en las elecciones pese a no tener residencia en
Villa del Rosario, quienes hacen parte de la trashumancia histórica. Reseñó 14
personas que aparecieron incorporadas en el censo electoral, aunque nunca
habían sido incluidas en él y que no corresponden a novedades por cédulas de
militares dadas de alta, recuperación de derechos políticos ni ninguna otra.

25. Además, relacionó 17 mesas en las que los jurados registraron ciudadanos
cuyos nombres no corresponden a los números de cédulas con los que se
diligenció el registro de votantes -formulario E-11-. Se anotaron nombres
inexistentes o correspondientes a otros ciudadanos sin derecho a voto en la mesa
respectiva.

2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

(i) En cuanto a la designación y actuación como jurado de votación de un
pariente del candidato elegido alcalde dentro del tercer grado de
consanguinidad

26. Sostuvo el actor que la norma violada y la causal de nulidad hacen parte de la
misma disposición, es decir, el artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011, en razón al
vínculo de parentesco del demandado con el jurado Ronny Stiven Cumbe Rangel,
de modo que los 65 votos que Rangel Manrique obtuvo en la mesa respectiva,
carecen de valor.

(i) En cuanto a los trashumantes excluidos que votaron

27. Dijo que la participación en los comicios de los trashumantes desconoció los
artículos 316 de la Constitución y 183 de la Ley 136 de 1994; 4 de la Ley 163 de
1994; y 47, 48 y 49 de la Ley 1475 de 2011. Por tanto, se materializó la causal de
nulidad del artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011.

28. Nuevamente mencionó las resoluciones expedidas por el CNE sobre
trashumancia y destacó que dicha entidad cruzó la información con varias bases
de datos, lo que le permitió identificar divergencias respecto de la residencia
electoral. Pese a esas decisiones, muchos ciudadanos no fueron excluidos del
censo y participaron en los comicios, aunque no tenían derecho a votar, por lo que
se contaminó la voluntad popular frente a la elección del alcalde de Villa del
Rosario.

(i) En cuanto a los trashumantes históricos

29. Indicó como normas violadas los artículos 316 de la Constitución; 183 de la
Ley 136 de 1994; 4 de la Ley 163 de 1994; y 47, 48 y 49 de la Ley 1475 de 2011.
En consecuencia, se materializó la causal de nulidad del artículo 275-7 de la Ley

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Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

1437 de 2011 pues hubo un gran número de trashumantes históricos que fueron
determinantes en el resultado de la votación.

(ii) Cédulas incorporadas al censo electoral sin ninguna explicación

30. El demandante adujo que se desconocieron los artículos 7 de la Ley 6 de
1990; 78 del Código Electoral y 47, 48 y 49 de la Ley 1475 de 2011, por lo que el
acto se expidió en forma irregular y con infracción de las normas en las que debía
fundarse, por cuanto el ingreso de cédulas sin explicación al censo electoral,
puede obedecer a errores o migración electrónica de ciudadanos que se habilitan
para votar, lo que representaría un fraude con ribetes criminales.

(iii)En cuanto a las suplantaciones de electores

31. El actor aseveró que con esta irregularidad se violaron los artículos 40, 258,
259 y 260 de la Constitución que garantizan el derecho a votar para elegir
alcaldes. Por consiguiente, se configuró la causal de nulidad del artículo 275-3 de
la Ley 1437 de 2011.

32. Manifestó que la suplantación del elector se acredita por la falta de
correspondencia entre el número de cédula y el nombre que se registra en el
formulario E-11, la cual solo puede provenir de i) los jurados que anotan
ciudadanos que no existen para depositar tarjetas electorales o ii) ciudadanos que
se presentaron a votar con cédulas falsas. En cualquier caso, se trata de una
falsedad en tanto justifica un voto que no pertenece al ciudadano titular del
derecho a depositarlo.

2.2. Contestaciones de la demanda

2.2.1. El demandado5

33. La contestación del demandado fue extemporánea.

2.2.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

34. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa en similares
términos a los planteados en su intervención en el proceso 2020-00010.

2.2.3. Consejo Nacional Electoral

35. Solicitó que declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, como lo
propusiera en el proceso 2020-00010.

2.2.4. Terceros

36. El señor César Emilio Valero soto, acudió como coadyuvante de Eugenio
Rangel Manrique. Sostuvo que comparte la contestación de la demanda y,

5
Según el auto de 13 de noviembre de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el que se
resolvieron las excepciones propuestas.

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adicionalmente, propuso la excepción de caducidad en los mismos términos
planteados en el proceso 2020-00010.

3. Decisión sobre las excepciones previas y mixtas

37. Luego de haberse decretado la acumulación de procesos mediante
providencia de 3 de agosto de 20206, el Tribunal se pronunció sobre las
excepciones, en atención a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020.
Así, en auto de 13 de noviembre de ese año, indicó que la contestación del
demandado en el proceso 2020-00013 en la cual se planteó la excepción de
“inepta demanda por no surtir el requisito de procedibilidad en sede administrativa
electoral respecto de los cinco cargos presentados por el demandante” fue presentada
extemporáneamente7 y, por ende, no se pronunció al respecto.

38. En cuanto a la excepción de caducidad propuesta en los 2 procesos
acumulados por el impugnador César Emilio Valero Soto, el a quo señaló que la
intervención de los terceros se limita a efectuar los actos procesales permitidos a
la parte que ayuda siempre que no estén en oposición a esta y no impliquen
disposición del derecho en litigio.

39. Agregó que si bien en el proceso 2020-00013 el señor Valero Soto solicitó ser
tenido como impugnador en tiempo, la excepción de caducidad fue propuesta de
manera extemporánea el 23 de julio de 2020, dado que el plazo para contestar la
demanda venció el 16 de julio de ese año. Por tanto, el tercero tomó el proceso
con el término vencido para enriquecer los planteamientos de la defensa, proponer
excepciones y solicitar pruebas.

40. Advirtió que en el proceso 2020-00010 el impugnador alegó oportunamente la
caducidad, pero como el demandado no planteó ninguna excepción, no le era
dable al tercero actuar de manera autónoma porque dispondría del derecho en
litigio.

41. Por tanto, para el Tribunal, solo era procedente resolver las excepciones
presentadas por la RNEC y el CNE. En ese orden, resolvió declarar no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por dichas
entidades, porque se discuten causales objetivas de nulidad electoral.

42. Por auto de ponente de 10 de febrero de 2021, la Sección Quinta rechazó por
improcedentes los recursos de apelación interpuestos por el demandado y el
impugnador contra la providencia de 13 de noviembre de 2020 del Tribunal.

43. Se indicó que, en estricto sentido, el recurso del demandado no se dirige
contra la parte resolutiva de la providencia, sino frente a una decisión preliminar
plasmada en la considerativa en la que se tuvo por extemporánea la contestación
de la demanda y el escrito del impugnador en el proceso 2020-00013, lo que llevó
al Tribunal a abstenerse de resolver las excepciones formuladas en el primero de

6
Por auto de 9 de septiembre de 2020 se rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el demandante
contra la providencia que decretó la acumulación de procesos.
7
Radicada el 23 de julio de 2020 y el término venció el 16 de julio de 2020.

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los memoriales y la de caducidad que se propuso en el segundo. Además, se
mencionó que la apelación del impugnador censuró la negativa del a quo de
estudiar la caducidad.

44. Se concluyó que esas decisiones no son pasibles del recurso de apelación,
por lo que ordenó al Tribunal dar el trámite de recurso de reposición y proveer lo
concerniente.

45. Mediante auto de obedézcase y cúmplase proferido el 22 de febrero de 2021,
el magistrado ponente del Tribunal resolvió no reponer la decisión adoptada en la
parte considerativa de la providencia de 13 de noviembre de 2020.

4. Audiencia inicial y audiencia de pruebas

46. La primera audiencia se realizó el 5 de marzo de 2021 y en ella, el magistrado
ponente del Tribunal aceptó la intervención de Robert Paul Vaca Contreras como
coadyuvante.

47. En la fase de saneamiento, el apoderado del demandado y el impugnador
afirmaron que operó la caducidad. Al respecto, el conductor de la audiencia
mencionó que: i) al momento de la admisión se revisaron los presupuestos
procesales; ii) el demandado tuvo la oportunidad de proponer la excepción de
caducidad, pero no lo hizo; y iii) el despacho se pronunció sobre el tema en autos
de 12 de noviembre de 2020 y 22 de febrero de 2021. Por lo anterior, dijo que no
se referiría al respecto nuevamente.

48. Luego de reseñar los planteamientos de las demandas, así como los
argumentos del demandado y los demás intervinientes, se fijó el litigio en los
siguientes términos: “Bajo éste escenario se cuenta como objeto del presente medio de
control determinar si ¿el acto de elección del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE,
como Alcalde del Municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander, contenido en el
Acta Parcial del Escrutinio Municipal E-26 del 16 de noviembre de 2019 debe ser anulado
por configurarse las causales de nulidad consagradas en los numerales 3, 6 y 7 del
artículo 275 y artículo 136 de la Ley 1437 de 2011… y haberse expedido con infracción de
las normas en que debían fundarse, así como resultar vulneratorio de lo establecido en el
artículo 316 de la Constitución Política, entre otras normas?”

49. En cuanto a las pruebas se incorporaron las aportadas oportunamente, se
decretaron algunas documentales y se negaron otras, se accedió a las
testimoniales solicitadas, y se ordenaron unas pruebas de oficio.

50. La audiencia de pruebas inició el 9 de abril de 2021, fue suspendida y se
reanudó el 23 de abril del mismo año. Allí se dispuso que los alegatos se
presentaran por escrito.

5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público en primera
instancia

51. El demandante, el CNE y el coadyuvante no intervinieron en esta etapa. El
Ministerio Público tampoco emitió concepto.

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52. El apoderado judicial del demandado afirmó que las pretensiones deben ser
negadas.

53. Planteó que la caducidad no ha sido objeto de valoración por parte del
despacho de conocimiento y que opera de pleno derecho, por lo que el juez debe
declararla de oficio cuando verifique su ocurrencia.

54. En cuanto a los fundamentos de la demanda del expediente 2020-00010,
reiteró los argumentos expuestos en la contestación y aseguró que los hechos en
que se basa fueron desvirtuados con las pruebas recaudadas.

55. Frente a los cargos del proceso 2020-00013, mencionó que en la contestación
que se tuvo como extemporánea se planteó la excepción de inconstitucionalidad,
pero dado que declararla es una potestad de orden legal, nada obsta para que sea
tenida en cuenta.

56. El representante judicial del alcalde dijo que el numeral 6 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011 infringe directamente el artículo 152 literal c) de la Constitución,
pues su contenido corresponde a una función electoral de las descritas en el
artículo 151 del Decreto 2241 de 1986, por tanto, es esta última, la norma que
debe aplicarse.

57. De otra parte, señaló que el vínculo de consanguinidad no se probó porque el
registro de nacimiento del jurado, presunto pariente, no fue expedido según la
ritualidad exigida en el artículo 251 del CGP para un documento cuyo original
reposa en el consulado de Colombia en Venezuela, es decir, no fue apostillado.

58. Acerca del cargo de trashumancia manifestó que no se agotó la reclamación
como requisito de procedibilidad, el cual es exigible de acuerdo con lo dicho por la
Sección Quinta en el expediente 2014-00110-01 -no precisó la fecha de la
providencia-. Por consiguiente, consideró que este reproche debía ser
desestimado.

59. Afirmó que no hay prueba alguna que respalde la alegada trashumancia y que
se debió demostrar la incidencia mediante la distribución ponderada de los votos
nulos.

60. El impugnador César Emilio Valero Soto apoyó los alegatos presentados por
el apoderado del demandado e hizo énfasis en la declaratoria de caducidad.
Luego, se refirió a cada uno de los procesos y concluyó que ninguno de ellos
prospera.

61. La RNEC manifestó que no puede pronunciarse sobre las pretensiones de la
demanda porque no expidió el acto demandado.

6. La sentencia apelada

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62. Mediante fallo de 3 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander:

A. Anuló 65 votos depositados a favor de Eugenio Rangel Manrique,
candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, en la mesa 11, puesto 01 de la
zona 01.
B. Declaró la nulidad del acta parcial de escrutinio general para alcalde de
dicho municipio y ordenó cancelar la respectiva credencial.
C. Declaró electo como alcalde a Carlos Julio Socha Hernández del Partido
de la U y, en consecuencia, ordenó que, dentro de los 5 días siguientes a la
ejecutoria del fallo, se expida y entregue la correspondiente credencial.
D. Negó las demás pretensiones del proceso 2020-00010.
E. Compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se
investigue la posible comisión de un delito frente a las personas que
estando inhabilitadas para ejercer el derecho al voto en Villa del Rosario lo
hubieren ejercido, así como respecto del ciudadano Ronny Stiven Cumbe
Rangel.
F. Dispuso que en firme la providencia, debía procederse a su archivo.

63. Como cuestión previa, el a quo reseñó que el apoderado del demandado y el
impugnador, plantearon en los alegatos de conclusión que el acto acusado se
notificó el 16 de noviembre de 2019 y la demanda se presentó el 22 de enero de
2020, por lo que había caducado.

64. Recordó que, por auto de 13 de noviembre de 2020, la Sala del Tribunal se
abstuvo de resolver la excepción de caducidad propuesta solo por el impugnador y
contra esa providencia se interpuso recurso de apelación que fue declarado
improcedente por el Consejo de Estado, por lo cual se le dio trámite como recurso
de reposición que no prosperó.

65. Para el a quo, el planteamiento del demandado y del impugnador no es de
recibo, pero para “efectos de dar claridad” indicó que, si bien el acto se notificó el
16 de noviembre de 2019, debe tenerse en cuenta que en los días 21 de
noviembre y 4 de diciembre de ese año no corrieron términos judiciales en razón
de la jornada nacional de protesta apoyada por Asonal Judicial, ni tampoco el 17
de diciembre del mismo año, por celebrarse el día del servidor judicial.

66. A continuación, se pronunció sobre cada uno de los cargos propuestos en la
demanda del expediente 2020-00010 y concluyó que no prosperaron.

67. En cuanto al proceso 2019-00013 sostuvo que: i) el actor no cumplió con la
carga probatoria que le correspondía respecto del cargo de trashumancia
histórica; ii) de acuerdo con las pruebas aportadas, se desvirtuó el argumento
según el cual se incorporaron cédulas al censo sin explicación alguna; y iii) no
hubo la suplantación de votantes alegada. Sin embargo, indicó que accedería a
las súplicas de la demanda por haberse acreditado 2 de los cargos formulados en
dicho proceso a saber:

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6.1. Designación y actuación como jurado de votación de pariente dentro del
tercer grado de consanguinidad del elegido alcalde

68. El Tribunal sostuvo que la excepción de inconstitucionalidad del artículo 275-6
de la Ley 1437 de 2011, propuesta por el demandado y el impugnador, es
improcedente porque el vicio de incompetencia en que se fundamentó, solo puede
cuestionarse por vía de acción, de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional
en la sentencia C-448 de 1997 y por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en la
providencia de 9 de febrero de 2017, expediente 11001-03-28-000-2014-00112-
00.

69. Al estudiar si se acreditaron las condiciones para que se configure dicha
causal de nulidad, advirtió que al proceso se allegó copia del registro civil de
nacimiento de Ronny Stiven Cumbe Rangel, según el cual, es hijo de Isolina
Rangel Pacheco.

70. Puso de presente que la parte demandada alegó que ese documento no
acredita la consanguinidad porque no fue expedido conforme a la ritualidad exigida
pues el original reposa en el consulado de Colombia en Venezuela, es decir, no
fue apostillado según lo establece el artículo 251 del CGP.

71. Al respecto, el Tribunal explicó que dicha norma exige el apostillado respecto
de los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o
con su intervención y, en este caso, el registro fue expedido por el cónsul de
Colombia en Venezuela. Por tanto, si bien fue otorgado en país extranjero, no lo
fue por funcionario de este.

72. Refirió que se aportó copia de (i) el registro civil de nacimiento de Eugenio
Rangel Manrique en el cual consta que es hijo de María Elisabel Manrique
Pacheco y Eugenio Rangel Mojica, identificado con la cédula de ciudadanía
2.068.892 y (ii) el registro de nacimiento de Isolina Rangel Pacheco en el que
consta que es hija de Eugenio Rangel identificado con la cédula de ciudadanía
2.068.892 y de Isabel Pacheco. En consecuencia, para el Tribunal es evidente que
el demandado e Isolina Rangel Pacheco son hermanos paternos y, por ende,
Ronny Stiven Cumbe Rangel, hijo de esta última, es sobrino de aquél, de modo
que está demostrado el parentesco en tercer grado de consanguinidad.

73. En cuanto a la actuación del señor Cumbe Rangel, se allegó copia de (i) la
Resolución 015 de 2019 mediante la cual, el registrador municipal, lo nombró
como jurado de votación -vicepresidente suplente- de la mesa 11, zona 01, puesto
01, para las elecciones de 27 de octubre de 2019, en Villa del Rosario; (ii) los
formularios E-14 -claveros y delegados- de dicha mesa; y (iii) el formulario E-11
respectivo, ambos firmados por dicho jurado, quien además, sufragó allí.

74. Concluyó el Tribunal que, prospera el cargo y, por consiguiente, se deben
anular los votos obtenidos por Eugenio Rangel Manrique en la mesa en cuestión.

75. Agregó que para determinar si hay lugar a realizar un nuevo escrutinio -
numeral 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011-, se debe establecer si la

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irregularidad tiene incidencia en el resultado final, pues hasta este punto, según
los formularios E-14 y E-24, el demandado obtuvo 65 votos en dicha mesa y,
conforme el formulario E-26 ALC, la diferencia con quien ocupó el segundo puesto
es de 70 votos.

76. Por último, manifestó que de encontrarse más irregularidades en el resto de
los cargos que resulten probados, se efectuaría el reparto de ellas entre los
candidatos que sumaron votos en las mesas en las que se detecten.

6.2. Trashumantes excluidos por el CNE que votaron

77. El Tribunal precisó que, contrario a lo dicho por el demandado en los alegatos
de conclusión, frente a esta causal de nulidad no se debe agotar el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 237 de la Constitución Política.

78. De otra parte, indicó que en el proceso se acreditaron los siguientes hechos:

i. Mediante Resolución 4930 de 18 de septiembre de 2019, el CNE dejó sin efectos
la inscripción de cédulas de ciudadanía realizada en Villa del Rosario para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019, por
haberse demostrado sumariamente la no residencia electoral de los ciudadanos
relacionados en el archivo digital que hace referencia a 7.756 cédulas.
ii. Por Resolución 6084 de 17 de octubre de 2019 del CNE se resolvieron los
recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones que determinaron las
inscripciones irregulares en los municipios de Norte de Santander. En cuanto a
Villa del Rosario se dispuso reponer respecto de una cédula de ciudadanía, la cual
fue incluida en el censo electoral.
iii. Por medio de la Resolución 6277 de 21 de octubre de 2019 del CNE se resolvieron
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones que determinaron
las inscripciones irregulares en los municipios de Norte de Santander. Frente a
Villa del Rosario se dispuso reponer respecto de 23 cédulas de ciudadanía, que
fueron incluidas en el censo electoral.
iv. El CNE aclaró las Resoluciones 6084 y 6277 de 2019 mediante la Resolución
6711 de 24 de octubre de 2019 al considerar que en la investigación se pudo
acreditar la residencia electoral de algunos ciudadanos que en principio habían
sido excluidos en los citados actos, por lo que se ordenó su inclusión en el censo.
Respecto de Villa del Rosario no se efectuó ninguna inclusión.
v. La Resolución 6277 de 2019 fue adicionada por Resolución 6716 de 24 octubre de
2019, en el sentido de incluir a varios ciudadanos inicialmente excluidos. En
cuanto a Villa del Rosario se incluyeron 9 cédulas de ciudadanía.
vi. Mediante Resolución 7213 de 18 de noviembre de 2019, el CNE resolvió reponer
parcialmente las resoluciones mediante las cuales se adoptaron decisiones sobre
la presunta inscripción irregular de cédulas en Norte de Santander. Frente a Villa
del Rosario se repuso respecto de 26 cédulas.

79. De lo expuesto, el Tribunal concluyó que en Villa del Rosario estaban
inhabilitados para votar 7.697 personas, dado que, inicialmente se excluyeron
7.756 cédulas, pero con los actos relacionados se incluyeron 59.

80. Seguidamente, el a quo mencionó que, dado que el cargo de nulidad está
relacionado con que a pesar de que el CNE dejó sin efectos la inscripción de

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7.756 cédulas, 189 personas votaron, procedió a verificar si se interpuso recurso
de reposición y, si en efecto el ciudadano ejerció su derecho al voto según el
formulario E-11. Encontró que respecto de las 189 cédulas no se interpuso el
referido recurso y sus titulares sí votaron, aunque estaban inhabilitados para
hacerlo de acuerdo con la resolución que dejó sin efectos la inscripción.

81. Por tanto, consideró acreditados los requisitos para la nulidad por
trashumancia, esto es, (i) que las personas no residentes en el municipio
respectivo se inscribieron para votar en él y (ii) que efectivamente votaron. En ese
orden, se ocupó del requisito según el cual (iii) los votos deben tener incidencia en
el resultado de la contienda electoral, para lo cual aplicó el sistema de distribución
ponderada para calcular la afectación de los votos trashumantes.

82. Indicó que del formulario E-26 se extraen los siguientes datos:

CÓDIGO NOMBRE PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VOTOS
001 Carlos Julio Socha Hernández Partido de la U 16.699
002 Eugenio Rangel Manrique Coalición es momento de crecer 16.769
003 Francisco Javier Londoño Pinzón Movimiento Alternativo Social Indígena 1653
004 Hilse Yamile Aldana Pérez Cambio Radical 6990
005 Luis Gerson Ruiz Hernández Centro Democrático 2394
006 Juan Yenid Suárez Gómez Coalición por la democracia y la paz 2028

83. Es decir, entre el candidato ganador y quien ocupó el segundo lugar, existe
una diferencia de 70 votos, a los que también debe descontarse los 65 votos que
se anularon conforme al cargo anterior.

84. Luego, el Tribunal señaló que el consolidado de votos trashumantes es el
siguiente:

ZONA PUESTO MESA TOTAL VOTOS VÁLIDOS TOTAL VOTOS
E-24 ALC TRASHUMANTES
1 1 2 219 1
6 195 2
7 185 2
8 189 4
10 237 1
12 231 3
14 214 5
18 208 4
1 2 1 226 5
11 244 1
12 227 2
13 207 3
23 201 1
26 163 1
30 106 8
1 3 1 232 1
2 236 3
7 254 3
9 244 2
10 245 2
12 247 1
16 179 3
17 85 1
1 4 2 253 1
3 212 2
13 220 1
1 6 1 244 2

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8 125 2
2 1 1 231 1
2 232 1
3 243 3
8 265 2
12 202 1
13 201 3
2 2 1 227 1
3 252 2
5 270 3
7 228 1
10 169 2
11 153 1
12 170 1
15 161 1
19 117 3
21 104 1
2 3 1 90 4
3 171 2
4 165 4
5 140 4
6 182 1
7 160 4
9 157 6
10 203 2
11 222 1
12 180 2
13 218 1
15 182 5
17 112 3
18 146 1
19 162 2
20 103 2
21 124 1
22 175 4
23 153 1
24 96 2
2 4 1 178 2
2 188 2
3 212 1
4 203 1
6 199 2
7 203 6
8 150 2
10 138 2
2 5 6 194 3
2 6 4 96 2
2 7 7 67 2
10 52 1
90 1 3 477 1
6 427 1
8 440 2
9 293 2
10 298 3
17 300 3
18 263 2
99 1 1 220 3

85. Seguidamente el Tribunal realizó el análisis de la incidencia aplicando la
metodología indicada en cada mesa, distribuyendo los votos irregulares entre los
candidatos y el voto en blanco, para lo cual el número de votos irregulares se
multiplica por el porcentaje de participación de cada contendor. Calculada la
votación por descontar llegó al siguiente resultado:

CÓDIGO NOMBRE PARTIDO O VOTOS SEGÚN VOTOS TOTALES TOTAL
MOVIMIENTO E-26 ALC A RESTAR

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Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

001 Carlos Julio Socha Partido de la U 16.699 58,42965 16.640,57035
Hernández
002 Eugenio Rangel Coalición es momento de 16.769 – 65 = 73,6158 16.630,3842
Manrique crecer 16.704
003 Francisco Javier Movimiento Alternativo 1.653
Londoño Pinzón Social Indígena
004 Hilse Yamile Aldana Cambio Radical 6.990
Pérez
005 Luis Gerson Ruiz Centro Democrático 2.394
Hernández
006 Juan Yenid Suárez Coalición por la 2.028
Gómez democracia y la paz

86. Concluyó que la irregularidad demostrada (189 votos de personas
trashumantes en las mesas y puestos de las zonas 1, 2, 90 y 99 de Villa del
Rosario), incidió en la voluntad popular, por cuanto el candidato Eugenio Rangel
Manrique pasó de tener 16.769 votos registrados en el formulario E-26, a tener
16.695,3842 bajo la afectación ponderada, menos los 65 votos que deben
anularse por el cargo anterior (jurado pariente), lo que arroja como resultado final
16.630,3842 cifra inferior a quien inicialmente ocupó el segundo lugar, esto es,
Carlos Julio Socha Hernández quien pasó a tener como resultado final
16.640,57035 votos.

87. Por último, el Tribunal estimó que no hay lugar a practicar un nuevo escrutinio
-numerales 2 y 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011- porque al proceso se
aportaron los documentos electorales que permitían definir con certeza el
verdadero resultado electoral: formularios E-24 (cuadro de resultados del
escrutinio por parte de la comisión escrutadora) correspondientes a las zonas,
puestos y mesas de votación en las cuales se presentaron las irregularidades por
electores no residentes en Villa del Rosario que ejercieron el derecho al voto y
donde fungió como jurado el sobrino del demandado, así como el formulario E-26
que contiene los datos con los que fue declarada la elección.

88. Respaldó su conclusión en la sentencia de 4 de marzo de 2021, expediente:
27001-23-33-000-2019-00047-01 de la Sección Quinta, en la que, según el a quo,
se dijo que la práctica de un nuevo escrutinio es una atribución del juez electoral
cuya aplicación tiene lugar cuando no se cuenta con el debido soporte probatorio
para establecer la verdad electoral manifestada en las urnas.

89. Por tanto, al haberse acreditado que (i) 65 votos a favor del demandado en la
mesa 11, puesto 01, zona 01 deben anularse por haberse acreditado la causal del
artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 y que (ii) bajo la metodología de distribución
porcentual, 189 votos de personas trashumantes incidieron en la voluntad popular,
porque Eugenio Rangel Manrique pasó de tener 16.769 votos registrados en el
formulario E-26 a tener 16.630, cifra inferior a quien ocupó el segundo puesto
Carlos Julio Socha Hernández, quien pasó a tener como resultado final 16.640, se
impone anular la elección del primero para declarar la elección del segundo, sin
necesidad de un nuevo escrutinio.

7. Recursos de apelación

7.1. El demandado

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Radicado: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal)
54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

90. El apoderado judicial de Eugenio Rangel Manrique apeló la sentencia de
primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

7.1.1. La caducidad a pesar de ser un presupuesto procesal de la demanda
no ha sido objeto de valoración por parte del despacho, situación que debe
decidirse aun de oficio, por ser un presupuesto procesal de la acción y, por
ende, de estar probado es insaneable

91. Manifestó que a pesar de haberse determinado que la contestación fue
extemporánea, el acto acusado fue notificado el 16 de noviembre de 2019 y la
demanda presentada el 22 de enero de 2020, por lo que es evidente que ya
habían trascurrido más de los 30 días establecidos en el artículo 164-2 literal a) de
la Ley 1437 de 2011, lo cual no fue analizado por el Tribunal. Afirmó que desde el
auto de 13 de noviembre de 2020 en el que se declaró no probada la excepción de
falta de legitimación propuesta por la RNEC y el CNE, el magistrado ponente fue
renuente a resolver esta petición. No se estudió la caducidad a pesar de que se
debe abordar de oficio, según lo dispuesto en el artículo 180-6 de la Ley 1437 de
2011 y la sentencia C-227 de 2009.

92. Dijo el apelante que dicha irregularidad se mencionó en la primera audiencia
de trámite para sanearse como nulidad del proceso, pero el magistrado mantuvo
su determinación de no abordarla. También se insistió en los alegatos de
conclusión en que la caducidad opera de pleno derecho, pero el Tribunal, sin
prueba alguna, justificó su actuar en 2 días de vacancia judicial por anormalidad
laboral.

93. El recurrente aseguró que, contrario a lo dicho por el a quo, según la Circular
CSJNSC19-17 de 21 de noviembre de 2019 del Consejo Seccional de la
Judicatura, en dicha fecha se modificó la jornada laboral con ocasión de las
marchas convocadas por las centrales obreras, pero sin interrupción ni suspensión
de términos, por tanto, es un día hábil que debe contabilizarse. En consecuencia,
la demanda presentada el 22 de enero de 2020 fue extemporánea dado que el
término de caducidad inició el 18 de noviembre de 2019 y terminó el 21 de enero
de 2020, al excluirse el lapso de vacancia judicial y el día de la Rama Judicial.

94. Concluyó que la demanda tramitada bajo el radicado 2020-00010 se presentó
en forma extemporánea y, en consecuencia, se deben denegar las súplicas.

7.1.2. Excepción de inconstitucionalidad

95. En este acápite el demandado planteó varios aspectos que se reseñan a
continuación:

(i) Defecto sustantivo de la sentencia de 3 de junio de 2021 por
desconocimiento de la interpretación bajo el principio pro homine

96. El recurrente indicó que el Tribunal falló con fundamento en el artículo 275-6
de la Ley 1437 de 2011 y desechó la aplicación de la norma de igual contenido y

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Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

vigencia, prevista en el artículo 151 del Código Electoral, por lo que incurrió en
defecto sustantivo.

97. Agregó que el juez de primera instancia debió aplicar el artículo referido del
Código Electoral por ser más favorable, pero acogió la norma más lesiva para el
demandado con lo que vulneró el principio pro homine.

98. Afirmó que “…el principio de interpretación conforme a la Constitución corresponde
al desconocimiento del principio de reserva de Ley Estatutaria, como lo exige la
Constitución Política en el artículo 152 literal c), en cuanto el contenido del artículo 275
numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, que se refiere a una típica función electoral.

Esto no quiere decir que las causales de nulidad electoral previstas en el precepto que se
excepciona debían ser tramitadas necesariamente como ley estatutaria, pero estas deben
corresponder a requisitos y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico para la
validez de las elecciones. Así, al prever que los jurados de votación sean cónyuges,
compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta el tercer grado de
consanguinidad, mediante una ley ordinaria, el legislador desconoció la reserva de ley
estatutaria en materia de funciones electorales. Por consiguiente, la norma que aumentó
en un grado de consanguinidad para el ejercicio de las funciones de jurado de votación…
debe inaplicarse por vía de excepción de inconstitucionalidad y tener como referente
formal para el asunto, lo previsto en el numeral 10 del artículo 151 del Decreto Ley 2241
de 1986, en cuyo tenor la prohibición para desempeñarse como jurados de votación
respecto de un candidato es el segundo grado de consanguinidad”.

99. Consideró que el Tribunal negó la excepción de inconstitucionalidad porque se
basó en un vicio de incompetencia, lo que desconoce que están en juego los
derechos a elegir y ser elegido del demandado, así como el derecho al sufragio de
quienes votaron por él.

100. El apelante sostuvo que el cargo de nulidad por la existencia de jurados con
parentesco dentro del grado inhabilitante señalado, no puede fundamentarse en la
Ley 1437 de 2011. Por tanto, de haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad, el demandado no perdería los 65 votos que obtuvo en la
mesa 11, puesto 01, zona 01 en la que actuó su sobrino Rony Stiven Cumbe
Rangel.

101. Concluyó el recurrente que está demostrado que la mencionada causal de
nulidad debió tramitarse como ley estatutaria, por lo que el descuento de 65 votos
al demandado es injustificado porque los obtuvo de manera legítima y son
determinantes para conservar su elección como alcalde de Villa del Rosario.

102. Se refirió al principio pro homine, según el cual, de existir más de una
interpretación posible, se debe preferir la que propenda por la protección, garantía
y promoción de los derechos fundamentales, en este caso, el de elegir y ser
elegido, aspecto que no fue tenido en cuenta por el Tribunal porque decidió con
base en una norma que desconoce la reserva de ley. Al existir 2 interpretaciones
posibles se debió privilegiar, la más favorable al demandado, según la cual, la
participación de su sobrino como jurado de mesa debe regirse bajo el artículo 151-
10 del Decreto Ley 2241 de 1986.

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(i) Otra causal de inconstitucionalidad

103. A juicio del apelante, la excepción de inconstitucionalidad debe aplicarse
porque la causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 no está en
consonancia con los artículos 40 y 83 de la Constitución, dado que si bien la
actuación de los jurados está amparada por la presunción de buena fe porque se
trata de particulares que ejercen función pública del escrutinio y por la presunción
de legalidad en virtud del principio del mismo nombre consagrado en el artículo
123 Superior, lo cierto es que el artículo 275-6 no se basó en supuesto reales sino
en un hecho circunstancial, que es la participación de un jurado que sea pariente
de un candidato, sin que realmente se haga un estudio de la actuación de éste en
el proceso electoral, lo que cercena las prerrogativas de los aspirantes que han
obtenido una votación legítima.

104. Para la parte demandada, la causal de nulidad referida conduce a la drástica
medida de excluir al candidato la votación que obtuvo en la mesa, lo cual puede
arrojar un resultado contrario a la voluntad mayoritaria, libre y legítima expresada
en las urnas, por lo que, además, afecta a los electores quienes depositan su voto
sin haber incurrido en ninguna irregularidad.

105. Para demostrar la procedencia de la excepción planteó el siguiente
interrogante: “¿Qué justifica anular los votos válidos depositados en una mesa de
votación en la que uno de los seis jurados de votación es sobrino del candidato elegido?”.

106. A su juicio, esta causal de nulidad es diferente de las demás de naturaleza
objetiva -trashumancia, violencia y falsedad- porque en estas la anomalía es
constatable y medible, mientras que la del 275-6 de la Ley 1437 de 2011 carece
de un fundamento objetivo real porque se basa en una sospecha y desconoce la
presunción de buena fe.

107. Afirmó que el trabajo del sobrino fue constantemente monitoreado por los
restantes jurados y el proceso de votación y escrutinio se surtió bajo la vigilancia
de los candidatos, sus apoderados, los testigos electorales y los delegados de los
órganos de control.

108. Se advierte el carácter desproporcionado al comparar la norma de la Ley
1437 de 2011 con el artículo 151 del Código Electoral, pues mientras que al
candidato se le anulan los votos, a la persona que funge como jurado sin
excusarse de prestar ese servicio debido al parentesco, se le impone una sanción
de arresto inconmutable hasta de 30 días.

109. Por último, sostuvo que la elaboración de las listas de jurados por parte de la
RNEC se da sin la participación previa de los candidatos por lo que no tienen la
posibilidad de enterarse de que un pariente suyo pudo haber sido designado para
esa función, lo que ocurre, no por descuido o desidia, sino por vacíos normativos
al no haberse previsto una etapa en la que se dé traslado a los contendores de la
lista de jurados para hacer las consultas necesarias.

7.1.3. Trashumancia

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110. En este acápite, el apoderado del demandado planteó los siguientes
argumentos contra el fallo de primera instancia:

(i) El cumplimiento o no de la orden proferida por el CNE de excluir votantes del
censo electoral no le puede ser oponible a ninguno de los candidatos en
disputa, pues era una competencia privativa de la RNEC el depurar el censo
electoral

111. Mencionó que de acuerdo con la Resolución 4930 de 18 de septiembre de
2019, “Por medio de la cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía en el Municipio de VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE
SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del
año 2019”, las medidas adoptadas por el CNE en ejercicio de facultades de policía
administrativa son de aplicación inmediata, sin perjuicio de los recursos
procedentes. Así lo establecen el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 y el parágrafo
del artículo 2.3.1.8.6 del Decreto 1294 de 2015.

112. En ese orden, para el apelante, existía una orden de policía que debía ser
cumplida de inmediato por la autoridad competente, esto es, la RNEC: el
Registrador delegado en lo electoral, la Dirección de Censo Electoral, la Gerencia
de informática y la delegación departamental de Norte de Santander. Por tanto, no
se le puede endilgar responsabilidad al demandado por el ejercicio del voto de los
ciudadanos cuya inscripción fue irregular.

113. Indicó que aparecer en el censo electoral luego de la depuración de los 7756
ciudadanos inscritos, no los hace trashumantes, pues revisados los “excluidos” se
tiene que la mayoría integra el censo de Villa del Rosario por haber inscrito su
cédula antes de 2019, es decir, estaban registrados antes de la exclusión del
CNE, lo que los habilita para ejercer su derecho al voto en dicho municipio, razón
por la que erró el Tribunal al verificar únicamente la exclusión y no determinar la
ubicación en el censo.

(ii) La orden dada por el CNE hace referencia a dejar sin efecto un procedimiento
de inscripción, lo cual no implica sanción o imposibilidad de ejercer el
derecho al voto y, por ende, se anula la inscripción realizada, pero ello no
conlleva a la exclusión del ciudadano del censo electoral

114. El recurrente insistió en que la exclusión de cédulas no implica trashumancia
porque el elector a quien se le anuló su última inscripción, puede sufragar en el
puesto de votación que tenía habilitado antes aquella. Es decir, el dejar sin efecto
una inscripción no se traduce en una sanción que le impida votar a un ciudadano
determinado.

115. Indicó que, pese a figurar en el censo electoral, luego de la depuración de los
7.756 ciudadanos inscritos, la mayoría de ellos integraban el censo electoral de
Villa del Rosario. Lo anterior, por haber inscrito su cédula antes de 2019 en dicho
municipio, por lo que estaban registrados en otro puesto de la misma
municipalidad. Por lo tanto, esos ciudadanos no eran trashumantes.

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116. Para soportar lo anterior, informó que consultó cada una de las 189 cédulas
de los ciudadanos señalados como trashumantes, en el link dispuesto por la
RNEC para verificar el censo electoral,
(https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/) y encontró que “todas ellas hacen
parte del censo electoral de Villa del Rosario, y sus inscripciones tienen las siguientes
fechas: 3 vienen inscritos desde 1988; 1 en el año 1989; 2 en el año 1990; 3 en el año
1993; 2 en el año 1994; 6 en el año 1997; 1 en el año 1999; 2 en el año 2000; 4 en el año
2003; 2 en el año 2005; 5 en el año 2007; 1 en el año 2008; 4 en el año 2009; 6 en el año
2011; 1 en el año 2012; 1 en el año 2013; 1 en el año 2014; 2 en el año 2015; 2 en el año
2016; 39 en el año 2017; 33 en el año 2018 y 67 en el año 2019, (…)”8: (Negrilla del
texto original).

117. Agregó que 56 de los 189 ciudadanos, aparecen con Sisben en Villa del
Rosario, según la base de datos del Departamento de la Prosperidad Social;
además, 12 son propietarios de bienes inmuebles en ese municipio, lo que
evidencia la residencia electoral, como se aprecia en el documento que denominó
Anexo 1, “el cual no implica una nueva prueba, sino que se constituye en una verificación
de cada uno de los votantes en el censo electoral, a guiza del mismo ejercicio hecho por
el despacho pero verificando su continuidad en el censo electoral, y no teniendo la
cancelación de la inscripción del año 2019 como una inhabilidad para ejercer el derecho al
voto”.

118. Subrayó que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 se presume
que la residencia electoral es aquella en la que se encuentra registrado el votante
en el censo electoral. Dicha presunción no fue desvirtuada pues si bien está
probado que por Resolución 4930 de 2019 se dejó sin efectos la inscripción de
varias cédulas en Villa del Rosario, ello se refiere solo a las inscripciones
realizadas en 2019 y no las anteriores.

119. El apelante cuestionó que el Tribunal se limitó a confrontar el contenido de la
resolución mencionada, con el ejercicio del derecho al voto, al partir de una
premisa falsa: dejar sin efecto una inscripción equivale a inhabilitar al elector. Dio
por probado, no estándolo, que las 189 personas no eran residentes, “cuando ello
nunca quedó determinado y por el contrario con la verificación que se aporta… es
fácilmente desvirtuable…”.

(iii) Lo argumentado en la parte motiva no se refleja en la parte considerativa y
por ende no es oponible ni exigible como sustento de la nulidad declarada

120. El apoderado del demandado manifestó que el juez de primera instancia
consideró probada la trashumancia, sin embargo, nada dijo al respecto en la parte
resolutiva de la providencia. Esta omisión hace inoponible la sentencia que solo se
refirió a los referidos 65 votos -de la mesa en la que un pariente del ganador actuó
como jurado- cuya eliminación, en gracia de discusión, no serían suficientes para
declarar la nulidad de la elección.

(iv) Falta de competencia del Tribunal para realizar un nuevo escrutinio y
declarar la elección de un cargo uninominal

8
Si bien el apelante dijo que consultó 189 cédulas, lo cierto es que la sumatoria de su verificación da 188.

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121. El apelante resaltó que la sentencia de 4 de marzo de 2021, expediente
27001-23-33-000-2019-00047-01 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
invocada por el Tribunal como fundamento para no ordenar la realización de
nuevos escrutinios, no es aplicable al presente caso pues no se trata de
falsedades que se puedan determinar con los documentos aportados con la
demanda.

122. Adujo que el no decretar un nuevo escrutinio obedeció a apreciaciones que
en criterio del a quo hacían posible la exclusión de votos porque se omitió
privilegiar el derecho a elegir de los votantes dado que no verificó su ubicación en
el censo electoral.

7.2. El tercero impugnador

123. El señor César Emilio Valero Soto interpuso recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y coadyuvó el presentado por el apoderado del
demandado.

124. Dijo que en ambos expedientes se ha pedido en forma reiterada que se emita
una decisión de fondo sobre la caducidad, con fundamento en el artículo 180-6 de
la Ley 1437 de 2011, según el cual, el magistrado ponente debe resolverla de
oficio.

125. Mencionó que, para el cómputo de los plazos legales fijados en días, se
entienden suprimidos los feriados, incluidos sábados y domingos, así como los de
vacancia judicial.

126. Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta la sentencia SU-498 de 2016 en la
que la Corte Constitucional sostuvo que las protestas de los funcionarios judiciales
no siempre conllevan al cierre de los despachos, razón por la que se debe
establecer en el caso concreto si hubo o no prestación del servicio, carga que le
correspondía al actor, pues no existe certificación de la secretaría general que
indique que el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019 no se permitió el
acceso al palacio de justicia. Por el contrario, se sabía que el 21 fue un día hábil y
solo hubo cambio de horario debido a las marchas ciudadanas (circular
CSJNSC19-17 de 21 de noviembre de 2019).

127. Añadió que ninguno de los ponentes de los procesos que fueron acumulados
pidió a la secretaría que certificara acerca de la prestación del servicio en las
fechas indicadas en la oficina de asignaciones de demandas y en el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

128. Hizo énfasis en que, de acuerdo con la ley, no es carga procesal de la parte
demandada solicitar en forma expresa que se decida sobre la caducidad, sino que
la parte demandante debía acreditar en qué días no se prestó el servicio lo que
impidió que ejerciera la acción dentro del término de caducidad.

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129. A continuación, frente al cargo de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437
de 2011 aseguró que el Tribunal no analizó en profundidad los argumentos que
planteó en los alegatos de conclusión, los cuales reiteró. Insistió en que no está
probado el vínculo de consanguinidad entre el jurado y el actual alcalde de Villa
del Rosario y en que el artículo 151 del Código Electoral no ha sido derogado, por
lo que “la existencia de jurado en tercer grado de consanguinidad NO es aplicable al
presente caso”.

130. De otra parte, se refirió a la excepción de inconstitucionalidad para concluir
que la norma aplicable como causal de nulidad electoral es el artículo 151-10 (sic)
del Decreto 2241 de 1986 y no el artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 por ser
contrario al artículo 152 literal c) de la Constitución Política.

131. En cuanto a la trashumancia, el tercero impugnador indicó que, si bien el
Tribunal resumió el trámite adelantado por el CNE para dejar sin efectos la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, consagrado en la Resolución 2857
de 2018, no tuvo en cuenta que según su artículo 10, el acto se debe publicar en
la página web de dicha entidad y de la RNEC, debiendo sus administradores
expedir constancia para allegarla al expediente.

132. Puso de presente que los actos proferidos por el CNE, en especial la
Resolución 4930 de 18 de septiembre de 2019, fueron allegados por la parte
demandante sin las constancias de notificación conforme al artículo 70 de la Ley
1437 de 2011 y de publicación en las páginas web mencionadas. Por tanto, ese
acto no puede ser tenido como prueba que dé certeza, respecto de terceros.
133. Agregó que la parte actora omitió acreditar que los supuestos trashumantes
no eran residentes, es decir, que no eran vecinos o moradores de Villa del
Rosario, ni tenían asiento regular allí, ni que no ejercían profesión u oficio ni tenían
negocio o empresa, lo que “se debió debatir dentro del proceso electoral atendiendo al
principio de contradicción de la prueba, ya que este no le fue permitido al demandado
dentro del proceso breve y sumario adelantado ante el Consejo Nacional Electoral”.

134. Adujo que la Resolución 4930 de 2019 no da certeza de que a quienes se les
declaró irregular la inscripción de su cédula, no eran residentes de Villa del
Rosario, por lo que el cargo en cuestión no fue demostrado.

135. Por último, el tercero impugnador sostuvo que “la dedicada actuación de la
Honorable Sala para determinar, bajo la figura de la Distribución ponderada, los votos de
los que se consideran trashumantes – viciados – solo arrojó una diferencia de 10 votos a
favor del candidato que quedó en segundo lugar y que dicha cantidad NO tiene
incidencia en el resultado final de la elección local, ya que el candidato declarado
electo sobrepasa el resultado final del candidato perdedor. Es de anotar que esta causal
objetiva -trashumante que tienen incidencia en la elección- es independiente de todas las
demás. Por tanto, la sentencia debe ser revocada en su totalidad”. (Negrillas del texto
original).

7.3. El Consejo Nacional Electoral

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136. La apoderada de la entidad interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia para que sea revocada en su totalidad y, en
consecuencia, se ordene la realización de un nuevo escrutinio.

137. Consideró que la metodología de la distribución porcentual o afectación
ponderada no debe ser aplicada en el presente caso porque esta se ha empleado
en procesos electorales para cargos plurinominales, en razón a que la
ponderación es más equitativa.

138. Sin embargo, a su juicio, en este asunto, en el que la diferencia entre uno y
otro aspirante es de 5 votos, la aplicación de esa metodología es inconstitucional
por cuanto el reducido número de candidatos y la poca diferencia en la votación
que existe en las mesas afectadas, hace que no se pueda saber con grado de
probabilidad a qué candidatos benefició exactamente el comportamiento de la
trashumancia.

139. Mencionó que, en la sentencia de 18 de febrero de 2021, expediente 11001-
03-15-000-2020-05068-00 (AC), la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dijo que las causales objetivas de nulidad imponen la práctica
de un nuevo escrutinio, mientras que las subjetivas dan lugar a una nueva
elección. Por tanto, se debió dar aplicación a los artículos 133 y 193 del Decreto
2241 de 1986 excluyendo las actas afectadas por los vicios en la votación.

140. Sostuvo el CNE que la solución de la sentencia recurrida es contraria al
artículo 288-2 de la Ley 1437 de 2011, no respeta el espíritu del legislador ni la
razonabilidad impuesta por el Consejo de Estado que “no deja caminos intermedios
para solucionar el asunto como el denominado distribución ponderada”.
141. Añadió que el material probatorio demuestra que Eugenio Rangel Manrique
tenía un pariente dentro del jurado de votación, lo que configura una causal
objetiva de anulación, por lo que procedía la convocatoria a un nuevo escrutinio.

142. A continuación, planteó los siguientes argumentos contra la sentencia
impugnada:

(i) Violación del derecho fundamental al debido proceso constitucional: artículo
29 de la Constitución

143. Aseguró que este principio se vulnera cuando la forma como debe aplicarse
la ley como resultado del proceso de escrutinio, es contraria a la preceptiva legal,
es decir, cuando no termina con la orden para un nuevo escrutinio en las mesas
afectadas (mesa de votación 11, puesto 01, zona 01, 02, 90 y 99) en las que se
detectó trashumancia. Insistió en que la distribución ponderada no es aplicable en
este caso, pues solo procede en cargos de elección plurinominal.

(ii) Violación de los principios generales del derecho y de la moralidad
administrativa consagrada en los artículos 209 y 228 de la Constitución
Política

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144. El CNE afirmó que la trashumancia obliga al juez a poner un remedio de
fondo, justo, equitativo y ecuánime con los participantes dentro del proceso
eleccionario, “con las herramientas más de fondo que tenga a la mano y no solo con
remedios formales, riesgosos tomados con mecanismos que no garanticen un remedio de
raíz, como el nuevo escrutinio de las mesas afectadas por el fenómeno de la
trashumancia (mesa de votación 11, puesto 01, zona 01, 02, 90 y 99 ) ordenando un
nuevo escrutinio o cuando los vicios recaen sobre las calidades del candidato ordenando
una nueva elección”.

145. Lo contrario, desconoce el artículo 288 de la Constitución pues la distribución
ponderada es un mecanismo inseguro por la mecánica que lo establece y la
dificultad para llegar a él en el caso de los candidatos uninominales. Por ello,
debía ordenarse un nuevo escrutinio.

7.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil

146. La apoderada judicial de la entidad planteó los siguientes argumentos:

(i) Improcedencia en cuanto a declarar como alcalde a quien obtuvo la segunda
votación en lugar de ordenar la realización de elecciones atípicas –
infracción de la Constitución Política

147. Sostuvo que cuando se anula la elección de un alcalde, lo procedente es que
lleven a cabo elecciones atípicas. Es un hecho notorio que recientemente se
realizaron comicios de esta índole en Caucasia, Achí, San Zenón, Sutatausa,
entre otros.

148. Afirmó que el artículo 134 de la Constitución prevé que los casos en los
cuales los candidatos no elegidos que siguen en el orden de votación, reemplazan
a los electos, son solo los de cargos de corporaciones públicas y no a los
uninominales, por consiguiente, lo procedente es una nueva elección y, si se
acoge la decisión del Tribunal se desconocería el derecho fundamental al debido
proceso.

149. A juicio de la RNEC, es injusto que se nombre como alcalde a una persona
cuyos votos no han sido verificados en tanto no se ha generado la posibilidad de
impetrar demanda de nulidad electoral para que se estudie lo acontecido en los
comicios, es decir, si sus votos son válidos o no. Por tanto, en virtud del derecho a
la igualdad y por sentido de justicia, el constituyente quiso que en eventos como el
presente, se celebren elecciones atípicas.

150. Resaltó que puede ocurrir que en el lapso comprendido entre las elecciones
generales territoriales y la sentencia que declare la nulidad de una elección, quien
obtenga la segunda mayor votación puede incurrir en alguna causal de inhabilidad
o incompatibilidad, de ahí que procede la revocatoria del fallo porque ordenó una
cuestión alejada de la Constitución.

(ii) Consideración en cuanto a que el jurado de votación “sobrino” del candidato
no manifestó impedimento alguno

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151. La RNEC mencionó que, bajo la presunción de buena fe, no es deber de la
entidad verificar los lazos familiares de los jurados; por ello, el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 impuso a los servidores públicos el deber de declararse impedidos
si tiene conflicto de interés o está incurso en alguna causal de impedimento.
Ronny Stiven Cumbre Rangel, al momento de conocer su nombramiento como
jurado de votación, debió acudir a la RNEC y manifestar su impedimento, lo cual
no ocurrió.

152. Anotó que los votos depositados en la mesa donde dicha persona actuó, no
fueron analizados detenidamente y, por tanto, se desconoce cuál fue la mayoría.
No puede perderse de vista el artículo 3 del Código Electoral, en el sentido de
respetar el querer popular antes que cualquier otra interpretación, por ende, si se
anulan los votos de la mesa donde actuó el supuesto sobrino del alcalde elegido,
se irrespetaría dicho querer popular.

153. Con fundamento en la sentencia SU 768 de 2014 y el artículo 228 de la
Constitución, sostuvo que al juez le corresponde emplear sus poderes de
instrucción para dilucidar la verdad, en consecuencia, se debe verificar en
segunda instancia que “los votos decretados válidos en la mesa de votación respectiva,
no fueron decretados válidos únicamente por el jurado de votación supuestamente familiar
del alcalde elegido, sino también por sus compañeros de mesa que con su rúbrica
avalaron el conteo realizado”.

(iii) Consideración en cuanto a la figura de la trashumancia

154. La RNEC, por intermedio de su apoderada, dijo que la resolución final sobre
trashumancia, o sea, la que cobró ejecutoria, es de 18 de noviembre de 2019, es
decir, después de los comicios, de modo que, para la fecha de las elecciones, las
inscripciones correspondientes se presumen legítimas en razón a que el artículo 4
de la Ley 163 de 1994 establece que la residencia electoral es aquella en la cual el
votante se registró e inscribió.

155. Añadió que el Tribunal dejó de lado la presunción de inocencia consagrada
en el artículo 29 de la Constitución porque en este caso, no se demostró la
declaratoria del ilícito consagrado en el artículo 389 del Código Penal -
trashumancia electoral-.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

156. Por auto de 21 de junio de 2021, el Tribunal a quo concedió los recursos de
apelación interpuestos por el demandado, la RNEC y el CNE, por intermedio de
sus respectivos apoderados judiciales. A su turno, el magistrado ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió las apelaciones y dispuso los
traslados de rigor, mediante auto de 25 de junio de 2021, adicionado mediante
providencia de 29 de junio del mismo año. En la etapa procesal de alegatos de
conclusión en esta instancia, los sujetos procesales se pronunciaron así:

157. El demandante planteó los siguientes argumentos:

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(i) Sobre la caducidad: mencionó que la parte demandada contestó
extemporáneamente la demanda en el proceso 2020-00013 por lo que la
excepción de caducidad ahí formulada no fue estudiada como tal.

158. Reseñó que en la apelación presentada por el apoderado del alcalde se hizo
referencia a la circular CSJNSC19-17 de 21 de noviembre de 2019 según la cual,
en dicha fecha se modificó el horario laboral y, por tanto, es día hábil.

159. Precisó que una cosa es la regulación del horario de los servidores públicos
de la Rama Judicial y otra es que ese día, como consecuencia del paro judicial, los
despachos de Cúcuta, prestaron atención al público. Es decir, el Consejo
Seccional de la Judicatura, tuvo la intención de que el servicio se prestara en un
horario diferente, pero en realidad ello no fue así. Fue un hecho notorio que hubo
limitaciones de transporte y riesgos contra la seguridad e integridad de los
servidores públicos y, además, que en el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no hubo atención al público en esa fecha.

160. Agregó que dicho documento solo acredita la autorización a los funcionarios
a retirarse a las 2:00 pm, lo que evidencia la no atención en toda la jornada
laboral, lo que implica que ese día no corrió de manera completa.

161. El actor indicó que obran el proceso: i) certificación de Asonal Judicial según
la cual en la fecha en cuestión se realizó asamblea informativa en los edificios
donde funcionan despachos judiciales en Cúcuta y, por tanto, no fue posible la
actividad en la Rama Judicial; y ii) certificación del coordinador de talento humano
de la Dirección Seccional de la Administración Judicial de esa ciudad, en la que
afirma que, por las mismas razones, no hubo atención en las distintas sedes
judiciales.

162. Resaltó que, con base en el artículo 188 del CGP, el día en cuestión no
cuenta para establecer los 30 días porque el despacho estuvo cerrado.

163. De otra parte, adujo que, contrario a lo dicho por el demandado en la
apelación, el Tribunal no ha omitido ningún deber al no referirse en la parte
resolutiva de sus decisiones sobre la caducidad, dado que: i) no se propuso
oportunamente como excepción; ii) no hay evidencia de que haya acaecido, razón
por la que no puede haber pronunciamiento de oficio; y iii) porque la norma que lo
autorizaba ya no existe, pues el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011
fue modificado por la Ley 2080 de 2021. Además, el Tribunal se pronunció en
varias oportunidades sobre la caducidad.

164. Finalmente, el actor consideró que la petición del demandado de que se
decrete la caducidad en el proceso 2020-00010 es inocua pues los cargos que
prosperaron se plantearon en el 2020-00013.

(ii) Sobre la designación y actuación como jurado de votación de un pariente
del candidato elegido alcalde dentro del tercer grado de consanguinidad

165. El actor manifestó que está demostrado el parentesco entre Ronny Cumbe
Rangel y el demandado, así como la actuación de aquél como jurado y, por

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consiguiente, se deben anular los 65 votos que obtuvo en la mesa 11, puesto 01,
zona 01.

(iii) La excepción de inconstitucionalidad planteada por el recurrente

166. Según el actor, el demandado no explicó por qué el artículo 275-6 de la Ley
1437 de 2011 debe considerarse como materialización de función electoral y, por
ende, por qué es inconstitucional. Agregó que coincide con el Tribunal porque no
es procedente dar aplicación a dicha excepción cuando el vicio de
inconstitucionalidad que se alega es de trámite. Las causales de nulidad no tienen
reserva estatutaria por tratarse de un código y no entrañan función electoral,
mientras que las de reclamación si requieren ley estatutaria, como lo dijo la Corte
Constitucional en la sentencia C-283-17. Adujo que aceptar la tesis de la defensa
implicaría la desaparición de todas las causales de nulidad pues están
consagradas en una ley ordinaria.

(iv) Sobre el principio pro homine

167. Destacó el demandante que, contrario a lo dicho por el demandado, no hay 2
normas que regulen la misma situación de hecho, que den lugar a la aplicación del
mencionado principio. La causal de reclamación del artículo 192-10 del Código
Electoral regula aquello que los candidatos, sus apoderados y testigos electorales
pueden pedir en el escrutinio, mientras que las causales de nulidad se refieren a
los motivos por los cuales cualquier ciudadano puede pedir al juez la anulación de
una elección.

168. Hizo énfasis en que, en sentencia de unificación de 7 de junio de 2016, la
Sección Quinta determinó que ese principio opera a favor de los electores y no del
elegido, criterio reiterado en el fallo de 12 de marzo de 2020.

(v) La excepción de inconstitucionalidad por violación del principio de buena fe

169. Aseguró el demandante que el planteamiento de la defensa no reúne los
elementos para configurar la excepción porque no identificó la razón por la cual
una norma resulta inconstitucional, sino que se limitó a mostrar que, dado que los
jurados y el candidato actuaron de buena fe, no debe aplicarse la consecuencia de
la infracción legal en la designación de jurados.

170. Resaltó que no se puede alegar la buena fe cuando se ha violado la ley y que
no es cierto que los candidatos no tengan la oportunidad de conocer la
designación de los jurados pues según el artículo 105 del Código Electoral, dicha
notificación se entiende surtida por la sola publicación o fijación en un lugar
público de la lista respectiva. Esta disposición fue condicionada en la sentencia C-
620-04 en el entendido de que lugar público se refiere a sitio de amplio
conocimiento para la ciudadanía. Por tanto, no advertir la presencia de parientes
es un acto de negligencia del candidato.

171. Alegó que la nulidad electoral no es un juicio de responsabilidad subjetiva,
por tanto, no hay lugar a valoraciones sobre culpabilidad o buena fe.

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(vi) Trashumantes excluidos por el CNE que efectivamente votaron

172. El actor resaltó que lo que configura la irregularidad es la calidad de no
residente y no la consecuencia que de ello se deriva, es decir, que el CNE deje sin
efectos la inscripción, por tanto, es irrelevante que la resolución esté debidamente
ejecutada pues lo que importa es que esté acreditada la condición de no
residentes de los trashumantes. Dijo que están demostrados los supuestos
fácticos para la prosperidad del cargo, dado que se probó que:

 Los ciudadanos relacionados en la demanda no son residentes electorales en
Villa del Rosario, pues así lo determinó el CNE en la Resolución 4930 de 18 de
septiembre de 2019.
 A pesar de esto votaron en la elección como aparece acreditado en los
respectivos Registros de Votantes de las mesas respectivas (Formulario E-11).
 La efectiva participación de estos trashumantes alteró el resultado final; es
decir, fue incidente en la elección.
 La elección de alcalde municipal se hace en una circunscripción que no es
nacional.

(vii) La inconformidad del recurrente sobre la trashumancia en que se fundó la
nulidad

173. Sostuvo que el demandado no controvirtió la decisión del CNE sobre la
determinación de los trashumantes en Villa del Rosario para demostrar que sí
tenían la calidad de residentes electorales y este no es el momento para realizar
esa tacha.

174. Hizo énfasis en que la resolución del CNE que deja sin efectos una
inscripción no está sujeta al momento en que esta se realizó, por ello, la exclusión
se hace para las elecciones de 27 de octubre de 2019, por el hecho de haberse
acreditado sumariamente la no residencia electoral.

(viii) Lo argumentado en la parte motiva no se refleja en la parte considerativa
y por ende no es oponible ni exigible como sustento de la nulidad declarada

175. Manifestó el demandante que regularmente las sentencias que declaran la
nulidad por causales objetivas no contienen en la parte resolutiva una disposición
que de manera expresa anule determinados votos, pues en las motivaciones es
donde se indican las razones para la anulación de la elección. La inclusión en la
parte resolutiva de la nulidad de los 65 votos de la mesa donde actuó el pariente
del demandado corresponde a una exigencia del artículo 288-4 de la Ley 1437 de
2011, pero el Tribunal no tenía la obligación de decretar expresamente la nulidad
resultante de la ponderación de los votos trashumantes.

(ix) Falta de competencia del Tribunal para realizar un escrutinio y declarar
una elección de un cargo uninominal

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176. Adujo que a partir de lo dispuesto en el artículo 288-2 de la Ley 1437 de
2011, el juez de primera instancia determinó que no era necesario un nuevo
escrutinio para realizar la nueva declaración de elección dado que contaba con
toda la documentación para acreditar quién es el real ganador de las elecciones.

177. Añadió que el recurrente no señaló ninguna razón por la que sea necesario
realizar un nuevo escrutinio.

(x) El recurso del coadyuvante del demandado

178. El demandante afirmó que, si la inconformidad no fue planteada por el
demandado, el juez de segunda instancia no tiene competencia para estudiarla.

179. En cuanto a la prueba del parentesco, mencionó que el registro civil aportado
fue expedido por autoridad competente y tiene constancia de ser fiel copia de su
original, por tanto, es auténtico. Si el tercero no estaba de acuerdo, debió
desconocerlo o tacharlo de falsedad. En todo caso, la demanda no fue contestada
por lo que, según el artículo 97 del CGP, se debe tener por cierto el hecho sobre el
parentesco.

180. Frente al argumento sobre la trashumancia según el cual se debió aportar
constancia de publicación y ejecutoria, manifestó que el Decreto 1294 de 2015
establece que el procedimiento y las decisiones del CNE en esta materia, tienen
carácter policivo administrativo, son de cumplimiento inmediato y sin perjuicio de
los recursos que legalmente procedan. Criterio reiterado en los artículos 2 de la
Ley 1437 de 2011 y 4 del Código de Policía.

181. Dijo que la eficacia de los actos policivos no depende de su notificación como
sucede con los actos administrativos. Sin embargo, las resoluciones del CNE sí
fueron notificadas en su página web, es decir, de acuerdo con una de las formas
de notificación establecidas en la Resolución 2857 de 2018. Evidencia de ello es
que se interpusieron múltiples recursos.

182. El apoderado judicial del demandado y el tercero impugnador ratificaron
los argumentos de sus respectivos recursos de apelación e insistieron en que se
revoque el fallo de primera instancia. Asimismo, la apoderada del CNE reiteró los
planteamientos de la alzada.

183. El jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC solicitó que se revoque el fallo de
primera instancia con fundamento en los argumentos de la apelación y los
siguientes:

i) Es necesario que se esclarezca la verdad de lo ocurrido a la luz del principio de
eficacia del voto y respeto a la voluntad popular en razón a que la postura del
Tribunal confunde el concepto de trashumancia con la figura jurídica de la
inhabilidad para votar.

No se puede desconocer el artículo 316 de la Constitución Política ni tener por
prohibido el derecho al voto por el hecho de haberse anulado la última inscripción,

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pues a fin de no infringir el derecho a elegir, se conserva como válida la inscripción
anterior. El Tribunal incurrió en un yerro al sostener que los ciudadanos objeto de
las resoluciones del CNE no podían ejercer su derecho al voto, cuando lo cierto es
que, aunque no podían sufragar en el lugar de la última inscripción, sí lo podían
hacer en el sitio en que estaban inscritos con anterioridad. En ese orden, no se
cumplió la carga probatoria para evidenciar la trashumancia.

ii) Se debe dar aplicación a la cláusula de favorabilidad ínsita al derecho
fundamental al debido proceso, en el sentido de aplicar la norma más benigna en
materia de restricciones e inhabilidades, es decir, el artículo 151 del Código
Electoral que alude a un nexo de parentesco de hasta segundo grado de
consanguinidad, lo que excluye al sobrino del candidato elegido.

9. Concepto del Ministerio Público

184. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado emitió el
concepto 2021-07-NE-147 en el que solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia.
185. Sostuvo que en esta instancia se puede estudiar la caducidad, con
fundamento en los artículos 175, parágrafo 2, inciso 4; 182A-3 y 187 de la Ley
1437 de 2011; y 282 y 278-3 del CGP.

186. Indicó que el acto acusado se profirió y notificó el 16 de noviembre de 2019,
por tanto, el término de caducidad de 30 días, inició el día hábil siguiente: 18 de
noviembre de ese año, de modo que venció el 21 de enero de 2020. Del cómputo
se debe excluir: i) el lapso de vacancia judicial: desde el 20 de diciembre de 2019
hasta el 10 de enero de 2020 y ii) el 17 de diciembre de 2020 por ser el día de la
Rama Judicial. Por consiguiente, las demandas presentadas el 22 de enero de
2020 fueron extemporáneas.

187. Para la agente del Ministerio Público, el punto álgido es si el 21 de noviembre
de 2019 también debe excluirse, dado que según el demandante no hubo atención
al público por una jornada de protesta adelantada por Asonal Judicial. Dicha
sustracción haría que las demandas se tuvieran como oportunas.

188. Destacó que es extraño que en ninguna de las etapas en las que se alegó la
caducidad, el Tribunal no se hubiera manifestado al respecto expresamente, pues
el cómputo ordinario del término muestra que la acción estaba caducada para el
momento en que se presentaron las demandas.

189. Hizo énfasis en que la simple afirmación del Tribunal de haber validado el
término de caducidad sin hacer un cómputo objetivo del mismo, es insuficiente
para probar la oportunidad de la acción, ante la ausencia de indicación inequívoca
de la suspensión de términos ese día que, además no corresponde al día final del
plazo para la radicación de la demanda.

190. Añadió que las certificaciones de Asonal Cúcuta y del Consejo Superior de la
Judicatura aportadas por el actor al descorrer el traslado de los recursos de
apelación interpuestos contra el auto de 13 de noviembre de 2020 que resolvió las

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excepciones previas, tienen fecha muy posterior a los autos admisorios de las
demandas -25 y 26 de noviembre de 2020- y, además, no fueron incorporadas en
la oportunidad procesal debida o solicitadas como prueba. Pero, si en aras de la
verdad procesal se tuvieran en cuenta, de ninguna de ellas se desprende que el
21 de noviembre de 2019, no corrieron términos judiciales.

191. Dijo que esos documentos no son prueba válida de la suspensión de
términos por: i) la falta de competencia de quienes la emiten pues sería gravoso
afirmar que basta con una certificación de origen sindical sobre la realización de
marchas-paro o de una certificación de talento humano para “viabilizar la suspensión
de términos de orden público” y ii) la ausencia de afirmación expresa de dicha
suspensión.

192. Para finalizar este acápite, la agente del Ministerio Público reprodujo apartes
de la sentencia de 4 de marzo de 20219 en la que la Sección Quinta dijo que la no
atención al público en los despachos judiciales no obsta para el uso de
tecnologías por las partes para cumplir con las cargas que les corresponde.

193. A continuación, se refirió a los demás argumentos de las apelaciones, en
caso de que la Sala no acoja el análisis frente a la caducidad.

194. En cuanto al parentesco entre el jurado de votación y el demandado, aseguró
que se acreditó el vínculo entre ellos, en el tercer grado de consanguinidad. Por
tanto, se deben descontar los votos obtenidos por el entonces candidato en la
mesa 11, puesto 01, zona 01, es decir 65. La votación total quedaría así: por
Eugenio Rangel Manrique: 16.704 y por Carlos Julio Socha Hernández: 16.699.
En consecuencia, hay una diferencia de 5 votos en virtud de la cual el ganador
sigue siendo el demandado.

195. Dijo que la causal de nulidad en cuestión es objetiva pero puede ser subjetiva
-inhabilidad sobreviniente- si se tiene en cuenta que la conformación de la lista de
los jurados, generalmente es posterior a la fecha máxima de inscripción de las
candidaturas, por lo que lleva implícita una carga excesiva para el candidato de
conocer a cada miembro de su familia hasta en tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil y, además, verificarlo en esa lista para, de ser el
caso, advertirle a la autoridad electoral y así evitar la anulación de sus votos.

196. Además, con la designación de jurados remanentes quienes actúan ante la
falta de algún ciudadano que no pueda prestar el servicio el día de la elección, la
inhabilidad se extendería hasta el día anterior a los comicios.

197. Agregó que mientras que la causal de nulidad implica sanción para los
candidatos, el artículo 151 del Código Electoral consagra una prohibición respecto
de quienes no pueden ser jurados de votación y solo cobija a los candidatos a
corporaciones públicas y su núcleo familiar, en un rango inferior al del artículo 275-
6 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, aun aplicándose por analogía la norma del
Código Electoral a todos los cargos de elección popular, quien no esté en los
grados allí señalados, no tendrá que declararse impedido.

9
Radicación 27001-23-33-000-2019-00047-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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198. La agente del Ministerio Público planteó que con la causal de inhabilidad se
asume que el jurado beneficiaría a su familiar candidato, pero ello no siempre es
así, pues existe la posibilidad de que la relación no sea cordial y, por el contrario,
perjudique al contendor, por lo que consideró necesario que la Sección precise las
cargas para los candidatos sobre dicha causal teniendo en cuenta que, cuando
una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que
dé validez al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector.

199. A continuación, la procuradora delegada se pronunció sobre la trashumancia
electoral y manifestó que comparte los reparos formulados por los apelantes
porque al aplicar el sistema de distribución ponderada, el Tribunal no tuvo en
cuenta que, a pesar de haberse declarado la anulación de la inscripción de las 189
cédulas mencionadas por el actor, 173 continuaban siendo aptas para votar en
Villa del Rosario, pues anulada la última inscripción, los ciudadanos pueden votar
en el último lugar donde tenían inscrita su cédula y, en el caso de esas 173
cédulas, sus titulares siguen teniendo como residencia electoral el municipio en
cuestión. La anulación de una inscripción no puede entenderse como prohibición
definitiva para el derecho al voto.

200. Añadió que según los artículos 85 y 114 del Código Electoral, a la autoridad
electoral le corresponde enviar a las mesas los listados de cédulas que no pueden
sufragar, lo cual no ocurrió porque los jurados de las mesas impugnadas
permitieron el voto al aparecer en el formulario E-11.

201. Afirmó que si en gracia de discusión se acoge la distribución porcentual
ponderada debería realizarse sobre el total de los votos de la mesa afectada y no
solo frente a los votos válidos de los candidatos, pues sería asumir que un
trashumante no puede votar en blanco, anular el voto o no marcar la tarjeta.

202. Adicionalmente, la agente del Ministerio Público se refirió a las
consecuencias de la nulidad y dijo que, si se confirma el fallo apelado, lo
procedente es que en atención a lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución,
se declare la vacancia absoluta del cargo de alcalde de Villa del Rosario y se
realice una elección atípica o un encargo, según el tiempo que falte para la
culminación del periodo constitucional.

203. Hizo énfasis en que el Tribunal erró al considerar que lo procedente era el
llamado a lista del segundo en votación como si se tratara de una corporación
pública de elección popular. La eventual aplicación del artículo 288 de la Ley 1437
de 2011 no puede desconocer la supremacía constitucional.

204. Finalmente, puso de presente que en la parte resolutiva del fallo no se
incluyó la determinación sobre trashumancia, por lo que adolece de incongruencia.

10. Decreto oficioso de pruebas

205. Mediante providencia de 4 de noviembre de 2021, la Sala dispuso tener
como medios de prueba los documentos allegados por las partes que se indican a
continuación y, correr traslado de los mismos: i) certificación del presidente de

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

Asonal Judicial Seccional Cúcuta, ii) certificación del Coordinador de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta; iii)
circular CSJNSC19-17 de 21 de noviembre de 2019 del presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander; y iv) certificaciones emitidas por
la secretaria del Tribunal Administrativo de Norte de Santander10.

206. Dentro del respectivo traslado, el apoderado del demandado manifestó que i)
el documento suscrito por el presidente de Asonal Judicial (cuya dignidad no fue
acreditada) y el del coordinador de talento humano carecen de valor probatorio
porque no son autoridades competentes para dar constancia del cierre de un
despacho y suspender términos judiciales; ii) la circular es un acto administrativo
cuya legalidad se presume y no ha sido modificado o derogado; iii) es ilegal tener
como prueba las certificaciones de la secretaria del Tribunal porque contienen
afirmaciones que riñen con la circular y no reposan en cada uno de los procesos
acumulados.

207. En el acápite “nulidad del auto de fecha 4 de noviembre de 2021, que ordena tener
como tales, algunas pruebas obrantes en el mismo, que habían sido aportadas en forma
extemporánea por la parte demandante” dijo que un desconocido, mediante derecho
de petición, solicitó al Tribunal la expedición de unas certificaciones, las cuales
fueron allegadas en forma extemporánea porque el expediente estaba al
despacho para fallo de modo que se habían surtido todas las etapas. Sostuvo que
el auto no dispuso que se practiquen pruebas, como lo señala el artículo 213 de la
Ley 1437 de 2011.

208. Concluyó que los documentos referidos, excepto la circular mencionada, son
pruebas nulas de pleno derecho en virtud del artículo 29 Constitucional por cuanto
el auto de 4 de noviembre de 2021 “no corresponde a un auto de mejor proveer que
únicamente propende a esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda, lo que debe
conllevar a su nulidad, o en defecto de ello a no tener como pruebas las incorporadas al
plenario…”.

209. Por su parte, el tercero César Emilio Valero Soto alegó la nulidad de lo
decidido en el auto en cuestión con fundamento en el artículo 29 de la
Constitución, con similares argumentos a los del demandado.

210. La apoderada del CNE afirmó que la prueba que mayor credibilidad ofrece es
la circular según la cual hubo modificación de la jornada laboral de 8:00 am a 2:00
pm, por lo que hubo tiempo más que suficiente para impetrar la demanda de
nulidad electoral. Sostuvo que el término venció el 21 de enero de 2020 y la
demanda se presentó el día 22 de ese mes, es decir, fue extemporánea.

211. Agregó que “[s]obre las pruebas documentales aportadas y la realidad de lo que
pudo pasar el día 21 de noviembre de 2019, vale decir que ir en la ciudad de Cúcuta al
palacio de justicia y presentar la demanda de nulidad electoral que hoy nos convoca, es
un acto en que no se gasta mucho tiempo, pues las distancias entre el sitio de ubicación
del Palacio de Justicia que es céntrico (Avenida Gran Colombia) y cualquier lugar, sitio,

10
Estando el expediente al despacho para fallo, el demandante aportó certificaciones emitidas por la secretaria del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, según las cuales, los días 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2019 no corrieron
términos judiciales en razón de la jornada nacional de protesta apoyada por Asonal Judicial.

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barrio o locación de la ciudad de Cúcuta, en distancia y tiempo para ir y volver es máximo
de media hora caminando o en cualquier medio de transporte”. Por tanto, al
demandante se le debe contabilizar para efectos del término de caducidad, el día
21 de noviembre de 2019.

212. Por auto de 26 de noviembre de 2021, el magistrado ponente analizó los
memoriales presentados por el apoderado del demandado y por el tercero
impugnador, dentro del término de traslado de las pruebas documentales y
consideró que, si bien, plantearon la “nulidad” del auto de 4 de noviembre de 2021,
los reproches que la sustentan realmente atacan en forma directa la decisión de
decretar pruebas de oficio en tanto consideran que los documentos recaudos
fueron allegados al expediente de manera extemporánea, por tanto, no se trató de
un auto de mejor proveer para esclarecer puntos oscuros.

213. Es decir, se trata esencialmente del ejercicio de un mecanismo impugnatorio
en contra de la mentada providencia, por lo que se rechazaron por improcedentes
los recursos interpuestos, dado que según el artículo 243A-9 de la Ley 1437 de
2011 contra la providencia que decrete pruebas de oficio no procede ningún
recurso.

214. Sin perjuicio de lo anterior, se agregó que la decisión de tener como medios
de prueba los documentos allegados por las partes, tuvo como fundamento la
potestad que la ley procesal le otorga al juez contencioso, para abrir otro estadio
de debate probatorio, siempre y cuando el objetivo sea establecer la verdad
electoral y el mismo se propicie antes de que se dicte sentencia; presupuestos que
se acreditaron en el sub examine con el propósito de verificar si operó o no la
caducidad. Además, se dispuso el traslado de las pruebas, justamente, para
garantizar el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
constitución.

215. Además, si bien las certificaciones y la circular decretadas como prueba,
fueron aportadas en distintas etapas del proceso, lo cierto es que solo adquirieron
el carácter de prueba, a partir del auto que ordenó tenerlas como tales, de modo
que no se pueden considerar como extemporáneas como alegó el demandado,
cuestionamiento que corresponde a la impugnación de la decisión adoptada por la
Sección, la cual no es susceptible de recurso alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

216. Esta Sala es competente para decidir los recursos de apelación
interpuestos por el demandado, el tercero impugnador, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral contra la sentencia de 3 de junio
de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
declaró la nulidad del Acta Parcial de Escrutinio General para Alcalde del
Municipio de Villa del Rosario para el período 2020-2023, de conformidad con el
artículo 150 y 152-811 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 28 de la

11
Según el censo nacional de población y vivienda CNPV -2018 del DANE, Villa del Rosario tenía 93.735 habitantes.

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Ley 2080 de 2021, en armonía con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.Cuestión previa

217. El 26 de enero de 2021 encontrándose el proceso para fallo 12, el ciudadano
Omar Javier García Quiñones y el demandado por medio de su apoderado en
escritos separados, presentaron solicitud de nulidad originada en la sentencia, por
cuanto se afirmó que el magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander Edgar Enrique Bernal Jauregui, hizo parte de la Sala que profirió la
providencia de primera instancia, debiéndose declararse impedido, por las
circunstancias señaladas en los numerales 713 y 914 de la Ley 1564 de 2012.

218. Lo anterior, porque es de público conocimiento la relación de enemistad
entre el magistrado Bernal Jauregui y el señor García Quiñones, este último que
fue apoderado del ahora demandado en la actuación administrativa pre- electoral,
situación que debió haber motivado que el togado se apartara del conocimiento
del asunto de la referencia.

219. En la solicitud de nulidad presentada por el apoderado del demandado, se
alegó que se tuvo conocimiento de la irregularidad en atención al escrito de 26 de
enero de 2021 que presentó al Despacho el señor Omar García Quiñones.
Adicionó que la circunstancia descrita por éste, al tenor del artículo 294 de la Ley
1437 de 2011 deviene en la incompetencia funcional del a quo para decidir el
asunto puesto en su conocimiento, ya que uno de sus integrantes estaba impedido
para conocer, estudiar y aprobar el referido fallo, lo que a su vez devine en
violación del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución.

220. En cuanto a la petición del señor Omar García Quiñones, la sala destaca
que el referido ciudadano no es sujeto procesal, pues no es ni parte ni tercero
reconocido en el proceso. Tampoco es apoderado de ninguno de los sujetos
procesales. De tal manera, que no se encuentra legitimado para solicitar la nulidad
del fallo de primera instancia. Este sólo hecho implica el rechazo de plano de
dicha solicitud.

221. De otro lado, salta a la vista el hecho de que la referida petición de este
individuo no fue debidamente sustentada en alguna de las causales de nulidad
originada en la sentencia contenida en el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011,
respecto de las cuales la Sección ha destacado el carácter restrictivo en los
siguientes términos:

Se trata de una institución definida de manera especial para el proceso de nulidad
electoral, que atiende a su naturaleza célere y de interés público, que permite dejar
sin efecto el fallo únicamente en los eventos señalados taxativamente en el
inciso primero de la norma citada, a los cuales debe avenirse la respectiva
solicitud de parte, so pena de rechazo.
12
Registrado para ser fallada para Sala de sesión de 15 de diciembre de 2021 y 20 y 27 de enero de 2022.
13
7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su
cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o
después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el
denunciado se halle vinculado a la investigación.
14
9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

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Se diferencia de la causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión
contemplada en el artículo 250.5 del CPACA, consistente en existir “nulidad
originada en la sentencia”, en cuanto a que, frente a esta última existe algún
desarrollo jurisprudencial que permite considerar otro tipo de yerros, como la falta de
congruencia o la violación al canon del artículo 29 constitucional por fundarse la
decisión en una prueba nula de pleno derecho.”15 (Énfasis propio del texto original)

222. En cuanto a la solicitud del apoderado del demandado, se observa que a
diferencia de lo que aconteció con el señor Omar García Quiñones, procuró
encuadrar la causal de nulidad originada en la sentencia por falta de competencia
funcional, consagrada en el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011, basado en que el
hecho de que uno de los magistrados del tribunal de primera instancia no se
declaró impedido para conocer del asunto.

223. Competencia funcional hace alusión a la asignación de asuntos por parte
del legislador a las autoridades judiciales teniendo en cuanto las instancias y las
potestades atribuidas a éstas. Ello implica que algunas controversias sean de
única o de dos instancias; que ciertos asuntos en determinados momentos
procesales deban ser decididos por el magistrado ponente o por la sala y la
competencia para resolver los recursos ordinario o extraordinarios16.

224. Bajo ese entendido, la circunstancia que pone de presente el demandado
no tiene relación alguna con la denominada incompetencia funcional del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander para proferir en primera instancia la
sentencia que decida la demanda de nulidad electoral del alcalde de un municipio
con mas de 70.000 habitantes, conforme lo establece el artículo 152-8 de la Ley
1437 de 2011, antes de entrar en vigencia la Ley 2080 de 2021.

225. En efecto, al considerarse que el magistrado Edgar Enrique Bernal Jauregui
debió declararse impedido y al no hacerlo lo que se reprocha es que su
imparcialidad para la resolución de la controversia no fue garantizada. En este
aspecto se deja en claro que no existe reproche con que es el tribunal de Norte de
Santander quien tenía atribuida la competencia.

226. Dicho de otro modo, el apoderado del demandado pretende artificiosamente
enmarcar la supuesta omisión del togado en manifestar su impedimento en la
causal de nulidad originada en la sentencia por falta de competencia funcional.

227. Sea lo primero destacar que la falta de declaración de un impedimento a la
Ley 1437 de 2011 ni la Ley 1564 de 201217 no constituye causa de nulidad. Si un
juez no se declara impedido los sujetos procesales deben recusarlos. Este es la
solución procesal para ello.18.

15
Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 5 de agosto del 2021. Radicación 05-001-23-33-000-2019-02965-01. M.P.E.
Rocío Araújo Oñate
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta auto del 26 de agosto de 2021. M.P Rocío
Araújo Oñate. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 7 de mayo de 2014,
M.P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez, Rad: 47001-23-33-000-2013-00147-01, Corte Constitucional, sentencia T-735
del 15 de octubre de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio..
17
Artículo 133 CGP
18
Ello conforme con los artículos 130 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y normas concordantes

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228. Ahora bien, que se aduzca que se desconocía la supuesta enemistad grave
entre el juez y alguien que no es sujeto procesal no sólo resulta absurdo sino
extemporáneo por razón de que los sujetos procesales actuaron y convalidaron la
supuesta causal y por ello es totalmente extemporánea y a la le del artículo 142,
inciso segundo se rechaza de plano.

229. En conclusión: (i) el señor Omar García Quiñones no esta legitimado para
elevar la petición de nulidad originada en la sentencia ni para recusar a ningún
juez (ii) el apoderado del demandado invocó artificiosa y extemporáneamente la
configuración de una causal de recusación, para acreditar existencia de falta de
competencia funcional, confundiendo el trámite de la recusación con las causales
de nulidad y actuando claramente de manera extemporánea, que implica un
rechazo de plano.

3. Problema jurídico

230. Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el
recurso de apelación interpuesto por el demandante, corresponde a esta sección
determinar si confirma, modifica o revoca la decisión de 3 de junio de 2021,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, declaró la
nulidad del Acta Parcial de Escrutinio General para alcalde del municipio de Villa
del Rosario para el período 2020-2023.

231. Para resolver las censuras planteadas en la apelación, por efectos
metodológicos, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) la caducidad en el
presente caso; de encontrarse no probada, se estudiarán ii) las causales de
nulidad de los numerales 6 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 para,
finalmente, iii) proceder al análisis del caso concreto.

4. La caducidad en el presente caso

232. En sus escritos de apelación, el demandado y el tercero impugnador
afirmaron que se debe declarar la caducidad de la demanda de nulidad electoral.

233. Al respecto, se recuerda que la oportunidad para proponer una excepción
mixta, como la caducidad, es la contestación de la demanda, según lo prevé
artículo 175-3 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, como se detalló en los
antecedentes de esta providencia, el demandado no la propuso, circunstancia que
resulta relevante si se tiene en cuenta que las etapas y oportunidades procesales
se deben surtir conforme a las formas previstas.

234. Es decir, la ley precisa las oportunidades para plantear las excepciones y
para su decisión, esto es, i) por auto en los términos del parágrafo 2 del artículo
175 de la Ley 1437 de 2011; o ii) cuando requieran de prueba, en la audiencia
inicial regulada en el artículo 180-6 de la Ley 1437 de 2011, por lo que, en
principio, las excepciones previas y mixtas, como lo es la caducidad, deben
resolverse antes de que se dicte fallo. Por tanto, la caducidad debió ser planteada
con las contestaciones, de modo que la apelación, no es el escenario procesal
para ello.

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235. Ahora bien, el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 determina el contenido de
la sentencia y, en su inciso segundo, menciona que en dicha providencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre “cualquiera otra que el fallador
encuentre probada”. No se trata entonces, de las excepciones previas o mixtas
formuladas en la contestación de la demanda, comoquiera que estas debieron
decidirse en etapa anterior.

236. Entiende la Sala que, la expresión “encuentre probada” significa que el juez
solo decidirá en la sentencia sobre las excepciones que tengan dicha connotación.
Precisamente, para tener claridad acerca de este aspecto, por auto de 4 de
noviembre de 2021, se decretó una prueba documental respecto de unas piezas
que ya obraban en el expediente y se dispuso el traslado de los mismos.

237. Al ser analizados, se considera que, aunque es cierto que la certificación del
presidente de Asonal Judicial Seccional Cúcuta y la del Coordinador de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de esa ciudad, no
son idóneas para acreditar si el 21 de noviembre de 2019 corrieron o no términos
judiciales puesto que los mentados servidores no tienen dicha función, sí permiten
evidenciar que hubo afectación del orden público en ese municipio, lo que incidió
en que los despachos judiciales no prestaran el servicio con normalidad.

238. En cuanto a la circular, se observa que el presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura tuvo en cuenta la misma afectación del orden público, al referirse
a las marchas convocadas y al cierre de vías, para decidir modificar la jornada
laboral. No obstante, dicho ajuste no necesariamente demuestra que los
despachos judiciales permanecieran abiertos.

239. En este punto, es pertinente indicar que, respecto a la contabilización de los
términos por paro judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-432 de 2018,
manifestó que es importante verificar el material probatorio en cada caso, a fin de
determinar si para la fecha de presentación de una determinada actuación, el
despacho judicial tenía o no acceso al público19.

240. En dicha providencia, se reiteró lo dicho en la sentencia SU-489 de 2016, en
el sentido de indicar que los ceses de actividades o huelgas de los funcionarios de
la administración de justicia carecen de fuerza vinculante, pero la interrupción de
la prestación continua del servicio sí tiene efectos en derecho. Por tanto, si se
configuran circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el
cumplimiento de cargas procesales, no se pueden derivar consecuencias
negativas para las partes. En consecuencia, es deber del juez establecer en el
caso concreto si el despacho judicial prestó el servicio para la correcta
contabilización de los términos y así determinar el cumplimiento de la carga
procesal.

241. En la mencionada sentencia de unificación, el Tribunal Constitucional hizo un
recuento de su jurisprudencia sobre la protección del debido proceso y la

19
Corte Constitucional, sentencia T-432 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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contabilización de términos en los casos de ceses de actividades judiciales, del
cual concluyó que:

“(i) la administración de justicia es un servicio público esencial regido por el principio
de continuidad; (ii) los ceses de actividades o huelgas de los funcionarios que
prestan el servicio de administración de justicia no tienen fuerza vinculante, pero la
interrupción de la prestación continua del servicio tiene efectos en derecho; (iii) ante
la configuración de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el
cumplimiento de cargas procesales no se pueden derivar consecuencias negativas
para las partes; (iv) las protestas de funcionarios de la Rama Judicial del Poder
Público no siempre conllevan el cierre de los despachos judiciales, razón por la que
se debe establecer en el caso concreto si el despacho judicial prestó el servicio, y
(vi) existen previsiones legales para la contabilización de los términos en los casos
en los que se interrumpe la prestación del servicio público de administración de
justicia que determinan el cumplimiento de la carga procesal”20.

242. Por ende, esos documentos que la Sala decidió tener como prueba,
analizados en contexto con las certificaciones emitidas por la secretaria del
Tribunal, permiten concluir que el 21 de noviembre de 2019 no corrieron términos
en razón a las jornadas de protestas que forzaron el cierre de los despachos, lo
cual se aviene al criterio de la Corte Constitucional.

243. Dado que los secretarios de los despachos judiciales “tienen la misión de
auxiliar al juez en el ejercicio de su función, anotar la fecha de presentación de los
escritos y cuidar el transcurso de los términos (Decreto 1265 de 1970)”21 y, según el
artículo 115 del CGP, les corresponde emitir por solicitud verbal o escrita,
certificaciones sobre la existencia de procesos, su estado y la ejecutoria de
providencias, sin necesidad de auto, las constancias emitidas por dicha
funcionaria, son idóneas para acreditar que los términos fueron suspendidos.

244. Además, como se indicó, gozan de credibilidad puesto que todos los
documentos coinciden en mencionar las protestas del “21N”, por tanto, es
razonable concluir que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tuvo que
ser cerrado por las manifestaciones y, en consecuencia, en dicha fecha no
corrieron términos judiciales, según el inciso final del artículo 118 del CGP.

245. Cabe agregar que es irrelevante que una persona ajena al presente proceso
haya solicitado a la secretaria del Tribunal expedir las certificaciones, porque lo
hizo en ejercicio del derecho fundamental de petición; además, el artículo 115 del
CGP no exige que esta provenga de alguna de las partes o intervinientes y, el
proceso de nulidad electoral no está sometido a reserva.

246. En cuanto a las afirmaciones de la apoderada del CNE, se observa que no
hay prueba que acredite las distancias y los tiempos de recorrido en Cúcuta, de
modo que no son de recibo.

247. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra probada
la caducidad en el presente caso22, en tanto durante los días 21 de noviembre y 4

20
Corte Constitucional, sentencia SU489 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
22
El Formulario E-26 ALC, acto que declaró la elección del señor Eugenio Rangel Manrique como alcalde de Villa del
Rosario para el periodo 2020-2023, aquí demandado, se generó el 16 de noviembre de 2019, por lo que el cómputo de los
30 días de que trata la norma antes destacada debía iniciar a partir del 18 siguiente y vencía el 23 de enero de 2020.

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de diciembre de 2019 no corrieron términos judiciales. En consecuencia, se
proseguirá con el análisis de los argumentos de las apelaciones.

5. Causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011: que los
jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean
cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil

248. En providencia emitida hace poco23, esta Sección precisó que se requieren 5
elementos que deben concurrir, para la configuración dicha causal de nulidad:

“i) sujeto activo, los que realicen la función [de] escrutadores, ya sea como jurado
de votación o como miembro de la comisión respectiva.

ii) sujeto pasivo, el candidato.

iii) La existencia de un vínculo entre sujetos, ya sea por matrimonio, unión
permanente o por parentesco hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o único civil.

iv) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma,
una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir
que dicho vínculo debe estar vigente en época en que deba ser escrutada la
respectiva votación.
v) Un elemento territorial, que estos supuestos se presenten en la misma
circunscripción, es decir, que el candidato y su pariente coincidan en la
jurisdicción donde el segundo debe realizar su labor de contabilización y
consolidación de los votos”. (Negrillas del texto original).

6. Causal de nulidad del artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011: tratándose de
la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional,
que los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

249. Recientemente, esta Sala se refirió a la trashumancia electoral en los
términos que a continuación se reproducen24:

250. La figura de la trashumancia como vicio electoral se ha entendido como la
“acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en
un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o
interés”25; lo cual, además de tener una implicación en el marco de tales procesos,
puede conllevar a la imposición de sanciones de tipo penal y el objetivo del
establecimiento legal de la causal no es otro que se respete la autodeterminación
de los ciudadanos en la resolución de los asuntos propios y que sean éstos
quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones inherentes al proceso de
elección, con sustento en los principios rectores que, entre otros aspectos, buscan
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica
de los ciudadanos.

23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2020-00029-01,
M.P. (e) Rocío Araújo Oñate.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2020-00013-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.

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Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

251. La Sala señaló que, para entender el fenómeno de la trashumancia electoral,
era necesario remontarse a la Ley 6 de 1990, que, entre otras disposiciones,
modificó los artículos 76 y 77 del Código Electoral (D.2241/86), a efectos de
indicar que “[a] partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca
su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral
del sitio respectivo (…) mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar”.

252. Así mismo, el artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece que:
“en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la
decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes
en el respectivo municipio”, lo cual impone un vínculo necesario entre la votación a
realizar y la residencia del sufragante, que al mismo tiempo, prohíbe la
inexistencia de esa relación; no obstante, dicha normativa superior, no contiene
una definición sobre el término residencia ni explica la consecuencia de su
desconocimiento, por lo que entra a jugar un papel muy importante el desarrollo
legal de la preceptiva y la jurisprudencia sobre la causal especial de nulidad, de
acuerdo con lo preceptuado el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…)
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción”.

253. La jurisprudencia de la Sección viene señalando que para el examen del
cargo de nulidad electoral fundado en la causal del artículo 275.7, al menos en el
ámbito municipal y local, es menester consultar las siguientes reglas:

 Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no
residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii)
que éstas, efectivamente hayan votado y (iii) que sus votos tuvieron
incidencia en el resultado de la elección.

 La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución
ponderada de votos nulos.

254. Ahora bien, en cuanto al concepto de “residencia” con fines electorales, al no
contenerse su definición en la norma Superior contenida en el artículo 316 de la
Carta, como se señaló, corresponde acudir a otras disposiciones ya que, a partir
de ese solo precepto no es posible comprender en su totalidad el vocablo.

255. El legislador, a través de la Ley 136 de 1994, puntualmente en su artículo
183, se había ocupado de establecer el concepto de residencia, en los siguientes
términos: «Entiéndese por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de
la Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de
asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo».

256. Hipótesis que, como lo ha señalado esta Sección, resultan más amplias
respecto de lo que contempló el Constituyente, porque además de abarcar las
situaciones que se desprenden tanto de la residencia como del domicilio en

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materia civil, incluyen otras como el lugar donde la persona “posee alguno de sus
negocios o empleo”26.

257. Adicionalmente, como lo advirtió la Sala en la referida sentencia del 9 de
febrero de 201727, la redacción de la norma legal en cita conecta cada uno de los
escenarios enunciados a través de una conjunción disyuntiva, esto es, por medio
del vocablo «o», lo que significa que cada hipótesis se distingue como una forma
de residencia electoral autónoma y, al mismo tiempo, implica que con cualquiera
se puede acreditar el requisito que habilita al ciudadano para sufragar en el
respectivo municipio.

258. Por su parte, la Ley 163 de 1994, en su artículo 4, preceptuó sobre la
residencia electoral, lo siguiente:

Artículo 4o. residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de
la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral.
Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y
sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el
Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.

Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número
2762 de 1991.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos del inciso final de este artículo, los
residentes y nativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía.

259. A partir de lo anterior, se ha entendido que se incorporó al ordenamiento una
presunción de residencia electoral, que recayó sobre aquella que informara el
ciudadano al inscribir su cédula, en tanto lo hace bajo la gravedad del juramento.

260. Esta Sección28, luego de hacer un recuento desde 1999 sobre los distintos
avances jurisprudenciales en materia de trashumancia electoral y con el referente
legal precitado, señaló que para su configuración, durante el curso del proceso de
nulidad electoral se debe demostrar, además que el presunto trashumante no es
habitante o que no tiene asiento en el respectivo municipio, que tampoco tiene
algún otro vínculo del que se pueda desprender la residencia electoral, de lo que
no escapan los jurados de votación ya que, aunque el artículo 101 del Código
Electoral les permite sufragar en la misma mesa en la que ejercen su función, ello
no los habilita a sufragar por fuera del respectivo municipio del que sean
residentes, ya que ello equivaldría a una modalidad de trashumancia.

26
Consejo de Estado. Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.
27
Ibidem.
28
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261. En síntesis, en dicha oportunidad se concluyó que, para desvirtuar la
presunción de residencia electoral a que se refiere el precepto legal de la Ley 163
de 1994, se debe probar, de forma concurrente y simultánea, que: (i) el presunto
trashumante no es morador del respectivo municipio; (ii) no tiene asiento regular
en el mismo; (iii) no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) no posee algún negocio
o empleo.

262. De manera que, como el votante puede escoger una de entre las varias
formas de residencia electoral admitidas por la ley y jurisprudencia reseñadas al
momento de registrar su cédula de ciudadanía bajo la gravedad de juramento,
cuando se pretende controvertir dicha decisión personal con fines de nulidad
electoral, se debe satisfacer la carga de probar que el sufragante no se encuentra
en ninguna de las situaciones que lo habilita para votar en la circunscripción en
que lo hizo.

263. En este orden, la Sala consideró29 que los reportes que pueden ofrecer los
diferentes órganos del Estado no permiten establecer con total certeza la
convergencia o la ausencia de todas las referidas opciones de residencia electoral,
pero sí ofrecen un indicio significativo frente a la presencia de la irregularidad y
entendió, aunque tratándose de trashumancia internacional y guardadas las
debidas proporciones, que la ausencia de registros acompañados de información
de la cédula en otro territorio a aquel en que votó, sugiere en conjunto que se trata
de una manifestación irregular en las urnas por esta causal, así:

Registros migratorios o trámites ante cuerpos diplomáticos–, acompañado de otros
factores cualitativos, como el hecho de figurar en bases de datos del orden interno –
v. gr. Sisbén y RUV– o el hecho de la inscripción de la cédula entre el 9 de marzo de
2013 y el 9 de enero de 2014 –víspera de las elecciones de 9 de marzo de 2014–
más bien sugiere que esta última encubre motivos de trashumancia electoral. Sin
embargo, es algo que debe ser analizado caso a caso y en perspectiva conjunta con
todos los elementos de prueba que obran en el plenario.

264. De allí, sostuvo que resultaba aplicable el artículo 165 del CGP, en virtud de
la integración normativa dispuesta en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011,
norma que estipula que el “indicio” es un medio de prueba y precisó el alcance de
esta figura, bajo el hecho de que, a través de ellos, aunque no se puede demostrar
directamente la prueba de la trashumancia, ello no implica que su valor dentro del
proceso sea limitado, pues “(…) no por el hecho de ser indirecta o indiciaria, una
prueba resulta insuficiente para generar la plena convicción del juzgador sobre la
ocurrencia de ciertos hechos. Al contrario, el Legislador y la jurisprudencia constitucional y
contencioso-administrativa del país han admitido de entrada que los indicios son medios
de prueba, al igual que los demás”.

265. Lo anterior, para el caso de la trashumancia electoral, se sigue considerando
muy oportuno en la medida en que la mayoría de las pruebas ofrecen indicios para
ratificar o rebatir, según el caso, la presunción de veracidad respecto de la
residencia electoral de los votantes.

7. Análisis del caso concreto

29
Ibidem.

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7.1. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la causal de nulidad
del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011

266. Excepción de inconstitucionalidad por desconocimiento de la reserva de ley
estatutaria, de los artículos 40 y 83 de la Constitución y el principio de eficacia del
voto.

267. Tanto el demandado como el tercero impugnador plantearon que la norma
aplicable al presente caso es el artículo 151 del Decreto 2241 de 1986 y no el 275-
6 de la Ley 1437 de 2011 por ser contrario al artículo 152 literal c) de la
Constitución.

268. Como fundamento de la excepción, se hizo referencia a la reserva de ley
estatutaria para la consagración de la causal de nulidad en cuestión por tratarse
de función electoral. No obstante, de manera contradictoria, el apoderado del
demandado afirmó que “[e]sto no quiere decir que las causales de nulidad electoral
previstas en el precepto que se excepciona debían ser tramitadas necesariamente como
ley estatutaria”.
269. Además, se alegó el desconocimiento del principio pro homine según el cual,
de existir más de una interpretación posible, se debe preferir la que propenda por
la protección y garantía de los derechos fundamentales, en particular, el de elegir
y ser elegido, aspecto que no fue tenido en cuenta por el Tribunal porque decidió
con base en una norma que desconoce la reserva de ley, a pesar de existir otra
que está vigente y regula una situación con identidad factual, esto es, la
inhabilidad para que los jurados de votación sean parientes de los candidatos.

270. La parte demandada agregó que, mientras que un artículo extiende la
inhabilidad hasta el tercer grado de consanguinidad, otro la prevé hasta el
segundo grado. Por tanto, la participación del sobrino del demandado como jurado
de mesa debe regirse bajo el artículo 151 del Decreto Ley 2241 de 1986 y, en
consecuencia, no deben excluirse los votos que obtuvo en la mesa 11, puesto 01,
zona 01.

271. Adicionalmente, para el apoderado del demandado, la actuación de los
jurados de votación está amparada por la presunción de buena fe porque se trata
de particulares que ejercen función pública del escrutinio, ello quiere decir que
para afectar los votos que se depositaron en donde se ejerce la mencionada labor
electoral es necesario verificar si se presentó alguna irregularidad en la misma
mesa.

272. Además, alegó que la causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de
2011 conduce a la drástica medida de tener que excluir al candidato toda la
votación obtuvo en la mesa según lo establece el artículo 288-4 de la Ley 1437 de
2011, lo cual puede arrojar un resultado electoral contrario a la voluntad
mayoritaria, libre y legítima expresada en las urnas, como ocurre en el presente
caso.

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273. En el mismo sentido, la RNEC consideró que si bien es cierto el jurado de
votación presuntamente sobrino del candidato electo ha debido declararse
inhabilitado, no es viable anular los votos depositados en la mesa en la que actuó,
en aplicación del principio de eficacia del voto que implica respetar la voluntad de
los electores.

274. Al respecto, la Sala estima pertinente referirse a varios aspectos:

275. La excepción de inconstitucionalidad tiene su génesis normativa en el artículo
4 de la Constitución, en virtud del cual, las normas constitucionales son un
referente para la creación de las disposiciones legales en el sistema jurídico
colombiano, por consiguiente, debe prevalecer la aplicación de la norma superior
frente a aquella de otro rango que se le yuxtaponga. Además, está consagrada en
el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 como un medio de control30.

276. Esta excepción faculta no solo a los jueces, sino a toda autoridad pública,
para inaplicar una norma jurídica cuando detecten que contradice postulados
constitucionales31. Además, supone la responsabilidad de identificar a plenitud la
incompatibilidad de la norma inferior con la Carta Política, ya que solo de esa
manera se legitimaría el límite al ejercicio del poder normativo en cabeza del
legislador y el ejecutivo32.

277. Por lo anterior, la Sección ha concluido33 que, de oficio o a petición de parte,
en cualquiera de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es procedente establecer si una norma es contraria o
no a la Constitución y, en caso afirmativo, inaplicarla. Decisión que solo valdrá
para el caso concreto, pues los efectos erga omnes solo se determinan en sede
de nulidad o constitucionalidad bajo el procedimiento especializado respectivo34.

278. Para su procedencia, la jurisprudencia ha identificado unas exigencias
sustanciales:

a. Se restringe el empleo de la figura cuando la norma supuestamente transgresora
ha sido declarada exequible, desde luego, siempre y cuando entre el
pronunciamiento de constitucionalidad y las razones de la referida excepción exista
identidad para predicar respecto de ésta la existencia de cosa juzgada. De lo
contrario no podría argüirse que el fallo de la Corte resulta suficiente para definir la
petición de inaplicación de una norma infraconstitucional.

30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de noviembre de 2020, expediente: 85001-23-33-000-2020-00002-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
31
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 25000-23-41-000-2018-01126-01(ACU).
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2018-00081-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de noviembre de 2020, expediente: 85001-23-33-000-2020-00002-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
34
Sobre la aplicación de la referida excepción, del Consejo de Estado, Sección Quinta pueden consultarse entre otras las
siguientes providencias: (i) Del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000-23-41-000-2018-01126-
01(ACU); (ii) del 4 de agosto de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2015-00050-00;
(iii) del 28 de julio de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2015-00060-00; (iv) del 9 de agosto
de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 25000-23-24-000-2011-00829-00; (v) del 6 de octubre de 2011, M.P.
Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2010-00120-00; (vi) del 11 de noviembre de 2010, M.P. María Nohemí
Hernández Pinzón, Rad. 11001-03-28-000-2010-00087-00.

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b. Se condiciona la excepción a la comprobación de los efectos que conllevaría la
aplicación de la norma, es decir, que se constate que, en el caso concreto,
provocaría efectos constitucionales como la eventual vulneración de derechos
fundamentales. En consecuencia, no es viable la excepción de inconstitucionalidad
cuando se plantean cuestionamientos abstractos sobre la formación de las normas
inferiores, como aquellos basados en vicios de procedimiento35.

279. Las materias sometidas al trámite de ley estatutaria están determinadas en el
artículo 152 de la Constitución, entre ellas: “c) Organización y régimen de los partidos
políticos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales”. Por
tanto, la regulación respecto de algunos componentes importantes en materia
electoral está sometida a la reserva de ley, particularmente de las leyes de
naturaleza estatutaria36.

280. En cuanto a la reserva legal, esta Sala ha entendido que “[e]l desarrollo de los
asuntos electorales mediante las leyes estatutarias debe entenderse con alcances
restrictivos, pues una postura contraria… llevaría a que cualquier situación relacionada
con la materia tuviera que tratarse a través de la norma de especial jerarquía, sin tener en
cuenta las competencias del legislador ordinario y de los organismos autónomos que
tienen facultades para su regulación”37. Es decir, no todos los aspectos directamente
relacionados con el ámbito electoral deben reglarse mediante leyes estatutarias38.

281. En consonancia con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-
515-04, la Sección ha indicado que las normas de contenido electoral tienen
incidencia y efectos en los resultados electorales, por lo que es fundamental que
su reglamentación sea igualitaria y transparente, razón por la cual, su
promulgación debe ser sometida a procedimientos especiales; es decir, el previsto
para las leyes estatutarias. Sin embargo, pueden excluirse de ello, las
disposiciones electorales que sean eminentemente accesorias o instrumentales39.

282. Por tanto, no puede perderse de vista que la función electoral tiene como fin
la elección de representantes en las otras ramas del poder público o sus titulares,
de manera directa o indirecta, en otras palabras, su propósito es concretar la
democracia participativa y el diseño institucional, entre otros40.

283. Ahora bien, en sentencia de unificación, esta Sección sostuvo que “el acto
electoral antes que el derecho del elegido, es el derecho del elector y que, por ende, en
esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no del primero, lo que se
traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium
(electores)”41.

35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2018-00081-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2019-00032-00,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2018-00081-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de febrero de 2016, rad. 11001-03-28-000-2014-00110-00, actor:
Carlos Nery López Carbono. Demandados: Representantes a la Cámara por el Departamento del Magdalena. En el mismo
sentido: Consejo de Estado, Sección 5, sentencia del 3 de junio de 2016, rad. 13001-23-33-000-2016-00070-01, actor:
Pedro Gómez Meza. Demandados: concejales del Municipio de Cartagena.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de junio de 2016, expediente: 11001-03-28-000-2015-00051-00, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.

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284. A dicha conclusión se arribó al estimar que frente al ejercicio de la función
electoral ya sea por parte del pueblo mediante el sufragio o por los diversos
órganos del Estado que tienen atribuida dicha potestad, el juez electoral debe
hacer compatibles los principios en que se funda el Estado democrático con todo
el sistema de principios y valores constitucionales, por lo que el análisis no puede
tener como fin último o único la prevalencia de los derechos del elegido.

285. A partir del panorama expuesto, la Sala considera que el argumento de la
apelación que se estudia, no está llamado a prosperar, por cuanto:

6.1.1. No existe reserva de ley estatutaria para las causales de nulidad
electoral42

286. No se evidencia que el artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 esté en abierta
contradicción con la Constitución, porque la determinación de las causales de
nulidad de los actos electorales no supone el ejercicio de función electoral de
modo que no requieren de consagración mediante ley estatutaria.

287. Es claro que las causales establecidas en el artículo 275 conciernen solo a
los actos electorales. Sin embargo, su definición no implica la regulación de una
función electoral, en tanto no atañen a la elección de servidores públicos, sino al
control judicial -posterior- de los actos que resultan de la materialización de dicha
potestad.

288. Además, tampoco se evidencia que al consagrarse las circunstancia por las
cuales se deba anular una elección, se esté regulando los componentes
esenciales del ejercicio del derecho al voto, asunto que es de reserva de ley
estatutaria43.

289. Al revisar la jurisprudencia constitucional frente a asuntos en los que se
cuestionó que las causales de nulidad electoral en ese entonces contenidas en el
Decreto 01 de 1984 y que actualmente están en el artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, desconocían la reserva de ley estatutaria, debe mencionarse el fallo C-142-
0144, en el que la Corte Constitucional declaró exequible los preceptos acusados.

290. En este caso, resulta imperativo precisar que el único argumento sobre el
cual se pronunció la Corte en lo que respecta a la vulneración de la referida
reserva consistió, en que el Decreto 01 de 1984 por ser anterior a la Constitución
de 1991, en cuanto a la regulación de las causales de nulidad electoral no cumple
con las exigencias procesales para la expedición de una ley estatutaria, reproche
respecto del cual el tribunal constitucional concluyó:

“Violación de la reserva de ley estatutaria

4. La Corte ha señalado en repetidas oportunidades, que las normas expedidas
antes de entrar en vigencia la Constitución no se tornan inconstitucionales, por no

42
En el presente aspecto, se introducen modificaciones al capítulo sugeridas por la Sala en sesión de 20 de enero de 2022.
43
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2019-00032-00,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
44
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001del 7 de febrero de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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haberse expedido de conformidad con las condiciones que la actual Carta les
impone. En la sentencia C-582 de 1996 la Corte señaló:

“Ya se señaló que no se pueden invalidar normas anteriores al régimen
constitucional por ausencia de requisitos relacionados con la competencia de los
órganos, que por obvias razones no podían ni conocerse ni observarse cuando
no se habían estipulado constitucionalmente.”

Por lo tanto, por este aspecto, las normas se declararán exequibles”.

291. Como puede apreciarse de esta providencia que analizó el artículo 223 del
CCA, el cual guarda algunas similitudes con el 275 de la Ley 1437 de 2011, por
ejemplo, en cuanto a la causal de nulidad por relación de consanguinidad y
afinidad entre el candidato y los jurados de votación, la Corte Constitucional
concluyó que no se desconocía la reserva de ley estatutaria, pero no puede
obviarse el hecho de que llegó a tal conclusión únicamente al analizar el
argumento del demandante, consistente en que el Decreto 01 de 1984 era anterior
a la Constitución de 1991.

292. Si bien el fallo C-142 de 2001 debe ser tenido en cuenta con la anterior
precisión, es decir, sin perder de vista los cargos que fueron en su momento
expuestos, el mismo constituye un pronunciamiento en el que la Corte como
guardiana de la Constitución no advirtió que por el hecho de que una norma con
rango de ley ordinaria estableciera las causales de nulidad electoral desconociera
la reserva estatutaria y, por el contrario, “la Corte Constitucional ha señalado que
según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República expedir los
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Con base en
esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del
Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el
procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho
sustancial”45..

293. Lo expuesto confirma que la regulación de las causales de nulidad electoral
si bien es un aspecto relevante, debe ser objeto de desarrollo por parte del
legislador ordinario, en la medida que hace referencia a la libertad configurativa
del legislador para estructurar los procesos judiciales como también se refiere a
los aspectos posteriores al ejercicio del derecho al voto y no a asuntos esenciales
del mismo.

294. En efecto como lo señaló la misma Corte Constitucional en sentencia C-283 de
201746, no todo asunto de naturaleza electoral debe considerarse que es materia de
ley estatutaria, a saber: “(…) 30. La amplitud de las actividades directamente relacionadas
con la función electoral explica que la jurisprudencia de esta Corte haya concluido que la
reserva de ley estatutaria en la materia, prevista en el literal c del artículo 152 de la
Constitución Política, no pueda ser objeto de la interpretación restrictiva que rige en cuanto a
la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y, por el contrario, deba
ser entendida de manera suficientemente amplia para que se cumplan los objetivos queridos
por el Constituyente: lo que ocurre en materia de derechos y deberes fundamentales, la
amplitud de la reserva de ley estatutaria no vacía la competencia del legislador ordinario,
teniendo en cuenta el carácter delimitado de las actividades y órganos que se involucran en
45
Corte Constitucional. Sentencia C-437 del 10 de julio de 2013. M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
46
Corte Constitucional. Sentencia C-283 de 3 de mayo de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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las funciones electorales, es decir, que no se corre el riesgo de limitar excesivamente las
competencias del Congreso de la República en las que la ley ordinaria es la regla general”.

295. En síntesis, teniendo en cuenta lo antes señalado se puede observar que el
legislador estatutario no ha considerado que las causales de nulidad electoral sea un
asunto de su competencia, por el contrario, se ha dejado este tema al desarrollo de
la facultad ordinaria del Congreso de la República, por entender que se trata de un
aspecto posterior al ejercicio del derecho al voto circunscrito al control judicial.

7.1.2. Eficacia del voto y buena fe

296. Otro de los argumentos para solicitar la inaplicación del artículo 275-6 de la Ley
1437 de 2011 es que desconoce la eficacia del voto por cuanto se extiende el
contenido de la relación de los jurados con sus familiares como causal de nulidad.
Además, señaló que la actuación de los jurados de votación está amparada por la
presunción de buena fe porque se trata de particulares que ejercen función pública
del escrutinio, ello quiere decir que para afectar los votos que se depositaron en
donde se ejerce la mencionada labor electoral es necesario verificar si se presentó
alguna irregularidad en la misma.

297. En este punto, vale la pena resaltar que el fallo C-142 de 2001 al analizar la
causal de nulidad consagrada en el artículo 223-6 del CCA, relativa a los vínculos de
afinidad y consanguinidad entre los jurados de votación y los candidatos, que fue
cuestionada porque supuestamente permitía la anulación de una decisión que era
producto de la voluntad mayoritaria, estableció en los siguientes términos que dicha
circunstancia de anulación de los actos electorales es compatible con los propósitos
y fines de la contienda democrática, y por ende con la eficacia del voto, así:

“(…) 11. De lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 223 del C.C.A., se desprende
que está prohibido que los parientes, en el grado indicado en la norma, funjan como
jurados de votación. Como lo señala el Ministerio Público en su concepto, la
disposición busca garantizar la transparencia en los procesos electorales. La Corte
comparte la posición del Procurador.

En otra oportunidad, la Corte ha puesto de presente la absoluta y radical
incompatibilidad del nepotismo con el modelo democrático. Este fenómeno no
puede entenderse simplemente como que familias compartan el poder estatal, sino
de manera más amplia, como proscripción de toda oportunidad para que los
miembros de una misma familia incidan, tanto en el ejercicio del poder, como en las
posibilidades de acceso al poder de uno de sus miembros. No son necesarios
grandes esfuerzos para comprender el enorme poder y la oportunidad que tiene un
jurado de votación para favorecer a un candidato en particular.

Teniendo en cuenta lo anterior, no observa la Corte que la medida consistente en
excluir los votos que favorecen al candidato cuyos familiares integran el jurado de
votación o sean miembros de las comisiones escrutadoras, sea arbitraria, inútil e
innecesaria. En cuanto a la estricta proporcionalidad, el demandante aduce que el
ciudadano no puede ver menoscabada la efectividad de su voto por la presencia de
un familiar de su candidato de preferencia, pues su designación ha sido el resultado
de la voluntad estatal. Este argumento, antes que objetar la disposición, refuerza su
constitucionalidad, pues es claro indicio de la capacidad de injerencia que puede
tener cierto grupo familiar sobre la conformación de los jurados de votación. La
Corte estima que, en estas circunstancias, la efectividad del voto –entendida como

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capacidad para incidir en el resultado final de la elección-, debe ceder al interés
superior de la transparencia del proceso electoral. Por lo expuesto, se declarará la
exequibilidad del numeral 6 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo”.

298. Ahora, no escapa a la Sala que, como lo dijo el apelante, el artículo 275-6 de la
Ley 1437 de 2011 aumentó en un grado de consanguinidad la prohibición en cabeza
de los jurados de votación para ejercer su función escrutadora frente a la norma del
CCA y el artículo 151 del Código Electoral.

299. En todo caso, dicha circunstancia no es suficiente para considerar que debe
aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, en tanto lo dispuesto en el artículo
275-6 de la Ley 1437 de 2011 no entraña el ejercicio de función electoral como en
líneas atrás se indicó.

300. Sobre la causal consagrada en el 223-6 del CCA que, como se dijo antes, es
similar a la norma vigente de la Ley 1437 de 2011, la Corte Constitucional indicó que
no puede considerarse que la medida consistente en excluir los votos que favorecen
al candidato cuyos familiares integran el jurado de votación o sean miembros de las
comisiones escrutadoras, sea arbitraria, inútil e innecesaria47.

301. Por su parte, esta Sección en sentencia reciente sostuvo que la interpretación
teleológica de la causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011, es
aquella que propugna por evitar las ventajas o prerrogativas ilegítimas que surgen
por el vínculo o parentesco entre el candidato y los jurados de votación o miembros
de las comisiones escrutadores, a fin de que no se fragmenten los principios de
transparencia e igualdad de acceso a los cargos de elección popular 48.

302. Desde la misma perspectiva, precisó que es clara “la intención del legislador de
evitar que se otorguen ventajas a los candidatos derivadas de ese vínculo o parentesco,
aunque la constatación de esa ventaja o de su utilización no constituya requisito que deba
cumplirse para entender configurada la causal de nulidad que es objeto de estudio, pues
basta que hubiera existido para que se origine la irregularidad y se imponga declarar la
exclusión de los sufragios escrutados conforme lo enseña el artículo 288.4 de la Ley 1437
de 2011”49.

303. En cuanto al desconocimiento del principio de la buena fe, de una parte se
resalta que la Ley 1437 fue publicada desde el 18 de enero del año 2011, y por
ende, desde la fecha tanto los candidatos como los jurados de votación conocen el
contenido de la referida causal de nulidad, de manera tal que con su aplicación para
las pasadas elecciones no se les esta sorprendiendo con una exigencia contenida
en una norma general e imperativa.

304. De otro lado, se recuerda que la efectividad del voto –entendida como
capacidad para incidir en el resultado final de la elección-, debe ceder al interés
superior de la transparencia del proceso electoral50, por consiguiente la función del
jurado de votación debe sustentarse en este principio, el cual se trasgrede cuando

47
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
48
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2020-00029-01,
M.P. (e) Rocío Araújo Oñate.
49
Ibidem.
50
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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éste no se declara impedido y actúa el trámite administrativo electoral, aspecto que
conlleva a la exclusión de la votación sin importar el aspecto subjetivo -conducta- de
quien obró contrario a la ley.

305. Finalmente, frente a la diferencia de grado de parentesco prevista en el artículo
151 del Código Electoral y el artículo 275 (6) de la Ley 1437 de 2011, la Sala resalta
que se tratan de dos instituciones distintas, pues aquella regula quienes no pueden
ser jurados de votación y ésta norma las causales de nulidad específicas de índole
electoral, que tratándose del parentesco con los candidatos es más estricta y se
basa en la libertad de configuración del Congreso en la estructuración de las
instituciones procesales.

306. Por consiguiente, este argumento de la apelación no está llamado a prosperar,
en tanto la norma no desconoce ni la eficacia del voto y la buena fe, sino que
pretende dotar de mayores garantías el ejercicio del sufragio ciudadano.

7.1.3. Presunto desconocimiento del principio pro homine

307. De otra parte, no se desconoció el principio pro homine, pues no es cierto,
como lo dijo el apelante, que los artículos 151 del Decreto Ley 2241 de 1986 y 275-6
de la Ley 1437 de 2011 regulan la misma situación, como se explica a continuación:
308. Lo primero que debe señalarse es que las normas hacen parte de
codificaciones diferentes: la primera, pertenece al Código Electoral, ubicada en el
Capítulo II “Jurados de Votación”, del Título VI “Votaciones”; mientras que la
segunda está consagrada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Esto evidencia que su ámbito de aplicación es distinto:
el Código Electoral se ocupa del procedimiento administrativo electoral 51 y el CPACA
regula el control judicial de los actos electorales a partir de las causales de nulidad.

309. En ese sentido, el primer artículo prohíbe a los candidatos a corporaciones
públicas, sus cónyuges o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o de
afinidad o primero civil, ser jurados de votación, miembros de comisiones
escrutadoras o secretarios de estás, dentro de la respectiva circunscripción electoral.
Se enmarca entonces, en el trámite administrativo electoral, específicamente en las
etapas electoral y postelectoral52 y tiene como propósito garantizar el principio de
imparcialidad consagrado en los artículos 209 de la Constitución y 1º del Código
Electoral. El segundo corresponde a una de las causales de nulidad entendidas
como los parámetros a partir de los cuales se revisa la legalidad del acto y, por tanto,
conciernen al juicio de nulidad electoral.

310. Es por ello, que corresponde al juez electoral aplicar las consecuencias
contenidas en el artículo 275-6 en consonancia con el 288-4 de la Ley 1437 de 2011

51
Sobre las etapas del procedimiento electoral: sentencia de 23 de septiembre de 2021, expediente: 25000-23-41-000-
2019-01101-02 y de 6 de junio de 2019, expediente: 11001-03-28-000-2018-00060. M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, y
de 11 de marzo de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2018-00081-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. entre
otras.
52
La Sala ha explicado que el trámite electoral está conformado por 3 etapas: la preelectoral, electoral y postelectoral. El
electoral, comienza a las 7:30 am del día de las elecciones con la instalación de las mesas de votación por los jurados. Las
votaciones comienzan a las 8:00 am y culminan a las 4:00 pm. Para ejercer el derecho al sufragio, el presidente del Jurado
de Votación debe exigir al ciudadano la cédula de ciudadanía, verificar la identidad del mismo, permitirle depositar el voto y
registrar que el ciudadano ha votado, según las instrucciones que imparta la RNEC. La postelectoral, corresponde a las
distintas etapas del escrutinio, entre ellas, el conteo de mesa a cargo de los jurados. Ver: sentencia de 6 de junio de 2019,
expediente: 11001-03-28-000-2018-00060-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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cuando se presenta el actuar indebido del jurado de votación al no declararse
impedido frente al escrutinio de los votos de su pariente en los grados allí
reseñados.

311. En todo caso, la Sala no advierte que el artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011
lesione el derecho a ser elegido ni que privilegie el derecho del elegido sobre el de
los electores.

312. El vínculo de consanguinidad entre el jurado y el actual alcalde de Villa del
Rosario no está probado.

313. El tercero impugnador aseguró que a través del Registro Civil de Nacimiento de
Rony Stiven Cumbe Rangel, sobrino del demandado, no se puede acreditar la
consanguinidad con el señor Rangel Manrique, por que dicho documento fue
expedido en el exterior.

314. Para resolver este planteamiento, la Sala advierte que:

(i) En el proceso 2020-00013, el demandado no contestó oportunamente la
demanda en cuyo hecho séptimo se afirmó: “RONNY STIVEN CUMBE RANGEL tiene
vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad con el candidato elegido alcalde
del Municipio de Villa del Rosario, EUGENIO RANGEL MANRIQUE”, por lo que, en
aplicación del artículo 97 del CGP se presumiría como cierto dicho hecho en tanto
es susceptible de confesión.

(ii) En el escrito de apelación del alcalde, este no solo se abstuvo de cuestionar la
prueba sobre el parentesco, sino que se refirió a Rony Stiven Cumbe Rangel como
su sobrino y además obra en el expediente copia auténtica del registro civil de
nacimiento en el que se observa que oficina de registro fue el Consulado General
de Colombia San Cristóbal Táchira.

315. Además, se debe destacar que el tercero dijo en su impugnación: “Primero debo
manifestar que coadyuvo en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el…
apoderado del demandado…” quien, se insiste, no discutió el parentesco, sino que lo
aceptó. Por consiguiente, es claro que el impugnador se contradijo, pues de un lado,
asumió plenamente la postura de la parte a la que respalda, esto es, que Rony
Stiven Cumbe Rangel es sobrino de Eugenio Rangel Manrique, pero de otro,
cuestiona dicho parentesco.

316. Lo expuesto llama la atención porque la actuación del tercero impugnador de la
demanda que según las normas procesales está dirigida a apoyar al demandado,
termina contradiciendo el dicho de este último, y por lo tanto desconociendo el papel
y la condición que se le reconoció en el presente proceso.

317. Con todo, como con anterioridad se señaló el demandado reconoció la relación
en el tercer grado de consanguinidad con el señor Rony Stiven Cumbe Rangel que
fungió como jurado de votación. Además, el registro civil que fue aportado y
decretado como prueba respecto de dicha situación si bien fue producido en el
exterior, también lo es que la autoridad que lo expidió es el Consulado General de
Colombia en San Cristóbal Táchira (Venezuela), es decir por el funcionario registral

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en ejercicio de su competencia cuyo dicho merece credibilidad y no ha sido
desvirtuado de manera alguna en el presente trámite.

318. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos de las apelaciones frente a la
causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 no están llamados a
prosperar.

6.2. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la causal de nulidad
del artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011

319. El demandado alegó que no se le puede endilgar responsabilidad por el
ejercicio del voto de los ciudadanos cuya inscripción fue irregular pues era una
competencia privativa de la RNEC el depurar el censo electoral.

320. Este cuestionamiento no es de recibo, pues basta mencionar que la Sección ha
reiterado53 que la declaratoria de nulidad de un acto electoral, no tiene naturaleza
sancionatoria dado que “El juez solo debe confrontar la disposición que se dice vulnerada
con el acto de elección o designación, para determinar si el mismo se aviene o no a los
supuestos exigidos por la disposición que se dice desconocida, juicio meramente objetivo
que protege la voluntad popular del electorado”54.

321. El apoderado del alcalde adujo que aparecer en el censo electoral luego de la
depuración de los 7756 ciudadanos inscritos, no los hace trashumantes, pues
revisados los “excluidos” se tiene que la mayoría integra el censo de Villa del
Rosario por haber inscrito su cédula antes de 2019, es decir, estaban registrados
antes de la exclusión del CNE, lo que los habilita para ejercer su derecho al voto en
dicho municipio.

322. Informó que consultó cada una de las 189 cédulas de los ciudadanos
señalados como trashumantes, en el link dispuesto por la Registraduría para verificar
el censo electoral, (https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/) y encontró que
“todas ellas hacen parte del censo electoral de Villa del Rosario…”: (Negrilla del texto
original).

323. Agregó que 56 de los 189 ciudadanos, aparecen con Sisben en Villa del
Rosario, según la base de datos del Departamento de la Prosperidad Social;
además, 12 son propietarios de bienes inmuebles en ese municipio, lo que evidencia
la residencia electoral. Al efecto, aportó el documento que denominó Anexo 1, “el
cual no implica una nueva prueba, sino que se constituye en una verificación de cada uno de
los votantes en el censo electoral…”.

324. Subrayó que, si bien está probado que por Resolución 4930 de 2019 se dejó
sin efectos la inscripción de varias cédulas en dicho ente territorial, ello se refiere
solo a las inscripciones realizadas en 2019 y no las anteriores; y dijo que el Tribunal
partió de una premisa falsa: dejar sin efecto una inscripción equivale a inhabilitar al
elector y, además, dio por probado, no estándolo, que las 189 personas no eran

53
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de octubre de 2021, expediente: 70001-23-33-000-2020-00005-01,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre de 2016, expediente:
(SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Reiterada por la Sección Quinta en sentencia de 18
de febrero de 2021, expediente: 05001-23-33-000-2019-02852-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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residentes, “cuando ello nunca quedó determinado y por el contrario con la verificación que
se aporta… es fácilmente desvirtuable…”.

325. Por su parte, el tercero impugnador manifestó que la parte actora omitió
acreditar que los supuestos trashumantes no eran residentes, lo que “se debió debatir
dentro del proceso electoral atendiendo al principio de contradicción de la prueba…”.

326. Para resolver este cuestionamiento, conviene recordar que la Sala ha
identificado 3 elementos sobre la residencia electoral55 que resultan pertinentes, a
partir del artículo 4 de la Ley 163 de 199456:

i. Se presume que la residencia es aquella en la que está registrado el votante en el
censo electoral, pues mediante dicha inscripción bajo la gravedad de juramento,
declara residir en el municipio en el que se lleva a cabo aquélla.
ii. La residencia electoral es única, lo que implica que el ciudadano debe escoger
entre los varios lugares para inscribir su cédula, pues no se puede tener más de
una residencia electoral.
En consonancia con lo anterior, el artículo 76 del Código Electoral (Decreto 2241
de 1886) prescribe que “el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que
aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral” (destacado fuera
de texto), y que el artículo 80 del mismo estatuto de manera inequívoca señala
que “cuando un ciudadano inscriba su cédula dos o más veces, la última
inscripción anula las anteriores”, confirmando así que sólo puede escogerse un
lugar para inscribir el documento de identidad a fin de ejercer el derecho al voto.
iii. Cuando el CNE, mediante un procedimiento breve y sumario compruebe que el
inscrito no reside en el respectivo municipio deberá declarar sin efecto la
inscripción correspondiente.

327. Asimismo, en la providencia que se sigue, la Sala precisó que uno de los
mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia electoral, es la facultad
concedida al CNE por el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, consistente en que
mediante un procedimiento breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en
el respectivo municipio, y en caso afirmativo (ii) declare sin efecto la inscripción
correspondiente, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a una entidad
territorial tengan injerencia en los comicios locales57.

328. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el
capítulo 8 al Decreto 1066 de 2015, titulado “Trashumancia Electoral”, comprendido
entre los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevén la facultad y el deber en cabeza de
la RNEC, de cruzar la información suministrada por los ciudadanos al momento de
inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos procesos electorales,
con “cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer
la residencia electoral” (parágrafo del artículo 2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de
2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más
relevantes para tal efecto58, todo con el propósito de entregar los resultados del

55
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente: 11001-03-28-000-2018-00049-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
56
Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral.
57
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente: 11001-03-28-000-2018-00049-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
58
“Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus
competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación

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cruce realizado al CNE, a fin de que adopte las decisiones correspondientes frente a
la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, y por ende, que se ofrezcan de
manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como lo indica la
parte motiva del Decreto 1294 de 201559.

329. En ese sentido, en el artículo primero de la Resolución 4930 de 2019 “Por medio
de la cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el
Municipio de Villa del Rosario”60 se dispuso dejar sin efecto la inscripción de las
cédulas de ciudadanía para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27
de octubre de 2019, como consecuencia de haberse acreditado sumariamente la no
residencia electoral de los ciudadanos relacionados en el archivo anexo digital.

330. Según se lee en la resolución referida, el CNE61 realizó el cruce de bases de
datos a partir de la información brindada por la RNEC la cual se contrastó con las
siguientes bases de datos:

 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –
SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP
 Sistema de Seguridad Social – BDUA del ADRES, adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social
 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE;
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS;
 De la Oficina de Instrumentos Públicos y/o de la Superintendencia de Notariado y
Registro
 De la Oficina Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Censo electoral
 Registro de miembros de consejos comunitarios afrodescendientes, resguardos
indígenas y kumpany del Ministerio del Interior
 Registro Único de Víctimas – RUV de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV, adscrita al DPS

y la de datos de las huellas digitales, con el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus
cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el
procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
acorde con sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se
inscribe, cruzará la información con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa,
cruzará la información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes
procesos electorales, con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el
Departamento Nacional de Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema -
ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado
Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la
residencia electoral”.
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, expediente: 76001-23-33-000-2019-01203-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
60
Aportada con la demanda y decretada como prueba en la audiencia inicial.
61
Siguiendo el procedimiento previsto en la Resolución 2857 de 2018 por medio de la cual se establece el procedimiento
breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan otras
disposiciones.

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331. Además, el CNE practicó pruebas adicionales y conformó una comisión de
instrucción que realizó 1130 visitas especiales a las direcciones registradas de los
ciudadanos que inscribieron su cédula para ejercer el derecho al voto.

332. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos de la apelación frente a la
acreditación de la trashumancia no están llamados a prosperar, pues si bien la
decisión del Tribunal se basó en las decisiones adoptadas por la autoridad electoral,
para considerar acreditada la causal de nulidad en cuestión, lo cierto es que no hay
prueba en el expediente que permita a la Sala arribar a una conclusión distinta.

333. En este punto, es pertinente mencionar que, en el decreto de pruebas de la
audiencia inicial, al ocuparse de las solicitadas en la demanda del expediente 2020-
00013, el magistrado sustanciador resolvió:

334. Asimismo, advirtió que i) el demandado contestó la demanda
extemporáneamente y, en todo caso no solicitó el decreto de ninguna prueba y ii)
las demás autoridades e intervinientes tampoco lo hicieron.

335. La decisión sobre las pruebas fue notificada en estrados y, según el acta de
la audiencia, solo se pronunció el tercero Robert Paul Vaca Contreras quien
manifestó la necesidad de que se decretaran las pruebas que fueron negadas en
los numerales 3.4.1 y 3.4.2, petición coadyuvada por el demandante. Al respecto,
el magistrado señaló que, dado que no se presentó recurso alguno, se debía
continuar con la diligencia. En consecuencia, al no haberse impugnado quedó en
firme la decisión adoptada frente a las pruebas referidas a la residencia electoral.

336. Por lo anterior, la Sala concluye que tanto el demandado como el
impugnador pudieron haber solicitado las pruebas que consideraran necesarias y
pertinentes para probar los supuestos de su defensa, controvertir las de la parte
actora con las cuales fundamentó el cargo de trashumancia y surtir el debate que

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echa de menos el tercero, pero no lo hicieron. Tampoco elevaron solicitud
probatoria en segunda instancia.

337. Ahora, las resoluciones expedidas por el CNE sobre trashumancia fueron
aportadas por el demandante justamente para cumplir la carga que le
correspondía y acreditar la causal de nulidad alegada -275-7 de la Ley 1437 de
2011-, pues en esos actos, se concluyó que los titulares de las cédulas cuya
inscripción se dejó sin efecto, no eran residentes electorales en Villa del
Rosario, a partir del cruce de información con diferentes bases de datos y las
visitas realizadas. Decisión que se presume legal y está precedida del
procedimiento de que trata el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución 2857 del 6 de
noviembre de 2018 que, como se indicó, incluye el análisis cruzado de información
de bases de datos e institucionales y visitas. Conclusiones que, se insiste, no
fueron desvirtuadas por la parte demandada.

338. Adicionalmente, se observa que en el escrito de apelación el apoderado del
demandado mencionó haber consultado las 189 cédulas de los ciudadanos
señalados como trashumantes en el link dispuesto por la RNEC y aportó el “Anexo
1” como “evidencia” o “verificación” de que 56 de las 189 personas que según el
Tribunal votaron a pesar de haber sido declarados trashumantes, realmente no lo
son porque algunos aparecen registrados en el SISBEN de Villa del Rosario, y
otros son propietarios de inmuebles en dicho municipio. A renglón seguido, hizo la
precisión de que el mismo “no implica una nueva prueba, sino que se constituye en una
verificación de cada uno de los votantes en el censo electoral”.

339. En otras palabras, aunque se cuestionó en la apelación que las 189 personas
cuya inscripción fue dejada sin efectos por el CNE estaban habilitados para votar
dado que su inscripción anterior era en el mismo municipio, lo cierto es que no hay
prueba que así lo demuestre.

340. Al respecto, la Sala considera que, como el mismo recurrente dijo, la
información aportada con la que se pretende controvertir la materialización de la
causal de nulidad de trashumancia, no constituye una prueba que haya sido
incorporada al proceso en debida forma, ni corresponde a una solicitud de pruebas
en segunda instancia, de modo que no puede ser objeto de valoración en esta
etapa, pues ello implicaría avalar la incuria de la parte demandada en materia
probatoria (que no pidió ni aportó pruebas porque contestó extemporáneamente la
demanda), con la afectación del debido proceso que ello supondría.
341. Con este panorama, se impone concluir que no se desvirtuaron los
fundamentos de la sentencia apelada conforme a los cuales se tuvo por acreditada
la trashumancia en Villa del Rosario.

342. La parte demandada alegó que el Tribunal no se pronunció sobre la
trashumancia en la parte resolutiva de la providencia en la cual solo excluyó los 65
votos de la mesa en la que un pariente del ganador actuó como jurado, por tanto,
no hubo decisión judicial respecto de lo supuestamente probado. Dicha omisión
hace inoponible la sentencia que solo se refirió a los referidos 65 votos cuya
eliminación, en gracia de discusión, no serían suficientes para declarar la nulidad
de la elección.

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343. Para la Sala este planteamiento no es de recibo dado que, de una parte, lo
procedente cuando la sentencia omita resolver sobre algún extremo de la litis o
sobre cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de
pronunciamiento, es la adición de la providencia, la cual procede de oficio o a
petición de parte, según lo dispone el artículo 287 del CGP. Por tanto, a dicho
instrumento procesal debió acudir el demandado si consideraba que el Tribunal
omitió resolver un aspecto de la litis.

344. En todo caso, al a quo le correspondía dar aplicación al artículo 288 de la Ley
1437 de 2011 y anular los votos del candidato (numeral 4), lo cual en efecto hizo
en la parte resolutiva del fallo. Sin embargo, dicha norma no fija una regla cuando
la causal de anulación es la estipulada en el numeral 7 del artículo 275, de modo
que no tenía que declarar en la parte resolutiva la anulación por trashumancia. Por
consiguiente, no se advierte que haya omitido pronunciarse, en la parte resolutiva,
de algún extremo de la litis.

345. De otra parte, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo
302 del CGP, las providencias que se profieren por fuera de audiencia, como es el
caso, quedarán ejecutoriadas, entre otros eventos, cuando se resuelvan los
recursos interpuestos. Por tanto, al haber sido objeto de apelación -en el efecto
suspensivo62- la sentencia de primera instancia, esta solo cobrará ejecutoria con la
firmeza de la presente providencia.

346. Tampoco se observa incongruencia en el fallo apelado pues en la parte
considerativa se explicó con suficiencia que, ante la configuración de las causales
consagradas en los numerales 6 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, se
debía anular la elección, lo cual se hizo en la resolutiva.

347. Así las cosas, este argumento de la apelación no está llamado a prosperar.

6.3. Argumentos del tercero impugnador frente a la trashumancia

348. El tercero impugnador afirmó que los actos proferidos por el CNE y la
Resolución 4930 de 18 de septiembre de 2019 fueron allegados por la parte
demandante sin las constancias de notificación conforme al artículo 70 de la Ley
1437 de 2011 y de publicación en las páginas web mencionadas. Por tanto, ese
acto no puede ser tenido como prueba que dé certeza, respecto de terceros, de
que las personas en cuestión no eran residentes de Villa del Rosario, por lo que el
cargo no fue demostrado.

349. En el mismo sentido, en el escrito de apelación de la RNEC, se dijo que no
hay prueba que evidencie que ad portas de los comicios se hubiere comunicado a
la Registraduría Municipal y a los ciudadanos en cuestión acerca de las decisiones
tomadas sobre trashumancia, “lo que resulta coherente con el hecho que no se puede
infringir la presunción de inocencia atribuyendo un delito sin que existiere Sentencia Penal
condenatoria al respecto por supuesta indebida inscripción de cédulas”. Además,
manifestó que la resolución final sobre trashumancia, es de 18 de noviembre de

62
Artículo 292 de la Ley 1437 de 2011.

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2019, es decir, después de los comicios, de modo que, para la fecha de las
elecciones, las inscripciones correspondientes se presumen legítimas en razón a
que el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 establece que la residencia electoral es
aquella en la cual el votante se registró e inscribió.

350. Al respecto, es suficiente señalar que, según el parágrafo del artículo
2.3.1.8.6 del Decreto 1294 de 2015 el procedimiento y las decisiones del CNE
sobre trashumancia, tienen carácter policivo administrativo. Estas últimas son de
cumplimiento inmediato, sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan.

351. En ese sentido, esta Sala recientemente se refirió a la notificación del acto
que deja sin efecto la inscripción de cédulas conforme lo reglamenta la Resolución
2857 de 30 de octubre de 201863, la cual se realiza conforme lo señala el artículo
70 de la Ley 1437 del 2011, a efectos de establecer si contradice el debido
proceso, el derecho de contradicción y defensa, previsto constitucionalmente en el
artículo 29 Superior y, legalmente, en los artículos 34, 66 a 69 de la Ley 1437 de
2011.

352. En esa oportunidad se dijo que “la labor de dejar sin efecto la inscripción de la
cédula de ciudadanía al advertir y comprobar la irregularidad devenida de la
transhumancia (sic), no resulta ajena a las funciones propias del máximo ente de la
organización electoral. Aunado a que conforme al artículo 4° de la Ley 163 de 1994 y el
Decreto Reglamentario 1294 de 17 de junio de 201564, se impuso al CNE la obligación de
depurar la transhumancia (sic), a través de un proceso breve y sumario, en donde se
estableció que sus decisiones son policivas y de inmediato cumplimiento y que en
últimas deberá armonizarse en su aplicación con los plazos y presupuestos de la Ley
1437 de 2011, a fin de no exceder los términos, de cara al calendario electoral.”65 (Negrilla
añadida).

353. Asimismo, la Sección puso de presente que “el artículo 70 de la Ley 1437 de
2011 al cual remite el artículo 11 del acto demandado, dispone lo atinente a la notificación
de los actos de inscripción o registro que supone que se entienden notificados el día en
que se efectúe la correspondiente anotación y agrega ‘…si el acto de inscripción hubiere
sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho,
la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación’.

354. Y concluyó que “tampoco se advierte la transgresión de los artículos 66 a 68
ejusdem sobre el deber de notificación personal de los actos particulares y concretos, el
artículo 69 referente a la notificación por aviso y el artículo 29 Superior por cuanto en el
inciso último del artículo 11 del acto demandado se establece que la RNEC enviará
mensaje electrónico a los ciudadanos relacionados en el acto administrativo y
precisamente el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 al prever la forma de realizar la

63
Por medio de la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía y se dictan otras disposiciones.
64
"Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de establecer los mecanismos que hagan efectivo y oportuno
el control que el Consejo Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la
trashumancia electoral". En su “Artículo 2.3.1.8.6. Decisión y notificación. El Consejo Nacional Electoral, con base en la
información indicada en el artículo precedente, tomará la decisión que corresponda, la cual será notificada de conformidad
con las normas legales pertinentes. Parágrafo. El procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen
carácter policivo administrativo. Estas últimas son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de los recursos que legalmente
procedan.”.
65
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 30 de septiembre de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2021-
00036-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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notificación personal indica que dentro de las modalidades con las cuales puede
efectuarse es por medios electrónicos. Aunado a que en los casos en que el solicitante
sea el titular del derecho, no se requiere de una notificación personal, comoquiera que es
la misma persona la que inició la actuación administrativa”.

355. De otra parte, si bien la tipificación de la trashumancia como conducta
punible en el artículo 389 del Código Penal, modificado por el artículo 4 de la Ley
1864 de 2017, es uno de los mecanismos para combatir dicho fenómeno, lo cierto
es que su investigación y juzgamiento como delito, no corresponde al juez
electoral, de modo que no se desconoce la presunción de inocencia.

356. Adicionalmente, se debe reiterar que el argumento de la apelación según el
cual no hubo trashumancia por cuanto las 189 personas sí podían votar en el
municipio porque su inscripción anterior estaba también en Villa del Rosario, no
fue demostrado como se indicó en el numeral 325 de esta providencia. Como se
dijo, el acto administrativo que dicta el CNE, declara la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía y goza de presunción de legalidad, pero los
cuestionamientos sobre su ejecución o cumplimiento, escapan al objeto del
presente proceso.

357. De lo expuesto, se impone concluir que los argumentos de apelación
agrupados en este punto, no son de recibo, pues la decisión sobre trashumancia
que adopte el CNE es de ejecución inmediata.

358. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera forzoso insistir en la necesidad
de que se cumplan las decisiones proferidas en procura de la transparencia de los
procesos de voto popular, de manera que las decisiones sobre trashumancia del
CNE no resulten inoperantes, como lo dijo en providencia reciente66:

“114. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional Electoral por el
artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que mediante un procedimiento
breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y
en caso afirmativo (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, con lo cual
se logra evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en
los comicios locales.

115. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el
capítulo 8° al Decreto 1066 de 2015, titulado “Trashumancia Electoral”,
comprendido entre los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevén la facultad y el deber
en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cruzar la información
suministrada por los ciudadanos al momento de inscribir su cédula de ciudadanía
para votar en los distintos procesos electorales, con “cualquier base datos pública
o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral” (parágrafo
del artículo 2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1
a 2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más relevantes para tal efecto67, todo con

66
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, expediente: 76001-23-33-000-2019-01203-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
67
“Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus
competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación
y la de datos de las huellas digitales, con el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus
cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el
procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha.

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el propósito de entregar los resultados del cruce realizado al Consejo Nacional
Electoral, a fin de que adopte las decisiones correspondientes frente a la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, y por ende, que se ofrezcan de
manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como lo indica la
parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:

“Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar
de los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos
meses antes de la jornada electoral.

Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales
que la norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la
inscripción de los ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo para que el Consejo
Nacional Electoral realice el control correspondiente en ejercicio del numeral 1°
del artículo 265 de la Constitución Política de ejercer la suprema inspección,
vigilancia y control de la Organización Electoral y las investigaciones a que haya
lugar de inscripción irregular de cédulas. (…)

Que con el fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más
transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y
para evitar conductas que puedan atentar contra los mismos, se hace necesario
establecer mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional y así,
permitir un efectivo y oportuno control por parte del Consejo Nacional Electoral
sobre la inscripción de cédulas para combatir trashumancia electoral”.

116. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que
producto del mismo puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente
participen las personas relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo
que interfieren indebidamente en la democracia participativa a nivel local. Tan es
así, que el Decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.568 (adicionado por el
Decreto 1294 de 2015), previó plazos concretos para que la Registraduría
Nacional del Estado Civil entregue el resultado del cruce de información al Consejo
Nacional Electoral, a fin de que éste adopte las decisiones a que haya lugar.
117. Sobre el particular no puede perderse de vista que la revisión eficaz y
oportuna del censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011 en su
artículo 49 previo que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada
electoral, de manera tal que la depuración que se emprenda en aras propiciar
comicios transparentes, debe adelantarse antes del plazo antes señalado y de
forma permanente como lo establece el artículo 48 de la misma ley, pues el
propósito no es otro que el registro de las cédulas de ciudadanía correspondientes
a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados
por la Constitución y la ley para participar en las elecciones y concurrir a los
mecanismos de participación ciudadana69, corresponda a la realidad, garantizando

Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
acorde con sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se
inscribe, cruzará la información con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa,
cruzará la información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes
procesos electorales, con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el
Departamento Nacional de Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema -
ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado
Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la
residencia electoral”.
68
“Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil
remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de
inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce
de base de datos”.
69
Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza:

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así que cada vez que se emprenda un ejercicio de participación democrática,
concurran quienes están habilitados para tal efecto por el ordenamiento jurídico,
que como se expuso con anterioridad, exige el respeto de la residencia electoral”.

359. El CNE alegó que la metodología de la distribución porcentual o afectación
ponderada no debe ser aplicada en el presente caso porque esta se ha empleado
en procesos electorales para cargos plurinominales, es decir, cuando existen listas
de candidatos a corporaciones públicas de elección popular, en razón a que la
ponderación es más equitativa.

360. Añadió que, en este asunto, en el que la diferencia entre uno y otro aspirante
es de 5 votos, la aplicación de esa metodología es inconstitucional por cuanto el
reducido número de candidatos y la poca diferencia en la votación que existe en
las mesas afectadas, hace que no se pueda saber con grado de probabilidad a
qué candidatos benefició exactamente el comportamiento de la trashumancia.
361. En este punto, la Sala debe resaltar que de tiempo atrás ha admitido la
procedencia de la aplicación del sistema de distribución ponderada en procesos
de nulidad tanto para corporaciones públicas como para cargos uninominales.

362. En fallo de 31 de julio de 200970, la Sala Electoral afirmó que en sentencia de
22 de mayo de 200871, se fijó una nueva metodología denominada “distribución
porcentual” o “afectación ponderada”, la cual “es aplicable también a las elecciones
de cargos uninominales, pues si bien éstos no se regulan por el sistema de umbral y de
la cifra repartidora, el propósito de este método es dar primacia (sic) al principio de
eficacia del voto mediante la exclusión de los votos irregulares comprobados, respecto de
los cuales se desconoce cual (sic) fue la intención del votante, o en otros términos, ante la
incertidumbre de establecer los beneficiarios de los mismos”. (Negrilla añadida).

363. En sentencia de 20 de mayo de 201072, la Sección efectuó la asignación
ponderada de las irregularidades halladas en el proceso de elección del entonces
gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y se concluyó que no se modificó el resultado de la elección.

364. Sin embargo, previo a poner en práctica dicha metodología, la Sala explicó
que, “[e]n principio, es aplicable a las elecciones para Corporaciones Públicas, pero esa
circunstancia no es óbice para que se considere en cargos unipersonales”.

365. Lo anterior, en atención a que consideró que dicha metodología “consulta el
principio de eficacia del voto, en cuanto permite que se tomen los votos irregulares en su
justa medida y se distribuyan a prorrata de la participación que han obtenido los diferentes
partidos y candidatos en la votación válida, sin sacrificar ni afectar los votos mayoritarios
que representan la auténtica voluntad del elector”.

“Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los
ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el
derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación
ciudadana.
El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se
refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico,
elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar,
ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.
70
Expediente: 44001-23-31-000-2007-00244-02, M.P. Susana Buitrago Valencia.
71
Consejo de Estado - Sección Quinta. Expedientes Acumulados N° 4060,4068, 4069 y 4070. Demandantes: Wilmer
Fernando Mendoza Ramírez y otros. C.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa.
72
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2020, expediente: 88001-23-31-000-2008-00001-01,
M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

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366. Dicha conclusión fue reiterada en la sentencia del 9 de febrero de 201773, en
la que se hizo énfasis en que, para salvaguardar el principio de eficacia del voto
que es piedra angular del sistema jurídico electoral en Colombia, se debe aplicar
la metodología de distribución ponderada, ante la imposibilidad de determinar, en
razón al secreto de voto, a qué lista o candidato beneficiaron o afectaron las
irregularidades en la votación o los escrutinios.

367. La providencia del año 2017, fue acogida por esta Sección en fallo reciente74
del que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

i. En los eventos de trashumancia electoral no es posible establecer qué candidato
se benefició con la votación transeúnte, toda vez que por virtud del secreto del
voto se desconoce la elección del sufragante irregular, luego no es admisible
descontar esta votación únicamente al candidato electo.
ii. La metodología de distribución ponderada permite sustraer de manera
proporcional la votación viciada a cada candidato, a prorrata de su participación en
la votación, y así determinar la incidencia de tales irregularidades en el resultado
electoral.
iii. Con este método se garantiza la aplicación del principio de eficacia del voto, según
el cual sólo hay lugar a declarar la nulidad de una elección cuando la irregularidad
en la votación es de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios otros
serían los elegidos, pues lo esencial en el sistema electoral colombiano es el
respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores.

368. Y de manera diáfana avaló la aplicación de la distribución ponderada en
cargos uninominales:

“Cabe agregar que la fórmula jurisprudencial para establecer la incidencia de los
votos trashumantes en el resultado electoral aplica tanto para el análisis de los
cargos de nulidad contra una elección a un cargo uninominal como para
corporaciones públicas, pues lo que se busca es establecer de manera
proporcional el favorecimiento de dicha votación respecto de los contendores
electorales, además que esta Corporación no hizo distinciones al respecto”.
(Negrilla añadida).

369. Por lo expuesto, es claro para la Sala que el método que mejor garantiza la
eficacia el voto (emitido tanto para integrar corporaciones públicas como para
escoger mandatarios en cargos uninominales) y, por ende, resguarda el principio
democrático (y descarta su inconstitucionalidad), es la distribución ponderada, de
modo que este reproche de la apelación no es de recibo.

370. Justamente, la imposibilidad de tener certeza de a qué candidatos benefició
exactamente el comportamiento de la trashumancia, reconocida por el CNE en la
apelación, es la que fundamenta la metodología cuestionada, como se explicó.

371. Ahora bien, se observa que en el escrito de alegaciones finales, el CNE
planteó que i) es necesario que se esclarezca la verdad de lo ocurrido a la luz del
principio de eficacia del voto y respeto a la voluntad popular en razón a que la
postura del Tribunal confunde el concepto de trashumancia con la figura jurídica

73
Consejo de Estado. Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, expediente: 11001-03-28-000-2014-00112-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
74
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de julio de 2021, expediente: 11001-03-15-000-2021-03793-00 (AC),
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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de la inhabilidad para votar; y ii) se debe aplicar la norma más benigna en materia
de restricciones e inhabilidades, es decir, el artículo 151 del Código Electoral que
alude a un nexo de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad, lo que
excluye al sobrino del candidato elegido.

372. Al respecto, la Sala advierte que dichos planteamientos no serán objeto de
estudio, pues son reproches contra el fallo de primera instancia que debieron
proponerse en la apelación y no en la etapa de alegatos.

373. Alegó el tercero impugnador que los votos viciados por la trashumancia en
aplicación de la distribución ponderada, solo arrojaron una diferencia de 10 votos a
favor del candidato que quedó en segundo lugar y dicha cantidad no tiene
incidencia en el resultado final de la elección local, ya que el candidato declarado
electo sobrepasa el resultado final del candidato perdedor.

374. Este reproche, no prosperaría, en atención a las consideraciones sobre la
trashumancia expuestas por la Sala en el punto 325 esto es, que no hay pruebas
en el expediente que permitan desvirtuar el análisis del juez de primera instancia
sobre dicha causal de nulidad y su incidencia.

375. Dicho de otra manera, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente,
el a quo concluyó que los votos que debían restarse en virtud de la acreditación de
la causal sexta del artículo 275 (jurado pariente) y los votos que debían excluirse
por la demostración de la causal del numeral séptimo ídem (trashumancia)
afectaron el resultado de la votación para la escogencia del alcalde de Villa del
Rosario.

376. Como se expuso en esta providencia, la configuración de dichas causales no
fue desvirtuada, ni tampoco la aplicación de la metodología de distribución
porcentual, según la cual, 189 votos de personas trashumantes incidieron en la
voluntad popular, porque Eugenio Rangel Manrique pasó de tener 16.769 votos
registrados en el formulario E-26 a tener 16.630, cifra inferior a quien ocupó el
segundo puesto Carlos Julio Socha Hernández, quien pasó a tener 16.640. Por
tanto, los 10 votos de diferencia entre uno y otro, sí inciden en el resultado final.

6.4. Sobre los efectos de la sentencia

377. En este acápite, la Sala se referirá a los planteamientos de los apelantes
referidos a la consecuencia de la nulidad de la elección: i) el demandado
manifestó que el Tribunal carece de competencia para realizar un nuevo escrutinio
y declarar la elección de un cargo uninominal; ii) el CNE solicitó que se ordene la
realización de un nuevo escrutinio; iii) la RNEC consideró que deben realizarse
nuevas elecciones, dado que el ordenamiento jurídico no prevé que quien obtuvo
el segundo lugar, automáticamente quede designado, lo cual, además, es injusto;
y iv) la agente del Ministerio Público dijo que si se confirma el fallo apelado lo
procedente es que en atención a lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución,
se declare la vacancia absoluta del cargo de alcalde de Villa del Rosario y se

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realice una elección atípica o un encargo, según el tiempo que falte para la
culminación del periodo constitucional75.

378. Para resolver los cuestionamientos anteriores que confluyen en determinar la
consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto demandado por vicios
objetivos, corresponde a la Sala establecer (i) si compete al juez realizar el
escrutinio y declarar la elección o (ii) por el contrario ordenar el adelantamiento de
elecciones atípicas o la designación del reemplazo según sea el caso, esto es si
faltaren menos de 18 meses para los nuevos comicios.

6.4.1. Competencia del juez electoral en materia de escrutinio

379. Para revolver el primer interrogante se debe indicar que el artículo 288 de la
Ley 1437 de 2011 contiene 4 numerales que establecen las consecuencias de la
configuración de alguna de las causales especiales de nulidad electoral, así:

 En el numeral 1: Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal
señalada en el numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o
realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados.

Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25)
por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción
electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

 El numeral 2: Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación
de las credenciales correspondientes, declarar la elección de quienes finalmente
resulten elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser
necesario el juez de conocimiento practicará nuevos escrutinios.

 En el numeral 3: En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del
artículo 275 de este Código, la nulidad del acto de elección por voto popular
implica la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la
ejecutoria de la sentencia
 En el numeral 4: Cuando la nulidad del acto de elección sea declarada con
fundamento en la causal 6 del artículo 275 de este Código, se anularán
únicamente los votos del candidato o candidatos respecto de quiénes se
configure esta situación y no afectará a los demás candidatos.

380. De esta primera lectura, se podría inferir que la declaratoria de nulidad por
las causales 1°76, 5°77, 6°78 y 8°79 tienen consagrados expresamente unos efectos
determinados en la norma. No obstante, el artículo 288 no hace referencia de
manera expresa a cuáles serían los efectos cuando la nulidad se declara por las
causales 2°80, 3°81, 4°82 y 7°83 del artículo 275, o bien por las causales generales

75
Los argumentos que se desarrollan a continuación fueron los concertados en la sala del 20 de enero de 2022.
76
Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.
77
Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en las causales de inhabilidad.
78
Los jurados de votación o los miembros e las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o
parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
79
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
80
Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de
violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los
resultados electorales.
81
Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterado con el propósito de modificar
los resultados electorales.

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de nulidad de los actos administrativos84. Sin embargo, en la disposición aparece
el ordinal 2° sin hacer referencia a ninguna causal en especial:

2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las
credenciales correspondientes, declarar la elección de quienes finalmente
resulten elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser
necesario el juez de conocimiento practicará nuevos escrutinios.

Si como consecuencia de lo resuelto debiera practicarse por el juez, tribunal o por el
Consejo de Estado un nuevo escrutinio, se señalará en la misma sentencia día y
hora para ello (…).

Parágrafo. En los casos de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y
de escrutinio, la autoridad judicial que haga el nuevo escrutinio expedirá el acto de
elección y las respectivas credenciales a quienes resulten elegidos y, por el mismo
hecho, quedarán sin valor ni efecto las expedidas a otras personas.

381. Sería lógico suponer que esta consecuencia de la sentencia de anulación se
predica de las demás causales de nulidad electoral, por regla general, teniendo en
cuenta la naturaleza de cada una de estas, sin importar si se trata de una elección
uninominal o bien de corporación pública. De igual forma, resulta lógico que los
efectos sean los mismos. Así mismo la norma citada que se encarga de reglar lo
atinente a la práctica de nuevos escrutinios y a la declaratoria de elección y
expedición de credenciales si a ello hubiera lugar.

382. De la lectura sistemática de las dos normas resulta claro que el artículo 288
de la Ley 1437 de 2011 no es contrario a la Constitución, en especial, porque no
se aprecia ninguna contradicción entre esta disposición legal y el artículo 314
superior85, por cuanto la primera regula las consecuencias de la sentencia de
anulación con respecto a las causales de nulidad electoral y la norma
constitucional regula como se procede cuando hay falta absoluta del alcalde, que
incluye obviamente la nulidad electoral, pero cuando las consecuencias de la
sentencias anulatorias no conlleven la necesidad de ordenar o hacer nuevos
escrutinios, como se desprende de lo señalado del artículo 288 de la Ley 1437 de
2011.

383. Debe recalcarse que los diferentes efectos que el legislador ha señalado en
el mencionado artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 buscan ante todo darle
alcance al principio de la eficacia del voto, previsto en el artículo 287 de la misma
ley antes mencionada. Por lo que se desprende con nitidez la necesidad de
protección de la legítima expresión de la voluntad mayoritaria de los electores, que
no esté viciada por irregularidades que pongan en entredicho su genuina
manifestación.

82
Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con la violación del sistema constitucional o legalmente
establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.
83
Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes
en la respectiva circunscripción.
84
La Ley 1437 de 2011, artículo 137.
85
(…) Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá
alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses el gobernador designará un alcalde
para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.
El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes
(…).

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384. Así las cosas, si existen documentos electorales que se encuentren viciados
por irregularidades de carácter objetivas, es claro que lo primero que habrá que
determinarse es si esos documentos se pueden excluir del cómputo de los votos
para que, una vez depurada la votación excluyendo esos votos irregulares, se
pueda determinar sin dudas cuál fue la verdadera manifestación de voluntad de
los electores.

385. Respecto del segundo cuestionamiento, la respuesta del legislador hace
efectivo el principio democrático al garantizar que las elecciones sean reflejo
auténtico y genuino de la voluntad del electorado, en los términos del artículo 3
constitucional86.

386. Pues bien, declarada la nulidad de la elección, hay que depurar la votación
excluyendo los votos irregulares y declarar la elección y expedir la respectiva
credencial, si a ello hubiere lugar. Esa es la única manera de ser respetuoso de la
voluntad legítima de la mayoría en las urnas. En este caso, le corresponderá al
juez hacerlo en la misma sentencia, o de ser necesario, ordenará practicar un
nuevo escrutinio. Lo que hizo el juez de instancia, fue lo correcto: excluir los votos
irregulares y declarar una nueva elección.

387. Se resalta que el sentido del artículo 288, no es otro que dotar de
instrumentos que permitan corregir las irregularidades que se presentan en el
proceso electoral y se pueda proteger la expresión genuina del electorado.

388. La legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en
su catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto,
definido como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al
voto para que así represente la expresión de la libre voluntad del elector.
Principios análogos y de redacción similar se encuentran en el principio del
efecto útil de la norma o la ponderación que hace el Código Civil frente a las
máximas de interpretación de la ley, en las que se encuentran en tensión, en
mayor o menor grado, las posibles interpretaciones o aspectos
hermenéuticos frente a la aplicación de las normas. Por eso, en forma
constante, la jurisdicción electoral ha entendido y así lo ha manifestado a los
sujetos procesales, a lo largo de sus pronunciamientos judiciales, que el
hecho de que exista y se prueben irregularidades en el proceso de electoral
administrativo, no conlleva per se la nulidad del acto electoral que la declara,
sino que ello depende del grado de incidencia que pueda tener las
irregularidades.

389. De tal manera que, cuando se demuestre la existencia de la causal de
anulación, debe el juez preguntarse por el grado de incidencia para
encontrar la manera como se puede garantizar la eficacia del voto.

390. En el caso concreto, las irregularidades estudiadas son de naturaleza
objetiva, por lo que corresponde al juez electoral garantizar derechos

86
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. EL pueblo la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

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fundamentales, por una parte, de quienes resultarían electos con la práctica de un
nuevo escrutinio y, de otra, el respeto por la voluntad popular, aspectos que se
erigen como el fin último del presente medio de control. Así las cosas, interpretar
de forma sistemática el artículo 314 de la Constitución con las consecuencias del
fallo de nulidad establecidas en el 288 de la Ley 1437 de 2011, conlleva a
materializar el mandato del artículo 40 Superior ya que el operador judicial sin más
intervenciones y dilaciones declara elegido a quien democráticamente lo fue.

391. Es por ello que, existe una posición bastante arraigada en la jurisprudencia
electoral de la corporación que sustenta la postura sobre las consecuencias o los
efectos de las sentencias de nulidad electoral y que define el cuestionamiento en
casos como el que se estudia de si se debe ordenar nuevos escrutinios o si se
ordena la convocatoria a elecciones. En las diferentes providencias sobre la
materia, se sigue acudiendo, como referente, al fallo de esta sección previsto en la
sentencia del 31 de octubre de 1994. Expediente: 110887, que sobre al particular
señaló:

“A) La distinción formulada por esta Sala respecto de la existencia de causales
subjetivas y objetivas de nulidad de las actas de las corporaciones electorales
obedece a criterios bien fundados y no al mero capricho de sus integrantes. En
efecto, surge tanto del fundamento de la causal como de las consecuencias de
su declaración, pues en tanto las subjetivas se apoyan en la ausencia de
requisitos o calidades para acceder a la función o de la concurrencia de causales
de inelegibilidad, las objetivas encuentran su razón de ser en el empleo de
procedimientos o maquinaciones fraudulentas, capaces de empañar la fuerza del
sufragio y tergiversar la verdad electoral.

Igualmente, en tanto la declaración de nulidad con fundamento en las
objetivas impone la práctica de nuevo escrutinio con exclusión de los votos
obtenidos inválida o fraudulentamente o con exclusión de los factores de
alteración sustancial de las actas y registros, la que se apoya en causal
subjetiva culmina con la declaratoria de nulidad del acto de elección del
inelegible, para que su vacante se llene como lo ordena la Constitución
Política tratándose de miembros de Corporaciones de elección política o con
nueva elección como en el caso del art. 129 del C. Electoral”. Negrilla fuera de
texto)

392. Sobre el particular, ha sostenido la sección quinta de esta Corporación en la
sentencia de 9 de noviembre de 2000, Rad. Interno 242488, que resulta pertinente
citar in extenso:

“Los escrutinios proceden como consecuencia de la declaración de nulidad del acto
que declaró la elección en el evento de que en la sentencia respectiva se decrete la
nulidad de un acta o un registro electoral para ordenar, en consecuencia, su
inclusión o la exclusión del cómputo general de los votos. Por tanto, no hay lugar a
escrutinio si en la sentencia no se puede ordenar la inclusión o exclusión del
cómputo general de los votos de unas determinadas actas o registros electorales.
De manera que cuando en la sentencia no es posible ordenar la práctica de nuevos
escrutinios, la consecuencia de esa nulidad no puede ser otra que la de realizar una
nueva elección, dado que la efectuada carece de validez y no existe ningún

87
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 31 de octubre de 1994.
Expediente rad. 1108. M.P Amado Gutiérrez Velásquez.
88
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 9 de noviembre de 2000.
Expediente rad. 2424. M.P Dario Quiñones Pinilla.

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mecanismo alternativo que permita, con correcciones, tener en cuenta las
elecciones que se anulan.

Cuando se trata de la nulidad del acto de elección de miembros de Corporaciones
públicas por las determinadas causales subjetivas -la falta de requisitos o calidades
del elegido o la configuración de causales de inelegibilidad- , resulta aplicable un
mecanismo que excluye la posibilidad de la realización de nuevas elecciones, cual
es el previsto en la misma Carta -artículos 134 y 261- en el sentido de que las faltas
absolutas o temporales serán suplidas por candidatos que, según el orden de
inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista
electoral. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 129 del Código
Electoral que contempla la posibilidad de una nueva elección en el evento de que
se declara nula la elección de la mitad o mas de los Senadores de la República,
Representantes a la Cámara o Diputados a la Asamblea.

Tratándose de la nulidad de la elección popular de Gobernadores y Alcaldes por
esas causales subjetivas, hay lugar a la realización de nuevas elecciones.

Ahora, cuando la nulidad de las elecciones se decreta por las causales objetivas,
es decir por situaciones relacionadas con los escrutinios de los votos,
generalmente procede la práctica de nuevos escrutinios. Pero esto no excluye
la posibilidad de que también, en lugar del nuevo escrutinio, proceda una nueva
elección, como ocurre en la situación analizada de la causal 1ª. del artículo 223 del
C.C.A., en que no haya lugar a la inclusión o exclusión del correspondiente
cómputo general de los votos de unas determinadas actas o registros
electorales. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

393. En el mismo sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2003 de esta Sección89:
La diferencia entre los dos candidatos mayoritarios fue de 5.446 votos; la
diferencia obtenida por el candidato cuya elección fue declarada en el acto
demandado se ve afectada por el número de votos cuya irregularidad quedó
demostrada en el proceso, que es de 13.771. Por lo tanto se declarará la
nulidad del Acuerdo No. 005 del 22 de diciembre de 2000 del Consejo Nacional
Electoral, en cuanto declaró la elección del señor Hernando David Deluque
Freyle como Gobernador del Departamento de la Guajira para el periodo 2001-
2003 y se practicará un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas
afectadas, con base en el cual se expedirá la correspondiente credencial de
Gobernador a quien resulte así elegido. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

394. Así también lo sostuvo en un caso similar de nulidad de la elección de un
gobernador. En dicha oportunidad señaló la corporación en la sentencia de 27 de
enero de 200390:

Teniendo en cuenta la diferencia de votos entre el candidato elegido Gobernador
del Atlántico y el segundo en votación, que como ya se dijo, fue de 1.747, los
votos falsos por suplantación de electores detectados son mayor e implica una
alteración en el resultado de la votación que acarrea la nulidad del acto electoral
demandado, porque de no haber ocurrido la irregularidad habrían arrojado un

89
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 20 de marzo de 2003.
Expediente rad. 11001-03-28-000-2001-0005-01. M.P Álvaro González Murcia.
90
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 27 de enero de 2003.
Expediente rad. 11001-03-28-000-2001-0020-01. M.P Álvaro González Murcia.

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resultado diferente al registrado en los escrutinios. (…) Se deduce de lo anterior
que las actas de escrutinio de votos para Gobernador del Departamento del
Atlántico correspondientes a esas mesas son nulas, conforme al artículo 223-2 del
C.C.A., por contener elementos falsos que alteraron la voluntad popular, reflejada
en el acto electoral demandado, resultante del escrutinio departamental que
incorporó esos votos irregulares. Por lo tanto se declarará la nulidad de ese
acto y se practicará un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas
afectadas, con base en el cual se expedirá la correspondiente credencial de
Gobernador a quien resulte así elegido. (Negrilla fuera de texto)

395. En Sentencia de 11 de agosto de 2005 de esta Sección91, dispuso en la parte
resolutiva la práctica de nuevos escrutinios:

PRIMERO: Revócase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Chocó, el 10 de noviembre de 2004 y en su lugar se dispone: “Declarar la nulidad
del Acta General de Escrutinios de las elecciones celebradas el 25 de abril de
2004, en el municipio de Medio Baudó (Chocó) mediante la cual se declaró la
elección del señor Pascual Wbaldo Gamboa Potes como Alcalde del municipio de
Medio Baudó (Chocó).
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordena la
realización de un nuevo escrutinio en el cual se excluirán los votos
depositados en las mesas 1 Zona 99, puesto 10, del corregimiento Boca de Pepé
y 1, zona 99, puesto 25, del corregimiento Torreido de Abajo.
TERCERO: Una vez efectuado el escrutinio y con base en sus resultados se hará
una nueva declaratoria de elección de Alcalde del municipio de Medio Baudó y se
expedirán la respectiva credencial. Subrayado y negrilla fuera de texto)

396. En el mismo sentido, sentencia de 23 de septiembre de 200592, a propósito
de la elección del alcalde de Aguachica:

Por consiguiente, procede la declaratoria de nulidad del acto que declaró la elección
del Señor David Simanca Camargo como Alcalde Municipal de Aguachica. En
consecuencia, como lo dispuso el Tribunal, se practicará un nuevo escrutinio en
el que se incluyan los votos depositados en 22 de las 23 mesas que el Consejo
Nacional Electoral ordenó excluir del mismo, pues no procede esa inclusión en
relación con la mesa 16, puesto 2, zona 1. Se revocará, entonces, la sentencia
apelada, en cuanto ordenó excluir del escrutinio la votación de la citada mesa, y se
confirmará en lo demás. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

397. También en sentencia de esta sección de 31 de julio de 200993 señaló:

En primer lugar, la Sala procederá a examinar los cargos relacionados con
causales objetivas de anulación, es decir los relacionados con irregularidades en el
trámite de las elecciones o de los escrutinios que presuntamente afectan las actas
de escrutinio, cuya nulidad podría modificar el resultado de las elecciones. La
razón de ello, es que, mientras la declaración de la nulidad del acto acusado por
considerar probada la causal de carácter subjetivo, conduce a que se celebren
nuevas elecciones, de prosperar los cargos relacionados con causales de

91
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 11 de agosto de 2005.
Expediente rad. 11001-03-28-000-2004-00562-01. M.P Reinaldo Chavarro Buritica.
92
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 23 de agosto de 2005.
Expediente rad. 11001-03-28-000-2004-00563-01. M.P Dario Quiñones Pinilla.
93
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 31 de agosto de 2009.
Expediente rad. 11001-03-28-000-2007-00244-01. M.P Susana Buitrago Valencia.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

carácter objetivo, habría que ordenar la práctica de nuevos escrutinios.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)
398. Y en la aclaración de la sentencia antes citada se sostuvo:

En la parte resolutiva no existe concepto o frase alguna que ofrezca motivo de
duda, pues las determinaciones adoptadas en la sentencia son completas, claras y
precisas. La parte considerativa, tampoco presenta frases o conceptos que
infundan equívoco sobre como proceder para designar alcalde del municipio de
Maicao, en tanto, sí se hizo referencia sobre las consecuencias generadas
ante la declaratoria de nulidad según si deviene de la prosperidad de
causales de carácter objetivo o de índole subjetivo. Al respecto, en el fallo se
expresó: (…)

En efecto, el punto que el apoderado del demandado señala como carente de
claridad y por ende necesario de precisar, tiene que ver, específicamente, con los
efectos de la sentencia de segunda instancia respecto a las gestiones necesarias
de adelantar por la autoridad electoral ante la falta absoluta que produce la
declaratoria de nulidad de la elección del señor Ovidio Mejía Marulanda, según el
artículo 98 literal d) de la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”…

Además, tal aspecto es asunto que no impone ser incluido en el fallo porque
del contenido del artículo 314 Superior, se infiere que aplica para casos
como el del sub lite, en los cuales cuando el vicio que anuló la elección
concierne a una situación subjetiva, debido a la falta de requisitos o calidades
del elegido, esto es, a la demostración de una causal de inhabilidad e
inelegibilidad, lo procedente no es la realización de nuevos escrutinios sino la
elección o la designación de otro alcalde según el tiempo que falte para la
conclusión del período. (Negrilla fuera de texto).

399. Esta postura es la que impera en las decisiones de los tribunales
administrativos, siguiendo el mismo derrotero que ha fijado la jurisprudencia de la
Sala Electoral del Consejo de Estado.

400. Así, por ejemplo, la sentencia de segunda instancia de 19 de febrero de 2009
(exp. 2007-00176-01 y 2007-00173-01) del Tribunal Administrativo de Bolívar,
declaró nula la elección del alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar), en la que
se excluyeron 15 mesas y se ordenaron nuevos escrutinios. En este caso, se
presentaron varias vicisitudes procesales que llevaron, inclusive a un
pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante revisión de fallo de tutela,
para dejar en firme esta sentencia y, por ende, la práctica de nuevos escrutinios.
En dicha providencia (Sentencia T-125/10) se avala precisamente la realización de
nuevos escrutinios:

Para la Sala, es posible que en la demanda de nulidad electoral Karina Paola
Becerra Baños haya alegado la nulidad de un número de votos inferior a 103. En
efecto, la tutelante alegó 90 irregularidades en la votación. Sin embargo, lo que
delimitaba la competencia de la segunda instancia eran las pretensiones de los dos
demandantes del proceso de nulidad electoral (Karina Paola Becerra Baños y Marín
Elías Vásquez) y los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación. De un lado,
los demandantes del proceso electoral denunciaron 118 votos irregularidades (ver
hechos 1.2.2 y 1.2.3). De otro lado, las pretensiones de la tutelante en el recurso de

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Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

apelación aludían a la valoración que hizo el juzgado de las irregularidades en la
votación que tanto ella como Marín Elías Vásquez denunciaron. Esto significa que
sus pretensiones en el recurso de apelación no se restringían a las irregularidades
que inicialmente denunció, sino a todas las que fueron estudiadas en la primera
instancia. El argumento de Karina Paola Becerra Baños en el recurso de apelación
era que más de 50 votos estaban viciados de falsedad. En consecuencia, el ad
quem podía pronunciarse sobre todos los votos irregulares denunciados por los dos
demandantes del proceso electoral -118 votos- y sobre todas las irregularidades que
examinó el a quo.

En conclusión, como muestra el anterior análisis, el numeral segundo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil era manifiestamente inaplicable al caso, de
modo que no podía ser el fundamento para que la Sala de Decisión No. 3 del
Tribunal Administrativo de Bolívar declarara la nulidad de todo los actuado dentro
del proceso electoral, desde el 19 de febrero de 2009, incluida la sentencia.

Por las anteriores razones, la Sala concederá la tutela solicitada por Karina Paola
Becerra Baños, y revocará los autos proferidos por la Sala de Decisión No. 3 del
Tribunal Administrativo de Bolívar los días 20 de abril y 12 de mayo de 2009. En
consecuencia, ordenará dar de inmediato estricto cumplimiento a la sentencia de
segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 19 de febrero
de 2009, en el expediente acumulado No. 2007-00176-01 y 2007-00173-01, por la
cual se declaró nula el acta de la elección del alcalde del municipio de Córdoba
(Bolívar) Carlos Durán Becerra, periodo 2008-2011, excluyendo 15 mesas y
ordenando nuevos escrutinios.

También dejará sin efectos la sentencia dictada el 18 de agosto de 2009, por el
mismo tribunal, en la cual se confirma la sentencia del 14 de noviembre de 2008
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, mediante la cual se
deniegan las pretensiones de las demandas promovidas por Martín Elías Velásquez
y Karina Paola Becerra Baños contra el acto que declaró la elección del alcalde del
municipio de Córdoba (Bolívar).

Por último, la Sala oficiará al Gobernador del departamento de Bolívar para que
encargue un alcalde mientras se realizan los nuevos escrutinios y expida la
respectiva credencial a la persona que resulte electa. (La negrilla es del texto y el
subrayado fuera de texto).

401. En el mismo sentido, sentencia de única instancia de 25 de agosto de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del proceso de nulidad
electoral radicado con el No. 23-001-23-33-004-2015-00445. En este caso, se
declaró la nulidad del acto de elección de la alcaldesa de Momil (Córdoba) y se
ordenó la práctica de nuevos escrutinios. Providencia que por lo demás fue objeto
del recurso extraordinario de revisión, pero no precisamente por la práctica de los
nuevos escrutinios (Sentencia de 2 de marzo de 2017, sección quinta del Consejo
de Estado, rad. 11001-03-28-000-2016-0077-00), que en todo caso no la modificó.

402. En igual línea interpretativa se encuentra la sentencia de tutela de la Sección
del 1º de diciembre de 202094, por medio de la cual se analizó la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1 de octubre de 2020, mediante la
cual decretó la medida cautelar de suspender el acto de elección del señor Miguel
Ángel Gómez García como alcalde del municipio de Tarazá.

94
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de tutela de 10 de diciembre de
2020. Expediente rad. 11001-03-15-000-2020-04734-00. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

403. Esta tutela tiene como finalidad la suspensión de elecciones atípicas por la
muerte del alcalde elegido a causa del COVID-19, hasta tanto se resuelva la
demanda de nulidad formulada teniendo en cuanta causales objetivas, por ver
afectados de los resultados electorales producto de la ruptura de la cadena de
custodia, la manipulación y la afectación de los pliegos electorales, además de la
configuración del fenómeno de trashumancia electoral, ello debido a que se hacia
necesario determinar la procedencia del nuevo escrutinio y evitar así el llamado a
las urnas.

404. En esa oportunidad a juicio de la Sala:

“(…) la medida cautelar decretada por la autoridad judicial demandada, se
sustenta en razones fundadas y en criterios precisos que se han previsto para la
procedencia de esta clase de medidas.

Efectivamente, de permitirse la realización de una nueva elección del alcalde de
Tarazá (Antioquia), implicaría que la decisión que se adopte en el medio de control
de nulidad electoral sea inane. De modo que, de no adoptarse una medida
cautelar, a raíz del peligro actual que se pone de presente, la situación jurídica que
envuelve proceso judicial resultaría lesionado y el demandante, esto es, el señor
Héctor Leónidas Giraldo Arango, sufriría un perjuicio irremediable, junto con los
demás candidatos que participaron en la contienda electoral del 27 de octubre de
2019, si es que, como lo indican en la demanda, hubo una rotura de la debida
custodia de los documentos electorales específicamente en la mesa 8, del puesto
1, de la zona 1, en la cual se definió la elección del alcalde del Municipio de
Taraza, así como la trashumancia electoral.

Además, se convocaría a unas elecciones que implican un gran gasto para el
erario público pese a que el referido medio de control podría truncar los efectos de
esas elecciones.

En tales condiciones, resulta razonable, en garantía de los derechos de las
personas que participaron en los comicios del 27 de octubre de 2020, tanto de los
candidatos como electores, que se suspenda la convocatoria de elecciones
atípicas en el municipio de Tarazá, Antioquia, hasta tanto se defina la legalidad de
la elección del alcalde que resultó electo en dicho municipio, teniendo en cuenta
que la demanda se funda en causales objetivas relativas a la rotura de la cadena
de custodia y la trashumancia electoral, de manera que está orientada a
restablecer la legalidad abstracta que, presuntamente, se ha visto menguada por
una decisión viciada de nulidad.

En consecuencia, dado que los intereses particulares y los de todos los
participantes en los comicios del 27 de octubre de 2020 se pueden ver afectados,
positiva o negativamente, en la medida en que prosperen los cargos formulados,
resulta admisible la medida cautelar decretada, tal y como lo dispuso el Tribunal
Administrativo de Antioquia”.

405. Finalmente, esta postura también se puede inferir en reciente
pronunciamiento de esta sección, a propósito de la nulidad de la elección del
alcalde de Manaure, en sentencia de 29 de julio de 2021 (44001-23-40-000-2019-
00175-0295): “Además, al ser una causal con sustento en aspectos subjetivos de
inhabilidad que se predican de la persona del candidato, no podría tenerse el mismo
efecto o posibilidad de la nulidad electoral por causales objetivas (por vicios en la votación
o en el escrutinio), ya que es bien sabido que éstas se someten a operaciones

95
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 29 de julio de 2021. Expediente
rad. 44001-23-40-000-2019-00175-02. M.P Luis Alberto Álvarez Parra.

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54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

matemáticas y métodos como el de afectación proporcional, que para resultar más
equitativo, abarca e incide en todos los candidatos que obtuvieron votos, para que
porcentualmente aumenten o disminuyan la propia votación obtenida y, que una vez
depurada con la exclusión de lo espurio, se altere el resultado, aspectos aritméticos y
de manejo electoral que no se aplican en las contiendas de nulidad electoral por causales
subjetivas”.

406. Por lo expuesto, fue acertada la decisión del a-quo de dar aplicación al
sistema de distribución ponderada para determinar la incidencia de la irregularidad
y como consecuencia de ello declarar la elección de quien obtuvo la mayor
votación.

6.5. Otras consideraciones

407. El señor Armando Quintero Guevara, en su condición de apoderado del
demandado, sustituyó el poder a él otorgado en el señor Cesar Emilio Valero Soto,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.243.270 de Cúcuta y la T.P:
132.071 del CSJ.

408. Al revisar el poder obrante en el expediente, se encuentra acreditado que el
profesional del derecho tenía la facultad de sustituirlo, por lo que se acreditan los
requisitos del artículo 75 del Código General del Proceso y por ello será
reconocido en esta providencia.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes de nulidad elevadas por el señor Omar
García Quiñones y la parte demandada.

SEGUNDO:CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que anuló el acto por medio del
cual se eligió al señor Eugenio Rangel Manrique como alcalde de Villa del Rosario
y en su lugar declaró la elección de Carlos Julio Socha Hernández.

TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto del fallo apelado en el sentido de
REMITIR copia de esta decisión y del expediente de la referencia a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro
de su competencia determinen la eventual configuración de conductas penales y/o
disciplinarias respecto de las irregularidades acreditadas en el presente trámite.

CUARTO: EXHORTAR al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que de manera mancomunada implemente los
mecanismos necesarios para que:

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Radicado: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal)
54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado)
Demandante: Edgar Mastrangelo Rojas Montaño

(I) La depuración de censo sea real y efectiva, en especial, que las decisiones
relativas a la existencia de trashumancia puedan materializarse el día de los
comicios, por ende, que los jurados de votación de manera eficiente y eficaz
cuenten con las herramientas para identificar a los ciudadanos que se consideren
trashumantes.

(II) Evitar que los parientes de los candidatos en una misma contienda electoral
según ordena la ley se desempeñen como jurados de votación.

QUINTO: RECONOCESE personería jurídica al abogado Cesar Emilio Valero
Soto como defensor del demandado.

SEXTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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