Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2024-00016-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de septiembre de 2024
Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González,
concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00016-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 23001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González, concejal de Ciénaga de Oro
(Córdoba), para el periodo 2024-2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia de 4 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión, que negó la nulidad de la elección de Nairon Rafael Usta
González, como concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Daniel Enrique Montiel Osorio solicitó que se anulara la elección de Nairon
Rafael Usta González, como como concejal de Ciénaga de Oro, departamento de
Córdoba, para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON del 3 de
noviembre de 2023, porque, en su criterio, incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo.
2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación
2. La parte actora afirmó que, para las elecciones de las autoridades
territoriales, realizadas el 29 de octubre de 2023, Nairon Rafael Usta González
perteneciente al Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia «AICO», apoyó a
Gabriel Enrique Calle Aguas, candidato a la gobernación de Córdoba, por la
coalición integrada por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), Movimiento
Político Colombia Humana, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Unión
Patriótica (UP), Partido Comunes, Partido del Trabajo de Colombia, Partido
Comunista Colombiano, Independientes y Nuevo Futuro; movimiento1 del cual hace
parte.
3. Expresó que el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia «AICO» no
contaba con candidato propio a la Gobernación de Córdoba; sin embargo, el 8 de
1 En la fijación del litigio el tribunal se refirió a Nuevo Futuro como un movimiento ciudadano.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González,
concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027
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agosto de 2023, mediante representante legal, dicha colectividad se adhirió a la
campaña política de Erasmo Elías Zuleta Bechara, candidato a la Gobernación de
Córdoba, avalado por el Partido de la U e inscrito por la «COALICIÓN CÓRDOBA
PR1MERO»2. En esa línea, resaltó que el acuerdo de adhesión contempló lo
siguiente:
PRIMERO: ORDENAR QUE EL PARTIDO y su militancia, apoyen la candidatura de
ERASMO ELIAS ZULETA BECHARA identificado con la Cédula de Ciudadanía
número 1.067.880.497, a la Gobernación del Departamento de Córdoba, para el
período constitucional del 2024-2027, así como la puesta en marcha del proyecto
político, acuerdo programático y de gobernabilidad “CORDOBA PR1MERO”. (sic)
4. El actor aportó links, capturas de pantalla de la red social Facebook y un
video, para demostrar el apoyo del demandado a Gabriel Enrique Calle Aguas,
candidato a la Gobernación de Córdoba, perteneciente a la «agrupación política
Nuevo Futuro».
5. Bajo ese entendido, señaló que la elección de Nairon Rafael Usta González,
como concejal del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), está viciada por la
causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y
vulneró los artículos 107 de la Constitución Política, 2° y 29 de la Ley 1475 de 2011,
porque incurrió en la prohibición de doble militancia, al apoyar a Gabriel Enrique
Calle Aguas, aspirante a la gobernación de Córdoba, perteneciente a la «agrupación
política Nuevo Futuro», pese a que el Movimiento (AICO), en virtud de un acuerdo
de adhesión, respaldó la campaña política del candidato a la gobernación de
Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara.
3. Trámite en primera instancia
6. En auto de 1 de febrero de 20243, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Segunda de Decisión, admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones4 y
negó la suspensión provisional requerida5, en síntesis, porque de las pruebas
aportadas no fue posible establecer «de manera fehaciente» la doble militancia en
la modalidad de apoyo.
4. Contestaciones
4.1. Nairon Rafael Usta González (demandado)6
7. Su apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, al concluir que el acto demandado no fue expedido con desconocimiento
de la Constitución Política, la ley y el precedente jurisprudencial.
2 Integrada por: Partido de la U, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Colombia
Renaciente, Movimiento Alternativo Indígena y Social «MAIS».
3 Índice 11 Samai. Expediente 23001-23-33-000-2024-00016-00.
4 Se ordenó notificar a: i) Nairon Rafael Usta González, ii) Agente del Ministerio Público, iii) Agencia Nacional
de Defensa Jurídica y del Estado y iv) al demandante por estado.
5 Decisión que no fue recurrida.
6 Índice 28 Samai.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
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8. Indicó que la parte actora no demostró que Nairon Rafael Usta González
hubiese realizado actos positivos y concretos de apoyo en favor de Gabriel Enrique
Calle Aguas, por lo que tampoco se encuentran acreditados los elementos que
configuran la doble militancia, particularmente el temporal.
9. Al respecto, sostuvo que el video aportado fue creado antes del 29 de julio
de 2023. Además, señaló que, de la prueba referida, no es posible determinar que
dentro de dicho período se hubiese realizado la grabación.
10. Aunado a lo anterior, señaló que el dictamen pericial, con el que se pretende
demostrar la fecha de publicación del video aportado, no cumple con los requisitos
necesarios para ser valorado de conformidad con lo establecido en el CGP7 y el
CPACA8, toda vez que no contiene, entre otros, las declaraciones, ni los
documentos que acrediten la idoneidad y experticia del perito, y tampoco la técnica
empleada. En atención a lo expuesto, pidió que se le reste valor probatorio.
11. Seguidamente, solicitó la tacha de falsedad respecto de la manifestación de
adhesión suscrita por el movimiento AICO, que tuvo como finalidad «impulsar la
candidatura de Erasmo Elías Zuleta Bechara». Lo anterior, con fundamento en que
el demandado desconoce la totalidad del contenido de dicho acuerdo, así como su
«procedencia y autenticidad». Además, teniendo en cuenta que se allegó una copia
del mentado documento, solicitó que se exija este último en formato original.
12. Por último, sostuvo que las imágenes aportadas «no confunden al elector,
mucho menos generan un apoyo»; luego, no se acredita la ejecución de actos
positivos y concretos de respaldo por parte del demandado a favor de algún
candidato a la gobernación de Córdoba.
4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)9
13. Mediante apoderado judicial, indicó que la RNEC no está facultada para
emitir actos durante los escrutinios municipales, así como tampoco para realizar
actuación alguna que permita determinar las inhabilidades en las que puede estar
incurso algún candidato a un cargo de elección popular. A su vez, explicó que las
funciones de la entidad en materia electoral son de «logística», por tanto, propuso
como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.3. Consejo Nacional Electoral (CNE)10
14. El apoderado judicial de la entidad sostuvo que los hechos objeto de estudio
no fueron conocidos por el Consejo Nacional Electoral, pese a que tenía
competencia para avocar conocimiento sobre la revocatoria de inscripciones de
candidatos por doble militancia, por lo que, en este punto, será la jurisdicción de lo
7 Artículo 226 y subsiguientes.
8 Artículo 218 y subsiguientes.
9 Índice 21 Samai.
10 Índice 25 Samai.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
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contencioso administrativo quien determine si el demandado incurrió en la
prohibición aludida11.
5. Audiencias inicial12 y de pruebas13
15. El 9 de abril de 2024 se celebró la audiencia inicial14, diligencia en la cual se
saneó el proceso y se fijó el litigio en los siguientes términos:
Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Nairon
Rafael Usta González, concejal electo del Municipio de Ciénaga de Oro por el Partido
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” para el periodo constitucional
2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 3 de noviembre de 2023, por
incurrir el demandado en la prohibición de doble militancia en la modalidad apoyo,
según el numeral 8 del artículo 275 del CPACA, por trasgredir lo dispuesto en el
artículo 107 de la Constitución Política, y el inciso segundo del artículo 2 y el artículo
29 de la Ley 1475 de 2011, o si por el contrario, no incurrió en la citada prohibición.
Específicamente, se deberá establecer si en el marco de las elecciones territoriales
de 29 de octubre de 2023, el señor Nairon Rafael Usta González, concejal electo del
Municipio de Ciénaga de Oro por el Partido Movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia “AICO”, apoyó al candidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Enrique
Calle Aguas (movimiento ciudadano Nuevo Futuro)15, apartándose de las directrices
del partido al que pertenecía, en virtud de la cual su apoyo debía ser al entonces
candidato a la Gobernación de Córdoba Erasmo Elías Zuleta Bechara16 (Partido de la
U) conforme la “manifestación de adhesión y apoyo con el fin de impulsar la
candidatura de Erasmo Elías Zuleta Bechara, en las elecciones del 29 de octubre de
2023, quien es candidato a la Gobernación del Departamento de Córdoba para el
periodo constitucional 2024 – 2027, inscrito por la coalición Córdoba Primero” suscrita
el 8 de agosto de 2023, por el representante legal del partido “AICO”.
Igualmente, se analizará la prosperidad o no de la excepción denominada: “Falta de
legitimación en la causa por pasiva” formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y de las excepciones denominadas “inexistencia de apoyo concreto
como causal autónoma de doble militancia” e “insuficiencia probatoria de doble
militancia”, propuestas por el concejal electo. (sic)
16. Sumado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda
de Decisión, incorporó las documentales aportadas con la demanda17 y decretó
como pruebas las solicitadas por las partes18.
11 Se advierte que, aunque el CNE no propuso falta de legitimación en la causa, esta fue declarada por el
Tribunal Administrativo de Córdoba.
12 Índice 53 Samai.
13 Índice 64 Samai.
14 Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la RNEC, se indicó que sería resuelta
en la sentencia.
15
Inscrito por coalición.
16 Inscrito por coalición.
17 Respecto al dictamen pericial aportado por el demandante, precisó que, pese a que el demandado solicitó
que se le restara valor probatorio al no cumplir los requisitos exigidos en el CPACA y CGP, lo cierto es que en
el término de traslado de las excepciones, la parte actora aportó los anexos correspondientes, por lo que las
referidas documentales serían valoradas en su integridad en la sentencia.
18 El demandante solicitó que se practicara el interrogatorio de parte de Nairo Rafael Usta González y se
recibirán los testimonios de i) Erasmo Elías Zuleta Bechara (candidato a la gobernación de Córdoba), ii) Gabriel
Enrique Calle Aguas (candidato a la gobernación de Córdoba), iii) José Castro Iragorri (representante legal del
movimiento AICO), iv) Rafael Narváez Fuentes (gerente de la emisora Latinasterio Ciénaga de Oro), y v) Carlos
Mario Castaño Usta (candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro). Por su parte, el demandado solicitó que se
escuchara el testimonio de Argemiro Manuel Villera Pantoja.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González,
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17. Respecto a la tacha de falsedad propuesta por la parte demandada sobre el
«acuerdo de adhesión», el tribunal sostuvo que sería resuelta en la sentencia. Para
ello, decidió oficiar al representante legal del movimiento AICO, con la finalidad de
que remitiera copia auténtica del acuerdo de adhesión del 8 de agosto de 2023,
referido por la parte actora. Además, indicó que, en caso de no contar con la
documental, debía expresar las razones que justificaran dicha situación.
18. Posteriormente, el 2 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de
pruebas, en donde se incorporó la documental allegada por el representante legal
del movimiento AICO19, se realizó el interrogatorio al demandado20 y se recibió el
testimonio21 de Argemiro Manuel Villera Pantoja22.
19. Finalmente, el tribunal prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, decidió concluir la etapa probatoria y, corrió traslado para que dentro
de los diez (10) días siguientes las partes presentaran sus alegatos de conclusión
por escrito, y el ministerio público rindiera concepto.
6. Alegatos de conclusión
6.1. Daniel Enrique Montiel Osorio (demandante)23
20. Mediante apoderado judicial, solicitó al tribunal que se acceda a las
pretensiones de la demanda porque, en su criterio, del acervo probatorio se deduce
que Nairon Rafael Usta González incurrió en doble militancia en la modalidad de
apoyo «al invitar a sus amigos y adeptos a votar a la Gobernación de Córdoba por
un candidato distinto al Avalado por el partido al cual milita». (sic)
6.2. Nairon Rafael Usta González (demandado)24
21. Mediante apoderado judicial reiteró los argumentos de la contestación de la
demanda e indicó que no se probó que el demandado hubiese trasgredido la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, toda vez que, no realizó
manifestaciones de respaldo hacia algún candidato a la gobernación de Córdoba.
22. Seguidamente, se refirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 y del
Consejo de Estado26, para hacer alusión a los criterios que permiten concluir la
19 Copia íntegra del acuerdo de adhesión suscrito el 8 de agosto de 2023. Índice 56 Samai.
20 Min 23:00 a 48:00 - Audiencia de pruebas. «PREGUNTADO: A folio 7 de la demanda se observa una imagen,
¿los reconoce? ¿quiénes son? CONTESTADO: aparece Carlos Mario Castaño Usta, aparece Gabriel Calle
Aguas. PREGUNTADO: Hay otra persona, son tres. ¿es usted? En el mismo folio, imagen 5 aparece Gabriel
Enrique Calle Aguas con una camisa blanca, el de la camisa roja ¿lo conoce? ¿Cómo se llama? CONTESTADO:
aparece Gabriel Enrique Calle Aguas. PREGUNTADO: ¿usted no está en ninguna de las dos imágenes
presentadas? CONTESTADO: yo le contesté, están Carlos Mario y Gabriel Calle Aguas. PREGUNTADO: ¿se
encuentra usted en esas imágenes? CONTESTADO: sí […]».
21 Ante su ausencia, se prescindió de los siguientes testimonios i) Erasmo Elías Zuleta Bechara (candidato a la
gobernación de Córdoba), ii) Gabriel Enrique Calle Aguas (candidato a la gobernación de Córdoba), iii) José
Castro Iragorri (representante legal del movimiento AICO) y, iv) Rafael Narváez Fuentes (gerente de la emisora
Latinasterio Ciénaga de Oro), y v) Carlos Mario Castaño Usta (candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro).
22 Min 50:00 a 59:00 - Audiencia de pruebas.
23 Índice 70 Samai.
24 Índice 67 Samai.
25 SU – 213 del 16 de junio de 2022.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 21 de octubre de
2021. Radicado 47001-23-33- 000-2020-00075-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo; de los cuales resaltó
el elemento temporal y la conducta prohibida, que, a su juicio, no se encuentran
acreditados en este caso.
23. Asimismo, puso de presente que la única inscripción comprobada fue la del
demandado, pues no se demostró la inscripción de Gabriel Enrique Calle Aguas y
Erasmo Elías Zuleta Bechara como candidatos a la gobernación de Córdoba, lo que
impide concluir la estructuración del elemento subjetivo.
24. Por otra parte, se refirió al dictamen pericial, sobre el cual insistió en que no
se le otorgue valor probatorio, toda vez que no fue controvertido en audiencia
pública y tampoco se subsanaron los yerros advertidos, como la omisión de
documentación que diera cuenta de la experticia del perito. En todo caso, advirtió
que, de ser tenido en cuenta, dicha prueba solo permitiría inferir la fecha de
publicación y no de creación del video aportado.
25. En cuanto al acuerdo de adhesión, reiteró que el demandado no tenía
conocimiento sobre su existencia, por lo que «no estaba obligado a respetarlo». En
esa línea, trajo a colación el testimonio rendido por Argemiro Manuel Villera Pantoja,
candidato al concejo del municipio de Ciénaga de Oro, quien confirmó que el
movimiento AICO no realizó publicación o notificación alguna sobre dicho acuerdo.
6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil27
26. La apoderada judicial ratificó que la entidad no se encuentra legitimada en la
causa por pasiva, y precisó que, ante una eventual decisión, no le correspondería a
la RNEC desplegar alguna actuación.
6.4. Consejo Nacional Electoral28
27. La apoderada judicial de la entidad reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda e indicó que, de las pruebas aportadas no es posible
deducir que el demandado acompañó la candidatura de algún aspirante avalado por
una organización distinta a la suya.
7. Concepto del Ministerio Público29
28. El procurador 124 Judicial II para asuntos administrativos concluyó que no
hay elementos de juicio suficientes para determinar que se configuró la conducta
prohibida y el elemento temporal.
29. Frente a la conducta prohibida, sostuvo que no se encontraba acreditada,
pues del acervo probatorio no es posible deducir que el demandado hubiese
apoyado a un candidato «distinto de aquel al que estaba obligado a respaldar
políticamente».
27 Índice 69 Samai.
28 Índice 68 Samai.
29 Índice 66 Samai.
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30. A su vez, advirtió que, pese a que en el escrito de la demanda la parte actora
hizo alusión a los formularios E6 – GO y E-8 GO, lo cierto es que en el expediente
no hay prueba alguna que permita evidenciar la inscripción formal y definitiva de
Erasmo Zuleta Bechara30 y Gabriel Calle Aguas31 como candidatos a la gobernación
de córdoba. Además, señaló que el acuerdo de adhesión suscrito el 8 de agosto de
2023 no podría sustituir dichos formularios, pues son «las pruebas conducentes
para acreditar las inscripciones de candidaturas».
31. Así las cosas, al no encontrarse probada la inscripción formal de los
candidatos a la gobernación de Córdoba, resulta irrelevante analizar los supuestos
actos positivos de apoyo del demandado.
32. En línea con lo anterior, sostuvo que, al no acreditarse la calidad de los
candidatos a la Gobernación de Córdoba, no se cuenta con la información suficiente
para determinar si la referida conducta realizada por el demandado se llevó a cabo
cuando la inscripción de los aspirantes se encontraba formalizada.
33. Finalmente, indicó que le asiste razón a la RNEC, respecto de su falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que «la causal de nulidad invocada y las
razones en que se apoya desbordan la misión asignada por el Constituyente a la
Registraduría Nacional del Estado Civil».
34. En virtud de lo expuesto, manifestó que las pretensiones propuestas por el
demandante no están llamadas a prosperar.
8. Sentencia de primera instancia32
35. Mediante sentencia del 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Segunda de Decisión, negó la nulidad de la elección de Nairon Rafael
Usta González, como concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027.
36. Para fundar su decisión, comenzó por indicar que no había mérito para
acceder a la tacha de falsedad propuesta por el actor respecto del acuerdo aportado
por el demandado, máxime si se tiene en cuenta que la prueba documental de la
adhesión a la candidatura de Erasmo Elías Zuleta Bechara también fue allegada por
el movimiento AICO.
37. Luego de valoradas las pruebas, el tribunal encontró acreditado el sujeto
activo como elemento configurativo de la doble militancia, toda vez que, Nairon
Rafael Usta González resultó electo concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), tal
como lo contempla el formulario E-26 CON del 3 de noviembre de 2023.
38. Por otra parte, advirtió que, pese a que la parte actora refirió en el escrito de
la demanda los formularios E-6 GO y E-8 GO de Gabriel Enrique Calle Aguas y
Erasmo Elías Zuleta Bechara, lo cierto es que dichos documentos no fueron
aportados.
30 A quien supuestamente debía apoyar el demandado.
31 Quien supuestamente recibió respaldo por parte del demandado.
32 Índice 73 Samai.
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39. Bajo ese entendido, indicó que el demandante incumplió con la carga
probatoria prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no se
acreditó la inscripción como candidato de quien supuestamente recibió apoyo por
parte del demandado, lo cual impide que el tribunal tenga certeza sobre el partido
político que lo avaló; por ende, no es posible analizar la conducta prohibida.
40. Así, se indicó que las pretensiones serían denegadas, toda vez que, «no se
alcanzaron a estructurar» los elementos propios de la doble militancia en la
modalidad de apoyo.
41. Finalmente, declaró la prosperidad de las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuestas tanto por la Registraduría Nacional
del Estado Civil como por el Consejo Nacional Electoral, toda vez que el presunto
asunto versa sobre una irregularidad atribuida al demandado, lo cual no tiene
relación alguna con las referidas entidades.
9. Recurso de apelación33
42. Mediante apoderado judicial, solicitó que se revoque la sentencia del 4 de
julio de 2024 del Tribunal Administrativo de Córdoba, para que, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda.
43. En primer lugar, reafirmó lo dicho por el a quo en cuanto a la omisión de
aportar las documentales que dieran cuenta de la inscripción de Gabriel Enrique
Calle Aguas y Erasmo Elías Zuleta Bechara como candidatos a la gobernación de
Córdoba. Sin embargo, frente a ello esgrimió que, de conformidad con la fijación de
litigio, el tribunal debió solicitar de oficio en la audiencia inicial los formularios
correspondientes a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral.
44. Aunado a lo anterior, sostuvo que, «es un deber del juez de oficio verificar los
hechos alegados por las partes»34; luego, si los formularios mencionados resultaban
relevantes para decidir de fondo, debían ser requeridos de oficio «a las entidades
idóneas para dicho objeto».
45. Por otra parte, sostuvo que la candidatura de Gabriel Enrique Calle Aguas y
Erasmo Elías Zuleta Bechara a la Gobernación de Córdoba, se considera como «un
hecho conocido ampliamente por todos los habitantes del departamento», por lo
que no se requerían documentos que dieran cuenta de ello.
46. Finalmente, argumentó que, una vez el tribunal solicite las documentales
referidas, «con toda seguridad llegará a la conclusión de que el demandado si
incurrió en la prohibición contenida en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA en
la modalidad de apoyo».
33 Índice 76 Samai.
34 Para fundamentar lo anterior citó la «Sentencia SU768/2014», sin identificar número de expediente ni
corporación.
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10. Trámite en segunda instancia
47. El 13 de agosto de 202435, el despacho ponente admitió el recurso
interpuesto por el demandante. A su vez, ordenó poner el expediente a disposición
de las partes, para presentar alegatos de conclusión, y del Ministerio Público para
emitir concepto.
11. Alegatos de conclusión en segunda instancia
48. Mediante apoderado judicial, el demandado36 sostuvo que la decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba se considera ajustada a la Constitución Política,
a la ley y al precedente jurisprudencial, por lo que solicitó que la sentencia sea
confirmada.
49. Indicó que el demandante debía verificar los anexos de la demanda y que,
en todo caso, en la audiencia inicial tuvo la oportunidad de manifestar la existencia
de irregularidades procesales o probatorias derivadas del presente asunto. Además,
señaló que la parte actora contó con las oportunidades pertinentes para aportar los
documentos que permitieran evidenciar la inscripción de los candidatos a la
gobernación de Córdoba.
50. Seguidamente, precisó que, contrario a lo esbozado por el apelante, del
acervo probatorio no es posible concluir respaldo hacia la campaña de Gabriel
Enrique Calle Aguas. Además, insistió en que no tenía conocimiento sobre el
acompañamiento brindado por el movimiento al cual pertenece, hacia la candidatura
de Erasmo Elías Zuleta Bechara.
51. Sostuvo que, si en gracia de discusión se tuviera como acreditada la
inscripción de los referidos candidatos a la gobernación, lo cierto es que no se
encuentran determinados los demás elementos configurativos de la doble militancia
en la modalidad de apoyo37, tal como lo sustentó en la contestación de la demanda
y los alegatos de conclusión en primera instancia.
12. Concepto del Ministerio Público38
52. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó que la
sentencia del tribunal sea confirmada, toda vez que no se configuró el «elemento
objetivo»39 de la doble militancia en la modalidad de apoyo, pues no se demostró la
inscripción de los candidatos a la Gobernación de Córdoba.
53. Expuso que el proceso de nulidad electoral «está atado al principio de
congruencia» en relación con las pretensiones, las excepciones y la decisión
emitida; por ende, al juez no le está permitido «dictar sentencias por fuera (extra) o
por más (ultra) de lo pedido (petita)».
35 Índice 5 Samai.
36 Índice 11 Samai.
37 Elementos subjetivo, temporal, modal o de conducta prohibida y territorial.
38 Índice 13 Samai.
39 Se precisa que, aunque el Ministerio Público refiere al elemento objetivo, lo cierto es que de su argumentación
se deduce que realmente se trata del elemento subjetivo.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González,
concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00016-01
54. En línea con lo anterior, indicó que, pese a que el actor hizo alusión a los
formularios E-6 de los candidatos a la Gobernación de Córdoba, lo cierto es que no
los aportó al proceso. Así, resaltó que la decisión de primera instancia tuvo
coherencia con los hechos y las pretensiones que resultaron probadas.
55. Por otra parte, contrario a lo esbozado por el apelante, subrayó que, la
inscripción de Enrique Calle Aguas y Erasmo Elías Zuleta Bechara no obedece a un
hecho notorio, pues se requiere de las documentales pertinentes y conducentes
para probarla. Además, precisó que lo único que podría resultar notorio es la
celebración de las elecciones el 29 de octubre de 2023.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
56. De conformidad con los artículos 15040, 152 numeral 7.a41 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado42,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del 4 de julio de 2024 emitida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, y es la
Sección Quinta, en este caso, quien debe conocer del asunto, porque se demandó
el acto de elección de Nairon Rafael Usta González como concejal de Ciénaga de
Oro (Córdoba), periodo 2024-2027.
2. Acto demandado
57. Se demanda la nulidad de la elección de Nairon Rafael Usta González, como
concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027, contenida en el
formulario E-26 CON del 3 de noviembre de 2023, por, presuntamente, incurrir en
la causal de nulidad de doble militancia por apoyo, prevista en el numeral 8° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
40 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. (…) <inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en
el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
41«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado por el
artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El
nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)».
(Subrayado fuera del texto original)
42 Artículo 13.
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3. Problema jurídico
58. A partir de los fundamentos de la apelación, se deberá determinar si se
revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
59. Para resolver la anterior cuestión, la Sala verificará si se configura la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, establecida en el numeral
8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011; para lo cual se deberá definir en primera
medida si se probó la inscripción de la candidatura de Gabriel Enrique Calle Aguas
a la Gobernación de Córdoba, como lo señala el recurrente y, en caso positivo, se
analizará si el demandado incurrió en actos positivos y concretos de apoyo a favor
de dicho aspirante.
60. Con el propósito de dar solución al cuestionamiento antes planteado, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) la doble militancia; ii)
la doble militancia en la modalidad apoyo y, iii) el caso concreto.
3.1. De la doble militancia
61. La prohibición de doble militancia fue establecida al interior del ordenamiento
jurídico, con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas, para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos. 43
62. En tal sentido, en el artículo 107 de la Constitución Política de 1991, se
dispuso:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen
para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio […].
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, Rad. 70001-23-33-000-2020-00004-
03, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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63. Posteriormente, con la Ley 1475 de 201144, se fijaron presupuestos taxativos
para poder estructurar dicha prohibición, para lo cual, en su artículo 2° se contempló:
Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que
haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia.
64. Ahora bien, en relación con la prohibición de doble militancia, esta Sala de lo
Electoral reiteró lo sostenido por la jurisprudencia, en sentencia del 10 de marzo de
202245, e indicó que existen 5 modalidades en las que esta se puede configurar, de
las cuales se destaca la que se propone en este asunto:
Mod. Sujeto Conducta Elemento temporal
1. Quienes ostenten cargos de Apoyar candidatos Desde el momento en
dirección, gobierno, distintos a los inscritos el que la persona
administración o control o hayan por el partido o inscribe su
sido o aspiren ser elegidos en movimiento político al candidatura hasta el
cargos o corporaciones de cual se encuentren día de las elecciones.
elección popular.46 afiliados.
44 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de
los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
45 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 10 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
radicado No. 76001-23-33-000-2019-01141-01.
46 Inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011. Frente a los candidatos elegidos establece: «los candidatos
que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al
que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer
día de inscripciones».
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65. Frente a la acreditación del elemento objetivo, esta Sección se ha
pronunciado en los siguientes términos:
(…) (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos
positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (ii)
Los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o
continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de la situación
de inelegibilidad puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el
contexto de la campaña política. (iii) El apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (iv) La
probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de
bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que
permitan superar toda duda razonable. (v) El actuar objeto de sanción se centra
en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un
candidato.47 (Negrita fuera de texto)
3.2. La doble militancia en la modalidad de apoyo
66. Como se expuso, la doble militancia se presenta en diferentes modalidades,
una de ellas, se configura cuando se apoya a un candidato distinto de la
organización política a la cual se pertenece. En esa línea, el inciso 2° del artículo 2°
de la Ley 1475 del 2011, define dicha modalidad en los siguientes términos:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos
a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados […]. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
67. Al respecto, esta Sección ha establecido que deberán acreditarse los
siguientes elementos para que se configure la doble militancia en la modalidad de
apoyo48:
En este contexto, se han identificado los siguientes elementos para su configuración:
a) Sujeto activo: los directivos de los partidos y los candidatos a cargos o curules en
corporaciones de elección popular.
b) Conducta prohibida: la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento, a través
de uno o varios actos positivos y concretos, a favor de un candidato inscrito por una
colectividad distinta a aquel al que se pertenece, salvo los casos en que el partido no
tenga aspirante para el mismo cargo o curul o cuando apoyo al candidato de otra
organización política obedezca a una instrucción del propio partido. Así mismo, se ha
precisado que la conducta prohibida se estructura sobre el apoyo ofrecido, pero no
se extiende al que recibe el candidato cuestionado.
c) Elemento temporal: durante la campaña política, que parte del momento de la
inscripción hasta el día de la elección.
4. Pruebas relevantes para el caso
68. Se relacionaron las siguientes:
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto del 2 de junio de 2022. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-28-000-2022-00057-00.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero del
2023, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-28-000-2022-00196-00.
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• Documentales:
1. Formulario E- 26 CON del 3 de noviembre de 2023, que declaró la elección
del demandado como concejal del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba)49.
2. Formularios E-8 CO del 29 de julio de 202350 y E-6 CO del 30 de julio de
202351, en donde se evidencia la inscripción de Nairo Rafael Usta González
como candidato al municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), por el Movimiento
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
3. Manifestación de adhesión suscrito el 8 de agosto de 2023 por el Movimiento
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), para impulsar la candidatura de
Erasmo Elías Zuleta Bechara, candidato a la gobernación de Córdoba,
inscrito por la «COALICIÓN CORDOBA PR1MERO».52
4. Un (1) video, que contiene de la entrevista rendida por Nairon Rafael Usta
González.53
5. Cinco (5) fotografías54.
6. Dictamen pericial denominado «Informe de Aseguramiento Evidencia
Digital»55 y anexos56.
7. Estatutos del movimiento AICO.57
• Testimoniales:
1. Argemiro Manuel Villera Pantoja.
• Interrogatorio de parte:
2. Nairon Rafael Usta González.
5. Caso concreto
69. El demandante plantea en su recurso de apelación, únicamente, que, aunque
no aportó las documentales necesarias para acreditar la inscripción de Gabriel
Enrique Calle Aguas58 y de Erasmo Elías Zuleta Bechara59, como candidatos a la
gobernación de Córdoba, el Tribunal Administrativo de Córdoba debió solicitar, de
oficio, los formularios correspondientes a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y al Consejo Nacional Electoral, máxime si dichas pruebas resultaban relevantes
para decidir de fondo el presente asunto.
49 Páginas 18 a 31. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
50
Página 37. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
51 Páginas 32 a 36. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
52 Páginas 43 a 44. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital. Se precisa que la copia íntegra de dicho
documento fue aportada por el movimiento AICO: Documento 41Memorial.pdf – Expediente digital.
53 Video con duración de 13:02, contenido en el siguiente enlace, aportado por el demandante:
https://www.dropbox.com/scl/fo/hrg2eb6pp4hspcfrk89u0/h?rlkey=2ggd46ruyc0pca92koetqqnim&dl=0
54 Páginas 4 a 7. Demanda – Expediente digital.
55 Documento 26Anexo.pdf – Expediente digital.
56 Documentos: i) 23Anexo.pdf, ii) 24Anexo.pdf, y iii) i) 25Anexo.pdf – Expediente digital.
57 Páginas 45 a 101. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
58 Sobre quien supuestamente el demandado ejecutó actos positivos y concretos de apoyo.
59 A quien el demandado debía respaldar, según lo argumentado por la parte actora.
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70. En el caso particular, se adujo que Nairon Rafael Usta González incurrió en
doble militancia porque apoyó la campaña política de Gabriel Enrique Calle Aguas,
candidato a la gobernación de Córdoba, por la «agrupación política Nuevo Futuro»,
pese a que tenía el deber de respaldar la candidatura de Erasmo Elías Zuleta
Bechara al referido cargo, en virtud de la manifestación de adhesión suscrito por el
representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
71. En esa medida, es necesario precisar, en primer lugar, que la doble militancia
en la modalidad apoyo proscribe «la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento
de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política»60. Además, la estructuración de la
referida prohibición implica «la ejecución de actos positivos y concretos de
apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político», tal como
se indicó en líneas precedentes.
72. Pues bien, de conformidad con el acervo probatorio, particularmente de los
formularios E-8 CO del 29 de julio de 202361 y E-6 CO del 30 de julio de 202362, se
tiene que Nairon Rafael Usta González fue candidato al Concejo municipal de
Ciénaga de Oro (Córdoba) por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
«AICO», y resultó elegido para integrar dicha corporación pública en los comicios
celebrados el 29 de octubre de 2023, tal como se desprende del formulario E-26 CO
del 2 de noviembre de 2023.
73. Bajo ese entendido, en principio, se tendría por acreditado el primero de los
elementos configurativos de la doble militancia en la modalidad enunciada, esto es,
el elemento subjetivo, pues se demostró la calidad de aspirante del demandado a
una corporación pública. Sin embargo, la Sala resalta que dicho aspecto no se agota
con la determinación del sujeto activo, sino que, también debe evidenciarse la
calidad de candidato de aquel que supuestamente recibió apoyo63.
74. En ese sentido, esta Sección ha referido que, frente a los actos de elección
y los de inscripción de candidaturas, «se exige la prueba idónea que demuestren
tales circunstancias, especialmente para efectos de demostrar la doble
militancia»64. A su vez, se ha establecido que65:
[…] para ostentar la condición de candidato, debe existir un registro ante la
respectiva registraduría del Estado Civil, aspecto que se concreta en los
formularios E-6, E-7, E-8 o E-26 correspondientes […].
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
61 Página 37. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
62 Páginas 32 a 36. Documento 01Demanda.pdf – Expediente digital.
63 Al respecto, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
11001-03-28-000-2023-00139-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Auto del 7 de marzo de 2024. «Ahora bien,
la configuración del elemento subjetivo aquí analizado no se agota con la determinación de un sujeto activo que
ostente la condición de candidato, sino que, además, debe identificarse esa misma calidad en el sujeto pasivo
u objeto del apoyo censurado».
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 41001-23-33-000-2024-
00018-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. Auto de 9 de mayo de 2024.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2023-
00185-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya. Auto de 20 de junio de 2024.
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75. Así entonces, pese a que, tanto en el escrito de la demanda, como en la
contestación remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se hace alusión
a los formularios E-6 y E-8, correspondientes a la inscripción de Gabriel Enrique
Calle Aguas y Erasmo Elías Zuleta Bechara, a la gobernación de Córdoba, lo cierto
es que los mentados documentos no fueron allegados al plenario; luego, no se tiene
certeza sobre su calidad de candidatos al referido cargo uninominal, ni de la fecha
de la inscripción de sus aspiraciones políticas.
76. Así las cosas, de las pruebas aportadas no se avizora la calidad de aspirante
de Gabriel Enrique Calle Aguas, supuesto candidato a la Gobernación de Córdoba,
quien presuntamente fue apoyado por el demandado, y tampoco se probó dicha
calidad respecto de Erasmo Elías Zuleta Bechara66, quien debía ser respaldado por
Nairon Rafael Usta González, según lo argumentado por la parte actora.
77. Con todo, la Sala precisa que el deber de respaldo al que alude la parte actora
no configura la doble militancia, sino que, dicha prohibición se concreta con la
ejecución de actos positivos y concretos de apoyo a un candidato inscrito a una
colectividad distinta de la que pertenece el acusado, tal como se esbozó
preliminarmente.
78. Pues bien, la Sala concluye que, como lo sostuvo el tribunal, en el plenario
no obran elementos de convicción necesarios para establecer la calidad de
candidato de Gabriel Enrique Calle Aguas, supuesto apoyado. En esa medida, al no
encontrarse demostrado el elemento subjetivo, se constituye una imposibilidad de
abordar el estudio de los demás aspectos configurativos de la doble militancia;
luego, no podría concluirse que el demandado incurrió en la prohibición aludida.
79. Por otra parte, el apelante refirió que la inscripción de los candidatos a la
Gobernación de Córdoba «es un hecho conocido ampliamente por todos los
habitantes del departamento»; situación que la Sala entiende como un argumento
encaminado a hacer alusión a un hecho notorio, tal como lo puso de presente el
Ministerio Público.
80. Sobre ello, se precisa que, lo que podría resultar como hecho notorio, son las
elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023, pero no la calidad de candidatos
de quienes aspiraban a la gobernación de Córdoba, ni la fecha de inscripción a los
referidos comicios; aspectos que, como se dijo, resultaban indispensables fueran
acreditados oportunamente.
81. Aunado a lo anterior, se precisa que, conforme lo ha indicado el Consejo de
Estado, un hecho notorio «es aquel que puede invocarse sin necesidad de prueba
alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en la posibilidad
de observarlo […] por cuanto las condiciones en que el mismo ocurre, permiten
considerar que, en efecto, los miembros de la colectividad, están en la capacidad
66 Se precisa que, aunque el movimiento AICO decidió manifestar su adhesión y apoyo a la candidatura de
Erasmo Elías Zuleta Bechara, para la Gobernación de Córdoba, lo cierto es de dicho acuerdo no se desprende
la calidad de aspirante de este último, pues tampoco da cuenta de la fecha de inscripción para postularse al
referido cargo uninominal.
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de evidenciarlo, sin importar su ubicación territorial, grado de cultura o
conocimiento»67; situación que no se configura en el caso particular, toda vez que,
se requieren los formularios correspondientes para probar la calidad de candidatos
de quienes supuestamente aspiraban a la Gobernación de Córdoba, pues lo anterior
no se entiende como una circunstancia conocida por la generalidad.68
82. Por otra parte, la Sala pone de presente que, el reproche esbozado por el
actor en su apelación, alude a un reparo sobre el decreto de pruebas que realizó el
tribunal y, afirma que, una vez el a quo acceda a su petición, se determinará la
incursión del demandado en la conducta prohibida69. Al respecto, se precisa que tal
argumento no se traduce en una solicitud probatoria, sino que, el actor revela su
insatisfacción frente a la actuación del tribunal y su determinación de no decretar
pruebas de oficio.
83. Ahora, se subraya que, las manifestaciones relacionadas con el debate
probatorio debieron ser elevadas en la oportunidad procesal correspondiente, pues
en este punto, el análisis gira, únicamente, en torno a las inconformidades derivadas
de la sentencia emitida en primera instancia.
84. En esa línea, se resalta que, el artículo 212 del CPACA70 fijó una carga a
los sujetos procesales que pretenden hacer valer los medios de convicción en las
oportunidades procesales correspondientes71, las cuales, «son de carácter
preclusivo»72, pues con ello se busca garantizar el equilibrio entre los sujetos
procesales y el respeto por el derecho de contradicción y defensa.
85. Finalmente, la Sala recuerda que, el decreto probatorio de oficio, es una
atribución potestativa del juez; luego, no resulta procedente que dicha facultad tenga
origen en una solicitud de parte.73
86. Así las cosas, es lo procedente confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, por
las razones que se expusieron en la presente providencia.
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 15001-23-33-000-2020-
00100-01. Sentencia de 29 de abril de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate.
68 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 30
de agosto de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00076-00 y auto de 17 de
septiembre de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado No. 18001-23-33-000-2020-00009-01.
69 Se aclara que el demandante no elevó petición probatoria en sede de apelación.
70 ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a
la cuestión planteada.
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos […]
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta. Sentencia del 6 de mayo de 2021. Expediente
08001-23-33-000-2019-00820-01. MP Rocío Araújo Oñate.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 26 de febrero de 2013,
M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado No. 08001-23-333-004-2012-00173- 01(20135).
73 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. 4 de
noviembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad: 54001-23-33-000-2020-00010-02; Auto 5 de junio de
2024, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01. Auto de 29 de junio de 2024, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01.
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Demandante: Daniel Enrique Montiel Osorio
Demandado: Nairon Rafael Usta González,
concejal de Ciénaga de Oro (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00016-01
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 4 de julio de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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