Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2024-00538-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2024-00538-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2024-00538-02
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de septiembre de 2025
Demandante: Maritza González Catalán
Demandado: Wilmer Orozco Carrillo
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00538-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00538-02
Demandante: MARITZA GONZÁLEZ CATALÁN
Demandado: WILMER OROZCO CARRILLO – PRIMER
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE TURBACO – PERIODO 2025
Temas: Falta de jurisdicción – Competencia del ad quem
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
la ciudadana Maritza González Catalán solicitó nulidad del Acta 096 del 9 de
noviembre de 2024, por medio de la cual el Concejo de Turbaco (Bolívar) eligió al
señor Wilmer Orozco Carrillo como primer vicepresidente de ese cabildo municipal
para el periodo 2025.
1.2. Hechos
La demandante narró que aceptó una curul en el Concejo de Turbaco (Bolívar), por
virtud del derecho personal previsto en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018
(Estatuto de la Oposición), al obtener la segunda mejor votación en las elecciones
para la alcaldía. Indicó que desde el inicio del cuatrienio el Partido de la U, al que
pertenece, se declaró en oposición al gobierno municipal.
Mencionó que el Partido Centro Democrático, donde milita el demandado, adhirió la
aspiración de la señora Claudia Espinoza Puello a la alcaldía municipal, por lo que
dicha colectividad siempre estuvo alineada con el gobierno, y no en la oposición. No
obstante, el 6 de noviembre de 2024, la agrupación política en mención inició el
trámite para modificar su declaración política, para pasar de coalición de gobierno
a oposición.
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Demandante: Maritza González Catalán
Demandado: Wilmer Orozco Carrillo
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00538-02
Precisó que para el momento de la elección de la mesa directiva para la vigencia
2025, esto es, 9 de noviembre de ese año, la única agrupación política declarada
en oposición era el Partido de la U, empero, en la sesión de esa fecha se eligió al
demandado como primer vicepresidente, pese a que para ese entonces su
colectividad no era disidente.
1.3. Concepto de la violación
El fundamento del libelo se hizo consistir, básicamente, en la trasgresión de los
artículos 18 del Estatuto de la Oposición y 28 de la Ley 136 de 1994, que consagran
el derecho de las organizaciones políticas opositoras a ocupar la primera
vicepresidencia de la mesa directiva en la corporación pública, pues el partido al
que pertenece el elegido no tenía la condición formal de opositor para el momento
de la elección controvertida.
Adicionalmente, la designación acusada desatendió la alternancia de género
prevista en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, pues para la primera
vicepresidencia del periodo 2024 fue elegido el señor Hisnaldo Dávila Lerma, por lo
que dicha plaza, para el periodo 2025, debió ocuparse por una mujer, sin embargo,
fue provista con Wilmer Orozco Carrillo.
1.4. Actuaciones procesales
Por auto del 12 de febrero de 2025 se admitió la demanda y se decretó la
suspensión provisional de la elección acusada. El a quo dispuso notificar al
demandado y al presidente de la duma municipal1.
1.5. Contestación de la demanda
El demandado, a través de apoderado, advirtió que el tribunal de instancia no es
competente para conocer del presente medio de control.
Al respecto, explicó que la demandante pretende la aplicación de las garantías que
la Ley 1909 de 2018 establece en favor de las agrupaciones políticas declaradas en
oposición, entre otras, el derecho a ocupar una de las posiciones en la mesa
directiva de la corporación pública, y el principio de alternancia de género.
Por ende, consideró que para el efecto que persigue la parte actora, las
organizaciones políticas en disidencia deben acudir a la acción de protección de los
derechos de la oposición, prevista en el artículo 28 del estatuto bajo cita como
mecanismo administrativo de protección de las garantías consagradas en sus
disposiciones, que se tramita ante el Consejo Nacional Electoral.
De ahí que el tribunal carezca de competencia para resolver el asunto, toda vez que
existe una indebida escogencia de la acción que desemboca en la ineptitud de la
1 La apelación que presentó el demandado contra esta providencia, fundada en la falta de competencia del a
quo, se rechazó por improcedente, a través de auto del 6 de junio de 2025.
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Demandante: Maritza González Catalán
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demanda.
Precisó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-018 de 2018, declaró
exequible el referido artículo 28, al considerar que la protección de los derechos de
la oposición es una atribución que la Constitución Política confirió al Consejo
Nacional Electoral, a través de una acción especial de naturaleza administrativa y
no judicial.
Advirtió que el a quo realizó una lectura equivocada de la sentencia SU-073 de 2021
con la que sustentó su competencia al admitir la demanda, en tanto tal
pronunciamiento reafirmó la atribución del Consejo Nacional Electoral como
autoridad administrativa a cargo de resolver las controversias en torno a los
derechos de la disidencia política, y que las decisiones que adopte al respecto son
pasibles de control judicial.
Afirmó que el a quo se apartó de las garantías judiciales que protege la Convención
Americana de Derechos Humanos, y del principio del juez natural contemplado
como garantía del debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política, en la
medida que la autoridad competente para dirimir los conflictos derivados de los
derechos de la oposición es el Consejo Nacional Electoral.
En escrito separado, propuso la excepción de falta de competencia, con sustento
en los argumentos destacados con anterioridad.
1.6. Otras actuaciones de la primera instancia
Por auto del 13 de mayo de 2025 el a quo dispuso el trámite de sentencia anticipada.
Al pronunciarse sobre la excepción que cuestiona la competencia de la autoridad
judicial, precisó que desde la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se
descartó la configuración de la indebida escogencia de la acción como un supuesto
para dictar fallo inhibitorio, toda vez que el medio de control puede adecuarse.
Por otra parte, sostuvo que el Estatuto de la Oposición no derogó el artículo 139 del
CPACA, ni expresa o tácitamente, por lo que el medio de control de nulidad electoral
consagrado en la referida disposición es idóneo para juzgar la legalidad del acto
acusado.
Concluyó que, por ende, la acción prevista en el artículo 28 de la Ley 1909 de 20182,
no excluye la competencia de esta jurisdicción. Sobre esta base, tampoco puede
admitirse que la decisión administrativa sea requisito de procedibilidad, pues esta
interpretación no se deriva de la sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional,
porque ese pronunciamiento ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral
2 ARTÍCULO 28. ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN. Para la protección de los
derechos que se consagran en esta ley, las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán una
acción de carácter especial ante la Autoridad Electoral, con las siguientes características:
(…).
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Demandante: Maritza González Catalán
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para decidir asuntos de naturaleza electoral y la posibilidad del cuestionamiento
judicial de sus decisiones, sin limitar el ejercicio del medio de control de nulidad
electoral. En consecuencia, declaró no probada la excepción.
Posteriormente fijó el litigio en los siguientes términos:
¿Si el nombramiento del señor Wilmer Orozco Carrillo como Primer
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Turbaco para el
período 2025, desconoció el principio de legalidad, la alternancia de género y
representación de la oposición habida cuenta que, a juicio de la demandante,
determinó la elección de una persona que no reúne las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad, especialmente los consagrados en los
artículos 9 y 18 de la Ley 1909 de 2018; el 28 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012 y con desconocimiento de los artículos
6, 13 y 209 de la Constitución Política?
Finalmente, tuvo como tales las pruebas aportadas por las partes y dispuso el
traslado para alegar de conclusión y para que el Ministerio Público rindiera
concepto.
1.7. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 12 de junio de 2025,
declaró la nulidad del acto de elección demandado.
Advirtió que, para el 9 de noviembre de 2024 (fecha de la elección demandada), el
Partido Centro Democrático, al que pertenece el elegido, no ostentaba formalmente
la condición de agrupación opositora, toda vez que aun cuando se declaró en
disidencia mediante oficio del 6 de noviembre de 2024, tal postura no podía producir
efectos desde ese momento, comoquiera que las prerrogativas que la ley confiere
a la oposición se hacen exigibles a partir de la inscripción de dicha declaración en
el registro único de partidos y movimientos políticos, tal como lo dispone el artículo
9 de la Ley 1909 de 2018.
Por consiguiente, precisó que, para el momento de la designación acusada, la única
colectividad política opositora, con representación en el Concejo de Turbaco, era el
Partido de la U, en el cual milita la demandante, por lo que le correspondía la primera
vicepresidencia de la corporación para el periodo 2025.
Adicional a lo anterior, sostuvo que dicha posición en la mesa directiva, en el periodo
2024, fue ocupada por el señor Hisnaldo Dávila Lerma, de manera que la
designación de otro hombre en esa dignidad para el periodo 2025 desconoció la
alternancia de género de que trata el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.
1.8. El recurso de apelación
El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, reiterando los argumentos que planteó en la contestación de la demanda
cuando propuso la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer del
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asunto de la referencia.
Agregó que el Estatuto de la Oposición tiene rango de ley estatutaria, por lo que
prevalece sobre las ordinarias como son, entre otras, las leyes 136 de 1994, 1551
de 2012 y 1437 de 2011, además que por ser posterior prima sobre estas últimas.
1.9. Actuaciones de segunda instancia
Por auto del 20 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación y se
ordenaron los traslados a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.
1.9.1. Alegatos de conclusión
El demandado reiteró el fundamento de la alzada.
El apoderado de la demandante advirtió que el cuestionamiento sobre la
competencia de esta jurisdicción fue resuelto en el auto del 13 de mayo de 2025,
por lo que la apelación persigue la reapertura de un debate zanjado. Solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia, por cuanto se configuraron las causales
de nulidad alegadas.
1.10. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia, por cuanto esta jurisdicción sí es competente para
conocer del asunto, puesto que la acción de protección de los derechos de la
oposición y el medio de control de nulidad electoral son instrumentos procesales
disímiles, que no están supeditados entre sí dado su carácter autónomo. En ese
orden, el medio de control judicial puede promoverse por cualquier persona, y tiene
por objeto controvertir una decisión derivada de la función electoral, para que se
retire del orden jurídico en pro de la legalidad, mientras que el procedimiento
administrativo debe ser promovido por el representante de la colectividad opositora,
en procura de que se le restablezca el derecho vulnerado.
Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-018 de 2018, se pronunció
acerca de la constitucionalidad de la acción de protección de los derechos de la
oposición sin excluir la posibilidad de que cualquier persona promueva el
contencioso de nulidad electoral, mientras que en la sentencia SU-073 de 2021,
aunque indicó que la decisión que adoptara la autoridad administrativa es
controlable en su legalidad por la vía judicial, tampoco descartó la posibilidad de
promover de forma autónoma el medio de control.
Indicó que, si bien la Ley 1909 de 2018 tiene rango estatutario, ello no implica que
no se pueda cuestionar la legalidad de un acto de elección con fundamento en una
disposición de tal estatuto o en cualquier norma legal, por infracción de las normas
en que debía fundarse el acto.
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 20193, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la
referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad de la elección del señor
Wilmer Orozco Carrillo como primer vicepresidente del Concejo Municipal de
Turbaco (Bolívar) para el periodo 2025, cuyo control de legalidad corresponde a los
tribunales administrativos, en primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 7, literal c)4 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 28 de la Ley 2080 de 2021.
2.2. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca sentencia del 12 de junio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
El demandado, si bien plantea la falta de competencia del a quo para resolver el
asunto, lo cierto es que sus reparos cuestionan, en realidad, la falta de jurisdicción.
Es necesario destacar que la jurisdicción debe entenderse como la función pública
de administrar justicia, asignada por la Constitución y la ley a los jueces, y
excepcionalmente a otras ramas del poder público para que desempeñen funciones
jurisdiccionales. Mientras que la competencia constituye una medida de distribución
de la jurisdicción, para efectos de determinar cuál de las autoridades que detentan
la función de administrar justicia deben conocer del caso concreto, según los
factores objetivo5, subjetivo6, territorial7, funcional8, o por conexidad9.
3
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
4«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de
voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados
públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así
como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento,
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o
consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no
esté atribuida expresamente al Consejo de Estado; (…)» (Negrillas fuera de texto).
Según el censo reciente del DANE, la población del municipio de Turbaco (Bolívar) es de 98.667 habitantes.
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5 Según la naturaleza del asunto o la materia, o por razón de la cuantía.
6 En consideración a la calidad del sujeto que debe intervenir en la relación procesal.
7 Determina el juez que conoce el asunto según el lugar vinculado al litigio.
8 Derivada de la estructura jerárquica de la administración de justicia, y de la etapa procesal, para determinar la
competencia para conocer del asunto en única, primera o segunda instancia.
9 Que asigna la competencia del juez con base en haber resuelto un asunto previo, relacionado con el litigio,
como cuando le corresponde la ejecución de una obligación derivada de haber declarado el derecho.
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Bajo ese entendimiento, el reparo del demandado refiere que el tribunal de primera
instancia carece de jurisdicción, por cuanto el debate sobre la protección de los
derechos de la oposición que reclama la actora no es del resorte de la función
judicial, por estar reservada al conocimiento de una autoridad administrativa, es
decir, el Consejo Nacional Electoral.
Hecha esta precisión, se debe determinar si en el presente caso se configuró la
excepción de falta de jurisdicción, por cuanto el debate que se planteó en la
demanda debía tramitarse ante una autoridad administrativa por virtud de la acción
prevista en el artículo 28 del Estatuto de la Oposición. En la medida que la
jurisdicción por el factor funcional es un presupuesto procesal improrrogable10, es
procedente su análisis en cualquier estado del proceso, incluso en la segunda
instancia11.
Se advierte que al tenor de lo previsto en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso12, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada13.
2.4. Caso concreto
Según el demandado, las garantías derivadas del Estatuto de la Oposición deben
reclamarse ante una autoridad electoral y no judicial, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 28 de la preceptiva en mención que consagra:
ARTÍCULO 28. ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
OPOSICIÓN. Para la protección de los derechos que se consagran en esta ley,
las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán una
acción de carácter especial ante la Autoridad Electoral, con las siguientes
características:
a) Se instaurará dentro de un término que permita establecer una relación de
inmediatez, oportuna y razonable, con los hechos que vulneran el derecho
respectivo.
b) La solicitud será suscrita por el representante de la respectiva
organización política en el que se indicará contra quien se dirige, la conducta
objeto de reproche, los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho que la
10 De acuerdo con el artículo 16 del Código General del Proceso: Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad
de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional
son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de
competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se
hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con
posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.
11 Recientemente, esta sección se ocupó de resolver un reparo de la apelación contra la sentencia de primera
instancia, que cuestionaba el incumplimiento de un presupuesto procesal, a saber, la competencia funcional del
tribunal de primer grado para conocer del asunto (Sentencia del 6 de marzo de 2025. Exp: 05001-23-33-000-
2024-00298-02. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil). En otras oportunidades, la Sala se ha ocupado de resolver
reparos de esta índole, cuando en la alzada se cuestionó la competencia funcional del a quo (Sentencia del 27
de enero de 2022. Exp: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (ppal). M.P: Rocío Araújo Oñate).
12 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la
remisión prevista en su artículo 306.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-
00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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sustentan y la medida que, a su juicio, debe tomar la Autoridad Electoral para
proteger el derecho.
(…)
g) La Autoridad Electoral está facultada para tomar todas las medidas
necesarias para el restablecimiento del derecho vulnerado, incluida la
adopción de medidas cautelares.
h) Si se protege el derecho, se ordenará su cumplimiento dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
(…)
De esta acción se recalcan características como i) la competencia de una autoridad
electoral14 para conocer la solicitud; ii) la legitimación, en tanto son las
organizaciones políticas, a través de su representante legal, las facultadas para
promover la acción de protección de los derechos de la oposición; y iii) el
restablecimiento del derecho conculcado a la oposición, a través de las medidas del
caso, incluyendo las cautelares.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-018 de 2018, destacó «la
naturaleza administrativa de este procedimiento», y precisó que las actuaciones de
la autoridad electoral, en todo caso, «están sometidas a las acciones contenciosas
que prevé la ley», de lo que se deriva que lo resuelto por el órgano administrativo
es pasible de control judicial. Con posterioridad, en la sentencia SU-073 de 2021, la
referida corporación reiteró la naturaleza administrativa de esta actuación y la
posibilidad de que «sean los jueces contencioso-administrativos quienes examinen
la legalidad de la actuación» del Consejo Nacional Electoral.
Nótese que estos pronunciamientos no decantaron regla alguna de la que se derive
el deber de agotar este trámite administrativo como requisito de procedibilidad para
promover el enjuiciamiento de un acto de elección.
Si bien las decisiones que sobre el particular adopte la autoridad electoral, pueden
ser controladas en su legalidad ante la autoridad judicial, ello no condiciona el
ejercicio autónomo del contencioso de nulidad electoral previsto en el artículo 13915
de la Ley 1437 de 2011 que, valga recordar, es «una acción pública, que se
caracteriza, entre otras cosas, porque puede ser interpuesta por cualquier persona,
pero primordialmente porque su objeto va en la misma dirección del interés
general», por lo que su propósito persigue «salvaguardar el ordenamiento jurídico
en sentido objetivo, y por ello, el control jurisdiccional a que se someten los actos
electorales se realiza mediante la confrontación del acto con respecto a las normas
jurídicas invocadas y el concepto de violación»16.
14 Según la Corte Constitucional, «la Autoridad Electoral prevista por el constituyente es el Consejo Nacional
Electoral, órgano constitucional autónomo de naturaleza administrativa, y cuyo origen político confía en la
capacidad del sistema democrático de auto determinarse y de garantizar a las organizaciones políticas un grado
importante de autonomía». Sentencia C-018 de 2018.
15 ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de
elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las
entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento
para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
(…) (Negrillas fuera de texto).
16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 30 de enero de 2014. Exp: 11001-03-28-000-2013-00061-00.
M.P: Alberto Yepes Barreiro.
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Por consiguiente, «quien acude ante la jurisdicción a través de este medio de control
no busca una finalidad diferente a la de proteger el ordenamiento jurídico sin que
tenga espacio la reclamación de derechos subjetivos»17.
Se hace esta precisión para poner de presente que el contencioso electoral no está
concebido como un mecanismo para el restablecimiento de derechos, como serían
los de la colectividad afectada con la designación del demandado, caso en el cual
la agrupación política, si a bien tiene, puede acudir a la acción administrativa
prevista en el Estatuto de la Oposición y, eventualmente, incoar el mecanismo de
control judicial correspondiente si lo resuelto por la autoridad electoral le resulta
desfavorable.
Por el contrario, el contencioso de anulación electoral busca la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto, a iniciativa de cualquier ciudadano, que en el
presente caso consiste en establecer si la designación cuestionada desconoció los
dictados legales que rigen la participación de las agrupaciones opositoras en la
mesa directiva de la duma municipal.
Aunque el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 consagra la exigencia de demandar
las decisiones adoptadas por las autoridades electorales, no debe perderse de vista
que tales resoluciones deben corresponder con las que «resuelvan sobre
reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios», en el
marco de elecciones por voto popular, que no es el caso que ocupa a la Sala.
De ahí que el proceso judicial de legalidad electoral constituya una acción pública
autónoma que no está sujeta al agotamiento de reclamos administrativos previos18.
Las consideraciones anteriores desvirtúan el argumento del apelante, en cuanto
reclama priorizar la jerarquía estatutaria de la Ley 1909 de 2018, que además es
posterior a las leyes 136 de 199419, 1551 de 201220 y 1437 de 2011.
En los términos del artículo 2.° de la Ley 153 de 1887, «[e]n caso de que una ley
posterior sea contraria á (sic) otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se
juzga, se aplicará la ley posterior». Por otra parte, al tenor de artículo 3.° ibidem,
«[e]stimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del
legislador, ó (sic) por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó
(sic) por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á (sic) que la
anterior disposición se refería».
17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Exp: 05001-23-33-000-2016-
00254-02. M.P: Rocío Araújo Oñate.
18 Conviene poner de presente que ante esta sala electoral se tramitó y resolvió una demanda en contra de la
elección del segundo vicepresidente del Senado de la República, por violación de las garantías de la oposición
previstas en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, aun cuando la problemática que sustentó el libelo fue del
conocimiento del Consejo Nacional Electoral en instancia administrativa. Sentencia del 3 de febrero de 2022.
Exp: 11001-03-28-000-2021-00048-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
19 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
20 «Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
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Demandante: Maritza González Catalán
Demandado: Wilmer Orozco Carrillo
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00538-02
De acuerdo con estas premisas interpretativas, un precepto legal carecerá de
vigencia cuando el legislador señala su derogatoria expresa, o se derivará su
abolición tácita cuando es contraria a dictados legales posteriores sobre la materia.
Es necesario aclarar que el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, tal como fue
modificado por el artículo 22 de la Ley 1551 de 201221 consagró la prerrogativa de
las agrupaciones en disidencia para participar en la primera vicepresidencia de la
mesa directiva de la duma municipal, de manera que tales preceptivas no contienen
disposiciones contrarias a las que posteriormente reguló el Estatuto de la Oposición,
más bien son concordantes.
Por su parte, la Ley 1437 de 2011 no reglamentó asuntos relacionados con los
derechos de la oposición política, por lo que no es admisible entender la derogatoria
de alguno de sus preceptos con ocasión de la promulgación de la Ley 1909 de 2018.
Por lo demás, y atendiendo el contexto de la alzada, se tiene que el Estatuto de la
Oposición no estableció el agotamiento de la acción de protección de los derechos
de la oposición como requisito de procedibilidad para promover el medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. Además, no
se advierte contradicción legal entre la acción administrativa y la procedencia
autónoma del medio de control, tal como se expuso en las consideraciones
precedentes, por lo que no hay lugar a priorizar la jerarquía estatutaria que reclama
el demandado.
Aclarado lo anterior, dado que el fundamento de la apelación no cuestionó las
razones por las que el a quo anuló la designación del demandado como primer
vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Turbaco, la Sala se
abstendrá de proveer sobre este particular, so pena de desconocer los límites de la
competencia del superior previstos en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso, por lo que se impone la confirmación de la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
21 Ley 1551 de 2012: Artículo 22. Sustitúyase el inciso 2° del artículo 28 de la Ley 136 de 1994, así: El o los
partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la primera vicepresidencia del
Concejo. (…).
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Demandante: Maritza González Catalán
Demandado: Wilmer Orozco Carrillo
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00538-02
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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