Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00298-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00298-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2024-00298-02
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de marzo de 2025
Demandante: Alison Yulied Restrepo Salazar
Demandado: Luis Marcelo Valencia Mena como
secretario general del Concejo de Apartadó
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00298-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00298-02
Demandante: Alison Yulied Restrepo Salazar
Demandado: Luis Marcelo Valencia Mena como secretario general del
Concejo de Apartadó (Antioquia), para el periodo 2024
Temas: Procedimiento de elección de los secretarios de concejos de
municipios de primera, segunda y tercera categoría.
Aplicación de la Ley 1904 de 2018 - Interpretación gramatical
de la ley (artículo 28 del Código Civil).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra el fallo proferido, el 15 de enero de 2025, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia1, mediante el cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El 20 de febrero de 20242, Alison Yulied Restrepo Salazar solicitó la nulidad
del acta de sesión n.° 4 del 9 de enero de 2024 y de la Resolución n.° 123 del día
siguiente, por medio de las cuales el Concejo de Apartadó eligió a Luis Marcelo
Valencia Mena, como su secretario general, para el periodo 2024, y le notificó la
decisión, respectivamente.
1.2. Fundamentos fácticos
2. La parte actora refirió los siguientes hechos:
1 Índice 54 Samai del tribunal.
2 Índice 2 Samai del tribunal.
3 Por medio de la cual se notificó la elección.
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Demandante: Alison Yulied Restrepo Salazar
Demandado: Luis Marcelo Valencia Mena como
secretario general del Concejo de Apartadó
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a. Mediante la Resolución n.° 113 del 7 de diciembre de 2023 se convocó y fijó
el reglamento del procedimiento de elección del secretario general del Concejo
de Apartadó.
b. Agotado el trámite establecido, en sesión del 9 de enero de 2024 (acta n.° 4),
el Concejo de Apartadó eligió a Luis Marcelo Valencia Mena, como su secretario
general, para el periodo 2024.
c. El 10 de enero de 2024, mediante la Resolución n.° 12, la mesa directiva
ordenó la notificación al elegido. El mismo día, el señor Luis Marcelo Valencia
Mena aceptó la designación.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. La parte actora señaló que el acto de elección del demandado vulneró los
artículos 6° de la Constitución Política, «139» y 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 43 de la Ley 1952 de
2019, 5 y 12 de la Ley 1904 de 2018 y el 153 de la Ley 2200 de 2022, en tanto i) la
convocatoria destinada para ocupar el cargo de secretario general del Concejo de
Apartadó se realizó de manera directa y ii) el demandado fue elegido, pese a tener
una prohibición en relación con la ocupación de cargos públicos en el referido
municipio.
4. En virtud de lo expuesto, explicó que se trasgredieron las disposiciones
legales señaladas en la Ley 1904 de 2018, pues el Concejo de Apartadó no celebró
contrato o acuerdo con instituciones de educación superior, públicas o privadas, y
con acreditación de alta calidad, para efectos de llevar a cabo la convocatoria
relativa a la elección del secretario general de la referida corporación.
5. De la misma manera, advirtió que con la elección demandada se incurrió en
la causal de nulidad electoral del numeral 5.° del artículo 275 del CPACA, toda vez
que, en su criterio, el señor Valencia Mena tiene «vigente una incompatibilidad para
desempeñar cargos públicos en las entidades (…) de Apartadó, desde el primero
(1) de diciembre de 2023, hasta 12 meses después de su retiro como concejal» de
aquel municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.° del artículo 43
de la Ley 1952 de 2019.
1.4. Solicitud de suspensión provisional
6. El extremo activo solicitó, como medida cautelar, suspender el acto mediante
el cual se eligió al señor Luis Marcelo Valencia Mena como secretario general del
Concejo de Apartadó, con fundamento en los mismos cargos señalados en la
demanda.
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1.5. Trámite en primera instancia
1.5.1. Admisión y otras decisiones
7. Por medio de auto del 4 de marzo de 20244, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda; dispuso las notificaciones y comunicaciones
pertinentes y decretó la suspensión provisional del acto acusado, al considerar que
la convocatoria para la elección del secretario general del Concejo de Apartadó
desconoció las disposiciones constitucionales y legales previstas para tales efectos.
8. Inconforme con lo anterior, el demandado, el 7 del mismo mes y año,
interpuso recurso de apelación5, el cual fue resuelto por esta corporación, en el
sentido de confirmar la decisión de decretar la medida cautelar de suspensión
provisional que se controvertía.
1.5.2. Contestación
9. El demandado6 se opuso a las pretensiones de la demanda, pues advierte
que al Concejo de Apartadó no le era exigible contratar un ente universitario, en
tanto aquella corporación podía adelantar el proceso de elección de manera
autónoma, en uso de su discrecionalidad.
10. Asimismo, consideró «que las etapas de la convocatoria se surtieron de
manera adecuada y objetiva, según las disposiciones de la Ley 1904 del 2018, de
lo cual no puede derivarse ninguna causal de nulidad». Además, señaló que la
convocatoria atendió criterios imparciales para la evaluación de los aspirantes,
mediante los cuales se dio cumplimiento a los parámetros que se fijaron en la
convocatoria.
11. En este sentido, añadió que durante el proceso de elección se materializaron
los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y mérito, en
tanto se cursaron todas las etapas correspondientes, relativas a la «convocatoria,
inscripción y recepción de documentación, prueba de conocimientos –
competencias funcionales, valoración de estudios y experiencia superiores a los
requisitos del empleo, entrevista, publicación de la lista de seleccionados y
elección».
12. De la misma manera, adujo que, teniendo en cuenta que el proceso
eleccionario no debe atender las rigurosidades propias de la elección del contralor
general de la República, las cuales se encuentran establecidas en la referida Ley
1904, la trasgresión alegada por la parte actora «no resulta evidente, clara, ni salta
a la vista de la simple confrontación del acto acusado y la norma invocada como
violada».
4 Índice 15 Samai del tribunal.
5 Índice 21 Samai del tribunal.
6 Índice 33 Samai del tribunal.
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13. Por último, propuso como excepciones: falta de causa para demandar,
legalidad de las Resoluciones 113 del 7 de diciembre de 2023 y 012 del 10 de enero
de 2024; la innominada o genérica y, como excepción previa, la integración del
litisconsorcio necesario7.
1.5.3. Trámite de las excepciones
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia corrió traslado de las excepciones
propuestas8, entre el 11 y el 15 de abril de 2024, término dentro del cual no hubo
pronunciamiento de la demandante.
15. Asimismo, el 30 de abril de 20249, resolvió declarar no probada la
excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario, en tanto
consideró que no se encontró imprescindible u obligatoria la presencia de un tercero
en el proceso.
1.5.4. Otros trámites en primera instancia
16. Mediante providencia del 3 de mayo de 202410, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la falta de competencia para conocer del presente asunto y ordenó
su remisión a los Juzgados Administrativos de Medellín, al advertir que, al momento
de admitir la demanda, no previó la competencia que la Ley 2080 de 2018 asignó a
estos, en primera instancia.
17. Mediante auto de 22 de mayo de 202411, el Juzgado 39 Administrativo Oral
de Medellín avocó conocimiento del asunto. Luego, con sentencia del 22 de agosto
del mismo año declaró la nulidad parcial del Acta 004 de 2024 del Concejo de
Apartadó, por medio de la cual se eligió al secretario general de la referida
corporación y la nulidad de la Resolución 012 de 10 de enero de 2024, expedida por
la Mesa Directiva del Concejo Municipal de dicho municipio.
18. En contra de esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual le correspondió por reparto a la Sala Séptima de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, no obstante, encontrándose el presente proceso en
discusión al interior de la Sala, se advirtió que había lugar a declarar la nulidad de
la sentencia de primera instancia por falta de competencia funcional, sin que el
trámite previo a la referida decisión perdiera validez.
19. Lo anterior, en tanto consideró que dicha competencia, en primera instancia,
debe atender los criterios relativos i) al nivel del cargo sobre el que se elevaron las
pretensiones de nulidad electoral (directivo, asesor o sus equivalentes) y ii) al
7 Solicitó «vincular al presente trámite a los señores Rubiel Antonio Montes Guisao, Presidente del
Concejo Municipal de Apartadó para el periodo 2020; Jaminton Vives Serna, Presidente del Concejo
Municipal de Apartadó para periodo 2021; Jorge Humberto Atehortúa Castaño, Presidente del
Concejo Municipal de Apartadó para periodo 2022; y Luis Carlos Álvarez Chaverra, Presidente del
Concejo Municipal de Apartadó para el periodo 2023».
8 Índice 34 Samai del tribunal.
9 Índice 37 Samai del tribunal.
10 Índice 41 Samai del tribunal.
11 Índice 41 Samai del tribunal.
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número de habitantes, en caso de que sea del orden municipal, puesto que debe
superar los 70.000 habitantes, de acuerdo con la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
20. En este sentido, al concluir que el cargo demandado pertenece a un empleo
del nivel directivo y que el municipio de Apartadó, según el DANE, tiene «121.003»
habitantes, constató que había lugar a declarar la falta de competencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia para tramitar en segunda instancia. En consecuencia,
ordenó su remisión para que se impartiera el correspondiente, por el referido
tribunal, pero en primera instancia.
1.5.5. Decisión que ordenó adelantar las actuaciones de sentencia anticipada
21. Teniendo en cuenta que el tribunal estableció que las diligencias previas a la
sentencia de primera instancia conservarían su validez, la Sala precisó que el
Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Medellín dispuso el trámite de sentencia
anticipada; decretó como pruebas las allegadas con la demanda y fijó el litigio en
los siguientes términos12:
Problema jurídico: Bajo este escenario, corresponde al Juzgado determinar si la
elección del señor Luis Marcelo Valencia Mena como Secretario General del Concejo
de Apartadó, esta viciada de nulidad. Para ello se requiere determinar y analizar cuál
es el régimen jurídico aplicable para la selección de los Secretarios de los Concejos
municipales, el procedimiento que debe ser aplicado y si las particularidades de cada
municipalidad varían la forma en que se realiza. Adicional a ello, se deberá estudiar
el régimen de incompatibilidades e inhabilidades para ejercer el cargo de Secretario
General de los Concejos Municipales y si en el caso concreto se configuró alguna.
[Sic a toda la cita].
1.5.6. Sentencia de primera instancia
22. Mediante sentencia del 15 de enero de 202513, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de nulidad, al encontrar acreditado que existió
un vicio consistente en la infracción de las normas en que debía fundarse el acto de
elección del secretario general del Concejo de Apartadó (Antioquia) para el periodo
2024, en particular, las contenidas en la Ley 1904 de 2018.
23. Lo anterior, al constatar que, para la elección del cargo de secretario general
de dicha corporación, debía realizarse una convocatoria pública, en línea con las
disposiciones de la referida Ley 1904 y en total garantía de los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito.
24. En este sentido, el tribunal señaló que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley
1904 de 2018, por aplicación analógica, debía entenderse que, en los concejos
municipales de los entes territoriales de 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría, la convocatoria debía
hacerse por intermedio de su respectiva mesa directiva, pues solo aquella tiene la
facultad para seleccionar a una institución de educación superior, pública o privada,
12 Índice 50 Samai del tribunal.
13 Índice 54 Samai del tribunal.
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y con acreditación de alta calidad, como presupuesto obligatorio para adelantar el
proceso de selección.
25. De la misma manera, adujo, que con base en «los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación y los Gastos de Funcionamiento del año 2021, certificados por la
Contraloría General de la República (CGR), así como la información sobre población
para el año anterior, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE» el Municipio de Apartadó, para el periodo 2023, estaba
clasificado en la categoría tercera. En consecuencia, señaló que la contratación de
una institución de educación superior no estaba sujeta a la discrecionalidad del
concejo, sino al acatamiento de lo dispuesto en la ley.
26. Así las cosas, advirtió que el Concejo de Apartadó, al expedir la Resolución
n.° 113 del 7 de diciembre de 2023, mediante la cual se establecía el procedimiento
para la convocatoria pública, no designó a «una universidad o institución de
educación superior, pública o privada, para el desarrollo de la convocatoria a través
de la cual se iba a proveer el cargo (…), [sino que] por el contrario, en el artículo
segundo indicó que el proceso de convocatoria pública para la elección (…) estaría
bajo la responsabilidad de la Corporación, con el apoyo de las personas naturales
y/o jurídicas que estime necesario y conveniente contratar para designar a dicho
funcionario».
27. Por consiguiente, refirió que, si bien, con la modificación al parágrafo
transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018, hecha por la Ley 2200 de 2022,
se «introdujo la posibilidad de que las entidades territoriales de categorías 4.ª, 5.ª y
6.ª pudieran prescindir de la contratación de instituciones de educación superior
públicas o privadas» lo cierto es que aquello no es aplicable al Municipio de
Apartadó, pues aquel pertenece a la tercera categoría.
28. Finalmente, en relación con la causal de nulidad contenida en el numeral
5.°del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a que el demandado tenía
vigente una incompatibilidad para desempeñar el cargo, el tribunal señaló que esta
no resulta aplicable, en tanto la norma se refiere a «los cargos públicos de
gobernador, diputado, alcalde, concejal y miembros de las juntas administradoras
locales en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de
su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del
servicio».
29. Por ello, concluyó que no era posible ampliar el alcance de su tipificación o
adecuar la causal de incompatibilidad del numeral 1.º del artículo 43 de la Ley 1952
de 2019, en atención al carácter taxativo y restrictivo que deviene de aquellas
disposiciones.
1.5.7. Recurso de apelación y su trámite en primera instancia
30. El 21 de enero de 202514, el demandado presentó recurso de apelación, en
el que solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, pues, a su juicio, el
14 Índice 57 Samai del tribunal.
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Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en cuenta que el Concejo de Apartadó,
para acreditar el acompañamiento de una universidad durante el proceso de
elección de su secretario, solicitó apoyo financiero por parte de la alcaldía de dicho
municipio, pero aquel fue negado por la referida entidad. En ese sentido, la
institución educativa Areandina presentó una propuesta por $20.000.000, pero no
se pudo concretar en tanto el ente municipal no contaba con el dinero para
sufragarla.
31. De la misma manera, aludió a un concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado15 y un concepto del Departamento Administrativo de la
Función Pública16, en los que se señalaron que, para efectuar la elección del
secretario de la corporación, se tiene cierto grado de discrecionalidad, en tanto
«cada entidad deberá adaptar el procedimiento contenido en la [l]ey de acuerdo con
sus propias condiciones económicas y sociales, garantizando que su aplicación sea
eficaz, ágil y oportuna sin que se exija la intervención de una Institución de
Educación Superior acreditada de alta calidad para el desarrollo del proceso».
32. Por último, sostuvo que el tribunal debió declarar su falta de competencia y,
en consecuencia, ordenar la remisión del asunto a los Juzgados Administrativos
Orales del Circuito de Turbo (Antioquia)17, toda vez que, en su criterio, el acto
demandado correspondía a uno emanado de un cuerpo electoral, a saber, el
Concejo de Apartadó.
1.6. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia
33. El 3 de febrero de 202518, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite del artículo 293 del CPACA.
1.6.1. Traslado del recurso e intervención
34. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público19, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
35. Dentro de dichos términos solo se presentó la intervención de la
procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado20 en el que solicitó
confirmar la sentencia del 15 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
15 «Radicado 11001-03-06-000-2018-00234-00 del 11 de diciembre de 2018» y «Concepto 069731
de 2022 Radicado No. 20226000069731 de fecha 9 de febrero de 2022».
16 No identificó a que concepto hace referencia.
17 Al manifestar: «[…] la competencia para conocer de elecciones no populares de corporaciones
electorales, como el concejo de Apartado Antioquia, correspondería, precisamente a “un asunto
relativo” a la nulidad del acto de elección por cuerpos electorales, cuya competencia no está
asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos, y el asunto era de conocimiento
de los juzgados administrativos ORALES DEL CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA en primera
instancia, y en este caso también se debe declarar la falta de competencia y remitir el asunto a los
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS ORALES DEL CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA, para lo de su
competencia».
18 Índice 5 Samai.
19 Entre el 13 y el 17 de febrero de 2024 (índice 10 Samai) y desde el 18 al de del mismo mes y año
(índice 11 Samai), respectivamente.
20 Índice 12 Samai.
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Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la elección de Luis Marcelo
Valencia Mena como secretario general del Concejo de Apartadó.
36. Lo anterior, en tanto consideró que, tal como lo resolvió esta corporación en
la providencia que desató la solicitud de suspensión provisional de la medida
cautelar, el Concejo de Apartadó estaba obligado a celebrar contratos o convenios
con instituciones especializadas, con el fin de evaluar el mérito de los candidatos a
secretario de dicha corporación pública, pues el legislador no previó que la falta de
recursos económicos constituyera alguna excepción para dar aplicación de lo
dispuesto en la Ley 1904 de 2018.
37. Por último, frente a los reparos sobre la presunta falta de competencia, señaló
que, contrario a lo dicho por el demandado, el Tribunal Administrativo de Antioquia
sí podía conocer del presente asunto, toda vez que, «según la Resolución 314 del
30 de noviembre de 2022 expedida por la Unidad Administrativa Especial
Contaduría General de la República, para el período 2023 -año para el cual se debió
celebrar la convocatoria pública reclamada- el municipio de Apartadó tenía 129.751
pobladores y estaba certificado en categoría 3».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
38. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandado, de conformidad con los artículos 15021 y 152,
numeral 7.º, literal c)22 del CPACA, así como lo dispuesto en el artículo 1323 del
Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Caso concreto
39. El 20 de febrero de 2024, la señora Alison Yulied Restrepo Salazar solicitó la
nulidad del acta 4 del 9 de enero de 2014 y de la Resolución 1224 del día siguiente,
por medio de las cuales, el Concejo de Apartadó eligió al señor Luis Marcelo
Valencia Mena, como su secretario general, y le notificó su designación.
21 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
22 «Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: [...] 7.
De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: c) De la nulidad de los actos de elección o
llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de
los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más [...]». Conforme el censo poblacional del
DANE del 2018, el Municipio de Apartadó tiene un total de 112.396 habitantes. Enlace de consulta:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-
de-poblacion-y-vivenda-2018, conforme el inciso final del artículo 177 del Código General del
Proceso.
23 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
24 Acto administrativo por medio del cual fue notifica la elección al secretario general elegido por el
Concejo de Apartadó.
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40. En criterio de la demandante la elección no cumplió con las normativas
aplicables, como lo establece el artículo 137 del CPACA, específicamente, indicó
que el Concejo de Apartadó no celebró un contrato o acuerdo con instituciones de
educación superior, públicas o privadas y con acreditación de alta calidad para llevar
a cabo la convocatoria destinada a ocupar el cargo de secretario general. En
cambio, aquella se realizó de forma directa y, en consecuencia, desconoció la Ley
1904 de 2018.
41. En sentencia del 15 de enero de 202525, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda y anuló la elección, pues se
probó que no se aplicó el procedimiento establecido en la Ley 1904 de 2018. Como
sustento de ello, explicó que el concejo no contrató a una institución de educación
superior para que llevara a cabo la convocatoria, como lo exige tal normativa para
los municipios de tercera categoría, como lo es Apartadó.
42. El 21 de enero de 202526, la parte demandada solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones conforme
con los siguientes argumentos:
a) El tribunal no valoró que el Concejo de Apartadó solicitó apoyo financiero a la
alcaldía municipal para contratar a una universidad que llevara a cabo el proceso
de elección, ante la falta de recursos para la selección del secretario general. En
ese sentido, la institución educativa Areandina presentó una propuesta por
$20.000.000, pero no se pudo concretar por no contar con el dinero para ello.
Como sustento de lo anterior, sostuvo que el Consejo de Estado27 ha indicado
que cada entidad adaptará el procedimiento de la Ley 1904 de 2018 a sus
condiciones económicas y sociales, garantizando una aplicación eficaz, ágil y
oportuna. Por lo tanto, el concejo debe aplicar por analogía el trámite de dicha
normativa, considerando la categoría y complejidad del municipio para la elección
del secretario.
A su vez, afirmó que el tribunal no tuvo en cuenta que el concejo podía adelantar
el proceso de selección sin contratar una institución educativa, tal como lo ha
expresado la Sala de Consulta y Servicio Civil28 y un concepto del Departamento
Administrativo de la Función Pública29.
b) Finalmente, el apelante consideró que el tribunal no declaró su falta de
competencia y debió remitir el asunto a los juzgados administrativos orales del
25 Índice 54 Samai del tribunal.
26 Índice 57 Samai del tribunal.
27 Citó aportas del Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 11001-
03-06-000-2018-00234-00 del 11 de diciembre de 2018.
28 «Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 11 de diciembre del 2018.
Rad. 11001-03-06-000-2018-00234-00 (2406). MP. Édgar González López. 3 Concepto 069731 de
2022 Radicado No. 20226000069731 de fecha 9 de febrero de 2022».
29 No identificó a cuál concepto hace referencia.
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Demandante: Alison Yulied Restrepo Salazar
Demandado: Luis Marcelo Valencia Mena como
secretario general del Concejo de Apartadó
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00298-02
circuito de Turbo (Antioquia)30, al sostener que la elección cuestionada
correspondía a un acto emanado de un cuerpo electoral, esto es, del Concejo de
Apartadó.
43. Los problemas jurídicos por resolver en esta instancia son i) si la competencia
para conocer el presente proceso correspondía a los juzgados administrativos o al
tribunal, en primera instancia y ii) si el Concejo de Apartadó, a pesar de ser un
municipio de tercera categoría, podía adelantar directamente el proceso de
selección de su secretario general sin contratar a una universidad para ello.
44. Las cuestiones jurídicas trazadas se abordarán estrictamente a partir de los
argumentos planteados en la apelación, precisión que se sustenta en los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso (CGP)31, que prescriben que este medio
de impugnación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos formulados por la parte recurrente32.
45. Respecto al cuestionamiento del apelante en el cual señaló que el tribunal no
declaró su falta de competencia y debió remitir el asunto a los juzgados
administrativos orales del circuito de Turbo (Antioquia)33, por cuanto, a su juicio, el
acto demandado correspondía a uno emanado de un cuerpo electoral, la Sala
advierte lo siguiente:
a) La competencia para conocer del presente medio de control se encuentra
regulada en el artículo 152, numeral 7.º, literal c) del CPACA, de la siguiente
manera:
Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos:
30 Como sustento de dicho argumento, el impugnante manifestó: «[…] la competencia para conocer
de elecciones no populares de corporaciones electorales, como el concejo de Apartado Antioquia,
correspondería, precisamente a “un asunto relativo” a la nulidad del acto de elección por cuerpos
electorales, cuya competencia no está asignada al Consejo de Estado o a los tribunales
administrativos, y el asunto era de conocimiento de los juzgados administrativos ORALES DEL
CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA en primera instancia, y en este caso también se debe declarar
la falta de competencia y remitir el asunto a los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS ORALES DEL
CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA, para lo de su competencia».
31 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra,
sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de
presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley».
33 Frente a este reparo de la apelación, el señor Valencia Mena, manifestó: «[…] la competencia para
conocer de elecciones no populares de corporaciones electorales, como el concejo de Apartado
Antioquia, correspondería, precisamente a “un asunto relativo” a la nulidad del acto de elección por
cuerpos electorales, cuya competencia no está asignada al Consejo de Estado o a los tribunales
administrativos, y el asunto era de conocimiento de los juzgados administrativos ORALES DEL
CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA en primera instancia, y en este caso también se debe declarar
la falta de competencia y remitir el asunto a los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS ORALES DEL
CIRCUITO DE TURBO-ANTIOQUIA, para lo de su competencia».
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[...]
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
[…]
c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso,
distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de
restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus
equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los
municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de
departamento, independientemente de la autoridad nominadora.
b) En consecuencia, le correspondía al Tribunal Administrativo de Antioquia su
conocimiento en primera instancia y no a los juzgados administrativos como lo
alegó el impugnante, por tratarse de la solicitud de nulidad de un nombramiento,
sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes, de un municipio de setenta mil (70.000)
habitantes o más, toda vez que, conforme el censo poblacional del DANE del
201834, el de Apartadó tiene un total de 112.396 personas.
c) En ese sentido, la competencia en primera instancia correspondía al tribunal y
en segunda a esta Sección en virtud del artículo 15035 del CPACA, porque se trata
de la apelación de una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que
accedió a las pretensiones de la nulidad del acto de elección del secretario
general del Concejo de Apartadó.
46. Aclarado lo anterior, en el orden de los antecedentes expuestos se confirmará
la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, por cuanto se probó que el
Concejo de Apartadó no aplicó el procedimiento dispuesto en la Ley 1904 de 2018
para elegir a su secretario general, a pesar de ser un municipio de tercera categoría.
Por ende, los argumentos planteados en la apelación carecen de vocación de
prosperidad de cara a revocar la decisión de primera instancia, como pasa a
explicarse.
47. El artículo 153 de la Ley 2200 de 202236 modificó el parágrafo transitorio del
12 de la Ley 1904 de 2018, en los siguientes términos:
Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por
analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos
municipales de entidades territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de
preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente
parágrafo transitorio. [Énfasis de la Sala].
34 Enlace de consulta: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018, conforme el inciso final del artículo 177 del
Código General del Proceso.
35 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
36 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
departamentos».
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48. Conforme ello se observa que la Ley 1904 de 2018 ofrece un margen de
maniobra a los concejos municipales en los procedimientos de elección de sus
secretarios, para que se ajusten a las particularidades administrativas, sin que sea
posible desconocer los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y mérito.
49. En cuanto a la designación de una institución de educación superior para
acompañar el proceso de selección, la Sección Quinta en sentencia del 24 de
agosto de 202337, al estudiar el alcance de la mencionada normativa, estableció la
obligatoriedad de este requisito en los municipios de primera, segunda y tercera
categoría.
50. Así las cosas, para llevar a cabo las etapas de las elecciones que
corresponden a las corporaciones públicas, las mesas directivas deben asegurar la
designación de una institución de educación superior, la cual se identificará en la
convocatoria. Además, las pruebas de conocimiento serán elaboradas y practicadas
por la universidad escogida y la evaluación es obligatoria para ponderar el mérito
de los aspirantes38, por cuanto, la excepción a la obligatoriedad de dicha
contratación se hizo respecto a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría
con el fin de preservar sus finanzas territoriales.
51. En consonancia con dichas consideraciones, la Sala resolverá los cargos de
la apelación elevadas por el señor Luis Marcelo Valencia Mena. Así, aquel
argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta decisiones del Consejo de Estado sobre
la elección del secretario de los concejos, y las circunstancias que esbozó en torno
a la falta de recursos para contratar una universidad, pese a las solicitudes de apoyo
que en tal sentido hizo a la Alcaldía de Apartadó.
52. La Sala advierte que las decisiones39 citadas en la apelación son anteriores
a la Ley 2200 del 15 de febrero de 2022, por lo tanto, no son aplicables al presente
caso. Esta reforma modificó el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904
de 2018 y estableció, de forma específica, que municipios deben aplicar el
procedimiento de elección allí establecido. De esa manera, es posible afirmar que
aquella normativa eximió de forma expresa, a los concejos de municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría de observar sus disposiciones en la elección de sus
secretarios.
53. Además, la reforma del año 2022 está en armonía con los conceptos que
sustenta la apelación, por cuanto tuvo en cuenta las condiciones económicas de los
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de
agosto de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00674-02, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
38 Sobre el tema se puede consultar del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 5 de diciembre de 2024, expediente 68001-23-33-000-2024-00272-
02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
39 Como sustento del recurso de alzada, el apelante citó las siguientes providencias: «concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 11001-03-06-000-2018-00234-00 del 11
de diciembre de 2018» y «Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 11
de diciembre del 2018. Rad. 11001-03-06-000-2018-00234-00 (2406). MP. Édgar González López.
3 Concepto 069731 de 2022 Radicado No. 20226000069731 de fecha 9 de febrero de 2022».
[Énfasis de la Sala].
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municipios a partir de su jerarquía para autorizar la aplicación analógica de la Ley
1904 de 2018, en consecuencia, los de primera, segunda y tercera categoría deben
celebrar un convenio o contratar una institución educativa superior para evaluar el
mérito de los aspirantes.
54. En ese sentido, el artículo 153 de la Ley 2200 de 2022 fue claro y preciso en
fijar la excepción de aplicación por analogía del procedimiento de elección
establecido en la Ley 1904 de 2008, a los municipios de cuarta, quinta y sexta
categoría, como se explicó «con el fin de preservar sus finanzas»40. Por lo tanto, se
debe acudir a su interpretación gramatical41, conforme el artículo 28 del Código Civil.
55. Al respecto, conviene traer a colación la anterior normativa que establece:
«las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras». Frente a dicha norma, la Corte Constitucional42
se ha pronunciado de la siguiente manera:
En efecto, la mayor parte del vocabulario legal es tomado del léxico del lenguaje
natural, y su significado coincide con el que le adjudican los hablantes ordinarios. No
sin razón el artículo 28 de (sic) Código Civil establece que “las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dará en estas su significado legal”. De este modo, tan solo
excepcionalmente los vocablos legales adquieren un significado especial, cuando así
lo disponga el propio derecho positivo, tal como ocurre con palabras como “culpa”,
“persona”, o “delito” en el ámbito del derecho civil y del derecho penal.
Esto se explica, por un lado, por el tipo de materias regladas por el derecho, pues por
estar vinculadas al comportamiento humano en sociedad, la formulación y utilización
de un lenguaje formalizado es altamente improbable. Asimismo, como el destinatario
último de la ley son las personas en general, y como éstas a su vez se comunican
mediante el lenguaje natural, no tendría sentido diseñar un sistema normativo cuyos
receptores no pueden comprenderlo, por estar expresado en una lengua a la que no
pueden acceder […]. [Cursiva del original].
56. Por lo tanto, el primer argumento del apelante no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que, el legislador literalmente estableció que el procedimiento
de elección establecido en la Ley 1904 de 2018 no aplicaría a los municipios de
cuarta, quinta y sexta categoría y, en cambio, sí a los de primera, segunda y tercera,
esta última es la que tiene el Municipio de Apartadó.
57. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme las siguientes
40 Artículo 153 de la Ley 2200 de 2022.
41 Sobre la interpretaciones gramatical o literal, con fundamento en el artículo 28 del Código Civil,
entre otras decisiones se pueden consultar las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de febrero de 2025, expediente 15001-
23-33-000-2024-00229-02, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, expediente
11001-03-28-000-2023-00013-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de mayo de 2017, expediente 11001-03-28-000-2016-
00025-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
42 Corte Constitucional, sentencia C-135 del 1.º de marzo de 2017, expediente D-11571, MP. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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conclusiones: i) la competencia en primera instancia para conocer este proceso era
del tribunal y no de los juzgados administrativos, conforme con el artículo 152,
numeral 7.º, literal c) del CPACA y ii) el procedimiento de la Ley 1904 de 2018 es
aplicable a la elección del secretario general del Concejo de Apartadó, conforme el
artículo 153 de la Ley 2200 de 2022.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 15 de enero de 2025, por medio de la cual,
el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló el acto de elección del señor Luis
Marcelo Valencia Mena como secretario general del Concejo de Apartadó, conforme
las consideraciones de la presente decisión.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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