Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00013-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00013-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00013-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
14 de septiembre de 2023
Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00013-00
Demandante: IVÁN ANDRÉS FLÓREZ BARAJAS
Demandado: ACTO ELECTORAL DE HILDA GONZÁLEZ NEIRA, COMO
MAGISTRADA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Temas: Ejercicio de la profesión de abogado con buen crédito.
Declaratoria de responsabilidad del Estado por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Análisis de la
modalidad de la conducta en acción de repetición
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio
procesal que impida abordar el fondo de este asunto, corresponde a la Sección
Quinta del Consejo de Estado dictar fallo dentro del proceso de nulidad electoral de
la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Iván Andrés Flórez Barajas presentó demanda1 en ejercicio del medio
de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, contra el acto de
elección de la señora Hilda González Neira como magistrada de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, solicitó que se accediera
a la siguiente pretensión:
«PRIMERO: Se DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL -
NOMBRAMIENTO- CONFIRMACION (sic), contenido en el -Acuerdo 1539 del 18
de febrero de 2021- y el segundo proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia, mediante el cual se nombra en propiedad a la señora HILDA GONZALEZ
(sic) NEIRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 37.827.625, de Bucaramanga
en el cargo de Magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, como su acto de CONFIRMACION (sic).»
1
El 6 de marzo de 2023.
1
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
1.2. Hechos
2. El demandante sostuvo que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
mediante Acuerdo 1539 del 18 de febrero de 2021, nombró en propiedad a la señora
Hilda González Neira en el cargo de magistrada de la Sala de Casación Civil de
dicha corporación judicial.
3. Indicó que el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 establece los requisitos para el
cargo, los cuales se verifican mediante la expedición del acto de confirmación, que
no ha sido publicado.
4. Enfatizó en que, para el acceso al empleo de magistrada de la Corte Suprema
de Justicia, el orden constitucional y legal exige el cumplimiento de calidades
personales, que no se acreditaron por la demandada, especialmente, haber ejercido
su profesión con buen crédito.
5. Lo anterior, por cuanto en el sistema de información SAMAI del Consejo Estado,
se registra la presentación de una demanda de repetición instaurada por la Nación
• Rama Judicial en contra la señora Hilda González Neira, con fecha 1° de febrero
de 20232.
6. Aseguró que era claro que la accionada, en el ejercicio de la función pública de
administración de justicia, desplegó una conducta dolosa o gravemente culposa
constitutiva de daño antijurídico que generó una condena patrimonial contra la
Nación – Rama Judicial, cuyo pago ahora se persigue mediante la aludida demanda.
7. En este aspecto, expuso que la elegida al haber actuado de esa manera, no sólo
afectó la imagen del servicio público de administración de justicia, sino también su
funcionamiento dado el impacto en la disponibilidad presupuestal que tiene la
condena impuesta.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
8. La parte actora estimó que el acto de elección de la señora Hilda González Neira
incurrió en las causales de nulidad de: (i) infracción de las normas en que debería
fundarse; (ii) falta de competencia; y (iii) desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa -falta de publicidad del acto-; previstas en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011 y, además, lo consagrado en el numeral 5 del artículo 275 del mismo cuerpo
normativo3.
2
El proceso le correspondió por reparto al despacho del magistrado Guillermo Sánchez Luque.
3
«Artículo 275. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.»
2
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
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9. Frente a la realización de la elección con infracción de las normas en que debía
fundarse, el demandante trajo a colación el artículo 232 de la Constitución Política
y aseguró que se desconoció la exigencia de haber ejercido con buen crédito la
profesión de abogada para ser designada magistrada de la Corte Suprema de
Justicia.
10. Lo anterior, debido a que en el momento en que se eligió a la señora Hilda
González Neira, no se tuvo en cuenta que por su conducta dolosa y gravemente
culposa se condenó al Estado, lo que afectó el erario y, también, la imagen y el
funcionamiento de la Nación – Rama Judicial.
11. Para el accionante, con la radicación de la demanda de repetición, se concretó
la falta de requisitos de la elegida, toda vez que es una exigencia de orden procesal
que se presente el medio de control, luego de que la entidad afectada efectúe el
pago de la condena, en este caso, la Nación – Rama Judicial. Este aspecto denota
la existencia del daño patrimonial al erario con ocasión de la conducta desplegada
por la señora Hilda González Neira.
12. Frente a la «falta de competencia» de la Corte Suprema de Justicia, en la
demanda se aclaró lo siguiente:
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena - obró al margen de su
propia competencia funcional dado que se convalida cuando el ejercicio público –
Función Electoral - se despliega en sujeción estricta a las normas constitucionales,
legales y reglamentarias, presupuesto que no se cumplió en la presente elección,
pues se eligió a quien mediante conducta - culposa y gravemente dolosa – afectó
en forma cierta no sólo el erario público sino la imagen, funcionamiento y estructura
de la Nación – Rama Judicial, de ahí que como se expuso la misma Nación – Rama
Judicial – persiga judicialmente a su propia – ELEGIDA – mediante el instrumento
jurídico - acción de repetición - el reintegro absoluto del pago de la condena
impuesta, y restaurar así, la disponibilidad presupuestal de la propia Rama Judicial.
13. En relación con la causal de nulidad referente a haber sido expedido el acto con
«desconocimiento del derecho de audiencia y defensa», manifestó que la autoridad
electoral quebrantó el principio de participación democrática, que a su juicio incluye
el control que se puede ejercer sobre los actos electorales, lo que se impidió por la
falta de publicación del acto.
14. Adujo que esa omisión, afecta las finalidades propias del Estado de Derecho
como son las de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
así como también la de facilitar la participación, sin menoscabo del derecho a la
igualdad, y con fundamento en el principio de equidad.
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
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15. Destacó que la falta de publicidad del nombramiento de los jueces vulnera la
organización democrática y participativa, como lo es el control político con que se
asegura la prevalencia del interés general y principios fundamentales de nuestro
Estado.
16. Para el demandante, esto produjo el desconocimiento del artículo 5 de la Ley
190 de 19954, el cual establece que, en caso de haberse producido un
nombramiento o posesión en un cargo o empleo sin el cumplimiento de los
requisitos para su ejercicio, será procedente solicitar de inmediato su revocación.
1.4. Admisión de la demanda, traslado y negativa de la medida cautelar
17. Con auto del 4 de mayo de 2023, la Sala admitió la demanda, ordenó notificar
a la parte demandada y a las autoridades que intervinieron en la adopción del acto
en la forma prevista en el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 y negó la medida
cautelar solicitada5, consistente en la suspensión provisional del acto de elección
de la señora Hilda González Neira.
1.5. Contestaciones
18. En el término de traslado, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Hilda González Neira
19. El 29 de mayo de 2023, la demandada, a través de su apoderada, se opuso a
la pretensión de nulidad, al considerar que la demanda carecía de vocación de
prosperidad.
20. En cuanto a los cargos referentes al «Quebrantamiento de las normas en que
debería fundarse» y el actuar «Sin competencia», precisó que, en la decisión del 4
de marzo de 2021, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, propuso a la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia confirmar su nombramiento al concluir que
cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 232 de la Constitución.
21. Señaló que tal como se expuso al descorrer el traslado de la solicitud de medida
cautelar y como lo refirió la propia Sala en el auto admisorio de la demanda, las dos
primeras censuras comparten el mismo sustento referido a su supuesta
inelegibilidad con ocasión de la presentación de una demanda de repetición en su
4
«Artículo 5.- En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un
contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la
celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la
infracción.»
5
La medida cautelar solicitada se negó, al concluir que en esa etapa procesal no se contaba con los suficientes elementos
de prueba para advertir, en principio, que la señora Hilda González Neira hubiera sido nombrada sin acreditar el requisito de
haber ejercido la profesión con buen crédito o que la falta de publicidad del acto de nombramiento y confirmación incidiera en
la legalidad del acto.
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contra el 1° de febrero de 2023 que cursa actualmente ante la Sección Tercera del
Consejo de Estado6, lo que en su entender, constituiría una circunstancia
sobreviniente ya que la elección de la magistrada se realizó el 18 de febrero de 2021
y su confirmación ocurrió el 4 de marzo de ese mismo año.
22. Sostuvo que la demanda de repetición a la fecha no había sido admitida, por lo
que no se encontraba trabada la litis y el sistema no permitía consultar el texto de
esta, por lo que no era posible pronunciarse respecto del soporte de esa acción.
23. Señaló que, si bien el demandante de manera puntual se refirió a que la
demandada carece de la exigencia de «haber ejercido con buen crédito la profesión
de abogado», lo cierto era que el examen de esta condición había sido analizado
en diferentes oportunidades por la sala electoral del Consejo de Estado 7, la cual
concluyó que era un elemento autónomo a ser tenido en cuenta por los
nominadores.
24. Aseguró que el buen crédito en el ejercicio de la profesión de abogado como
una de las exigencias para cumplir los requisitos de acceso a la alta magistratura
«no puede medirse en términos subjetivos, que devengan del arbitrio del operador
de la norma, sino que deben estar delimitados por parámetros mínimos de
objetividad», y que fue el desempeño previo en «cargos en la Rama Judicial» el que
habilitó la postulación para su nombramiento.
25. Advirtió que el actor no refirió la existencia de sanción en firme de índole
disciplinario en su contra, bien sea como servidora pública o como abogada que
pudiera tenerse en cuenta para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
de designación y confirmación acusados.
26. Respecto del «quebrantamiento y desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa», manifestó que el demandante de manera confusa citó como vulnerado el
artículo 5° de la Ley 190 de 1995, por cuanto aquél afirmó que en el procedimiento
de designación de la demandada no se garantizó la publicidad y, en consecuencia,
no se permitió su «participación», lo que debilitó de manera real y efectiva el
fortalecimiento del marco democrático e incluyente.
27. Aseveró que el Acuerdo de Sala Plena 1539 de 18 de febrero de 2021, se
notificó a la interesada mediante el oficio OSG No. 130 de ese mismo día y que la
comunidad fue informada conforme a las publicaciones que se hicieron en el sitio
6
Esto se afirmó cuando se contestó la demanda, sin embargo, posteriormente la acción de repetición fue remitida por el
magistrado sustanciador de la Sección Tercera del Consejo de estado, mediante auto del 23 de junio de 2023, al Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Lo anterior, al considerar que carecía de competencia, debido
a que los hechos por los cuales fue condenado el Estado fueron ocasionados cuando la señora Hila González Neira fungió
como titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 25
de junio de 2014, Rad. No. 11001-03-28000-2013-00024-00.
5
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
web de la Corte Suprema de Justicia y específicamente en el enlace «secretaria
general / actos de nombramiento», así como en la página web de la Rama Judicial
por el portal denominado «Consulta de Procesos Nacional Unificada»8, dentro del
expediente con el radicado 11001-02-30-000-2021-00144-00.
28. Advirtió que la supuesta falta de publicidad de los actos de designación y
confirmación de la demandada, fue resuelta por la Sección Quinta en la sentencia
del 7 de diciembre de 20229 en la cual se determinó frente a pretensiones similares
a las de este proceso, que la falta de publicación de un acto administrativo de
carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros,
requisito de eficacia y no de validez frente al mismo.
1.5.2. Corte Suprema de Justicia, a través de la Agencia de Defensa Jurídica
del Estado
29. El 31 de mayo de 2023 la Corte Suprema de Justicia, haciendo uso de lo
establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso 10, otorgó poder a la
mencionada agencia para que asumiera su representación.
30. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes
excepciones:
31. Cosa Juzgada, en tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia
del 7 de diciembre de 202211 negó la nulidad de la elección cuestionada y allí se
refirió a los cargos 1 y 3 de esta nueva demanda, esto es, sobre (i) el aparente
quebrantamiento de las normas en que debería fundarse -artículo 232 de la
Constitución Política- al desconocer la exigencia subjetiva de haber ejercido con
buen crédito la profesión de abogada; y (ii) la supuesta infracción y desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, por la omisión al deber legal de publicidad del
8
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index
9
Rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, en la cual se dijo: «6.4. De
la presunta infracción del principio de publicidad. Las demandantes señalan que se vulneró el principio de publicidad pues, a
su juicio, la Corte Suprema de Justicia no dio a conocer los actos de nombramiento y de confirmación. En ese orden adujeron
que hubo desconocimiento del artículo 65 del CPACA. El artículo 65 del CPACA prescribe que «[t]ambién deberán publicarse
los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular». Ahora bien, como lo señala el primer inciso
de la norma, la consecuencia de su incumplimiento es que «…no serán obligatorios…». Esto va en consonancia con lo que
señala la jurisprudencia con respecto a que «… la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo;
se trata simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad…» A su
vez, esta Sección señaló que «… la falta de publicación de un acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad,
sino de inoponibilidad frente a terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para el acto de carácter
particular que se expida con fundamento en él, se erige en presupuesto de validez…». Los lineamientos jurisprudenciales
enunciados evidencian que no se accederá al cargo propuesto por la demandante, toda vez que el yerro que adujo no afecta
la validez del acto de nombramiento. Igual conclusión se extiende a las irregularidades reseñadas frente a la falta de publicidad
del acto de confirmación. En todo caso, se advierte que las pruebas allegadas evidencian que el Acuerdo nro. 1539 del 18 de
febrero de 2021 que contiene el nombramiento, sí se publicó en la página web de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo
de 2021, conforme con el artículo 6596 del CPACA. También se acreditó la correspondiente comunicación a la demandada,
la cual consta en el oficio PCSJ nro., 0130 del 18 de febrero de 2021.»
10
«Artículo 610. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos: (…) 2. Como apoderada judicial de entidades
públicas, facultada, incluso, para demandar. (…)»
11
Al resolver la demanda de nulidad electoral interpuesta por las señoras Edilma y Mariela Maldonado Paris contra el
mismo acto electoral de la Dra. Hilda González Neira, en el expediente 11001-03-28-000-2021-00032-00.
6
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
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nombramiento.
32. Mencionó que, aunque el demandante hace referencia a la supuesta falta de
competencia de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la señora Hilda González
Neira, en realidad sustentó ese argumento en que la demandada no cumplió con el
requisito de ejercer la profesión de abogada con buen crédito, por lo que esto se
enmarca en la causal de nulidad de infracción a norma superior y no en la falta de
competencia.
33. Destacó que las causales invocadas en la presente demanda, comparten
identidad jurídica y fáctica con el medio de control de nulidad electoral que ya fue
objeto de pronunciamiento por la Sección Quinta del Consejo de Estado12, pues en
ambos casos se invocan las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 y
en el numeral quinto del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
34. Caducidad del medio de control; adujo que la demanda fue interpuesta por
fuera de la oportunidad prevista en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
después de los 30 días de publicado el acto.
35. Señaló que en la sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
celebrada el 18 de febrero de 2021, se eligió a la demandada, lo cual se plasmó en
el Acuerdo No. 1539 de esa fecha. Esta decisión, fue publicada en el sitio web de la
corporación, en el enlace «secretaria general / actos de nombramiento»13, dentro
de la oportunidad prevista en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
Así mismo, refirió que el citado nombramiento fue confirmado por el pleno de la
Corporación en la sesión plenaria de 4 de marzo del mismo año 2021.
36. Manifestó que no existe en el ordenamiento legal, norma que señale cómo debe
efectuarse la publicidad del acto a la comunidad, esto referido a la parte
instrumental, por lo que las corporaciones judiciales encargadas de adelantar
funciones electorales, establecen su propio procedimiento para ese cometido.
37. Por lo anterior, indicó que, para el caso de la demandada, el 23 de febrero de
2021 se dio apertura al expediente No. 11001-02-30-000-2021-00144-00 y es a
partir del 4 de marzo de 2021, que debe contarse el término de caducidad, por haber
sido esta la fecha en que se aprobó por la Sala Plena de la Corte el acto de
confirmación, se enteró a la nominada a través de correo electrónico y se informó a
la comunidad.
38. Adujo que para la fecha en que se radicó la presente demanda, esto es, 6 de
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 7 de diciembre de 2022, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; Rad. 11001032800020210003200
13
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/actos-administrativos-de-nombramiento/
7
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marzo de 2023, ya había transcurrido el término de 30 días, que señala el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, de tal forma que operó el fenómeno de la caducidad.
39. En cuanto a la vulneración del artículo 232 de la Constitución manifestó que la
demandada cumplió a cabalidad con todos los requisitos que exige esta disposición
los cuales fueron verificados al momento de su nombramiento. De igual manera,
explicó que la accionada no se encuentra incursa en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o de conflicto de intereses aplicable a un magistrado de alta corte.
1.6. Resolución de excepciones, fijación del litigio, peticiones probatorias y
traslado para alegar de conclusión
40. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 24 de julio de
2023, decidió sobre las excepciones propuestas, las pruebas solicitadas, fijó el litigio
y dispuso dictar sentencia anticipada.
41. En cuanto a las excepciones resolvió:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada frente al cargo de
falta de publicidad del acto, según lo expuesto en este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS la excepción de (i) cosa juzgada frente al
cargo relativo a la falta del requisito de la demanda referente al buen crédito y (ii) de
caducidad del medio de control, propuestas por el apoderado de la Corte Suprema
de Justicia.
42. Por otra parte, fijó el litigio en el sentido de determinar si en la elección
cuestionada se transgredió el artículo 232 de la Constitución y el numeral 5 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el requisito relativo a ejercer la
profesión de abogado con buen crédito.
43. En relación con las pruebas dispuso (i) rechazar por extemporáneas las
solicitadas por el demandante en el término del traslado de las excepciones 14; (ii)
tener como tales las allegadas por las partes oportunamente; y (iii) decretar de oficio
la práctica de las siguientes:
6.1. REQUERIR a la secretaría de la Sección Tercera o a quien haga sus veces,
para que remita los siguientes documentos:
• Copia de las piezas procesales del medio de control de repetición identificado con
el radicado número 11001-03-26-000-2023-00015-00, magistrado ponente
Guillermo Sánchez Luque, medio de control instaurado por la Nación - Rama Judicial
contra Hilda González Neira.
14
En el término del traslado de las excepciones el demandante solicitó que, entre otras pruebas, se decretaran e incorporaran
las copias de la Resolución No. 1485 del 18 de julio de 2022, del «recibo de pago de la condena patrimonial impuesta en la
sentencia judicial proferida contra la Nación – Rama Judicial», de la «sentencia judicial proferida contra la Nación – Rama
Judicial» y del «auto de ejecutoria de la citada sentencia judicial».
8
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
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6.2. REQUERIR DE OFICIO los siguientes documentos públicos a la entidad y a la
dependencia que se enuncian a continuación, los cuales se consideran pertinentes,
conducentes y necesarios para realizar el pronunciamiento de fondo
correspondiente:
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:
Copia de la Resolución 1485 del 18 de julio de 202215, por medio de la cual se da
cumplimiento a una sentencia judicial proferida contra la Nación – Rama Judicial,
por la conducta de la accionada Hilda González Neira.
– Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Copia de la decisión de 10 de febrero de 2018 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “C” dentro del proceso identificado con el radicado
25000-23-26-000-2008-00201-0116 mediante la cual se condenó patrimonialmente
a la Nación - Rama Judicial, generada por la conducta de la accionada Hilda
González Neira. (…)
44. Finalmente, determinó que no era necesario citar a audiencia de alegaciones y
juzgamiento, por lo que de conformidad con el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011
ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y advirtió que en la
misma oportunidad el Ministerio Público podía rendir concepto.
1.7. Respuestas a los requerimientos realizados con ocasión de las pruebas
de oficio decretadas
1.7.1. Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
45. Mediante memorial del 14 de agosto de 2023, la secretaria de la referida
corporación informó que el magistrado al que le correspondió el proceso, con auto
del 23 de junio de 2023, declaró la falta de competencia del Consejo de Estado para
conocer la «demanda que se formuló contra Hilda González Neira, por un daño
producido cuando esta se desempeñaba como Juez Cuarta Civil del Circuito de
Bogotá, y en consecuencia, ordenó remitir el proceso al Juez Sesenta y Cinco (65)
Administrativo de Bogotá».
46. Agregó que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, a través
del oficio OFI-01563-2023-SJG le corrió traslado del requerimiento al Juez Sesenta
y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
47. Por otra parte, allegó copia digital de la sentencia del 10 de febrero de 2018
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
15
Ob. Cit. «“Por medio de la cual se da cumplimiento a una Sentencia” proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.»
16
Ob. Cit. «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de febrero de 2018, M.P. Jaime Rodríguez
Navas.»
9
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-26-
000-2008-00201-01 y señaló que si era necesaria la copia de la sentencia que
reposa en el expediente debía solicitarla al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
48. El 16 de agosto de 2023, la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de
Estado requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que enviara copia
de la citada providencia judicial.
1.7.2. Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
49. El 18 de agosto de 2023, el referido despacho envió copia digital del medio de
control de repetición identificado con radicado 11001-33-43-065-2022-00202-00.
1.7.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
50. El 18 de agosto de 2023, el secretario de la Sección Tercera del Consejo de
Estado envió copia digital del medio de control de reparación directa con radicado
25000-23-26-000-2008-00201-01.
1.7.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
51. El 18 de agosto de 2023, la referida dependencia administrativa allegó copia
digital de la Resolución 1485 del 18 de julio de 2022 «Por medio de la cual se da
cumplimiento a una Sentencia».
1.8. Alegatos de conclusión17
52. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado como apoderada de la Corte
Suprema de Justicia18, se refirió a la decisión que se pronunció sobre las
excepciones propuestas y precisó que con la elección cuestionada no se transgredió
el ordenamiento jurídico.
53. Describió el contenido de las normas que establecen los requisitos,
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés aplicables a las personas
que pretenden ser magistrados de una alta corte, para advertir que la demandada
cumplía con todas las exigencias constitucionales y legales para hacerlo.
54. Insistió que la Sala de Decisión, en otro proceso de nulidad electoral19,
determinó lo que debía comprenderse al momento de estudiar el requisito del
ejercicio de la profesión con buen crédito y que, debido a que no se había
17
El término para que las partes alagaran de conclusión y que el Ministerio Público rindiera su concepto, corrió desde el 4 de
julio de 2023 a las 8 de la mañana y hasta el 17 de julio de 2023 a las 5 de la tarde.
18
A través de memorial presentado el 7 de septiembre de 2023.
19
Sobre el particular se hizo la siguiente referencia «(Rad. 202100032 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil)»
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
condenado a la señora Hilda González Neira por considerar que su actuar fue
doloso o gravemente culposo, era necesario acudir a la «presunción de inocencia».
55. Agregó que la acción de repetición se encontraba en etapa de admisión, y que
para el momento que se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos, por
parte de la Corte Suprema de Justicia, «no existía».
56. En ese orden de ideas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
57. La apoderada suplente de la señora Hilda González Neira20, hizo referencia a
las decisiones dictadas en el proceso y aseguró que el cargo formulado por el
demandante que subsiste no tiene vocación de prosperidad.
58. Al respecto, sostuvo que antes de la elección y, actualmente, no existe alguna
situación fáctica o jurídica que permita inferir que la demandada se encuentra
incursa en alguna causal de inelegibilidad y que éstas deben interpretarse de
manera restrictiva, con el fin de excluir razonamientos «meramente subjetivos».
59. Consideró que la interpretación y formulación de la inconformidad del señor Iván
Andrés Flórez Barajas es errada, comoquiera que el numeral 4° del artículo 232 de
la Constitución estableció cuatro supuestos diferentes para acreditar los 15 años de
experiencia profesional para ser magistrado de Alta Corte21.
60. Indicó que la Sección Quinta22 se había pronunciado sobre el alcance del
requisito del buen crédito en el ejercicio de la profesión de abogado, sin embargo,
aclaró que en los antecedentes del acto se precisó que la señora Hilda González
Neira se desempeñó previamente en «cargos en la Rama Judicial», que fue lo que
permitió que se postulara para el cargo.
61. En ese sentido, afirmó que la referida exigencia no fue examinada por la Corte
Suprema de Justicia, al insistir que la «habilitación para el destino público surgió a
partir del ejercicio previo por más de 15 años en cargos de la rama judicial».
62. Señaló que la acción de repetición se promovió luego de que se expidiera el
acto electoral cuestionado y en ese proceso no se ha establecido si la demandada
actuó con dolo o culpa grave, por cuanto se encuentra en trámite de admisión. En
este punto, aseguró que no era dable juzgar una decisión de la administración con
sustento en «hechos acaecidos dos (2) años después».
20
A través de memorial presentado el 7 de septiembre de 2023.
21
Al respecto, la apoderada de la demanda indicó que los cuatro supuestos distintos son: «haber desempeñado cargos en la
Rama Judicial; haber desempeñado cargos en el Ministerio Público; haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado; y haber ejercido la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer».
22
La apoderada de la demanda hizo la siguiente cita «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 25 de junio de2014, rad. No. 11001-03-28-000-2013-00024-00».
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
63. Advirtió que se debían tener en cuenta las consideraciones expuestas en las
sentencias dictadas en los procesos de nulidad electoral con radicados 11001-03-
28-000-2021-00032-00 y 11001-03-28-000-2021-00060-00, comoquiera que
constituían un «antecedente jurisprudencial» para el caso.
64. Agregó que la condena impuesta al Estado en el proceso de reparación directa
se pagó luego de la elección, no se ha «trabado la litis» en la acción de repetición y
una sentencia que se dictará en el futuro no puede sustentar de «forma retroactiva
el incumplimiento de un requisito».
65. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
66. El señor Iván Andrés Flórez Barajas23, hizo un recuento de los antecedentes
del proceso, se refirió a la condena impuesta en el medido de control de reparación
directa y expuso los argumentos que esbozó el Consejo Superior de la Judicatura
en la demanda de acción de repetición que promovió contra la señora Hilda
González Neira.
67. Igualmente, a partir de un pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo
de Estado24, describió la naturaleza y fines del proceso que se inicia con el fin de
que un agente estatal retribuya a la administración lo que pagó, con ocasión de una
condena patrimonial impuesta, por haber producido un daño antijurídico.
68. Lo anterior, para señalar que desde quedó ejecutoriada la sentencia que declaró
la responsabilidad del Estado25 surgió el derecho de la administración de repetir
contra la demandada, pues la acreditación de la entrega del dinero a la víctima solo
constituye un requisito de procedibilidad.
69. Desde este panorama, advirtió que desde que el Consejo Superior de la
Judicatura conformó la «Lista de Elegible»26 ya se conocía que existía una condena
por la afectación producto de la «conducta calificada en el fallo como gravemente
culposa por parte de la hoy accionada», razón por la cual la Corte Suprema de
Justicia desconoció que no se cumplió con el requisito de haber ejercido la profesión
de abogada con buen crédito.
70. Indicó que si se hubiera garantizado el principio de coordinación administrativa
el Consejo Superior de la Judicatura hubiera excluido a la demandada de poder
participar en la elección, comoquiera que tenía conocimiento que existía una
decisión objetiva que declaró la responsabilidad del Estado por la conducta de
aquella y que en la demanda de acción de repetición calificó como «culpa grave».
23
A través de memorial presentado el 7 de septiembre de 2023.
24
El demandante hizo la siguiente cita «Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,
Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, en sentencia Radicación número: 25000-23-26-000-1998-01148-01 (16335),
proferida el trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008)».
25
A juicio del demandante ello ocurrió el «25 de enero de 2019».
26
El demandante aseguró que ello ocurrió el «27 de febrero de 2020».
12
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Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
71. Aseguró que con la sentencia del medio de control de reparación directa y la
demanda que busca que se retribuya lo que pagó la administración, se encontraba
probado que la señora Hilda González Neira no cumplió con el requisito de haber
ejercido la profesión de abogada con buen crédito.
72. En ese orden de ideas, pidió que se accediera a su pretensión anulatoria.
1.9. Concepto del Ministerio Público
73. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado27, no
presentó concepto sobre la controversia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
74. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 202128 y en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Sección es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso
de la referencia.
2.2. Acto demandado
75. El acto cuestionado se trata de la elección de la señora Hilda González Neira
como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
contenido en el Acuerdo 1539 del 18 de febrero de 2021.
2.3. Problema jurídico
76. De conformidad con lo dispuesto en el auto del 24 de julio de 2023, el litigio de
la controversia del vocativo de la referencia se fijó en los siguientes términos:
Determinar si el acto de elección de la señora Hilda González Neira como
magistrada de la Corte Suprema de Justicia, está viciado de nulidad, por cuanto al
momento de su nombramiento se desconoció la exigencia de haber ejercido la
profesión de abogada atendiendo al requisito de buen crédito, por lo que dicho acto
pudo haber contrariado lo dispuesto en los artículos 232 de la Constitución Política
27
A través de memorial presentado el 17 de julio de 2023.
28
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los
antes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del
Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del
Vicedefensor del Pueblo. (…)».
13
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
y el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011.
77. Para ello, se abordará, en primer lugar, a qué se refiere el buen crédito en el
ejercicio de la profesión de abogado, para después examinar la prosperidad del
cargo de nulidad formulado por el demandante.
2.4. El buen crédito en el ejercicio de la profesión de abogado
78. Sobre el particular, la Sección reitera lo que precisó en la sentencia del 15 de
junio de 202329 en el medio de control de nulidad electoral identificado con radicado
11001-03-28-000-2022-00323-00.
79. Al respecto el primer acercamiento de esta judicatura, y en aplicación del artículo
28 del Código Civil30, responde a entender el sentido natural de las palabras que
integran el requisito subjetivo de la norma constitucional. Así las cosas, acudiendo a lo
señalado por la Real Academia de la Lengua Española, se tiene que una de las
definiciones de la expresión «crédito», responde a «[r]eputación, fama, autoridad».
80. Por su parte, la primera expresión que compone el significado antes citado se
define como «opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo», mientras la
segunda y tercera, se entienden como «buena opinión que la gente tiene de alguien o
de algo» y «prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su
legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia», respectivamente.
81. De lo dicho, la Sala evidencia que, desde su literalidad, la norma31 arroja un
entendimiento que responde a una visión subjetiva del buen crédito, en la medida en
que se refiere siempre a la formación de la opinión de una persona respecto del
ejercicio profesional que adelanta otra. Sin embargo, esa postura, conlleva a una serie
de dificultades en punto de la prueba en su acreditación, toda vez que al final, se trataría
de percepciones personales que no tendrían una forma objetiva de verificación32.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de junio de 2023, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2022-00323-00.
30
«Artículo 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado
legal».
31
El artículo 232 de la Constitución, en especial la expresión «buen crédito».
32
Es de resaltar que la jurisprudencia de esta Sección ha adoptado este criterio. Así las cosas, en decisión del 21 de junio del 2002
-Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sala de Conjueces. Sentencia del 21 de junio
del 2002. Conjuez ponente: Hernando Yepes Arcila. Radicación No. 2481-, se señaló: «Crédito es, entonces, prestigio y no solo
“buena conducta”, que simplemente pone al abrigo de reproche, ni tampoco ausencia de descredito, que apenas sería la negación
de una calificación negativa. El crédito del abogado en su desempeño forense que la Constitución contempla como calidad que
habilita para los destinos más elevados viene a consistir en la opinión común y generalizada que destaca, al mismo tiempo y en un
mismo juicio colectivo, la aptitud técnica de alguien como jurisperito, la calidad de la ciencia relativa a las disciplinas del Derecho que
aplica en su actividad de litigante o asesor, y la rectitud y responsabilidad habituales de su conducta profesional, todo lo que lo
presenta ante sus conciudadanos como singularmente confiable y meritorio. Esa reputación, que distingue y realza porque engloba
en una valoración positiva la pericia, el conocimiento y el rigor ético como características de la práctica habitual de un oficio, constituye
un hecho social, una percepción difundida en el público sobre las condiciones que acompañan el despliegue de la actividad propia
del abogado que disfruta de ella».
14
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82. Ante la la insuficiencia que se deriva de dicho método de interpretación, la Sala
estima necesario acudir a otros parámetros para concretar el requisito del buen crédito
en el ejercicio de la profesión de abogado, teniendo como presupuesto que es una
exigencia para el acceso a un cargo público, la cual debe ser analizada garantizando,
no solo su finalidad, sino también el núcleo esencial del derecho a ser elegido, a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y de acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, garantías dispuestas en el artículo 40 de
la Constitución.
83. El análisis parte de señalar que la norma constitucional impone una limitación
específica respecto de quien, en ejercicio de la competencia electoral, valora la práctica
jurídica de quien es postulado. Así lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta Sección, al
precisar que:
La constitucionalización de calidades personales para ser elegido integrante de los
órganos judiciales superiores como contrapeso equilibrador de la potestad de elegir
radicada en los otros dos poderes, pone de presente el alcance de la norma en cuanto
al límite objetivo de legitimidad de cualquier designación concreta. Como se ve, ese
dispositivo constitucional no tiene solo el carácter de estatuto jurídico-subjetivo del
magistrado de la Corte en cuanto exigencia de calidades personales que debe reunir y
que califican su personalidad profesional, sino también el de regulación objetiva de la
potestad de nominación, es decir, de límite material a la discreción de la potestad
otorgada al poder político al que se habilita para realizarla. La Constitución la erige en
fundamento indispensable de la regularidad del ejercicio de las facultades otorgadas al
respecto a los órganos que designan. Así pues, la unidad inescindible de la dimensión
subjetiva y de la institucional da cuenta del sentido completo de la norma que establece
requisitos para ser magistrado33
84. Lo anterior, responde a su vez a la finalidad de la exigencia, la cual debe
concretarse en garantizar que las más altas magistraturas de la estructura del Estado
en Colombia sean ocupadas por personas con las calidades profesionales para ello y
que en el ejercicio de estas sean intachables y se encuentren libres de
cuestionamientos por su práctica como abogados.
85. Ahora bien, una revisión de la jurisprudencia dictada por esta Corporación, permite
evidenciar los elementos que han sido utilizado a efectos definir este concepto.
86. En un primer momento, la Sección Quinta argumentó que, para analizar el buen
crédito en el ejercicio de la profesión de abogado, el criterio determinante era la
ausencia de sanciones disciplinarias, administrativas o judiciales, tal y como puede
evidenciarse en las consideraciones de la sentencia de 12 de octubre del 200034.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sala de Conjueces. Sentencia del 21 de junio
del 2002. Conjuez ponente: Hernando Yepes Arcila. Radicación No. 2481.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de octubre del 2000. M.P.
Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación 2368, 2374.
15
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87. En fallo del 25 de junio del 201435, esta corporación ahondó en el asunto, para lo
cual refirió que el «buen crédito» es un concepto jurídico indeterminado, «que debe ser
concretado e individualizado de forma lejana y ajena a las apreciaciones personales,
habida cuenta que para tal profesión se ha establecido una autoridad y un proceso a
través del cual se puede determinar cómo ha sido su desempeño, sin que sea dable,
para efecto de evaluar sus requisitos, remitirse a consideraciones subjetivas».
88. Bajo esta consideración, se señaló que los conceptos jurídicos indeterminados,
lejos de permitir al intérprete la libertad de escoger una determinada opción que se
considere justa a efectos de dotarlo de contenido, lo cierto es que se encuentran sujetos
a una única solución, la cual es impuesta por el mismo ordenamiento jurídico a través
de los distintos métodos de interpretación36. Por ello, se indicó que el uso de conceptos
jurídicos indeterminados a efectos de calificar el ejercicio profesional se considera
aceptado en la medida que el mismo pueda establecer en virtud de remisiones
normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan
prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos en cada caso
concreto37.
89. En la misma providencia antes referida, se mencionó que la labor del abogado
requiere ser prestada en forma confiable y sin margen alguno de inquietud por parte de
quien requiere el servicio. Por ello, «[e]n razón de tal ejercicio y de la función social que
están llamados a cumplir, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas
que encausan su actuar y se materializan en prohibiciones con las que se busca
asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad
frente a los clientes y al ordenamiento jurídico, por lo que su tarea no es eminentemente
técnica, sino que suele desarrollarse en el campo de la moral y de la ética como
principios objetivables dentro de una sociedad38».
90. Conforme con ello, se indicó que para determinar si una persona ha
desempeñado con «buen crédito» el ejercicio de su profesión u oficio, «es necesario
comparar su conducta frente a los parámetros objetivos de dicho comportamiento
dentro de tal experticia. Así las cosas, en el ejercicio del derecho como abogado, el
buen crédito no depende del juicio subjetivo de quienes se desempeñan en o fuera de
ella, sino de factores objetivos. La valoración del desempeño debe ser el resultado de
apreciaciones basadas en juicios que deben ser fundamentados y probados a partir de
realidades válidas y suficientes».
91. Seguidamente, cita el contenido de la Ley 1123 del 2007 – Estatuto Disciplinario
del Abogado-, para concluir que:
35
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de junio del 2014. Radicación 11001-03-28000-2013-00024-00. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
36
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
37
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-530 de 2003, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
38
Ídem.
16
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Así, para efectos de determinar cuál ha sido el comportamiento profesional de un
abogado en ejercicio, es imprescindible acudir a verificar sus antecedentes
disciplinarios lo cual es certificado desde 1991 por el Consejo Superior de la Judicatura
quien debe incluir las sanciones que éste ha recibido dentro de los cinco años anteriores
y en el evento de los aspirantes o designados a Magistrados de Alta Corte, dentro de
los últimos diez años. Lo anterior en el entendido que, como quedó explicado, el “buen
crédito” como calificativo en el ejercicio de la profesión de abogado corresponde a un
concepto indeterminado o abierto que merece ser objetivizado e individualizado para el
caso concreto, razonamiento que excluye cualquier comentario, percepción o
imputación personal y requiere por el contrario un punto de anclaje y fundamentación
real, objetivo, asible y comprobable a través de un estatuto deontológico que
especifique los deberes, derechos, conductas cuestionables y sanciones propias de
quien ejerce el oficio.
92. Con posterioridad, en fallo del 3 de diciembre del 201539 se concluyó por esta
Sección:
De lo dicho hasta ahora, queda claro que el “buen crédito” como condición de acceso a
la alta magistratura no puede medirse en términos subjetivos, que devengan del arbitrio
del operador de la norma, sino que deben estar delimitados por parámetros mínimos de
objetividad, pero igualmente que no puede confundirse con la ausencia de
antecedentes de algún orden por cuanto ello en sí mismo puede erigirse en una causal
propia de inelegibilidad consagrada a la manera de inhabilidad.
Así, en cada caso concreto el análisis de los elementos objetivos deben llevar a colegir
que un determinado profesional ha ejercido con buen crédito cuando el mismo ha
estado libre de señalamientos, imputaciones, censuras públicas, privadas o sectoriales
que hayan conducido a procesamientos éticos, disciplinarios o penales y que
eventualmente –no necesariamente- hayan concluido con una sanción, siempre que la
conducta por la que se ha generado tal imputación y eventual condena guarde relación
con el ejercicio profesional.
93. Los anteriores parámetros fueron expuestos por esta Sala de Sección en la
sentencia del 14 de octubre del 202140 y concluyó que «para poder colegir el
cumplimiento del “buen crédito”, se puede acudir a los antecedentes penales para
estudiar si la persona no ha tenido condenas de esa naturaleza o ha sido procesado
por delitos».
94. De lo dicho, es posible concluir que las decisiones adoptadas por esta judicatura
en punto de definir el buen crédito como requisito para el acceso a un cargo, procuran
que en la labor interpretativa se de aplicación a criterios objetivos y verificables, que se
correspondan con los parámetros establecidos para el ejercicio de la profesión de
abogado. La concreción de este concepto dependerá entonces de las circunstancias
particulares de cada caso, por lo que, en una determinada situación concreta, deberá
determinarse, sin atención a consideraciones personales, caprichosas o subjetivas, si
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de diciembre del 2015.
Radicación 11001-03-28-000-2014-00135-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 14 de octubre del 2021.
Radicación 11001-03-28-000-2020-00078-00 (2020-00080-00, 2020-00082-00, 2020-00086-00). M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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la conducta del aspirante en la práctica jurídica puede ser calificada bajo dicho estándar
normativo o por fuera de él.
95. Bajo esta perspectiva, si bien se considera que la existencia de un antecedente
penal, disciplinario o administrativo, de manera directa, es un elemento relevante a la
hora de establecer el cumplimiento o no de este requisito, lo cierto es que aquello no
se traduce en el único y exclusivo elemento que permita al elector, y posteriormente al
juez de lo contencioso administrativo, determinar dicha circunstancia.
2.5. Presupuestos fácticos probados
96. Con las pruebas aportadas por las partes y las decretadas de oficio que se
allegaron, se observa que los siguientes presupuestos fácticos están probados:
i. Mediante sentencia del 10 de febrero de 2018, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la Nación – Rama
Judicial del daño antijurídico ocasionado al señor Gustavo Morales
Bohórquez, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
ii. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con el Acuerdo 1539 del 18
de febrero de 2021, eligió a la señora Hilda González Neira como magistrada
de la Sala de Casación Civil de esa Corporación.
iii. A través de la Resolución 1485 del 18 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial reconoció y ordenó pagar al señor Gustavo
Morales Bohórquez la suma de ciento cuarenta y dos millones seiscientos
cuatro mil cuatrocientos veintiún pesos ($142.604.421), producto de la
condena que se le impuso en el proceso de reparación directa.
iv. El 22 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
promovió acción de repetición en contra de la señora Hilda González Neira
y, actualmente, se encuentra en trámite en el Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
2.6. Caso concreto
97. En el presente asunto, el demandante pretende que se declare la nulidad del
acto electoral de la señora Hilda González Neira como magistrada de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente no cumplir con
el requisito de ejercer la profesión de abogada con buen crédito.
98. Lo anterior, por cuanto no se tuvo en cuenta que en un medio de control de
reparación directa se condenó al Estado por el daño antijurídico que se le ocasionó
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a un ciudadano en un trámite judicial que estuvo a cargo de la demandada y que
produjo que actualmente la Nación – Rama Judicial promoviera un proceso de
repetición en contra de ella.
99. Ahora bien, la referida demanda de reparación directa culminó con la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10
de diciembre de 201841, en la cual se sintetizó el caso así:
Al demandante se le embargó un vehículo automotor de su propiedad dentro de un
proceso de responsabilidad civil por un accidente de tránsito. El automotor fue
inmovilizado por la Policía en cumplimiento de una orden judicial, a efectos de
realizar su secuestro. El bien fue dejado por la Policía en un parqueadero y puesto
a disposición del Juzgado Correspondiente. El Vehículo desapareció del lugar donde
había sido dejado, por lo que el actor reclama la declaratoria de responsabilidad de
las entidades demandadas y las correspondientes indemnizaciones.
100. Posteriormente, la citada corporación judicial, al momento de establecer la
imputación del daño, concluyó:
6.3 Imputación del daño en el caso concreto
Resta examinar si este daño le resulta imputable a la Rama Judicial. Para el efecto
la Sala se dispone a verificar las obligaciones legales que le (sic) correspondían
a los miembros de esta entidad respecto de los vehículos inmovilizados.
Al respecto es oportuno tener en cuenta que el vehículo, previamente a su
inmovilización, fue embargado dentro de un proceso de responsabilidad civil
derivado de un accidente de transito (sic) en el que estuvo comprometido el
automotor. Embargo que fue radicado el 28 de mayo de 2004 (fl32 C.4 de pruebas).
Una vez el camión fue excluido del comercio, el 12 de agosto de 2004, se libró la
orden de inmovilización con el propósito de practicar el secuestro, como medida
cautelar complementaria del embargo.
Como ya se advirtió, la inmovilización se llevó a cabo 15 de febrero de 2005, pese
a ello, no obra en el expediente prueba de que se hubiese designado secuestre;
por el contrario, existe evidencia de que el aquí demandante, en su condición de
propietario del vehículo y demandado en aquel proceso civil; en mayo del mismo
año puso de presente que el vehículo ya no se encontraba en el lugar donde había
sido depositado a órdenes del despacho que había ordenado su inmovilización. Ante
tal manifestación, este se limitó a enviar un oficio disponiendo que le informaran
dónde se encontraba el vehículo, sin que obtuviera respuesta. Ante el silencio del
particular que había sido requerido, el despacho el despacho (sic) judicial no
mostró alguna diligencia en averiguar el paradero del automotor. Solo tres
meses después, en agosto de 2005, levanta la medida cautelar de embargo y
ordena que el vehículo le sea entregado a su propietario y emite esa orden al mismo
parqueadero del que no había obtenido respuesta sobre la ubicación del bien.
La sala advierte en la conducta desplegada por el despacho judicial, dos graves
fallas del servicio, producto de su desidia. La primera es la ausencia de la
41
La sentencia del 10 de diciembre de 2018 quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2019, de conformidad con la constancia
expedida por la secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 26 de julio de 2019.
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designación de un secuestre que se hiciera cargo de la guarda material del
vehículo; y la segunda, una abulia manifiesta respecto de sus obligaciones
como titular de la guarda jurídica que tenía respecto del vehículo desde el
momento en que la Policía lo puso a su disposición, lo que facilitó que bien
mueble inmovilizado se perdiera.
En efecto, a propósito del depósito de bienes deben distinguirse tres nociones.
Guarda material42, guarda Jurídica y el deber de custodia. La primera de ellas surge
cada vez que una entidad mantiene la tenencia material de un bien, sea porque este
fue voluntariamente entregado por un particular, o porque fue incautado por esa
entidad en desarrollo de una faculta (sic) legal; la segunda se presenta cuando la
ley determina que un bien, de cuya tenencia se ha privado a su legítimo tenedor en
desarrollo de un mandato legal, deba ser puesto a disposición de una entidad
determinada. Y finalmente, el deber de custodia se deriva tanto de una como de otra
modalidad de guarda, esto es, la material y la jurídica.
En esta línea de pensamiento, cuando el bien fue puesto a disposición del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, el automotor quedó bajo la guarda jurídica de
ese despacho judicial; y, provisionalmente, la guarda material en manos de un
particular, que debía ser remplazado por un secuestre, respecto del cual el juzgado
tendría que haber controlado simplemente su gestión; pero ante la negligencia de
designar un auxiliar de la justica que se ocupara de la guarda material, el
despacho permitió que el vehículo se distrajera mientras esta guarda se
encontraba en manos del propietario del parqueadero. Lo anterior evidencia que
hubo por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, omisión al deber
normativo de custodia de un bien que había sido depositado a su nombre. Sin
que se pueda alegar que la perdida (sic) del vehículo sea obra de un tercero, pues
lo ocurrido con ese tercero fue propiciado por el incumplimiento en sus deberes de
custodia, como guarda jurídico del automotor que había sido puesto a disposición.
Así las cosas, procede la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada.
(Negrita fuera del texto)
101. Por otra parte, es importante aclarar que el proceso de repetición iniciado en
contra de la demandada con ocasión de la condena impuesta por la decisión antes
señalada, se encuentra actualmente en trámite en el Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. En el mismo, se aportaron, entre otros
elementos de convicción, copia digital de la siguiente certificación:
42 Ob. Cit. «Sobre guarda material, ver Sentencia del 14 de Julio de 2017, proferida por esta misma Sala de
Subsección, en el expediente 36516».
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102. De conformidad con lo expuesto, se observa que para el momento en el que
se ocasionó el daño antijurídico -entre el 28 de mayo de 2004 y agosto de 2005 43-
que se le imputó al Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, la señora Hilda González Neira fungió como titular del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito Judicial de Bogotá.
103. Desde este panorama, deberá determinarse si i) la decisión que declaró
patrimonial y administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial y ii) que
se haya promovido una acción de repetición, es suficiente para asegurar que la
demandante no ejerció la profesión de abogada con buen crédito.
104. Al respecto, la Sala anticipa que ello no tiene la entidad para que se considere
que la elección cuestionada es nula en atención a la falta de cumplimiento de los
requisitos de la demandada, especialmente, lo señalado en el artículo 232 de la
43
Estos extremos temporales fueron los que tuvo en cuenta el juez de la reparación directa y comprenden el interregno que
transcurrió entre que se radicó la solicitud de embargo y se levantó la medida cautelar decretada, a pesar de que ya se había
informado la desaparición del automotor.
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Constitución en punto del buen crédito en el ejercicio de la profesión de abogada,
como pasa a explicarse:
105. De manera preliminar, se advierte que el cargo sustentado en la presentación
de la acción de repetición no tiene vocación de prosperidad, toda vez que conforme
a lo que indicó el demandante y las pruebas aportadas al proceso, se trata de una
situación que ocurrió después de que se realizara la elección y, en consecuencia,
no tiene la entidad de afectarla.
106. Por otra parte, en el medio de control de reparación directa no se estudió con
detalle el actuar de la funcionaria judicial que en su momento dictó las providencias
de embargo y secuestro -por no ser un asunto propio del proceso, pues en éste se
estudia el daño antijurídico que puede generar la administración-, razón por la cual
en el caso concreto no existen insumos que permitan evidenciar el grado de
culpabilidad de ella en la desaparición del automotor y lo que constituyó la causa
eficiente de la omisión que se le atribuyó al Estado.
107. Estos dos aspectos permitirían analizar si, en la situación específica de la
demandada, se ejerció la profesión de abogada con buen crédito, comoquiera que
podría verificarse si el incumplimiento que se imputó a la administración fue
producto de la falta de diligencia, de un actuar deliberado o de una situación anormal
que lo impidió.
108. En efecto, en el proceso de repetición que se encuentra en trámite y aún no
ha sido admitido44, es posible establecer con certeza si existió alguna situación que
impidió que la señora Hilda González Neira actuara sin omitir las obligaciones
legales que tenía a su cargo, en calidad de titular del Juzgado Cuarto Civil del
Circuito Judicial de Bogotá.
109. Sobre el particular, se pone de presente que el inciso segundo del artículo 9045
de la Constitución consagró el deber del Estado de repetir contra sus agentes
cuando fuere condenado a una reparación patrimonial.
110. El legislador, con el objeto de desarrollar el trámite a seguir para materializar
ese mandato Superior, expidió la Ley 678 de 200146 y en su artículo 2º describió la
naturaleza de la acción en los siguientes términos:
44
El proceso con radicado 11001-33-43-065-2022-00202-00 fue consultado el 5 de septiembre de 2023 a las 11:59 a. m. en
el link https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion y la última actuación registrada corresponde
a la siguiente: «2023-08-01 AL DESPACHO Ingresa al despacho para continuar con la actuación procesal correspondiente».
45
«Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste».
46
«Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición»
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Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de
carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor
público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma
acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)
(Negrita fuera del texto)
111. Igualmente, en el artículo 347 de esa misma norma se precisó que su finalidad
es la de garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, así
como resarcir y prevenir el daño antijurídico.
112. En cuanto a la manera para determinar si la conducta fue dolosa o gravemente
culposa, los artículos 548 y 649 establecieron una serie de presunciones que se
deben observar al momento de la calificación correspondiente.
113. Además, en el artículo 7 y siguientes se fijaron los aspectos procesales y
especiales que se deben seguir. En este punto, conviene aclarar que el artículo 1050
dispuso que la acción se tramitará conforme al procedimiento ordinario dispuesto
para el medio de control de reparación directa.
114. Lo anterior, significa que la acción de repetición es un escenario judicial en el
que se observan determinadas reglas y en el que está permitido que el demandado
ejerza su defensa para justificar su actuación. Al respecto, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 8 de agosto de 202351,
sostuvo:
Además, como lo ha sostenido por la Sección Tercera desde el 3 de octubre de
200752, la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o
culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena -y este tiene la
oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su
actuación no fue con dolo o con culpa grave-, sin que para ello sea suficiente con
aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio -en el que se profirió la
47
«Artículo 3. Finalidades. La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la
función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella».
48
«Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las
finalidades del servicio del Estado.
Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:
1. Que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, o falta de motivación, y
por falsa motivación.
2. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para
la responsabilidad patrimonial del Estado.
3. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia contrario a derecho en un proceso judicial.
4. Obrar con desviación de poder.»
49
«Artículo 6. Culpa grave. Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el
ejercicio de las funciones.»
50
«Artículo 10. Procedimiento. La acción de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el Código
Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa.»
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de agosto de
2023, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Rad. 05001-23-31-000-2008-01603-01.
52
Ob. Cit. «Radicado: 41001-23-31-000-1995-08354-01, actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)».
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condena en su contra-, pues no puede desconocerse por el juez de la repetición que
“(…) las sentencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de
hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven
para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe
fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC -hoy 164 del CGP-) y las
partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas. Los fallos disciplinarios
también son pruebas documentales que prueban la decisión y las actuaciones
procesales, pero no los hechos que le sirvieron de fundamento”53 (Negrita fuera del
texto)
115. Por otra parte, es importante advertir que la prosperidad de la acción de
repetición está supeditada al análisis subjetivo de la culpabilidad del agente estatal
que con su acción u omisión dio lugar a que se declarara la responsabilidad del
Estado. De lo contrario, no habría lugar a que salieran avante las pretensiones
retributivas que se persiguen con el referido trámite procesal.
116. A propósito de ello, la Corte Constitucional en la sentencia SU-259 de 202154,
precisó:
70. En efecto, dada la función retributiva de la acción de repetición enunciada antes,
aun cuando la obligación de reparar lo pagado por el Estado configura una
responsabilidad civil de tipo patrimonial, “surge también de un juicio de reproche
al proceder del servidor público que, con sus actuaciones u omisiones
dolosas o gravemente culposas, dio lugar a la condena al Estado”55. Ese juicio
de reproche no puede mirarse a partir de simples rutas objetivas; por el contrario,
demanda del operador jurídico un análisis del contexto fáctico y psíquico del
agente que, en el caso de la culpa grave, por ejemplo, le permita concluir, que el
funcionario, además de poder prever sin equívocos la irregularidad y el daño que
ésta generaría, prefirió ejecutar la actuación o confió en poder evitar el resultado
dañoso.
71. Igualmente, la Corte ha precisado que, para determinar el dolo o la culpa
grave, es conveniente tener en cuenta aspectos propios de la gestión
administrativa. Esto supone que pueden ser esenciales para la determinación de
responsabilidad “(i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el
reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le sea atribuible al servidor público en
razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala
organizacional o la retribución económica recibida por el servicio prestado”56.
72. En ese sentido, aun cuando la Corte ya ha señalado que la naturaleza de la
acción de repetición no es de tipo sancionatorio, sino que presenta un
carácter reparatorio y resarcitorio, ella no escapa a los alcances de las garantía
del principio de culpabilidad, en fin, de la necesidad de esclarecer la
responsabilidad subjetiva, pues finalmente, aun reconociendo que no se trata de
una acción sancionatoria, sí implica una atribución de responsabilidad, la cual se
53
Ob. Cit. «Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 19
de noviembre de 2021, radicado: 13001-23-31-000-2006-00358-02, expediente 46393. Este mismo criterio ha sido reiterado
por la Subsección “C” en sentencias del 12 de abril y 25 de junio de 2021, radicados: 15001-23-31-000-2011-00567-01 (63984)
y 13001-23-31-000-2002-00680-02 (42103), respectivamente.»
54
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-259 del 6 de agosto 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
55
Ob. Cit. «Sentencia SU-354 de 2020».
56
Ob. Cit. «Sentencia SU-354 de 2020».
24
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traduce a su vez en un juicio de reproche al agente, último que solo puede
concretarse bajo la ruta del principio de culpabilidad. Aquí lo axial es dejar claro que
se trata de la evaluación, en sede judicial, de un comportamiento
humano, cimentado en la dignidad de la persona, y por ende, donde está
proscrita la responsabilidad por el solo resultado. (Negrita fuera del texto)
117. De conformidad con lo expuesto, se evidencia que la acción de repetición tiene
origen en un mandato constitucional, ha sido desarrollada por el legislador, fue
dotada con un procedimiento especial y su prosperidad resarcitoria depende de que
se compruebe que la acción u omisión del agente estatal que causó el daño fue
dolosa o gravemente culposa.
118. Lo anterior cobra especial importancia para estudiar el cargo formulado por el
demandante, comoquiera que demuestra que existe un procedimiento especial que
se debe seguir para atribuir la responsabilidad personal de un agente estatal y
determinar si su actuar fue reprochable o no, lo que eventualmente permitiría inferir
si la profesión de abogada se ha ejercido de manera adecuada y con buena
reputación.
119. En efecto, la calificación de la conducta es un elemento esencial para analizar
si la demandada, en el marco de los hechos que fueron estudiados y analizados en
el medio de control de reparación directa, ejerció o no la profesión de abogada con
buen crédito, toda vez que no resultaría proporcionado que se asegure lo contrario
sin considerarse la existencia de alguna situación insuperable que pudiera dar lugar
a que, en su momento, no se cumpliera con una obligación con la debida diligencia.
120. Ahora bien, la Sala Electoral del Consejo de Estado no es la competente para
emitir un juicio de valor en ese sentido, por cuanto por disposición legal fue
establecido un juez natural de la causa y, eventualmente, podría condicionar la
decisión que se adoptaría en ese trámite.
121. Además, porque el medio de control de nulidad electoral no es el escenario
procesal instituido para hacerlo y, por ello, tampoco está dotado de etapas u
oportunidades para que la demandada pueda ejercer con plenas garantías su
defensa en relación con la modalidad de la acción u omisión que se le imputa.
122. Por lo tanto, resultaría contrario al artículo 2957 de la Constitución que el juez
que no es competente y sin observarse las formas propias de la acción de
57
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quin sea sindicado tiene derecho
a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.»
25
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repetición, se pronuncie sobre el grado de culpabilidad de la acción u omisión que
dio lugar a que se declarara la responsabilidad del Estado.
123. Con todo, se precisa que la sentencia que se profiera en el trámite de la acción
de repetición no concluirá si el buen crédito de una persona que ejerció la profesión
de abogado resultó mermado, pues ese no es el objeto de ese proceso. Sin
embargo, aquella constituye un insumo que se deberá valorar en conjunto con las
demás pruebas y circunstancias que sean propias de cada caso, para poder
determinar si se cumplió o no con el referido requisito.
124. Se insiste, que lo se debe tener en cuenta son las consideraciones de orden
sustancial que se hagan respecto de la modalidad de la conducta del agente estatal
que con su acción u omisión generó el daño antijurídico, razón por la cual la condena
de orden patrimonial que se imponga resulta indiferente.
125. Conviene aclarar que, esta judicatura no desconoce que, en la sentencia
proferida en el medio de control de reparación directa, el 10 de diciembre de 2018,
se utilizaron expresiones tales como: «el despacho judicial no mostró alguna
diligencia», «dos graves fallas del servicio», «desidia», «abulia manifiesta»,
«negligencia» y «omisión».
126. No obstante, aquellas afirmaciones que sustentaron la declaratoria de
responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, no pueden tenerse en cuenta para atribuir fehacientemente un
comportamiento reprochable a la señora Hilda González Neira, comoquiera que el
juicio que se hace en ese tipo de procesos, en principio, está condicionado a
verificar la ocurrencia de un daño antijurídico y establecer si es imputable a la
administración, con el único objetivo de que se indemnice a la víctima.
127. Es decir, comoquiera que el juicio de reparación directa recae en el
juzgamiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, la Sección Quinta como
juez de la nulidad electoral considera que la conducta del agente estatal debe ser
juzgada mediante la acción correspondiente -penal, disciplinaria o de repetición-.
128. Lo anterior, para que se tenga certeza que el actuar del agente fue gravemente
culposo o doloso, y así afecte el buen crédito del ejercicio de la profesión e incida
en las condiciones y calidades de elegibilidad de la persona.
129. En ese orden de ideas, resulta claro que el solo hecho de la existencia de una
condena al Estado en sede de reparación directa no es suficiente para establecer
con certeza que una funcionaria judicial actuó sin atender al buen crédito en el
ejercicio del derecho.
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130. En relación con ello, la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 200258,
al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad que se promovió contra el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, aseguró:
Ahora bien, el mismo constituyente estableció el deber del Estado de repetir contra
el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal pero claramente le
dio a la responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento
diferente del que le imprimió a aquella. Así, sólo permitió la derivación de
responsabilidad personal para el agente en los casos en que la declaración de
responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o
gravemente culposa. De ello se infiere con claridad que no existe identidad entre
el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y el fundamento
de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede
por la producción de un daño antijurídico, esta procede únicamente en
aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son
consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente. (Negrita
fuera del texto)
131. En ese orden de ideas, los juicios que se emitan en sede de reparación directa,
cuando se condene al Estado, no condicionan el estudio que, de la conducta del
agente estatal a quien se le atribuye responsabilidad, debe abordar el juez de la
acción de repetición.
132. En consecuencia, en el presente caso y dadas las particularidades del mismo,
la sentencia del 10 de diciembre de 2018 no resulta suficiente para evidenciar la
existencia de acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas respecto de la
demandada, lo que de todas maneras será analizado por el Juez Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sede de repetición.
133. Igualmente, el hecho de que la administración hubiera realizado el pago de la
condena tampoco es una situación que permita inferir que la señora Hilda González
Neira haya ejercido la profesión de abogada sin buen crédito, comoquiera que ello
se realizó en cumplimiento de una orden judicial y es un requisito de procedibilidad
de la acción que pretende que el agente estatal retribuya el dinero que se pagó a la
víctima del daño antijurídico.
134. Por otra parte, el argumento de la apoderada suplente de la demandada,
según el cual el artículo 232 de la Constitución contempla cuatro supuestos para
acreditar los 15 años de experiencia profesional para acceder a la magistratura de
una alta corte y solo en el relativo al ejercicio de profesión de abogado se debe
constatar el buen crédito, no es acertado.
135. Lo anterior, toda vez que de la interpretación teleológica de la norma se infiere
claramente que ello aplica en todos aquellos eventos en los que se ejerce la
profesión de abogado, como ocurre cuando se desempeñan cargos en la Rama
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Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-285 del 23 de abril de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
Judicial, y lo que busca la norma constitucional es que las personas que ocupen tal
dignidad hubieren tenido una conducta que asegure su desempeño con probidad,
honradez y responsabilidad.
136. Finalmente, en relación con el desconocimiento del principio de coordinación
administrativa, que indicó el demandante, se advierte que el cargo de nulidad
electoral que estructuró no prosperó y, en consecuencia, los actos previos al de la
elección tampoco podrían reputarse como ilegales. Por ello, la «Lista de Elegible»
tampoco puede entenderse como contraria al ordenamiento jurídico.
137. Así las cosas, la supuesta irregularidad señalada por el demandante no se
configuró y, por ello, este reproche no está llamado a prosperar.
2.7. Conclusión
138. El cargo formulado por el demandante no sustenta la nulidad de la elección
cuestionada y, por lo tanto, se deberán negar las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral propuesta
contra el acto de elección de la señora Hilda González Neira, como magistrada de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Acuerdo
1539 del 18 de febrero de 2021, de conformidad con los argumentos expuestos en
el numeral 2.6. de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, conforme lo dispone el
artículo 289 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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Demandante: Iván Andrés Flórez Barajas
Demandado: Hilda González Neira, como magistrada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00013-00
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
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