Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00032-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00032-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2021-00032-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de diciembre de 2022
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00032-00
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira - magistrada de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia
Tema: Buen crédito profesional.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la demanda presentada por Edilma y Mariela Maldonado París
contra el acto de nombramiento de Hilda González Neira como magistrada de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1. El 26 de mayo de 20212, las demandantes solicitaron la nulidad del acto de
nombramiento de la demandada como magistrada de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. En la que se fijó la siguiente pretensión:
PRIMERO: Que DECLARE la nulidad absoluta del Acuerdo 1539 del 18 de febrero de
2021 emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia por el cual se nombra
en propiedad a la doctora HILDA GONZALEZ NEIRA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 37.827.625, en el cargo de MAGISTRADA DE LA SALA DE CASACIÓN
CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en reemplazo del doctor ARIEL
SALAZAR RAMÍREZ, y SEGUNDO :el (sic) ACTO DE CONFIRMACION de dicha
elección por estar incursa en la violación flagrante a los principios y deberes que
orientan la función pública de la administración de justicia. (Énfasis del original).
2. Fundamentos fácticos
2. En síntesis, las demandantes afirmaron lo siguiente:
a) Que la demandada cuando fungía como magistrada del Tribunal Superior de
Bogotá vulneró en forma manifiesta y objetiva las normas y principios que orientan
y rigen la administración de justicia.
1
Índice 3 Samai.
2
Índice 43 Samai. Subsanada el 13 de agosto de 2021.
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1
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
b) Lo anterior, al afirmar que en un proceso ejecutivo bajo su conocimiento se
configuró un daño antijurídico por una aparente vía de hecho relacionada con un
endoso de un título valor, lo cual conllevó a la responsabilidad patrimonial del
Estado (artículos 90 de la Constitución Política3 y 66 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia4. Actuación que originó la demanda de reparación
directa que cursa en la actualidad en el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de
Bogotá5.
c) Al momento de presentación de la demanda de nulidad electoral, el proceso de
reparación directa estaba pendiente de nueva fecha para la audiencia inicial del
artículo 180 de la Ley 1437 de 20116.
3. Causales de nulidad invocadas7
3. Las demandantes invocaron las establecidas en el artículo 137 del CPACA,
porque el acto se expidió con «infracción de las normas en que deberían fundarse y
cuando se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en
causales de inhabilidad», del ordinal 5º del artículo 275 del mismo código. Así mismo,
indicó que los actos de nombramiento y confirmación desconocieron el principio de
publicidad del artículo 65 del CPACA.
4. Normas violadas
4. Como normas infringidas se indicaron el artículo 232 de la Constitución
Política, el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, los artículos 1°, 133 y 164 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante LEAJ) y el artículo 65 del
CPACA.
5. Concepto de la violación
5. A juicio de las demandantes, el nombramiento de la demandada como
magistrada de la Corte Suprema de Justicia desconoce, por una parte, el mérito,
como principio que rige a la administración de justicia (artículo 1° LEAJ). Por otra, las
exigencias subjetivas referentes a ausencia de impedimento de orden moral para el
ejercicio del cargo (artículo 133 LEAJ), idoneidad moral y condiciones de
personalidad (artículo 164 LEAJ) y el ejercicio con buen crédito de la profesión de
abogada (artículo 232 CP).
3
En adelante CP
4
En adelante LEAJ
5
Hicieron referencia al medio de control radicado el 14 de agosto de 2019, contra la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración de Judicial, a la que
correspondió el nro. de proceso 11001-33-36-032-2019-00228-00.
6
En adelante CPACA
7
Índice 43 Samai. Las demandantes en un solo capítulo que denominaron «NORMAS VIOLADAS –
GENRALES Y ESPECIALES - Y SU CONCEPTO DE VIOLACIÓN» integraron las causales de anulación,
las normas vulneradas y su concepto de violación.
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6. Así mismo, manifestaron que ante la falta de requisitos para el cargo de
magistrada8, se imponía su revocatoria inmediata, por lo que también se desconoció
el artículo 5° de la Ley 190 de 19959.
7. Finalmente, adujeron que la Corte Suprema desconoció el principio de
publicidad del acto de nombramiento y su confirmación a que se refiere el artículo 65
del CPACA, por la falta de publicación del último acto, lo que implica la ineficacia del
acto y materializa la nulidad de la elección por la trascendencia económica, jurídica
y social que conlleva el ejercicio de la función pública de administrar justicia.
8. Como sustento de sus afirmaciones señalaron que:
a) La aceptación, confirmación y posesión en un cargo público (artículo 133 LEAJ)
podrá negarse cuando el nominador determine que el elegido se encuentre
inhabilitado o impedido moralmente para el ejercicio del empleo, como ocurre en
este evento, al materializarse un daño al Estado por el actuar de la demandada.
b) El artículo 164 de la citada ley regula el acceso a los cargos de la rama Judicial
a través del concurso de méritos, procedimiento en el que se valoran, entre otros
aspectos, la idoneidad moral y las condiciones de personalidad de los aspirantes,
trámite en el que no se detalló la conducta de la elegida en el curso de su actuar
judicial como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, como fue el manejo de
proceso ejecutivo en la que fue ponente, el cual, en la misma cuerda
argumentativa desconoció lo señalado en el artículo 232 (CP), del que destacaron
que para ser magistrada es requisito haber ejercido con buen crédito la profesión
de abogado.
c) Quienes acceden a la administración pública como servidores deben reunir las
calidades y condiciones que estén acordes con los supremos intereses que, en
beneficio de la comunidad, se gestionan a través de dicha función. Sin embargo,
dichas calidades no se predican de la demandada.
d) Tal y como quedó probado en el fallo de tutela que se aporta10, los magistrados
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia pusieron de presente
el premeditado y deliberado actuar de la demandada, quien en el ejercicio de la
función pública de administrar justicia incurrió en una vía de hecho por errores de
orden sustancial y fácticos, frente al proceso ejecutivo en el que la demandada fue
ponente cuando fue magistrada de Tribunal. En otras palabras, emitió una decisión
judicial opuesta a la Constitución y la ley, contraria a la obligación del juez de
8
El ejercicio con buen crédito de la profesión de abogada.
9
«Artículo 5º.-En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o
celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos
para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación,
según el caso, inmediatamente se advierta la infracción».
10
De acuerdo con los anexos que acompañan la subsanación, se trata de la sentencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 4 de abril de 2018, radicado nro. 11001-02-03-000-
2018-00642-00. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
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pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas
aportadas11.
e) La vía de hecho en que incurrió en el proceso ejecutivo constituye un
impedimento moral de parte de la demandada, para ser nombrada magistrada de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que, además, es
generadora de daño porque atenta y violenta, de forma permanente y continua,
los principios y normas constitucionales y legales que rigen y orientan el servicio
público de la administración de justicia.
f) Señalaron que, en el trámite del recurso extraordinario de revisión, contra el
mencionado proceso ejecutivo, que cursa ante la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, los magistrados se declararon impedimentos para su
conocimiento porque fueron parte de la Sala que ordenó, mediante una tutela12,
dejar sin efecto la providencia del 6 de marzo de 201813.
g) Indicaron que el fallo de tutela14 tuvo fundamento en la evidencia del documento
incorporado al expediente ejecutivo nro. 11001-31-03-039-2016-00171-01,
denominado «hoja contentiva de endoso anexo al título valor – pagaré a la orden
nro. 0001-2012 – base del citado expediente», donde se constató la firma de la
demandante Edilma Maldonado París en el título, conforme al cual existía la
obligación legal para la operadora judicial de respetar el derecho en el marco del
debido proceso y declarar la satisfacción de los presupuestos procesales, para dar
prelación al crédito contenido en el título valor, al cual la demandada como
ponente del proceso ejecutivo no lo tuvo como tal.
h) Las conductas reprochables de la demandada, como magistrada del Tribunal
Superior de Bogotá, eran de conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura
que conformó la lista de elegibles y por los integrantes de la Corte Suprema de
Justicia que la eligieron, corporación que mediante providencia de tutela revocó la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá (con ponencia de la
demandada), dependencia donde actualmente se tramita el recurso extraordinario
de revisión contra el referido fallo.
11
Frente a este aspecto, mencionan la sentencia T-518 de 1995 de la Corte Constitucional, con la
afirmación de que se trató de una actuación manifiestamente incompetente o realizada al margen del
procedimiento legalmente establecido.
12
Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 4 de abril de 2018, radicado
nro. 11001-02-03-000-2018-00642-00. M.P. Ariel Salazar Ramírez. En la tutela se solicitó la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de
judicial, pues la hoy demandada, como magistrada ponente en el Tribunal Superior de Bogotá, dentro de
un proceso ejecutivo, declaró probada la excepción de falta de la causa por activa de las demandantes sin
fundamento probatorio.
13
Señalan las demandantes que esta providencia fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ejecutivo incoado por Edilma Maldonado París contra Hernán Guzmán
Urueña y María Gladys Aldana de Guzmán, objeto de reclamación patrimonial a través de la Jurisdicción
de lo Contencioso-Administrativo.
14
De acuerdo con los anexos que acompañan la subsanación, se trata de la sentencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 4 de abril de 2018, radicado nro. 11001-02-03-000-
2018-00642-00. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
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i) Las elecciones de los magistrados Gerson Chaverra Castro, Luis Benedicto
Herrera Díaz, Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate, Francisco José
Ternera Barrios, Iván Mauricio Lenis Gómez se demandaron ante la Sección
Quinta del Consejo de Estado. La decisión que se adopte necesariamente tendrá
implicaciones sobre la elección acá acusada, por ser quienes conformaron el
quorum para el nombramiento de la demandada. Por tanto, existe un nexo entre
el resultado de estos procesos y el presente, en especial si la sentencia es de
anulación de la designación de los citados magistrados, situación de orden
sobreviniente que deberá ser abordada en su momento15.
6. Trámite en la instancia
9. A continuación, la Sala hará una breve síntesis del trámite del proceso.
6.1. Admisión de la demanda
10. El 5 de agosto del 202116, el despacho sustanciador inadmitió la demanda17
por incumplimiento de los requisitos formales determinados en la ley18. En
consecuencia, el 13 de agosto de 2021 las demandantes presentaron escrito de
subsanación19.
11. La demanda se admitió el 1º de septiembre de 202120, por lo que se ordenó
notificar a la demandada; al presidente de la Corte Suprema de Justicia21; al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura22; al Ministerio Público; comunicar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica e informar a la comunidad de la existencia
del proceso.
15
Téngase en cuenta que, mediante sentencia del 17 de agosto de 2022, expediente nro. 11001-03-28-
000-2020-00059-00 (acumulado con 2020-00061, 2020-00062, 2020-00063, 2020-00064, 2020-00065,
2020-00066 y 2020-00067), la Sección Quinta de esta corporación negó las pretensiones de las demandas.
16
Se precisa que mediante auto del 15 de junio de 2021 (índice 15 Samai), la demanda fue rechazada por
considerarse que había operado el fenómeno de la caducidad, no obstante, mediante providencia del 8 de
julio siguiente, la Sala de la Sección dispuso revocar el auto anterior, al resolver un recurso de súplica, al
advertir que no había en ese momento prueba de que se hubiese surtido la respectiva publicación de la
decisión de confirmación del nombramiento, lo que implicaba la inexistencia del extremo temporal inicial
para computar el término de caducidad.
17
Índice 38 Samai. MP Rocío Araújo Oñate (E).
18
En dicha providencia se solicitó a la parte demandante corregir la demanda en los siguientes términos:
i) Precisar las normas violadas con la expedición del acto acusado y el concepto de la violación, con la
indicación en forma específica, por cada uno de los cargos o irregularidades narradas conforme con los
hechos y disposiciones citadas, de cuál o cuáles de las causales de nulidad, se configuran respecto de la
elección demandada.
ii) Señalar el canal digital por el cual serán notificados la demandada y las demás partes que hubieran
intervenido en la elección (que pueden ser sus direcciones físicas, institucionales o personales) o la
indicación de que los desconoce.
iii) Acreditar la constancia de envío mediante medio digital o en su defecto por el desconocimiento de este,
a la dirección física a los demandados, de la demanda y anexos.
19
Índice 43 Samai. En el escrito de corrección de la demanda inicial, las demandantes, en primer lugar,
exponen las normas que a su juicio fueron desconocidas con la expedición del acto acusado y su concepto
de la violación; por otra parte, precisan los canales digitales para la notificación de la demanda; y finalmente,
anexan la constancia de envío de la demanda, del auto inadmisorio y del escrito de subsanación junto con
sus anexos, por medios electrónicos a la demandada.
20
Índice 45 Samai. MP Rocío Araújo Oñate (E).
21
Y, por su conducto, a los demás magistrados que intervinieron en el acto de elección demandado.
22
Idem.
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6.2. Coadyuvancia
12. Carlos Alberto Jaramillo Calero pidió ser reconocido como tercero
coadyuvante de la parte demandante23. En tal sentido, manifestó que la accionada,
siendo magistrada de tribunal, con decisión de segunda instancia de 18 de enero de
2018 –hizo parte de la sala de decisión–, que violó sus derechos fundamentales24 y
«prevaricó» en el marco del proceso reivindicatorio nro. 11001-31-03-037-2015-
00461-01 adelantado en su contra por Alianza Fiduciaria S.A., del cual hizo un
recuento en el que indicó las irregularidades en las que presuntamente incurrió
aquella25.
13. Con base en dicho relato solicitó, a título principal, la nulidad del acto de
elección censurado, la suspensión provisional de la sentencia dictada en el proceso
reivindicatorio de su interés, como la ejecución de dicha providencia.
14. Subsidiariamente pidió que se ordene al Tribunal Superior de Bogotá o al
juzgado de primera instancia ejercer el control de legalidad e integrar debidamente
el litisconsorcio necesario por pasiva en el proceso referido -supra-; la suspensión de
la respectiva «diligencia de entrega del inmueble» en el que habita con sus hijos y,
por último, que se vincule a la demandada y a la Alianza Fiduciaria por tener interés.
6.3. Contestaciones
15. Notificada la demanda, se presentaron las siguientes:
16. La Corte Suprema de Justicia26 manifestó que en la demanda no se cuestiona
actuación alguna de la corporación ni se invoca alguna causal de nulidad (artículos
137 y 275 del CPACA), pues simplemente se hizo alusión a una reclamación
patrimonial contra la Rama Judicial por decisiones de un proceso ejecutivo. De ahí
que el reparo corresponda a «situaciones meramente personales de la demandada
que no le constan a esta Presidencia» y que no desvirtúan la legalidad del acto de
elección.
17. La demandada27 se opuso a las pretensiones de la demanda y, en ese sentido,
sostuvo que:
23
Índice 50 Samai.
24
Aludió, entre otros, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
25
Índice 63 Samai. En auto del 26 de octubre de 2021, en el que se ordenó el trámite de sentencia
anticipada y se aceptó la coadyuvancia, se le explicó el alcance de la figura con fundamento en el artículo
71 del CGP y se le aclaró: «82. Sin embargo, en su intervención alegó una censura distinta a la de la parte
demandante que dice apoyar, consistente en las supuestas falencias en las que habría incurrido la
accionada, cuando fungía como magistrada de Tribunal, dentro del trámite del proceso reivindicatorio 2015-
00461-01; totalmente ajeno el reproche por los supuestos desafueros cometidos dentro del proceso
ejecutivo 2016-00171-00. // 83. Lo mismo se predica de las nuevas pretensiones presentadas por el
reputado tercero, ya que se orientan a producir efectos dentro del proceso ordinario de su interés,
desbordando por completo la postulación rogatoria de las accionantes que se limita a la nulidad del acto
electoral bajo censura». Así mismo se le previno que, en lo sucesivo, adecuar sus intervenciones a los
intereses y actos procesales dispuestos para la parte a la que acompaña.
26
Índice 55 Samai. Con la contestación de la demanda la Corte Suprema de Justicia aportó los
antecedentes del acto demandado.
27
Índice 56 Samai.
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a) En el escrito de subsanación, las demandantes agregaron extemporáneamente
supuestos fácticos frente a las censuras inicialmente presentadas (que no
identifican), sin que fuera objeto de la inadmisión. Por tal razón, señaló que se
abstenía de pronunciarse al respecto, por no ser parte de la litis.
b) La censura de las actoras se sustenta en meras apreciaciones frente a la
providencia de segunda instancia adoptada con fuerza de cosa juzgada en el
trámite del proceso ejecutivo, que, recordó, fue objeto de una sentencia de tutela
finalmente revocada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
decisión STL7577-2018 de 23 de mayo de 2018 (rad. 79883)28, la cual negó el
amparo deprecado, por no advertir la arbitrariedad en sede ordinaria.
c) Las opiniones de las actoras de ninguna manera conducen al pretendido
impedimento moral o a la falta de crédito e idoneidad para fines electorales;
especialmente si se considera que la Sección Quinta no tiene atribuciones para
calificar la tesis adoptada en sede ordinaria en relación con el diligenciamiento del
endoso. Además, porque las causales de nulidad electoral son de interpretación
restrictiva29.
d) Una demanda de reparación directa, en un proceso en el que no se ha dictado
sentencia, no tiene incidencia en el procedimiento eleccionario que se censura.
e) La ausencia de publicidad del acto acusado no afecta su formación ni su
contenido.
f) La demanda de nulidad electoral en el presente proceso no desarrolla con
suficiencia los cargos planteados.
18. El Consejo Superior de la Judicatura30 propuso la excepción previa de inepta
demanda, pues se «observa que, la parte actora pretende reprochar decisiones
judiciales adoptadas en un proceso ejecutivo de carácter civil que se desata
actualmente en la Corte Suprema de Justicia en sede de revisión y que, por tanto,
no puede ser debatido en el presente proceso electoral». Así mismo, se opone a las
pretensiones anulatorias y, con tal fin, señala que:
a) Los cuestionamientos de la parte actora corresponden a apreciaciones
subjetivas carentes de prueba.
28
El cual se puede verificar en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, con el «Radicado
No. 11001020300020180064202».
29
Invocó el artículo 6 de la Constitución (excepcionalidad de las prohibiciones) y el 1º del Código Electoral
(principio de capacidad) y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
sobre la materia.
30
Índice 57 Samai.
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b) No tiene conocimiento de la existencia de procesos de reparación directa contra
la Rama Judicial, pues su representación corresponde al director ejecutivo de
Administración Judicial31 y tampoco intervino en la tutela mencionada.
c) Al conformar la lista de elegibles a su cargo siguió, dentro del margen de
discrecionalidad que le confiere el ordenamiento jurídico, el trámite
constitucional32, legal33 y reglamentario34 previsto para ello.
d) No es posible exigir a una candidata a la magistratura circunstancias de
elegibilidad por fuera de las contempladas en la Constitución y la ley. Por el
contrario, en el presente caso fueron acreditadas por la demandada, sin que en
este momento sea factible debatir o dar alcance a interpretaciones realizadas por
la Corte Suprema en el marco de su autonomía e independencia judicial. Tampoco
tienen cabida la existencia de recursos o discusiones que las controviertan.
e) «La convicción moral es algo que pertenece al fuero interno de las personas,
proviene de la personal y razonable apreciación que se hace de los actos humanos
para compararlos con reglas de conducta aceptadas por la sociedad», lo que
correspondía evaluar al nominador. Esto, sumado a que las previsiones del
artículo 164 de la Ley 270 de 1996 son aplicables a la carrera judicial y no a la
elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
f) La existencia de una demanda de reparación directa sin decisión definitiva, no
es una circunstancia de inelegibilidad, salvo que así lo disponga una decisión
debidamente ejecutoriada, dado a la protección jurídica de la que goza el derecho
de acceso a cargos públicos.
6.4. Traslado de la excepción previa de inepta demanda35
19. Las accionantes36 insistieron en las razones de hecho y de derecho esbozadas
en la demanda, a fin de evidenciar que las actuaciones judiciales de la accionada, en
el manejo del proceso ejecutivo, son las que prueban su falta de calidades y méritos
para ser elegida en la Corte Suprema de Justicia. Además, exponen los motivos por
los que se debió validar el endoso del título valor en el proceso nro. 2016-00171-00.
20. Destacaron que el hecho de que Edgardo Villamil Portilla, apoderado del
demandado en vía ejecutiva, fuera en algún momento superior funcional de la
entonces magistrada de Tribunal, hoy demandada, revelan en el comportamiento de
esta la existencia de causales de impedimento y conflictos de interés.
31
Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, LEAJ.
32
Artículo 231.
33
Artículos 15 y 234 de la Ley 270 de 1996, LEAJ.
34
Acuerdo PSAA16-10553 de 4 de agosto de 2016, modificado por el PCSJA17-10717 de 2017, «por medio
del cual se reglamenta la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes a magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado».
35
Índice 60 Samai.
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Índice 61 Samai.
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21. Añadieron que las inhabilidades deben ser interpretadas de conformidad con
los fines del Estado, en los términos de la sentencia C-373 de 2002 y que su carácter
restrictivo, no implica una lectura literal o exegética ni ajena a la moralidad, acorde
con la jurisprudencia del Consejo de Estado37.
22. Por último, afirmaron que la demanda cumple con todos los requisitos
formales, y que, al no atacarse tal aspecto o la indebida acumulación de
pretensiones, la excepción propuesta debe ser despachada desfavorablemente.
Adicionalmente, allegaron nuevos documentos que piden se incorporen al
expediente38.
6.5. Trámite de sentencia anticipada
23. El 26 de octubre de 202139, el despacho sustanciador ordenó impartir el
trámite de sentencia anticipada40, con fundamento en los artículos 179 y 182A del
CPACA. Así, a partir del concepto de la violación expuesto en la demanda, junto con
las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las partes e
intervinientes –incluido el tercero coadyuvante, se fijó el litigio, en los siguientes
términos:
37
Invocan: «CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de
enero de 2019. M.P.: Rocío Araújo Oñate. Demandante: Dora Marcela Chamorro. Demandado: Hernán
Gustavo Estupiñán Calvache -Representante a la Cámara-. Igualmente: Sala Plena el Consejo de Estado.
Consejera Ponente Stella Conto Díaz del Castillo en Sentencia de Unificación del quince (150 de julio del
año dos mil catorce (2014), radicación: 11001-03-28-000-2013-00006-00 (ACUMULADO 2013-0007) (IJ),
Actor: Cecilia Orozco Tascón y Otros, Demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez».
38
«-Certificación expedida por la Secretaría General de la Corte Suprema sobre el periodo constitucional
del doctor Edgardo Villamil Portilla. -Certificación emitida por el Tribunal Superior de Bogotá expedida por
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, sobre el tiempo de servicio en la Rama Judicial del
doctor Edgardo Villamil Portilla sustento de la ponencia del acto de confirmación para acceder al cargo de
magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. -Certificación expedida por la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia donde constan los nombres de los magistrados que
eligieron a la magistrada Ruth Elena Galvis Vergara en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de
Bogotá, donde consta el nombre del magistrado Edgardo Villamil Portilla, abogado litigante en el proceso
ejecutivo y por tanto causal objetiva de impedimento. -Copia simple del acto de posesión en el cargo de
magistrada del tribunal Superior de Bogotá de Ruth Elena Galvis Vergara. -Copia simple del Título Valor –
Pagaré a la Orden No. 0001-2012. Sustento y base del proceso ejecutivo número
11001310303920160017100, que decide la accionada Hilda González Neira. -Copia simple de la Carta de
instrucciones que acompaña al citado pagaré en su compulsa ejecutiva, en su anverso consta la siguiente
certificación emitida por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
D.C. -Copia simple de la hoja contentiva de endoso donde se evidencia la estampa de la firma de Edilma
Maldonado París, anexa al citado pagaré e incorporada al proceso ejecutivo de marras, sustento por demás
de las motivaciones de la sentencia de amparo emitida por la Sala de Casación Civil del mandamiento de
pago y medidas cautelares. -Copia simple de la medida cautelar de secuestro del bien inmueble decretada
en el citado proceso. -El C.D., contentivo de la Audiencia se hará llegar en forma física toda vez que no se
dispone de herramienta tecnológica para remitirse. -Copia simple del Acta de la Audiencia de fecha 6 de
marzo de 2018 suscrita por Hilda Gonzales Neira en calidad de Magistrada, demás colegas, y Edgardo
Villamil Portilla ahora como abogado litigante».
39
Índice 63 Samai. MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
40
Índice 68 Samai. Las demandantes presentan solicitud de nulidad contra esta decisión. Con auto del 13
de enero de 2021, se negó, pues al ordenar el trámite de sentencia anticipada no se está pretermitiendo la
instancia, como lo plantearon aquellas (índice 93 Samai). La parte actora presentó recurso de reposición
contra esta última decisión, bajo el argumento que el ponente que la profirió carecía de competencia por la
recusación presentada (índice 99 Samai). Con auto del 11 de mayo de 2022, no se repuso la decisión, pues
si bien, la decisión se profirió un día antes a la ejecutoria de la decisión que rechazó la recusación, lo cierto
es que no cuestionó el contenido material del auto ni se afectaron derechos fundamentales de los sujetos
procesales (índice 150 Samai).
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9
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
75. Así, corresponde al Despacho determinar si el acto de designación de la
demandada, señora Hilda González Neira, como magistrada de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Acuerdo 1539 del 18 de febrero
de 2021 de dicha Corporación, y el acto de confirmación emitido en sesión de Sala
Plena del 4 de marzo de 2021 dentro del expediente 11001-02-30-000-2021-00144-00
deben ser anulados, para lo cual se debe establecer si:
(i) ¿Se materializó el vicio de ilegalidad plasmado en el numeral 5º del artículo
275 del CPACA dada la supuesta inelegibilidad de la demandada, derivada del
artículo 232 de la Constitución Política y de los artículos 133 y 164 de la Ley 270 de
1996, debido a sus actuaciones como magistrada de Tribunal?
(ii) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA) por la falta de publicación,
tanto de la designación como de la confirmación ordenada por el artículo 65 del
CPACA, así como del número de votos obtenidos por la demandada para resultar
elegida?
(iii) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA), en vista de que los
cuestionamientos elevados en sede contenciosa contra varios de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia que participaron de la elección podrían llevar a una
eventual falta de quorum? (Subrayado del original).
24. Adicionalmente, se negó la excepción previa de ineptitud sustantiva de la
demanda, por cuanto los cargos resultan comprensibles en el marco del medio de
control de nulidad electoral, además, permiten el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de las partes en el proceso.
25. A su vez, se denegaron las pruebas solicitadas por las demandantes al
subsanar la demanda 41, por cuanto hacen parte de los antecedentes administrativos
y demás documentos enviados con destino al presente expediente por la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, por tanto, resultaban
innecesarias42. Además, respecto a los documentos allegados con el
pronunciamiento de la excepción previa, solo se decidió tenerlos en cuenta para
resolver dicha excepción. Finalmente, informaron que aportarían un CD43.
26. Por otro lado, mediante auto del 31 de agosto de 202244, se rechazó una nueva
solicitud probatoria de la parte actora, con la que requerían citar a la secretaria
41
«Se sirva oficiar al Consejo Superior de la Judicatura la remisión del expediente administrativo de lista
de elegible contenido en el Acuerdo PCSJA20-11510 del 27 de febrero de 2020. // Se sirva oficiar a la Corte
Suprema de Justicia la remisión del expediente administrativo reseñado bajo el número No.
110010230000202100144-00 del 4 de marzo de 2021, con Ponencia del Magistrado IVÁN MAURICIO
LENIS GÓMEZ. // Se sirva oficiar a la Corte Suprema de Justicia a efecto de solicitar la remisión del acto
administrativo de confirmación del nombramiento de magistrada de Hilda González Neira. // Se sirva oficiar
a la Corte Suprema de Justicias la remisión de los antecedentes administrativos contentivo de la elección
de la magistrada Hilda González Neira».
42
Índice 135 Samai. El 21 de abril de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, al resolver el recurso de súplica, revocó parcialmente el ordinal
tercero de la parte resolutiva del auto cuestionado y ordenó oficiar a la Corte Suprema de Justicia para que
remita copia del expediente nro. 11001-023-000-2021-00144-00, contentivo del proceso de confirmación
del nombramiento.
43
Las demandantes en el escrito con el que respondieron a las excepciones planteadas manifestaron: «El
C.D., contentivo de la Audiencia se hará llegar en forma física toda vez que no se dispone de herramienta
tecnológica para remitirse». Sin embargo, no fue aportado.
44
Índice 198 Samai.
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10
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
general de la Corte Suprema de Justicia45. Contra la decisión se interpuso recurso
de súplica46. La Sección Quinta con providencia del 20 de octubre de 2022, confirmó
la decisión suplicada47. El 31 de octubre del año en curso, la parte actora solicitó
adición de la decisión48. El 24 de noviembre de 2022, la Sala de esta Sección negó
la adición, pues no se dejó de resolver ninguno de los puntos planteados en el
recurso de súplica49.
6.6. Recusaciones
27. Las demandantes y el tercero coadyuvante presentaron varios escritos de
recusación en contra del magistrado sustanciador.
28. Las demandantes, el 24 de noviembre de 202150, recusaron al magistrado
Pedro Pablo Vanegas Gil por estar incurso, presuntamente, en la causal establecida
en el artículo 141.1 del Código General del Proceso (CGP); «tener el juez interés
directo o indirecto en el proceso».
29. En ese sentido sostuvieron lo siguiente:
a) Que la hoy accionada, al oficiar como magistrada del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, presuntamente habría beneficiado al señor Villamil
Portilla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso del que era
apoderado, razón por la cual aquella sería inelegible en esa misma corporación
por razones morales y de idoneidad.
b) Consideraron que existen «vínculos laborales simultáneos» entre Edgardo
Villamil Portilla y el magistrado Vanegas Gil, por cuanto ambos son docentes en
la Universidad Externado de Colombia y, además, elementos «afectivos y actuales
de amistad surgidos con ocasión de compartir escenarios académicos».
c) El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil51 expresó que no le asiste ningún
interés directo o indirecto en la resolución del caso. La única pretensión que
orienta su participación en el mismo es el cumplimiento del deber constitucional y
legal de aplicar la función jurisdiccional de la que ha sido investido.
d) De igual manera, puso de presente que la sola convergencia laboral o
académica a la que se refieren las recusantes, sin pruebas, en ningún caso podría
ser considerada como un móvil tendiente a alterar la objetividad e imparcialidad
del operador jurídico. Por lo que, la recusación formulada por las accionantes debe
45
Para que testificara sobre sobre el protocolo guarda y custodia de los bienes – documento público – como
de su uso por parte de servidores públicos ajenos a la dependencia, pues la demandada presentó la
declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades e impedimento, en
documento con membrete de dicha corporación judicial.
46
Índice 202 Samai.
47
Índice 211 Samai.
48
Índice 216 Samai.
49
Índice 221 Samai.
50
Índice 83 Samai.
51
Índice 84 Samai.
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11
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
ser rechazada de plano por extemporánea o, en su defecto, declararse infundada
por falta de carga argumentativa y por no configurarse el interés directo o indirecto
alegado ni alguna otra causal.
30. El 16 de diciembre de 202152, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra
rechazó de plano la recusación presentada, pues conforme con el inciso segundo53
del artículo 142 del CGP, aplicable por la remisión del 296 del CPACA, no fue alegada
en el momento en que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil asumió el
conocimiento del proceso, esto es, el 16 de septiembre de 202154, y las
demandantes, luego de varias actuaciones procesales55, el 24 de noviembre de ese
año, la presentaron56. Pero también resaltó:
Finalmente, más allá de la improcedencia considerada, el Despacho llama la atención,
que la concurrencia a la academia universitaria no constituye per se condición
generadora de parcialidad judicial, por cuanto el ámbito de la educación superior, en
su dinámica de promover la investigación y conocimiento científico, en un marco de
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, conlleva la interrelación entre la
comunidad docente y sus directivas, que no siempre genera vínculos cercanos o
causantes de interés, al quedarse en la sola socialización del conocimiento profesional,
aunado a que la selección de los docentes, responde a las condiciones académicas
personales de los docentes, cuando se trata de ingresarlos a la planta académica,
incluidos los profesores de horas cátedra.
6.7. Coadyuvante57
a) El 11 de marzo de 2022, Carlos Alberto Jaramillo Calero, coadyuvante de la
parte demandante, recusó al magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil con los mismos
planteamientos que presentaron las accionantes.
b) El 18 de marzo de 202258, el despacho59 rechazó el trámite de la recusación,
por cuanto la misma es una reiteración de la ya presentada, en la que se duplicó
su contenido, argumentos y pruebas, la que fue abordada previamente por el
52
Índice 88 Samai.
53
«No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso
después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal fuere anterior a dicha gestión, ni
quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación
debe ser rechazada de plano». (Énfasis del original).
54
Índice 54 Samai.
55
15 de octubre de 2021, escrito de oposición a las excepciones; 3 de noviembre de ese año, presentaron
una solicitó la nulidad parcial y recuso de súplica contra la providencia que ordenó el trámite de sentencia
anticipada.
56
Contra la presente decisión las demandantes presentan solicitud de nulidad, al sostener que el artículo
22 de la Ley 2080 de 2021, fija que dicho auto debe ser de Sala y no de ponente (índice 97 Samai).
También, requirieron la adición del auto del 16 de diciembre de 2021, para que con la certificación expedida
por la Universidad Externado el día 9 de ese mes y año, se evalué la ausencia de conocimiento de vínculos
laborales simultáneos configurativos de sentimiento de aprecio y amistad entre el hoy magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil y Edgardo Villamil Portilla (índice 98 Samai). El 17 de febrero de 2022, el magistrado
Luis Alberto Álvarez Parra (quien rechazó de plano la recusación), negó la solicitud de adición y corrió
traslado de la nulidad prestada (índice 113 Samai) y con providencia del 2 de marzo de 2022, negó la
nulidad procesales por incompetencia, por cuanto en el auto del 16 de diciembre de 2021 no se estudió de
fondo la recusación, asunto reservado a la Sala, pero el rechazo si es de ponente, conforme al inciso
segundo del artículo 142 del CGP y el 35 de la Ley 270 de 1996 (índice 120 Samai).
57
Índice 127 Samai.
58
Índice 128 Samai.
59
MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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12
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
magistrado en turno60 y que, además, excedió el límite de postulación reservado
a la parte a la que ayuda.
6.8. Alegatos de conclusión
6.8.1. Demandada61
a) Explicó que cumplió con los requisitos constitucionales y legales para su
nombramiento, por tal razón, la supuesta inelegibilidad derivada de los artículos
232 (CP), 133 y 164 de la Ley 270 de 1996, relacionada con sus actuaciones como
magistrada de Tribunal dentro de un proceso ejecutivo, no permiten la anulación
de su designación.
b) También, indicó que el trámite de confirmación establecido por la LEAJ (artículo
13362) fija un procedimiento objetivo para que el nombrado aporte las pruebas que
acrediten el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos para el cargo, lo
que hizo satisfactoriamente.
c) A su vez, manifestó que el artículo 164 prevé reglas para los concursos de
méritos en la carrera judicial; sin embargo, dicha norma no aplica para el
nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, las
disposiciones invocadas por las demandantes no resultan aplicables.
d) En cuanto a la presunta falta de publicación de los actos administrativos de
designación y confirmación, puso de presente que no es causal de infracción de
las normas en las que debe fundarse, en razón a que la comunicación no es un
requisito de existencia ni de validez.
e) En definitiva, concluyó que no existe transgresión de norma superior o causal
de inelegibilidad que afecte la legalidad de su nombramiento y confirmación como
magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
6.7.2. Consejo Superior de la Judicatura63
a) Sostuvo que, revisadas las pruebas aportadas al trámite, no se acreditó la
causal de inelegibilidad del ordinal 5º del artículo 275 del CPACA, por cuanto el
60
Rechazada de plano, por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en auto del 16 de diciembre de 2021
(índice 88 Samai).
61
Índices 79, 176 y 194 Samai.
62
«El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá
aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual. // Quien sea designado como titular en un empleo para
cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad
nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento.
Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país
o de dos meses si se halla en el exterior. // La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá
negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado
se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo. // Confirmada en el
cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo. // PARAGRAFO. El término
para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere
justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento». Énfasis de la Sala.
63
Índices 106 y 180 Samai.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
expediente no evidencia incumplimiento de requisitos de idoneidad para el
desempeño del cargo.
b) Explicó que dicha corporación verificó el cumplimiento de los requisitos del
artículo 232 (CP), para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es decir:
i) Ser colombiana de nacimiento y ciudadana en ejercicio.
ii) Ser abogada.
iii) No haber sido condenada por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
iv) Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo,
la profesión de abogada o la cátedra universitaria64 en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente.
c) Puso de presente que la nulidad se sustentó en las actuaciones de la
demandada conforme un pronunciamiento judicial en sede de tutela de 4 de abril
de 2018, del cual no se acreditó su ejecutoria. En ese sentido, adujo que basta
con acudir al sistema público de consulta de procesos para evidenciar que dicho
fallo fue revocado por sentencia de 23 de mayo de 2018, proferido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia65. Por tanto, la decisión que
fundamentó lo alegado por las demandantes no existe jurídicamente.
d) Indicó que pretender efectuar un juicio de moralidad a las actuaciones de la
demandada con argumentos abstractos y no acreditados objetivamente con las
pruebas allegadas, no es de recibo para enjuiciar la legalidad del acto de elección,
pues se trata de una interpretación subjetiva de la parte actora, esto es,
convicciones particulares de inconformidad por decisiones judiciales que les
fueron desfavorables.
e) En este orden, sostuvo que no se demostró ninguna tacha sobre la situación de
elegibilidad de la accionada para el cargo en el que fue electa, más allá de las
manifestaciones particulares de las demandantes respecto sus condiciones de
índole moral.
f) De otra parte, esgrimió que se tiene que el acto de nombramiento fue publicado
en la página web de la Corte Suprema de Justicia y la supuesta falta de publicación
de la decisión de confirmación no constituye causal de nulidad de la elección, por
cuanto la divulgación no tiene efectos sobre la legalidad de aquel.
g) A su vez, expone que los cuestionamientos elevados en sede contenciosa
contra varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su incidencia
en el proceso de nombramiento de la magistrada demandada, se basan en una
64
Aclaró que, para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la
cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la
magistratura a ejercer.
65
«Radicado No. 11001020300020180064202».
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
premisa hipotética sobre un posible fallo de nulidad electoral en otros procesos,
hecho que no puede materializar la existencia de un vicio sobre el acto de elección.
h) Por todo lo anterior, concluyó que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto de elección y, en consecuencia, deben negarse las pretensiones
de la demanda.
6.8.2. Corte Suprema de Justicia66
a) Mediante apoderado judicial, allegó escrito en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda, por cuanto la designación, nombramiento y
confirmación de la demandada no materializó algún vicio de ilegalidad de los actos
administrativos, ni tampoco se infringieron las normas en que debían fundarse.
b) Lo anterior, por cuanto no existía inhabilidad en la demandada para ser
nombrada, pues aquella cumplió a cabalidad con las exigencias constitucionales
y legales, las cuales fueron verificadas al momento de expedir el acto de
confirmación como magistrada de la Sala de Casación Civil.
c) En cuanto a la presunta vulneración del principio de publicidad, puso de
presente que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, la falta de notificación o publicación del acto no afecta su
validez, sino que, a lo sumo, es inoponible a partir de lo cual indicó:
d) Lo anterior resulta suficiente para considerar que en el caso en estudio,
independientemente de que los actos de elección y confirmación de la elección de
la doctora Hilda González Neira como Magistrada de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia hubiesen sido o no publicados en debida forma, las
pretensiones de la demanda no se encuentran llamadas a prosperar, pues esa
publicación o la ausencia de la misma no guarda relación alguna con la validez del
acto en sí mismo, el cual fue expedido conforme al ordenamiento jurídico.
e) A pesar de lo anterior, explicó que en este caso se cumplió con el principio de
publicidad, pues el acto de nombramiento fue publicado en el portal web de la
Corte Suprema de Justicia y la decisión de confirmación, a través del sistema de
consultas de proceso de la Rama Judicial (indicó el paso a paso para ello),
arrojando:
66
Índice 183 Samai.
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15
Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
f) En ese orden de ideas, sostuvo que los actos de nombramiento y confirmación
de la demandada respetan el ordenamiento jurídico, en especial, el principio de
publicidad, pues, como se indicó líneas atrás, dichos actos se notificaron a la
interesada, a la vez que se anunció e informó a la comunidad sobre su existencia.
g) Finalmente, esgrimió que el nombramiento de la demandada no depende de la
nulidad de la elección de los magistrados que participaron en su elección, toda vez
que, en primera medida este es un hecho incierto y, en todo caso, dicha situación
no vicia el acto administrativo de nombramiento.
6.8.3. Concepto del Ministerio Público67
a) La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar la
nulidad del acto de designación de la demandada como magistrada de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en razón a que:
b) No se acreditó ningún impedimento de orden moral alegado por la parte
demandante respecto del ejercicio de funciones jurisdiccionales que pudiese
impedir la confirmación de su nombramiento de acuerdo con el artículo 133 de la
LEAJ.
c) La ausencia o falta de publicación del acto de confirmación no constituye un
requisito para afectar la validez de dicho acto complejo, pues el requisito de
publicidad resulta necesario solamente para que el aludido acto sea oponible a
terceros.
67
Índices 181 y 189 Samai.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
31. De conformidad con el ordinal cuarto68 del artículo 149 del CPACA, así como
también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta corporación es competente para conocer en única instancia, dado que
se trata de una demanda contra el nombramiento de una magistrada de la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia, especialidad de la Sala electoral (artículo 13 del
reglamento).
2. Acto demandado
32. Corresponde al contenido en el Acuerdo nro. 1539 del 18 de febrero de 2021,
por medio del cual, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia nombró a la
demandada como magistrada de la Sala de Casación Civil, confirmado mediante
providencia del 4 de marzo de 202169.
3. Problema jurídico
33. A partir de los fundamentos de la demanda, de su concepto de la violación,
junto con las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las
partes e intervinientes –incluido el tercero coadyuvante, en auto del 26 de octubre de
2021, se fijó el litigio en los siguientes términos:
75. Así, corresponde al Despacho determinar si el acto de designación de la
demandada, señora Hilda González Neira, como magistrada de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Acuerdo 1539 del 18 de febrero
de 2021 de dicha Corporación, y el acto de confirmación emitido en sesión de Sala
Plena del 4 de marzo de 2021 dentro del expediente 11001-02-30-000-2021-00144-00
deben ser anulados, para lo cual se debe establecer si:
(iv) ¿Se materializó el vicio de ilegalidad plasmado en el numeral 5º del artículo
275 del CPACA dada la supuesta inelegibilidad de la demandada, derivada del
artículo 232 de la Constitución Política y de los artículos 133 y 164 de la Ley 270 de
1996, debido a sus actuaciones como magistrada de Tribunal?
(v) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA) por la falta de publicación,
tanto de la designación como de la confirmación ordenada por el artículo 65 del
CPACA, así como del número de votos obtenidos por la demandada para resultar
elegida?
(vi) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA), en vista de que los
cuestionamientos elevados en sede contenciosa contra varios de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia que participaron de la elección podrían llevar a una
eventual falta de quorum? (Énfasis del original).
68
«De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y
sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las
Comisiones de Regulación». (Énfasis de la Sala).
69
Radicado del proceso de confirmación nro. 11001-02-30-000-2021-00144-00.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
4. De las pruebas en el proceso
34. Como pruebas aportadas se tienen:
35. Con la demanda y el escrito por medio del cual se subsanó se aportaron los
siguientes documentos, en su mayoría en copias:
• Impedimento manifestado por la demandada para conocer del recurso extraordinario
del expediente nro. 11001-02-03-000-2020-00745-00.
• Oficio PCSJ - 731 del 13 de julio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia.
• Memorial de agosto 9 del año 2021 enviado por la señora Mariela Maldonado París
a la Corte Suprema de Justicia.
• Fallo de tutela del 4 de abril de 2018 (STC4276-2018) dictado dentro del expediente
nro. 11001-02-03-000-2018-00642-00.
• Soporte de envío de correo electrónico a la Corte Suprema de Justicia con la
demanda y sus anexos.
• Impedimento manifestado por el magistrado Álvaro Fernando García Restrepo para
conocer del recurso extraordinario del expediente nro. 11001-02-03-000-2020-
00745-00.
36. El Consejo Superior de la Judicatura, con la contestación de la demanda,
arrimó los siguientes documentos en copia:
• Acuerdo nro. PSAA16-10553 de agosto 4 de 201670.
• Acuerdo PCSJA17-10714 de 26 de julio de 201771.
• Aviso de convocatoria del 1º de abril de 2019.
• Ampliación de cronograma del 15 de diciembre de 2019.
• Listado de inscritos del 20 de enero de 2020.
• Listado de preseleccionados del 18 de febrero de 2020.
• Acuerdo PCSJA20-11510 de 27 de febrero de 202072.
37. En atención al requerimiento efectuado mediante auto de 2 de junio de 202173,
a través de oficio y con el escrito de contestación de la demanda, la Corte Suprema
de Justicia aportó, entre otros documentos:
• Oficio PCSJ020-315, a través del cual se allegó, entre otros, el Acuerdo PCSJA20-
11510 de 27 de febrero de 202074.
• Acuerdo nro. 1539 del 18 de febrero de 2021, «por el cual se hace el nombramiento
de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia». Publicado en la página web de
70
«Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado».
71
«Por el cual se fija el mecanismo de inscripción y recepción de documentos para las convocatorias que
adelanta el Consejo Superior de la Judicatura y se modifica el artículo 8º del Acuerdo PSAA16-10553 de
2016».
72
«Por el cual se formula ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la lista de elegibles destinada
a proveer un cargo de magistrado (a) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia»
73
Índice 8 Samai.
74
«Por el cual se formula ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la lista de elegibles destinada
a proveer un cargo de magistrado (a) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia».
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
la Corte Suprema de Justicia, en el enlace
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/actos-administrativos-denombramiento/
• Parte pertinente del acta de Sala Plena nro. 3, celebrada el 18 de febrero de 2021.
• Oficio PCSJ nro. 0130 comunicando la designación a la doctora Hilda González Neira
en encargo y propiedad como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
• Comunicación suscrita por la doctora González Neira, allegada a través del correo
electrónico de la Secretaría General, aceptando el nombramiento.
• Comunicación recibida en el correo electrónico de la Secretaría General, mediante la
cual la doctora González Neira solicitó la confirmación del nombramiento.
• Copia de la providencia del 4 de marzo de 2021, proferida dentro del radicado nro.
11001-02-30-000-2021-00144-00, confirmando el nombramiento en propiedad como
magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de Hilda
González Neira. MP Iván Mauricio Lenis Gómez.
• Parte pertinente del acta de Sala Plena nro. 4, celebrada el 4 de marzo de 2021.
• Oficio OSG nro. 0727 comunicando la confirmación del nombramiento de la doctora
Hilda González Neira en propiedad como magistrada de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia.
• Oficio PCSJ nro. 0131, remitido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, enviando los documentos para el trámite correspondiente a la posesión.
• Acta de posesión en el cargo de magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, de la doctora Hilda González Neira.
5. De la caducidad en este proceso
38. La Sala resolvió este tema en el auto del 8 de julio de 202175, en el sentido de
revocar la providencia de 15 de junio de 2021 que rechazó la demanda por caducidad
y, en consecuencia, ordenó proveer sobre la admisión de la demanda. En ese
sentido, conforme a las consideraciones de dicha providencia se procederá a
estudiar el fondo del asunto, de acuerdo con las cuestiones jurídicas señaladas en la
fijación del litigio.
6. Caso concreto
39. La discusión gravita en determinar si:
a) ¿Se materializó el vicio de ilegalidad plasmado en el numeral 5º del artículo
275 del CPACA dada la supuesta inelegibilidad de la demandada, derivada del
artículo 232 de la Constitución Política y de los artículos 133 y 164 de la Ley 270
de 1996, debido a sus actuaciones como magistrada de Tribunal?
b) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA) por la falta de
publicación, tanto de la designación como de la confirmación ordenada por el
artículo 65 del CPACA, así como del número de votos obtenidos por la demandada
para resultar elegida?
c) ¿Los actos cuya nulidad se pretende fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse (artículo 137 del CPACA), en vista de que los
75
Índice 28 Samai.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
cuestionamientos elevados en sede contenciosa contra varios de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia que participaron de la elección podrían llevar a
una eventual falta de quorum?
40. Para resolver las cuestiones trazadas se tendrá en cuenta que la parte
demandante trajo como hecho principal que la demandada, en su calidad de
magistrada del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, incurrió en un
presunto error judicial al dictar una providencia – 6 de marzo de 2018 – dentro de un
proceso ejecutivo - 11001-31-03-039-2016-00171-00 –, cuyos supuestos se
identificaron en los antecedentes de esta providencia.
6.1. De la violación del artículo 232 de la Constitución Política
41. El buen crédito como requisito contemplado en la Constitución de 1991, para
alcanzar las dignidades que ella detalla, se erige como un instrumento para que quien
deba seleccionar y designar a un ciudadano, no sólo deba verificar la experiencia
requerida, sino que debe constatar, además, con que tal trasegar profesional esté
libre de censura material76.
42. Así las cosas, la jurisprudencia señala qué se entiende por este término. Sobre
el mismo destaca que corresponde a un concepto jurídico indeterminado, que debe
ser concretado e individualizado al margen de apreciaciones personales o subjetivas
al momento de evaluarlo77.
43. Lo anterior conlleva para el intérprete sintetizar su alcance «en virtud de
remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole,
que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos en
cada caso concreto»78. Por ello, corresponde al operador jurídico concretar o
individualizar tal concepto indeterminado, para lo cual puede acudir a las reglas de
cada profesión79, que develan un especial modo de actuar y entender el ejercicio
profesional80.
44. A su vez, como lo matiza la jurisprudencia de esta Sección, dentro de las
posibilidades de valorar dicho requisito constitucional se tiene que «(…) poder colegir
el cumplimiento del “buen crédito”, se acude también a los antecedentes penales
para estudiar si la persona no ha tenido condenas de esa naturaleza o ha sido
procesado por delitos que impliquen una sanción. Es así como, el Estatuto Penal -
Ley 599 de 2000- señala dentro del capítulo sobre los delitos contra el patrimonio
económico algunos como la estafa (artículo 246 y 247) o el abuso de confianza
(artículos 249 y 250) que pueden tener como sujeto activo a profesionales del
derecho en ejercicio de su actividad. De igual manera se tipifican también algunas
conductas que atentan contra la fe pública (artículos 286 a 296), tales como la
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de junio de
2014, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001-03-28-000-2013-00024-00.
77
Corte Constitucional sentencia C-371 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
78
Corte Constitucional sentencia C-530 de 2003, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
79
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de junio de
2014, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001-03-28-000-2013-00024-00.
80
Corte Constitucional sentencia C-406 de 2004, M.P. Dra. Clara Inés Vargas.
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de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
falsedad en documentos, que pueden tener igualmente como extremo activo
abogados en desarrollo de sus encargos profesionales»81.
45. En ese orden de ideas, en el caso concreto se cuestiona si las actuaciones
judiciales que se endilgan a la demandada, relacionadas específicamente con el
enunciado proceso ejecutivo, tienen la potencialidad para desvirtuar el requisito
«ejercicio con buen crédito» del artículo 232 constitucional, norma que establece los
requisitos para ocupar la dignidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia:
Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión
de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos
reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en
disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.
46. La norma exige una experiencia mínima de quince años para acceder a la alta
magistratura, la cual se puede obtener en estos escenarios diferenciables: i) con el
desempeño de cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público y ii) el ejercicio
con buen crédito de la profesión de abogado o de la cátedra universitaria en
establecimientos reconocidos oficialmente.
47. Según se infiere de la norma, el «buen crédito» como ingrediente normativo
se concatena a dos eventos puntuales: «ejercicio de la profesión de abogado o la
cátedra universitaria en disciplinas jurídicas», lo cual no excluye a quienes hayan
ocupado cargos en el Rama judicial.
48. El «buen crédito» se valora en cada caso concreto conforme con criterios
objetivos que permiten determinar si un profesional del derecho ejerció tal profesión
de acuerdo con dicho parámetro, el cual delimita la jurisprudencia de esta
Corporación de la siguiente manera:
Así, en cada caso concreto el análisis de los elementos objetivos deben llevar
a colegir que un determinado profesional ha ejercido con buen crédito
cuando el mismo ha estado libre de señalamientos, imputaciones, censuras
públicas, privadas o sectoriales que hayan conducido a procesamientos
éticos, disciplinarios o penales y que eventualmente –no necesariamente-
hayan concluido con una sanción, siempre que la conducta por la que se ha
generado tal imputación y eventual condena guarde relación con el ejercicio
profesional82.
49. Frente a quienes hayan ocupado cargos en la Rama Judicial, el buen crédito
se verifica, entre otros parámetros definidos jurisprudencialmente, mediante la
81
Ver entre otras sentencias, las de 12 de octubre de 2000 (rad. 2368 y 2374) y 12 de julio de 2001 (rad.
2436) ambas con ponencia del doctor Reinaldo Chavarro Buriticá y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de junio de 2014, M.P: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001-03-28-000-2013-00024-00. Reiterado en Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de octubre de 2021, M.P: Pedro
Pablo Vanegas Gil, Radicado No. 11001-03-28-000-2020-00078-00 Acumulado.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre
de 2015, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00135-00
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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
valoración de antecedentes, lo cual corresponde a la Corporación Judicial
nominadora, toda vez que dicho requisito se predica respecto del ejercicio de la
profesión en general, independiente del área en la que se haya ejercido.
50. Conforme con los lineamientos jurisprudenciales, los señalamientos de la
parte demandante; es decir, los presuntos yerros en que incurrió la demandada en
un proceso judicial que tramitó como magistrada de una corporación judicial, del cual
se advierte que las decisiones que se adoptaron en su curso estaban en principio
investidas de autonomía judicial y prevalencia del derecho sustancial83; no permiten
concluir que el acto demandado transgredió el artículo 232.4 constitucional, por no
acreditarse el requisito del buen crédito.
51. En efecto, la existencia de reparos o inconformidades frente a una
providencia, que se asume se emitió con el manto del principio de autonomía judicial
que en principio cobija las decisiones jurisdiccionales, no conlleva a minar el requisito
del buen crédito de quienes aspiran a ocupar la dignidad de ser jueces o magistrados
de la República84.
52. Conforme lo anterior, aun cuando una decisión judicial no sea compartida por
otra autoridad judicial, por terceros o la generalidad de los sujetos procesales, en
principio, no puede tildarse de arbitraria o abusiva, «pues tal proceder estaría
desestimando los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial
que, justamente, le reconocen al juez natural plena competencia para aplicar la ley
del proceso y valorar el material probatorio de conformidad con las reglas de la sana
crítica»85. Si este es el lineamiento constitucional, en el caso concreto, sería
inadmisible aceptar que la demandada incumplió con el requisito del buen crédito
para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por las irregularidades en un
proceso judicial que estuvo bajo su responsabilidad, tal como lo adujeron las
demandantes.
53. Aceptar lo contrario, es decir; que una decisión judicial revocada por el
superior jerárquico ponga en tela de juicio el requisito del buen crédito previsto en el
artículo 232 constitucional; conllevaría al desconocimiento flagrante del principio de
autonomía judicial.
54. En ese orden de ideas, los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen
crédito que acreditó la accionada para ser elegida en tal dignidad.
55. En gracia de la discusión, la Sala encontró que la accionada acreditó sus 15
años de experiencia como funcionaria de la Rama Judicial, como consta en los
antecedentes administrativos allegados por la Corte Suprema de Justicia, donde
obran las calificaciones satisfactorias que obtuvo cuando se desempeñó como
magistrada de tribunal.
83
Artículo 5 de la LEAJ.
84
Sentencia C- 084 de 2016. MP Luis Ernesto Vargas Silva.
85
Idem. Cfr Sentencias T-1001 de 2001, T-1169 de 2001, T-907 de 2006, M. P.: Rodrigo Escobar Gil;
T-809 de 2010, M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
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Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
56. Además, para la Sala es pertinente señalar que la Corte Suprema de Justicia,
dentro de la autonomía judicial que le otorgan los artículos 11386 y 22887 de la
Constitución Política, así como el 588 de Ley 270 de 1996, valoró los antecedentes
judiciales, disciplinarios, fiscales y profesionales aportados por la demandada al
trámite de confirmación.
57. En ese orden, los antecedentes administrativos allegados al expediente
muestran que la Corte Suprema no evidenció alguna anotación que desvirtuara los
requisitos del artículo 232 de la Constitución. Prueba de ello es que procedió a la
confirmación del nombramiento de la demandada como magistrada de la Sala Civil
de la Corte Suprema, como se evidencia en el expediente nro. 11001-02-30-000-
2021-00144-00.
58. Por otra parte, frente al proceso ordinario que cursa a través del medio de
reparación directa en los términos que señaló la parte demandante, se advierte que
las pruebas allegadas demuestran que dicho proceso se encuentra en trámite89,
razón por la que no se ha determinado ningún tipo de responsabilidad estatal. En ese
orden, en este momento procesal, condicionar el análisis del requisito del buen
crédito a una sentencia futura, resulta impertinente.
59. Frente al cargo de nulidad relacionado con un pronunciamiento judicial en
sede de tutela de 4 de abril de 2018, que inicialmente amparó los derechos de las
demandantes frente al proceso ejecutivo, y que a juicio de las demandantes también
desvirtuó el requisito de buen crédito; la Sala encontró que dicho fallo fue revocado
por sentencia de 23 de mayo de 2018 proferida por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia90, así también lo señaló el Consejo Superior de la
Judicatura al intervenir en el presente proceso. Por tanto, el supuesto fáctico alegado
carece de relevancia jurídica.
60. Conforme los argumentos expuestos se negará el cargo de nulidad propuestos
por la parte demandante.
6.2. De la violación del artículo 133 de la Ley 270 de 1996
61. Por el mismo hecho descrito anteriormente, la parte demandante consideró
que la demandada estaba impedida moralmente para acceder al cargo de magistrada
86
«Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. // Además de los órganos que las
integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para
la realización de sus fines».
87
«La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo».
88
«La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de
administrar justicia».
89
Consultado el proceso de la Rama Judicial, el medio de control de reparación directa nro. 11001-
33-36-032-2019-00228-00, indicado por las demandantes, la actuación que allí se evidencia es que
se interpuso recurso de apelación contra el auto del 26 de marzo de 2021, por medio del cual, se negó
una medida cautelar.
90
«Radicado No. 11001020300020180064202».
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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido adujo que dicha Corporación no
debió confirmar su nombramiento, conforme con el artículo 133 de la Ley 270 de
1996. Norma que en lo pertinente dispone:
El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días
siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.
Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos
y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la
presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto,
el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside
en el país o de dos meses si se halla en el exterior.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se
alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado
se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.
Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión
del mismo.
PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el
nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la
solicitud se formule antes del vencimiento. (Resaltados de la Sala).
62. Dicha disposición rige el acto de confirmación conforme estos elementos: i) es
una facultad del nominador; ii) fija los supuestos específicos para negar la
confirmación, entre ellos, que se establezca que el nombrado estaba impedido
moralmente; y iii) que esa limitación sea para el ejercicio del cargo.
63. Lo primero a destacar es que el argumento de la parte demandante no
desvirtúa la legalidad del acto de elección de la demandada, por cuanto la norma
estatutaria regula el supuesto de la negación de la confirmación del nombramiento.
64. Así, la Sala encuentra que la Corte Suprema de Justicia para confirmar a la
demandada evaluó la información atinente a su cédula de ciudadanía; hoja de vida;
formación académica; tiempos de servicio laborados en la Rama Judicial; ausencia
de antecedentes penales, disciplinarios, profesionales y fiscales91; declaración jurada
de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, inexistencia de procesos
pendientes por alimentos y cumplimiento de obligaciones familiares.
65. A su vez, valoró las calificaciones de las actuaciones de la demandada como
magistrada del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. De ahí que profirió el
acto de confirmación, previa verificación de dichos requisitos.
66. Por lo tanto, en el presente caso no se configuró la infracción normativa
alegada pues, al momento de la confirmación, se acreditó el requisito del buen crédito
del artículo 232 constitucional.
67. Ahora bien, en el escenario del ejercicio de las profesiones, el impedimento
moral es un concepto jurídico indeterminado como el buen crédito, en ese sentido su
91
Índice 143 Samai.
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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
valoración atiende a factores objetivos que permiten determinar si una persona
ejerció con decoro su profesión o si sus comportamientos se ajustaron a la ética que
demanda su ocupación. Por ello, como en el presente caso lo que se pretende es
cuestionar una actuación judicial de la demandada92, se advierte que, en este caso
concreto, dicha circunstancia no era un impedimento moral que le impedía ser
nombrada en tal dignidad; también carecía de la potencialidad para afectar la
presunción de legalidad de su designación pues, se reitera, las decisiones
jurisdiccionales en principio se arropan con el principio de autonomía judicial. Por lo
expuesto, el cargo no prospera.
6.3. De la violación del artículo 164 de la Ley 270 de 1996
68. De igual forma, la parte demandante censura que la demandada carecía de
las condiciones morales y de personalidad señaladas en el artículo 164 de la LEAJ.
En dicha norma se establecen reglas del sistema de carrera judicial:
«El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la
evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad
moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la
carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se
fijará su ubicación en el mismo».
69. Al respecto, el artículo 130 LEAJ señala que los empleos de la Rama Judicial
i) «[s]on de período individual los cargos de Magistrado (…) de la Corte Suprema de
Justicia…», ii) otros son de libre nombramiento y remoción y iii) todos los demás son
de carrera.
70. La disposición citada por la parte demandante se aplica a los cargos de
carrera, al que se accede a través de un concurso de méritos, dentro de los cuales
no está el que se proveyó a la demandada. La designación de esta se hizo por el
sistema de cooptación previsto en el artículo 231 constitucional, el cual permite que
la misma corporación judicial elige a su nuevo miembro, para un periodo de 8 años,
luego de una convocatoria para ese empleo.
71. Por tal razón, como el cargo no es de los que se proveen por concurso de
méritos, no es viable el juicio de legalidad solicitado frente al artículo 164 de la LEAJ
y, por consiguiente, el cargo no prosperará.
6.4. De la presunta infracción del principio de publicidad.
72. Las demandantes señalan que se vulneró el principio de publicidad pues, a su
juicio, la Corte Suprema de Justicia no dio a conocer los actos de nombramiento y
de confirmación. En ese orden adujeron que hubo desconocimiento del artículo 65
del CPACA.
92
Que a juicio de las accionantes constituye un error judicial porque, al conocer la demandada en la
segunda instancia del proceso ejecutivo declaró la falta de legitimación en la causa por activa de
estas.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
73. El artículo 65 del CPACA prescribe que «[t]ambién deberán publicarse los
actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular».
74. Ahora bien, como lo señala el primer inciso de la norma, la consecuencia de
su incumplimiento es que «…no serán obligatorios…». Esto va en consonancia con
lo que señala la jurisprudencia con respecto a que «… la publicación no constituye
un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición
para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad…»93.
75. A su vez, esta Sección señaló que «… la falta de publicación de un acto
administrativo de carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad
frente a terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para
el acto de carácter particular que se expida con fundamento en él, se erige en
presupuesto de validez…»94.
76. Los lineamientos jurisprudenciales enunciados evidencian que no se accederá
al cargo propuesto por la demandante, toda vez que el yerro que adujo no afecta la
validez del acto de nombramiento. Igual conclusión se extiende a las irregularidades
reseñadas frente a la falta de publicidad del acto de confirmación.
77. En todo caso, se advierte que las pruebas allegadas evidencian que el
Acuerdo nro. 1539 del 18 de febrero de 2021 que contiene el nombramiento, sí se
publicó en la página web de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo de 202195,
conforme con el artículo 6596 del CPACA. También se acreditó la correspondiente
comunicación a la demandada, la cual consta en el oficio PCSJ nro., 0130 del 18 de
febrero de 202197.
6.5. De la afectación eventual del quorum
78. Las demandantes manifiestan que de anularse la elección de los magistrados
Gerson Chaverra Castro, Luis Benedicto Herrera, Fabio Ospitia Garzón, Hugo
Quintero Bernate, Francisco José Ternera Barrios e Iván Mauricio Lenis Gómez
dentro del contencioso electoral 11001-03-28-000-2020-00059-0098, se afectaría la
elección de la demandada, la cual es objeto de controversia en el presente proceso.
79. Este cargo no prospera toda vez que las pruebas allegadas al proceso, como
el «Acta número 3 correspondiente a la sesión ordinaria de sala plena, celebrada el
93
Corte Constitucional, Sentencia C-957 de 1999.
94
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 11001-03-28-000-2011-
00059-00.
95
Índice 8 Samai.
96
«Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un
órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes,
la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la
entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación».
97
Índice 8 Samai.
98
Al que se acumularon las demandas 2020-00061-00, 2020-00062-00, 2020-00063-00, 2020-00064-00,
2020-00065-00, 2020-00066-00 y 2020-00067-00.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
18 de febrero de 2021»99, se advierte que la Corporación judicial cumplió con el
quorum necesario para proceder a la elección de la demandada:
La Secretaria General procedió a llamar a lista con el fin de verificar el quorum para
la sesión de la fecha. Cumplido este acto informó al señor Presidente de la
Corporación, que se hallaban 19 Magistrados, los doctores LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZ BARBOSA (presencial), AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(presencial), JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA (virtual), GERARDO BOTERO
ZULUAGA (virtual), FERNANDO CASTILLO CADENA (presencial), GERSON
CHAVERRA CASTRO (virtual), DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
(presencial), EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER (virtual), ÁLVARO FERNANDO
GARCÍA RESTREPO (virtual), LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ (virtual), IVÁN
MAURICIO LENIS GÓMEZ (presencial), OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
(presencial), FABIO OSPITIA GARZÓN (virtual), HUGO QUINTERO BERNATE
(virtual), JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN (presencial), LUIS ALONSO RICO
PUERTA (virtual), PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR (virtual), OCTAVIO AUGUSTO
TEJEIRO DUQUE (virtual) y FRANCISCO TERNERA BARRIOS (presencial); que
los doctores CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, EYDER PATIÑO CABRERA y
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, se conectarían más tarde.
80. En segundo lugar, la Sala encuentra que el reproche en cuestión se construyó
sobre un supuesto hipotético que en caso de que se verificara, no tendría incidencia
para afectar la presunción de la legalidad de la elección de la demanda, toda vez que
los efectos de esa decisión se predican a futuro, de manera que sus consecuencias
no se extienden a la elección cuestionada, pues en ese momento los magistrados
demandados se encontraban ejerciendo el cargo, lo cual presuponía que hicieron la
designación de la accionada porque gozaban de tal facultad para elegir.
81. En todo caso, se advierte que esta Sección con sentencia del 17 de agosto de
100
2022 , negó las pretensiones en los procesos allí acumulados, por no acreditarse
la configuración de los motivos de inconformidad.
7. Conclusión
82. Por lo explicado en esta providencia, la Sala negará las pretensiones del
medio de control de nulidad electoral promovido por Edilma y Mariela Maldonado
París contra el acto de nombramiento de Hilda González Neira, como magistrada de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que no se
acreditaron los reproches planteados, que buscaban desvirtuar el ejercicio
profesional con buen crédito o moralidad de la demandada para el cargo.
8. Reconocimiento de personería
83. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
otorgó poder al abogado César Augusto Méndez Becerra. Como cumple con las
exigencias señaladas en el artículo 74 del Código General del Proceso, armonizado
con las previsiones del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, se reconocerá personería
en los términos del mandato que obra en el expediente.
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Índice 53 Samai.
100
En esta providencia salvó el voto el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandantes: Edilma y Mariela Maldonado París
Demandada: Hilda González Neira
Magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
Primero: Negar las pretensiones del medio de control de nulidad electoral promovido
por Edilma y Mariela Maldonado París contra el acto de nombramiento de Hilda
González Neira, como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
Segundo: Reconocer personería al abogado César Augusto Méndez Becerra como
apoderado judicial de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del poder
otorgado.
Tercero: En firme esta providencia, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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