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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00127-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00127-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Negar la pretensión de la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00127-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00127-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Conjueces de la Corte Constitucional, para el periodo 2025
a 2026

Temas: Trámite de elección de conjueces. Principios de
transparencia y publicidad

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sección es competente para resolver la demanda contra el nombramiento de
los conjueces1 de la Corte Constitucional, para el periodo 2025 a 2026, de
conformidad con el numeral 4.º2 del artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como lo dispuesto
en el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 (modificado por
el 434 de 2024) de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 11 de julio de 20253, el señor Sua Montaña4 solicitó la nulidad de la elección
de los conjueces de la Corte Constitucional, para el periodo 2025 a 2026, contenida
en el Acta núm. 9 de Sala Plena del 27 de febrero del año en curso, porque, en su
criterio, dicha designación se expidió irregularmente, con desconocimiento del
debido proceso, del principio de legalidad y se incumplió el deber de motivación.

2. Para sustentar lo anterior, el demandante señaló que, respecto al acto
declarativo de elección objeto de impugnación, la Corte Constitucional le informó

1 Los conjueces designados fueron: 1) Carlos Alberto Atehortúa Ríos, 2) Antonio Barreto Rozo, 3)

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 4) José Antonio Cepeda Amaris, 5) Magdalena Correa Henao,
6) Ruth Stella Correa Palacio, 7) Clara Cecilia Dueñas Quevedo, 8) Diana Durán Smela, 9) Juan
Carlos Esguerra Portocarrero, 10) Clara María González Zabala, 11) Carlos Pablo Márquez
Escobar, 12) Álvaro Andrés Motta Navas, 13) Luis Hernando Parra Nieto, 14) Mauricio Alfredo
Plazas Vega, 15) Juan Camilo Restrepo Salazar, 16) Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 17)
Humberto Antonio Sierra Porto y 18) Jaime Humberto Tobar Ordóñez.
2 Competencia del Consejo de Estado en única instancia: «[…] 4. De la nulidad de los actos de

elección expedidos por […] la Corte Constitucional […]».
3 Índice 3 Samai. El despacho inadmitió la demanda con auto del 18 de julio de 2025 (índice 5

Samai), luego, el demandante subsanó en debida forma (índice 10 Samai).
4 Quien actúa en nombre propio.

1

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Conjueces de la Corte
Constitucional, para el periodo 2025 a 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00127-00

al responder un derecho de petición, mediante los oficios 2025-072 y 2025-076,
que no existía gaceta oficial destinada a la publicación.

3. Asimismo, expresó que dicho tribunal constitucional le manifestó que la
información sobre los asuntos de su competencia se publica en la página web
«https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/» y que, para consultar las
actas de la Sala Plena, era necesario solicitarlas directamente a la Secretaría
General, área responsable de proteger su reserva legal.

4. Por otra parte, sostuvo que, en la sesión del 27 de febrero de 2025, la Corte
reanudó las deliberaciones de la designación cuestionada, aunque, a su juicio, en
el orden del día publicado para esa fecha no se incluyó la citada elección, lo que
desconoció las formas propias del procedimiento y vulneró el deber de motivación
de los actos administrativos.

5. De igual forma, indicó que tampoco se divulgaron con antelación los perfiles de
los elegidos en el sitio web de esa corporación, pese a que lo anunciaron, a través
del oficio 2024-001240, como un aspecto a informar en el portal oficial de la entidad
y, además, no se publicó el acto de nombramiento, al que se tuvo acceso por una
petición previa, lo que impide el adecuado control ciudadano.

6. En ese orden de ideas, el demandante solicitó la nulidad de la elección de los
conjueces de la Corte Constitucional para el periodo 2025 a 2026, con fundamento
en la causal de expedición irregular, por la supuesta violación al debido proceso,
específicamente del deber de motivación y del principio de legalidad. Al respecto,
indicó lo siguiente:

[…] por la causal denominada ‘expedición irregular’ prevista en el inciso primero del
artículo 137 de la ley 1437 en virtud de su remisión establecida en el inciso primero
del artículo 275 de dicha ley derivada de violación del debido proceso en su garantía
convencional de deber de motivación y constitucional de plenitud de las formas
respectivamente previstas en el numeral 1 del artículo 8 de la convención americana
e incisos primero y segundo del artículo 29 constitucional desarrollados en el inciso
primero del artículo 209 constitucional, artículo 44 y numerales 8, 9 y 11 del artículo
3 de la ley 1437 de 2011, artículo 57 de la ley 270 de 1996 y artículos 27 y 81 del
reglamento interno de la corte constitucional. [Sic a toda la cita].

7. Además, afirmó que el poder público debe someter sus actos a los
procedimientos establecidos en la ley y, por tal razón, insistió en que la elección
demandada incurrió en irregularidades que justifican su anulación por expedición
irregular, porque, en su criterio:

a) La elección se realizó sin figurar en el orden del día publicado, lo que alteró
el desarrollo de la sesión sin una votación que lo autorizara, ni una
justificación sumaria. En consecuencia, se habría incumplido el deber de
motivar el cambio en el orden del día por parte de la autoridad judicial.

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2

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Constitucional, para el periodo 2025 a 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00127-00

b) El proceso desconoció garantías esenciales, en tanto5 i) se omitió la
publicación anticipada de los perfiles de los aspirantes, lo que, a su juicio,
impidió el control ciudadano sobre su mérito e idoneidad, ii) las condiciones
de la elección se modificaron de forma discrecional y sin publicidad, y iii) el
acto de designación no se publicó, escenario que dificultó su impugnación.

B. Posición de la parte demandada

8. De los conjueces designados únicamente contestaron la demanda los
siguientes:

9. Carlos Pablo Márquez Escobar6, a través de apoderada, se opuso a la
pretensión de la nulidad de su designación como conjuez de la Corte Constitucional
para el periodo 2025-2026. En ese sentido, rechazó los argumentos del
demandante, al negar la configuración de una expedición irregular en el acto de
nombramiento y la vulneración de principios administrativos.

10. Asimismo, enfatizó la importancia de que el Consejo de Estado practique un
examen exhaustivo del expediente administrativo correspondiente a la elección, el
cual deberá ser remitido por la Corte Constitucional, toda vez que únicamente
mediante dicho análisis integral podrán esclarecerse los hechos controvertidos.

11. De igual manera, se refirió personalmente al demandante, Harold Eduardo Sua
Montaña, a quien identifica como un litigante con notoria actividad en la
interposición de demandas de nulidad electoral. En ese orden, citó publicaciones
periodísticas que dan cuenta de una sanción impuesta por la Corte Constitucional,
motivada por su conducta procesal, calificada como «dilatoria y temeraria».

12. Igualmente, hizo referencia a un auto de la misma Corporación en el que se le
advirtió respecto al uso reiterado de recursos infundados, y se destaca que su
nombre figura en aproximadamente 350 resultados en el portal de consultas de
procesos de la Rama Judicial, muchos de los expedientes vinculados a trámites de
naturaleza electoral.

5 Sobre este cargo afirmó lo siguiente: «2. el trámite surtido a la elección sub judice desde su

preparación inicial hasta su propia expedición carece de eficacia, transparencia y seguridad por
cuanto (i) prescinde de dar a conocer con antelación a la elección en comento los perfiles de
quienes aspiran a ser elegidos a efectos de constatar la ciudadana el mérito, capacitad y calidades
académicas y/o profesionales de elegibilidad de los mismos en ejercicio de su derecho
constitucional de control del poder político, (ii) las condiciones de tiempo, modo y lugar previamente
establecidas para la realización de la elección son susceptibles de variación cualquiera a voluntad
de la autoridad electoral o discreción de la presidencia de la corporación sin que de ello se entere
la opinión pública a raíz de solo venir siendo accesible esa información a través del ejercicio del
derecho constitucional a presentar peticiones respetuosas a falta de publicidad de los actos
preparatorios y definitivo de la elección sub judice y (iii) la impugnabilidad del acto declarativo de la
elección en comento ante la jurisdicción contenciosa administrativa queda permaneciendo en el
tiempo al solo encontrarse accesible solicitando copia del mismo a la secretaría de la corporación
en vez de manera pública».
6 Índice 21 Samai.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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13. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas7, en nombre propio, solicitó negar la
pretensión de anulación por expedición irregular en la elección de conjueces para
la Corte Constitucional, pues consideró que el accionante no precisó la norma
específica del procedimiento que resultó vulnerada.

14. Además, indicó que los argumentos del demandante se sustentan en
disposiciones generales, como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o el CPACA, que son inaplicables a este acto administrativo. Asimismo,
adujo que tampoco se contravino el reglamento interno de la Corporación
nominadora, por cuanto este no obliga a incluir en el orden del día la designación
de auxiliares de la justicia.

15. En ese sentido, sostuvo que para anular los actos de designación era
indispensable que el demandante demuestre la existencia de una irregularidad
sustancial con incidencia directa en el resultado, carga procesal que en este caso
no fue satisfecha, en atención a que el actor no prueba de qué manera una
supuesta omisión en el trámite hubiese modificado la designación de los
conjueces, cuyos perfiles públicos confirman el pleno cumplimiento de los
requisitos legales. Finalmente, propuso, como excepción, la caducidad del medio
de control.

C. Otras intervenciones

16. El presidente de la Corte Constitucional8 se opuso a la declaratoria de nulidad
de la designación de los conjueces, en tanto advirtió que no se configuraron las
irregularidades indicadas en la demanda.

17. En ese sentido, aclaró que el procedimiento se ajustó plenamente al
reglamento interno de la Corporación, dado que la elección figuró en la agenda
como un asunto pendiente de la sesión anterior y, conforme con aquel, se debe
abordar en la siguiente.

18. Asimismo, subrayó que ninguna disposición legal o constitucional exige la
publicación anticipada de las hojas de vida de los candidatos, pues la ley delega
en la propia Corte la facultad de reglamentar dicho trámite, el cual sí contempla un
análisis detallado de los perfiles por parte de la Sala Plena antes de la votación,
como se realizó en este caso.

19. Respecto a la supuesta vulneración del principio de publicidad, el presidente
de la Corte Constitucional sostuvo que este fue garantizado, toda vez que la
elección y los nombres de los designados se comunicaron a la ciudadanía
mediante un boletín de prensa oficial publicado en el sitio web de la entidad.

20. Además, señaló que el acta que contiene la decisión es un documento de
acceso público, como lo demuestra el hecho de que el propio actor obtuvo una

7 Índice 23 Samai.
8 Índice 22 Samai.

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copia de esta. En consecuencia, indicó que se desvirtúa la infracción de las normas
constitucionales y legales invocadas en la demanda.

21. En síntesis, la Corte Constitucional aseveró que el acto de elección no adolece
de irregularidad alguna, pues se realizó conforme al procedimiento legal y
reglamentario aplicable, por lo que calificó los cargos como apreciaciones
subjetivas sin la entidad jurídica necesaria para anular la decisión.

22. Por lo anterior, reiteró la solicitud de negar las pretensiones y planteó, como
excepción previa, la ineptitud sustantiva de la demanda y, de fondo, propuso la
«inexistencia de la causal de nulidad invocada por el demandante».

23. El demandante9 refutó las excepciones formuladas contra su demanda de
acuerdo con los siguientes argumentos: i) negó la existencia de la caducidad
porque el acta de la elección cuestionada no fue publicada, por lo tanto el término
para controvertirla solo inició cuando le entregaron copia de esta; ii) aclaró que el
cargo de anulación se estructura sobre el reglamento vigente al momento del
nombramiento, no con la normativa posterior; iii) descalificó los señalamientos
respecto de su litigiosidad como «descrédito del libelista» ajenos al objeto del
proceso y, por último, iv) confirmó la aptitud del medio de control al puntualizar que
la irregularidad principal consistió en efectuar la votación sin modificar previamente
el orden del día, una exigencia procedimental de obligatorio cumplimiento.

D. Trámite de sentencia anticipada10

24. En providencia del 15 de octubre de 202511, el magistrado ponente ordenó
impartir trámite para dictar sentencia anticipada, negó las excepciones de
caducidad del medio de control que planteó el señor Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (demandado) y la de inepta demanda propuesta por el presidente de la
Corte Constitucional, se pronunció sobre las pruebas aportadas por las partes y
fijó el litigio en los siguientes términos:

45. De conformidad con el literal c) del numeral 1.º y el inciso segundo12 del artículo
182A del CPACA procede fijar el litigio en los términos que se señalan a
continuación:

¿El acto de elección de los conjueces de la Corte Constitucional para el período
2025-2026, contenido en el acta 9 del 27 de febrero de 2025, fue expedido de
manera irregular conforme a los argumentos que señala el accionante?

En ese sentido, teniendo en cuenta las irregularidades que afirma el demandante,
la sentencia que ponga fin al presente asunto deberá:

9 Índice 29 Samai.
10 Mediante auto del 1.º de agosto de 2025, se admitió la demanda (índice 12 Samai).
11 Índice 51 Samai. Finalmente, la referida providencia dispuso correr traslado a las partes para

presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo, rindiera su
concepto.
12 «[…] El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a

ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso
y fijará el litigio u objeto de controversia […]».

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a) Dilucidar si la realización de la elección de conjueces en la sesión del 27 de
febrero de 2025, sin estar incluida en el orden del día publicado para esa fecha13,
sino en el correspondiente al día anterior, ¿constituye un vicio procedimental
que invalida el acto, o si, por el contrario, dicha actuación se ajustó a lo previsto
en el reglamento interno de la Corporación?

b) Determinar si la decisión de la Sala Plena de llevar a cabo la elección de
conjueces, modificando el orden de los asuntos a tratar sin que mediara una
votación previa que autorizara dicha alteración, ¿desconoció las formas propias
del procedimiento y vulneró el deber de motivación de los actos administrativos?

c) Definir si la falta de divulgación anticipada de las hojas de vida o «perfiles» de
los aspirantes a conjueces, así como de publicación oficial del acta de
designación, ¿afectan la legalidad del acto demandado por vulnerar los
principios de publicidad y transparencia?

46. Las cuestiones jurídicas trazadas serán examinadas con sustento en los
argumentos expuestos por el demandante en el concepto de la violación, así como
en las razones de hecho y de derecho propuestas por las partes. Lo anterior, sin
perjuicio de otros aspectos procesales o sustanciales que puedan surgir del debate
principal.

25. Contra la fijación del litigio, la parte actora interpuso recurso de reposición 14,
en el que sostuvo que el debate no se limita a determinar si se infringieron los
valores de transparencia y publicidad, sino que también abarque si se han visto
comprometidos los de seguridad jurídica y eficacia, debido a la ausencia de un acto
administrativo formal de la elección y a que solo quedó constancia en el acta de
sesión en que ello ocurrió, la cual, según su dicho, pudo consultar únicamente
mediante un derecho de petición.

26. El recurso fue negado por el ponente con providencia del 31 de octubre de
202515, al considerar que la fijación del litigio, contenida en el auto del 15 de octubre
de 2025, recogió fielmente los cargos formulados, tanto en la demanda como en
su subsanación, sin que la vulneración de los principios de eficacia y seguridad
jurídica, en lo atinente a la inexistencia de un acto formal de elección, fuese un
reparo puntual y comprensible, como se pudo verificar de la transcripción literal de
aquella.

13 Este cargo se planteó en los siguientes términos: «[…] la votación de la elección sub judice fue

realizada desatendiendo el artículo 71 del reglamento de la corporación al haber sucedido (i) en
sesión donde no figura dentro de su orden del día publicado en la página web de dicha corporación
y (ii) antes de haber sido agotado el asunto que se estaba discutiendo previo al receso ocurrido ese
día sin votación a favor de ese cambio ni expresarse, siquiera sumariamente, configuración de la
condición prevista en el precitado artículo para prescindir de tal votación cuando el artículo 44 de
la ley 1437 supedita su proceder a “ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y
proporcional a los hechos que le sirven de causa” (cursiva añadida, extracto del artículo en
comento) y con ello regirse a los estándares de satisfacción del deber de motivación señalados en
la jurisprudencia interamericana de derechos humanos “permitir conocer cuáles fueron los hechos,
motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión” (cursiva y subrayado
añadidos, Sentencia Rosadio Villavicencio Vs. Perú) a través de “una exposición racional de las
razones que llevan al juzgador a tomar una decisión” (cursiva añadida, Sentencia Amrhein y otros
Vs. Costa Rica)».
14 Índice 35 Samai.
15 Índice 40 Samai.

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27. Durante el traslado de las probanzas decretadas, el demandante16 se
pronunció frente a las pruebas aportadas por dos de los demandados y el
presidente de la Corte Constitucional, memorial en el que manifestó:

en el acta de la sesión en la cual ocurrió la elección sub judice aparece consignado
que la votación de dicha elección fue llevada a cabo inmediatamente después de
reanudada la sesión luego de aproximadamente transcurrido más de dos horas
abordando la autoridad electora asuntos distintos a los del orden del día de esa
sesión tomados de manera aleatoria del orden del día de la sesión pasada
incluyendo la elección sub judice al haberla abordado la Sala habiendo dejado la
continuación discusión del expediente de tutela con radicado T-10.367.863 iniciada
antes del receso efectuado de la sesión para continuarla una vez fuese reanudada
la misma requiriendo así ese cambio de votación de la mayoría de los miembros
presentes a su favor al preceptuar el artículo 27 del reglamento de ese entonces,
hoy artículo 28, “El orden del día no podrá ser alterado sino por proposición que
reciba el voto de la mayoría de los Magistrados asistentes” (cursiva añadida) sin que
la excepción a ello estipulada en el parágrafo de ese artículo aplícase a dicha
ocasión al venir siendo un asunto administrativo de carácter electoral influyendo en
el curso de uno de naturaleza jurisdiccional y con ello supeditarse su aplicación al
deber de motivación devenido de la perifrasis verbal 'debidas garantías' del numeral
1 del artículo 8 de la convención americana y condiciones previstas en el artículo 44
de la ley 1437 de 2011 (viz. proporcionalidad a los hechos sustento de dicha
modificación de acuerdo a la finalidad de la excepción de votación para tal fin). lo
dicho en las contestaciones de la autoridad electora adjuntadas al libelo en calidad
de prueba permite acreditar carencia alegada de acceso público real y efectivo el
acto definitivo de la elección sub judice repercutible en el término de caducidad de
su control judicial por cuanto afirma en resumidas cuentas solo poder acceder al acto
mediante el cual es publicada solicitando copia del mismo a la secretaría de la
corporación en vez de manera pública. (Sic a toda la transcripción).

E. Alegatos de conclusión

28. La Secretaría de la Sección corrió traslado para tal fin entre el 13 y el 27 de
noviembre de 202517, término dentro del cual solo intervinieron:

i) El presidente de la Corte Constitucional18 defendió la legalidad de la
elección de conjueces para el periodo 2025-2026, al señalar que se realizó
conforme al reglamento interno vigente (Acuerdo núm. 02 de 2015) y demás
disposiciones aplicables. En ese sentido, explicó que la inclusión de la
elección en la sesión siguiente obedeció a la norma reglamentaria y no a
decisiones discrecionales. Además, indicó que se garantizó el principio de
publicidad mediante la publicación en un boletín oficial. Asimismo, precisó
que no existe obligación normativa de divulgar previamente las hojas de vida
de los aspirantes, aunque estas fueron evaluadas por la Sala Plena antes de
la votación.

ii) El demandante19 reiteró los argumentos dados en la demanda, al
pronunciarse sobre las excepciones y las pruebas, para insistir en su
pretensión de nulidad del acto de designación cuestionado.

16 Índice 47 Samai.
17 Índice 46 Samai.
18 Índice 39 Samai.
19 Índice 48 Samai.

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F. Concepto del Ministerio Público

29. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado20 solicitó negar
las pretensiones de la demanda, por cuanto de las pruebas aportadas al proceso
concluyó que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad del acto de
designación. Ello, por cuanto el reglamento interno permitía tratar en la siguiente
sesión los asuntos no agotados, por lo que la elección efectuada el 27 de febrero
se ajustó a las reglas vigentes.

30. Respecto a la falta de publicación de hojas de vida, la procuradora determinó
que ninguna norma imponía esa obligación, toda vez que la ley exige que los
conjueces cumplan los mismos requisitos que los magistrados titulares, lo que
garantiza la idoneidad de aquellos.

31. En cuanto a la no publicación del acta, precisó que ello afecta la eficacia del
acto, mas no su validez, pues la publicidad es un requisito posterior a la expedición
y, en el presente caso, el demandante tuvo acceso al documento mediante los
canales institucionales, lo que preservó la transparencia.

32. En conclusión, no se acreditó la causal de expedición irregular, por cuanto la
elección se realizó conforme al reglamento y a las normas aplicables, sin vulnerar
los principios de publicidad ni transparencia.

II. CONSIDERACIONES

33. La Sala negará la pretensión de anulación de la designación de los conjueces
de la Corte Constitucional, para el periodo 2025 a 2026, conforme a las razones
que se esbozarán a continuación.

2.1. Sobre la supuesta irregularidad en el orden del día (subproblemas a y b)

34. El demandante alega la configuración de una expedición irregular por dos
vicios que pueden catalogarse como conexos:

i) Que la elección se realizó en la sesión del 27 de febrero de 2025, pese a
que dicho punto no figuraba en el orden del día publicado para esa fecha, sino
en el del día anterior.

ii) Que, producto de ello, la Sala Plena alteró el orden de los asuntos a tratar
sin la votación previa requerida, lo que vulneró las formas propias del
procedimiento y el deber de motivar dicho cambio en el acta de sesión.

35. Ambos cargos parten de una premisa fáctica y de una interpretación errónea
del reglamento aplicable. En efecto, como lo informó la Presidencia de la Corte
Constitucional en su contestación, y lo corroboran los antecedentes administrativos

20 Índice 49 Samai.

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allegados21, la elección de conjueces sí estaba prevista en el orden del día de la
sesión del 26 de febrero de 202522, así:

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
PRESIDENCIA

ORDEN DEL DÍA

Sesión de febrero 26 de 2025
3:00 p. m.
[…]
7. Designación de conjueces periodo 2025
[…]

36. Igualmente, se acreditó que la sesión de esa fecha culminó sin que se hubieran
agotado todos los asuntos listados, conforme consta en el Acta núm. 823 del 26 de
febrero de 2025, de la Sala Plena:

Corte Constitucional de Colombia
Sala Plena

ACTA No. 8

[…]
Una vez verificado el quórum, el presidente Jorge Enrique Ibáñez Najar procede a
iniciar la sesión con los siguientes asuntos.
[…]
Finalmente, se acuerda activar el aplicativo de votación, de forma independiente
para cada candidato, para la elección de los conjueces y conjuezas.

Siendo las 7:58 p.m., se levanta la sesión. [Énfasis del texto].

37. Así las cosas, del artículo 2824 del Acuerdo núm. 02 de 201525 (reglamento
interno vigente para la fecha de los hechos), se desprende que, si una sesión no
termina con el orden del día trazado previamente, en la siguiente se comenzará
con los asuntos pendientes26 del acta anterior.

38. Por lo tanto, la inclusión de la elección de conjueces en la sesión del 27 de
febrero de 202527 no fue, como lo sostiene el demandante, un acto sorpresivo,

21 Índice 22 Samai.
22 Índice 22 Samai.
23 Índice 22 Samai.
24 «Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en el de la

siguiente, después de la consideración del acta de la anterior, figurarán en primer término los
negocios que quedaron pendientes». [Énfasis no es del texto].
25 Índice 22 Samai.
26 El artículo 28 del reglamento de la Corte Constitucional no precisa si «por negocios que quedaron

pendientes» se refiere a asuntos administrativos o jurisdiccionales, por lo que debe entenderse que
incluye ambos. Según el presidente de la Corte, esta norma se aplicó en la elección de los
conjueces, es decir, a un asunto de naturaleza administrativa.
27 El orden del día correspondiente a la sesión del 27 de febrero de 2025 no indicaba expresamente

que esta iniciaría con los asuntos pendientes de la sesión anterior. Sin embargo, al revisar el Acta
núm. 9 se constató que, en aplicación de la norma prevista en el reglamento interno de la Corte
Constitucional, la sesión efectivamente comenzó con dichos asuntos.

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discrecional o caprichoso; por el contrario, fue el resultado de la aplicación de la
disposición reglamentaria, que el accionante aduce como infringida.

39. Desde tal perspectiva, no era necesaria una «modificación» del orden del día
que requiriese de una nueva votación o que fuera procedente alguna modificación
previa motivación, como alega el actor, sino que lo procedente era la continuación
de aquella cuya discusión quedó pendiente. En ese sentido, la actuación de la
Corte Constitucional se ajustó a las formas propias del procedimiento fijado en su
reglamento interno, en observancia del principio de legalidad.

40. En consecuencia, los cargos relacionados con la indebida inclusión del asunto
en la sesión del 27 de febrero y la supuesta falta de motivación para alterar el orden
del día deben ser desestimados, por lo que se mantiene la presunción de legalidad
el acto demandado.

2.2. Sobre la supuesta vulneración de los principios de publicidad y
transparencia (subproblema c)

41. El demandante sostiene que la elección es nula porque se vulneraron los
principios de publicidad y transparencia, debido a dos presuntas omisiones:

i) La falta de divulgación anticipada de las hojas de vida o «perfiles» de los
aspirantes a ocupar la dignidad de conjueces de la Corte Constitucional.

ii) La ausencia de «publicación oficial» del acta de designación de los
conjueces, la cual, según afirma, solo es accesible mediante derecho de
petición.

2.2.1. Sobre la publicación anticipada de los perfiles (hojas de vida)

42. El actor echa de menos una etapa de publicación previa de los perfiles de los
candidatos, la cual, a su juicio, resulta necesaria para permitir el control ciudadano
sobre su idoneidad antes de la elección.

43. Como lo señaló la Presidencia de la Corte Constitucional, la normatividad
aplicable a la elección de conjueces son los artículos 6128 de la Ley 270 de 1996 y
el 115 inciso tercero29 del CPACA, disposiciones que remiten al reglamento interno
de la propia corporación.

28 «Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las

corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en
propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas,
empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el período
de sus funciones. Sus servicios serán remunerados». [Énfasis fuera del texto].
29 «Cuando por cualquier causa no fuere posible designar a los Magistrados de la Corporación, se

nombrarán como conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y el reglamento interno, a las
personas que reúnan los requisitos y calidades para desempeñar los cargos de Magistrado en
propiedad, sin que obste el haber llegado a la edad de retiro forzoso, las cuales en todo caso no
podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad
que cumpla funciones públicas, durante el período de sus funciones. Sus servicios serán
remunerados». [Idem].

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44. En armonía con las anteriores normas, el reglamento vigente (Acuerdo núm.
02 de 2015) no contempla la publicación previa de las hojas de vida de los
candidatos a conjuez, de manera que, desde esta perspectiva, no es posible tener
como desvirtuada la presunción de legalidad del acto demandado. Ello obedece al
principio de legalidad, según el cual la actuación administrativa debe sujetarse
estrictamente a las disposiciones que regulan el procedimiento, sin que sea viable
imponer exigencias adicionales por vía interpretativa.

45. En ese orden, si los artículos 61 de la Ley 270 de 1996 y 115 del CPACA
remiten expresamente al reglamento interno de la Corte Constitucional para la
designación de conjueces, entonces, cualquier requisito no previsto en dicho
marco carece de sustento normativo.

46. Además, conforme al artículo 88 del CPACA, los actos administrativos gozan
de presunción de legalidad mientras no se declare su nulidad, presunción que solo
se desvirtúa mediante la prueba de infracción directa de normas aplicables, lo que,
por las razones expuestas hasta acá, no ocurre en este caso.

47. Por otra parte, la Sala no pierde de vista lo que explicó el presidente de la Corte
Constitucional en la contestación de la demanda, en los siguientes términos:

De acuerdo con el literal k del artículo 5 del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional,30 le corresponde a la Sala Plena elegir a los conjueces de la
Corporación por mayoría de votos para periodos anuales que se cuentan a partir del
1 de marzo de cada año. Este proceso consta de las siguientes etapas: (i) la inclusión
de la elección en el orden del día de la sesión de la Sala Plena anterior al vencimiento
del período anual de los conjueces; (ii) la postulación de los candidatos a conjuez
por parte de los magistrados, para lo cual se presentan a la Sala Plena las
correspondientes hojas de vida y (iii) la elección de los 18 conjueces mediante
votación secreta de la lista de postulados. Todo lo anterior queda consignado en el
acta de Sala Plena correspondiente al día de la elección.

48. Como se puede observar, ninguna de estas fases contempla la obligación de
divulgar anticipadamente los perfiles de los conjueces al público, lo que evidencia
que dicha exigencia carece de respaldo normativo. Por el contrario, el
procedimiento interno asegura que las hojas de vida sean conocidas y evaluadas
por los magistrados antes de la votación, garantizando la idoneidad de los
postulados.

49. Así, no puede afirmarse que se vulneró el principio de publicidad, pues este se
satisface mediante la consignación del proceso en el acta y la posterior publicación
de los perfiles en el portal institucional, conforme a las prácticas de transparencia
previstas por esa Corporación.

50. En otras palabras, el hecho de que las hojas de vida de los seleccionados

30 «Acuerdo 02 de 2025, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos».

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hayan sido difundidas en el portal institucional31 de la Corte Constitucional, una vez
culminado el proceso de elección, permitió que la ciudadanía identificara
claramente a los designados. Así las cosas, este reparo no prospera.

51. Por todo lo expuesto, se concluye que la falta de divulgación anticipada de los
perfiles no desvirtúa la presunción de legalidad del acto de designación censurado
en el presente trámite, máxime cuando el procedimiento interno garantizó la
transparencia mediante la evaluación de las hojas de vida por la Sala Plena antes
de la votación y su posterior publicación en el portal institucional.

2.2.2. Sobre la publicación del acta de designación

52. El demandante alega que el acto de elección, contenido en el Acta núm. 9 de
2025, no tuvo una «publicación oficial» (como una gaceta) y que su acceso
restringido (vía petición) dificulta su impugnación. Este cargo, al igual que los
analizados, también debe ser desestimado.

53. En cuanto a la falta de publicación del acta de designación, es preciso señalar
que, si bien el parágrafo del artículo 65 del CPACA dispone que también deberán
publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto
popular, la jurisprudencia32 reiterada de esta Sección ha precisado que la
publicación constituye un requisito de eficacia y no de validez del acto
administrativo.

54. En otras palabras, su omisión no configura causal de nulidad, sino que afecta
únicamente la oponibilidad frente a terceros, conforme lo ha sostenido el Consejo
de Estado en decisiones como la del 7 de diciembre de 2022 y la del 6 de febrero
de 202533, en las que se consideró:

72. Las demandantes señalan que se vulneró el principio de publicidad pues, a su
juicio, la Corte Suprema de Justicia no dio a conocer los actos de nombramiento y
de confirmación. En ese orden adujeron que hubo desconocimiento del artículo 65
del CPACA.
[…]
74. Ahora bien, como lo señala el primer inciso de la norma, la consecuencia de su
incumplimiento es que «…no serán obligatorios…». Esto va en consonancia con lo
que señala la jurisprudencia con respecto a que «… la publicación no constituye un
requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición
para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad…»34.

75. A su vez, esta Sección señaló que «… la falta de publicación de un acto
administrativo de carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad

31 Como lo demostró el demandado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas al contestar la demanda

«6.2. Mensaje de datos en el que se pueden consultar los perfiles de los Conjueces elegidos.
https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/conjueces» (índice 23 Samai) y lo indicó el
presidente de la Corte Constitucional, quien hizo referencia al mismo enlace (índice 22 Samai).
32 Sobre la falta de publicación del acto de elección no afecta su validez, resulta pertinente consultar,

entre otras, las siguientes decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2021-00032-
00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Criterio reiterado en sentencia del 6 de febrero de 2025,
expediente 11001-03-28-000-2024-00115-00, del mismo magistrado ponente.
33 Idem.
34 «Corte Constitucional, Sentencia C-957 de 1999».

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frente a terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para
el acto de carácter particular que se expida con fundamento en él, se erige en
presupuesto de validez…»35.

55. Así, la ausencia de publicación oficial del acta no afecta la presunción de
legalidad del acto de elección cuestionado, pues, si bien dicha omisión podría
incidir en la forma como se ejerce el control ciudadano, ello no configura un vicio
sustancial que comprometa la legalidad del acto, en tanto la transparencia se
garantizó mediante la posibilidad real de obtener copia del documento por los
canales institucionales36 y mediante el derecho de petición.

56. En consecuencia, este reparo no prospera, pues no está demostrado algún
vicio que afecte la validez del acto demandado en el presente trámite. Por lo tanto,
el cargo no está llamado a prosperar.

2.3. Conclusión

57. Del análisis integral de los cargos formulados y las pruebas obrantes en el
expediente, se concluye que no se acreditó la causal de expedición irregular
alegada por el demandante.

58. En primer lugar, la inclusión de la elección de conjueces en la sesión del 27 de
febrero de 2025 obedeció a la aplicación del artículo 28 del Acuerdo núm. 02 de
2015, que ordena continuar en la siguiente sesión con los asuntos pendientes del
orden del día anterior, por lo que no se configuró una alteración arbitraria ni
vulneración del deber de motivación.

59. En segundo término, la falta de publicación anticipada de las hojas de vida
carece de sustento normativo, pues ni la Ley 270 de 1996, ni el CPACA, ni el
reglamento interno (vigente para la época de la designación) de la mencionada
Corporación imponen tal obligación. Así las cosas, exigirla por vía interpretativa
desconocería el principio de legalidad y la facultad reglamentaria de la Corte
Constitucional.

60. Finalmente, la ausencia de publicación oficial del acta de designación no afecta
la validez del acto, dado que la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha
precisado que la publicidad es un requisito de eficacia y no de validez, y en el caso
concreto se garantizó la transparencia mediante el acceso al acta de designación
de los conjueces a través del derecho de petición y la divulgación posterior de los
perfiles en el portal oficial.

61. En consecuencia, al no demostrarse infracción sustancial que desvirtúe la
presunción de legalidad, se impone negar la pretensión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia

35 «Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 11001-03-28-000-

2011-00059-00».
36 https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/conjueces.

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en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

Primero: Negar la pretensión de la demanda, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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