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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00115-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00115-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2024-00115-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de febrero de 2025

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00115-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Carlos Alberto Atehortúa Ríos, Antonio Barreto Rozo, Lorenzo
Octavio Calderón Jaramillo, Mónica Cifuentes Osorio, Ruth
Stella Correa Palacio, Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Diana
Durán Smela, Mauricio Fajardo Gómez, Jorge Gaitán Pardo,
José Alpiniano García Muñoz, Iván Darío Gómez Lee, Clara
María González Zabala, Luis Hernando Parra Nieto, Mauricio
Alfredo Plazas Vega, Juan Camilo Restrepo Salazar, Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, Humberto Antonio Sierra Porto
y Jaime Humberto Tobar Ordóñez – conjueces de la Corte
Constitucional, periodo 2024-2025

Temas: Acto administrativo electrónico (artículo 57 del CPACA) –
principios de transparencia y publicidad

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la demanda de nulidad electoral presentada contra el acta n.° 14
del 28 de febrero de 2024, mediante la cual, entre otras decisiones, la Corte
Constitucional eligió a sus conjueces para el periodo 2024-2025.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1. Harold Eduardo Sua Montaña, actuando en nombre propio, demandó2 el acto
de elección de los conjueces de la Corte Constitucional (periodo 2024-2025), de
acuerdo con la siguiente pretensión:

[…] se pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad de la elección
de Conjueces de la Corte Constitucional 2024-2025 por la causal denominada
‘expedición irregular’ prevista en el inciso primero del artículo 137 de la ley 1437 en
virtud de su remisión establecida en el inciso primero del artículo 275 de dicha ley

1
Índice 3 Samai.
2
En consonancia con el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

derivada de violación del debido proceso en su garantía convencional de deber de
motivación y constitucional de plenitud de las formas respectivamente previstas en el
numeral 1 del artículo 8 de la convención americana e inciso en los incisos primero y
segundo del artículo 29 constitucional desarrollados en el inciso primero del artículo
209 constitucional, numerales 8 y 9 del artículo 3 y artículo 57 de la ley 1437 de 2011
y artículo 81 del reglamento interno de la corte constitucional. [sic a toda la cita].

1.1. Fundamentos fácticos

2. En síntesis, el accionante señaló que mediante oficio 2024-001240 del 4 de
marzo de 2024 se le indicó, por parte de la Presidencia de la Corte Constitucional,
que dicha corporación adelanta sus actividades tanto de manera virtual como
presencial. A su vez, que en un enlace web3 la entidad judicial publica la información
de su gestión y funcionamiento. Así lo expuso textualmente:

Le ha sido informado al suscrito en oficio de la Presidencia de la Corte Constitucional
2024-001240 inter alia “la Corte ha adoptado tanto modalidades virtuales como
presenciales para llevar a cabo sus actividades” (cursiva añadida) y “La Corte
Constitucional dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, ha dispuesto un espacio en
su página web en donde publica la información relacionada con su gestión y
funcionamiento: https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/”. [sic a toda la
cita] [énfasis del original].

3. Sin embargo, el demandante manifestó que en dicho vínculo web no reposa
el acto de elección de la referencia y señaló que tampoco consta si este fue expedido
de forma electrónica o física. En específico, adujo, en sus palabras, que: «[c]on la
mencionada información no ha encontrado el suscrito el acto declarativo de la
elección sub judice ni menos tener certeza de si el mismo ha sido expedido de
manera electrónica o manuscrita […]».

4. Por lo anterior, en el acápite de la subsanación de la demanda, titulado
«NARRATIVA FÁCTICA EN TORNO A LA CUAL VERSA EL CARGO», precisó que,
mediante derecho de petición del 5 de marzo de 2024 dirigido a la Corte
Constitucional, preguntó lo atinente a la disponibilidad y forma de expedición de los
actos administrativos emitidos por aquella, entre esos, el que declaró la elección de
sus conjueces para el periodo 2024-2025. Asimismo, puso de presente que a la fecha
del memorial del 17 de mayo de 2024 no había obtenido respuesta, por lo que se
configuró «[…] acto ficto positivo de ocurrencia de los señalamientos». De esta
manera lo relató:

le ha sido preguntado a la corporación nominadora mediante petición registrada en el
Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales de la
Rama Judicial a las 14:55 horas del 5 de marzo de 2024 de tipo “E. Derecho de Petición
de Información ( 10 días)” acerca de la disponibilidad y forma de expedición de los
diferentes actos administrativos del año en curso incluyendo los de la naturaleza del
declarativo de la elección sub judice sin tener respuesta hasta la fecha confluyendo así
acto ficto positivo de ocurrencia de los señalamientos. [sic a toda la cita] [énfasis del
original].

3
https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

5. Finalmente, puntualizó que de la página web y del canal de YouTube de la
Corte Constitucional, se infiere que esa corporación inició sesiones virtuales de Sala
Plena el 25 de marzo de 2020. No obstante, afirmó que dicha corporación no ha dado
a conocer si aquellas se retomaron de manera presencial o si, por el contrario,
continuaron en modalidad virtual. Al respecto, consideró lo siguiente:

La información disponible en el sitio web y canal de Youtube de la Corte Constitucional
tan solo dejan básicamente entrever el haber comenzado la mencionada corporación
a realizar sesiones virtuales de Sala Plena el 25 de marzo de 2020 e indicado la
ocurrencia de la elección sub judice sin respectivamente dar a conocer públicamente
haber vuelto a las sesiones plenas presenciales o continuado realizando virtuales ni el
acto de la mencionada elección mientras las audiencias de selección de tutelas vienen
siendo ininterrumpidamente realizadas de manera virtual desde el precitado mes y año
y las técnicas de constitucionalidad o tutela presencialmente durante el último año y lo
corrido del en curso. [sic a toda la cita].

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

6. Para el extremo accionante, el acto de elección cuestionado está viciado de
nulidad por la causal prevista en el artículo 137 del CPACA, concretamente, la de
expedición irregular.

7. A su juicio, advirtió en el memorial subsanatorio que dicho acto desconoció el
«[…] presupuesto de disponibilidad y principios de transparencia y publicidad
respectivamente establecidos en el artículo 57 y numerales 8 y 9 del artículo 3 de la
ley 1437 de 2011 en relación con el primer inciso de los artículos 29 y 209
constitucionales». [sic a toda la cita].

8. En hilo con lo expuesto hizo las siguientes afirmaciones:

la elección sub judice ha sido emitida por medios electrónicos sin cumplir la corporación
nominadora con la condición establecida por el legislador para tal fin en el artículo 57
de la ley 1437 de 2011 en concordancia con los numerales 8 y 9 del artículo 3 de la ley
1437 de 2011 pues la falta de respuesta de la corporación electora a petición del
suscrito registrada en el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de
Documentos Oficiales de la Rama Judicial a las 14:55 horas del 5 de marzo de 2024
de tipo “E. Derecho de Petición de Información (10 días)” configura acto ficto positivo
de la manera de expedición y falta de disponibilidad alegada más aún cuando la
mayoría de sesiones en la corporación electora disponibles en su canal de youtube
han sido virtuales. [sic a toda la cita].

9. Como sustento de lo anterior, en primer lugar, destacó que la elección
acusada fue llevada a cabo en sesión virtual, pero, según su dicho, no se aseguró la
disponibilidad del acto mediante el cual se declararon elegidos los demandados. A
su vez, esgrimió que no se le permitió conocer los supuestos fácticos en los que este
se basó, en tanto que no ha sido exteriorizado en algún documento.

10. A juicio del accionante, lo expuesto en prelación cobra relevancia por cuanto
el legislador ha establecido, como requisito de validez de los actos administrativos
emitidos por medios electrónicos, la disponibilidad de estos.

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11. En segundo lugar, consideró que en el caso concreto se desconocieron los
criterios de elegibilidad establecidos en el reglamento de la Corte Constitucional, es
decir, el mérito y la capacidad de los demandados4.

12. Finalmente, reiteró que al no estar la elección cuestionada en un documento
electrónico o «[…] manuscrito», en el que se indique la entidad competente, los
argumentos que la sustentan y su resultado, no se puede considerar que dicho acto
exista.

2. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar

13. La Sección Quinta de esta corporación, mediante auto del 13 de junio de
5
2024 , admitió la demanda y negó la suspensión provisional solicitada. Esta última
decisión se sustentó en que no se advirtió, en esa etapa procesal, una expedición
irregular por la supuesta falta de disponibilidad del acto que contiene la elección
demandada.

3. Contestaciones

3.1. Corte Constitucional6

14. El presidente de dicha corporación, José Fernando Reyes Cuartas, solicitó
negar las pretensiones de la demanda, en tanto que, a su juicio, no se configura la
causal de nulidad invocada.

15. En efecto, precisó que la pretensión de nulidad se sustentó en una aparente
falta de respuesta a una petición efectuada por el demandante, lo cual, a su juicio,
no afecta la validez o legalidad del acto. En otras palabras, sostuvo que si aquel pudo
acceder o no a la copia del acto de designación demandado (sometida a reserva),
ello no implica una contradicción con el ordenamiento jurídico. Sobre esto último,
agregó que lo propio era agotar el recurso de insistencia, conforme los artículos 24 a
26 del CPACA.

16. Al margen de lo expuesto, puso de presente que dicha solicitud fue atendida
por la Corte Constitucional mediante el oficio 2024-001714 del 20 de marzo de 2024.
Por consiguiente, propuso la excepción de que el cargo propuesto de «infracción del
presupuesto de disponibilidad y principios de transparencia y publicidad
respectivamente establecidos en el artículo 57 y numerales 8 y 9 del artículo 3 de la

4
Dicho aspecto no fue sustentado ni desarrollado por el demandante en el escrito de subsanación de
la demanda, a pesar de que, en el auto inadmisorio de aquella, se ordenó corregir dicho yerro formal.
En ese sentido, en el auto admisorio de la demanda se advirtió que el accionante, únicamente, explicó
por qué, según su parecer, se desconoció los artículos 3.º (ordinales 8.º y 9.º) y 57 del CPACA y no
lo atinente al mérito y la capacidad de los demandados.
5
Índice 37 Samai.
6
Índice 57 Samai.

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ley 1437 de 2011 en relación con el primer inciso de los artículos 29 y 209
constitucionales» es inexistente.

17. Asimismo, sostuvo que el extremo accionante no argumentó de qué modo el
acto enjuiciado desconoció las normas invocadas, sin embargo, precisó respecto de
aquellas lo siguiente:

a) El ordinal 1.° del artículo 8.° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos no resulta aplicable al caso concreto, en tanto que la elección de los
conjueces no corresponde a una actuación judicial.

b) El artículo 81 del Reglamento de la Corte Constitucional hace referencia a las
facultades de esa corporación en procesos de elección, no obstante, no hace
alusión a la designación cuestionada.

c) No se vulneró el inciso 1.° del artículo 29 de la Constitución Política porque el
proceso de elección cuestionado se realizó conforme al Reglamento Interno
de la Corte Constitucional, en concreto, en aplicación de los artículos 5.°
(literal k), 94, 95 y 96.

d) No se desconoció el artículo 209 de la Constitución Política y los ordinales 8.°
y 9.° del artículo 3.° del CPACA, pues, el 5 de marzo de 2024, la Corte
Constitucional dio a conocer al público la designación de los conjueces para
el periodo 2024-2025, en el siguiente enlace:
«https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-
eligi%C3%B3-sus-conjueces-parael-2024-9708».

e) No se infringió el artículo 57 del CPACA bajo el entendido de que el acto de
elección objeto de análisis fue consignado en el acta n.° 14 del 28 de febrero
de 2024 de la Sala Plena de la corporación citada7 y, además, reiteró que el
contenido de tal decisión se publicó en la página web de la Corte
Constitucional (comunicado de prensa).

18. Finalmente, alegó la excepción previa de inepta demanda, con sustento en
que, si bien se hizo alusión a las normas presuntamente infringidas, lo cierto es que
el demandante no ofreció un concepto de violación que conectara, de forma
coherente, los hechos de la demanda con la infracción normativa alegada. En otras
palabras, consideró que el escrito inicial carece de una exposición mínima y
razonable de los supuestos fácticos y del concepto de la violación.

7
Al respecto, puntualizó que «[…] las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte Constitucional son
reservadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto 2067 de 1991 y 38 del
Reglamento Interno de este tribunal. Por su parte, las condiciones de acceso a las actas de las
sesiones están previstas en el artículo 57 de la Ley 270 de 1996. Asimismo, al analizar la
constitucionalidad de esta última norma, en la Sentencia C-037 de 1996 la Corte señaló que el acceso
a estos documentos está sujeto a su previa aprobación […]».

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4. Traslado de las excepciones

19. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado corrió traslado de
las excepciones propuestas8, término dentro del cual las partes guardaron silencio.

5. Reforma de la demanda y control de legalidad

20. El 18 de junio siguiente, el demandante Harold Eduardo Sua Montaña, allegó
memorial a través del cual presentó reforma a la demanda, puntualmente, en lo
relativo a traer como prueba la contestación que otorgó la Corte Constitucional a la
petición efectuada por aquel el 5 de marzo de 2024 y, además, solicitó el decreto de
una prueba por informe. En su sentido literal, sostuvo:

Habiendo recibido con antelación a la comunicación de los autos admisorios de los
procesos del asunto contestación solicitada al despacho de obtener en calidad de
prueba y la motivación de dichos autos hace ver al suscrito circunstancias de tiempo,
modo y lugar inciertas en su leal saber y entender en el momento de la interposición
de los respectivos libelos, respetuosamente pongo a disposición del despacho la
mencionada contestación y a su vez hago uso de la atribución procesal establecida en
el artículo 278 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo a efectos de que la entidad nominadora, quien recibe notificaciones a
los electrónicos secretaria1@corteconstitucional.gov.co y
secretaria3@corteconstitucional.gov.co, informe la modalidad de sesión en la cual
fueron aprobadas las actas contentivas de las declaraciones de cada una de las
elecciones sub judice (i.e. si la sesión del 27 de mayo de 2024 en donde fue aprobada
el acta de la del 7 de febrero y la del 5 de junio de 2024 frente a la del 28 de febrero
fueron o no presenciales o virtuales) como el medio y momento de disponibilidad de
cada una de las actas mencionadas en la motivación de los autos admisorios (i.e.
cuando han sido puestas a disposición de la ciudadanía las actas de las sesiones de
la corte constitucionales del 7 y 28 de febrero, 27 de mayo y 5 de junio de 2024 y en
donde figuran las mismas patra su consulta siendo estas públicas) a fin de probar a
cabalidad los cargos increpados. [sic a toda la cita].

21. Luego, el 30 de julio de 20249, presentó solicitud tendiente a «[…] efectuar
control de legalidad con miras a dejar sin efectos los mencionados traslados y en su
lugar se proceda a tomar la mencionada decisión ausente para ahí sí dar traslado de
excepciones al estimar configurar dicha omisión vicio procesal a sanear».

22. Ello, por cuanto, a juicio del demandante, la Secretaría de la Sección Quinta
corrió traslado de las excepciones sin haberse decidido, previamente, la reforma
parcial de la demanda.

23. Lo expuesto fue resuelto mediante auto del 12 de agosto de 202410 en el que
se decidió: i) admitir la reforma de la demanda al cumplir con los requisitos del
artículo 278 del CPACA, en concordancia con el 173 del mismo estatuto procesal y
ii) no acceder a la petición de control de legalidad, en tanto la solicitud de reforma

8
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Índice 61 Samai.
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Índice 63 Samai.

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del escrito inicial se decidió luego de cumplidas las órdenes efectuadas en el auto
admisorio de aquel.

6. Solicitud de adición y recurso de reposición

24. El accionante, a través de memorial allegado el 14 de agosto de 202411,
manifestó que el despacho ponente omitió un pronunciamiento en punto de la prueba
por informe, por ende, solicitó que se adicionara la providencia del 12 de agosto de
2024. Así lo expresó:

Entendiendo permitir los artículos 296 y 306 del CPACA aplicar el artículo 287 del
código general del proceso frente a solicitudes de adición de auto en sede contenciosa
administrativa y en el auto del asunto ha sido dejado de lado estar también pretendido
de reforma al libelo respectivo "que la entidad nominadora, quien recibe notificaciones
a los electrónicos secretaria1@corteconstitucional.gov.co y
secretaria3@corteconstitucional.gov.co, informe la modalidad de sesión en la cual
fueron aprobadas las actas contentivas de las declaraciones de cada una de las
elecciones sub judice (i.e. si la sesión del 27 de mayo de 2024 en donde fue aprobada
el acta de la del 7 de febrero y la del 5 de junio de 2024 frente a la del 28 de febrero
fueron o no presenciales o virtuales) como el medio y momento de disponibilidad de
cada una de las actas mencionadas en la motivación de los autos admisorios (i.e.
cuando han sido puestas a disposición de la ciudadanía las actas de las sesiones de
la corte constitucionales del 7 y 28 de febrero, 27 de mayo y 5 de junio de 2024 y en
donde figuran las mismas patra [sic] su consulta siendo estas públicas) a fin de probar
a cabalidad los cargos increpados" […] [énfasis no es propio] [sic a toda la cita].

25. En segundo lugar, interpuso recurso de reposición contra el auto del 12 de
agosto de 2024, pues, a su juicio, no hubo una motivación frente a la decisión del
control de legalidad ni se precisaron las consecuencias frente a la oportunidad para
que la parte actora se pronunciara sobre las excepciones que le fueron trasladadas.
De esta forma lo refirió:

[…] además de tampoco figurar en el decisum ordinal alguno relacionable con la
motivación del mismo acerca del control de legalidad pretendido de "lo correspondiente
es no acceder a la petición elevada por el demandante" (cursiva añadida, extracto del
fundamento 27 del auto en comento) siendo ello a juicio del suscrito sduceptible de
recurso de reposición de conformidad con el actual artículo 242 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ni mucho menos allí
estar abordado las consecuencias de esa motivación frente a la oportunidad del actor
de emitir pronunciamiento sobre las excepciones trasladas […] [sic a toda la cita].

26. En últimas, el señor Sua Montaña pidió «[…] adicionar a la motivación del
ordinal primero del auto del asunto estar includia en calidad de reforma admitida la
solicitud probatoria precitada […]» [sic a toda la cita] y, además, «[…] dos ordinales
en los cuales respectivamente figure decisión explicita del despacho sobre el control
de legalidad pretendido en actuación 30 de julio de 2024 y los efectos de esa decisión
en la posibilidad de pronunciarse el actor acerca de las excepciones trasladas
habiendo interpuesto durante el término de traslado efectuar el despacho control de
legalidad en vez de descorrerlo».[sic a toda la cita]

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27. Lo anterior, fue decidido mediante auto del 28 de agosto de 2024, en el cual
se rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto, en tanto que aquel no
resulta procedente contra la providencia que dispuso admitir la reforma de la
demanda y, además, se negó la solicitud de adición, pues, en lo relativo a la prueba
por informe, se advirtió que esta debía ser analizada en la oportunidad procesal
correspondiente.

7. Traslado de la reforma de la demanda

28. En la oportunidad correspondiente, el conjuez Iván Darío Gómez Lee,
actuando a través de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la
demanda12 por las siguientes razones.

29. En primer lugar, adujo que el ordinal 1.º del artículo 8.º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 81 del Reglamento Interno de la
Corte Constitucional no son aplicables al caso concreto, pues, la elección acusada
no corresponde a una actuación judicial y la última de las referidas, supone la función
electoral, por ejemplo, cuando se elige al Registrador Nacional del Estado Civil.

30. En segundo lugar, precisó que la elección de los conjueces tuvo lugar en
sesión plena del 28 de febrero de 2024, lo cual consta en el acta que reposa en el
expediente. A su vez, agregó que tal designación fue dada a conocer en el enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-
eligi%C3%B3-sus-conjueces-para-el-2024-9708.

31. También, puso de presente que las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte
Constitucional se encuentran sujetas a reserva, conforme lo establecen los artículos
19 del Decreto 2067 de 1991 y 38 del Reglamento Interno de dicha corporación.
Además, indicó que el acceso a las actas de sesiones está condicionado a su previa
aprobación, según lo previsto en el artículo 57 de la Ley 270 de 1996.

32. En tercer lugar, alegó una deficiente argumentación de la demanda,
puntualmente, en la formulación adecuada y coherente del concepto de la violación.
A su juicio, el demandante no fundamentó de qué forma el acto de elección de los
conjueces de la Corte Constitucional, periodo 2024-2025, transgredió las normas
legales y convencionales aludidas.

8. Auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada y recursos

33. A través de la providencia del 3 de octubre de 202413, el despacho
sustanciador, entre otras decisiones, sometió el proceso al trámite de sentencia
anticipada al encontrar acreditada la situación prevista en el literal b) del artículo 182A

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del CPACA14. A su vez, se pronunció sobre la excepción previa planteada, las
peticiones probatorias y fijó el litigio a resolver en el presente caso15.

34. Contra esta última decisión de fijar el litigio y la negativa de la prueba por
informe, el demandante interpuso recurso de reposición16, el cual fue resuelto
mediante auto del 23 de octubre de 202417 en el sentido de no reponer aquellas
decisiones.

35. Posteriormente, el demandante, mediante escrito del 28 de octubre
siguiente18, presentó recurso de súplica frente a la negativa del decreto de la prueba
por informe. Lo anterior, fue decidido por la Sección Quinta en providencia del 14 de
noviembre de 202419 en la que se confirmó lo decidido sobre la prueba por informe.

8. Traslado de las pruebas decretadas y aportadas al proceso20

36. Dentro de la oportunidad concedida, ninguno de los sujetos procesales hizo
alguna manifestación.

9. Alegatos de conclusión21

9.1. Corte Constitucional22

37. A través del presidente de dicha corporación, José Fernando Reyes Cuartas,
solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, no se configura la
causal de nulidad invocada por el accionante.

38. En efecto, indicó que no hubo un desconocimiento de los ordinales 8.° y 9.°
del artículo 3.° del CPACA, en tanto que, el 5 de marzo de 2024, se publicó, en la
página web de la Corte Constitucional
(«https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-
eligi%C3%B3-sus-conjueces-para-%20el-2024-9708») la elección objeto de nulidad.

39. Por su parte, estimó que no se infringió el artículo 57 del CPACA, bajo el
entendido que, la elección de los conjueces de la Corte Constitucional quedó

14
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de
la audiencia inicial: […] b) Cuando no haya que practicar pruebas […]».
15
«¿Fue expedido de manera irregular el acto de elección de los conjueces de la Corte Constitucional,
para el periodo 2024-2025, porque aquel fue expedido de manera electrónica y no cumplió el
presupuesto de disponibilidad previsto en el artículo 57 del CPACA, en concordancia con el artículo
3.º (ordinales 8.º y 9.º)?».
16
Índice 84 Samai.
17
Índice 90 Samai.
18
Índice 94 Samai.
19
Índice 100 Samai.
20
Según el informe secretarial (índice 111 Samai), el término tuvo lugar entre el 21 y 25 de noviembre
de 2024.
21
De acuerdo con el informe secretarial (índice 111 Samai), el término transcurrió entre el 26 de
noviembre y el 9 de diciembre de 2024.
22
Índice 89 Samai.

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9

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

consignada en el acta n.° 14 del 28 de febrero de 2024, la cual se aprobó el 5 de
junio siguiente, momento a partir del cual su acceso es público. A su vez, reiteró que,
el contenido de aquella se publicitó en el enlace referenciado.

40. Finalmente, pidió condenar en costas al demandante, conforme los artículos
361 y siguientes del Código General del Proceso (CGP).

9.2. Iván Darío Gómez Lee23

41. En su escrito de alegatos, reiteró lo expuesto en el traslado de la reforma de
la demanda.

9. Concepto del Ministerio Público

42. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó
desestimar las pretensiones de nulidad contra el acto de elección de los conjueces
de la Corte Constitucional, periodo 2024-2025.

43. Al respecto, indicó que dicho acto fue comunicado el 5 de marzo de 2024,
mediante publicación electrónica (boletín 039) en la página web de la corporación
judicial en comento24. Por consiguiente, a partir de aquella, se advertía la existencia
de tal elección.

44. Sobre esta última, precisó que fue realizada de manera virtual (a través de la
plataforma Teams), por ende, el artículo 57 del CPACA resulta aplicable en lo
concerniente a la disponibilidad del acto. Posteriormente, explicó que la elección
acusada corresponde a la Sala Plena y esta se plasma en un proyecto de acta, el
cual se distribuye a todos los magistrados para su posterior aprobación, lo cual se
efectuó el 5 de junio de 2024.

45. En ese sentido, enfatizó que solo hasta la última de las datas indicada se podía
publicar, íntegramente, el acta n.° 14 del 28 de febrero de 2024.

46. Argumento que, en gracia de discusión, la falta de publicación del acto
afectaría, eventualmente, lo relativo a su eficacia, esto es, su oponibilidad frente a
terceros y no a la inexistencia o invalidez del mismo.

23
Índices 99 y 106 Samai.
24
«Ver en https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-eligi%C3%B3-
sus-conjueces-para-el-2024-9708. Vista el 6 de diciembre de 2024».

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. Esta Sección es competente para resolver, en única instancia, la presente
demanda de nulidad electoral, de conformidad con los artículos 149 ordinal 4.º25,
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

2.2. Asuntos por resolver

48. Según lo indicado en la fijación del litigio, contenida en el auto del 3 de octubre
de 2024, la Sala deberá abordar los siguientes aspectos:

¿Fue expedido de manera irregular el acto de elección de los conjueces de la Corte
Constitucional, para el periodo 2024-2025, porque aquel fue expedido de manera
electrónica y no cumplió el presupuesto de disponibilidad previsto en el artículo 57 del
CPACA, en concordancia con el artículo 3.º (ordinales 8.º y 9.º)?.

2.3. Caso concreto

49. Como se anticipó, el demandante alegó una expedición irregular del acta n.
14 del 28 de febrero de 2024, en lo atinente a la elección de los accionados como
conjueces de la Corte Constitucional, periodo 2024-2025.

50. Lo anterior, por cuanto, le fue informado, a través de oficio 2024-001240 del 4
de marzo de 2024, por parte de esa corporación judicial que, en el enlace web
https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/ publican la información de su
gestión y funcionamiento, sin embargo, según su dicho, en tal vínculo no reposa el
acto de elección de la referencia.

51. Por consiguiente, argumentó que la elección acusada se efectuó a través de
medios electrónicos y no cumplió el requisito de disponibilidad, previsto en el artículo
57 del CPACA y, a su vez, en el 3.º (ordinales 8.º y 9.º) del mismo compendio
normativo.

52. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 57 del CPACA prescribe que
«[l]as autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos
administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su
autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley».

25
«ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. Artículo
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con
arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos: […] 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la
República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional […]».

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53. Por su parte, los ordinales 8.º y 9.º del artículo 3.º ibidem, determinan lo
siguiente:

PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las
leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.

[…]

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la
administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.

54. Así las cosas, se concluye que en el ordenamiento jurídico está contemplada
la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, por tanto,
pueden las autoridades proferir actos administrativos a través de dichos medios,
observando, entre otros, la disponibilidad de aquellos.

55. En ese mismo sentido, se advierte que las actuaciones, en general, de la
administración son públicas y les corresponde a las autoridades darlas a conocer a
los ciudadanos, mediante el uso de medios de comunicación masiva o como lo
disponga la ley.

56. Sobre el punto, se evidencia que la presidencia de la Corte Constitucional
remitió, en oficio n.º 2024-081 del 5 de julio de 2024, el acta n.º 14 de la sesión del
28 de febrero de 2024 la cual contiene, entre otros asuntos, la elección de los
conjueces de aquella corporación judicial, para el periodo 2024-2025. En esta se
consignó lo siguiente:

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Corte Constitucional de Colombia
Sala Plena
Acta No. 14. Sala Plena de la Corte Constitucional. Febrero 28 de 2024. 10

ACTA No. 14
90 Jorge Hernán Quintero EPS Salud Total Reyes
Patiño veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), a
El día miércoles
las 3:03 p.m., se dio comienzo a la sesión ordinaria de la Sala Plena de la
91 María Cristina Diaz Consejo de Estado y otros Ángel
Corte Constitucional, llevada a cabo bajo modalidad no presencial
mediante la plataforma Teams, a la cual asistieron los magistrados José
92 Inversiones Martha Import Tribunal Superior Distrito
Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corporación, JorgeCortésEnrique
And Export SAS Judicial de San Andrés y
Ibáñez Najar, vicepresidente de la Corporación, Natalia Ángel Cabo, Juan
otro
Carlos Cortés González, Diana Fajardo Rivera, Vladimir Fernández Andrade,
93 Juan Luis Bryan INPEC y otros Fajardo
Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Cristina
Domínguez
Pardo Schlesinger.
94 Jhon Alexander Primero Nueva EPS y otros Fernández
Álvarez
Una95vez verificado el quórum, el presidente
Martha Escobar FamisanarJosé
EPS Fernando ReyesIbáñez
Cuartas
procede a iniciar la sesión con los siguientes asuntos.

1. AUTOS
3. CONJUECES
1.1. Conflictos de jurisdicción
Una vez empleado el aplicativo de votación, de forma independiente para
cada conjuez, fueron
En consideración designados
por el presidente,los
lossiguientes
siguientesconjueces y conjuezas
conflictos de para
jurisdicción:
el periodo comprendido entre 1º de marzo de 2024 y el 28 de febrero de
2025:
No. CJU M.P. No. CJU M.P. No. CJU M.P.
VOTOS VOTOS EN
1 2924 CONJUEZ
Ángel / CONJUEZA
11 4808 21
Ángel A FAVOR 5017 BLANCO
Fajardo
21 4090 12 RÍOS
ÁngelATEHORTÚA
CARLOS ALBERTO 4834 Lizarazo 822 5032 1 Cortés
3 4142 Fernández 13 4854 Ángel 23 5043 AC Fernández
2 ANTONIO BARRETO ROZO 8 1
4 4259 Lizarazo 14 4884 Cortés 24 5047 Ibáñez
3 LORENZO OCTAVIO CALDERÓN JARAMILLO 9 0
5 4423 Lizarazo 15 4925 Pardo 25 5065 Meneses
64 M ÓNICA CIFUENTES
4466 Ángel OSORIO
16 4938 Lizarazo 926 5099 0 Lizarazo
75 R UTH STELLA C
4586 ORREA P 17
Fernández ALACIO 4939 Pardo 827 5103 1 Ángel
86 4683
C Pardo
LARA CECILIA DUEÑAS Q18UEVEDO4963 Ángel 828 5118 1 Meneses
97 4718
D Ángel
IANA DURÁN S MELA 19 4999 Fajardo 9 0
108 4773 Fernández
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ 20 5010 Lizarazo 9 0
9 JORGE GAITÁN PARDO 9 0
En10 JOSÉ
consideración porGelARCÍA M
ALPINIANO vicepresidente,
UÑOZ los siguientes 9
conflictos: 0
11 IVÁN DFERNANDO
M.P. JOSÉ ARÍO GÓMEZ REYES
LEE 8 1
12 CLARA MARÍA GONZÁLEZ ZABALA
CUARTAS 8 1
13No.LUIS HERNANDOCJU
PARRA NIETO 9 0
141 MAURICIO ALFREDO
4776 PLAZAS VEGA 9 0
2 5056
15 JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 9 0
3 5084
164 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
5094 7 2
17 HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 9 0
18 JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ 9 0

57. Frente a lo expuesto, la Sala determinará, en primer lugar, si el acto de
4. ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA SALA PLENA
elección de los conjueces de la Corte Constitucional, periodo 2024-2025,
corresponde4.1. EXPEDIENTE
a un acto T-9.126.913 (M.P. Lizarazo)
administrativo electrónico, en los términos del artículo 57 del
CPACA, así:El ponente explica que se trata de un caso de un accionante que cotizó al
Instituto de Seguros Sociales entre 1981 y 1987, y se afilió nuevamente al

Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos
administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad,
integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley.

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periodo 2024-2025
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58. La norma citada contiene un ingrediente normativo «medios electrónicos», el
cual, para efectos de su definición, resulta admisible acudir a la Ley 527 de 1999, en
consonancia con la remisión general «de acuerdo con la ley» que hace el mismo
artículo 57 del CPACA.

59. Ahora, la Ley 527 de 1999 tiene como objeto «[p]or medio de la cual se define
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales […]», y el artículo 2.º contiene una enunciación de lo que se
conoce como medio electrónico, de la siguiente manera:

DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico,
el telegrama, el télex o el telefax; [énfasis de la sala].

60. Al tenor de la anterior enunciación, la Sala encuentra factible afirmar que,
como el contenido del acta de la elección cuestionada no reposa en un elemento
electrónico que sirva para almacenar información, al menos de aquellos que se
definen en el literal a) del artículo 2.° de la Ley 527 de 1999, entonces, el acta 14 del
28 de febrero de 2024 no se cataloga como un acto administrativo electrónico.

61. De igual forma, luego del análisis de los antecedentes administrativos y, en
especial, de la referida acta de sesión 14 del 28 de febrero de 2024, se advierte que,
si bien aquella se efectuó bajo la modalidad no presencial y en uso de la plataforma
Teams, lo cierto es que por esa sola connotación no puede circunscribirse como un
acto administrativo electrónico.

62. En otras palabras, en este caso particular, el solo empleo de medios
tecnológicos para efectos de adelantar la sesión referenciada no implica que el acto
de elección cuestionado consista en un acto administrativo de tal alcance.

63. Contrario a lo expuesto hasta este punto, en el caso concreto, lo que se
advierte es un documento físico allegado por la corporación judicial nominadora, en
el cual consta un mensaje escrito que, como se anotó, consiste en la designación de
los conjueces de la Corte Constitucional y los votos a favor y en blanco obtenido por
cada uno de aquellos. Desde tal perspectiva, es factible concluir que no se trata de
una información generada por un medio electrónico, que se rija por lo señalado en el
artículo 57 del CPACA.

64. Asimismo, como se desprende del acta n.º 14 de la sesión del 28 de febrero
de 2024, la atribución de la autoría de aquella se reputa del presidente y secretaria
general de la Corte Constitucional, pues, se observa la firma manuscrita de estos. En
ese sentido, no resultaría ajustado considerar que, como lo señala el señor Sua
Montaña, «[…] la elección sub judice ha sido emitida por medios electrónicos […]»,
toda vez que de su contenido no se advierte una suscripción por esos mismos
medios.

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65. A su vez, como el acta de sesión 14 del 28 de febrero de 2024 no se trata de
un acto administrativo electrónico en los términos del artículo 57 del CPACA, no
debía cumplir con el requisito de publicación previsto en el inciso 2.º del artículo 65
del CPACA, el cual dispone:

Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de
esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las
garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.

66. Por las razones expuestas, al no tratarse de un acto administrativo electrónico,
en los términos del artículo 57 del CPACA, no era admisible alegar un
desconocimiento del presupuesto de disponibilidad que se fija en la norma en
comento.

67. En todo caso, se encuentra que según el parágrafo del artículo 65 del CPACA
los actos de elección, distintos a los de voto popular, deben ser publicados. No
obstante, de encontrarse acreditada una omisión en este punto, se impone reiterar,
como lo señaló el Ministerio Público que la falta de publicación o comunicación de un
acto administrativo no afecta la validez de este. Por el contrario, repercute en la
oponibilidad frente a terceros, así lo ha determinado esta corporación26:

72. Las demandantes señalan que se vulneró el principio de publicidad pues, a su
juicio, la Corte Suprema de Justicia no dio a conocer los actos de nombramiento y de
confirmación. En ese orden adujeron que hubo desconocimiento del artículo 65 del
CPACA.

[…]

74. Ahora bien, como lo señala el primer inciso de la norma, la consecuencia de su
incumplimiento es que «…no serán obligatorios…». Esto va en consonancia con lo
que señala la jurisprudencia con respecto a que «… la publicación no constituye un
requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición
para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad…»27.

75. A su vez, esta Sección señaló que «… la falta de publicación de un acto
administrativo de carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad
frente a terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para
el acto de carácter particular que se expida con fundamento en él, se erige en
presupuesto de validez…»28.

76. Los lineamientos jurisprudenciales enunciados evidencian que no se accederá al
cargo propuesto por la demandante, toda vez que el yerro que adujo no afecta la
validez del acto de nombramiento. Igual conclusión se extiende a las irregularidades
reseñadas frente a la falta de publicidad del acto de confirmación.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de
diciembre de 2022, radicado: 11001-03-28-000-2021-00032-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
27
«Corte Constitucional, Sentencia C-957 de 1999».
28
«Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 11001-03-28-000-
2011- 00059-00».

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periodo 2024-2025
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68. Por otra parte, no resulta ajustado que se predique el desconocimiento de los
principios de transparencia29 y publicidad30, en tanto se comprobó que el demandante
pudo conocer esa actuación administrativa, a través de un medio masivo de
comunicación (página web)
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-
eligi%C3%B3-sus-conjueces-para-el-2024-9708, la elección cuestionada por parte
de la Corte Constitucional.

69. Por consiguiente, no le asiste razón al demandante cuando echa de menos la
observancia de los ordinales 8.º y 9.º del artículo 3.º del CPACA por el hecho de que,
en la respuesta que se le emitió al derecho de petición ejercido por aquel, no se le
remitió el acto que contiene la elección objeto de nulidad.

70. En efecto, se tiene que, en el capítulo IX, artículo 3731, del Acuerdo 02 de 2015
(reglamento de la corporación judicial referenciada) se regula lo atinente al
procedimiento de las reuniones de la Sala Plena de la Corte Constitucional y sus
actas de sesiones.

71. Sobre aquellas, en el artículo 57 de la Ley 270 de 1996 se fijó que son de
acceso público. Sin embargo, no se pierde de vista que en la sentencia C–037 de
1996 se condicionó dicho acceso a la aprobación por parte de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, así:

Dentro de estos parámetros deberá advertirse que el acceso público a las actas de las
sesiones que se lleven a cabo en las corporaciones de que trata el artículo 57, deberá
estar condicionado a su previa aprobación, pues sólo hasta ese entonces las
decisiones que se hayan adoptado en la correspondiente sesión habrán quedado en
firme e, igualmente, los integrantes de cada corporación podrán haber revisado el
contenido de las actas, con el fin de verificar que en ellas se consigne adecuadamente
su deliberación y la votación en cada debate.

72. En este mismo sentido, se dispuso en la Circular Interna n.º 02 de 2018, en lo
atinente a la elaboración de las actas de la Sala Plena de la Corte Constitucional que
el proyecto de aquellas es distribuido por la Secretaría General a los magistrados
para su consideración y posterior aprobación en Sala Plena.

73. Este último aspecto, como se anticipó, tuvo ocurrencia el 5 de junio de 2024,
tal como se desprende del espacio previo a las firmas del presidente y secretaria
general que fungieron en dicha sesión del 28 de febrero de 2024:

29
«En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal».
30
«En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados,
en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley,
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la
publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma».
31
«Actas. De todo lo acontecido en la sesión se dejará resumen en el acta. De las exposiciones de
los Magistrados se hará otro tanto, si éstos lo exigen y las presentan por escrito».

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vigentes.

Igualmente, se analiza si el remedio para las dificultades interpretativas sea
la exequibilidad y precisar el alcance en la parte motiva o debe ser una
declaración interpretativa. Se sugiere incluir el artículo 30 de la Convención
de Viena, así como el 23 que obliga a cumplirlo
Demandante: HaroldeEduardo
buena fe.
SuaEnMontaña
general,
una interpretación sistemáticaDemandados:
de tratado no conjueces
requeriría interpretación.
de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
La ponente acepta las observaciones, y propone la exequibilidad sin
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00
declaración interpretativa con ajustes en la motiva para aclarar las posibles
interpretaciones, en consideración, es aprobada 8-0.

A las 7:57 p.m., se levanta la sesión.
Acta aprobada en sesión del 5 de junio de 2024.

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Presidente

ANDREA LILIANA ROMERO LÓPEZ
Secretaria General

74. Así las cosas, lo que concluye la Sala es que una vez aprobada por la Sala
Plena de la Corte Constitucional y publicada el acta n.º 14 del 28 de febrero de 2024,
la cual contiene, entre otras, la elección acusada, resultaba accesible al público. Por
consiguiente, conforme a los antecedentes normativos expuestos, lo correspondiente
era que el accionante solicitara dicho acto con posterioridad al 5 de junio de 2024.

75. En resumidas cuentas, al no demostrarse una expedición irregular del acto
mediante el cual la Corte Constitucional eligió a sus conjueces para el periodo 2024-
2025, por la presunta falta de disponibilidad de aquel y la inobservancia de los
principios de transparencia y publicidad, se impone negar las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: conjueces de la Corte Constitucional,
periodo 2024-2025
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00115-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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