Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00108-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00108-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00108-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de abril de 2025
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: José Fernando Reyes Cuartas,
como presidente de la Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00108-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00108-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: José Fernando Reyes Cuartas presidente de la Corte Constitucional
para el período 2024-2025
Temas: Calidades exigidas para ser presidente de la Corte Constitucional –
presupuesto de disponibilidad y publicidad del acto de elección
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio
procesal que impida abordar el fondo de este asunto, corresponde a la Sección Quinta
del Consejo de Estado dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
electoral de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Harold Eduardo Sua Montaña, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó
demanda1 con el propósito que se declarara la nulidad de la elección del magistrado
José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para el
período 2024-2025.
1.2. Hechos
2. Los presupuestos fácticos a los que hizo referencia el demandante se agrupan de la
siguiente manera:
1.2.1. Relacionados con las calidades para ser elegido
3. El demandante sostuvo que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte
Suprema de Justicia, profirió el auto 118 de 2020, mediante el cual resolvió una
solicitud de preclusión2. En esa providencia se indicó que la sentencia del 10 de
diciembre de 20143 se dictó desconociendo el ordenamiento jurídico y «obedeció a una
actuación descuidada y negligente».
1
El 20 de marzo de 2024.
2
Esta solicitud fue presentada por la fiscal Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia en favor de los señores Gloria Ligia
Castaño Duque y Antonio María Roro Ruíz como magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el trámite del proceso penal.
3
Esta decisión resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra el fallo que condenó penalmente al señor David Ramírez
Amaya, por la comisión del delito de secuestro simple.
1
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: José Fernando Reyes Cuartas,
como presidente de la Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00108-00
4. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas fue el ponente de ese fallo. Dentro de
ese contexto, expuso que en el derecho disciplinario colombiano se considera como
falta grave la «ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de
obligatorio cumplimiento».
5. Indicó que la Corte Constitucional ha proferido autos con ponencia del magistrado
José Fernando Reyes Cuartas en los que le ha impuesto multas y una «concentración
semejante del ius puniendi ha sido la causa central de la declaración de responsabilidad
internacional» del Estado colombiano, como ocurrió en el caso de Gustavo Petro contra
Colombia.
6. Con ocasión de esas decisiones, presentó una «petición individual» en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ello, el demandado ha reincidido en
ese comportamiento que transgrede garantías consagradas en la Convención
Americana de Derechos Humanos.
7. Además, el señor Hernando Ramírez Arboleda, fue absuelto por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia que le
habían sido imputados, con ocasión de la denuncia que interpuso el magistrado José
Fernando Reyes Cuartas.
8. Precisó que estas situaciones le restan «mérito para ser elegido presidente» y que
ha sido «cuestionado o expuesto a investigación periodística en varios artículos de
prensa a raíz de ello».
1.2.2. Relacionados con la disponibilidad y publicidad del acto demandado
9. Adujo que el 5 de marzo de 2024, elevó una petición para que se le informara la
modalidad de las actividades que había desarrollado la Corte Constitucional y cuántos y
cuáles actos administrativos había expedido durante el año en curso, «incluyendo los
de la naturaleza del declarativo de la elección sub judice», pero no recibió respuesta.
10. Por lo anterior, se configuró un «acto ficto positivo» respecto de «la disponibilidad y
forma de expedición» del acto administrativo demandado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
11. El demandante aseguró que con la elección cuestionada se incurrió en las
siguientes irregularidades:
1.3.1. Incumplimiento de las calidades para ser elegido
12. Este cargo lo denominó «Infracción del deber de motivación y criterios de mérito y
capacidad respectivamente establecidos en el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 81 del reglamento interno
de la corporación electora en relación con el primer inciso del artículo 29
constitucional».
13. Consideró que con ocasión del auto 118 del 2020 proferido por la Corte Suprema
de Justicia, las providencias en las que el demandado le impuso multas al señor Harold
2
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Eduardo Sua Montaña y la absolución del señor Hernando Ramírez Arboleda por el
delito de injuria y calumnia, se concreta la transgresión a las normas que invocó como
desconocidas, comoquiera que esas situaciones le restaron «mérito para ser elegido
presidente de la Corte Constitucional», máxime cuando ha sido «expuesto a
investigación periodística en varios artículos de prensa a raíz de ello».
14. Además, la elección debe estar motivada «en una exposición racional del
cumplimiento de los criterios de mérito y capacidad», pero no lo ha observado debido a
que no ha tenido acceso al documento que contiene el acto electoral.
15. Por lo tanto, estimó que el magistrado José Fernando Reyes Cuartas no cumplía
con las calidades para ser elegido presidente de la Corte Constitucional.
1.3.2. Incumplimiento de los presupuestos de disponibilidad y publicidad del acto
demandado
16. Este cargo lo denominó «Infracción del presupuesto de disponibilidad y principios
de transparencia y publicidad respectivamente establecidos en el artículo 57 y
numerales 8 y 9 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011 en relación con el primer inciso de
los artículos 29 y 209 constitucionales».
17. Indicó que se concretó el desconocimiento normativo aludido, toda vez que el acto
demandado se adoptó de manera electrónica y no se garantizó su disponibilidad.
18. Lo anterior, al advertir que presentó una petición ante la Corte Constitucional en la
que solicitó información respecto de la modalidad en la que se profirió la decisión y su
copia; sin embargo, como no se le otorgó respuesta, indicó que se configuró un «acto
ficto positivo».
19. En ese sentido, consideró que el acto administrativo mediante el cual se realizó la
elección es contrario al ordenamiento jurídico.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
20. Mediante providencia del 6 de mayo de 2024, se inadmitió el medio de control. El 8
de mayo, el señor Harold Eduardo Sua Montaña presentó memorial en el que explicó el
«cargo impetrado», la «sustentación concisa del respectivo cargo» y la «narrativa
fáctica concerniente al cargo respectivo». El 21 de ese mes y año, se requirió copia del
acto de elección junto con su constancia de publicación y se ordenó correr traslado de
la medida cautelar solicitada.
1.5. Auto que admite la demanda y niega la medida cautelar
21. La Sección Quinta del Consejo de Estado, el 13 de junio de 2024, admitió la
demanda y negó la medida cautelar, al concluir que en esa etapa procesal no se
observaba que se hubiere presentado alguna irregularidad en cuanto a la presunta falta
de disponibilidad o publicación del acto de elección del magistrado José Fernando
Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para el periodo 2024-2025.
Ello, por cuanto la suspensión provisional requerida se fundamentó únicamente en el
segundo cargo del concepto de violación.
3
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22. Además, ordenó realizar las notificaciones correspondientes.
1.6. Escrito de reforma de la demanda
23. El demandante, el 18 de junio de 2024, aportó la contestación que otorgó la Corte
Constitucional a la petición que presentó el 5 de marzo de 2024 y manifestó que:
Habiendo recibido con antelación a la comunicación de los autos admisorios de los procesos
del asunto contestación solicitada al despacho de obtener en calidad de prueba y la
motivación de dichos autos hace ver al suscrito circunstancias de tiempo, modo y lugar
inciertas en su leal saber y entender en el momento de la interposición de los respectivos
libelos, respetuosamente pongo a disposición del despacho la mencionada contestación y a
su vez hago uso de la atribución procesal establecida en el artículo 278 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a efectos de que la entidad
nominadora, quien recibe notificaciones a los electrónicos
secretaria1@corteconstitucional.gov.co y secretaria3@corteconstitucional.gov.co, informe la
modalidad de sesión en la cual fueron aprobadas las actas contentivas de las declaraciones
de cada una de las elecciones sub judice (i.e. si la sesión del 27 de mayo de 2024 en donde
fue aprobada el acta de la del 7 de febrero y la del 5 de junio de 2024 frente a la del 28 de
febrero fueron o no presenciales o virtuales) como el medio y momento de disponibilidad de
cada una de las actas mencionadas en la motivación de los autos admisorios (i.e. cuando
han sido puestas a disposición de la ciudadanía las actas de las sesiones de la corte
constitucionales del 7 y 28 de febrero, 27 de mayo y 5 de junio de 2024 y en donde figuran
las mismas patra su consulta siendo estas públicas) a fin de probar a cabalidad los cargos
increpados.4
24. Posteriormente, el 30 de julio de 2024, el demandante presentó un escrito en el que
indicó:
Como hasta la fecha de este mensaje no hay decisión alguna acerca de la reforma parcial
del libelo pretendida en mensaje del 18 de junio de 2024 y en cambio se ha procedido a
correr traslado de excepciones estando contemplado en el artículo 207 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo sanear en cada etapa
procesal vicios susceptibles de acarrear nulidad procesal, el suscrito respetuosamente pide
efectuar control de legalidad con miras a dejar sin efectos los mencionados traslados y en su
lugar se proceda a tomar la mencionada decisión ausente para ahí sí dar traslado de
excepciones al estimar configurar dicha omisión vicio procesal a sanear.5
1.7. Auto que admitió la reforma de la demanda
25. Mediante auto del 27 de agosto de 2024, se admitió la reforma de la demanda al
advertir que se presentó oportunamente y los aspectos sobre los que versaba se
adecuaban a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, por
cuanto se pretendía aportar y solicitar pruebas adicionales.
26. Mediante memorial del 2 de septiembre de 2024, el demandante presentó solicitud
de adición. El 11 de octubre de 2024, se resolvió la petición negándola.
1.8. Contestaciones de la demanda
27. Dentro de la oportunidad legal correspondiente, se presentaron las siguientes
intervenciones:
4
Transcripción fiel, incluso con errores.
5
Transcripción fiel, incluso con errores.
4
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28. El demandado6, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda
e indicó que ninguno de los cargos se configuró cuando se adoptó su elección.
29. Consideró que varias de las afirmaciones expuestas en los hechos de la demanda
correspondían a estimaciones descontextualizadas y subjetivas del demandante, que
carecían de relevancia para el estudio de legalidad de su elección como presidente de
la Corte Constitucional y que el «verdadero malestar» del señor Harold Eduardo Sua
Montaña eran las medidas correccionales que se le habían impuesto por incurrir en la
conducta descrita en el numeral 5 del artículo 60 de la Ley 270 de 1996 que genera un
«bloqueo institucional al normal discurrir de las corporaciones de justicia».
30. Aseguró que su designación como presidente de la Corte Constitucional se ajustó al
ordenamiento jurídico, toda vez que cumplía con los requisitos para ejercer tal dignidad,
además que fue adoptada por unanimidad en sesión presencial. Incluyó el siguiente
cuadro en el que sustentó la razón por la cual no se vulneraron las normas invocadas
por el demandante:
31. Manifestó que (i) no se transgredió el principio de publicidad, debido a que el 7 de
febrero de 2024, se comunicó la decisión de la Sala Plena a través de la página web de
la Corte Constitucional; (ii) tampoco se desconoció el de transparencia, porque para el
acceso al público de las actas de las sesiones se debía cumplir con el respectivo
trámite de aprobación; y (iii) se adoptó en una reunión presencial, por lo que no era
aplicable el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011.
32. Propuso como excepciones previas «inepta demanda», «indebida escogencia de la
acción y falta de competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado»; como
mixta «caducidad de la acción electoral contra el acto de elección del doctor José
Fernando Reyes Cuartas como magistrado de la Corte Constitucional»; y de mérito
«inexistencia de las causales de nulidad invocadas por el demandante» e
«improcedencia del medio de control de nulidad electoral para cuestionar providencias
proferidas por la Corte Constitucional».
33. Por último, pidió que se condenara en costas al demandante, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 361 y siguientes de la Ley 1564 de 2012.
34. Con ocasión de la admisión de la reforma de la demanda intervino de nuevo 7 y
reiteró los argumentos que expuso en la contestación. Asimismo, se opuso a que se
6
La contestación puede consultarse en el índice 38 del sistema de información SAMAI.
7
La contestación puede consultarse en el índice 50 del sistema de información SAMAI.
5
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decretara la prueba que solicitó con ese documento, ya que la pudo haber solicitado a
través de derecho de petición y no lo hizo, como también es impertinente e inútil.
35. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar8, en calidad de vicepresidente de la
Corte Constitucional, se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la
elección cuestionada se realizó cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento Interno de
esa Corporación, por lo que se respetaron los «principios constitucionales y legales
aplicables».
36. Aseguró que varias de las referencias realizadas en el acápite de hechos de la
demanda, correspondían a situaciones indeterminadas que no le constaban, por lo que
no podía afirmarlas o negarlas.
37. Manifestó que la demanda era incongruente y que no cumplía con una carga
razonable que permitiera analizar la manera cómo se transgredieron las normas que se
señalaron como desconocidas.
38. Propuso como excepciones «ineptitud de la demanda», «inexistencia de las
causales de nulidad invocadas por el demandante» e «improcedencia del medio de
control de nulidad electoral para cuestionar providencias proferidas por la Corte
Constitucional».
39. Sostuvo que la designación del presidente de la Corte Constitucional no requería
motivación y los votos en ese sentido son secretos, conforme el Reglamento Interno de
esa Corporación; y en relación con el mérito sostuvo que es un requisito para ser
magistrado de alguna Alta Corte y no para presidirla.
40. Indicó que la falta de publicidad no afecta su validez, sino que lo hace inoponible y,
con todo, la designación se puso en conocimiento a través de un comunicado de prensa
del 7 de febrero de 2024, contenido en el Acta 5 de esa misma fecha.
41. Señaló que era improcedente invocar el silencio administrativo por la supuesta
omisión de contestar la petición que presentó el demandante, comoquiera que mediante
el Oficio 2024-001714 de 20 de marzo de 2024 se dio respuesta y, además, no existe
alguna previsión legal que genere los efectos pretendidos ante esa Corporación,
asimismo no es automático debido a que se debe protocolizar conforme lo establece el
artículo 85 de la Ley 1437 de 2011.
42. Igualmente, solicitó condenar en costas al señor Harold Eduardo Sua Montaña y se
opuso a que se decretara la prueba que solicitó en la reforma a la demanda ya que no
era determinante para la elección cuestionada.
1.9. Traslado de las excepciones
43. En este término el demandante guardó silencio9.
8
La contestación puede consultarse en el índice 39 del sistema de información SAMAI.
9
Esta actuación puede ser consultada en el índice 41 del sistema de información SAMAI.
6
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1.10. Auto que resuelve excepciones, decide sobre las pruebas, fija el litigio y
corre traslado para alegar de conclusión
44. El 16 de diciembre de 2024, se declararon no probadas las excepciones de «inepta
demanda» e «indebida escogencia de la acción y falta de competencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado» y la mixta de «caducidad de la acción electoral contra el
acto de elección del doctor Fernando Reyes Cuartas como magistrado de la Corte
Constitucional», se decidió sobre las pruebas y se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión.
45. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:
• Determinar si es nulo el acto mediante el cual fue elegido el magistrado José Fernando
Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional por haberse expedido con
infracción de las normas en las que debería fundarse y de forma irregular conforme lo prevé
el inciso primero del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, por haberse desconocido el
numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 29
y 209 de la Constitución, los numerales 8 y 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, el
artículo 57 de ese mismo estatuto y el artículo 81 del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional.
77. Concretamente, se deberá establecer lo siguiente:
• ¿Si se infringió el deber de motivación y los criterios de mérito y capacidad, al designarse al
magistrado José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para
el período 2024-2025?
• ¿Si se desconoció el presupuesto de disponibilidad y los principios de transparencia y
publicidad, al no garantizarse el acceso electrónico al acto cuestionado?
1.11. Recurso de reposición
46. Inconforme con la negativa de acceder a algunas pruebas, el señor Harold Eduardo
Sua Montaña interpuso reposición. El 20 de febrero de 2025, se resolvió
desfavorablemente el recurso, por lo que presentó súplica, la cual fue resuelta el 13 de
marzo de 2025, confirmando la decisión impugnada.
1.12. Alegatos de conclusión
47. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en calidad de vicepresidente de la
Corte Constitucional, reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la
demanda.
48. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, insistió en las razones de defensa
que expuso en sus intervenciones y pidió que no se accediera a la nulidad que se
buscaba con la demanda.
49. El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio, aseguró:
Dada la motivación de la decisión tomada en el proceso de nulidad electoral 2024-0115-0010
y la negativa en el del traslado del asunto a la solicitud probatoria del actor en el libelo del
10
Se pone de presente que este radicado corresponde al medio de control de nulidad electoral que promovió el señor Harold
Eduardo Sua Montaña contra la elección de los conjueces de la Corte Constitucional para el período 2024-2025 y que culminó con
la sentencia del 6 de febrero de 2025.
7
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mismo, se descorre el mencionado traslado sosteniendo ya tener la Sala idea de la
determinación a seguir frente a uno de los cargos contra la elección cuestionada como
carecer el restante de elementos de juicio a través de los cuales estar soportado más allá de
las aseveraciones del actor al respecto en el libelo siendo entonces inicuo cualquier intento
de persuasión de alegato de conclusión y con ello venir deducir el actor desde ya proferirse
sentencia nugatoria de la nulidad pretendida sin expectativa alguna de variarlo aprovechando
el traslado en comento.
50. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, hizo un recuento
de las actuaciones procesales adelantadas, describió la naturaleza de la causal de
nulidad de expedición irregular y relacionó las pruebas obrantes en el expediente para
precisar que las irregularidades señaladas por el señor Harold Eduardo Sua Montaña
no se presentaron.
51. Al respecto, sostuvo que el artículo 5 del reglamento interno de la Corte
Constitucional no establece un requisito especial para la elección del presidente de esa
Corporación y, en consecuencia, la exigencia del mérito que alega el demandante no
tiene fundamento jurídico.
52. Aseguró que el artículo 81 del reglamento interno no era aplicable a la elección
cuestionada, por cuanto el inciso final de esa norma se refiere únicamente a las
elecciones directas del presidente de la Corte Constitucional, el Registrador Nacional
del Estado Civil y el Gerente de la Rama Judicial.
53. Por otra parte, indicó que la designación del magistrado José Fernando Reyes
Cuartas como presidente se dio a conocer a la comunidad a través de la publicación del
7 de febrero de 2024 en la página web de la Corte Constitucional.
54. Precisó que, con todo, si el acto no se hubiera publicado su validez no se vería
afectada, toda vez que esa omisión solo atañe a la oponibilidad de las decisiones de la
administración conforme lo consideró la Sección Quinta del Consejo de Estado cuando
resolvió la medida cautelar solicitada por el demandante.
55. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones anulatorias del señor Harold
Eduardo Sua Montaña.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
56. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 202111 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en
única instancia el proceso de la referencia.
11
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la
Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por
(…) la Corte Constitucional».
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2.2. Acto demandado
57. El acto cuestionado se trata de la elección del magistrado José Fernando Reyes
Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para el período 2024-2025,
contenido en el Acta 5 de la Sala Plena de esa Corporación del 7 de febrero de 2024.
2.3. Problema jurídico
58. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá el cuestionamiento jurídico
plasmado en el numeral 1.10. de esta providencia.
59. Es decir, de manera concreta deberá establecer lo siguiente:
• ¿Si se infringió el deber de motivación y los criterios de mérito y capacidad, al
designarse al magistrado José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la Corte
Constitucional para el período 2024-2025?
• ¿Si se desconoció el presupuesto de disponibilidad y los principios de transparencia
y publicidad, al no garantizarse el acceso electrónico al acto cuestionado?
2.4. Caso concreto
60. El demandante consideró que el acto cuestionado se encuentra viciado de nulidad
por dos motivos distintos, razón por la cual la Sala abordará cada cargo de manera
independiente.
2.4.1. Análisis del primer problema jurídico
61. El señor Harold Eduardo Sua Montaña denominó esta inconformidad como
«Infracción del deber de motivación y criterios de mérito y capacidad respectivamente
establecidos en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y artículo 81 del reglamento interno de la corporación electora en relación con
el primer inciso del artículo 29 constitucional»
62. Lo anterior, al estimar que se han presentado situaciones que le restaron al
magistrado José Fernando Reyes Cuartas «mérito para ser elegido presidente de la
Corte Constitucional», máxime cuando se han proferido decisiones judiciales que han
evidenciado sus irregularidades y ha sido «expuesto a investigación periodística en
varios artículos de prensa a raíz de ello».
63. Además, precisó que la elección debe estar motivada «en una exposición racional
del cumplimiento de los criterios de mérito y capacidad», pero no lo ha observado
debido a que no ha tenido acceso al documento que contiene la elección.
64. Ahora bien, se pone de presente que el numeral 1° del artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos consagra lo siguiente:
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
9
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: José Fernando Reyes Cuartas,
como presidente de la Corte Constitucional
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anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
65. Se advierte que esta disposición convencional no contiene un componente
normativo que se encuentre relacionado con alguna elección, razón por la cual no se
evidencia de qué manera pudo haber sido transgredida.
66. En este punto se precisa que el demandante, en la subsanación del escrito
introductorio, manifestó:
el elegido es el ponente de autos en sede de constitucionalidad a través de los cuales la
corporación electora ha concretado en sí misma formular cargos y determinar la procedencia
de imponer multa como de eventuales recursos contra la decisión al respecto restándose
así mérito para ser elegido presidente de la corte constitucional pues concentración
semejante del ius puniendi ha sido la causa central de la declaración de responsabilidad
internacionalidad del estado colombiano en sentencia del caso Petro vs Colombia de
violación de “los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y
garantizar dichos derechos, consagradas en los artículos 1.1 del mismo tratado” (cursiva
añadida, extracto del decisum de dicha sentencia) al punto de estar siendo dichos autos
objeto de petición individual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aun así
es ponente de reciente auto de sala de revisión de tutelas con el mismo ánimo de proceder.
(Negrita propia)
67. Sobre el particular, se aclara que el medio de control de nulidad electoral no es el
escenario jurisdiccional para que se juzgue si la imposición de multas o sanciones es o
no adecuada y si ello se traduce en actuaciones irregulares que afecten el prestigio de
un juez o magistrado.
68. Las decisiones de las autoridades judiciales gozan de presunción de legalidad y
acierto, razón por la cual se deben considerar acordes al ordenamiento jurídico hasta
que el juez natural de esa causa declare lo contrario.
69. En consecuencia, no puede pretenderse que el órgano de cierre en materia
electoral analice asuntos que no son de su competencia. Ello, por cuanto la
demandante estima que el magistrado José Fernando Reyes Cuartas no tiene mérito
para ser elegido presidente de la Corte Constitucional debido a que le impuso varias
sanciones en trámites judiciales.
70. Por otra parte, el artículo 81 del reglamento interno de la Corte Constitucional no
resulta aplicable para la elección del presidente de esa Corporación.
71. En efecto, esa norma debe observarse para cumplir con las funciones electorales
asignadas por la Constitución y la ley a la Corte Constitucional, esto es, cuando actúa
como ente nominador, ejemplo de ello es la elección de uno de los seis magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura como lo establece el artículo 254 de la
Constitución12.
72. Ese es el correcto entendimiento de la disposición reglamentaria, lo cual se
corrobora con el análisis sistemático que se propone a continuación:
12
«Artículo 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho años,
así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado».
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73. El artículo 81 establece que las elecciones a cargo de la Corte Constitucional son
competencia de su Sala Plena, de conformidad con el procedimiento establecido en
ese reglamento.
74. Su estatuto establece: i) la convocatoria (art. 82) cuya publicidad se hará en medios
de amplia circulación, para invitar a participar a quienes cumplan requisitos, ii)
inscripción (art. 83) en donde los aspirantes deberán allegar los soportes requeridos
para cada empleo, iii) listado de aspirantes (art. 84) el presidente de la corporación
verificará el acatamiento de los inscritos de los requisitos, el cual se pondrá a
consideración del pleno, iv) preselección (art. 85) la sala plena elaborará una lista de no
más de 10 ciudadanos que publicará a la opinión pública, v) participación ciudadana
(art. 86) recepción de observaciones, vi) lista de elegibles (art. 87) integrada por no más
de 5 personas, vii) audiencia (art. 88) podrán ser oídos a través de ese medio
igualmente podrán ser entrevistados que la integran y, viii) elección (art. 89) del
servidor de que se trate.
75. De lo expuesto es dable concluir que este procedimiento no es para la selección de
su presidente, en tanto, no se advierte cómo se puede conformar una lista de no más
de 10 ciudadanos cuando sus integrantes son 9 y uno de ellos es candidato; a su vez,
la entrega de los soportes de su historia laboral para acreditar los requisitos del empleo,
cuando no va a acceder a la función judicial.
76. Tampoco se advierte en las normas que regulan la designación cuáles serían los
requisitos para acceder a esa dignidad más que ostentar la magistratura en la
corporación y obtener la votación requerida para ello.
77. Conforme lo expuesto, resulta claro que la Corte Constitucional, al darse su propio
reglamento, consideró que el referido artículo 81 regulaba exclusivamente la función
electoral que debía ejercer por mandato de la Constitución y la ley cuando actuara
como ente nominador.
78. Es decir, la referida disposición normativa regula las elecciones de cargos externos
a la Corte Constitucional y que corresponden realizarlos por lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico.
79. Por lo tanto, no le asiste razón al demandante cuando estima que dicha disposición
resulta aplicable a la elección del presidente de esta Corporación.
80. Ello también encuentra sustento en que en el reglamento de la Corte Constitucional
en su literal f. del artículo 5 establece:
Artículo 5°. Funciones. Compete a la Sala Plena de la Corte Constitucional:
(…) f. Elegir por la mayoría de los votos de los Magistrados, al Presidente y
Vicepresidente de la Corporación, para períodos anuales que se contabilizarán a partir del
diez (10) de febrero de cada año.
81. Frente al mérito, se precisa que normativamente los magistrados de la Corte
Constitucional cumplen con las calidades para presidir esa Corporación, por el hecho
de que, en sus elecciones, el órgano nominador evaluó sus calidades para acceder al
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empleo, por lo que sus perfiles satisfacen todas las exigencias para ocupar sus
dignidades.
82. Se precisa que los únicos requisitos para ser presidente de la Corte Constitucional
es ser magistrado titular, nombrado en propiedad y obtener la mayoría de los votos del
resto de los togados.
83. Por último, el señor Harold Eduardo Sua Montaña aseguró que no había podido
revisar la motivación del acto de elección ya que no había tenido acceso al documento
que contiene la designación y, además, que debía contener «una exposición racional
del cumplimiento de los criterios de mérito y capacidad».
84. Sin embargo, se advierte que en el Acta 5 del 7 de noviembre de 2024 se acredita
el cumplimiento de las exigencias previstas para la elección en el literal f. del artículo 5
del Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015 y, como se expondrá adelante, cuando se surtió
el trámite interno estuvo disponible.
85. En efecto, se expuso que los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron
para elegir a su presidente y votaron. Obsérvese:
1. Elección del presidente y vicepresidente
La presidente informa que se habilitará el aplicativo de votación a efectos de que los
magistrados y magistradas puedan votar para elegir presidente y vicepresidente de la
Corte Constitucional, durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2024 y
el 9 de febrero de 2025.
(…) La presidenta anuncia los resultados de la votación para la elección de presidente y
vicepresidente. Comunica que han sido elegidos como presidente el magistrado José
Fernando Reyes Cuartas y como vicepresidente el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
(Negrita propia)
86. Es decir, en el acto cuestionado está acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el ordenamiento jurídico, esto es, que el accionado fungía como magistrado
titular en propiedad y fue elegido por la mayoría de los votos de los integrantes de la
Corporación, lo cual no requiere motivación.
87. En ese orden de ideas, se advierte que este cargo no tiene vocación de
prosperidad.
2.4.2. Análisis del segundo problema jurídico
88. El demandante estimó que se concretó el desconocimiento del artículo 57 de la Ley
1437 de 2011, toda vez que el acto demandado se adoptó de manera electrónica y no
se garantizó su disponibilidad.
89. Lo anterior, al advertir que presentó una petición ante la Corte Constitucional en la
que solicitó información respecto de la modalidad en la que se profirió la decisión y su
copia; sin embargo, como no se le otorgó respuesta, indicó que se configuró un «acto
ficto positivo».
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90. No obstante, la presidencia de la Corte Constitucional, aportó el Acta 5 de la Sala
Plena del 7 de febrero de 2024 en la que, entre otras cosas, se consignó lo siguiente:
91. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la elección cuestionada se adoptó
en la sesión presencial de la Sala Plena de la Corte Constitucional del 7 de febrero de
2024 y no de manera electrónica, como lo aseguró el demandante13.
92. Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 establece:
Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus
funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos
siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la
ley. (Negrita propia)
93. En ese orden de ideas, resulta claro que no se desconoció el artículo 57 de la Ley
1437 de 2011, por cuanto la elección del magistrado José Fernando Reyes Cuartas
como presidente de la Corte Constitucional, se adoptó en una sesión presencial de la
Sala Plena de esa Corporación.
94. Por otra parte, los numerales 8 y 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 disponen:
Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.
(…) 8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración,
salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones
que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera
13
Sobre los actos administrativos electrónicos y sus características, consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de febrero de 2025, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-28-000-2024-
00115-00.
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masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el
interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el
valor de la misma. (Negrita propia)
95. De otro lado, el artículo 19 del Decreto 2067 de 1991 determina:
Artículo 19. Las deliberaciones de la Corte Constitucional tendrán carácter reservado.
Los proyectos de fallo serán públicos después de cinco años de proferida la sentencia.
Salvo los casos previstos en este Decreto, en las deliberaciones de la Corte no podrán
participar servidores públicos ajenos a ésta. (Negrita propia)
96. Además, el artículo 1 del Acuerdo 02 de 2015 señala:
Artículo 1°. Reuniones de la Corte Constitucional. La reunión de todos los Magistrados forma
la Sala Plena de la Corte.
Será secretario de la Sala Plena, el Secretario General de la Corte.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 2067 de 1991, las deliberaciones de la Corte
Constitucional tendrán carácter reservado. En desarrollo de lo establecido por el artículo
54 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, las actas serán públicas. Por disposición de la Sala
Plena las sesiones podrán grabarse por el Secretario General, quien quedará a cargo de la
custodia de las grabaciones. (Negrita propia)
97. Desde el panorama normativo expuesto, se advierte que las actuaciones de la
administración son públicas y las entidades deben dar a conocer a la ciudadanía en
general sus actos. Igualmente, las deliberaciones de la Corte Constitucional son
reservadas en cuanto a su función jurisdiccional, pero las actas de sus reuniones son
de carácter público.
98. Respecto del trámite para la elaboración de las actas de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, la Circular Interna 02 de 2018 indica:
Sin perjuicio de las previsiones del artículo 57 de la Ley 270 de 1996 sobre publicidad y
reserva de las actas, y con el fin de hacer más eficaz el proceso de documentación de las
deliberaciones de la Sala Plena14, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del día 31 de
enero de 2018, se fijan las siguientes directrices para la elaboración de estas actas, así:
Las actas tendrán el siguiente contenido: Como datos generales, fecha y hora; orden del día,
asistentes; ausencias, impedimentos. Se incorporarán todos los aspectos objetivos de la
sesión, tales como asuntos discutidos; sentido de la decisión si la hubo, o constancia de
aplazamiento; mayoría con la que se adoptó; síntesis de la ratio, señalamiento de los
salvamentos y aclaraciones, si los hubo, con el acompañamiento del sentido de los mismos,
cuando el respectivo magistrado lo suministre por escrito. En el acta se incorporará una
síntesis de lo expresado por los magistrados cuando así se solicite por cada uno de ellos en
escrito que contenga el sentido de su intervención.
Los proyectos de acta que se distribuyan por Secretaría a los magistrados deben tener un
encabezado en cada página, que contenga el número del borrador o de la versión y la fecha
en la que se distribuye a los magistrados.
La versión final debe registrar en el espacio previo a las firmas la leyenda “Acta
aprobada en la sesión de (fecha)”.
14
Ob. Cit. «Acuerdo 02 de 2015, “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”. Artículo 37.
Actas. De todo lo acontecido en la sesión se dejará resumen en el acta. De las exposiciones de los Magistrados se hará otro tanto,
si éstos lo exigen y la presentan por escrito.»
14
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Las actas serán suscritas por el magistrado que presidió la Sala y quien haya fungido como
Secretario o Secretaria de la misma. (Negrita propia)
99. En el Acta 05 del 7 de febrero de 2024, en cuanto a su aprobación, se consignó:
100. De conformidad con lo expuesto, se advierte que el acta que contiene la elección
del magistrado José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la Corte
Constitucional fue aprobada hasta el 27 de mayo de 2024, luego que se adelantara el
trámite correspondiente al interior de esa Corporación.
101. Por lo tanto, antes de la referida fecha era imposible que se publicara su
contenido; sin embargo, como lo afirmaron el demandante y el demandado, esa
decisión se dio a conocer a través de un comunicado que se publicó en la página web
de la Corte Constitucional el 7 de febrero de 202415, aspecto que le permitió a la
ciudadanía conocer la designación del demandado, al punto que, sobre ella, se ejerció
el presente medio de control.
102. Con todo, se pone de presente que la falta de publicación o comunicación del
acto electoral no afecta su validez dado que repercute en lo que tiene que ver con su
oponibilidad.
103. En consecuencia, no se observa que se hubiere presentado alguna irregularidad
en cuanto a la presunta falta de disponibilidad o publicación del acto de elección del
magistrado José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional,
para el periodo 2024-2027.
104. Así las cosas, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
105. Así las cosas, se negarán las pretensiones de la demanda que presentó el señor
Harold Eduardo Sua Montaña en contra de la elección del magistrado José Fernando
Reyes Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para el período 2024-2025.
2.5. Otras decisiones
106. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas solicitó que se condenara en costas
al señor Harold Eduardo Sua Montaña; sin embargo, se negará esa petición en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18816 de la Ley 1437 de 2011 ya que el medio de control
de nulidad electoral es de interés público.
15
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-elige-a-su-Presidente-y-Vicepresidente-para-el-
a%C3%B1o-2024-9686
16
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
15
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: José Fernando Reyes Cuartas,
como presidente de la Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00108-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que presentó el señor Harold
Eduardo Sua Montaña en contra de la elección del magistrado José Fernando Reyes
Cuartas como presidente de la Corte Constitucional para el período 2024-2025, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de condenar en costas al demandado, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, conforme lo dispone el artículo
289 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
16
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