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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04728-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04728-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 72 8- 0 0 Primero: Negar el amparo solicitado por el accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04728-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de octubre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 72 8- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04728-00
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio y en calidad de
agente oficioso de “ser humano no nacido”.
Accionado: Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional

Temas: Acción de tutela contra auto proferido en proceso de revisión de tutela, en el que
se negaron solicitudes de información, de impedimento, de vinculación como agente
oficioso y de nulidad.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Harold Eduardo
Sua Montaña, en nombre propio y en calidad de agente oficioso de “ser humano no
nacido”, contra la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional con ocasión
de la expedición del Auto 312 del 21 de febrero de 2024 en la acción de tutela con
radicado T- 9.578.252.

ANTECEDENTES

La parte accionante promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso (garantías de imparcialidad objetiva, presunción
de inocencia, juez natural y defensor de oficio) y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada.

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HECHOS

Narra el señor Sua Montaña que presentó solicitudes de información, de nulidad, de
vinculación como agente oficioso y de manifestación de impedimento de ocho
magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional en el marco del
proceso de revisión del expediente de tutela T-9.578.252, el cual versa sobre la
interrupción voluntaria del embarazo de la señora Paula1.

Narró que el 21 de febrero de 2024 la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional rechazó por improcedentes las peticiones que elevó porque
determinó que no era procedente la recusación en las acciones de tutela y el
solicitante no estaba legitimado para pedir la nulidad; además, le advirtió que en
caso de presentarse solicitudes similares, el magistrado sustanciador dispondría su
rechazo y archivo inmediato e iniciaría el trámite sancionatorio pertinente.

Agrega que en los expedientes de tutela T-8.740.768 y T-8.857.733 ha realizado
actuaciones semejantes a las señaladas.

Considera que en el proveído referido la autoridad judicial decidió la solicitud de
impedimento con falta de imparcialidad objetiva, conforme a las sentencias de los
casos Apitz Barbera y otros vs Venezuela y Petro Urrego vs Colombia, en las cuales
se concluyó que en esas oportunidades no se garantizó la posibilidad de solicitar
que la imparcialidad del juez fuera revisada, lo que vulnera el numeral 1 del artículo
8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en conexidad con los
artículos 1 (numeral 1) y 2 de esta.

Que, además, la Sala mencionada carece de competencia para definir que en caso
de presentarse peticiones posteriores, el magistrado sustanciador las rechazará y
archivará, pues ello deja en cabeza de uno de sus miembros el conocimiento de
actuaciones del accionante realizadas en procesos asignadas a entes congéneres
o superiores, como lo serían otras salas de selección o la Sala Plena de la
corporación, pese a que en el artículo 56 del Reglamento Interno se prevé que el
proceso será asignado al magistrado a quien corresponde alfabéticamente y a que
actualmente el ponente del auto del 21 de febrero de 2024 es contraparte del

1 Se mantendrá la supresión del nombre definida por la Corte Constitucional para la protección de los datos

personales de la accionante de la tutela que dio lugar a esta acción.

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accionante en un proceso de nulidad electoral con radicación 11001-03-28-000-
2024-00108-00, sin que exista manifestación de impedimento por dicha situación.

Que la decisión de rechazar su vinculación en calidad de agente oficio del ser
humano no nacido y la solicitud de nulidad por no haber actuado desde el inicio del
proceso desconoce la calidad de este de persona y niño señalada en el numeral 2
del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 1
de la Declaración sobre los Derechos del Niño, sumado a la obligación impuesta a
los jueces en el artículo 91 de la Ley 84 de 1973, al segundo inciso del artículo 229
constitucional, al numeral 1 del artículo 8 y literal a) del numeral 2 del artículo 25 de
la Convención referida y sus artículos 1 y 2 y el literal d) del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PRETENSIONES

Solicita dejar sin efectos el auto del 21 de febrero de 2024 proferido por la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional y reasignar el conocimiento de sus
actuaciones en los procesos de revisión de los expedientes de tutela con radicados
T-8.740.768, T-8.857.733 y T-9.578.252 a funcionarios distintos a quienes
profirieron dicha providencia.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 9 de septiembre de 2024 la acción de tutela de la referencia fue admitida,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar a la Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, como accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, por intermedio del
vicepresidente de la corporación judicial, solicitó declarar improcedente la acción
porque no se cumplen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, concretamente, el de inmediatez, pues la acción se instauró transcurrido el
término de seis meses, en tanto el auto se profirió el 21 de febrero de 2024 y fue
notificado por estado y comunicado al accionante el 4 de marzo de 2024.

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Adujo que tampoco se superó la exigencia de la identificación clara de los hechos y
derechos vulnerados, debido a que no cumplió con la carga argumentativa
relacionada con las causales específicas de procedibilidad, en tanto no puntualizó
ni dio a entender cuál es el yerro judicial que advirtió en el proveído.

Indicó que, si bien el accionante refutó el rechazo de las solicitudes, no explicó de
qué forma la providencia es contraria al ordenamiento jurídico o vulneradora de sus
derechos fundamentales ni cómo la decisión aludida, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se relaciona con el caso bajo análisis, así como tampoco
expuso por qué se vulneran las disposiciones mencionadas de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Adujo que el actor se limitó a discutir el rechazo de su vinculación como agente
oficioso y a expresar que la decisión de rechazo de la solicitud de impedimento fue
adoptada con ausencia de imparcialidad objetiva y de garantía y que en ella existió
falta de competencia, sin que manifestara manifestar argumentos que evidenciaran
una actuación irrazonable por su parte.

Aseveró que en el auto justificó los motivos por los que no procedían las peticiones
y se le advirtió que se abstuviera de formular solicitudes semejantes, so pena de
rechazo, archivo inmediato e inicio del trámite sancionatorio pertinente, lo cual
estuvo soportado en el hecho de que el solicitante ya ha sido sancionado por
similares conductas que han entorpecido y desperdiciado su trabajo, al tener que
responder al sinnúmero de ocurrencias sin fundamento, sin razón y sin interés
procesal.

Informó que la demanda de nulidad electoral contra la decisión de elegir al
magistrado José Fernando Reyes Cuartas como presidente de la corporación para
el período 2024-2025 fue admitida por el Consejo de Estado el 13 de junio de 2024
mientras que el expediente de tutela T-9.578.252 fue seleccionado y sorteado el 10
de octubre de 2023 a dicho magistrado, por lo que para la época en que se repartió
el expediente y se profirió el auto objeto de la litis, la demanda de nulidad aún no
había sido admitida, por lo que no existían razones para que se declarara impedido.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) cuestión previa, II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y III) caso concreto.

I. Cuestión previa

El señor Harold Eduardo Sua Montaña afirmó actuar en nombre propio y en calidad
de agente oficioso de “ser humano no nacido”; sin embargo, se aclara que el estudio
que aquí se realizará se limitará a la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales, mas no de quien dice representar, pues, de un lado, la discusión
aquí planteada se limita a las decisiones adoptadas frente a las solicitudes que elevó
en el proceso de revisión de la tutela con radicado T- 9.578.252, y, de otro, conforme
al contenido del auto aquí discutido, a la accionante de ese expediente
constitucional ya se le realizó el procedimiento de interrupción voluntaria del
embarazo que solicitó.

II. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos

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casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

III. Caso concreto

El accionante expuso tres desacuerdos puntuales respecto al auto del 21 de febrero
de 2024, los cuales pueden resumirse en que, a su juicio, 1) la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional decidió la solicitud de impedimento con falta de
imparcialidad objetiva, pese a lo sostenido en las sentencias de los casos Apitz
Barbera y otros vs Venezuela y Petro Urrego vs Colombia; 2) asumió erróneamente
la competencia cuando afirmó que en caso de presentarse peticiones posteriores,
el magistrado sustanciador las rechazaría y archivaría, máxime cuando este es
contraparte del accionante en un proceso de nulidad electoral con radicación 11001-
03-28-000-2024-00108-00; y 3) desconoció la calidad de persona y niño del no
nacido.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio del auto discutido en
esta sede, pues solo en el evento de encontrarse superados habría lugar a analizar
los disensos esgrimidos.

La Sala encuentra cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la
presente acción de tutela para discutir la sentencia censurada en esta sede, pues
1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la acción se presentó con
inmediatez; 3) la parte accionante agotó todos los mecanismos idóneos y eficaces
con los que contaba; 4) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que
no hay lugar al análisis de esa exigencia; 5) el solicitante identificó claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata
de una sentencia de tutela, sino de un auto proferido en un proceso de revisión.

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Aun cuando el accionante no indicó expresamente los defectos en que estima
incurrió la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional en el auto aquí
cuestionado, se observa que los disensos encajan en las causales de violación
directa de la Constitución, desconocimiento del precedente judicial y defecto
orgánico, por lo cual el estudio del caso se efectuará a la luz de estas causales
específicas de procedibilidad.

Revisado el proveído del 21 de febrero de 2024, se advierte que la autoridad judicial
rechazó por improcedentes las solicitudes de impedimento, de nulidad y de
vinculación como agente oficioso presentadas por el hoy accionante y le advirtió
que si presentaba solicitudes semejantes, el magistrado sustanciador del proceso
dispondría su rechazo y archivo inmediato e iniciaría el trámite sancionatorio
pertinente.

El fundamento de la anterior decisión consistió, primero, en que la petición tendiente
a que ocho de los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se
declararan impedidos realmente se trataba de una recusación, la cual no es
procedente en procesos de tutela, conforme al artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,
con el fin de salvaguardar la exigencia de garantizar el principio de celeridad previsto
en el artículo 86 superior y, segundo, en que el solicitante no estaba legitimado para
pedir la nulidad de las decisiones adoptadas en el proceso, ya que no fue parte del
trámite de la tutela, no fue vinculado al proceso y no tiene interés en lo decidido.

Para esta Subsección, entonces, resulta claro que la Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional adoptó la decisión de rechazar las solicitudes conforme a la
jurisprudencia constitucional, la normativa que rige la materia objeto de discusión y
la competencia de que fue revestida en el marco del trámite especial de revisión de
las tutelas.

Sin embargo, el accionante estima que su pedimento relativo a la declaratoria de
impedimento no atendió a la imparcialidad objetiva, en los términos de las
sentencias de los casos Apitz Barbera y otros vs Venezuela y Petro Urrego vs
Colombia, frente a lo cual debe aclararse que esas decisiones no versaron sobre
supuestos fácticos similares al presente.

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En efecto, en el primero de ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos
analizó el caso de una destitución de unos exjueces por incursión en un error judicial
inexcusable, en el cual el estudio de la imparcialidad se relacionó con la influencia
de algunos poderes del Estado en la adopción de dicha decisión; mientras que en
el segundo asunto se pronunció acerca de la destitución e inhabilitación del alcalde
mayor de Bogotá en el marco de un proceso y disciplinario, donde el examen de
dicha garantía recayó en la idea preconcebida de la autoridad disciplinaria respecto
a la responsabilidad en ese ámbito.

Las anteriores situaciones distan de lo acontecido en el asunto de conocimiento de
esta Sala, en el que, con base en una norma legal, esto es, en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
determinó que no era procedente la recusación en sede de tutela, lo que en modo
alguno implica que se desconozca la garantía de imparcialidad, pues es deber del
juez en el que concurra alguna causal de impedimento, declararse impedido, como
allí se estableció. En esa medida, se aclara que si el actor pretende exponer su
desacuerdo con dicha norma está acción no es procedente para ello, pues no fue
prevista por el constituyente para ese fin.

El actor, de otra parte, adujo que la autoridad judicial aquí accionada carecía de
competencia para definir que, en el evento de presentar peticiones posteriores, el
magistrado sustanciador podría rechazarlas y archivarlas, conforme al artículo 56
del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, máxime cuando aquel es
contraparte del accionante en un proceso de nulidad electoral con radicación 11001-
03-28-000-2024-00108-00.

Lo primero que se observa es que con el argumento previo el accionante busca
discutir una mera advertencia que a la fecha no se ha materializado, por lo cual más
que controvertir la competencia de la Sala para adoptar esa decisión, pretende
discutir una eventual determinación y, además, procura nuevamente poner en
entredicho la imparcialidad de uno de los magistrados, pese a que, como se explicó,
no es procedente la recusación en el marco de las tutelas.

Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que en el artículo aludido por el peticionario
del amparo se estableció que cuando se repartan los procesos de tutela se
conformarían las Salas de Revisión y el magistrado a quien correspondiera

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alfabéticamente recibirlo, presidiría la Sala conformada con los dos magistrados que
le sigan en orden, sin que se definiera quién sería el encargado de resolver las
peticiones elevadas por terceros ajenos al proceso en el trámite de revisión, por lo
cual no resulta factible concluir, con base en la reglamentación señalada por el
accionante, una falta de competencia de la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, máxime cuando la decisión estuvo justificada en la naturaleza
preferente y sumaria de la tutela.

Por último, el actor adujo que se desconoció la calidad de persona y niño del no
nacido señalada en los artículos 1 (numeral 2) de la Convención Americana de
Derechos Humanos, 1 de la Declaración sobre los Derechos del Niño, 91 de la Ley
84 de 1973, (segundo inciso) 229 constitucional, 8 (numeral 1) y 25 (literal a) del
numeral 2) de la Convención referida y 1, 2 y 14 (literal d) del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, se observa que esa situación no fue objeto de pronunciamiento en el
auto que se discute en esta sede, pues en este la autoridad judicial se limitó a
analizar y evidenciar su carencia de legitimación para solicitar la nulidad y la
información relacionada con el proceso, dado que no hacia parte de la acción, no
fue vinculado y no tiene ningún interés en lo allí decidido, conclusión que esta
Subsección no advierte irrazonable, caprichosa ni carente de fundamento jurídico,
sino que, por el contrario, resulta ajustada a derecho y al interés legítimo que debe
tener quien actúa en una acción de tutela, con mayor razón cuando en el proceso
objeto de revisión por parte de la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, lo que está de por medio son los derechos fundamentales de la allí
solicitante del amparo.

En consecuencia, se negará el amparo solicitado por el accionante, ante la ausencia
de configuración de alguno de los defectos analizados en esta sede.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

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Primero: Negar el amparo solicitado por el accionante, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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