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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03106-01

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03106-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE 29 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 30 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. 11 Sentencia de segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2023-03106-01 Accionante: Mariela Maldonado París Accionados: Consejo de Estado ─ Sección Quinta PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones referidas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03106-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

7 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03106-01
Accionante: Mariela Maldonado París
Accionados: Consejo de Estado ─ Sección Quinta
Asunto: Acción de tutela ─ Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 4 de
agosto de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 9 de junio de 20231 la señora Mariela Maldonado París interpuso acción de tutela2
en procura de la protección de los derechos fundamentales a la participación
democrática, a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia que consideró vulnerados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral que promovió contra
Hilda González Neira, magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, al interior del radicado No. 11001-03-28-000-2021-00032-00.

1.1. Hechos

1.1.1. El 27 de mayo de 2021 las señoras Edilma y Mariela Maldonado París
presentaron el medio de control de nulidad electoral en contra del Acuerdo No. 1539
de 18 de febrero de 20213, por medio del cual se nombró a la señora Hilda González
Neira como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.

Los argumentos expuestos en la demanda se centraron en que: (i) se nombró como
magistrada a una persona que no cumple la idoneidad moral y el ejercicio con buen

1
Índice 1 de Samai, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230310600).
2
Obra en el certificado 14A743A58D9E7E09 8ED82DFD22D28DCD 22F0811DF33544E6
296EEBB56DB49866, índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
3
Obra en el certificado 4B03AD3364639D48 800FAAAF0DF488E5 8B5A54E1DE511299
9EE7AEADAEFFAA79, índice 1, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).

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Accionante: Mariela Maldonado París
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crédito de la profesión de abogada; y (ii) se desconoció el principio de publicidad del
acto de nombramiento y su confirmación a que se refiere el artículo 65 del CPACA,
lo que implica la ineficacia del acto y materializa la nulidad de la elección.

1.1.2. El 7 de diciembre de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
pretensiones del medio de control de nulidad electoral4 con fundamento en que no
se advirtió un impedimento moral que imposibilitara el nombramiento de González
Neira como magistrada, ni la infracción del principio de publicidad porque se probó
que los actos de nombramiento sí fueron publicados en la página web de la Corte
Suprema de Justicia y se cumplió el quorum decisorio para esa designación.

1.1.3. En contra de la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de
reposición y nulidad; en tal sentido se alegó la omisión íntegra y absoluta de la etapa
de alegación en el trámite del proceso ordinario, la cual, según afirmaron,
únicamente podía surtirse cuando en el proceso se hubiera incorporado todo el
acervo probatorio, en concreto, la “declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades, incompatibilidades y de no tener conocimiento de procesos pendiente
de carácter alimentario” de la magistrada González Neira.

1.1.4. A través de Auto del 2 de febrero de 2023 la Sección Quinta del Consejo de
Estado rechazó el recurso de reposición por improcedente y, mediante Auto de 23
de marzo de 2023, se negó la solicitud de nulidad porque no se omitió la etapa de
alegaciones y fueron varias las oportunidades en las que se corrió traslado para
alegar de conclusión a las partes, de acuerdo con el artículo 182 del CPACA.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La parte accionante consideró que se le vulneraron sus derechos
fundamentales a la participación democrática, a la igualdad, al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia. En concreto propuso los argumentos
que se exponen a continuación.

Explicó que en el proceso de nulidad electoral no se conformó el acervo probatorio
previamente a que se surtiera la etapa de alegatos de conclusión. Resaltó que la

4
Obra en el certificado 2FF41B11C55EE8EF 0376DCA4AF541BED 5B265B3F9A5967DF
5B0C90C0FF31B55C, índice 231, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).

3

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autoridad judicial demandada pretermitió las etapas procesales conforme con lo
previsto en el artículo 179 del CPACA, porque el plazo con que contaban las partes
para presentar alegatos finales se encontraba condicionado a la preclusión de la
etapa probatoria que, para el caso concreto, estuvo suspendida por una petición de
prueba testimonial presentada por las demandantes.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: Que se reconozca la vulneración flagrante a los derechos humanos: 1)
participación democrática en las decisiones que nos afectan – elección de magistrado
de Corte Suprema de Justicia - 2) igualdad, 3) a las garantías - legalidad, formas propias
del juicio, defensa y contradicción – que hace parte del derecho fundamental al debido
proceso, y 4) acceso efectivo a la administración de justicia en procura de la realización
de los derechos de los ciudadanos.

SEGUNDO:.- Que como consecuencia de lo anterior se declare sin valor legal la
sentencia de única instancia discutida, elaborada y suscrita al día siguiente de ingreso
al despacho - 7 de diciembre 2022- mediante la cual se niega las pretensiones demanda
promovida contra el Acto Electoral compuesto –nombramiento confirmación – emitido
por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se designa a la
accionada Hilda González Neira, como magistrada de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, promovida mediante el ejercicio del control político
ciudadano - Artículo 40 Constitución Política, y mediante la acción pública electoral
consagrada a favor de cualquier persona en el – Art.139 CPACA –”5.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 14 de junio de 20236 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado en calidad de demandado y, a
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como a las señoras
Hilda González Neira y Edilma Maldonado París, en calidad de terceros con interés.

2.1. La señora Edilma Maldonado París7 solicitó que se acceda a las pretensiones
de la parte actora, en tal sentido presentó los mismos argumentos del escrito de
amparo.

5
Folios 22-23, obra en el certificado 14A743A58D9E7E09 8ED82DFD22D28DCD 22F0811DF33544E6
296EEBB56DB49866, índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
6
Obra en el certificado 45A7CF21DA359D61 9265EE68DBA1F7E5 37E4B0A771A0C586
518C6E17F95110CF, índice 4, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
7
Obra en el certificado 8B1486417AD9ABA0 CC9727AB04636129 D40A441821B04E94 101D2665B49D8714,
índice 17, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230310600).

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2.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado8 advirtió que la acción de tutela contra
providencia judicial es improcedente ante la ausencia del requisito de relevancia
constitucional, dado que contiene los mismos planteamientos hechos al interior del
proceso ordinario.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El 4 de agosto de 20239 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del amparo, debido a que no se satisfizo el
requisito de relevancia constitucional, al pretender convertir el amparo constitucional
en una instancia adicional al proceso ordinario. Argumentó que los fundamentos
que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de las
razones que fueron planteadas y decididas en el trámite del proceso ordinario.

4. Razones de la impugnación

4.1. Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera
instancia, la parte accionante presentó escrito de impugnación10, en el que afirmó
que “el fallo de primera instancia cambió la prosperidad de la petición probatoria con
el desconocimiento o pretermisión de la etapa de alegaciones - cuando es sabido
que son dos supuestos procesales diferentes aunque interrelacionados, el primero
hace relación con la configuración del acervo probatorio y el segundo con la garantía
constitucional y convencional- ‘nadie puede ser vencido en juicio o privado sus
derecho sin haber sido oído con sus plenas garantías’ – pretermisión censurada en
forma autónoma con nulidad, no así la ausencia de configuración del acervo
probatorio debatido y decidido al interior del proceso, por tanto, no objeto de
tutela”11.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

8
Obra en el certificado 6A63E61101055913 74014E02DEAB60A9 174DFBD8AD78460B 09AF50961F9983D3,
índice 13, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230310600).
9
Obra en el certificado 31A5B7020A6964D2 6629D56755C7232B AB92A600C8BA29BE
E0FBFB2A26E31624, índice 23, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
10
Obra en el certificado CCDFCAE0CA92FB4B 39B68B7C0938CB38 0E31A80A7E1A9E28
CB46567035854CF6, índice 28, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
11
Folio 5, ibidem.

5

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Mediante auto del 13 de octubre de 202312 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 4 de agosto de 2023 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”13.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el

12
Obra en el certificado 506EDC1C6A3DEEBE 00156431A462F21D F872FE7581BBC5C3
B5B66337B87A6087, índice 34, expediente digital de tutela de primera instancia (rad.
11001031500020230310600).
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.

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cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202215,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional.

3.3. En primer lugar, no está debidamente sustentado, ciertamente, no se encuentra
satisfecha la carga argumentativa necesaria para entrar a valorar el asunto de
fondo, puesto que en el escrito tuitivo no se advirtió concretamente la configuración
de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales. La parte interesada solo plateó razones genéricas de una
eventual vulneración al debido proceso, pero omitió indicar las razones por las
cuales, en el caso concreto, se incurrió en alguno de los vicios o defectos de los que
adolecía la decisión acusada.

En atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la
tutela formulada en contra de una providencia judicial, se debe acotar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya

15
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

3.4. En segunda medida, el presente amparo se advierte como un medio dirigido a
revivir el análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad electoral de radicado 11001032800020210003200, para lo cual
plantea los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario sin presentar un
argumento de orden constitucional, según se explicará.

Mariela Maldonado París alegó, en esencia, que la autoridad judicial demandada
desconoció las etapas procesales consagradas en el artículo 179 del CPACA
porque corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión sin que hubiera
culminado la etapa probatoria que, según expuso, estuvo suspendida en virtud de
una petición de prueba testimonial que en calidad de demandante presentó en el
proceso ordinario.

A partir de lo expuesto se considera indispensable hacer alusión a las solicitudes
elevadas por la parte actora al interior del proceso ordinario y los argumentos
expuestos por la autoridad judicial accionada.

El 26 de agosto de 2022 en el proceso de nulidad electoral16, las señoras Edilma
Maldonado París y Mariela Maldonado París solicitaron practicar la siguiente prueba
testimonial: “Se sirva citar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
doctora Damaris Orjuela Herrera, cuyo domicilio electrónico obra dentro del
expediente, a efecto que testifique sobre el protocolo guarda y custodia de los
bienes -documento públicos-”17.

A través de auto del 31 de agosto de 202218 la Sección Quinta del Consejo de
Estado indicó que “dada la falta de claridad de la solicitud de la parte actora, en
principio, podría tratarse de una petición extemporánea. (…) En este orden de ideas,
prima facie, el Despacho encuentra que ya se han vencido las oportunidades para

16
Obra en el certificado 8C9C42EB1EAFD21E 91078DFA4A750343 6F5829B95CFA7C2D
A400052F9445412A, índice 196, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
17
Folio 4, ibidem.
18
Obra en el certificado 7A9093AC1AE0B6C7 309C43F65B9C7D0B C46D38C85958093A
F62D285F0D93A351, índice 198, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).

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presentar o solicitar pruebas”19. No obstante, en procura de garantizar el debido
proceso, estudió de fondo la solicitud probatoria y determinó que “la prueba
solicitada no es pertinente, ni conducente, ni útil, frente a los problemas jurídicos a
resolver en el presente caso”20. En suma concluyó que el formato de “Declaración
juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos”
fue diligenciado por la magistrada González Neira “como era su deber, aportado al
trámite para su confirmación como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, sin que este Despacho evidencie o advierta el «uso irregular y
fraudulente de bienes – documento público», que, sin mayor fundamento, la parte
actora imputa a la demandada y en el que soporta la petición de la prueba que se
rechazará”21.

En contra de la anterior decisión la parte actora presentó recurso de súplica22
destacando la pertinencia de la prueba, así como la necesidad de suspender el
término para presentar alegatos de conclusión. El 20 de octubre de 202223 la
Sección Quinta del Consejo de Estado negó dicho recurso por cuanto la solicitud de
prueba fue extemporánea y ajena al propósito y alcance del traslado para
controvertirla de acuerdo con el artículo 212 del CPACA.

El 31 de octubre de 202224 las demandantes solicitaron una adición de la decisión,
reiterando los argumentos planteados inicialmente. Esta petición fue negada
mediante auto del 24 de noviembre de 202225 por desconocer los presupuestos del
artículo 287 del CGP.

El 7 de diciembre de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia en este asunto, en la que se expusieron las siguientes consideraciones:

“49. Frente a quienes hayan ocupado cargos en la Rama Judicial, el buen crédito se
verifica, entre otros parámetros definidos jurisprudencialmente, mediante la valoración
de antecedentes, lo cual corresponde a la Corporación Judicial nominadora, toda vez

19
Folios 3-4, ibidem.
20
Folio 4, ibidem.
21
Folio 7, ibidem.
22
Obra en el certificado EB8040E16A58E506 E9E78B61E94458B9 C9E515FA66613E28 F1778B296F61BC59,
índice 202, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
23
Obra en el certificado 169CD7DF0B061CCB BFD0FDB413741534 066089DEF18AAA5A
0E0100073C2538E6, índice 211, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
24
Obra en el certificado 5F71F07BADE3F20B 6B29BF1096F6261E 3380563F2219A53A 62EC35E691FFA753,
índice 216, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
25
Obra en el certificado 504F2A2E8AE8B585 EEBE946F4E89A55B 8475638D21EE100F
580BE250EBE414B3, índice 221, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).

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que dicho requisito se predica respecto del ejercicio de la profesión en general,
independiente del área en la que se haya ejercido.

50. Conforme con los lineamientos jurisprudenciales, los señalamientos de la parte
demandante; es decir, los presuntos yerros en que incurrió la demandada en un
proceso judicial que tramitó como magistrada de una corporación judicial, del cual se
advierte que las decisiones que se adoptaron en su curso estaban en principio
investidas de autonomía judicial y prevalencia del derecho sustancial; no permiten
concluir que el acto demandado transgredió el artículo 232.4 constitucional, por no
acreditarse el requisito del buen crédito.

51. En efecto, la existencia de reparos o inconformidades frente a una providencia, que
se asume se emitió con el manto del principio de autonomía judicial que en principio
cobija las decisiones jurisdiccionales, no conlleva a minar el requisito del buen crédito
de quienes aspiran a ocupar la dignidad de ser jueces o magistrados de la República.

52. Conforme lo anterior, aun cuando una decisión judicial no sea compartida por otra
autoridad judicial, por terceros o la generalidad de los sujetos procesales, en principio,
no puede tildarse de arbitraria o abusiva, «pues tal proceder estaría desestimando los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, justamente, le
reconocen al juez natural plena competencia para aplicar la ley del proceso y valorar el
material probatorio de conformidad con las reglas de la sana crítica». Si este es el
lineamiento constitucional, en el caso concreto, sería inadmisible aceptar que la
demandada incumplió con el requisito del buen crédito para ser magistrada de la Corte
Suprema de Justicia, por las irregularidades en un proceso judicial que estuvo bajo su
responsabilidad, tal como lo adujeron las demandantes.”
(…)
6.4. De la presunta infracción del principio de publicidad.

72. Las demandantes señalan que se vulneró el principio de publicidad pues, a su juicio,
la Corte Suprema de Justicia no dio a conocer los actos de nombramiento y de
confirmación. En ese orden adujeron que hubo desconocimiento del artículo 65 del
CPACA.
(…)
77. En todo caso, se advierte que las pruebas allegadas evidencian que el Acuerdo nro.
1539 del 18 de febrero de 2021 que contiene el nombramiento, sí se publicó en la
página web de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo de 2021, conforme con el
artículo 65 del CPACA. También se acreditó la correspondiente comunicación a la
demandada, la cual consta en el oficio PCSJ nro., 0130 del 18 de febrero de 2021.”26.

Las demandantes presentaron una nueva solicitud de nulidad27 en la que insistieron
en la pretermisión de la etapa de alegaciones y la necesidad de reapertura del
proceso probatorio por no haberse decretado la prueba testimonial solicitada, la que
fue negada en auto del 23 de marzo de 202328.

3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto
ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada, con el objetivo de que se
abra nuevamente la etapa probatoria.

26
Folios 21-26 del certificado 2FF41B11C55EE8EF 0376DCA4AF541BED 5B265B3F9A5967DF
5B0C90C0FF31B55C, índice 231, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
27
Obra en el certificado 6E01FE63C0CD0BE1 E39F11611201E148 3035E966EFE9DA98
95360265C94C135A, índice 239, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).
28
Obra en el certificado 302CE582F8DD1330 30997FD3FDC094B6 272EE891E80CF195
35F58FACE208428B, índice 257, expediente de nulidad electoral (rad. 11001-03-28-000-2021-00032-00).

10

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03106-01
Accionante: Mariela Maldonado París
Accionados: Consejo de Estado ─ Sección Quinta

Se advierte que en sede ordinaria la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó
los motivos por los que no procedía acceder a la petición probatoria elevada por la
parte actora, a partir de un desarrollo argumentativo que atiende a su autonomía
judicial.

3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario,
con el fin de que prevalezca la interpretación de la tutelante sobre la acogida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, así, el asunto sale de la competencia del
juez constitucional.

3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada29, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario30.

4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

29
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
30
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

11

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03106-01
Accionante: Mariela Maldonado París
Accionados: Consejo de Estado ─ Sección Quinta

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de agosto de 2023 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
referidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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