Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03106-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03106-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03106-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de agosto de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Demandante: MARIELA MALDONADO PARÍS
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES DEL MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL PRESENTADO EN
CONTRA DEL ACTO DE NOMBRAMIENTO DE UNA
MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SE
PRETENDIÓ EMPLEAR A LA ACCIÓN DE TUTELA COMO
UNA TERCERA INSTANCIA, DE AHÍ QUE EL ASUNTO
CAREZCA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia de única instancia, mediante la cual se negó la nulidad
del acto de nombramiento de la señora Hilda González Neira como magistrada de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia. En la tutela se insistió en los planteamientos ventilados en el proceso
ordinario, relacionados con la pretermisión de la etapa de alegatos de conclusión y la negativa de decretar
una prueba testimonial extemporánea. Se declara improcedente la tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Mariela Maldonado París en
contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos
fundamentales a elegir, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 13, 29, 40 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia de 7 de diciembre de 2022 proferida por dicha
autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1
Mediante escrito del 9 de junio de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
1) El 26 de mayo de 2021, las señoras Edilma y Mariela Maldonado París presentaron
una demanda en la que solicitaron la nulidad del Acuerdo no. 1539 de 18 de febrero de
2021, por medio del cual se nombró a la señora Hilda González Neira como magistrada
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
2) Como causales de nulidad, las demandantes invocaron la infracción de las normas en
que debía fundarse por la falta de publicación de los actos de nombramiento y
confirmación de la elección y la trasgresión del numeral 5 del artículo 275 del CPACA 2,
con fundamento en que, mientras fungía como magistrada del Tribunal Superior de
Bogotá, en un proceso ejecutivo que adelantó Edilma Maldonado París omitió valorar el
endoso de un título valor en favor de Mariela Maldonado París, hecho que fue materia de
discusión en sede de acción de tutela y que justificó el amparo proferido en esa
oportunidad por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
3) Adicionalmente, se reclamó que el acto demandado fue nulo porque las demandantes
presentaron varios señalamientos en contra de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia que participaron de la elección, por lo cual debieron declararse impedidos y ello
afectaría el quorum decisorio para el nombramiento.
4) En ese trámite procesal, las señoras Mariela e Hilda Maldonado Paris presentaron
múltiples recursos judiciales3 y, entre ellos, se destaca la solicitud para que se anulara o
revocara el término del traslado para alegar de conclusión con fundamento en que en el
proceso de nulidad electoral, la Corte Suprema de Justicia no aportó la “declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y de no tener conocimiento
2
“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en
los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (...)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.”.
3
Entre otros: i) recurso de reposición y en subsidio súplica en contra del auto de 26 de octubre de 2021
que dispuso el trámite de sentencia anticipada, excepciones previas, fijación del litigio, decreto de pruebas,
reconocimiento de personerías, coadyuvancias y traslado para alegar por escrito; ii) escrito de recusación
en contra del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil; iii) solicitud de incorporación de pruebas documentales
de 26 de octubre de 2021; iv) solicitud de nulidad procesal respecto del trámite de sentencia anticipada,
presentada el 3 de noviembre de 2021; v) solicitud de nulidad y adición en contra del auto que rechazó la
recusación del magistrado Vanegas Gil, vi) recusación reiterativa presentada por el coadyuvante de las
demandantes, vii) recurso de reposición contra el auto que rechazó la solicitud de nulidad procesal, viii)
solicitud de adición del auto que ordenó levantar la reserva de los documentos aportados como prueba por
parte de la Corte Suprema de Justicia, ix) recurso de reposición en contra del auto que negó esa adición,
rechazado de plano con auto de 24 de junio de 2022; x) solicitud de adición del auto que rechazó de plano
el recurso de reposición, xi) solicitud de incorporación de pruebas testimoniales para controvertir el auto
que ordenó levantar la reserva de documentos y xii) solicitud de adición y recurso de súplica en contra del
auto de 31 de agosto de 2022 que rechazó la incorporación de la prueba testimonial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
de procesos pendiente de carácter alimentario”, a pesar de ser una prueba decretada por
la autoridad judicial demandada.
5) Con auto de 29 de julio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que,
por un error involuntario, la Secretaría puso a disposición de las partes una declaración
juramentada ante Notaría, rendida por la señora Hilda González Neira, que no
correspondía al documento al que hicieron referencia las demandantes, sin embargo,
precisó que ese memorial sí fue aportado por la Corte Suprema de Justicia y que
reposaba en el expediente, por lo cual ordenó su desglose y corrió traslado de la prueba
a las partes y al Ministerio Público para que, una vez vencido dicho término, se corriera
un nuevo traslado para alegar de conclusión.
6) El 26 de agosto de 2022, las demandantes presentaron una solicitud para que se
abriera nuevamente la etapa probatoria con el objetivo de que se citara a la Secretaria
General de la Corte Suprema de Justicia para que declarara, solicitud que fue rechazada
a través de auto de 31 de agosto de 2022.
7) La anterior decisión fue objeto de súplica y solicitud de adición por parte de las actoras
y el 20 de octubre de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la súplica por
extemporánea y mediante proveído de 24 de noviembre de 2022 negó la adición.
8) Mediante sentencia de única instancia de 7 de diciembre de 2022, la Sección Quinta
del Consejo de Estado negó las pretensiones del medio de control de nulidad electoral
con fundamento en que los presuntos yerros en que incurrió la magistrada Hilda González
Neira en el proceso ejecutivo del que hicieron referencia las demandantes no vulneraron
el artículo 232.4 de la Constitución Política4 y, en particular, no se demostró la vulneración
del buen crédito; no se advirtió un impedimento moral que impidiera a la demandada ser
nombrada como magistrada ni la infracción del principio de publicidad porque se probó
que los actos de nombramiento sí fueron publicados en la página web de la Corte
Suprema de Justicia y se cumplió el quorum decisorio para esa designación.
4
“Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber
ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en
disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en
disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
9) Las actoras interpusieron un recurso de reposición y una solicitud de nulidad contra
esa decisión en la que alegaron la omisión íntegra y absoluta de la etapa de alegación
en el trámite del proceso ordinario, la cual, según afirmaron, únicamente podía surtirse
cuando en el proceso se hubiera incorporado todo el acervo probatorio, en concreto la
mencionada “declaración juramentada de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades
y de no tener conocimiento de procesos pendiente de carácter alimentario” de la señora
Hilda González Neira.
10) Con auto de 2 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó
el recurso de reposición por improcedente y el 3 de marzo siguiente negó la solicitud de
aclaración.
11) Mediante auto de 23 de marzo de 2023 se negó la solicitud de nulidad porque no se
omitió la etapa de alegaciones y fueron varias las oportunidades en las que se corrió
traslado para alegar de conclusión a las partes para que rindieran concepto, de acuerdo
con el artículo 182 del CPACA, cuestión diferente fue que no presentaran dichos alegatos.
Fundamentos de la vulneración
La parte actora no invocó alguna de las causales especiales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y afirmó que en el proceso de nulidad electoral en
que se profirió la providencia cuestionada no se conformó el acervo probatorio
previamente a que se surtiera la etapa de alegatos de conclusión.
Reclamó, en términos generales, que la autoridad judicial demandada pretermitió las
etapas procesales conforme a lo previsto en el artículo 179 del CPACA5, porque el plazo
5
“Artículo 179. Etapas. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este
código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se
desarrollará en las siguientes etapas:
1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.
2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y
3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa
comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.
Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de
la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente
a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.
También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación
de las partes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
con que contaban las partes para presentar alegatos finales se encontraba condicionado
a la preclusión de la etapa probatoria que, para el caso concreto, estuvo suspendida por
una petición de prueba testimonial presentada por las demandantes.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Que se reconozca la vulneración flagrante a los derechos
humanos: 1) participación democrática en las decisiones que nos afectan –
elección de magistrado de Corte Suprema de Justicia - 2) igualdad, 3) a las
garantías - legalidad, formas propias del juicio, defensa y contradicción – que
hace parte del derecho fundamental al debido proceso, y 4) acceso efectivo a
la administración de justicia en procura de la realización de los
derechos de los ciudadanos.
SEGUNDO:.- Que como consecuencia de lo anterior se declare sin valor legal
la sentencia de única instancia discutida, elaborada y suscrita al día siguiente
de ingreso al despacho - 7 de diciembre 2022- mediante la cual se niega las
pretensiones demanda promovida contra el Acto Electoral compuesto –
nombramiento confirmación – emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, mediante el cual se designa a la accionada Hilda González Neira, como
magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
promovida mediante el ejercicio del control político ciudadano - Artículo 40
Constitución Política, y mediante la acción pública electoral consagrada a favor
de cualquier persona en el – Art.139 CPACA –“
Actuación procesal
Mediante auto de 14 de junio de 2023 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo
de Estado y la vinculación del presidente y magistrados integrantes de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como de la señora Hilda González
Neira y Edilma Maldonado París, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera
sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutiva.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
5. Coadyuvancia a la acción de tutela
La señora Edilma Maldonado París presentó un escrito de coadyuvancia en el que solicitó
que se acceda a las pretensiones de la parte actora con planteamientos similares a los
de la demanda.
6. Intervención de la autoridad judicial demandada
El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional porque la tutela contiene los mismos planteamientos ventilados en el curso
del proceso ordinario en los que se dejó constancia de que las partes procesales sí
tuvieron la oportunidad para presentar sus alegatos de conclusión y, en esa medida, la
actora pretende reavivar un debate que se surtió en el trámite idóneo.
Las demás partes vinculadas en el proceso de acción de tutela no presentaron un informe
de respuesta a pesar de estar debidamente notificadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la coadyuvancia en la acción de
tutela y 3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
2. La coadyuvancia en la acción de tutela
1) La reglamentación procesal de la acción de tutela prevé, en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19914, la figura de la coadyuvancia.
2) Asimismo, en los precisos términos de la jurisprudencia constitucional el coadyuvante
“es un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que,
indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo
desfavorable”. En ese orden de ideas, la misma jurisprudencia indicó que:
“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le
son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia
de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de
segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias6”.
3) Con apoyo en el anterior razonamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge
en los procesos de tutela como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que comparte las reclamaciones y argumentos expuestos, bien sea por el
demandante o por la parte accionada, sin que ello suponga que este pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las elevadas por
aquellos, pues en esa eventualidad se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.
4) Así, en el presente caso se dispondrá la aceptación de la coadyuvancia presentada
por la señora Edilma Maldonado París frente al escrito de la demanda como tercera con
interés en el resultado del proceso.
5) Con esa calidad se entenderá que su participación en el trámite de este proceso de
acción de tutela se limitará a apoyar y compartir las reclamaciones del actor, razón por la
cual el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala se restringirá a los
fundamentos contenidos en la demanda de acción de tutela, y no respecto de aquellos
del memorial de coadyuvancia que difieran o no hagan parte de esta.
6
Consejo de Estado, Segunda, sentencia de 23 de octubre de 2014, expediente no. 25000-23-41-000-
2014-01390-01. MP Alfonso Vargas Rincón.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia proferida por esa autoridad el 19 de abril de 2023 en la que se ordenó la
entrega de unos documentos en el marco de un recurso de insistencia.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los
términos que a continuación se explica:
1) Es necesario precisar que, si bien la parte actora no alegó de manera expresa la
configuración de alguno de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, a partir de la lectura del escrito de la acción de tutela y de
acuerdo con los principios constitucionales que irradian a este mecanismo de amparo, se
tiene que lo alegado es la configuración de un defecto procedimental absoluto, con
fundamento en que la autoridad judicial demandada desconoció las etapas procesales
consagradas en el artículo 179 del CPACA porque corrió traslado para que las partes
alegaran de conclusión sin que hubiera culminado la etapa probatoria que, según alegó,
estuvo suspendida en virtud de una petición de prueba testimonial que presentaron en el
proceso ordinario.
2) Sin embargo, esta Sala advirtió que tal planteamiento se dirigió de manera exclusiva a
discutir un argumento que ya fue debatido, analizado y resuelto en el trámite del proceso
ordinario.
3) En efecto, en memorial presentado el 26 de agosto de 2022 en el proceso de nulidad
electoral con radicación no. 11001-03-28-000-2021-00032-00, las señoras Edilma
Maldonado París y Mariela Maldonado París manifestaron lo siguiente:
“Nosotras, MARIELA MALDONADO PARIS (...) y EDILMA MALDONADO
PARIS (...) de manera atenta, en término de argumentación de conclusión
(...)
Por auto del 29 de julio de esta anualidad de dos mil veintidós (2022), se
resuelve sobre la petición contenida en el memorial del 26 del mismo mes y año
denominado “Reiteración de ausencia de elementos probatorios que hacen
imposible la etapa de alegatos de conclusión (...)
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
Y se dispone: 1) desglosar el documento público, 2) correr traslado de la prueba
indicada a las partes y Ministerio Público, y vencido el anterior término, correr
traslado nuevamente a la parte demandante para alegar de conclusión, y para
los demás sujetos procesales el despacho se reiteró la limitante contenida en la
parte motiva, esto es, “para pronunciarse, si a bien lo tienen, únicamente en
relación con este elemento probatorio”.
Es claro por tanto, la ausencia de habilitación procesal a los demás
sujetos procesales para presentar nuevamente alegatos de conclusión.
(...)
Y con fundamento en lo expuesto se peticionó la siguiente prueba
testimonial:
Se sirva citar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
doctora Damaris Orjuela Herrera, cuyo domicilio electrónico obra dentro
del expediente, a efecto que testifique sobre el protocolo guarda y
custodia de los bienes -documento públicos-.
Las citadas circunstancias de orden sobreviniente expuesta en párrafos
precedentes abre el presente trámite a debate y contradicción probatoria
con la finalidad de probar el – uso y tráfico indebido de bienes públicos –
documentos públicos- (...)
La transcendencia y eficacia de este debate probatorio en torno a la
concreción del acto de confirmación, suspenden el alegato argumentativo
e improcedente la sentencia anticipada conforme literal b) del artículo 182A del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(negrillas de la Sala - archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
4) Tales argumentos fueron analizados y resueltos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en auto de 31 de agosto de 2022 en los siguientes términos:
“El Despacho observa que, dada la falta de claridad de la solicitud de la parte
actora, en principio, podría tratarse de una petición extemporánea. Así, el
artículo 212 del CPACA regula, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, las oportunidades probatorias, en los siguientes términos: (...)
12. En este orden de ideas, prima facie, el Despacho encuentra que ya se
han vencido las oportunidades para presentar o solicitar pruebas.
13. No obstante, lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso, se
advierte la posibilidad de que la parte actora, con el testimonio solicitado,
busque controvertir la prueba respecto de la cual se ordenó levantar la
reserva y de la que se le corrió traslado, mediante el auto del pasado 29
de junio, por lo que la referida petición se estudiará de fondo.
14. Ahora bien, para el Despacho, la prueba solicitada no es pertinente, ni
conducente, ni útil, frente a los problemas jurídicos a resolver en el
presente caso. (...)
20. Así las cosas, según lo expuesto, se concluye que la prueba solicitada no
cumple con ninguno de presupuestos requeridos en relación con los problemas
jurídicos que se deben resolver en la sentencia que ponga fin al proceso.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
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21. Adicional a lo anterior, la parte actora imputa a la demandada el «uso
irregular y fraudulente de bienes - documento público perteneciente a la Corte
Suprema de Justicia – Secretaría General», por haber presentado el documento
«Declaración de Juramentada, Inhabilidades, Incompatibilidades». (...)
24. Es precisamente ese formato el que fue diligenciado por la demandada y,
como era su deber, aportado al trámite para su confirmación como magistrada
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sin que este Despacho
evidencie o advierta el «uso irregular y fraudulente de bienes – documento
público», que, sin mayor fundamento, la parte actora imputa a la demandada y
en el que soporta la petición de la prueba que se rechazará.
25. En este orden de ideas, para el Despacho, la petición presentada se
rechazará por tratarse de una prueba impertinente, inútil y carente de
conducencia.”. (negrillas de la Sala - archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala)
5) La parte presentó recurso de súplica contra esa decisión en el que reiteró los
fundamentos relacionados con la pertinencia de la prueba para resolver la controversia
planteada y la suspensión del término para alegar de conclusión.
6) No obstante, el 20 de octubre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó
dicho recurso por cuanto la solicitud de prueba fue extemporánea y ajena al propósito y
alcance del traslado para controvertirla de acuerdo con el artículo 212 del CPACA.
7) El 31 de octubre de 2022, las demandantes solicitaron una adición de la decisión y en
esa oportunidad reiteraron sus planteamientos, así:
“Se evidencia que el rechazo del elemento probatorio – testimonio – contenido
en el auto suplicado se encuentra estructurado sobre los conceptos -
impertinencia, inutilidad y carencia de conducencia -, de ahí su estudio de fondo
(...)
Competencia desbordada dado que la Sala después de reconocer la
oportunidad procesal de la prueba testimonial – durante el traslado para
controvertir la prueba documental – declaración juramentada – a reglón seguido
no sólo introduce en forma novedosa el denominado – límite - para así edificar
el supuesto señalamiento de extemporaneidad (...) que se encontraba zanjado
por la decisión suplicada. (...)
Es claro, evidente y por demás sorprendente el giro argumentativo dado que
pasa del señalamiento de limitación probatoria- del latín limes, limitis ‘sendero
entre dos campos’, ‘límite, frontera’ - a extemporaneidad de la proposición
probatoria- viene del latín extemporaneus y significa "lo que se produce fuera
del momento oportuno -, por tanto, conceptos o calificativos totalmente
diferentes dado que el primero refiere a fronteras y el segundo a oportunidad
aspectos totalmente ajenos al objeto o finalidad de la súplica circunscrita al -
rechazo de la prueba - bajo los calificativos de - impertinente, inútil e
inconducente - reparos sobres los cuales no se emite respuesta alguno cuando
es esta la materia o los reparos adjudicante de la competencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03106-00
Actor: Mariela Maldonado París
Acción de tutela
Y es que la supuesta extemporaneidad de la proposición probatoria con que
ahora se sorprende a las recurrentes en este escenario de ninguna manera fue
objeto de súplica, esto en razón a que la decisión suplicada efectivamente emitió
decisión de fondo (...)”.
8) Esa nueva solicitud de las demandantes fue negada mediante auto de 24 de noviembre
de 2022 porque incumplió con los presupuestos del artículo 287 del CGP.
9) Una vez notificada la sentencia de 7 de diciembre de 2022 y como quedó expuesto en
antelación (ver par. 9) las demandantes presentaron una nueva solicitud de nulidad en la
que insistieron en su cargos relacionados con la pretermisión de la etapa de alegaciones
y la necesidad de reapertura del proceso probatorio por no haberse decretado la prueba
testimonial que solicitaron, decisión denegada con auto de 23 de marzo de 2023 (ver par.
11).
10) En esa medida, esta Sala denotó que los argumentos de la acción de tutela,
relacionados con la pretermisión de la etapa de alegaciones finales por la presunta falta
de configuración del acervo probatorio en el proceso de nulidad electoral, derivada de la
negativa a decretar una prueba testimonial, corresponden a un aspecto que ya analizado
y resuelto, de manera reiterada, por parte del juez natural de la causa por ocasión de los
múltiples requerimientos elevados por parte de las señoras Mariela y Edilma Maldonado
París, en ejercicio de los recursos de reposición y solicitudes de nulidad que presentaron
contra cada una de las providencias proferidas sobre ese particular por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
11) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos a
dichas situaciones, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y
decididos de manera reiterada en el trámite del proceso ordinario referido.
12) Lo expuesto permite concluir que la parte actora pretendió emplear a la acción de
tutela como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus
intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada.
13) Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.
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14) En consecuencia, la acción de tutela que presentó Mariela Maldonado París no reviste
relevancia constitucional porque el objeto de su demanda fue reabrir un debate jurídico
propio del trámite correspondiente al proceso ordinario y el juez constitucional está
impedido para pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, por lo cual
se declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Mariela Maldonado París,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora Edilma Maldonado
París, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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