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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00501-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00501-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva solicitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral, según lo dicho en esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 13001-23-33-000-2023-00501-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de octubre de 2024

Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
Demandado: Carlos Andrés Álvarez Támara como
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00501-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00501-01
Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
Demandado: Carlos Andrés Álvarez Támara como alcalde del municipio de
Córdoba (Bolívar), para el periodo 2024-2027

Tema: Trashumancia electoral. Indebida valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia1 dentro de la demanda
presentada contra el acto de elección de Carlos Andrés Álvarez Támara como
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar), para el periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su trámite en primera instancia

1. Libardo Sierra Rodríguez demandó2 la elección de Carlos Andrés Álvarez Támara
como alcalde de Córdoba, para el periodo 2024-2027, porque, según su parecer, se
configuró la causal de nulidad del artículo 275.73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
relacionada con irregularidades en la votación por trashumancia electoral.

2. En las pretensiones solicitó que: i) se declare nulo el formulario E-26 ALC del 31
de octubre de 2023 que contiene la elección demandada; ii) se practique un nuevo
escrutinio general, excluyendo del mismo los votos anulados y se cancele la
respectiva credencial del accionado; iii) «se anulen los votos que fueron depositados
por personas ajenas a la circunscripción del municipio de Córdoba – Bolívar»; iv) se
ordene la convocatoria a nuevas elecciones, y v) se declare la nulidad de la
Resolución 2 del 31 de octubre del 2023, expedida por la Comisión Escrutadora
Municipal de Córdoba (Bolívar), por medio de la cual, dicho ente se declaró sin

1 El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda mediante providencia

del 14 de junio de 2024.
2 Mediante escrito introductorio del 15 de diciembre de 2023 (Archivo 02”PresentaciónDemanda”).

Índice 1 Samai del tribunal.
3 «ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de

nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando: […] 7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción […]».

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Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
Demandado: Carlos Andrés Álvarez Támara como
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar)
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competencia para resolver algunas de las reclamaciones presentadas. Lo anterior,
en tanto, según lo refiere:

[D]e forma descarada, flagrante e ilícita, ante la observancia de todos los ciudadanos
y autoridades participantes de esa contienda electoral, muchas, pero muchas
personas, que no residen en el municipio de Córdoba —Bolívar, votaron o sufragaron
su voto en diferentes y bastantes mesas de votación de los diferentes puestos de
votación. De varios lugares circunvecinos, de otras circunscripciones, llegaron al
municipio de Córdoba - Bolívar grandes buses atestados de personas, personas estas
que descendían en diferentes puestos de votación, votaban y se regresaban a los
mencionados buses a esperar a los acompañantes (otros votantes) y después
regresar a su lugar de origen.

3. Explicó que dichas circunstancias fueron el fundamento de reclamaciones que se
presentaron ante la Comisión Escrutadora Municipal de Córdoba (Bolívar), pero que
fueron acumuladas y rechazadas por falta de competencia para resolver las
referidas a casos de trashumancia.

4. El accionante precisó que «[d]el análisis que se aporta como prueba se han
encontrado y relacionado en el archivo Excel 2164 electores correspondientes a los
casos concretos que constituyen trashumancia electoral, que contiene el listado de
los ciudadanos, con sus nombres, apellidos e identidad, a fin de que el Tribunal
Administrativo pueda analizar la existencia de las irregularidades». [Énfasis del
texto].

5. Agregó que «en las Elecciones del 29 de octubre de 2023 en el Municipio de
Córdoba en el Departamento de Bolívar, se entregaron los documentos electorales
por fuera del tiempo establecido en la norma, es decir, después de las 11:00 de la
noche del día de elecciones en las mesas correspondiente a los Corregimientos de
Pueblo Nuevo, Tacamocho y Tacamochito, por tanto, deben ser excluidas del total
del conteo de votos».

6. En escrito separado el demandante pidió la medida cautelar de suspensión
provisional del acto demandado4, solicitud que fue rechazada de plano mediante
auto del 20 de febrero de 20245 al considerarse que fue presentada de manera
extemporánea.

7. La demanda6 y su reforma7 fueron admitidas8 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, instancia que dispuso las notificaciones y traslados pertinentes, en los que
se presentaron las intervenciones que se refieren a continuación.

4 Índice 3 Samai. Documento pdf 01MedidaCautelar (Carpeta 02Cuaderno MedidaCautelar).
5 Para el efecto el despacho sustanciador de primer grado señaló: «[L]a medida cautelar fue radicada

ante el Despacho Sustanciador el día 15 de enero de 202411, es decir, posterior a la presentación
de la demanda e incluso a su admisión, situación que de entrada impide dar curso a la solicitud. […]
En ese contexto se tiene que el acto que declara la elección del señor Carlos Andrés Álvarez Tamara
fue proferido y notificado el día 31 de octubre de 202313, por lo cual, el término para presentar la
demanda electoral fenecía el 15 de diciembre de 2023, siendo que la medida cautelar fue radicada
el día 15 de enero de 2024, se concluye indefectiblemente que la solicitud de suspensión
provisional del acto demandado fue presentada de manera extemporánea y en tal virtud
deberá rechazarla de plano». Índice 29 Samai del tribunal. [Énfasis fuera de texto]
6 Índice 1 Samai del tribunal.
7 Índice 11 Samai del tribunal.
8 Índices 4 y 13 Samai del tribunal.

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Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
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8. A través de apoderado judicial, el demandado9 se opuso a las pretensiones. Para
el efecto, señaló que no se probó el fenómeno de trashumancia electoral y tampoco
la extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales.

9. Mediante apoderado judicial, la Registraduría Nacional del Estado Civil10
(RNEC) propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque,
según lo refirió, su labor es meramente logística y, desde tal connotación, apuntó
que en la jornada electoral no otorga validez a los votos. Agregó que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) es quien se encarga de decidir las actuaciones
administrativas relacionadas con la trashumancia y, por tanto, los hechos que
soportan el presente medio de control son de competencia directa de dicho órgano
electoral.

10. El CNE11, a través de su apoderado judicial, señaló que en relación con las
pretensiones de la demanda se ceñía a lo que resultara probado en el proceso.
Sobre la trashumancia explicó que la entidad emitió varias resoluciones respecto de
la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de Córdoba,
con ocasión de las elecciones del 29 de octubre de 2023. Asimismo, refirió algunos
antecedentes jurisprudenciales sobre los aspectos a considerar para que prospere
el cargo de trashumancia electoral y precisó que «aun en el evento de demostrarse
que ciudadanos hayan incurrido en trashumancia sufragaron en el respectivo
municipio, por el principio de eficacia del voto se debe probar que esta circunstancia
alteró el resultado electoral».

11. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues, según lo indicó, no se está debatiendo una irregularidad o vicio en
relación con las funciones del CNE, toda vez que no tuvo participación en la
expedición del acto de declaración de la elección ni tuvo conocimiento de los hechos
mencionados en la demanda.

12. Con auto del 9 de abril de 2024,12 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó
la realización de la audiencia inicial, diligencia que tuvo lugar el 15 del mismo mes
y año13 y en ella se saneó el trámite, se fijó el litigio14, se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes y se citó la audiencia de pruebas. Esta última diligencia se

9 Índices 15 y 26 Samai del tribunal.
10 Índices 22 y 25 Samai del tribunal.
11 Índice 3 Samai. Documento pdf 36ContestaciónDemandaConsejoNacionalElectoralCNE (Carpeta

01CuadernoPrincipal).
12 Índice 37 Samai del tribunal.
13 Índice 42 Samai del tribunal.
14 El tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «¿Se encuentran configurados los supuestos de

hecho para considerar que la elección del señor Carlos Andrés Álvarez Támara como alcalde del
Municipio de Córdoba-Bolívar incurrió en la causal de nulidad electoral del numeral 7 del artículo 275
de la Ley 1437 de 2011 relativa a que los votantes no sean residentes en la respectiva circunscripción
electoral? Por otra parte, deberá estudiarse si, con fundamento en lo alegado por el demandante,
¿se configura una nulidad del acto de elección demandado por haberse entregado supuestamente
en forma extemporánea los documentos electorales de los puestos y mesas especificados
anteriormente? Finalmente, deberá estudiarse la legitimación en la causa por pasiva alegada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral».

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Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
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llevó a cabo el 15 de mayo de 202415, en la cual se dispuso prescindir de los
testimonios decretados y cerrar el debate probatorio, y, a su vez, se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar
su concepto.

13. Los aspectos más relevantes de los alegatos fueron los siguientes:

14. El demandado16 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda para
señalar que ni la trashumancia ni la extemporaneidad en la entrega de los
documentos electorales se encuentran probadas y, por tanto, las pretensiones de la
demanda no están llamadas a prosperar. La parte demandante17 alegó que con los
elementos de prueba obrantes en el expediente la trashumancia quedó plenamente
demostrada18. La RNEC19 insistió en que se declarara la excepción de falta de
legitimación en la causa y el Ministerio Público allegó concepto20 señalando que
las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar toda vez que no
se probó, conforme las exigencias de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la materia, la trashumancia electoral ni la entrega extemporánea de los documentos
electorales.

1.1.1. Sentencia de primera instancia

15. En el fallo del 14 de junio de 202421, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó
la nulidad de la elección demandada, pues, según se expuso en la providencia22:
«[…] de las 2164 personas que en la reforma de la demanda se identificaron como
trashumantes, solo se identificaron 1061, de los cuales, 322 personas tienen su
Sisbén en el municipio de Córdoba, lo que permite deducir, que no son
trashumantes; y que, las 739 personas restantes, aun si tuvieran la condición antes
mencionada, no afectarían el resultado de la elección, por el principio de eficacia
del voto». [sic a toda la cita]

16. Así mismo, señaló que con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado «la exclusión de la votación de un municipio solo aplica para cuando trata
de entrega extemporánea (entiéndase por tal con posterioridad a las 11:00 pm) de
las actas de los jurados, no así de la introducción tardía de los pliegos electorales
al arca triclave».

15 Índice 48 Samai del tribunal.
16 Índice 49 Samai del tribunal.
17 Índice 50 Samai del tribunal.
18 Para el efecto, refirió los documentos en formato Excel que aportó con la demanda; la lectura,

análisis y trazabilidad con los formularios E-10, E–11, y el cruce de información con la base de datos
del SISBEN y ADRES. Así mismo, hizo referencia a un video de la visita realizada por la primera
dama del municipio de Córdoba y de la secretaria de la personería municipal de Córdoba al
corregimiento de El Carmen del Magdalena (conocido como Barbú), jurisdicción de Plato Magdalena,
en el que, en el decir del demandante, se acostumbra a comprar votos a las personas para que
vayan a votar al municipio de Córdoba.
19 Índice 51 Samai del tribunal.
20 Índice 52 Samai del tribunal.
21 Índice 56 Samai del tribunal.
22 Los argumentos que expuso el tribunal serán referenciados con mayor amplitud al momento de

abordar el caso concreto.

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1.1.2. Recurso de apelación y su trámite en primera instancia

17. La decisión de primera instancia fue notificada a las partes mediante mensaje
de datos remitido el día 8 de agosto de 202423, providencia contra la cual se
presentó recurso de apelación por el extremo accionante, el día 14 del mismo mes
y año24.

18. El demandante manifestó que no se encontraba de acuerdo con la providencia
de primer grado y, para el efecto, precisó que las pruebas que presentó con la
demanda eran coherentes, conducentes y contundentes para probar la existencia
de trashumancia electoral. Así mismo, reprochó que:

[E]l operador de justicia fue muy facilista en su valoración probatoria del estudio o
cruce de información que puse a su consideración para los fines de probar la
existencia de trashumancia electoral, análisis y conjeturas con las cuales sustentaron
su fallo.

No utilizaron herramientas que le brinda nuestro marco jurídico o mejor el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que la
información y documentos suministrados por el suscrito, lo pudo articular o confrontar
con información de otras entidades públicas que poseen información más precisa,
solo era dictar un auto de mejor proveer. Más que manifesté y allegué sentencias
probando la existencia de trashumancia electoral histórica en el municipio de Córdoba
– Bolívar, en los archivos de ese H. Tribunal, reposan los variados procesos de
nulidad electoral por trashumancia electoral, por tal razón desde ya le solicito del juez
superior (Sala Quinta del H. Consejo de Estado) se ahonde en este tema.

[…]

Es la oportunidad de ponerle coto y castigar ejemplarmente a las personas
encargadas de organizar y patrocinar la trashumancia electoral que aquí nos ocupa y
que venimos padeciendo hace más 20 años aproximadamente, par[a] que ninguna
persona sin tener el derecho de hacerlo, sufrague su voto en las urnas del municipio
de Córdoba – Bolívar.

19. Mediante auto del 27 de agosto de 202425, el Tribunal Administrativo de Bolívar
concedió la impugnación contra la sentencia.

1.2. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

20. El 9 de septiembre de 202426, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite de los artículos 292 y 293 del CPACA.

1.2.1. Traslado del recurso e intervenciones

21. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión27 y al Ministerio Público28 para que, si a bien lo tenía, presentara

23 Índice 58 Samai del tribunal.
24 Índice 59 Samai del tribunal.
25 Índice 60 Samai del tribunal.
26 Índice 5 Samai.
27 Indicie 11 Samai. Del 19 al 23 de septiembre de 2024 corrió el término para las partes.
28 Indicie 12 Samai. Del 24 al 30 de septiembre de 2024 corrió el término para el Ministerio Público.

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concepto. Conforme el informe secretarial del 24 de julio de 202429, en dicha
oportunidad se presentaron las siguientes intervenciones.

22. El demandado30 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y en los alegatos de conclusión de primer grado, en relación con que el
demandante no cumplió la carga de acreditar las circunstancias para establecer la
existencia de la trashumancia en el caso concreto. El Ministerio Público allegó
concepto31 señalando que se debe confirmar la sentencia impugnada, toda vez que
no se probó ninguno de los requisitos para la configuración de la trashumancia en
el presente caso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, de conformidad con el artículo 15032 y el literal a)33 del
numeral 7.º del 152 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

24. Conforme el enunciado acuerdo se advierte que la Sala conoce del presente
asunto porque se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de nulidad respecto del acto
de elección del alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar).

2.2. Cuestión previa

25. La Sala, al revisar el trámite de instancia, evidenció que el Tribunal
Administrativo de Bolívar no resolvió la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la RNEC y por el CNE en las respectivas
contestaciones de la demanda, entidades que solicitaron su desvinculación del
presente trámite al advertir que lo atinente a la inscripción irregular de las cédulas
de ciudadanía de los electores y la censura respecto al comportamiento de estos
que riñe con la ética electoral, no son del ámbito de sus competencias.

26. En ese sentido, conforme al inciso segundo del artículo 187 del CPACA34, dichas
solicitudes serán objeto de pronunciamiento en esta oportunidad.

29 Índice 14 Samai.
30 Índice 10 Samai.
31 Índice 13 Samai.
32 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
33 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.

De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […]
de los alcaldes municipales […]».
34 «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el

fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».

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27. En ese orden, la RNEC solicitó declarar probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva, en virtud de que dicha entidad desarrolla una labor meramente
logística en los comicios y no otorga validez ni nulidad a ningún voto de la jornada
electoral. Recalcó que no tiene responsabilidad alguna por las situaciones
relacionadas con la trashumancia electoral.

28. En el presente caso se demandó el acto de elección de Carlos Andrés Álvarez
Támara como alcalde de Córdoba (Bolívar), para el periodo 2024-2027, con
fundamento en una causal objetiva de nulidad electoral (trashumancia).

29. Por lo tanto, la solicitud de la RNEC debe declararse infundada, pues, la Sección
Quinta en otras oportunidades35 ha indicado que «se justifica la vinculación de esa
entidad en el contexto de causales objetivas de nulidad electoral, “dado que es la
entidad encargada de la logística del proceso electoral, que comprende la utilización
de las TIC al proceso electoral, el voto electrónico, el diseño de los formularios
electorales”36».

30. Por su parte, el CNE solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva, con fundamento en que en el presente asunto no se está debatiendo
una irregularidad o vicio en relación con las funciones de la entidad, toda vez que
esta no tuvo participación en la expedición del acto de declaración de la elección ni
conoció de los hechos mencionados en la demanda.

31. Asimismo, precisó que «como se trata de una situación jurídica, la cual el
Consejo Nacional Electoral tiene competencia para pronunciarse, pero que, al no
haber sido puesta en conocimiento oportunamente, resulta que ese asunto por
constituirse en una causal de nulidad electoral que establece el artículo 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
competencia radica en el juez contencioso administrativo, lo que implica que esta
Corporación ha perdido toda facultad para pronunciarse sobre el asunto».

32. Al respecto, esta Sala precisa, como lo ha señalado en otras oportunidades 37,
que la excepción propuesta debe ser declarada no probada, ya que corresponde a
las comisiones escrutadoras, en calidad de delegadas de dicha autoridad, hacer el
conteo oficial de los votos en las elecciones populares, por tanto, resulta necesaria
la vinculación de la organización electoral en las demandas contra elecciones por
voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de quienes actuaron en
el correspondiente escrutinio.

33. En este orden de ideas, es lo procedente declarar no probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva solicitada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral.

35 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de abril de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2019-

00184-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 30 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-

00034-00, MP Rocío Araújo Oñate.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de

junio de 2024, rad. 88001-23-33-000-2023-00062-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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2.3. Delimitación del problema jurídico a resolver en segunda instancia

34. Con el fin de determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar se
debe confirmar, modificar o revocar, se estudiará si el acto demandado se encuentra
afectado por la causal de nulidad prevista en el artículo 275.7 del CPACA, conforme
con los argumentos del recurso de alzada, relacionados con la inadecuada
valoración probatoria realizada en primera instancia respecto del análisis de las
irregularidades por trashumancia electoral.

35. Lo anterior se abordará, estrictamente, desde los argumentos planteados en la
apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso38, que prescriben que dicho medio de impugnación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por la parte recurrente39.

2.3.1. Caso concreto

36. La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que no encuentra que el
tribunal de primera instancia haya realizado una inadecuada valoración probatoria
al determinar que no se demostró que el acto electoral demandado estuviera
viciado por la causal del artículo 275.7 del CPACA, como pasa a explicarse.

37. Para efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará una breve
referencia a los hechos de la demanda y antecedentes del trámite que resultan
relevantes para resolver el recurso. Luego, será necesario reseñar lo que dijo la
primera instancia para negar las pretensiones de nulidad electoral y el respectivo
recurso de apelación. Finalmente, se expondrán los argumentos de la posición que
adopta la Sala para confirmar la providencia apelada.

38. Como se anotó en las consideraciones, el accionante alegó que en el desarrollo
de la jornada electoral del alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar), para el
periodo constitucional 2024-2027, personas no residentes en el municipio ejercieron
su derecho al voto e incidieron en el resultado de la elección de Carlos Andrés
Álvarez Támara40, quien ganó la contienda con 6.777 votos, por encima de Carlos
Eduardo Anaya41 quien obtuvo 5.254 sufragios, es decir, en principio, con una
diferencia de 1.523 apoyos ciudadanos entre ellos.

39. Explicó que estos hechos fueron fundamento de diversas reclamaciones
presentadas ante la Comisión Escrutadora Municipal de Córdoba (Bolívar) que

38 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
39 Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis

Alberto Álvarez Parra. «Al respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el
artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe
interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
40 Inscrito por el Partido Conservador Colombiano.
41 Inscrita por el Partido Liberal Colombiano.

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fueron acumuladas y rechazadas por falta de competencia para resolver
irregularidades en relación con la trashumancia. A su vez, precisó que por lo menos
2.164 electores no residen en el municipio referenciado42.

40. Asimismo, es relevante traer a colación que dentro de las pruebas allegadas por
el demandante con el fin de que se corroboraran los supuestos de la trashumancia
alegada, se aportaron, entre otras, las siguientes documentales:

Con la demanda: «10.- Adjunto documentos en formato Excel, que contiene la lista
de sufragantes, Registro de Votantes, que se realizaron con ocasión de los comicios
electorales celebrados el día 29 de octubre del presente año 2023, en el municipio de
Córdoba - Bolívar y de las personas afiliadas o registradas en la Base de Datos del
Sisbén Departamento Nacional de Planeación y Adres – Administradora de los
Recursos del Sistema General Seguridad Social del referido municipio. 11. Aporto
videos donde se evidencia la compra de votos, el día 29 de octubre del 2023, durante
la jornada electoral».

Con la reforma de la demanda: «14. Formato en archivo magnético (Cuadro Excel)
que contiene el listado integral (incluyendo los relacionados en la prueba aportada
en la demanda inicial) de los electores que no son residentes en la circunscripción
de Córdoba Bolívar […] ARCHIVOS DIGITALES: Se conformó un archivo de Excel
con nombre Consolidado Trashumancia.xlsx que contiene los registros de todos
los casos hallados. 3 carpetas de nombres: ADRES, PUESTO DE VOTACIÓN Y
SISBEN, donde están alojados los certificados respectivos por cada registro en el
archivo de Excel». [énfasis propio del texto transcrito].

41. Delimitados los hechos relevantes para resolver el presente recurso, la Sala
encuentra que el 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia de primera instancia en la cual negó las pretensiones de nulidad electoral
contra el acto de elección de Carlos Andrés Álvarez Támara como alcalde del
municipio de Córdoba (Bolívar), para el periodo 2024-2027.

42. La primera instancia, luego de realizar algunas consideraciones sobre la
residencia electoral, la trashumancia y los parámetros para acreditarla, refiriendo
para ello la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta corporación43, procedió con
el análisis de las probanzas allegadas al expediente, en particular, las aportadas por
la parte demandante.

43. En su ejercicio de valoración probatoria, pese a que el accionante refirió 2.164
personas como trashumantes, el tribunal limitó el estudio a tan solo 1.061 cédulas
de ciudadanía, con las siguientes consideraciones expuestas en la providencia
apelada:

42 Al respecto el accionante manifestó que: «[s]e trata de electores que poseen certificado del
SISBEN en el Municipio de Córdoba Bolívar, pero que al realizarse la consulta de estos en la
plataforma o sitio web ADRES registran residencia en municipios diferentes a Córdoba, Bolívar».
43 Para el efecto señaló las siguientes providencias. Respecto a la residencia electoral: «CONSEJO

DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejera
ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, Sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021), Radicación número: 76001-23-33-000-2019-01203-01». En relación con el concepto de
trashumancia electoral: «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017,
Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Citada en:
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA,
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, Sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), Radicación número: 76001-23-33-000-2019-01203-01».

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Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
Demandado: Carlos Andrés Álvarez Támara como
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00501-01

[R]evisando en el expediente, se encontró, con los documentos digitales aportados,
un consolidado denominado “11.1 Consolidado Trashumancia-fusionado (1).pdf”22
en donde se relacionan 1.061 cédulas de ciudadanía asociadas a varios puestos de
votación, seguido de otro listado que discrimina con nombres y apellidos lo que, al
parecer, es el grupo que debería corresponder a las 1.061 cédulas de ciudadanía.
Verificada la información aportada con la demanda inicial, de las 1061 cédulas de
ciudadanía de los diferentes puestos de votación, para poder saber si las 2164
personas establecidas como trashumantes con la reforma de la demanda, y poder
comparar donde tienen su Sisbén, encuentra la Sala que debió acompañarse otro
documento con 1103 personas más, que sumados a los iniciales nos arrojan el total
de 2164 personas. Lo cual aquí no aconteció. Significando entonces, que la Sala solo
podría valorar las 1061 personas que se trajeron con la demanda primigenia. [Sic a
toda la cita]

44. Limitado el análisis a las referidas 1.061 cédulas de ciudadanía reseñadas por
el accionante como trashumantes, el tribunal señaló que, de haberse verificado la
votación de estas personas, lo cierto es que el número de votos irregulares
carecieron de incidencia en el resultado final de la elección y, en ese orden precisó,
lo que sigue:

[S]e registró un total de votos a favor del elegido Carlos Andrés Álvarez Támara de
6.777, por sobre 5.264 que registró el segundo en votación, esto es, el señor Carlos
Eduardo Anaya Quiroz. De manera que, haciendo la deducción de los 1.061 sufragios
al elegido, el resultado sería de 5.716, lo que lo sigue ubicando en la primera posición.

[…]

En conclusión, de las 2164 personas que en la reforma de la demanda se identificaron
como trashumantes, solo se identificaron 1061, de los cuales, 322 personas tienen su
Sisbén en el municipio de Córdoba, lo que permite deducir, que no son trashumantes;
y que, las 739 personas restantes, aun si tuvieran la condición antes mencionada, no
afectarían el resultado de la elección, por el principio de eficacia del voto.

45. El tribunal agregó que resultaba inocuo activar la facultad oficiosa en materia
probatoria para buscar la totalidad de formatos E-11 que permitieran confrontar los
presuntos 1061 trashumantes con el objeto de determinar si efectivamente votaron,
con el argumento de que ninguna utilidad tendría si se tiene en cuenta que tales
sufragios no inciden en el resultado final del escrutinio.

46. En el recurso de apelación, con el fin de solicitar la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, el accionante centró su reparo en el hecho de que el tribunal,
según el decir de la parte actora, «fue muy facilista en su valoración probatoria» al
considerar que las pruebas que él aportó al expediente son «coherentes,
conducentes y contundentes para probar la existencia de trashumancia electoral» y
reprochó que el fallador de instancia no acudiera a su potestad de dictar un auto de
mejor proveer para obtener información más precisa que le permitiera confrontar la
existente en el proceso.

47. En el orden de ideas, para resolver se advierte que el apelante solo cuestiona
la decisión adoptada por el tribunal de primer grado respecto al cargo de
trashumancia, razón por la cual, el análisis de esta instancia se centrará,
exclusivamente, en lo que corresponde a dicho reproche y, en consecuencia, no se

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alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar)
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realizará ninguna apreciación relacionada con la censura referida a la entrega
extemporánea de formularios.

48. En primer lugar, conviene aclarar a la parte demandante que la Sección Quinta
ha señalado44 que, en orden de solicitar la nulidad por el vicio de trashumancia
electoral, se debe demostrar, con las pruebas allegadas al expediente, lo siguiente:
i) que personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para
sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos
tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 287 del CPACA.

49. Luego de dicha explicación, se tiene que el reparo planteado en la apelación no
está llamado a prosperar toda vez que analizados los supuestos fácticos y jurídicos
de la demanda y las probanzas allegadas al trámite procesal, es admisible concluir
que el tribunal no incurrió en la indebida valoración probatoria que refiere el apelante
en estos precisos términos:

a) El tribunal no fue diligente con el cruce de información que puso a su
consideración con el fin de probar la trashumancia electoral.

b) No utilizó las herramientas probatorias del CPACA que le hubiesen
permitido, a través de un auto de mejor proveer, articular o confrontar las
pruebas que allegó con información de otras entidades públicas.

50. Por el contrario, de acuerdo con el recuento que se hizo de manera precedente
respecto de la valoración que llevó a cabo la primera instancia, para la Sala es
procedente concluir, conforme con la jurisprudencia constitucional que ha delimitado
el contenido del defecto por indebida valoración probatoria45, que i) no se encontró
que dicha autoridad judicial resolvió a su arbitrio la fijación del litigio que trazó; ii) la
decisión no se argumentó en contravía de la evidencia probatoria aportada al
expediente, sino que se sustentó en elementos traídos por el accionante y que
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso, y iii) la tesis que sostuvo
el tribunal para negar las pretensiones se basó en el material probatorio allegado
oportunamente al trámite del presente medio de control.

51. Por ello, frente a la supuesta falta de diligencia que advierte el accionante o,
mejor dicho, en sus propios términos, lo que refiere así: «[E]l operador de justicia
fue muy facilista en su valoración probatoria del estudio o cruce de información que
puse a su consideración para los fines de probar la existencia de trashumancia
electoral», es pertinente anotar lo siguiente:

a) Del análisis de las pruebas documentales aportadas al expediente,
particularmente, el archivo Excel 2164 electores y los «documentos digitales
aportados, un consolidado denominado “11.1 Consolidado Trashumancia-

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 30 de

septiembre de 2021, Rad. 11001032800020200001300. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
45 Sobre el defecto fáctico, se pueden consultar entre otras decisiones de la Corte Constitucional, la

sentencia SU-048 del 16 de febrero de 2022, expediente T-8.303.929, o la sentencia SU-453 del 3
de octubre de 2019, expediente T-7.136.220, ambas, MP. Cristina Pardo Schlesinger.

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fusionado (1).pdf», el tribunal concluyó, luego de su valoración, que, tanto en
la demanda como en su reforma, se señalaron como posibles trashumantes a
2.164 personas, de los cuales únicamente se aportó como prueba un listado
de 1.061 personas con datos que permitieron su individualización46.

Por tal razón, el tribunal encontró que, respecto de las 1.103 cédulas que
faltarían para completar los inicialmente referidos (2.164), el apelante no
aportó información alguna, lo cual no permitió constatar si las personas
enlistadas se encontraban inscritos de forma irregular en el municipio de
Córdoba, como lo alegó la parte demandante.

Nótese que el tribunal sustentó el anterior juicio en las pruebas disponibles en
el proceso, de manera que no se denota alguna arbitrariedad o ilegalidad en
las conclusiones que adoptó, sino que lo que se advierte es que el demandante
no allegó el material probatorio suficiente que permitiera obtener datos
tendientes a estudiar en su integralidad el cargo de la trashumancia. Por ello,
no es procedente la revocatoria de la decisión de primera instancia en lo que
concierne a este aspecto de la censura.

Por otra parte, la Sala asiente lo que señala el apelante en este sentido:
«considero que las pruebas por m[í] presentadas son coherentes, conducentes
y contundentes para probar la existencia de trashumancia electoral».
Efectivamente, esta prueba, que se halló en el expediente y denominada como
«documentos digitales aportados, un consolidado denominado “11.1
Consolidado Trashumancia-fusionado (1).pdf», cumple con los requisitos de
conducencia, pertinencia y utilidad, en los términos del artículo 169 del CGP.

Sin embargo, conviene precisarle al apelante que la situación que propició que
el tribunal negara su reproche obedeció a que no allegó las probanzas
suficientes y necesarias para que se procediera al estudio integral del cargo
propuesto en sede de nulidad electoral, lo cual era su obligación conforme el
artículo 167 del CGP.

b) Aunado a lo anterior, siguiendo el principio que indica que el juez debe
apreciar las pruebas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica
(Art. 176 CGP), el fallador de primera instancia se limitó a decidir al preciso
argumento esgrimido por el accionante con su demanda, atinente a que se
estudiaran las irregularidades por trashumancia en relación con las
mencionadas 1.061 cédulas de ciudadanía respecto de las cuales el

46 Al respecto el tribunal precisó lo siguiente: «[R]evisando en el expediente, se encontró, con los

documentos digitales aportados, un consolidado denominado “11.1 Consolidado Trashumancia-
fusionado (1).pdf” en donde se relacionan 1.061 cédulas de ciudadanía asociadas a varios puestos
de votación, seguido de otro listado que discrimina con nombres y apellidos lo que, al parecer, es el
grupo que debería corresponder a las 1.061 cédulas de ciudadanía. Verificada la información
aportada con la demanda inicial, de las 1061 cedulas de ciudadanía de los diferentes puestos de
votación, para poder saber si las 2164 personas establecidas como trashumantes con la reforma de
la demanda, y poder comparar donde tienen su Sisbén, encuentra la Sala que debió acompañarse
otro documento con 1103 personas más, que sumados a los iniciales nos arrojan el total de 2164
personas. Lo cual aquí no aconteció. Significando entonces, que la Sala solo podría valorar las 1061
personas que se trajeron con la demanda primigenia».

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accionante expuso las anomalías que, a su juicio, afectaron el acto
demandado.

Desde tal escenario, la valoración probatoria del tribunal arrojó como resultado
que de los 1.061 posibles trashumantes que identificó el accionante, 322
tenían su Sisbén en el municipio de Córdoba, aspecto que le permitió
establecer que no eran trashumantes y que la votación de las 739 personas
restantes, aun si tuvieran aquella condición, no se afectaría el resultado de la
elección por la prevalencia del principio de eficacia del voto.

Dichas conclusiones de primer grado las haya razonadas esta Sala de lo
Electoral, toda vez que se apoyaron y sustentaron en las pruebas allegadas al
expediente y, además, no se trató de un juicio probatorio caprichoso o
arbitrario, sino que, por el contrario, se sustentó en elementos probatorios
traídos por el accionante y que guardaban toda la relación con el asunto
debatido en el proceso.

Se advierte tan ajustada a derecho la valoración probatoria que emprendió la
primera instancia que, al igual que ellos, esta Sala encuentra, de acuerdo con
el mismo material probatorio allegado al expediente, que la diferencia en la
votación entre el ganador de la elección a la alcaldía de Córdoba (Bolívar) y
quien ocupó el segundo lugar fue de 1.513 votos, toda vez que el demandado
obtuvo 6.777 votos y quien lo siguió alcanzó 5.264 sufragios.

Razón por la que, en todo caso, conforme al mismo material probatorio que
valoró el tribunal, encuentra la Sala que, por la diferencia de sufragios entre
quien ganó la elección y quien le siguió en votos, las irregularidades alegadas
no tienen la potencialidad de cambiar el resultado de la elección cuestionada.

Dicho criterio de la incidencia es pacífico y reiterado en la jurisprudencia de
esta Sala de lo Electoral47. En ese orden, el argumento de la apelación
referente a «[m]ás que manifesté y allegué sentencias probando la existencia
de trashumancia electoral histórica en el municipio de Córdoba – Bolívar, en
los archivos de ese H. Tribunal, reposan los variados procesos de nulidad
electoral por trashumancia electoral, por tal razón desde ya le [s]olicito del Juez
superior (Sala Quinta del H. Consejo de Estado) se ahonde en este tema»,
carece de vocación de prosperidad.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de

agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2023-00106-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de
octubre de 2008, expediente 44001-23-31-000-2007-00236-01, MP. María Nohemí Hernández
Pinzón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30
de septiembre de 2021, expediente 11001-03-28-000-2020-00013-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra. Demandado un gobernador. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 31 de julio de 2009, expediente 44001-23-31-000-2007-00244-02, MP.
Susana Buitrago Valencia.

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52. En suma, contrario a lo que manifiesta el apelante, se encontró que la primera
instancia valoró conforme la sana crítica el precario material probatorio allegado al
expediente con la demanda y su reforma y, a partir de ello, concluyó que no era
posible probar la existencia de la trashumancia electoral.

53. En efecto, al revisar las probanzas allegadas, no encuentra la Sala mérito alguno
para proceder a revocar la decisión en segunda instancia, por cuanto:

a) No se aportaron los datos que debían permitir el análisis de los 2164
electores cuyo voto estaría afectado por el fenómeno de la trashumancia;

b) De los 1061 sufragantes, frente a los cuáles indicó el accionante que
aportaba datos relacionados con con sus nombres, apellidos e identidad, solo
reposa en el expediente una gráfica que, si bien contiene el nombre del puesto
y el dato de la mesa, carece de la información de los votantes48; y

c) Si bien se aportaron algunos formularios E-1149 para proceder a la
valoración de quienes sufragaron, que correspondieron al puesto 26 mesas
1,2 y 3 y puesto 9 mesas 1,2,3,4,5 y 6, lo cierto es que en comparación con el
número de los presuntos trashumantes (1061) y la diferencia de votos (1513)
entre el elegido y el segundo, no existiría incidencia para modificar el resultado
final.

d) A su vez, aunque el tribunal llegó a la siguiente conclusión: «Aún más, al
verificar el listado de personas antes mencionado con el lugar donde aparecen
registrados como pertenecientes al Sisbén, el Excel nos arroja que 322 son
personas pertenecen al municipio de Córdoba, lo que nos lleva a afirmar que
no tienen la condición de trashumantes, más allá de que no existe prueba de
si sufragaron o no», lo cierto es que no fue objeto de reparo concreto en la
alzada.

En todo caso, aun cuando hubiese sido objeto de censura, la diferencia de
1513 votos entre el ganador y el que le siguió en votación y los 1061 presuntos
sufragios irregulares expuestos por el apelante, muestran que no existe
incidencia para proceder a modificar el resultado de la elección.

54. Desde tales apreciaciones probatorias, la Sala encuentra que existen
argumentos suficientes para advertir que no se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto del elegido, toda vez que el apelante no demostró que i) 2164 presuntos
trashumantes votaron en la elección reprochada y ii) de los 1061 frente a los cuales
sería procedente su verificación no se aportó el material probatorio suficiente con el
fin de determinar si ejercieron su derecho al voto o no. En todo caso, en los términos
de la incidencia no le era factible a este juez de lo electoral establecer la supuesta
trashumancia electoral acusada.

48 Anexos del escrito introductorio documento «Parte 5.pdf». Índice 3 Samai.
49 Índice 45 Samai del tribunal.

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55. Por otra parte, el apelante hace referencia en su recurso a una «información y
documentos suministrados por el suscrito» que pudieron confrontarse con
información de otras entidades que públicas a fin de estudiar la trashumancia
alegada, lo cual, desde su perspectiva, debió procurarse a través de un «auto de
mejor proveer» (sic), que debió dictar el juez de instancia.

56. La Sala no echa de menos la falta de precisión del apelante en torno a cuál era
la información o documentos que debían suministrarse por parte de entidades
públicas (que además no las identifica) con el fin de abordar de manera distinta el
cargo de trashumancia que propuso. No obstante, lo relevante para proceder a
negar las censuras de marras pasa porque el accionante incumplió el principio de
la carga de la prueba previsto en el artículo 167 del CGP, situación que no repercute
en que el juez de lo electoral deba suplir dicha deficiencia a través de la prueba de
oficio.

57. Respecto de lo primero, es decir, la carga de la prueba, se anota que conforme
el artículo 167 del CGP, aquella, en principio, se encuentra en cabeza del
demandante50 y, por ende, correspondía al señor Sierra Rodríguez probar los
supuestos de hecho de las normas que alegó con el fin de solicitar la nulidad de la
elección de Carlos Andrés Álvarez Támara como alcalde de Córdoba, para el
periodo 2024-2027. Aunque este principio admite excepciones51, por el supuesto
que pretendía probar el apelante, no era posible dar alcance a la noción dinámica
de aquella.

58. En lo atinente a la segunda cuestión, como lo ha indicado esta Sección52, la
facultad de pruebas de oficio no es absoluta y no puede ser utilizada para integrar
o completar el acervo probatorio ni para que el juez complemente lo que las partes
estaban obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que les correspondía,
en las oportunidades probatorias establecidas por el legislador en el artículo 212 del
CPACA.

59. Desde tal perspectiva, frente al reparo relacionado con el auto de mejor proveer
que solicita el apelante, la Sala coincide con el concepto del Ministerio Público, en
tanto dicha prerrogativa probatoria corresponde al ejercicio de las facultades

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 7 de junio de

2021, expediente 19001-23-33-002-2020-00084-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de sala del 17 de

septiembre de 2020, expediente 18001-23-33-000-2020-00009-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra:
«En este orden, conviene reiterar que el onus probandi no es un principio absoluto, sino que admite
excepciones, principalmente: (i) la carga dinámica de la prueba; y (ii) los hechos notorios y las
afirmaciones indefinidas, las cuales fueron descritas por la Corte Constitucional, en su sentencia C-
086 de 2016, por medio de la cual declaró exequible el inciso 2.º del artículo 167 de la Ley 1564 de
2012 sobre la carga de la prueba, en los siguientes términos […]».

52 Sobre el tema se puede consular del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, auto de Sala del 9 de febrero de 2017, expediente 41001-23-33-000-2016-00080-
01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez o auto del 19 de julio de 2024, expediente 41001-23-
33-000-2024-00026-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 73001-23-33-
000-2023-00474-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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discrecionales del juez, quien de conformidad con lo prescrito en el artículo 21353
del CPACA podrá dictar las órdenes probatorias que considere pertinentes en
procura de esclarecer los aspectos respecto de los que no tiene certeza.

60. Así, es posible colegir que dicha prerrogativa no fue prevista para relevar la
carga probatoria que les corresponde a las partes, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta corporación54.

61. Frente al planteamiento final que el apelante expone en estos términos «[e]s la
oportunidad de ponerle coto y castigar ejemplarmente a las personas encargadas
de organizar y patrocinar la trashumancia electoral que aquí nos ocupa y que
venimos padeciendo hace más 20 años aproximadamente, par[a] que ninguna
persona sin tener el derecho de hacerlo, sufrague su voto en las urnas del municipio
de Córdoba – Bolívar», la Sala no advierte algún razonamiento o reparo tendiente
a cuestionar el fallo de primera instancia y menos a refutar la legalidad de la elección
demandada.

62. Tampoco expuso el impugnante cuestionamientos dirigidos a las autoridades
electorales en el marco de este caso concreto, en los que se advierta la
configuración del alguna irregularidad o vicisitud relacionada con el fenómeno de
trashumancia electoral que, según su juicio, afectó la presunción de legalidad del
acto demandado.

63. Por consiguiente, esta Sección se abstendrá de hacer alguna manifestación
sobre el particular, dado que no encuentra la necesidad para ello. No obstante, sí
conviene dejar claro al apelante que, cuando en otros procesos se han encontrado
acreditadas irregularidades por trashumancia, la Sala no ha dudado en realizar los
exhortos correspondientes a las entidades vinculadas con la realización y vigilancia
de las elecciones, y con competencias para la judicialización de conductas delictivas
o que trasciendan al ámbito de lo disciplinario, como en efecto puede verificarse en
diferentes providencias.55

64. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar, que determinó que no procedía la declaratoria de nulidad por la causal de

53 «En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas

que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala,
sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las
pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas
deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del
auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas
pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales
pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las
decrete».
54 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 41001-23-33-000-2016-00080-01. MP. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez. 9 de febrero de 2017.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de

agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2023-00106-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril
de 2021, expediente 44001-23-40-000-2020-00004-01 (principal), MP. Rocío Araújo Oñate. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de
2022, expediente 54001-23-33-000-2020-00010-02 (principal), MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Libardo Sierra Rodríguez
Demandado: Carlos Andrés Álvarez Támara como
alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00501-01

trashumancia electoral alegada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva solicitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el
Consejo Nacional Electoral, según lo dicho en esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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