Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06165-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06165-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06165-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06165-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – INSTANCIA ADICIONAL – El debate propuesto es una reiteración de la
controversia que quedó razonablemente zanjada en el proceso ordinario de nulidad electoral.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 17
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 1° de octubre de 2025, la señora Josefina Jiménez Torrecilla, a nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia2, con ocasión de la sentencia proferida el 21 de agosto de
2025, en el marco del proceso de nulidad electoral con radicado 13001-23-33-000-2023-
00437-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles
errores incluidos):
1.Admitir la presente acción de tutela y declararla procedente por reunir los requisitos
constitucionales y de procedibilidad.
2. Declarar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva de la señora JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLAS con ocasión de la
sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2025, radicado 13001-23-33-
000-2023-00437-01.
3. Ordenar al Consejo de Estado que retrotraiga la actuación al estado
inmediatamente anterior al pronunciamiento sobre el fondo o, alternativamente, que
1 Se advierte que el 18 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 La accionante también estimó desconocidos los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad
electoral.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
emita un pronunciamiento debidamente motivado en el que se confronten y valoren
de forma explícita y fundada los elementos probatorios listados dentro del proceso
de nulidad electoral, para determinar, si el señor Ortiz Rangel, en calidad de
candidato, ejerció o no funciones propias de clavero, contrariando las disposiciones
Constitucional y del Código Electoral (artículo 144 CE), la cual traería como
consecuencia o no perdida la perdida de cadena de custodia por la vulneración de
los principios constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad
entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y los principios legales Ley 96 de
1985 y decreto 2241 DE 1986
4. En subsidio, ordenar la suspensión provisional de los efectos ejecutorios
relacionados con la credencial del señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL
y cualquier actuación que derive de la ejecución de la providencia impugnada, hasta
tanto se profiera el pronunciamiento motivado que garantice la protección del derecho
fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor ORLANDO ORTIZ
RANGEL, es sujeto activo de la causal de nulidad, toda vez que lo responsabiliza por
infringir la norma (Principio de Legalidad artículo 6° de la Constitución Política, pues
debió actuar en el proceso electoral bajo los principios constitucionales de igualdad,
transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de
la CN, y los principios legales Ley 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986, tales como:
el Principio de la imparcialidad: Ningún partido o grupo político podrá derivar ventaja
sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en
la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y sus
reglamentaciones garantizarán la plena responsabilidad y la imparcialidad política de
los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la
cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir
cualquier función dentro de los organismos electorales.
5. Ordenar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la
sentencia de tutela.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la señora Josefina Jiménez
Torrecilla presentó demanda contra el formulario E-26 del 3 de noviembre de 2024, que
contiene elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel, como alcalde del Municipio
de San Fernando (Bolívar), para el período 2024 – 2027.
4. Según la demanda, el acto administrativo demandado estaba viciado de nulidad,
porque, el 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones para la alcaldía del
Municipio de San Fernando; no obstante, al finalizar la jornada electoral, el material de
las mesas de votación 1 y 2, puesto 40, ubicadas en el corregimiento de La Guadua,
fueron recibidas por los señores Orlando Ortiz Rangel, entonces candidato inscrito a la
contienda, y Felipe Turizo Lobo, padre de otro candidato, se llevaron las llaves de una
urna improvisada, recibieron los documentos electorales, custodiaron el material,
firmaron acta de recibido de los documentos y abrieron el arca con las llaves que tenían
en su poder, es decir, fungieron de facto como claveros en el proceso electoral.
5. En tal sentido, se denunció la pérdida de la cadena de custodia de los documentos
electorales, así como el hecho de que el señor Ortiz Rangel hubiera fungido como clavero
en la contienda electoral en la que participaba como candidato. Por consiguiente, la
elección y posterior designación del señor Ortiz como alcalde del Municipio de San
Fernando debía ser declarada nula, al haber incurrido en la prohibición prevista en el
artículo 152 del Código Electoral.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
6. En consecuencia, la demandante solicitó que se anulen los votos en las mesas
afectadas por la referida irregularidad y se realice un nuevo escrutinio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.
7. Al proceso de nulidad electoral se le asignó el radicado 13001-23-33-000-2023-00437-
00 y correspondió, por reparto, a la Sala de Decisión 7 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, que, en sentencia del 25 de junio de 2024 declaró la nulidad del acto de elección
del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel, como alcalde del Municipio de San Fernando,
para el período 2024 – 2027, por considerar que adolecía de la causal de nulidad prevista
en el artículo 137 del CPACA, al haber sido expedido con infracción de las normas en
las que debía fundarse, específicamente en los artículos 144 a 151 del Código Electoral.
8. Inconformes con la decisión, los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel, demandado,
y Andrés Felipe Turizo, excandidato inscrito a la contienda que dio origen a la
controversia, presentaron recurso de apelación. El primero, alegó que en la sentencia de
primera instancia se realizó una inadecuada valoración de los medios de prueba
allegados al plenario, desconoció la voluntad popular y subestimó las circunstancias de
fuerza mayor que condujeron a que se tuvieran que adoptar las medidas que se tomaron,
pues el estado de las vías retrasó la llegada de los pliegos de las mesas en cuestión.
Además, mencionó que las autoridades competentes, incluyendo el ministerio público,
actuaron de buena fe al utilizar una caja adicional como medida necesaria y urgente para
garantizar la integridad de los documentos y conservar la cadena de custodia.
9. Por su parte, el señor Turizo se opuso al ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia. Adujo que no debió ordenarse la realización de unos
nuevos escrutinios, excluyendo las mesas 1 y 2 del puesto La Guadua, sino que
simplemente debían anularse los votos obtenidos por el demandado en dichas mesas,
pues actuó como clavero en contra de la prohibición contenida en el artículo 151 del
Código Electoral.
10. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025, la Sección Quinta de esta
Corporación3 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda. En su criterio, las pruebas allegadas al plenario resultaron suficientes
para acreditar que la medida que adoptaron las personas que firmaron el acta manuscrita
del 20 de octubre de 2023 para guardar las bolsas de las mesas 1 y 2 del puesto La
Guadua, en estricto sentido, no tienen fundamento en las normas que regulan el
procedimiento de custodia y entrega de los documentos electorales. Sin embargo, en
criterio de la Sala mayoritaria, en el caso analizado existían varias circunstancias que
amparaban la legalidad del acto demandado.
11. En síntesis, explicó que, si bien los artículos 141 de la Ley 1475 de 2011 y 144 del
Código Electoral regulan los tiempos y la recepción del material electoral, dichas normas
no prevén un escenario como el ocurrido, en el que los claveros y escrutadores
concluyeron sus labores a la medianoche, pero el material llegó cuando ya no era posible
recibirlo conforme al procedimiento legal. Por ello, estimó que las decisiones adoptadas
por la personera, el alcalde, el registrador y el delegado de puesto debían evaluarse a la
luz de su eficacia para garantizar la integridad del material electoral, lo cual quedó
3Providencia con salvamentos de voto de los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo
Vanegas Gil, así como aclaración del consejero Luis Alberto Álvarez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
demostrado con la caja de madera provisional, el acta detallada del procedimiento y la
presencia de dos claveros al momento de sellar el material.
12. Adicionalmente, indicó que las pruebas acreditaban que los pliegos fueron
custodiados por la fuerza pública, que ni el señor Turizo ni el demandado manipularon el
material y que la entrega final fue realizada por el delegado de puesto, conforme a su
función. También destacó que los documentos de las mesas 1 y 2 de La Guadua se
entregaron en buen estado y dentro del plazo, por lo que la integridad del material —y
no formalidades aisladas— era determinante para determinar la validez de la elección.
En ese sentido, concluyó que no se desconoció el artículo 144 del Código Electoral y que
la entrega de las llaves a terceros no afectó la custodia ni constituyó un vicio que
justificara la nulidad del acto electoral.
13. En el escrito de tutela, la señora Jiménez Torrecilla adujo que la sentencia del 21 de
agosto de 2025 adolece de los siguientes defectos: i) falta de motivación, pues
reconoce las funciones de los claveros y la posibilidad de reemplazo, pero no explica por
qué considera que no hubo sustitución de dichas funciones, ni expone las razones por
las cuales no se reprocha la actuación irregular del demandado, sustituye el análisis de
la irregularidad principal, por un examen marginal sobre el uso del arca triclave auxiliar;
y ii) fáctico, por omisión e indebida valoración de las pruebas que, en su sentir,
demostraban actos materiales de custodia electoral.
14. Concretamente, alegó que en el proceso se demostró que los señores Ortiz Rangel
y Felipe Turizo ejercieron funciones de claveros; no obstante, decidieron no sancionar su
conducta, pese a que se demostró que incurrieron en la prohibición del artículo 151 del
Código Electoral, permitiendo que se generaran ventajas que fragmentan los principios
de transparencia e igualdad de acceso a los cargos de elección popular.
15. Asimismo, adujo que la decisión censurada contraría la jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Constitucional sobre la aplicación del principio de
transparencia en el proceso electoral y de escrutinio, al haber manifestado que en este
caso el procedimiento fue transparente, pese a que, insistió, se demostró que el
demandado actuó como clavero y que, por tal razón, debió declararse la nulidad de su
elección. Al respecto, trajo a colación las sentencias del 27 de enero de 2022, dictada en
el marco del proceso con radicado 54001-23-33-000-2020-00010-02 y la proferida en el
trámite con radicado 73001-23-33-000-2023-00450-01.
16. Sobre el defecto fáctico, indicó que la sentencia censurada contiene una «valoración
probatoria vaga e insuficiente» que impidió su ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Además, adujo que allí tampoco se realizó una confrontación razonada de los
argumentos y pruebas presentados por la parte actora con los de la parte demandada,
sino que se limitó a exponer conclusiones «genéricas», sin exponer razones por las
cuales prefirió una versión sobre la otra.
17. En particular, mencionó que la autoridad judicial accionada descartó el mérito y
suficiencia probatoria de los siguientes elementos de convicción: i) el video en el que se
observa al candidato Ortiz Rangel abriendo candados y firmando sellos (minuto 02:59),
ii) el interrogatorio de parte en el cual él mismo reconoce su firma en los sellos, y iii) las
pruebas testimoniales que refieren su intervención en actos propios de los claveros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
18. De ese modo, aseguró que la falta de motivación sobre las razones por las cuales
las pruebas antes relacionadas no resultaban suficientes para acreditar la irregularidad
alegada, dejó sin respuesta los puntos esenciales de la controversia y puso a la parte
demandante en un estado de «indefensión», pues no tuvo la posibilidad de entender por
qué se desestimaron sus pretensiones.
19. Agregó que la sentencia «impugnada» le restó mérito al hecho de que se hubiera
demostrado que el señor Ortiz Rangel incurrió en una prohibición legal, al haber ejercido,
de hecho, funciones propias de un clavero, pese a que incluso las describió.
20. Por último, alegó que, dado que para adoptar la decisión tuvo que nombrarse un
conjuez, por tener dos votos a favor y dos en contra, se requieren una valoración
probatoria y una argumentación más exigentes y cuidadosas. Además, expuso que la
falta de motivación se agrava, en la medida en que no se les dio respuesta a los
argumentos contenidos en el salvamento de voto suscrito por los magistrados Pedro
Pablo Vanegas y Omar Joaquín Barreto Suárez, en el cual se reconoció que existió la
pérdida de custodia del material electoral y la entrega de las llaves a los candidatos,
circunstancias que no podían desconocerse.
B. Trámite impartido e intervenciones
21. Mediante auto del 3 de octubre de 20254, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela promovida por la señora Josefina Jiménez
Torrecilla contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en calidad de terceros con
interés, vinculó a los señores Andrés Felipe Turizo Lengua, Rafael Ariza Montenegro y
Liseth Fernanda Meléndez Pacheco; al ciudadano Orlando Francisco Ortiz Rangel, al
Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
22. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, a través de la magistrada ponente de
la providencia cuestionada, indicó que de la lectura del escrito de tutela no era posible
evidenciar verdaderos motivos que permitan concluir la relevancia constitucional del
asunto, en tanto, la parte actora se limitó a exponer su inconformidad con las
consideraciones de la sentencia cuestionada, reiterando incluso argumentos del recurso
de apelación que fue atendido en la providencia.
23. Asimismo, resaltó que el fallo contiene la motivación suficiente y razonable que
condujo a la Sala mayoritaria a concluir que las irregularidades que adujo la demandante
no viciaron el proceso de escrutinio.
24. Por último, sostuvo que en la providencia se resolvió cada uno de los reparos
presentados por el demandante y en específico se valoró el material probatorio obrante
en el expediente para dilucidar lo ocurrido en las mesas 1 y 2 de la zona 99, puesto 40
(La Guadua), así: i) con base en los formularios E-17, E-18, E-20 y AGE, se pudo
constatar la hora de llegada de los documentos electorales al sitio donde se encontraba
el arca triclave y su posterior entrega a los claveros, ii) de conformidad con los
testimonios rendidos y los registros fotográficos, fue posible establecer que los
escrutinios pudieron desarrollarse con normalidad, iii) finalmente, en la providencia se
4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
5 Samai, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
sustentaron las circunstancias por las cuales se consideró que la medida adoptada por
la personera municipal, el acalde, el registrador y el delegado del puesto, de constituir un
arca provisional en el mismo sitio de la original y bajo la custodia de la Policía Nacional,
no constituía ninguna irregularidad que generara la nulidad del acto de elección
25. El Tribunal Administrativo de Bolívar6, a través del magistrado ponente de la
decisión censurada, solicitó que se le desvinculara del presente trámite, por considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, dado que la acción de
tutela está dirigida exclusivamente contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025,
por la Sección Quinta de esta Corporación. No obstante, luego de realizar un recuento
del trámite que se le imprimió a la demanda de nulidad electoral, aclaró que el mismo fue
adecuado y que en la sentencia de primera instancia se fundó en un análisis fáctico y
probatorio pertinente.
26. Adicionalmente, allegó copia digitalizada del expediente del proceso de nulidad
electoral con radicado 13001-23-33-000-2023-00437-007.
27. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 también pidió que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que los reproches expuestos en el escrito
de tutela están exclusivamente relacionados con la decisión judicial adoptada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia del 21 de agosto de 2025, por lo
tanto, teniendo en cuenta que no tiene funciones jurisdiccionales, no era la llamada a
responder sobre la supuesta vulneración alegada.
28. El señor Andrés Felipe Turizo Lengua9, excandidato a la alcaldía del Municipio de
San Fernando, solicitó que se acceda a la solicitud de amparo, pues, en su criterio, la
providencia cuestionada debe reemplazarse por una en la que se decrete la nulidad del
acto de elección del señor Orlando Ortiz, dada la pérdida de la custodia del material
electoral, en virtud del artículo 144 del Código Electoral y por haber ejercido funciones
de clavero en los comicios celebrados el 29 de octubre de 2023. En lo demás, reiteró en
su integridad los argumentos expuestos por la señora Jiménez Torrecilla en la demanda.
29. El Consejo Nacional Electoral10 solicitó que se le desvinculara del presente
proceso, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
30. Los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que
fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.
C. Fallo impugnado
31. En sentencia del 17 de octubre de 202511, la Sección Primera de esta Corporación
declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no satisface el requisito de
relevancia constitucional.
6 Samai, índice 10 del expediente de tutela de primera instancia.
7 Samai, índice 11 del expediente de tutela de primera instancia.
8 Samai, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia.
9 Samai, índice 13 del expediente de tutela de primera instancia.
10 Samai, índice 8 del expediente de tutela de primera instancia.
11 Samai, índice 19 de expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
32. Para fundamentar su decisión, el a quo indicó que la controversia que propone la
parte actora implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y
del cual se pretende constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos
expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se debió declarar la
nulidad electoral planteada, asunto que ya fue resuelto por la Sección Quinta.
33. En su criterio, lo pretendido por la parte actora es que el juez de tutela haga un nuevo
examen integral de los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, con la finalidad de que se haga una corrección
del análisis efectuado por la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que
propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional del
proceso ordinario.
D. Impugnación
34. En la impugnación, la señora Josefina Jiménez Torrecilla manifestó su inconformidad
con la sentencia de primera instancia, por considerar que adolece de una escasa
valoración probatoria, de una carente apreciación de los hechos que sirvieron de
fundamento para la tutela, se dictó con fundamento en unos preceptos legales y
jurisprudenciales que no aplican al caso y en una clara desviación del núcleo fáctico de
la tutela.
35. Adujo que la relevancia constitucional del asunto «es evidente», pues carece de
motivación en relación con la cuestión de si el señor Ortiz Rangel debía o no declararse
impedido para desempeñar funciones de clavero.
36. Aseguró que su intención no es reabrir un debate que ya fue resuelto en sede
ordinaria, sino el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, pues la autoridad judicial accionada no motivó la sentencia
en relación con los hechos y pretensiones de la demanda de nulidad electoral, la cual
tenía como final que se determinara si el señor Ortiz Rangel desempeñó o no funciones
de clavero, el 30 de octubre de 2023.
37. En lo restante, reiteró que el demandado en el proceso ordinario incurrió en la causal
prevista en el artículo 151 del Código Electoral e insistió en todos los demás argumentos
expuestos en la demanda de tutela.
E. Trámite en segunda instancia
38. El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para conocer el
presente asunto, por amistad íntima con el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez,
integrante de la Sección Quinta de esta Corporación y suscriptor de la sentencia de
segunda instancia aquí cuestionada.
II. CONSIDERACIONES
F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez
39. Previo a pronunciarse respecto de la solicitud de amparo, la Sala estima
necesario referirse al impedimento manifestado por el consejero Fernando Alexei Pardo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
Flórez, quien informó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con
el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de
esta Corporación y suscriptor de la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de
presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el
acompañamiento mutuo y permanente «en momentos significativos de [sus] vidas (logros
e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal:
«que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial».
40. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.
41. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CPP,
dispone:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
42. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, lapso durante el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e
independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará
fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.
G. Competencia
43. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
H. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 17
de octubre de 2025 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que declaró
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
improcedente la petición de amparo, por considerar que no satisface el requisito de
relevancia constitucional.
I. Análisis de la Sala
Incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
45. De entrada, la Sala advierte que, tal como lo planteó el juez de tutela de primera
instancia, la solicitud de amparo que se analiza no satisface el requisito de relevancia
constitucional y, por ende, se confirmará la sentencia impugnada.
46. En efecto, como acertadamente lo consideró el a quo, la presente acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque el debate que propone la
demandante ya fue objeto de pronunciamiento judicial por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, máxima autoridad judicial facultada para interpretar las normas en
asuntos electorales. La referida autoridad judicial, mediante la sentencia aquí
cuestionada, explicó razonablemente que, dado que las circunstancias en las que
ocurrieron los hechos no se encuentran previstas en la ley, la conducta del señor Ortiz
Rangel debía evaluarse en términos de la eficacia de la medida adoptada para
salvaguardar y garantizar la integridad del material electoral, lo cual quedó plenamente
demostrado en el proceso y, por consiguiente, la actuación reprochada no constituía un
vicio con el mérito declarar la nulidad del acto de elección.
47. Pese a que en la impugnación la señora Josefina Jiménez Torrecilla se opuso a la
decisión de primera instancia bajo el argumento de que su pretensión no es reabrir el
debate que ya se surtió en el proceso ordinario, sino obtener la protección de sus
derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la injustificada variación del
objeto de la controversia, lo cierto es que, como se expondrá a continuación, la Sección
Quinta de esta Corporación resolvió los cuestionamientos de la demanda y definió la
controversia de forma adecuada, razonable y coherente con lo solicitado y con la
finalidad del medio de control de nulidad electoral.
48. En el escrito de tutela y en la impugnación, la accionante insistió en que la autoridad
judicial accionada se ocupó de evaluar la incidencia de la irregularidad en los escrutinios
y no la irregularidad en sí misma, que fue realmente el reproche planteado en la
demanda, por lo que el pronunciamiento debió limitarse a resolver dicho planteamiento.
49. Al respecto, lo primero que se destaca es que, en la providencia aquí censurada, la
Sección Quinta empezó por explicar a la hoy accionante que el artículo 141 de la Ley
1475 de 2011 establece que los escrutinios del día de las elecciones deben terminar a
las 12 de la noche, con base en las actas que se vayan recibiendo y, reanudarse, si es
del caso, a las 9 de la mañana del día siguiente. A su vez, el artículo 144 del Código
Electoral prevé la posibilidad de que los documentos electorales de los corregimientos y
zonas rurales se reciban en términos más amplios, debido a las eventuales dificultades
de acceso y transporte.
50. No obstante, señaló que las normas antes mencionadas no contienen un supuesto
de hecho en el que, como el caso que analizaba, las labores de las autoridades
involucradas (claveros y escrutadores) terminan a las 12 de la noche del día de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
elecciones, pero el material llega a una hora en la que no es posible para el delegado del
puesto entregarlo, de conformidad con el procedimiento legal.
51. En ese orden, consideró que las medidas adoptadas por la personera, el alcalde, el
registrador y el delegado de puesto debían analizarse de conformidad con su efectividad
para salvaguardar la integridad del material electoral. Es así que, desde esa perspectiva
el suministro de una caja de madera provisional y la elaboración de un acta en la que
quedó constancia del procedimiento realizado, así como de las personas que participaron
en el mismo, demostraba la transparencia y diligencia con la que actuaron los
involucrados.
52. Además, aclaró que, si bien se entregaron las llaves a un candidato y al padre de
otro, estos nunca sustituyeron a los claveros y, de hecho, dos de ellos se encontraban
presentes al momento de guardar los pliegos en el depósito adicional.
53. De otro lado, manifestó que las pruebas documentales y testimoniales daban cuenta
de que los pliegos electorales fueron custodiados por la fuerza pública en el colegio
donde se realizaron los escrutinios y dan fe de que ni el señor Turizo, ni el demandado
manipularon las bolsas, al punto en que, quien las extrajo de la caja de madera
improvisada y las entregó a los claveros el 30 de octubre fue el delegado de puesto,
según le correspondía.
54. Por último, adujo que en el proceso se demostró que los documentos de las mesas
1 y 2 de La Guadua fueron entregados en buen estado y dentro del plazo señalado. A su
juicio, la integridad de los documentos era relevante para determinar la legalidad de la
elección, comoquiera que el propósito de las normas es justamente la conservación de
los documentos. En otras palabras, la Sala mayoritaria de la Sección Quinta de esta
Corporación consideró que, sin restar trascendencia a los procedimientos previstos en la
ley en materia electoral, en casos como que analizaba, era necesario analizar el grado
de incidencia o trascendencia en las irregularidades en la expedición del acto.
55. En conclusión, sostuvo que no se advertía desconocido el artículo 144 del inciso
segundo del Código Electoral, habida cuenta de que el delegado sí cumplió, en términos
de razonabilidad, con su deber de custodiar el material electoral y la entrega de las llaves
de la urna auxiliar a los señores Ortiz Rangel y Turizo Lobo no enervó dicho deber de
custodia ni configuró vicio alguno que diera lugar a declarar la nulidad de la elección.
56. Así, aunque la señora Jiménez Torrecilla insista en que la Sección Quinta se dedicó
a analizar el asunto tangencial sobre la incidencia de la irregularidad en el resultado
electoral, en lugar de «sancionar» la conducta del demandado, quien, se demostró, actuó
de facto como clavero en la contienda en la que fue elegido como alcalde del Municipio
de San Fernando (Bolívar), lo cierto es que en la providencia cuestionada no se
desconoció que la medidas adoptadas para guardar el material electoral de las mesas 1
y 2 del puesto La Guadua no encuentran ningún sustento en el procedimiento de custodia
y entrega de los documentos electorales; no obstante, también se aclaró que dicha
circunstancia obedeció a que la norma no prevé un escenario fáctico como que el ocurrió
en el caso que analizaba y, en ese sentido, no existía un trámite legalmente establecido
cuyo desconocimiento o transgresión pudiera reprocharse al demandado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
57. Así las cosas, la autoridad judicial accionada optó por analizar la legalidad del acto
demandado a partir de la conducta desplegada por el demandante y en términos de
eficacia para la conservación del material electoral y concluyó: i) que su actuación fue
transparente, ii) que el material electoral no fue manipulado, iii) que fue debidamente
custodiado por miembros de la fuerza pública, hasta que se hizo la entrega
correspondiente y iv) que el hecho de que se le hubiera entregado la llave de la urna
improvisada al señor Ortiz Rangel, de ninguna manera daba lugar a que se considera
que actuó como clavero.
58. Quiere decir lo anterior que, contrario a lo sostenido por la accionante a lo largo del
proceso ordinario y ahora en sede de tutela, para la autoridad judicial accionada, el
demandado no actuó como clavero en el proceso electoral y su conducta, considerando
las especiales circunstancias en las que ocurrió el hecho, permitió que se conservara la
integridad del material electoral de las mesas 1 y 2 de La Guadua, lo que, en conjunto,
impedía desvirtuar la legalidad del acto de elección cuestionado.
59. Entonces, el debate sobre si el señor Ortiz Rangel actuó o no como clavero y si su
conducta daba lugar a la declaratoria de nulidad de su elección como alcalde de San
Fernando, tal y como fue planteado en esta sede judicial, ya fue objeto de
pronunciamiento judicial, el cual, además, a juicio de esta Sala, es absolutamente
razonable.
60. Valga señalar que la función del juez de ninguna manera se contrae a realizar una
automática e irreflexiva aplicación de la ley, sino que, por el contrario, el operador judicial
tiene el deber de interpretarla y aplicarla de conformidad con las circunstancias
particulares de cada caso, pues su fin esencial es el de administrar justicia. Al respecto,
la Corte Constitucional12 ha sostenido:
El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario
que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante
de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su
Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del
derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez,
constituyen el ideal de la justicia material”.
61. De modo que el ejercicio interpretativo efectuado en la providencia que aquí se
cuestiona no merece ningún reproche desde el punto de vista constitucional, antes, por
el contrario, se aprecia contextualizado, prudente y adecuado, de cara a las especiales
condiciones en las que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la demanda de nulidad.
62. Ahora bien, la Sala estima que el cargo por supuesto desconocimiento del
precedente jurisprudencial también carece de relevancia constitucional, no solo porque,
como los demás, constituye una reiteración desmesurada del debate que surtió en el
proceso, sino porque, además, carece de una carga argumentativa mínima que permita
al juez del amparo adentrarse en su análisis de fondo.
12 Corte Constitucional, sentencia C - 086 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
63. En efecto, en los casos en los que se pretenda el amparo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial la Corte Constitucional13 ha dicho: «la existencia de un
precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se
contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que
se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii)
que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
64. No obstante, en el caso concreto, tanto en la demanda como en la impugnación, la
accionante se limitó a transcribir las consideraciones de varias providencias del Consejo
de Estado y, si bien expuso que en una de ellas se retiró el contenido del artículo 151 del
Código Electoral, lo cierto es que no identificó las reglas o subreglas supuestamente
desconocidas, ni explicó por qué debían ser aplicadas en este caso. De modo que, en
cuanto a este cargo, la demanda carece de una carga argumentativa mínima que permita
al juez constitucional abordar su estudio de fondo.
65. De otro lado, la Sala advierte que en la presente acción de amparo también se
cuestionó que la providencia no hubiera dado respuesta a los argumentos esbozados en
el salvamento de voto de los magistrados Pedro Pablo Vanegas y Omar Joaquín Barreto,
los cuales sustentaban su tesis y demostraban que el acto demandado debió ser
declarado nulo.
66. Al respecto, conviene señalar que las aclaraciones y los salvamentos de voto son
instrumentos con que cuentan los jueces colegiados, bien para hacer precisión sobre
ciertas razones expuestas en la sentencia, ora para apartarse de la misma. Como se
sabe, previo a su aprobación, todo proyecto de sentencia debe someterse al escrutinio
de cada uno de los integrantes de la Corporación Judicial, Sala o Sección, según el caso.
Justamente allí, en esa dinámica deliberativa, es que se presentan las aclaraciones y los
salvamentos, a manera de voto particular frente a la decisión final.
67. Las aclaraciones y salvamentos son, pues, parte del ejercicio cotidiano de la
administración de justicia. Por tanto, el hecho de que un magistrado formule
observaciones, reparos o exprese desacuerdo frente a una sentencia no implica per se
que la decisión mayoritaria sea equivocada o que adolezca de algún vicio o irregularidad.
68. De ese modo, el voto disidente de los magistrados antes mencionados es una
expresión del principio de autonomía e independencia judicial, pero no vicia de invalidez
constitucional la providencia aquí censurada.
69. En suma, partiendo de que existe una decisión dictada por la máxima autoridad
judicial competente para la interpretación de las normas electorales, en la que se
abordaron de manera íntegra los cargos de la demanda, y se explicaron detalladamente
las razones por las cuales se desestimó la postura de la parte actora, la insistencia en el
mismo asunto no puede entenderse sino como una reiteración del debate, que no
trasciende a la esfera de los derechos fundamentales, pues se limita a replantear la
13 Sentencia T- 482 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
cuestión de si el señor Ortiz Rangel fungió o no como clavero en la contienda electoral
en la que fue elegido como alcalde del Municipio de San Fernando.
70. En definitiva, la señora Jiménez Torrecilla desconoce que la autoridad judicial
accionada desestimó de forma directa, suficiente, coherente y razonable su postura y
que, además, le advirtió que su pretensión no estaba llamada a prosperar, toda vez que
existían circunstancias verificables que demostraban la legalidad del acto de elección
demandado.
71. Este instrumento constitucional no constituye una instancia adicional del proceso
ordinario para que la parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la demanda
está desprovista de razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar por
superado el requisito de relevancia constitucional o si, como en este caso, el asunto fue
definido por una alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la propia Corte Constitucional
ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a simple vista14.
72. Conviene precisar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales15. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales16. (Se destaca).
73. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y que
sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de la
providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa con
los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser desconocidos
por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala confirmará la sentencia del 17
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación.
14 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
15 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla
74. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado
del conocimiento de la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.