Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00437-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00437-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2023-00437-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas
Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel – alcalde de San Fernando
(Bolívar) – Período 2024-2027
Temas: Custodia de los documentos electorales. Funciones del
delegado de puesto y de los claveros.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
En consideración a que la ponencia presentada inicialmente no obtuvo la mayoría
necesaria para su aprobación en la Sala de 17 de julio de 2025, se decide el recurso de
apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 25 de junio de 2024, por
la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de su elección como alcalde
de San Fernando (Bolívar).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1. La señora Josefina Jiménez Torrecillas, en nombre propio, instauró demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, para
obtener la nulidad del acto de elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel como
alcalde del municipio de San Fernando (Bolívar), período 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 del 3 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora
General2.
1.1.1. Hechos
2. La demandante relató los que se exponen a continuación:
3. Los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel y Andrés Felipe Turizo Lengua fueron
candidatos a la Alcaldía de San Fernando (Bolívar) por los partidos Conservador y de la
U, respectivamente, en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
4. Los escrutinios iniciaron ese mismo día, a cargo de la comisión escrutadora municipal,
conformada por los señores Juan David Molina Pérez y Óscar Eduardo Rojas Rincón, en
1
La demanda reformada el 30 de noviembre de 2023, en cuanto a los hechos y el concepto de violación. Mediante auto de 25 de
enero de 2024, el magistrado ponente en el tribunal la admitió, por cumplir los requisitos del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011.
2
La Comisión Escrutadora Municipal de San Fernando se abstuvo de declarar la elección, de conformidad con el formulario E-26 ALC
expedido el 2 de noviembre de 2023.
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Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas
Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel
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la que actuó como secretario el registrador municipal, señor Christian Javier González
Vásquez.
5. Fueron designados claveros, el alcalde Jorge Luis Yepes Morales, la juez Tania Milena
Molinello Nieves y el registrador municipal Christian Javier González Vásquez.
6. Según el formulario E-20, a las 12:07 de la noche se cerró el arca triclave con los
documentos electorales de 34 de las 36 mesas de votación que funcionaron en los 13
puestos del municipio de San Fernando y los tres claveros dejaron constancia de que
faltaron los correspondientes a las dos mesas instaladas en el corregimiento «La
Guadua». A continuación, la juez-clavero Tania Molinello Nieves se ausentó del recinto.
7. El delegado de puesto de la Registraduría, señor Víctor Hugo Altamar, llegó al lugar
de los escrutinios con el material faltante a la 1:51 a.m. del 30 de octubre de 2023 y lo
depositó en un arca triclave diferente a la única que debió funcionar. Se utilizaron dos
candados y se entregaron las llaves al candidato Orlando Ortiz Rangel y al señor Felipe
Turizo Lobo, en representación del candidato Andrés Felipe Turizo Lengua, quienes
actuaron como claveros «de hecho», según consta en el acta suscrita por las siguientes
personas:
• Yennifer Calderín, personera
• Jorge Luis Yepes Morales, alcalde
• Christian Javier González Vásquez, registrador
• Orlando Ortiz Rangel, candidato del partido Conservador
• Felipe Turizo Lobo, padre y representante del candidato Andrés Felipe Turizo
Lengua
• Víctor Hugo Altamar, delegado de puesto «La Guadua»
• Fairuz Abdala, funcionaria de la Registraduría
8. La comisión escrutadora municipal se abstuvo de declarar la elección y finalmente lo
hizo la general, mediante el acto acusado.
1.1.2. Concepto de la violación
9. La parte actora atribuye al acto acusado las causales de nulidad previstas en los
artículos 137 y 275.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
10. De acuerdo con lo narrado en los hechos, el demandado y el padre del candidato
Andrés Felipe Turizo Lengua ejercieron las funciones que establecen los artículos 145 a
148 del Código Electoral para los claveros, porque recibieron los pliegos electorales de
dos mesas de votación, los introdujeron en un arca triclave no oficial, custodiaron las
llaves que la cerraron y firmaron un acta donde quedó constancia de un procedimiento
distinto al establecido en el artículo 144 ibidem. De esta forma, argumenta que se perdió
la cadena de custodia de los documentos y que el personero, el alcalde y el registrador
municipal permitieron la actuación de «funcionarios de hecho»3.
3
Al respecto, citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de mayo de 2018, Rad. 85001-23-31-000-
2012-00014-01(1946-14), MP. César Palomino Cortés. Sentencia de 9 de junio de 2011, Rad. 85001-23-30-000-2005-00571-01(1457-
08), MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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11. Considera que el demandado y el señor Felipe Turizo Lobo debieron declararse
impedidos para ser claveros, según lo dispuesto en el artículo 11, numeral 1 del CPACA,
en concordancia con los artículos 151 y 192.10 del Código Electoral. Explica que las
prohibiciones para actuar como jurados, escrutadores y claveros están consagradas
legalmente para garantizar el principio de imparcialidad en los escrutinios y evitar
ventajas para los candidatos que tengan lazos familiares con aquellos funcionarios
transitorios.
12. En consecuencia, pretende que se anulen los votos de ambos candidatos en las dos
mesas afectadas y se realice un nuevo escrutinio, de acuerdo con el numeral 4 del
artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.
1.2. Actuaciones procesales relevantes
1.2.1. Admisión de la demanda y trámite de la medida cautelar
13. El magistrado ponente del proceso en el tribunal admitió la demanda y su reforma
mediante autos de 22 de noviembre de 2023 y 25 de enero de 2025.
14. Por su parte, la Sala de Decisión 007 del tribunal denegó la medida cautelar de
suspensión provisional solicitada por la demandante, a través de auto de 12 de enero de
2025. En respaldo de la decisión, consideró que en ese momento procesal no existían
pruebas que acreditaran la actuación de funcionarios de hecho como claveros ni que se
hubiese afectado la custodia del material electoral.
1.2.2. Contestación de la demanda e intervención de un tercero
15. El señor Andrés Felipe Turizo Lengua, excandidato a la Alcaldía de San Fernando
(Bolívar), intervino en el proceso para coadyuvar la pretensión de nulidad. Por medio de
apoderada, manifestó que el demandado debió declararse impedido para actuar como
clavero, pues los artículos 149 y 151 del Código Electoral prohíben que ante la falta de
ellos se suplan con candidatos.
16. Reprochó que su padre y el demandado aceptaran las llaves del arca donde se
introdujeron los pliegos electorales de las dos mesas instaladas en el corregimiento «Las
Guaduas» y adujo que esa circunstancia afectó la cadena de custodia. Señaló que el
delegado de ese puesto debió entregar los documentos a la comisión escrutadora
municipal antes de las 11:59 p.m. del 29 de octubre de 2023, pues no hubo alteración del
orden público o alguna circunstancia que lo impidiera.
17. Concluyó que deben excluirse los votos obtenidos por ambos candidatos en las
mesas afectadas, así:
TOTAL TOTAL VOTOS NUEVA
CANDIDATO MESA 1 MESA 2
DESCUENTO E-26 VOTACIÓN
Orlando Francisco Ortiz Rangel 170 36 206 3.450 3.244
Andrés Felipe Turizo Lengua 96 21 117 3.371 3.254
18. Explicó que la votación incide en el resultado que declaró el acto acusado, pues la
diferencia entre los candidatos señalados fue de 79 votos.
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19. El Consejo Nacional Electoral destacó que los pliegos electorales fueron
introducidos en términos, de acuerdo con el acta general de escrutinio municipal y los
formularios E-17 de las respectivas mesas. Por otra parte, destacó que no se allegaron
los registros civiles de nacimiento que demuestren el parentesco que alega la parte actora
ni acreditó haber presentado apelaciones durante los escrutinios para agotar la vía
gubernativa.
20. Por último, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y que se
desvinculara a la corporación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
21. La Registraduría Nacional del Estado Civil propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que la entidad no profirió el acto acusado. Al
respecto, destacó que sus funciones tienen que ver con la organización de las elecciones
y subrayó que no le corresponde verificar si los candidatos están incursos en causales
de inhabilidad, pues parte del supuesto de que la demanda tiene que ver con este asunto.
22. La señora Liseth Fernanda Meléndez Pacheco intervino en el proceso para
coadyuvar la contestación del Consejo Nacional Electoral4. En ese sentido, consideró que
la entrega de los documentos electorales de las mesas objeto de la controversia se hizo
conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código Electoral y que no se perdió la
cadena de custodia.
23. Señaló que «se encuentra acreditado que el Delegado del Registrador en el
corregimiento de la Guadua, acompañado siempre de la fuerza pública, entregó el
material electoral recibido a los claveros designados conforme a las disposiciones del
Código Electoral, dentro de la oportunidad prevista [en la] Resolución No. 24834 del 25
de octubre de 2023 proferida por la Registraduria (sic) Nacional del Estado Civil, tal
como aparece acreditado de los formularios electorales E 19 y E 20».
24. Agregó que en el caso que se estudia nunca dejaron de actuar los claveros
legalmente nombrados y que solo existió un arca. Sobre el punto, trajo a colación un
antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el cual se estudió un caso
donde depositó parte de los documentos electorales en un «envoltorio» ajeno al arca
triclave, por falta de espacio, sin que esto afectara su integridad y seguridad5. Igualmente,
refirió una sentencia de la misma sala, en la que prevaleció la voluntad popular sobre una
irregularidad en la designación de un clavero6.
1.2.3. Audiencia inicial y de pruebas
25. El 19 de marzo de 2024 se realizó la audiencia inicial, conforme a lo dispuesto en el
artículo 283 de la Ley 1437 de 2011. Allí se fijó el litigio, en los siguientes términos:
Establecer si en el sub examine se encuentran probadas las siguientes irregularidades
enunciadas por la parte actora, que presuntamente ocurrieron en las mesas 1 y 2 del puesto
40, zona 99 del corregimiento La Guadua del municipio de San Fernando:
4
Admitida en la audiencia inicial.
5
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de abril de 2005, Rad. 05001-23-31-000-2003-04021-01(3509), MP. María
Nohemí Hernández Pinzón.
6
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de abril de 2002, Rad. 73001-23-31-000-2000-3619-02(2839), MP. Darío
Quiñones Pinilla.
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• Que los señores Orlando Ortiz Rangel, candidato a la alcaldía por el Partido
Conservador Colombiano, y Felipe Turizo Lobo, padre y representante de (sic)
candidato del partido de la “U” a la alcaldía Andrés Felipe Turizo lengua, presuntamente
ejercieron funciones que le correspondían a los claveros, con relación a los
documentos electorales del corregimiento “La Guadua”, tales como: recibir pliegos
electorales, introducirlos en un arca triclave, firmar el acta donde se señala su
introducción y el estado de los sobres, y custodiar los documentos electorales de ese
puesto de votación; convirtiéndose con ello en unos funcionarios de hecho, al fungir
como verdaderos claveros.
• El delegado de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Corregimiento
de “La Guadua” -VICTOR HUGO ALTAMAR-, no entregó a quien por ley debía
entregarle, como era a los claveros, la custodia de los pliegos electorales de las dos
mesas de dicho puesto de votación.
• Se utilizó presuntamente un arca triclave diferente a la que se había implementado
para guardar los pliegos electorales del debate que se realizó en San Fernando –
Bolívar, el día 29 de octubre de 2023.
• No existe certeza sobre quien (sic) extrajo los documentos electorales de las mesas 1
y 2 del puesto 40, zona 99 del corregimiento La Guadua, así como a quien (sic) se le
entregaron, afectando su cadena de custodia.
De encontrarse probadas las citadas irregularidades, determinar ¿si tienen la virtualidad de
afectar la legalidad del acto de elección del señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL
como alcalde del municipio de San Fernando – Bolívar para el período 2024-2027?
26. En cuanto a las pruebas, se dispuso tener como tales las documentales aportadas
por los sujetos procesales. También se decretaron los testimonios de las personas que
intervinieron en la entrega y recibo de los documentos electorales de las mesas 1 y 2 del
puesto «La Guadua» y el interrogatorio de parte del demandado. Igualmente, se ordenó
oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera los formularios E-
17, E-19 y E-20 correspondientes a las mesas de votación referidas y el censo electoral
del municipio de San Fernando (Bolívar) que se utilizó para las elecciones del 29 de
octubre de 2023.
27. En la audiencia de pruebas realizada el 8 de abril de 2024, se incorporaron los
documentos decretados, se aceptó el desistimiento de algunos testimonios y se
recibieron las declaraciones de los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel, en la
condición de demandado; Yennifer Calderín Barrios, personera de San Fernando; Fabián
Oliveros Morales, testigo del partido de la U y Felipe Turizo Lobo, padre del excandidato
Andrés Felipe Turizo Lengua.
1.3. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de la elección del demandado
como alcalde del municipio de San Fernando, el 25 de junio de 2024. La decisión estuvo
sustentada en la infracción de las normas en que debió fundarse el acto acusado,
específicamente, los artículos 144 a 151 del Código Electoral.
29. A partir de las pruebas documentales y testimoniales decretadas en el proceso,
explicó que el delegado del puesto denominado «La Guadua» llegó al colegio donde
debían realizarse los escrutinios a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023, debido a la
distancia y las dificultades de transporte. A esa hora el arca triclave había sido cerrada
con el material de las demás mesas y solo se encontraban dos de los tres claveros, lo
que llevó a las autoridades allí presentes a guardar las bolsas faltantes en una «urna
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improvisada» suministrada por el registrador municipal, cerrada con dos candados, cuyas
llaves fueron entregadas al demandado y al padre del excandidato Andrés Turizo.
30. Consideró que el procedimiento descrito expone varias irregularidades. Primero, la
ausencia de uno de los claveros debió suplirse con un ciudadano de reconocida
honorabilidad, escogido de común acuerdo por los otros dos. Segundo, se perdió la
cadena de custodia por haber depositado el material electoral en un sitio distinto al
contemplado en la ley. Tercero, la entrega de las llaves por parte del delegado de puesto
constituyó un traslado de funciones públicas que desatendió la prohibición de
subdelegación, prevista en el artículo 11, numeral 2 de la Ley 489 de 1998.
31. Aclaró que la prueba de que el material se entregó en buen estado a los claveros no
es suficiente para negar la nulidad, «debido a que el procedimiento electoral, es reglado
en todas sus etapas; por lo que el sólo desconocimiento de cualquiera de las normas que
lo regulan; en principio, afecta la legalidad del acto de elección».
32. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor Andrés
Turizo Lengua, dado que en el proceso electoral el demandado es el elegido o nombrado.
33. A través de auto de 15 de agosto de 2024, negó la solicitud de aclaración del fallo
presentada por el demandado, pues no recayó sobre conceptos o frases que ofrecieran
dudas, en los términos del artículo 285 del Código General del Proceso, sino que exponía
inconformidades con la providencia. Adicionalmente, el tribunal aclaró el numeral
segundo, en el sentido de ordenar la cancelación de la credencial del alcalde.
1.4. Recursos de apelación
1.4.1. Demandado
34. Propuso la nulidad de lo actuado, con fundamento en las causales de los numerales
2 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. Sostuvo que se afectó su defensa
técnica al haberse notificado el auto admisorio, el traslado de la medida cautelar y la
reforma de la demanda a un correo electrónico incorrecto, lo cual se corrigió hasta el 26
de enero de 2024. Además, anotó que la medida cautelar se debió resolver al momento
de la admisión de la demanda, según el artículo 277 del CPACA.
35. Atacó la decisión de fondo porque realizó una indebida valoración de las pruebas
testimoniales, desconoció la voluntad popular y subestimó las circunstancias de fuerza
mayor que rodearon el caso.
36. Explicó que el estado de las vías retrasó la llegada de los pliegos de las mesas en
cuestión y destacó que las autoridades competentes, incluido el Ministerio Público,
actuaron de buena fe al utilizar una caja adicional como medida necesaria y urgente para
garantizar su integridad y cadena de custodia, en lugar de forzar el arca triclave ante la
ausencia de uno de los claveros. Precisó que los artículos 146 y 147 del Código Electoral
autorizan a las delegaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para
suministrar dichas arcas y utilizar locales u oficinas adicionales cuando el volumen de los
documentos lo amerite.
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37. Afirmó que la entrega temporal de las llaves de la caja de madera donde se depositó
el material no supuso el ejercicio de las funciones de claveros ni la sustitución de alguno
de ellos, en los términos de los artículos 148 y 149 del Código Electoral. Tampoco
encuadró en un acto de delegación de funciones, conforme a los artículos 10 y 11 de la
Ley 489 de 1998, toda vez que «no se trata de una transferencia de competencias o
responsabilidades administrativas, sino de una medida temporal y excepcional para
proteger el material electoral bajo circunstancias adversas».
38. Subrayó que los documentos electorales fueron custodiados en el lugar de los
escrutinios por la «UNDMO»7, la Policía y el Ejército Nacional y finalmente se entregaron
oportunamente por el delegado de puesto a los claveros, de acuerdo con el artículo 144
del Código Electoral.
39. La decisión apelada privilegió las formalidades sobre lo sustancial, contrario a lo
dispuesto en los artículos 53 y 228 de la Constitución Política. En tal sentido, argumentó
que el tribunal no tuvo en cuenta que la entrega de pliegos electorales en ocasiones
impone decisiones frente a situaciones imprevisibles.
40. En esa línea, señaló que el Consejo de Estado ha advertido que no todas las
irregularidades del procedimiento electoral generan la nulidad de la elección8. Por lo
mismo, adujo que se desconoció el principio de eficacia del voto y el derecho a elegir y
ser elegido.
1.4.2. Del excandidato Andrés Felipe Turizo Lengua
41. Se opuso concretamente a lo resuelto en el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia, en cuanto ordenó realizar nuevos escrutinios, excluyendo las mesas 1 y 2 del
puesto «La Guadua». Al respecto, explicó que deben anularse exclusivamente los votos
obtenidos por el demandado en dichas mesas, pues actuó como clavero en contra de la
prohibición del artículo 151 del Código Electoral.
1.5. Trámite en segunda instancia
42. El 14 de noviembre de 2024, se devolvió el expediente al tribunal para que resolviera
la solicitud de nulidad procesal formulada por el demandado en el recurso de apelación,
la cual fue negada el 13 de diciembre del mismo año.
43. El 7 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el
demandado contra el fallo de primera instancia, mientras que el 3 de marzo de 2025 se
rechazó el presentado por el señor Andrés Felipe Turizo Lengua, por extemporáneo.
44. El control de legalidad solicitado por el demandado frente a la legitimación del señor
Turizo Lengua. Sobre el punto, se explicó que «[e]n atención a que el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada del señor Turizo Lengua fue rechazado, la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar referente a la participación de
7
Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.
8
Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 2 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2014-00107—00 (Principal),
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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este en el proceso de la referencia quedó en firme y, por tanto, este ya no hace parte del
trámite judicial».
1.7.1. Alegatos de conclusión
45. La demandante solicitó que se confirmara la sentencia apelada, teniendo en cuenta
que las pruebas demuestran que el demandado desempeñó funciones de clavero y no
se declaró impedido, en contra de lo regulado en los artículos 151 y 192.10 del Código
Electoral. De ahí deduce que deben excluirse los 206 votos que obtuvo en las mesas
afectadas, porque se computaron con violación al sistema constitucional y legalmente
establecido y con la participación de un ciudadano impedido para ser clavero, lo cual
encuadra en las causales de nulidad previstas en los numerales 4 y 6 del artículo 275 del
CPACA.
46. El demandado alegó que la tesis del tribunal es errada e insistió en que las medidas
adoptadas por las autoridades propendieron por la protección del material electoral, sin
ponderar que este no sufrió ninguna alteración. Por ello, consideró que el fallo de primera
instancia, «en lugar de brindar garantías a la ciudadanía, lo que hace es sacrificar la
democracia por una mera formalidad». Por lo demás, reiteró los argumentos del recurso
de apelación.
1.7.2. Concepto del Ministerio Público
47. La procuradora séptima delegada ante esta corporación no se pronunció.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
48. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el
demandado contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 1509 y 152, numeral 7, literal a)10 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado11.
2.2. Cuestiones previas
49. Antes de abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte tres aspectos de
naturaleza procesal que ameritan ser analizados. En primer lugar, el tribunal omitió
pronunciarse sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegaron como
excepción el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por
consiguiente, corresponde hacerlo en esta instancia, habida cuenta que el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011 dispone que «[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada».
9
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
10
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales (…)».
11
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.-
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…) Sección Quinta: 1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección popular (…).
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50. En el caso del CNE, no se observan argumentos que sustenten su solicitud. Por el
contrario, se opuso a las pretensiones de la demanda, a partir del análisis de las pruebas.
Particularmente, señaló que los pliegos de las mesas del puesto «La Guadua» fueron
introducidos en tiempo, según las constancias de los formularios E-17, E-19 y E-20.
Además, destacó que no se probó el parentesco alegado entre uno de los candidatos y
la persona que tuvo las llaves de la urna donde se depositaron los pliegos de las mesas
indicadas, en el marco de la causal de nulidad del numeral 6 del artículo 275 de la Ley
1437 de 2011.
51. Así las cosas, no es posible declarar probada una excepción que solo fue
mencionada al final de la contestación de la demanda, pero que está desprovista de
razones sobre los motivos para concluir que la entidad no debió ser vinculada al proceso.
52. Frente a la RNEC, la falta de legitimación está soportada en que no le compete
verificar las inhabilidades de los candidatos. Esta justificación, además de estar
desconectada de la controversia, no conduce a su desvinculación, toda vez que los
cargos tienen una relación directa con las actuaciones del registrador municipal de San
Fernando (Bolívar) y del delegado de uno de los puestos de votación instalados en el
municipio, ambos funcionarios de la entidad. En consecuencia, se declarará no probada
la excepción propuesta.
53. En segundo lugar, el recuento de las actuaciones de la primera instancia puso en
evidencia que el tribunal resolvió sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar
en providencias separadas, de ponente y de sala, respectivamente. En contra de ese
trámite, el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, «[e]n el caso de que se haya
pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda,
se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o
sección».
54. Cabe recordar que la finalidad del procedimiento especial regulado para la nulidad
electoral radica en la necesidad de imprimir celeridad a la actuación, debido a que se
discute la legalidad de la elección o del nombramiento de un funcionario, con el impacto
que ello supone para el interés general y el normal desempeño de la administración
pública.
55. En tales condiciones, se advertirá al tribunal en la parte resolutiva sobre el mandato
del referido artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 en la materia indicada.
56. Finalmente, la parte actora presentó memorial el 18 de junio de 202512, por medio del
cual solicita impulso procesal y «control de legalidad consagrado en el artículo 132 del
CGP», para procurar que se realicen elecciones atípicas en el término previsto en el
artículo 314 de la Constitución Política, como consecuencia del fallo de nulidad.
57. Al respecto, para la Sala resulta suficiente señalar que la demandante no invoca
ninguna causal de nulidad o alguna irregularidad procesal que deba ser saneada o
corregida en esta instancia, de conformidad con la norma que ella misma refiere. Por lo
tanto, no habrá pronunciamiento sobre esta petición en la parte resolutiva.
12
SAMAI, anotación 46.
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2.3. Reglas y autoridades competentes para la custodia de los documentos
electorales durante los escrutinios
58. Los escrutinios son el procedimiento en el que se cuentan los votos, se resuelven las
impugnaciones procedentes, se consolidan los resultados y se declara la elección. La
actuación se desarrolla en tantas etapas como lo requiera el nivel del cargo que se elige
y comprende diversas actividades, todas tendientes a asegurar la voluntad popular.
59. Entre las labores cruciales para garantizar la transparencia y veracidad de la votación
se encuentran el transporte y la custodia de los documentos electorales, esto es, las
tarjetas donde los ciudadanos marcan sus candidatos u opciones y las actas donde se
registran los cómputos parciales y totales. El procedimiento y las personas responsables
se describen a continuación, de acuerdo con lo regulado en la legislación electoral:
• Terminado el escrutinio en las mesas, los jurados introducirán en un sobre los
votos y los documentos que hayan servido para la votación y lo entregarán al
registrador del estado civil o su delegado antes de las 11 de la noche del día de
las elecciones (Código Electoral, artículos 143 y 144). De esta actuación se deja
constancia en el Formulario E-17 «RECIBO DE DOCUMENTOS ELECTORALES
ENTREGADOS POR LOS JURADOS DE VOTACIÓN».
• El delegado conducirá el material con vigilancia de la fuerza pública. Luego lo
entregará a los claveros y lo introducirán y guardarán en un arca de tres cerraduras
o candados denominada arca triclave, o en locales u oficinas adicionales, cuando
el volumen lo amerite, suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
las gobernaciones o las alcaldías (Código Electoral, artículos 144 y 145). Esta
operación se registra en el formulario E-19 «CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE
LOS SOBRES DE CLAVEROS POR PARTE DE LOS DELEGADOS DE
PUESTO».
• El plazo para la entrega del material por parte del delegado de puesto a los
claveros, en las zonas urbanas, es el mismo día de las elecciones, desde que
inician los escrutinios de las comisiones (Ley 1475 de 2011, artículos 41 y 42).
Para las zonas rurales y corregimientos, la entrega debe hacerse dentro del
término que señale la Registraduría Nacional del Estado Civil (Código Electoral,
artículos 26, numeral 12 y 144).
• Según la elección de que se trate, serán claveros: el presidente, vicepresidente y
secretario del Consejo Nacional Electoral; el gobernador o su delegado y los dos
delegados del registrador en el departamento; el alcalde, un juez municipal y un
registrador (Código Electoral, artículo 148). La inasistencia de algún clavero será
suplida de común acuerdo por los otros con un ciudadano de reconocida
honorabilidad (artículo 149). No podrán ser claveros los candidatos, sus cónyuges
o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil
(Código Electoral, artículo 151).
• Conforme se reciban los pliegos de las mesas de votación, los claveros los
depositarán inmediatamente en el arca triclave; cuando se reciban todos, la
sellarán y cerrarán y anotarán en un registro con sus firmas el día y la hora de
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introducción y el estado en que se recibieron (Código Electoral, artículo 152). De
ello debe quedar constancia en el formulario E-20 «ACTA DE INTRODUCCIÓN Y
RETIRO DE DOCUMENTOS ELECTORALES EN EL ARCA TRICLAVE».
• Los claveros entregarán uno por uno los sobres con el material electoral a las
comisiones escrutadoras (Código Electoral, artículo 152).
60. Atendiendo a lo expuesto, existe un trámite reglado para conducir y custodiar los
documentos electorales durante su tránsito entre las mesas de votación y las comisiones
escrutadoras, que tiene el propósito de proteger su integridad y dejar la trazabilidad de
su trayectoria y estado, a cargo de los delegados de puesto y los claveros, con la
colaboración de la fuerza pública.
2.4. Caso concreto
61. El demandado solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, que declaró
la nulidad de su elección como alcalde del municipio de San Fernando (Bolívar), para el
período 2024-2027. En contra de la decisión, argumentó que el tribunal no valoró en
debida forma los testimonios que informaban sobre las circunstancias de fuerza mayor
que provocaron la demora en la llegada de los documentos electorales de las mesas de
«La Guadua» al lugar de los escrutinios, las razones que justificaron el uso de una caja
adicional al arca triclave para depositarlos temporalmente y el buen estado en que
siempre se mantuvieron. Agregó que la decisión apelada privilegió las formalidades sobre
lo sustancial y sostuvo que no toda irregularidad conduce a la nulidad de una elección.
62. Para decidir la controversia, la Sala debe analizar las pruebas aportadas al
expediente, que dan cuenta de las siguientes actuaciones frente a lo ocurrido con el
material de las mesas 1 y 2 de la zona 99, puesto 40, denominado «La Guadua»:
63. El delegado de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señor Víctor
Hugo Altamar, recibió los pliegos por parte de los jurados de votación a las 8:40 p.m. y
9:30 p.m. del 29 de octubre de 2023, según consta en los formularios E-1713 de las mesas
indicadas:
13
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64. El mismo día de las elecciones, los señores Cristian González Vásquez, Tania
Molinello Nieves y Jorge Luis Yepes Morales, en la condición de claveros municipales,
recibieron los documentos electorales de las mesas del municipio entre las 10:05 p.m. y
las 11:45 p.m., salvo las del puesto «La Guadua», conforme a la constancia que se
destaca a continuación en el formulario E-2014:
65. Las bolsas con los documentos electorales de «La Guadua» llegaron al lugar de
los escrutinios a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023 y fueron guardadas en una «urna
aparte» del arca triclave, según consta en la siguiente acta15:
14
Expediente digital: Documento aportado por el demandante y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
15
Expediente digital: Documento aportado por el demandante y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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66. De acuerdo con los testimonios recibidos en el proceso16, los documentos de las
mesas del puesto «La Guadua» no pudieron introducirse en el arca triclave, pues para la
hora en que llegaron ya se había cerrado aquella y uno de los claveros, esto es, la juez
Tania Molinello, no estaba presente en el lugar de los escrutinios para abrirla. En
particular, la testigo Yennifer Calderín Barrios, personera municipal para la época de los
hechos, declaró lo siguiente:
Ese día en horas de la madrugada no se pudo introducir el material electoral al arca triclave
donde reposaban los demás pliegos electorales toda vez que hacía falta una clavera que era
la jueza Tania Molinello, ya que el sitio de escrutinio se cerraba a las 12 de la noche. Se
procede en consenso, eso fue a instancia mía como agente del Ministerio Público, a realizar
un acta donde se deja constancia de la hora en que llegó (sic) los pliegos electorales, el buen
estado en que se encontró y el registrador procedió a suministrar un cajón de madera donde
iban a reposar las dos bolsas, hasta tanto fuera entregada por el delegado Víctor Altamar al
día siguiente cuando ya se encontraran todos los claveros para poder abrir el arca triclave. Al
día siguiente, siendo la 1:51 de la tarde, se procede a entregar el señor Víctor Altamar los
pliegos electorales a los claveros (…) quiero dejar constancia de que en ningún momento los
pliegos fueron manipulados por el señor Orlando Ortiz ni por el señor Felipe Turizo como
representante y padre del candidato por parte de la U el señor Felipe Turizo Lobo, solo fue
manipulado por el delegado que correspondía al puesto de la guadua y por los claveros al día
siguiente.
16
Grabación de la audiencia de pruebas.
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67. La caja mencionada es la que se muestra a continuación17:
68. Conforme a lo que se observa en las fotografías y en el acta que se reseñaron
previamente, sumado a las declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas, en la caja
de madera se instalaron dos sellos y dos candados cuyas llaves fueron entregadas al
demandado y al señor Felipe Turizo Lobo, padre del candidato Andrés Felipe Turizo
Lengua. La personera municipal explicó en su testimonio que esta decisión se tomó «no
con la intención de que fungieran como claveros, sino con la intención de darle
transparencia y garantizar el proceso electoral, toda vez que habían dos partidos políticos
enfrentados y para evitar suspicacias [sobre] quién iba a manipular los documentos
17
Fotografías aportadas en la audiencia de pruebas e incorporadas en la misma diligencia por el magistrado ponente en el tribunal.
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electorales». Por su parte, el señor Fabián Oliveros Morales, testigo del partido de la U,
manifestó en su declaración que las llaves quedaron «en custodia de los claveros Orlando
Ortiz y Felipe Turizo». De forma similar, este último manifestó en la diligencia de pruebas
que los documentos de la mesa en cuestión quedaron depositados en la referida caja,
«llevándome la llave como clavero».
69. Los declarantes coinciden18 en que todo el material electoral del municipio quedó en
el lugar de los escrutinios dentro del arca triclave y la caja adicional, bajo la custodia de
la Policía Nacional.
70. El 30 de octubre de 2023, a la 1:51 p.m., el delegado de puesto de la RNEC entregó
los documentos electorales de las dos mesas del puesto «La Guadua» a los claveros
Cristian González Vásquez, Tania Molinello y Jorge Luis Yepes Morales, como lo acredita
el formulario E-1919:
71. La Resolución 24834 del 25 de octubre de 202320, «por la cual se fijan los términos
para la entrega de los documentos electorales con ocasión de las elecciones de
autoridades territoriales que se realizarán el domingo 29 de octubre de 2023, en el
departamento de BOLÍVAR», estableció para el puesto «La Guadua» del municipio de
San Fernando las 6:00 p.m. del 30 de octubre de 2023.
72. Sobre la entrega del material, los declarantes concuerdan en que el señor Orlando
Ortiz Rangel abrió un candado con su llave y que el otro fue cortado con una segueta,
pues el señor Felipe Turizo no estaba presente. Además, que las bolsas allí depositadas
fueron extraídas exclusivamente por el delegado de puesto de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, quien las entregó a los claveros en buen estado.
73. En lo sucesivo, los escrutinios se realizaron con normalidad, según afirmó el testigo
Fabián Oliveros Morales. Particularmente frente las mesas 1 y 2 de «La Guadua», el acta
general de escrutinio municipal21 señala:
18
Grabación de la audiencia de pruebas.
19
Expediente digital: documento aportado por la demandante y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
20
Diario Oficial 52.561 del 27 de octubre de 2023.
21
Expediente digital: documento aportado con la demanda.
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MESA 1
MESA 2
74. Del recuento probatorio anterior la Sala advierte que la medida que adoptaron las
personas que firmaron el acta manuscrita de 30 de octubre de 2023 para guardar las
bolsas de las mesas 1 y 2 del puesto «La Guadua», en estricto sentido, no tiene
fundamento en las normas que regulan el procedimiento de custodia y entrega de los
documentos electorales.
75. En efecto, según se expuso en un capítulo anterior de esta providencia, los
documentos electorales deben ser entregados por el delegado de la Registraduría a los
tres claveros y guardado en el arca triclave, hasta que sea puesto a disposición de las
comisiones escrutadoras. Concretamente, la función de los claveros es recibir el material,
sellar y cerrar el arca triclave, conservar la llave o el mecanismo para abrirla y entregarlo
a los escrutadores.
76. En esa medida, los señores Orlando Ortiz Rangel y Felipe Turizo Lobo tuvieron en
su poder las llaves de los candados con los que se aseguró el depósito con las bolsas de
las mesas en cuestión. Además, firmaron los sellos allí fijados y un acta que recogió lo
acontecido.
77. Sin embargo, existen varias circunstancias que amparan la legalidad del acto
acusado en este caso. En primer lugar, el artículo 41 la Ley 1475 de 2011 establece que
los escrutinios del día de las elecciones deben terminar a las 12 de la noche, con base
en las actas que se vayan recibiendo, y reanudar, si es del caso, a las 9 de la mañana
del día siguiente. A su turno, el artículo 144 del Código Electoral contempla la posibilidad
de que los documentos electorales de los corregimientos y zonas rurales se reciban en
términos más amplios, debido a las dificultades de acceso y transporte.
78. Lo anterior deja un vacío frente a las situaciones en las que, como en el caso
concreto, el escrutinio y, por ende, las labores de las autoridades involucradas (claveros
y escrutadores), terminan a las 12 de la noche del día de las elecciones, pero el material
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llega a una hora en que no es posible para el delegado de puesto entregarlo de
conformidad con el trámite legal.
79. Siendo así, las medidas adoptadas por la personera, el alcalde, el registrador y el
delegado de puesto deben analizarse en cuanto a su efectividad para proteger la
integridad del material electoral. Desde esta perspectiva, el suministro de una caja de
madera por parte del registrador y la elaboración de un acta donde quedó constancia,
tanto del procedimiento adoptado, como de las personas que participaron, son
actuaciones que demuestran una clara intención de obrar con transparencia y diligencia,
además de evitar que resultaran afectados los documentos que para ese momento se
encontraban asegurados en el arca triclave, con sus respectivos candados y sellos. A lo
anterior se suma que, si bien se entregaron las llaves a un candidato y al padre de otro,
nunca sustituyeron a los claveros y, de hecho, dos de ellos se encontraban presentes al
momento de guardar los pliegos en el depósito adicional.
80. En segundo lugar, las pruebas documentales y testimoniales acreditan que los
pliegos electorales fueron custodiados por la fuerza pública en el colegio donde se
realizaron los escrutinios. También dan fe de que ni el demandado ni el señor Turizo
manipularon las bolsas, al punto que quien las extrajo de la caja de madera improvisada
y las entregó a los claveros el 30 de octubre de 2023 fue el delegado de puesto, según
le correspondía. Por lo mismo, no fue acertada la interpretación del tribunal, en cuanto a
que dicho funcionario «subdelegó» sus atribuciones a los mencionados señores.
81. En tercer lugar, se demostró en el proceso que los documentos de las mesas 1 y
2 de «La Guadua» fueron entregados en buen estado y dentro del plazo señalado
mediante acto administrativo por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para la Sala,
la integridad de los documentos electorales es relevante para efectos de determinar la
legalidad de la elección, a diferencia de lo que consideró el tribunal, pues el propósito de
las reglas adjetivas es, justamente, su conservación.
82. Es decir, sin subestimar la importancia de los procedimientos, especialmente en
materia electoral, lo cierto es que en estos casos es necesario analizar el grado de
incidencia o trascendencia de las irregularidades en la expedición del acto acusado. Así,
las razones expuestas en los anteriores párrafos permiten concluir que, en el caso
concreto, no se violó el artículo 144, inciso 2 del Código Electoral, habida cuenta que (i)
el delegado, señor Víctor Hugo Altamar, sí cumplió, en términos de razonabilidad, con su
deber de custodia del material electoral y (ii) la entrega de las llaves de la urna auxiliar a
los señores Ortiz Rangel y Turizo Lobo no enervó dicho deber de custodia ni configuró
vicio alguno que dé lugar a declarar la nulidad de la elección.
83. Así lo hizo esta Sección en el caso que trajo a colación la coadyuvante de la parte
demandada, donde se analizó la utilidad de las arcas triclaves y se concluyó que el lugar
en que se guardó parte del material electoral ofrecía condiciones suficientes de
seguridad, lo cual impedía la nulidad de la elección impugnada:
Las arcas triclaves, que para eventos como el estudiado debe ser suministrada por la alcaldía
municipal o por la Registraduría municipal, comúnmente corresponden a cofres de madera en
los que se acopia toda la documentación electoral para ser allí guardada bajo la seguridad que
ofrecen las tres cerraduras o candados de que está provista (art. 145 CE), y frente a la cual
actúan como claveros, en el plano municipal, el alcalde, el juez y el registrador (art. 148 CE).
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Se trata, por consiguiente, de un elemento del proceso electoral provisto de todas las garantías
necesarias para dar seguridad a los documentos electorales que allí reposan, con lo que se
permite, de paso, asegurar el principio de transparencia que debe gravitar sobre todo el
proceso de elección, máxime si la proclamación de los candidatos vencedores en la jornada
electoral depende, por completo, del escrutinio que la respectiva comisión haga de esos
documentos electorales.
Pues bien, pese a que la afirmación dada por el accionante es cierta, que al arca triclave
convencional no fue introducido el material electoral relacionado con las mesas 27 y 55, ello
no es constitutivo de nulidad, debido a que ese material se dejó por fuera de la misma por falta
de espacio, denotando falta de previsión por parte de la autoridad que debía suministrarla
(Alcaldía o Registraduría Municipal del Estado Civil), y porque no obstante esta especial
circunstancia el material electoral perteneciente a las mesas 27 y 55 fue debidamente
asegurado, sin que al momento de practicar el escrutinio se constatara ninguna anomalía
sobre su estado.
(…) Con base en lo anterior se puede afirmar que si bien alguna parte del material
electoral no pudo ser introducido en el arca triclave porque las previsiones en cuanto a
su tamaño resultaron insuficientes, el principio de transparencia respecto del mismo
siempre estuvo resguardado, puesto que las autoridades electorales improvisaron un
envoltorio debidamente asegurado, porque el mismo junto con el arca triclave fue
depositado en la oficina de la Registraduría Municipal, que ofrecía garantías suficientes,
y porque al momento de comenzar el escrutinio no se advirtió ninguna alteración en el
mismo, pese a lo cual la comisión escrutadora contó de nuevo la votación atinente al
envoltorio.
Es decir, la dificultad que se presentó en dicho proceso electoral fue superada dotando de
garantías suficientes la documentación electoral y salvaguardando la integridad del principio
de transparencia, a lo cual estuvo atento el Registrador Municipal, el Procurador Judicial
Delegado para el efecto y la Personera Municipal, indicando todo ello que no existe razón
válida para aceptar la tesis de la parte demandante. Por tanto, el cargo no prospera (Negrillas
adicionales)22.
84. Con ese mismo enfoque, la Sala ha advertido sobre diferentes tipos de vicios de
procedimiento que carecen de entidad suficiente para invalidar la actuación cuestionada,
por ejemplo, frente a la omisión de conceder un recurso de apelación en los escrutinios23,
el incumplimiento del deber legal de los escrutadores de dejar constancia en las actas de
las correcciones hechas a la votación24 y la designación de integrantes de una comisión
escrutadora por parte de un clavero25, entre otros casos.
85. Conforme a lo expuesto, se concluye que el procedimiento previsto en los artículos
144 y siguientes del Código Electoral no debe analizarse como un fin en sí mismo, sino
en clave con la finalidad para la que fue previsto, en este caso, garantizar la integridad
de los documentos electorales y la igualdad entre los candidatos.
86. Frente a este punto, se insiste en que las pruebas demuestran que las medidas
adoptadas por las autoridades atendieron a las excepcionales condiciones del caso, a
saber: (i) las circunstancias de fuerza mayor que dieron lugar a que el delegado del
puesto de votación «La Guadua» arribara a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023 al
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de abril de 2005, Rad. 05001-23-31-000-2003-04021-01(3509), MP. María
Nohemí Hernández Pinzón.
23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de junio de 2025, Rad. 23001-23-33-000-2024-00018-02, MP. Omar Joaquín
Barreto Suárez.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2022-00290-00 (Acumulado), MP.
Luis Alberto Álvarez Parra.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de junio de 2022, Rad. 27001-23-31-000-2019-00062-02 (Acumulado), MP.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
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lugar de los escrutinios, (ii) la ausencia de uno de los claveros en ese momento, (iii) la
elaboración del acta que registró el depósito del material del referido puesto en una caja
auxiliar, (iv) la permanencia del arca triclave y de dicha caja adicional en un mismo sitio
y bajo la custodia de la Policía Nacional y (v) la entrega de todos los documentos
electorales por parte del delegado de puesto a la comisión escrutadora en buen estado.
87. En tales condiciones, se revocará el fallo apelado para, en su lugar, negar la
nulidad del acto de elección acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar. En su lugar, NEGAR la nulidad del acto de elección del señor
Orlando Francisco Ortiz Rangel como alcalde del municipio de San Fernando (Bolívar),
período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 del 3 de noviembre de 2023,
expedido por la Comisión Escrutadora General.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
TERCERO: CONMINAR al Tribunal Administrativo de Bolívar sobre el cumplimiento de
lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la
forma de resolver las medidas cautelares en el proceso electoral.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.
QUINTO: En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto
DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ MEDINA
Conjuez
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
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