Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06165-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06165-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06165-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06165-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE
DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA E IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
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En adelante la Sección Quinta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
La señora JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a los
principios de transparencia, moralidad e imparcialidad, los cuales
estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al haber proferido la
providencia de 21 de agosto de 2025, dentro del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
2023-00437-01.
I.2.- Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral con el fin de cuestionar el acto administrativo por
medio del cual el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL,
fue elegido alcalde MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (BOLIVAR)2,
para el período constitucional 2024-2027, contenido en el formulario
E-26 de 3 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora General.
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En adelante Municipio
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
Anotó que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2023-00437-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR3 que, mediante sentencia de 25
de junio de 2024, accedió a las pretensiones y declaró la nulidad del
acto de elección.
Aseveró que inconforme con la anterior decisión el señor ORLANDO
FRANCISCO ORTIZ RANGEL presentó recurso de apelación ante la
SECCIÓN QUINTA que, en sentencia de 21 de agosto de 2025,
revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defectos fáctico y sustantivo, habida cuenta que omitió analizar
de manera razonada las pruebas, otorgando mayor credibilidad a
determinados elementos de convicción.
Asimismo, pasó por alto examinar en debida forma, entre otros, las
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En adelante Tribunal
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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
actas de escrutinio y los testimonios recaudados, que daban cuenta
de la actuación irregular en los escrutinios en los que resultó electo
el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL como alcalde del
MUNICIPIO, para el período constitucional 2024-2027.
Adujo que la SECCIÓN QUINTA obvió lo dispuesto en el artículo 144
del Código Electoral, así como los principios establecidos en este y
en la Ley 96 de 21 de noviembre de 19854.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Admitir la presente acción de tutela y declararla procedente
por reunir los requisitos constitucionales y de procedibilidad.
2. Declarar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y
a la tutela judicial efectiva de la señora JOSEFINA JIMÉNEZ
TORRECILLAS con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado
de 21 de agosto de 2025, radicado 13001-23-33-000-2023-00437-
01.
3. Ordenar al Consejo de Estado que retrotraiga la actuación al
estado inmediatamente anterior al pronunciamiento sobre el fondo
o, alternativamente, que emita un pronunciamiento debidamente
motivado en el que se confronten y valoren de forma explícita y
fundada los elementos probatorios listados dentro del proceso de
nulidad electoral, para determinar, si el señor Ortiz Rangel, en
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Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo,
se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.”
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calidad de candidato, ejerció o no funciones propias de
clavero, contrariando las disposiciones Constitucional y del
Código Electoral (artículo 144 CE), la cual traería como
consecuencia o no perdida la perdida de cadena de custodia
por la vulneración de los principios constitucionales de igualdad,
transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en
el artículo 209 de la CN, y los principios legales Ley 96 de 1985 y
decreto 2241 DE 1986
4. En subsidio, ordenar la suspensión provisional de los efectos
ejecutorios relacionados con la credencial del señor ORLANDO
FRANCISCO ORTIZ RANGEL y cualquier actuación que derive de
la ejecución de la providencia impugnada, hasta tanto se profiera
el pronunciamiento motivado que garantice la protección del
derecho fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor
ORLANDO ORTIZ RANGEL, es sujeto activo de la causal de
nulidad, toda vez que lo responsabiliza por infringir la norma
(Principio de Legalidad artículo 6° de la Constitución Política, pues
debió actuar en el proceso electoral bajo los principios
constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e
imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y
los principios legales Ley 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986,
tales como: el Principio de la imparcialidad: Ningún partido o
grupo político podrá derivar ventaja sobre los demás en la
obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la
formación de los censos electorales, ni en las votaciones y
escrutinios; y sus reglamentaciones garantizarán la plena
responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios
adscritos a ella. Este principio constituye la norma de
conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las
personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de
los organismos electorales.
5. Ordenar las medidas administrativas necesarias para el
cumplimiento de la sentencia de tutela. […]”. (Destacado pertenece
al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA a pesar de ser notificado en debida
forma, guardó silencio.
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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, luego de desarrollar un breve
recuento de las actuaciones realizadas en primera instancia, solicitó
ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no está llamado a responder por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
I.6.2.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL resaltó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad
competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora, por
lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
I.6.3.- Los señores ANDRÉS FELIPE TURIZO LENGUA, RAFAEL
ARIZA MONTENEGRO, LISETH FERNANDA MELÉNDEZ
PACHECOAURA VANESA y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, a pesar de ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el TRIBUNAL y el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL solicitaron su desvinculación en la presente acción de
tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el
TRIBUNAL conoció en primera instancia y el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL fungió como parte demandada dentro del medio de
control de nulidad electoral cuestionado, respectivamente, la Sala
concluye que les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrada Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la providencia de 21 de agosto de 2025 proferida por la
SECCIÓN QUINTA, por medio de la cual revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 2023-00437-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a
los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad, habida
cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en defectos fáctico y
sustantivo, por cuanto omitió analizar de manera razonada las
pruebas, otorgando mayor credibilidad a determinados elementos de
convicción.
Asimismo, pasó por alto examinar en debida forma, entre otros, las
actas de escrutinio y los testimonios recaudados, que daban cuenta
de la actuación irregular en los escrutinios en los que resultó electo
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el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL como alcalde del
municipio, para el período constitucional 2024-2027.
Adujo que la SECCIÓN QUINTA obvió lo dispuesto en el artículo 144
del Código Electoral, así como los principios establecidos en este y
en la Ley 96 de 21 de noviembre de 19855.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia
cuestionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió
en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
5
Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo,
se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.”
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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
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agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende
constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos
expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se
debió declarar la nulidad electoral planteada, habida cuenta que se
allegaron los elementos probatorios suficientes que demostraban las
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irregularidades en que se incurrió el en los comicios y escrutinios en
los que resultó electo el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ
RANGEL como alcalde del MUNICIPIO, para el período
constitucional 2024-2027.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae la parte actora a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la
SECCÍON QUINTA, así:
“[…] 62. Para decidir la controversia, la Sala debe analizar las
pruebas aportadas al expediente, que dan cuenta de las
siguientes actuaciones frente a lo ocurrido con el material de
las mesas 1 y 2 de la zona 99, puesto 40, denominado «La
Guadua»:
(…)
63. El delegado de puesto de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, señor Víctor Hugo Altamar, recibió los pliegos por
parte de los jurados de votación a las 8:40 p.m. y 9:30 p.m.
del 29 de octubre de 2023, según consta en los formularios E-
1713 de las mesas indicadas:
(…)
64. El mismo día de las elecciones, los señores Cristian
González Vásquez, Tania Molinello Nieves y Jorge Luis Yepes
Morales, en la condición de claveros municipales, recibieron los
documentos electorales de las mesas del municipio entre las
10:05 p.m. y las 11:45 p.m., salvo las del puesto «La Guadua»,
conforme a la constancia que se destaca a continuación en el
formulario E-2014.
(…)
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65. Las bolsas con los documentos electorales de «La Guadua»
llegaron al lugar de los escrutinios a la 1:47 a.m. del 30 de
octubre de 2023 y fueron guardadas en una «urna aparte» del
arca triclave, según consta en la siguiente acta.
(…)
66. De acuerdo con los testimonios recibidos en el proceso, los
documentos de las mesas del puesto «La Guadua» no pudieron
introducirse en el arca triclave, pues para la hora en que
llegaron ya se había cerrado aquella y uno de los claveros, esto
es, la juez Tania Molinello, no estaba presente en el lugar de
los escrutinios para abrirla. En particular, la testigo Yennifer
Calderín Barrios, personera municipal para la época de los
hechos, declaró lo siguiente:
Ese día en horas de la madrugada no se pudo introducir el
material electoral al arca triclave donde reposaban los demás
pliegos electorales toda vez que hacía falta una clavera que
era la jueza Tania Molinello, ya que el sitio de escrutinio se
cerraba a las 12 de la noche. Se procede en consenso, eso fue
a instancia mía como agente del Ministerio Público, a realizar
un acta donde se deja constancia de la hora en que llegó (sic)
los pliegos electorales, el buen estado en que se encontró y el
registrador procedió a suministrar un cajón de madera donde
iban a reposar las dos bolsas, hasta tanto fuera entregada por
el delegado Víctor Altamar al día siguiente cuando ya se
encontraran todos los claveros para poder abrir el arca
triclave. Al día siguiente, siendo la 1:51 de la tarde, se procede
a entregar el señor Víctor Altamar los pliegos electorales a los
claveros (…) quiero dejar constancia de que en ningún
momento los pliegos fueron manipulados por el señor Orlando
Ortiz ni por el señor Felipe Turizo como representante y padre
del candidato por parte de la U el señor Felipe Turizo Lobo,
solo fue manipulado por el delegado que correspondía al
puesto de la guadua y por los claveros al día siguiente.
(…)
68. Conforme a lo que se observa en las fotografías y en el acta
que se reseñaron previamente, sumado a las declaraciones
rendidas en la audiencia de pruebas, en la caja de madera se
instalaron dos sellos y dos candados cuyas llaves fueron
entregadas al demandado y al señor Felipe Turizo Lobo, padre
del candidato Andrés Felipe Turizo Lengua. La personera
municipal explicó en su testimonio que esta decisión se tomó
«no con la intención de que fungieran como claveros, sino con
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la intención de darle transparencia y garantizar el proceso
electoral, toda vez que había dos partidos políticos enfrentados
y para evitar suspicacias [sobre] quién iba a manipular los
documentos electorales». Por su parte, el señor Fabián Oliveros
Morales, testigo del partido de la U, manifestó en su declaración
que las llaves quedaron «en custodia de los claveros Orlando
Ortiz y Felipe Turizo». De forma similar, este último manifestó
en la diligencia de pruebas que los documentos de la mesa en
cuestión quedaron depositados en la referida caja,
«llevándome la llave como clavero».
69. Los declarantes coinciden en que todo el material electoral
del municipio quedó en el lugar de los escrutinios dentro del
arca triclave y la caja adicional, bajo la custodia de la Policía
Nacional.
70. El 30 de octubre de 2023, a la 1:51 p.m., el delegado de
puesto de la RNEC entregó los documentos electorales de las
dos mesas del puesto «La Guadua» a los claveros Cristian
González Vásquez, Tania Molinello y Jorge Luis Yepes Morales,
como lo acredita el formulario E-19:
(…)
71. La Resolución 24834 del 25 de octubre de 202320, «por la
cual se fijan los términos para la entrega de los documentos
electorales con ocasión de las elecciones de autoridades
territoriales que se realizarán el domingo 29 de octubre de
2023, en el departamento de BOLÍVAR», estableció para el
puesto «La Guadua» del municipio de San Fernando las 6:00
p.m. del 30 de octubre de 2023.
72. Sobre la entrega del material, los declarantes concuerdan
en que el señor Orlando Ortiz Rangel abrió un candado con su
llave y que el otro fue cortado con una segueta, pues el señor
Felipe Turizo no estaba presente. Además, que las bolsas allí
depositadas fueron extraídas exclusivamente por el delegado
de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien
las entregó a los claveros en buen estado.
73. En lo sucesivo, los escrutinios se realizaron con normalidad,
según afirmó el testigo Fabián Oliveros Morales.
Particularmente frente las mesas 1 y 2 de «La Guadua», el acta
general de escrutinio municipal21 señala:
(…)
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74. Del recuento probatorio anterior la Sala advierte que la
medida que adoptaron las personas que firmaron el acta
manuscrita de 30 de octubre de 2023 para guardar las bolsas
de las mesas 1 y 2 del puesto «La Guadua», en estricto sentido,
no tiene fundamento en las normas que regulan el
procedimiento de custodia y entrega de los documentos
electorales.
75. En efecto, según se expuso en un capítulo anterior de esta
providencia, los documentos electorales deben ser entregados
por el delegado de la Registraduría a los tres claveros y
guardado en el arca triclave, hasta que sea puesto a disposición
de las comisiones escrutadoras. Concretamente, la función de
los claveros es recibir el material, sellar y cerrar el arca triclave,
conservar la llave o el mecanismo para abrirla y entregarlo a
los escrutadores.
76. En esa medida, los señores Orlando Ortiz Rangel y Felipe
Turizo Lobo tuvieron en su poder las llaves de los candados con
los que se aseguró el depósito con las bolsas de las mesas en
cuestión. Además, firmaron los sellos allí fijados y un acta que
recogió lo acontecido.
77. Sin embargo, existen varias circunstancias que amparan la
legalidad del acto acusado en este caso. En primer lugar, el
artículo 41 la Ley 1475 de 2011 establece que los escrutinios
del día de las elecciones deben terminar a las 12 de la noche,
con base en las actas que se vayan recibiendo, y reanudar, si
es del caso, a las 9 de la mañana del día siguiente. A su turno,
el artículo 144 del Código Electoral contempla la posibilidad de
que los documentos electorales de los corregimientos y zonas
rurales se reciban en términos más amplios, debido a las
dificultades de acceso y transporte.
78. Lo anterior deja un vacío frente a las situaciones en las que,
como en el caso concreto, el escrutinio y, por ende, las labores
de las autoridades involucradas (claveros y escrutadores),
terminan a las 12 de la noche del día de las elecciones, pero el
material
llega a una hora en que no es posible para el delegado de
puesto entregarlo de conformidad con el trámite legal.
79. Siendo así, las medidas adoptadas por la personera, el
alcalde, el registrador y el delegado de puesto deben analizarse
en cuanto a su efectividad para proteger la integridad del
material electoral. Desde esta perspectiva, el suministro de una
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caja de madera por parte del registrador y la elaboración de un
acta donde quedó constancia, tanto del procedimiento
adoptado, como de las personas que participaron, son
actuaciones que demuestran una clara intención de obrar con
transparencia y diligencia, además de evitar que resultaran
afectados los documentos que para ese momento se
encontraban asegurados en el arca triclave, con sus respectivos
candados y sellos. A lo anterior se suma que, si bien se
entregaron las llaves a un candidato y al padre de otro, nunca
sustituyeron a los claveros y, de hecho, dos de ellos se
encontraban presentes al momento de guardar los pliegos en
el depósito adicional.
80. En segundo lugar, las pruebas documentales y
testimoniales acreditan que los pliegos electorales fueron
custodiados por la fuerza pública en el colegio donde se
realizaron los escrutinios. También dan fe de que ni el
demandado ni el señor Turizo manipularon las bolsas, al punto
que quien las extrajo de la caja de madera improvisada y las
entregó a los claveros el 30 de octubre de 2023 fue el delegado
de puesto, según le correspondía. Por lo mismo, no fue
acertada la interpretación del tribunal, en cuanto a que dicho
funcionario «subdelegó» sus atribuciones a los mencionados
señores.
81. En tercer lugar, se demostró en el proceso que los
documentos de las mesas 1 y 2 de «La Guadua» fueron
entregados en buen estado y dentro del plazo señalado
mediante acto administrativo por la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Para la Sala, la integridad de los documentos
electorales es relevante para efectos de determinar la legalidad
de la elección, a diferencia de lo que consideró el tribunal, pues
el propósito de las reglas adjetivas es, justamente, su
conservación.
82. Es decir, sin subestimar la importancia de los
procedimientos, especialmente en materia electoral, lo cierto
es que en estos casos es necesario analizar el grado de
incidencia o trascendencia de las irregularidades en la
expedición del acto acusado. Así, las razones expuestas en los
anteriores párrafos permiten concluir que, en el caso concreto,
no se violó el artículo 144, inciso 2 del Código Electoral, habida
cuenta que (i) el delegado, señor Víctor Hugo Altamar, sí
cumplió, en términos de razonabilidad, con su deber de
custodia del material electoral y (ii) la entrega de las llaves de
la urna auxiliar a los señores Ortiz Rangel y Turizo Lobo no
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enervó dicho deber de custodia ni configuró vicio alguno que
dé lugar a declarar la nulidad de la elección.
(…)
84. Con ese mismo enfoque, la Sala ha advertido sobre
diferentes tipos de vicios de procedimiento que carecen de
entidad suficiente para invalidar la actuación cuestionada, por
ejemplo, frente a la omisión de conceder un recurso de
apelación en los escrutinios, el incumplimiento del deber legal
de los escrutadores de dejar constancia en las actas de las
correcciones hechas a la votación y la designación de
integrantes de una comisión escrutadora por parte de un
clavero, entre otros casos.
85. Conforme a lo expuesto, se concluye que el procedimiento
previsto en los artículos 144 y siguientes del Código Electoral
no debe analizarse como un fin en sí mismo, sino en clave con
la finalidad para la que fue previsto, en este caso, garantizar la
integridad de los documentos electorales y la igualdad entre los
candidatos.
86. Frente a este punto, se insiste en que las pruebas
demuestran que las medidas adoptadas por las autoridades
atendieron a las excepcionales condiciones del caso, a saber:
(i) las circunstancias de fuerza mayor que dieron lugar a que el
delegado del puesto de votación «La Guadua» arribara a la
1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023 al lugar de los escrutinios,
(ii) la ausencia de uno de los claveros en ese momento, (iii) la
elaboración del acta que registró el depósito del material del
referido puesto en una caja auxiliar, (iv) la permanencia del
arca triclave y de dicha caja adicional en un mismo sitio y bajo
la custodia de la Policía Nacional y (v) la entrega de todos los
documentos electorales por parte del delegado de puesto a la
comisión escrutadora en buen estado […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que la parte
actora pretende que se dé a las pruebas, fueron resueltas por la
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autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.
En efecto, en cuanto al reparo de la parte actora según el cual los
elementos materiales probatorios aportados al expediente eran
suficientes y que la autoridad judicial accionada omitió, se destaca
que tal aspecto fue ampliamente motivado por la parte demandada
en cuanto determinó que las circunstancias de fuerza mayor que
dieron lugar a que el delegado del puesto de votación “La Guadua”
arribara a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023, al lugar de los
escrutinios, la ausencia de uno de los claveros en dicho momento, la
elaboración del acta que registró el depósito del material del referido
puesto en una caja auxiliar, la permanencias del arca “triclave” bajo
custodia de la Policía Nacional y la entrega de todos los documentos
electorales a la comisión escrutadora en buen estado, garantizó la
integridad de la información y documentación electoral y la igualdad
entre los candidatos a la alcaldía del MUNICIPIO, de tal forma que
lo que se advierte es convertir este mecanismo constitucional en una
instancia adicional del proceso ordinario.
Significa lo precedente que lo pretendido por la parte actora es que
el juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
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de primera instancia, con la finalidad de que se haga una corrección
al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite
ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las normas y la jurisprudencia, en el
cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, so pena de otorgar
a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL y
el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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