RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06165-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06165-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06165-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ernesto Lobo Guerrero, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06165-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: CARLOS ERNESTO LOBO GUERRERO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisito objetivo de inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Ernesto Lobo Guerrero, quien actúa por intermedio
de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B” y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante refirió que se desempeñó como gestor I, código 301, grado I, en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en la ciudad de Santa
Marta, Magdalena, entre el 12 de febrero de 1998 hasta el 2014.

Mencionó que el 1º de diciembre de 2010, se profirió queja en su contra por un
“presunto incremento patrimonial injustificado” derivado de la compra de un
vehículo en el año 2009, que adquirió junto con una funcionaria de la entidad con
quien tenía una relación sentimental. A lo que agregó, que el 31 de agosto de
2011 se dio inicio formal a la investigación disciplinaria, la cual tuvo fallo el 17 de
marzo de 2014, en que se resolvió la destitución e inhabilitación del cargo que
venía desempeñando.

Sostuvo que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación que fue
desatado el 14 de agosto de 2014, en el sentido de confirmar la destitución, por lo
que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin
de que se declarara la nulidad de las decisiones dictadas en el proceso
disciplinario. Ese asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena, al cual se le asignó el radicado No. 47001-23-33-000-2015-00226-00.

Indicó que el 28 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó
las pretensiones de la demanda, por lo que interpuso recurso de apelación que fue
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

resuelto por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 25 de febrero de 2021, en la que confirmó la decisión
recurrida.

Manifestó que la autoridad judicial no valoró las pruebas aportadas con la
demanda, lo que conllevó a la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, ya que no pudo ejercer una defensa adecuada, a lo que agregó que “el
proceso estuvo viciado desde su inicio. La manipulación del expediente, la falsificación de
documentos clave y la omisión de pruebas esenciales le han causado un perjuicio
irreparable, afectándolo profundamente de vida personal y profesional”.

Finalmente, adujo que el 5 de octubre de 2022 presentó el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021, con el fin de que
se analizaran las irregularidades procesales que se dieron en el proceso ordinario
y, en consecuencia, se revocara la decisión judicial. Sin embargo, el recurso
propuesto fue rechazado por auto del 18 de junio de 2024.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, vulnerados, supuestamente, con la sentencia del 25 de febrero de 2021,
mediante la cual la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó el fallo de primera instancia dictado el 28 de agosto de 2018, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales – ITRC, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin
de que se declarara la nulidad del fallo proferido el 17 de marzo de 2014 dentro del
proceso disciplinario No. 1704-01-2012-225, confirmado el 14 de agosto de 2014.

Sostuvo que la decisión objetada desconoció el derecho fundamental al debido
proceso, al concluir que el accionante intervino directamente en la adquisición del
vehículo automotor al figurar como beneficiario de la póliza del seguro. Agregó que,
además, se ignoraron las inconsistencias en los testimonios y las pruebas que
demostraban la legalidad en el patrimonio.

Expresó que en la sentencia de primera instancia se presentó un salvamento de
voto, en el que se indicó que no se demostró que el origen de los recursos utilizados
para la compra del vehículo automotor fuera ilícito y en el que se resaltó la carencia
de pruebas para demostrar la acusación. Frente a dicho pronunciamiento, concluyó
que permite ver una diferencia interpretativa en la valoración probatoria y aplicación
del derecho en el proceso, que hace que se cuestione la decisión mayoritaria
adoptada.

Trajo a consideración los artículos 29 y 86 de la Constitución Política y expuso los
motivos por los cuales considera que se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, manifestó que: i) agotó
todos los mecanismos de defensa, en tanto interpuso la demanda a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de
revisión que fue rechazado; ii) indicó que cumple con el presupuesto de la
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

inmediatez, debido a que si bien las decisiones reprochadas datan del año 2021, el
último recurso fue agotado en junio de 2024, por lo que consideró que a partir de ese
momento los efectos de la sanción continúan afectando sus garantías ius
fundamentales; iii) relató que no se valoró la tarjeta de propiedad del vehículo que
demostraba que estaba a nombre de un tercero, ni se tuvo en cuenta la decisión de
archivo de la investigación en materia penal que concluyó que no existió
enriquecimiento ilícito.

Señaló que, en el asunto se está ante un defecto fáctico, porque las autoridades
judiciales accionadas cometieron un error en la valoración de las pruebas que era
determinante para la resolución del caso, ya que en primer lugar, no existía soporte
que demostrara el incremento patrimonial injustificado, por lo que, sostuvo que la
acusación se basó en supuestos e indicios que carecían de respaldo probatorio. En
un segundo aspecto, consideró que no se tuvo en cuenta la titularidad del vehículo
automotor que se encontraba a nombre de otra persona y, se desestimó el archivo
de la investigación penal que concluyó que no existía un enriquecimiento ilícito. En
virtud de lo anterior, expuso que las sentencias objeto de reproche constitucional se
sustentaron en indicios y conjeturas sin respaldo probatorio, lo cual configura el
defecto alegado.

Por último, adujo que en el trámite de la compra del vehículo automotor actuó como
intermediario de quien era su compañera de trabajo y sentimental para ese
momento, situación que no fue tenida en consideración por las autoridades judiciales
demandadas y que desconoce la naturaleza del contrato de mandato comercial
previsto en el artículo 1262 del Código de Comercio, y agregó que los indicios no
pueden constituir por sí mismos una base para imponer una sanción disciplinaria,
para lo cual se refirió a la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferida en el expediente con radicado 11001-03-25-000-2011-00519-00, del 23 de
marzo de 2017.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Que se conceda acción de tutela a favor del señor CARLOS ALBERTO
LOBO GUERRERO, y por ende se le amparen los derechos fundamentales tales como
el debido proceso por defecto fáctico y el acceso a la administración de justicia, y otros
derechos fundamentales que usted señor magistrado considere que se hayan
vulnerado por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
(MAGISTRADO PONENTE DR. ADONAY FERRARI PADILLA), Y EL CONSEJO DE
ESTADO (MAGISTRADA PONENTE DRA. SANDRA IBARRA VÉLEZ)

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia de fecha 28
de agosto de 2019, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
(MAGISTRADO PONENTE DR. ADONAY FERRARI PADILLA), y de la sentencia de
segunda instancia de fecha 25 de febrero de 2021 que confirma la de primera instancia,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO (DRA. SANDRA IBARRA VÉLEZ).

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, que se deje sin efecto la sanción
disciplinaria impuesta en contra del señor CARLOS ALBERTO LOBO GUERRERO,
incluyendo la destitución de la DIAN y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos
públicos, y, en por consiguiente, se ordene el reintegro inmediato al cargo que ocupaba
o a uno de similar jerarquía, con el reconocimiento y pago de todos los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su
desvinculación hasta el efectivo reintegro, así como el restablecimiento pleno de todos
sus derechos laborales”.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

4. Trámite procesal

Por auto del 21 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales accionadas
-Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo
del Magdalena-. Así mismo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- y a la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales -ITRC, como terceros interesados en el resultado del proceso. De
igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 295211 a 295216
del 22 de noviembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado

El magistrado a cargo del despacho judicial que resolvió el recurso de alzada
rindió informe en el que señaló que los argumentos planteados en el escrito de la
demanda de tutela fueron analizados en el proceso ordinario, en donde se valoró
la titularidad del vehículo a nombre de un tercero, así como, que no se demostró la
procedencia de los dineros con los cuales se endilgó el incremento patrimonial
injustificado, que era justamente lo que se pretendía debatir y lo que denota la
falta de vulneración al debido proceso.

Mencionó que la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en la que
resolvió archivar la investigación, no era suficiente para concluir que lo decidido en
el proceso disciplinario fue arbitrario, por cuanto ambas investigaciones gozan de
independencia.

Indicó que con la acción de tutela la parte accionante pretende revivir un debate
probatorio que ya fue zanjado por el juez natural, situación que, a su juicio, hace
que el mecanismo constitucional sea improcedente, sumado a que “los argumentos
expresados en el escrito de tutela evidencian el desacuerdo del actor con la decisión
adoptada en el año 2021 por esta Subsección -no del recurso extraordinario de revisión
interpuesto- y permiten advertir que lo que pretende realmente es trasladar al juez de
tutela el debate ya agotado”.

5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena

La titular del despacho que conoció del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en primera instancia, sostuvo que “la Corporación
determinó que los actos administrativos demandados no infringieron las normas
superiores en que debieron fundarse, ni fueron expedidos con falta de motivación, o con
violación al debido proceso, toda vez que el actor no pudo desvirtuar con los medios
probatorios allegados al proceso la legalidad de la sanción de destitución que le fue
impuesta”.

1
Índice 7 Samai
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

Mencionó que en el trámite de la segunda instancia se resolvió confirmar la
decisión adoptada, por lo cual el actor acudió al recurso extraordinario de revisión
que fue inadmitido por auto del 4 de diciembre de 2023, por carecer de los
requisitos formales para su presentación. Sin embargo, advirtió que ante la falta de
subsanación de los yerros informados, el recurso fue rechazado por auto de 18 de
junio de 2024.

Por último, refirió que la situación fáctica narrada en la demanda de tutela permite
colegir la inconformidad con las decisiones adoptadas por el juez natural en el
proceso ordinario, sin que sea el mecanismo constitucional una tercera instancia,
por lo que, consideró, que la solicitud de amparo debe ser negada.

6. Terceros con interés

6.1. Respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, en relación con su representada por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones escapan de su
competencia.

Aludió que el accionante fue destituido mediante Resolución No. 8147 del 30 de
septiembre de 2024 y que el proceso disciplinario fue adelantado por la Agencia
del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC,
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que no tiene
conocimiento de los detalles de la investigación.

6.2. Respuesta de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales -ITRC

La apoderada judicial de la agencia se pronunció en relación con los hechos que
dieron origen a la solicitud de amparo y solicitó que se declare improcedente por
no cumplir los requisitos establecidos para cuestionar una providencia judicial.

Precisó que conoció del proceso disciplinario adelantado en contra del accionante
y manifestó que en el asunto no se advierte cumplido el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los argumentos expuestos en la demanda no señalan
de qué forma las decisiones judiciales vulneraron los derechos fundamentales,
puesto que solo anuncian la normatividad, dejando clara la intención de reabrir un
debate concluido.

Respecto al requisito de inmediatez, advirtió que la decisión cuestionada data del
25 de febrero de 2021, por lo que se supera el término de seis meses establecido,
que comenzó a contabilizarse a partir de la notificación de la sentencia. En
relación con el defecto fáctico alegado sostuvo que “la parte accionante no dirigió sus
argumentos contra las razones concretas que expusieron los falladores de instancia
dentro de sus providencias que fueron sustentadas y proferidas en derecho, solo se limitó
a plantear su inconformidad sobre la forma en que el fallador valoró las pruebas y el
sustento normativo que negó sus pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el hoy accionante y que las resultas como ya
se dijo, fueron en su contra y contrarios a sus intereses”.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

Por último, frente a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
mencionó que no fue vulnerado por la autoridad judicial y refirió que el actor tuvo
la oportunidad de controvertir el fallo de primera instancia en el recurso de
apelación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, solicitó la
desvinculación del presente trámite constitucional, debido a que consideró que no
ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el accionante y que las
pretensiones no están endilgadas a la entidad.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20222 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala negará la solicitud de desvinculación
debido a que se observa que la entidad actuó en calidad de demandada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las
decisiones judiciales objeto de reproche y a este trámite constitucional se
vincularon como terceras con interés, lo que permite concluir que deben hacer
parte del contradictorio.

3. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, con la sentencia del 25 de febrero de 2021,
mediante la cual se confirmó el fallo del 28 de agosto de 2019, dictado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda,
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se le declarara la nulidad del fallo

2
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

proferido el 17 de marzo de 2014, dentro del proceso disciplinario No. 1704-01-2012-
225, confirmado el 14 de agosto de 2014.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto se
logró establecer que en el asunto no se cumple con el requisito general de
procedencia que debe observar contra providencias judiciales, consistente en la
inmediatez en su presentación.

4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta
Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que podría dar a
entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar
la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se
trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un
término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso
de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20166, así:
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la

3
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4
Ibídem.
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de
los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”7

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que
se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Carlos Ernesto Lobo Guerrero presentó acción de tutela con el objeto
de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con la
sentencia del 25 de febrero de 2021, mediante la cual la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia
dictado el 28 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó contra la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se le declarara la nulidad

7
Ibídem.
8 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

del fallo proferido el 17 de marzo de 2014, dentro del proceso disciplinario No. 1704-
01-2012-225, confirmado el 14 de agosto de 2014.

En el escrito de contestación, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales -ITRC, indicaron que la solicitud incumple con el requisito de
inmediatez, porque la acción de tutela fue promovida más de tres años desde que se
profirió la decisión objeto de reproche.

5.2. Conforme da cuenta el aplicativo del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI10,
la sentencia del 25 de febrero de 2021, mediante la cual la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo que negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la accionante
promovió se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado el 7 de abril
de 2021, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de
inmediatez.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la
Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma disposición
establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en todo
momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo razonable,
pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Si bien el accionante manifestó que el presupuesto de la inmediatez se encuentra
cumplido por cuanto el 18 de junio de 2024, se rechazó el recurso extraordinario de
revisión que presentó en contra de la sentencia objetada, lo cierto es que el debate
propuesto no gira en torno a dicha decisión judicial, que permita habilitar el
mecanismo constitucional a partir de ese momento, por el contrario, la controversia
radica en el fallo proferido en segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que como se dijo en líneas anteriores data del 25 de
febrero de 2021.

Sobre ese particular, el Consejo de Estado ha sostenido que el recurso
extraordinario de revisión “es un medio de impugnación y una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este,
se abre la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados conforme con las causales del
11
artículo 250 del CPACA” . En ese orden de ideas, se tiene que se trata de un proceso
nuevo, por lo que, en principio, la verificación de la oportunidad para la presentación
de la tutela contra decisiones proferidas en un proceso ordinario, no se supedita a su
resolución y, por tanto, para el caso, no resulta viable analizar el requisito de la
inmediatez a partir de la providencia por medio de la cual se rechazó el recurso
extraordinario, pues se trata de un suceso distinto al de la fecha de la sentencia
reprochada de la cual se alega la vulneración iusfundamental. Es decir, que el
accionante desde el momento en que conoció el sentido del fallo cuestionado, tuvo
la oportunidad de acudir a través del mecanismo de amparo para debatir los

10
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201500226021100103
11
Sentencia del 13 de octubre de 2020, Consejo de Estado. M.P. Alberto Montaña Plata. Exp. 11001-03-15-
000-2019-00119-00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

argumentos planteados en el escrito de tutela.

Así las cosas, como la solicitud de amparo fue promovida el 14 de noviembre de
202412, transcurrieron tres (3) años, sietes (7) meses y siete (7) días entre el
momento de la notificación de la decisión cuestionada y el de la interposición de la
acción constitucional13, término que excede el límite establecido jurisprudencialmente
por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por
la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes decisiones
ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante
14
y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha precisado “que (…) ha
entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez
15
sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la seguridad
jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que
también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios como el
de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener en
16
cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata de
cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna aún
más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando se ha
superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso concreto se
deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima facie los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales y la parte actora
no hizo manifestación sobre la existencia de alguna que le hubiese imposibilitado
ejercer la acción de tutela dentro del término referido, por lo que, conforme con la
jurisprudencia antes citada, el requisito se encuentra incumplido.

En todo caso, en relación con la presentación de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser

12
Acta individual de reparto.
13
Conforme con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,
“2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”.
14
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

entendido de manera estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005,
consideró que “puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la
acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de
procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del
término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el
mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de
terceros que se han generado por el paso del tiempo”.

Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales dictadas en el marco de
las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso
administrativa, la oportunidad de la solicitud de amparo, por regla general, es de seis
(6) meses, que se determinan a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales, regla que, por supuesto no es inflexible, y que se debe analizar
caso a caso.

Así las cosas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Ernesto Lobo Guerrero, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06165-00
Demandante: Carlos Ernesto Lobo Guerrero

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.