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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00449-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00449-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Tolima negó la nulidad del acto de elección de Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis (Tolima), período 2024 a 2024, conforme las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 73001-23-33-000-2023-00449-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de febrero de 2025

Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas
como alcalde de San Luis (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00449-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00449-01
Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis
(Tolima), para el periodo 2024 a 2027

Temas: Trashumancia electoral. Presunción de la residencia electoral.
Incidencia por irregularidades en elecciones a cargos
uninominales. Carga argumentativa del recurso de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el demandante
contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de
elección de Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis (Tolima), para el
periodo 2024 a 2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su concepto de la violación

1. El señor Vladimir Murillo Lugo solicitó la nulidad del acto de elección del señor
Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis (Tolima), para el periodo 2024
a 2027, contenido en el E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023, conforme el medio de
control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

2. En criterio del accionante, el acto de elección está viciado por las causales de
anulación establecidas en los numerales segundo y séptimo1 del artículo 275 del
CPACA, en tanto afirmó que existieron 1.759 trashumantes.

3. Además, el demandante sostuvo que dicha trashumancia y el aumento de personas
en el censo del SISBEN constituyó un sabotaje a las elecciones territoriales en el
municipio de San Luis.

1 «2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido

cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o
consolidación de los resultados de las elecciones. […] 7. Tratándose de la elección por voto popular por
circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción […]».
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Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas
como alcalde de San Luis (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00449-01

1.2. Trámite en primera instancia

1.2.1. Admisión de la demanda

4. Mediante auto del 12 de enero de 20232, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió
la demanda, dispuso las notificaciones y comunicaciones pertinentes.

1.2.2. Contestación e intervenciones

5. Luego de admitida la demanda, se presentaron las intervenciones que se refieren a
continuación:

6. El Consejo Nacional Electoral3 (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado
Civil4 (RNEC) plantearon la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

7. El demandado5, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, toda vez que no se dan los presupuestos de la causal de anulación
alegada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) Explicó que, en el contexto de la demanda, se argumentó que 1.759 personas se
inscribieron para votar en la elección de alcalde de San Luis en 2023, sin tener la
residencia electoral requerida en el municipio.

b) Puso de presente que el CNE, al conocer una queja, determinó que 511
ciudadanos debían ser excluidos, basándose en la jurisprudencia del Consejo de
Estado6 que establece que la residencia electoral no se desvirtúa únicamente porque
los nombres de los ciudadanos no aparezcan en las bases de datos.

c) En ese sentido, argumentó que las bases pueden confirmar la residencia positiva,
pero no la negativa, toda vez que un ciudadano puede tener un vínculo real con el
municipio sin figurar en esos registros. Indicó que el CNE, al resolver la queja,
consultó el SISBEN, FOSYGA o ADRES, DPS, censo electoral de 2019 e IGAC y,
al no encontrar registro de 511 personas, ordenó su exclusión del censo electoral de
2023.

d) Insistió en que la falta de registro en las bases de datos no era suficiente para
declarar la exclusión del ciudadano inscrito para votar, por cuanto se necesitaban
pruebas adicionales para rechazar la residencia electoral de los ciudadanos.

d) En caso de que este argumento no fuera aceptado y admitiendo hipotéticamente
la legalidad de la Resolución 9083 del 8 de septiembre de 2023 del CNE, que excluyó
511 ciudadanos, puso de presente que el número de los excluidos se redujeron al
resolver los recursos de reposición, toda vez que algunos afectados lograron probar
su residencia y fueron reintegrados al censo.

2 Índice 5 Samai del tribunal.
3 Índice 16 Samai del tribunal.
4 Índice 18 Samai del tribunal.
5 Índice 20 Samai del tribunal.
6 Referenció la siguiente decisión: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.

76001 23 33 000 2019 01203 01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 18 de noviembre de 2021».
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e) Por lo tanto, manifestó que las resoluciones posteriores del CNE reintegraron a
un total de 17 ciudadanos, dejando solo 494 ciudadanos excluidos del censo
electoral, pese a esto, sostuvo que no se configuraba trashumancia, por cuanto no
se había demostrado que los 494 ciudadanos excluidos hubieran votado en las
elecciones de octubre de 2023.

f) También, afirmó que incluso si se aceptara hipotéticamente que los 1.759
ciudadanos eran trashumantes, esa cifra tampoco tendría la capacidad de modificar
el resultado de la elección, toda vez que la diferencia de votos entre el primero y
segundo de los candidatos era de 2.654.

g) Finalmente, esgrimió que, si bien el actor alegó que hubo sabotaje en las
elecciones del alcalde de San Luis debido a la inscripción de 1.759 trashumantes,
esto no constituye un cargo en ese sentido, conforme la jurisprudencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado7, sino que reproduce acusaciones de la anterior
situación, a efectos de que el tribunal examine el caso bajo una causal de nulidad
diferente a la realmente planteada.

1.2.3. Trámite de sentencia anticipada

8. El 20 de febrero de 20248, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del
Tolima ordenó el trámite de sentencia anticipada; declaró no probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CNE y la RNEC; decretó
como pruebas las documentales aportadas por las partes y decretó una de oficio9;
aceptó la intervención del señor Julio Cesar Montañez Roa, como impugnador10 y fijó
el litigio en los siguientes términos:

Corresponderá a la Sala de Decisión determinar la legalidad del Acta de escrutinio E-26 ALC y del
Formulario E-27 de fecha 3 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor RICARDO
ANDRÉS ACOSTA SALAS como alcalde municipal de San Luis Tolima para el periodo 2024 –
2027.

Con base en los presupuestos vertidos por las partes y siguiendo la jurisprudencia del Consejo de
Estado, acerca de los actos de nulidad por motivos de trashumancia electoral, los cuales se rigen
por las siguientes reglas probatorias:

En este caso, se debe acreditar (i) que personas no residentes en el respectivo municipio se
inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos
tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 287 del C. de P.A. y de lo C.A. [Sic] y la incidencia del vicio se mide de acuerdo con el
sistema de distribución ponderada de votos nulos.

7 Referenció la siguiente providencia: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.

Rad. 05001 23 33 000 2015 02546 01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez B. Sentencia del 29 de septiembre de 2016».
8 Índice 26 Samai del tribunal. Notificada la decisión no fue objeto de recursos, conforme la constancia de ejecutoria

de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima del 28 de febrero de 2024 (índice 32 idem).
9 Requirió un informe a la RNEC «sobre el listado de cédulas señaladas como trashumantes en la demanda,

contrastadas con las bases de datos legalmente establecidas (en especial ANSPE, ADRESS, SISBEN, DPS) que
determine la verdadera residencia de esos electores; estableciendo: cuantos (sic), de ellos, tienen relación con el
Municipio de San Luis y con otra u otras entidades territoriales; (ii) cuántos no les arrojó ninguna información; (iii)
cuántos de ellos tienen una relación exclusiva con el Municipio de San Luis y (iv) cuantos (sic) son exclusivos con
otra entidad territorial diferente a aquella».
10 En la decisión negó la participación señor Antonio José Paris Márquez, toda vez que en su escrito no especificó

si su intervención sería como coadyuvante o impugnador. Ante nuevas peticiones, con auto del 19 de julio de 2024,
el tribunal reconoció a este como impugnador y, a los señores Bernal Guarnizo y Sergio Prada Aldana, en calidad
de coadyuvantes de las pretensiones (índice 68 Samai del tribunal).
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1.2.4. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, en fallo
del 31 de octubre de 202411, al no encontrar acreditados los presupuestos de las
causales de anulación invocadas de trashumancia y sabotaje, bajo las siguientes
consideraciones.

1.2.4.1. Trashumancia

10. Como se anotó en la sentencia, el demandante centró su argumentación en que
1759 registros de personas que sufragaron en San Luis no residían ni laboraban en
dicho lugar, con sustento en las bases de datos del ADRES que, según el demandante,
contienen el verdadero lugar de residencia de cada elector.

11. En la actuación administrativa por trashumantes en el municipio de San Luis, el
Consejo Nacional Electoral analizó el archivo plano de cédulas inscritas y las bases de
datos del SISBEN, ADRES, DPS, ICAG, ANI y el censo electoral de 2019. También
determinó que los certificados de vecindad o residencia no eran medios de prueba
idóneos, pero se dio valor probatorio a los certificados laborales, contratos de
arrendamiento, certificados de propiedad y otros documentos que la acrediten.

12. El tribunal puso de presente que el órgano electoral verificó los registros de los
ciudadanos inscritos en San Luis para las elecciones de 2023, mediante el cruce de las
bases de datos. A partir de ello, en los casos en que no se encontró coincidencia entre
el inscrito y el municipio se excluyó del censo electoral, mediante la Resolución 9083
del 8 de septiembre de 2023, que dejó sin efecto la inscripción de 511 cédulas de
ciudadanía en San Luis. Posteriormente, se repusieron 17 cédulas, quedando 494,
sobre las cuales se podría alegar la circunstancia de trashumancia.

13. Para esclarecer lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil rindió un
informe técnico que requirió el tribunal, en el que explicó que este se realizaría frente a
1.684 cédulas12. A partir del cruce realizado, se concluyó que 1.159 cédulas estaban
habilitadas para votar en San Luis y que el excedente, 525 cédulas, debía ser restado
del censo electoral. Sin embargo, como el listado era el mismo que analizó el Consejo
Nacional Electoral, quien en vía administrativa ordenó la exclusión de 437 inscripciones
de cédulas del censo, solo quedaron 88 registros sobre los cuales el tribunal abordaría
el estudio de fondo.

14. Para el tribunal, la cantidad de trashumantes determinados a partir de la valoración
en conjunto de las pruebas decretadas en el proceso, no tiene la virtualidad de afectar

12 Ello por cuanto el tribunal consideró que no sería las 1.759 planteadas por la parte actora al explicar: «Teniendo

en cuenta que, el listado de las cédulas allegado con la demanda, además de contener inconsistencias (duplicados,
espacios vacíos, etc.) en la relación de los datos allí contemplados y que de conformidad con la jurisprudencia, los
informes técnicos que evidencian los cruces de información son el medio más acertado para determinar “si un
ciudadano tiene relación con el territorio en el que está inscrito su documento de identidad para ejercer el derecho
al voto, o si tal vínculo se mantiene con otro municipio, lo que equivale a probar situaciones afirmativas, concretas
y delimitadas”, pese a la actual ausencia de sistemas sofisticados y actualizados que “escapa a la capacidad actual
de las entidades del país”, la Registraduría Nacional del Estado Civil en el informe rendido dentro del sub lite,
confirmó que “en dicho escrito solo aparecen relacionados 1.758 cédulas, entre los cuales se encontró que
71 cupos numéricos cuentan con más de un registro y 3 cupos numéricos tienen 11 dígitos (10061225166,
10361335966, 11094966567) es decir que no existen; por lo tanto, para se (SIC) procede a proporcionar
respuesta a un total de 1.684 números de cédula”.». [Énfasis del original].
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la legalidad del acto demandado. Además, explicó que la confrontación de los derechos
fundamentales con la actividad trashumante es un reto, toda vez que la relación del
ciudadano con el municipio tiene muchas dimensiones, pues el artículo «183»13 de la
Ley 136 de 1994 define la residencia para efectos electorales, incluyendo el lugar
donde la persona habita, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios
o empleo.

15. Asimismo, indicó que la Ley 163 de 1994 establece que la residencia electoral es
aquella donde se encuentra registrado el votante en el censo electoral, que se presume
con la inscripción, en tanto el votante declara bajo juramento residir en el municipio.
Por lo tanto, explicó que el Consejo Nacional Electoral puede declarar sin efecto la
inscripción si se comprueba que el inscrito no reside en el municipio.

16. El tribunal consideró que para desvirtuar la presunción de residencia electoral se
debe probar que el presunto trashumante no es morador del municipio, no tiene asiento
regular en el mismo, no ejerce allí su profesión u oficio y no posee algún negocio o
empleo, por lo que el votante puede escoger una de las formas de residencia electoral
admitidas al registrar su cédula.

17. Explicó que los reportes de los diferentes órganos del Estado no permiten
establecer con certeza la residencia electoral, pero sí ofrecen un indicio significativo,
pues el artículo 165 del CGP, en virtud de la integración normativa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011, estipula que el indicio es un medio de prueba que, aunque no
demuestra directamente la trashumancia, puede generar la convicción del juzgador.

18. En consecuencia, para el tribunal las pruebas apartadas con la demanda no son
suficientes para desvirtuar las inscripciones regulares de las cédulas en San Luis, pues
del análisis en conjunto de las pruebas, si bien se determinó la existencia de 88
trashumantes, estos no tienen la envergadura para cambiar el resultado de la elección,
conforme con el artículo 287 del CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado que
respalda dicho juicio, por cuanto la incidencia del vicio se mide de acuerdo con el
sistema de distribución ponderada de votos nulos.

19. Lo anterior, por cuanto, en el caso concreto, la diferencia de votos entre el candidato
elegido y el segundo fue de 2.654 votos.

1.2.4.2. Sabotaje

20. El demandante argumentó que las conductas afectadas por trashumancia podían
conllevar la nulidad del proceso electoral, por incurrir con ella en sabotaje a los sistemas
de información, conforme con el artículo 275.2 del CPACA. Además, sostuvo que esta
causal de anulación se demostraba con la orden del Consejo Nacional Electoral de
excluir cédulas del censo municipal, también, ante las inconsistencias en el aumento
de registros de población inscrita en el SISBEN.

21. El tribunal explicó que la jurisprudencia definía el sabotaje como el daño, deterioro,
obstrucción u oposición que se hacía sobre las cosas para alterar el proceso electoral,

13 El tribunal citó el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 en relación con el requisito de la residencia electoral; no

obstante, la Sala aclara que dicha disposición fue derogada con la expedición de la Ley 163 de 1994.
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por lo que, a diferencia de la violencia, que implicaba fuerza física o psicológica, el
sabotaje se caracterizaba por maniobras subrepticias para destruir u obstruir el
proceso.

22. Sin embargo, el tribunal del análisis de las pruebas allegadas (videos), no consideró
que la petición de nulidad por sabotaje tuviera vocación de prosperidad, pues si bien la
trashumancia tenía implicaciones penales, las repercusiones no implicaban la nulidad
electoral. Además, precisó que la actuación administrativa y el procedimiento penal
sobre dicha irregularidad, son independientes al control judicial del acto de elección.

23. Finalmente, explicó que las personas en el SISBEN para el 30 de octubre de 2023
correspondían a una cifra proporcional a la de años anteriores, por lo que se
desvirtuaba el argumento del demandante14.

24. La sentencia de primera instancia se notificó a las partes por correo electrónico, el
6 de noviembre de 202415.

1.2.5. Recurso de apelación

25. El 18 de noviembre de 202416, la parte demandante solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones.

26. Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Tolima no realizó un adecuado estudio
de las pruebas, incluyendo las de oficio que demostraban la trashumancia electoral; no
hizo un esfuerzo por auscultar de fondo las allegadas al proceso y no las valoró
adecuadamente, por cuanto de las matrices de «cruces tribunal administrativo Tolima
• SISBEN, ADRES Y DPS» y «IDC Cédulas Tribunal Administrativo Tolima», aportadas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se demostraba claramente la
trashumancia.

27. Manifestó que, aunque se respeta el estudio realizado por el tribunal sobre la
residencia electoral, no lo comparte, en tanto, pese a que un ciudadano puede tener
relación con dos o más municipios, con ocasión a sus actividades personales,
ocupaciones, oficios o profesión, lo cierto es que no puede estarse irresponsablemente
trasladando de municipio a municipio cuando exista la contienda electoral. Esto se
evidencia en el cruce de información que fue arrimado al proceso, con la requerida a la
autoridad electoral.

14 Sobre estos aspectos, consideró el fallo: «Aunado a lo anterior, de las pruebas allegadas al expediente y que no

fueron objeto de tacha alguna, obra en el índice 66, fl. 1 a 33 del expediente SAMAI, en el que el Municipio de San
Luis (Tol.) se advierte que, para el 30 de octubre 2023 habían tan solo 672 personas sisbenizadas en comparación
con los años anteriores que habían sido superior, para el año 2.021 se registraron 1.026 y para 2.022, 1.137,
lográndose desvirtuar el argumento de sabotaje abordado por el demandante en la demanda, pues a tan solo dos
(2) meses de terminarse el año 2023, su registro resultaba proporcional respecto a los demás años. Adicionalmente,
de las actividades irregulares se dio trámite ante la autoridad penal competente, tal y como se advierte de la
documental allegada».
15 Índice 100 Samai del tribunal.
16 Índice 102 Samai del tribunal.

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28. Además, el fallo olvida por completo el precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado17 en materia de residencia electoral, que ha establecido cinco reglas que fueron
objeto de trascripción por el accionante.

29. A partir de lo anterior, el apelante indicó que, en el cruce de información requerido
por el tribunal, se evidenció que en el comparativo de SISBEN, ADRES, DPS en la
elección del 29 de octubre de 2023, y comparada con las anteriores a dicha fecha,
varios de los electores reflejaron habitar en otros municipios o ciudades, tales como:
Saldaña, Guamo, Rovira del departamento del Tolima; o de Bogotá y del Valle.

30. Sin embargo, para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, reflejaron
estar en un municipio distinto, como lo es San Luis (Tolima).

31. Explicó el recurrente que el a quo olvidó lo reglado por el Consejo de Estado sobre
la residencia electoral, o peor aún, que se restaran dichos votos trashumantes al total
de los resultados electorales y, que como no existe variación que afecte las elecciones,
entonces se mantiene o sostiene la declaratoria de la elección.

32. El señor Murillo Lugo afirmó que, a partir de ese argumento, podría aceptarse que
la trashumancia tuvo un revés de legalidad, pues se está permitiendo, además, se
premia al candidato que mejor sepa revestir de formalidades la inscripción irregular de
cédulas, para ganar una elección. Si son pocos los trashumantes, se restan esas
mínimas diferencias, y como no se altera el resultado, entonces continúa ejerciendo el
cargo de elección popular, por lo que manifestó que, «en futuras elecciones,
“perfeccione” la manera en como (sic) se trashuma ciudadanos para que voten en otro
municipio, que sin complicación, no tendrá implicaciones o incidencias judiciales
adversas».

33. En ese sentido, afirmó que hay un choque de pronunciamientos, puesto que la
trashumancia es una sola, de manera que, si se infringe la normativa, así sea con una
sola persona, o con cifras indeterminadas, se debe anular la elección18, como ocurrió
en el presente caso, en el cual, el tribunal concluyó la existencia 88 trashumantes, pese
a ello mantuvo el acto demandado y no dispuso el traslado de oficio a la autoridad penal
para que ejerciera las funciones de su competencia.

1.3. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

34. El 17 de enero de 202519, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación
y ordenó adelantar el trámite de los artículos 292 y 293 del CPACA.

17 En el escrito de apelación no se indicó la referencia de la jurisprudencia que fijó las cinco reglas a las que alude

en su escrito.
18 Lo que planteó en los siguientes términos: «Es decir, ahora, un trashumante, no se castiga, así, vaya en contravía

de la misma norma; sino que debe ser igual al número de votos que se pretendan restar para que dé la trashumancia;
y se pierda de vista el origen; la connotación y la visión de lo que el legislador pretendió con dicha norma, y es que
así, la cometa una, dos mil; o un número mayor o indeterminado de ciudadanos, sigue siendo la misma infracción;
por lo tanto, ser trashumante; y por ende, castigarse con la nulidad electoral»
19 Índice 5 Samai.

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1.3.1. Traslado del recurso e intervenciones

35. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público20, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
Dentro de dichos términos se presentaron las siguientes intervenciones:

36. La RNEC21 en su escrito explicó que su función en las elecciones es meramente
técnica y organizativa, por lo que no tiene injerencia en la postulación de candidatos ni
en la expedición de actos administrativos relacionados con la elección.

37. Además, puso de presente que el CNE expidió la Resolución 9083 del 8 de
septiembre de 2023, que ordenaba dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía en el municipio de San Luis, para las elecciones del 29 de octubre de
2023. A partir de lo cual sostuvo que los hechos narrados por el demandante no se
encontraron demostrados y las presuntas irregularidades alegadas en el procedimiento
de votación y escrutinio se consideraron meros juicios de valor, afirmaciones subjetivas
y conjeturas de este.

38. El demandado22 se opuso a la prosperidad del recurso de apelación, por cuanto la
sentencia del 31 de octubre de 2024 valoró en conjunto las pruebas y evidenció que el
número de trashumantes no tenía incidencia en la elección.

39. En primer lugar, explicó que, del análisis de las pruebas, incluido el informe de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se demostró que, si bien 525 ciudadanos
fueron excluidos del censo electoral, ninguno de ellos participó en la elección de
Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde.

40. En segundo lugar, se argumentó que incluso si se hubiera demostrado la
participación de trashumantes, la irregularidad no tenía la incidencia suficiente para
modificar el resultado de los comicios, conforme el artículo 287 del CPACA, toda vez
que la diferencia de votos entre Acosta Salas y el accionante fue de 2.654 sufragios
mientras que el número de presuntos trashumantes era de 1.684.

41. Finalmente, desestimó el argumento del apelante sobre el «no compulsar copias»,
considerándolo irrelevante para atacar la sentencia del Tribunal.

42. El demandante23 reiteró los argumentos de la apelación.

43. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado24 solicitó que se
confirme en su integridad la sentencia de primera instancia, conforme los siguientes
argumentos:

• Explicó que el CNE, con base en la información recopilada, determinó las
cédulas de ciudadanía que fueron inscritas irregularmente para votar, respecto de

20 Entre el 29 al 31 de enero de 2025 (índice 11 Samai) y el 3 al 7 de febrero del mismo año (índice 15 Samai),

respectivamente.
21 Índice 12 Samai.
22 Índice 13 Samai.
23 Índice 14 Samai.
24 Índice 17 Samai.

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Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas
como alcalde de San Luis (Tolima)
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las cuales sus titulares no podían volver a inscribir el documento de identidad para
el mismo proceso electoral en el lugar en el que fueron excluidos, ni tampoco ser
designados para ejercer como jurados de votación de la respectiva entidad territorial,
siendo procedente el recurso de reposición.

• Puso de presente que el procedimiento administrativo de carácter policivo que
realizó el CNE incluyó el análisis y cruce de las diferentes bases de datos señaladas
en el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3, en el que contó
con el apoyo de la RNEC y que incluyó «visitas especiales a las direcciones
registradas al momento de la inscripción», con el fin de verificar la identidad de las
personas y el lugar en donde debían ejercer su derecho al voto.

• Debido a lo anterior, el ministerio público compartió el sentido del fallo,
comoquiera que aquel se aviene al criterio normativo y jurisprudencial que se tiene
sobre la causal, como del análisis en conjunto de las pruebas decretadas en el
proceso, por lo que el recurso no está llamado a prosperar, por cuanto se hizo
evidente que el demandante no aportó elementos adicionales que permitieran
determinar que las 1.759 personas que aduce como trashumantes, realmente lo
fueran.

• De hecho, la procuradora resaltó que esta cifra es mucho menor, toda vez que,
según los datos emitidos por la RNEC y el CNE, la misma se encuentra depurada,
tal como lo constató el tribunal en el fallo apelado.

• Finalmente, frente al requisito de incidencia, si se planteara un caso hipotético
en el que las 1.759 personas que se aducen por el demandante como trashumantes,
hubiesen votado efectivamente por el hoy accionado, y se debiera restar esa
votación solamente a este, el resultado electoral no variaría, toda vez que la
diferencia de votación entre Ricardo Andrés Acosta Salas y quién lo siguió en
votación es de 2.654 votos, cifra mayor a la acá reclamada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

44. Esta sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por
el demandante, de conformidad con los artículos 15025 y 152, numeral 7.º, literal a)26
del CPACA, así como lo dispuesto en el artículo 1327 del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Caso concreto

45. El señor Vladimir Murillo Lugo solicitó la nulidad del acto de elección del señor
Ricardo Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis (Tolima), para el periodo 2024

25 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
26 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes

asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […] de los alcaldes municipales […]».
27 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

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a 2027. Consideró que dicho acto está viciado por las causales de anulación
establecidas en los numerales segundo y séptimo del artículo 275 del CPACA,
argumentando la existencia de 1.759 casos de trashumancia electoral y que estos
constituían sabotaje.

46. Como se explicó en los antecedentes, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
las pretensiones de la demanda, en tanto determinó la existencia de 88 casos de
trashumancia, los cuales no incidieron en el resultado de la elección, toda vez que la
diferencia entre el primero y el segundo fue de 2.654 votos. Asimismo, el tribunal
explicó que la trashumancia no configura la causal de anulación por sabotajes.

47. Dicha sentencia fue objeto de reparo por el demandante, porque, a su juicio, el
tribunal no realizó un adecuado estudio de las pruebas, incluyendo las de oficio que
demostraban la trashumancia electoral; no hizo un esfuerzo por auscultar de fondo las
pruebas allegadas al proceso; y no las valoró adecuadamente, por cuanto, de las
matrices de «cruces tribunal administrativo Tolima - SISBEN, ADRES Y DPS» y «IDC
Cédulas Tribunal Administrativo Tolima», aportadas por la RNEC, se demostraba la
trashumancia e indicó que con la sola comprobación de un ciudadano en tal condición
se debía anular la elección. Finalmente, reparó que el tribunal no compulsó copias a la
Fiscalía General de la Nación, pese a las irregularidades corroboradas.

48. En el orden de los antecedentes expuestos, con el fin de determinar si se confirma,
modifica o revoca la sentencia apelada, la Sala, a partir del estudio de las pruebas
allegadas oportunamente al expediente, establecerá si la trashumancia alegada en el
presente proceso tiene la incidencia necesaria para la afectación de la elección
demandada.

49. Lo anterior, se abordará estrictamente a partir de los argumentos planteados en la
apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso (CGP)28, que prescriben que este medio de impugnación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
formulados por la parte recurrente respecto al cargo de trashumancia.29 En torno al
cargo de sabotaje, no se advierte reparo alguno en el recurso de alzada.

50. Previo a resolver las apelaciones, la Sección hará unas breves consideraciones
sobre i) la trashumancia y los mecanismos para combatirla, ii) de la presunción de la
residencia electoral y iii) la solución al problema jurídico.

28 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de septiembre de

2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sobre el alcance del recurso de
apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320
del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley».
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2.2.1. La trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla. Reiteración
jurisprudencial30

51. La trashumancia electoral, según lo ha precisado esta Sección, corresponde a «la
acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política
en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero
arraigo o interés»31 [énfasis de la Sala].

52. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna atenta
contra la democracia participativa local, se han implementado diversos mecanismos a
los que se hará alusión, para luego profundizar en uno de ellos, es decir, el
procedimiento breve y sumario que adelanta el CNE, debido a la naturaleza de los
actos cuya nulidad se pretende, dictados por dicha entidad.

53. El artículo 389 del Código Penal reprocha la inscripción irregular de documentos o
cédulas de ciudadanía que desconocen la relación que deben tener los votantes con
el territorio, toda vez que mediante dicha conducta se pretende obtener indebidamente
una ventaja en los comicios o un provecho ilícito para sí o para terceros. Conducta
tipificada de la siguiente manera:

El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban
documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a
aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección
popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en
localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el
propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada
por un servidor público. [Énfasis fuera del texto].

54. Con la modificación introducida por el artículo 4. de la Ley 1864 de 2017 al anterior
tipo penal, no solo se sanciona a quien logra que personas habilitadas para votar
inscriban sus documentos de identidad en lugares en los que no les corresponde, sino
también a quienes inscriben a aquellos para votar en tales condiciones, en tanto, da
cuenta de la intención del legislador de hacer consciente al ciudadano de las
consecuencias de su conducta deshonesta frente al ejercicio del derecho al voto,
cuando con el objeto de obtener un provecho ilícito para él o un tercero, se presta para
interferir en decisiones de carácter local en las cuales no está legitimado, pues no tiene
relación con el territorio en el que se llevan a cabo los comicios.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de diciembre de 2024,

expediente 13001-23-33-000-2023-00500-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 10 de octubre de 2024,
expediente 05001-23-33-000-2023-01256-01, MP. Gloria María Gómez Montoya. Sentencia del 18 de noviembre de
2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01203-01, MP: Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 22 de agosto de 2024,
expediente 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas. Sentencia del 31 de octubre de 2024,
expediente 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
31 Ibidem.

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55. Para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 275, numeral
7.º de la Ley 1437 de 2011, se encuentra la causal específica de nulidad de los actos
de elección relacionados con la trashumancia, así:

Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo
137 de este Código y, además, cuando:
[…]
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional,
los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

56. Aunque la trashumancia electoral solo se consagró expresamente como causal de
nulidad específica mediante la norma transcrita, desde el 28 de enero de 1999 32 el
Consejo de Estado la aceptó jurisprudencialmente como un motivo para anular los
votos afectados y eventualmente el acto de elección, estimando en un primer momento
que dicha conducta constituía una violación del artículo 316 constitucional y luego 33
desde el planteamiento de una modalidad de incurrir en la conducta prevista en el
entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo34, aspecto en el que en
esta oportunidad no resulta necesario ahondar35.

57. Es importante tener presente que el Consejo de Estado en sede nulidad electoral
ha considerado de manera más o menos uniforme, que «para desvirtuar la presunción
de residencia electoral se debe probar, de forma concurrente y simultánea, (i) que el
presunto trashumante no es morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento
regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que tampoco
posee algún negocio o empleo»36.

58. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué
personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él,
(ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el
resultado de la contienda electoral»37.

32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, MP. Mario Alario Méndez.
En esta providencia se indicó: «Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la violación de lo dispuesto en el
artículo 316 de la Constitución no determina la nulidad de las elecciones de que se trate y que las consecuencias
de esa violación son las establecidas en el artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiera lugar cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el
inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción. //
La Sala en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones que se
realicen para la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros municipios, el voto
cumplido contra esa expresa prohibición constitucional es nulo. Y será nula, consecuentemente, la elección
correspondiente, cuando el número de votos nulos sea determinante de la misma, pues en caso contrario la nulidad
del voto resultaría inocua. // Entonces, para alegar con éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe
demostrarse que los inscritos no residían en el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la
inscripción, bajo juramento, en los términos del artículo 4º, inciso segundo, de la Ley 163 de 1.994, y que
efectivamente votaron; y establecer también la incidencia de tales votos en el resultado electoral».
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, expediente. 25000-23-24-000-2000-

0768-01, MP. Mario Alario Méndez.
34 «Artículo 223. Causales de nulidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.> Las actas de

escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: […] 2.
Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su
formación».
35 Para más información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral, puede apreciarse:

1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017,
Rad. 68001-23-33-000-2016-00076-02, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección
Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00,

MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
37 Ibidem.

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59. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, al Consejo Nacional Electoral, en virtud del artículo 4.° de la Ley 163 de 1994,
le fue conferida la facultad de adelantar un procedimiento breve y sumario en el cual
se: (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y, en caso
afirmativo, (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, para evitar que
personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales que
definirán a los dirigentes que los gobernarán.

60. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo
8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre los
artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8, consagra en cabeza de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, la facultad-deber de cruzar la información suministrada por los
ciudadanos al momento de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos
procesos electorales, con «cualquier base de datos pública o privada que se considere
útil para establecer la residencia electoral» (parágrafo del artículo 2.3.1.8.3).

61. A su vez, el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3 señala las
bases más relevantes para tal efecto38, con el propósito de entregar los resultados del
cruce realizado al Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte las decisiones
correspondientes frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y, por ende,
se ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como
lo indica la parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:

Que el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de
los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes de
la jornada electoral.

Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales que la
norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la inscripción de
los ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo para que el Consejo Nacional Electoral
realice el control correspondiente en ejercicio del numeral 1° del artículo 265 de la
Constitución Política de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la
Organización Electoral y las investigaciones a que haya lugar de inscripción irregular de
cédulas. […]

38 «Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus

competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional
identificación y la de datos de las huellas digitales, con el propósito de verificar la plena identificación de los
ciudadanos que inscriben sus cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales. // Parágrafo.
Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el
procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha. // Artículo 2.3.1.8.2.
Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con sus
competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe,
cruzará la información con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales. // Artículo
2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará
la información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes
procesos electorales, con las siguientes bases de datos: • Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. •
Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud
y Protección Social. • Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE. • Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social-DPS. // Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional
Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de
datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral».
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Que con el fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más
transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar
conductas que puedan atentar contra los mismos, se hace necesario establecer
mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y
oportuno control por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas
para combatir trashumancia electoral.

62. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto de
este puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las personas
relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo, que interfieren
indebidamente en la democracia participativa a nivel local.

63. Tan es así, que el Decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.539 (adicionado por
el Decreto 1294 de 2015), previó plazos concretos para que la Registraduría Nacional
del Estado Civil entregue el resultado del cruce de información al Consejo Nacional
Electoral, a fin de que este adopte las decisiones a que haya lugar.

64. Sobre el particular, no puede perderse de vista que la revisión eficaz y oportuna
del censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 49,
estableció que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada electoral, de
manera tal que la depuración que se emprenda para propiciar comicios transparentes
debe adelantarse antes del plazo señalado y de forma permanente como lo establece
el artículo 48 de la misma ley.

65. Lo anterior, por cuanto el propósito no es otro que el registro de las cédulas de
ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en
el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para participar en las elecciones y
concurrir a los mecanismos de participación ciudadana40, corresponda a la realidad,
garantizando así que cada vez que se emprenda un ejercicio de participación
democrática, concurran quienes están habilitados para tal efecto por el ordenamiento
jurídico, respetando la residencia electoral.

66. En relación con el procedimiento administrativo que se viene explicando, es
pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en mención, según el cual,
el CNE puede efectuar un análisis de trashumancia histórica:

Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de octubre
de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el presente
capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias,
fijará los criterios que definan el fenómeno de la trashumancia histórica y la
verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política.
[Énfasis de la Sala].

39 «La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros

días de cada mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos».
40 Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: «El censo electoral es el registro general

de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior,
habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las
elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número
de electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170,
375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico, elaborado por la RNEC, que le
permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los
mecanismos de participación ciudadana».
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67. La trashumancia histórica hace alusión al traslado de ciudadanos de un lugar
distinto a aquel en que residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, con lo cual
influyeron en anteriores procesos electorales de carácter local, de manera tal que
históricamente personas ajenas a la realidad territorial han incidido en decisiones
relativas a la misma, por lo que resulta necesario identificarlas para dejar constancia
de dicho fenómeno y, por supuesto, tomar los correctivos a que haya lugar.

68. Es interesante que, con el Decreto 1294 de 2015, no solo se pretende que los
análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones que están por
celebrarse, sino también al estudio de dicho fenómeno respecto de procesos
electorales que finalizaron, en criterio de la Sala, con el propósito de aprender de las
experiencias pasadas e identificar los lugares en los que la trashumancia ha tenido
significativa incidencia, para implementar procedimientos eficaces, que permitan
combatir dicha práctica en territorios en los que históricamente se ha arraigado.

69. En este horizonte, es importante referir que, frente a cualquier discusión atinente a
la trashumancia electoral, la Sección ha sido consistente en sostener 41 que se debe
partir de la presunción contenida en el artículo 4.° de la Ley 163 de 1994 42, esto es,
que la residencia electoral de una persona corresponde al lugar en el que tiene inscrita
su cédula para votar.

2.2.2. De la presunción de la residencia electoral43

70. Se debe indicar que esta presunción se estructura a partir del hecho de que los
ciudadanos, para registrar su documento de identidad con el fin de ejercer el derecho
al voto, deben presentarse personalmente ante la autoridad electoral del lugar en el
que desean sufragar (artículo 78 del Código Electoral); esto implica que, en virtud del
principio constitucional de buena fe, que irradia las actuaciones de los particulares ante
la administración (artículo 83 de la Constitución Política), se tenga por cierta la
manifestación que hace el votante sobre el lugar en el que reside, motivo por el cual, si
se busca desvirtuar tal afirmación, debe cumplirse con la carga probatoria
correspondiente.

71. Considerando lo referido, se advierte que, en los primeros pronunciamientos
relacionados con este tema44, se indicó que la presunción de residencia electoral se
desvirtúa mediante «prueba convincente de que los sufragantes incursados moran en

41 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm. 76001-23-33-000-

2019-01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024.
Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 44001-23-40-000-2024-
00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
42 «ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución

Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende
que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin
perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito
no reside en el respectivo municipio, el CNE declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del
Decreto número 2762 de 1991».
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de diciembre de 2024,

expediente 13001-23-33-000-2023-00500-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
44 A través de: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario

Méndez.
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Radicado: 73001-23-33-000-2023-00449-01

otro municipio»45, es decir, que habitan en un lugar distinto a aquel en el que registraron
al momento de su inscripción.

72. Posteriormente, la Sección especificó que la residencia electoral se puede
establecer, no solo a partir del lugar en que se habita, sino también en el que de manera
regular se tiene asiento, se ejerce la profesión u oficio o posee algún negocio o empleo,
motivo por el cual, para desvirtuarla debe demostrarse que el inscrito no se encuentra
en alguna de las situaciones antes señaladas, respecto del lugar en el que ejerce su
derecho al voto46.

73. Después, en providencia del 14 de diciembre de 200147, la Sección Quinta indicó
que para desvirtuar la referida presunción se debe demostrar que el ciudadano no tiene
alguna de las relaciones antes señaladas en la dirección que suministró al momento
de inscribir su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto, porque resultaría
desproporcionado o imposible de probar que la persona en cuestión no reside, no
trabaja, no posee negocio o empleo en el municipio en el que tiene inscrito su
documento.

74. Por lo indicado, «quien pretende desvirtuar la presunción de residencia electoral en
los términos que actualmente lo exige la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en estricto sentido, tiene la posibilidad material de probar los
vínculos que un ciudadano tiene con un territorio distinto al registrado para efectos
electorales, más (sic) no la posibilidad de acreditar que dicho ciudadano no es morador
del respectivo municipio, no tiene asiento regular en el mismo, no ejerce allí su

45 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2000, Rad. 2415. M.P: Roberto Medina

López. En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de
diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01.
46 En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de

diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0792-

01(2742), M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. «El artículo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral
es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee
algunos de sus negocios o empleo, presupuestos materiales que pueden determinar que una persona posea al
mismo tiempo la opción de varias residencias electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio. No obstante,
respecto de aquélla, la ley establece que debe ser única y se determina por la decisión del ciudadano de inscribir
su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de
los vínculos previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir donde habita, o de manera regular está de
asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, con el fin de ejercitar en él su derecho
político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula el ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en
el respectivo municipio y ello se constituye en el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser
desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en el
artículo citado.// Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como del lugar de su
residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que configura al vínculo material con el municipio
donde se está inscribiendo, de tal manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de
residencia o de ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuando la
presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor no se trata de demostrar que un inscrito reside
en otro municipio o ciudad distinto de aquel en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las
varias alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible demostración si lo que
se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o
empleo, etc. Por razones lógicas y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo
juramento de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el respectivo municipio
y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris tatum de su residencia electoral y la sola acreditación
de que no reside o trabaja en el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción de residencia
electoral como ya se indicó. Este criterio hermenéutico rectifica la jurisprudencia que había sostenido la Sala sobre
el mismo punto en las sentencias de 15 de noviembre de 2001, Expediente 2741 y del 7 de diciembre de 20001
(sic), Expediente 2729”».
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profesión u oficio y que tampoco posee algún negocio o empleo, salvo que aquél
confiese de manera clara y precisa tales circunstancias»48.

75. Aunado a lo anterior, se precisa que, cuando una persona regularmente
permanezca o habite en un lugar, no necesariamente implica que no tenga relación con
otro sitio, circunstancia que también se puede predicar de los vínculos relacionados
con el ejercicio de una profesión u oficio o de poseer algún negocio o empleo.

76. En efecto, dichas relaciones también pueden presentarse de una persona respecto
de varios lugares, por lo que, se insiste, que se pruebe frente a un ciudadano y un
territorio la existencia de un vínculo para la constitución de una residencia electoral, no
conlleva necesariamente a la inexistencia del mismo tipo de vínculo con otro espacio.

77. Lo señalado da cuenta de las notorias dificultades para desvirtuar la presunción de
residencia electoral desde el criterio de la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, lo cual obedece a las distintas alternativas que ha reconocido el
ordenamiento jurídico para constituir la residencia electoral.

78. Por otra parte, tampoco se pierde de vista que «cada vez que se discute sobre la
eventual existencia de trashumancia electoral, inescindiblemente se habla del ejercicio
del derecho fundamental a participar en la conformación del poder político con todas
sus manifestaciones (art. 40 de la Constitución), motivo por el cual deben existir
suficientes elementos de juicio para considerar que una persona debe ser retirada del
censo electoral del distrito o municipio en el que se inscribió y, por ende, que allí no
puede ejercer su derecho al voto porque no corresponde a su residencia electoral» 49.

79. Atendiendo el marco teórico expuesto, se procederá con el análisis del caso
concreto.

2.2.3. Solución al problema jurídico

80. La Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, por cuanto
los argumentos de la apelación no están llamados a prosperar, toda vez que i) los casos
de trashumantes no tienen la incidencia para afectar la elección; ii) la autoridad judicial
de primera instancia sí valoró las pruebas y iii) finalmente, no era necesario compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación, pues dichas irregularidades fueron
denunciadas ante esa entidad, como pasa a explicarse.

81. El legislador estableció en las normas especiales del medio de control de nulidad
electoral la incidencia de las irregularidades alegadas en este tipo de procesos, como
presupuesto para anular el acto de elección popular, en el artículo 287 del CPACA, en
los siguientes términos:

Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar
a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024,

expediente 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
49 Idem.

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irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de
practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos. [Énfasis de la Sala].

82. Con fundamento en la normativa anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en sentencia del 10 de octubre de 202450, fijó un nuevo criterio sobre la incidencia de
la trashumancia en elecciones para cargos uninominales, como la demandada en este
caso. La nueva jurisprudencia deja de lado el sistema de afectación ponderada y
establece un mecanismo de comparación entre los primeros candidatos en la contienda
electoral, de la siguiente manera:

En tales condiciones, no puede perderse de vista que el presupuesto para declarar la
nulidad de un acto electoral (art. 288 del CPACA) es garantizar el respeto de la voluntad
legítima mayoritaria del pueblo; por ello corresponde al juez en cada caso determinar si
las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de
practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos. En este caso, la diferencia entre
los 3 candidatos a la alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá) es de 10 votos entre el primero y
el 2 y de 63 sufragios con el tercero, aspecto que permite colegir, que al haberse permitido
la votación de 146 personas no residentes en el municipio, se afectó la voluntad popular,
en tanto, la diferencia material entre candidatos es inferior al número de trashumantes.

De la anterior correlación, la Sala considera pertinente y justificado, modificar su tesis
jurisprudencial cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un
cargo uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que se invoque
este reparo de nulidad electoral, en esos precisos casos (unipersonales), se tendrá en
cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia
de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que
solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas
elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia
que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.

La razón de escoger a los tres primeros aspirantes obedece a que no solo está en
contienda el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la posibilidad
de que el segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a una curul a la
corporación pública respectiva, según el tipo de elección que se trate, en los términos del
Estatuto de la Oposición. [Negrilla del original].

83. En consecuencia, no le asiste razón al apelante cuando afirma que una elección
popular debe anularse por la mera demostración de trashumancia de una persona o un
número indeterminado de ciudadanos. A fin de respetar la voluntad legítima de la
mayoría de los electores, la nulidad de una elección solo se declarará cuando esta
irregularidad sea igual o mayor a la diferencia de votos entre los tres primeros
candidatos (o los dos primeros, si solo hay dos aspirantes). En dicho escenario se
puede considerar que existe una incidencia real, toda vez que nuevos escrutinios
podrían dar como resultado la elección de otros candidatos.

84. La Sala observa que, en este caso, el demandado obtuvo un total de 6.029
sufragios, mientras que el señor Carlos Enrique Murillo Lugo, quien ocupó el segundo
lugar en la intención de voto para la Alcaldía de San Luis, logró 3.375 sufragios, como
se evidencia en la siguiente imagen del formulario E-26 ALC, aportado como prueba al
proceso:

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia 10 de octubre de 2024,

expediente 15001-23-33-000-2023-00483-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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85. De la prueba anterior se concluye que la diferencia entre el primero y el segundo
en intención de votos en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 por la
Alcaldía de San Luis fue de 2.654 votos, razón por la que carece de vocación de
prosperidad el reparo que alega el apelante.

86. Aunado a lo anterior, en la demanda se alegó la existencia de 1.759 trashumantes
y el tribunal, luego de la valoración en conjunto, determinó que solo 88 ciudadanos no
debían votar en dicha elección al desvirtuarse en sede judicial la presunción de
residencia electoral de estos, conforme con los parámetros jurisprudenciales
expuestos.

87. Conforme ello, aun tomando ambas cifras, se puede colegir que la demanda carece
de vocación de prosperidad y, por ende, se debe mantener la voluntad legítima de la
mayoría de los electores.

88. El segundo reparo del impugnante se refería a una presunta valoración probatoria
indebida por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, al sostener que la autoridad
judicial «debió revisar con detenimiento y responsabilidad cada uno de los datos
enviados por la autoridad electoral, frente a las personas que habían votado en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 en el municipio de San Luis».

89. Al respecto, esta Sala no encuentra motivos para controvertir y dejar sin efectos el
análisis realizado por la autoridad judicial de primera instancia, como se detalla a
continuación.

90. Como lo ha indicado la jurisprudencia y lo trajo a colación la procuradora delegada,
le corresponde a la autoridad electoral a través de un procedimiento breve y sumario
determinar los casos de trashumancia.

91. Para ello el Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, adicionó el capítulo 8.° al Decreto
1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre los artículos
2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8, que consagra en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la facultad-deber de cruzar la información suministrada por los ciudadanos al
momento de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos procesos

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electorales, con «cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para
establecer la residencia electoral» (parágrafo del artículo 2.3.1.8.3).

92. En el presente caso, el tribunal, mediante auto del 20 de febrero de 202451, requirió
a la RNEC para que elaborara un informe técnico con el siguiente contenido:

[...] se requerirá a dicha entidad a fin de que realice un informe sobre el listado de cédulas
señaladas como trashumantes en la demanda, contrastadas con las bases de datos
legalmente establecidas (en especial ANSPE, ADRESS, SISBEN, DPS) que determine
la verdadera residencia de esos electores; estableciendo: cuantos, de ellos, tienen
relación con el Municipio de San Luis y con otra u otras entidades territoriales; (ii) cuántos
no les arrojó ninguna información; (iii) cuántos de ellos tienen una relación exclusiva con
el Municipio de San Luis y (iv) cuántos son exclusivos con otra entidad territorial diferente
a aquella.

Adicionalmente, de manera clara indicará lo siguiente:

i. Con anterioridad a las resoluciones emitidas por el CNE y allegadas al expediente,
cuáles estaban inscritas en el municipio de San Luis (Tol.) y cuáles en un municipio
diferente.
ii. Cuáles se dejaron sin efectos frente a su inscripción del censo electoral de San Luis
(Tol.), al día de la elección y con posterioridad.
iii. Cuáles, a pesar de la anterior decisión, permanecieron en el censo del anterior
municipio, dando cuenta de la razón correspondiente, por ejemplo, doble votación o a
pesar de dejar sin efecto la inscripción, las mismas sufragaron en la elección del 29 de
octubre de 2003.
iv. Al 29 de octubre de 2023, respecto de qué cédulas de ciudadanía la decisión de dejar
sin efectos la inscripción en San Luis (Tol.) no estaba en firme o fue revocada, por
ejemplo, por la interposición del recurso de reposición contra la decisión del CNE.
v. Precisar de qué manera la RNEC procedió frente a las personas que de conformidad
con los actos administrativos no podían permanecer en el censo electoral del municipio
de San Luis (Tol.), pero interpusieron recurso de reposición contra la misma, que no se
resolvió para el 29 de octubre de 2023. Es decir, indicar frente a los ciudadanos en la
situación antes enunciada, si para las elecciones locales que se celebraron en la anterior
fecha, fueron o no materialmente excluidos del censo electoral de San Luis (Tol.).
vi. De las cédulas de ciudadanía excluidas del censo electoral de San Luis (Tol.), cuáles
y cuántas, de conformidad con los formularios E-11 correspondientes fueron empleadas
para ejercer efectivamente el derecho al voto en el señalado municipio, el 29 de octubre
de 2023.

93. El informe técnico52, allegado al proceso por parte de la autoridad electoral, reveló
que de las 1.759 cédulas identificadas como trashumantes en la demanda, 1.758
fueron relacionadas. Adicionalmente, se encontró que 71 de estas cédulas tenían
múltiples registros y 3 presentaban 11 dígitos (10061225166, 10361335966,
11094966567), lo que indica que no existían. En consecuencia, excluyó 74 y realizó el
análisis sobre 1.684 cédulas.

94. Luego del cruce de información con las bases ANSPE, ADRES, SISBEN, DPS53 y
las resoluciones del CNE, la RNEC obtuvo sus conclusiones respecto de las
irregularidades a determinar, las cuales el Tribunal Administrativo del Tolima relacionó

51 Índice 26 Samai del tribunal.
52 Índice 39 Samai del tribunal. Junto con el informe, se adjuntaron dos archivos de Excel con el cruce de información

realizado. Debido a que contienen información reservada, la RNEC remitió una clave de seguridad para acceder a
estos.
53 En el informe se indicó: «Conforme a lo expuesto, adjunto documento Excel denominado “Cruce Tribunal

Administrativo Tolima - Sisben, Adres y DPS” que contiene el cruce de base de datos con las entidades (SISBEN,
ADRES Y DPS) […] Se adjunta un archivo Excel denominado “IDC Cédulas Tribunal Administrativo Tolima”».
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como consolidado de trashumancia en el municipio de San Luis, en relación con las
cédulas identificadas en la demanda, en el siguiente cuadro:

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se realizó cruce de las 1.684 cédulas
señaladas en la demanda contra las resoluciones de trashumancia que fueron recibidas
en la Dirección de Censo Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral,
encontrándose las siguientes observaciones:

ESPECIFICACIÓN OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN TOTAL
(Énfasis del tribunal)
"Las cédulas con esta observación no se
Cédula Cancelada por Muerte - No
encontraban habilitadas para sufragar en las
Habilitada en Censo Electoral para 7
elecciones de Autoridades Territoriales 2023 por
Elecciones Territoriales 2023
estar canceladas por muerte"
Pérdida de Derechos Políticos - No "La cédula con esta observación está dentro de las
Habilitado en Censo Electoral para causales establecidas en el artículo 48 de la Ley 1
Elecciones Territoriales 2023 1475 de 2011"
"Las cédulas con esta observación no se
No se encuentra en Archivo Nacional de
encuentran en el Archivo Nacional de
Identificación - No se encuentra en el Censo 12
Identificación, ni hacen parte del Censo
Electoral
Electoral"
Reportado como miembro activo de la "Las cédulas con esta observación son las
fuerza pública - No Habilitado en Censo establecidas en el numeral 1 del artículo 48 de la 2
Electoral para Elecciones Territoriales 2023 Ley 1475 de 2011"
"La cédula con esta observación fue expedida
antes del año 1988 y no ha realizado trámite de
Cédula Expedida antes de 1988 - Sin inscripción posterior, por lo que no hace parte
Inscripción - No se encuentra en el Censo del Censo Electoral de conformidad con el artículo 1
Electoral 7° de la Ley 6 de 1990, que modificó los artículos
76 y 77 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral
Colombiano)"
"Las cédulas con esta observación no se
No relacionado en Resoluciones de
encuentran relacionadas en resoluciones de
Trashumancia CNE - Municipio de Votación
trashumancia, y su puesto de votación para las 38
Elecciones Territoriales 2023 diferente a
elecciones de Autoridades Territoriales 2023 fue
San Luis - Tolima
diferente al municipio de San Luis – Tolima"
"Las cédulas con esta observación no se
No relacionado en Resoluciones de
encuentran relacionadas en resoluciones de
Trashumancia CNE - Municipio de Votación
trashumancia, y su puesto de votación para las 1130
Elecciones Territoriales 2023 San Luis -
elecciones de Autoridades Territoriales 2023
Tolima
fue San Luis – Tolima"
"Las cédulas con esta observación estaban
Procesado con Resolución de Diferente
relacionadas en resoluciones de trashumancia en
Municipio a San Luis - Tolima - Municipio de
municipios diferentes a San Luis Tolima, y su 6
Votación Elecciones Territoriales 2023
puesto de votación fue también en municipios
diferente a San Luis - Tolima
diferentes a San Luis Tolima"
"Las cédulas con esta observación se encontraban
Resolución de Trashumancia No Aplicada -
en resoluciones de trashumancia en un municipio
Municipio en Resolución Diferente a
diferente al que realizaron trámite de inscripción, su 4
Municipio de Inscripción - Permanece en
puesto de votación para las elecciones de
San Luis – Tolima
Autoridades Territoriales fue San Luis - Tolima"
"Las cédulas con esta observación se encontraban
Resolución de Trashumancia No Aplicada - en resoluciones de trashumancia en un municipio
Municipio en Resolución Diferente a diferente al que se encuentran habilitados en el
9
Municipio en Censo - Habilitado en Censo Electoral, sus puestos de votación para
Municipio Diferente a San Luis – Tolima las elecciones de Autoridades Territoriales fue
municipios diferentes a San Luis - Tolima"
"Las cédulas con esta observación, sus
Resolución 9083 aplicada - Habilitado en
inscripciones en el municipio de San Luis –
Municipio diferente a -437San Luis - 437
Tolima fueron dejadas sin efecto mediante la
Tolima para Elecciones Territoriales 2023
Resolución No. 9083 de 2023"

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ESPECIFICACIÓN OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN TOTAL
(Énfasis del tribunal)
"Las cédulas con esta observación, sus
inscripciones en el municipio de San Luis – Tolima
fueron dejadas sin efecto mediante la
Resolución 9083 aplicada - Habilitado en
Resolución No. 9083 de 2023, no obstante,
municipio diferente a San Luis - Tolima para
interpusieron recurso de reposición que fue resuelto
Elecciones Territoriales 2023 - Revocatoria 7
por el Consejo Nacional Electoral con posterioridad
Res. 12458 Extemporánea - Actualmente
al cierre del Censo Electoral, por lo que, para las
Habilitado en San Luis – Tolima
elecciones de Autoridades Territoriales no
estuvieron habilitados en el municipio de San
Luis – Tolima"
"Las cédulas con esta observación, sus
inscripciones en el municipio de San Luis – Tolima
fueron dejadas sin efecto mediante la
Resolución 9083 aplicada - Habilitado en
Resolución No. 9083 de 2023, no obstante,
municipio diferente a San Luis - Tolima para
interpusieron recurso de reposición que fue resuelto
Elecciones Territoriales 2023 - Revocatoria 4
por el Consejo Nacional Electoral con posterioridad
Res. 12705 Extemporánea - Actualmente
al cierre del Censo Electoral, por lo que, para las
Habilitado en San Luis – Tolima
elecciones de Autoridades Territoriales no
estuvieron habilitados en el municipio de San
Luis – Tolima"
"Las cédulas con esta observación, sus
inscripciones en el municipio de San Luis – Tolima
fueron dejadas sin efecto mediante la
Resolución 9083 aplicada - Habilitado en
Resolución No. 9083 de 2023, no obstante,
municipio diferente a San Luis – Tolima para
interpusieron recurso de reposición que fue resuelto
Elecciones Territoriales 2023 - Revocatoria 1
por el Consejo Nacional Electoral con posterioridad
Res. 13357 Extemporánea - Actualmente
al cierre del Censo Electoral, por lo que, para las
Habilitado en San Luis – Tolima
elecciones de Autoridades Territoriales no
estuvieron habilitados en el municipio de San
Luis – Tolima"
"Las inscripciones de las cédulas con esta
observación realizadas en el municipio de San Luis
Resolución 9083 aplicada - lugar anterior
• Tolima fueron dejada sin efecto, no obstante,
San Luis - Tolima Permanece en San Luis 19
su puesto de votación anterior era también el
Tolima
municipio de San Luis - Tolima, por lo que
quedaron habilitados en el municipio"
"Las inscripciones de las cédulas con esta
observación realizadas en el municipio de San Luis
• Tolima fueron dejada sin efecto, no obstante, su
Resolución 9083 aplicada - lugar anterior puesto de votación anterior era también el
San Luis - Tolima y Revocatoria Res. 12458 municipio de San Luis - Tolima, por lo que
2
Extemporánea - Permanece en San Luis - quedaron habilitados en el municipio,
Tolima adicionalmente, interpusieron recurso de
reposición que fue resuelto favorablemente
validando sus inscripciones en San Luis -
Tolima"
"Las cédulas con esta observación fueron
expedidas por primera vez en el municipio de
Resolución 9083 aplicada - Sin lugar San Luis - Tolima, no tienen trámites de
4
anterior - Permanece en San Luis - Tolima inscripción posteriores, por lo que, no podían
ser excluidos del Censo Electoral al no tener
puesto de votación anterior"
TOTAL 1.684

95. Luego del análisis de dicho informe técnico y las demás pruebas recaudadas en el
proceso, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que existieron 88 cédulas
trashumantes en la elección a la Alcaldía de San Luis. Frente a ello, consideró lo
siguiente:

Del anterior cuadro se logra evidenciar que, 1.159 cédulas abonadas se encontraban
habilitadas para votar en el Municipio de San Luis como quiera que, después del cruce
de información de las bases de datos y los actos expedidos por el Consejo
Nacional Electoral, no se había ordenado su anulación, invalidación o cancelación de la
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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inscripción regular de la cédula por lo que en principio, el excedente, esto es, 525 cédulas
debían ser restadas del censo electoral, no obstante, al ser el listado el mismo que
el Consejo Nacional Electoral analizó, en vía administrativa y sobre el cual se
ordenó la exclusión de 437 inscripciones de cédulas del censo del Municipio de
San Luis, tan solo quedarían 88 registros sobre los cuales este Tribunal abordaría el
estudio de fondo; cantidad que no tiene la virtualidad de afectar la legalidad del acto
demandado […]. [Énfasis de la Sala].

96. Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima
solicitó un informe técnico a la RNEC, autoridad electoral que, tras analizar la
información de las bases de datos y las resoluciones del CNE sobre trashumancia en
San Luis, determinó las cédulas excluidas y, en consecuencia, desvirtuó la presunción
de residencia electoral de 88 ciudadanos.

97. De acuerdo con el recuento que se hizo de manera precedente, respecto de la
valoración que llevó a cabo la primera instancia, para la Sala es procedente concluir,
conforme con la jurisprudencia constitucional que ha delimitado el contenido del defecto
por indebida valoración probatoria54, que i) no se encontró que dicha autoridad judicial
resolvió a su arbitrio la fijación del litigio que trazó; ii) la decisión no se argumentó en
contravía de la evidencia probatoria aportada al expediente, sino que se sustentó en
elementos traídos al proceso y que guardaban relación con el asunto debatido en el
proceso, y iii) la tesis que sostuvo el tribunal para negar las pretensiones se basó en el
material probatorio allegado oportunamente al trámite del presente medio de control.

98. Por el contrario, se advierte que la valoración probatoria que emprendió la primera
instancia está ajustada a derecho, en tanto del estudio del informe técnico allegado por
la autoridad electoral se desvirtuó la presunción de residencia electoral de 88
ciudadanos.

99. No podría ser otra la conclusión en esta instancia pues, además, de lo anotado
anteriormente, se tiene que el apelante no especificó qué registros puntuales dejó de
valorar el tribunal para que en este momento procesal se obtuviera una conclusión
distinta a la de primer grado.

100. En ese escenario, no pierde de vista la Sala que el apelante en su escrito solo
hizo una referencia general y abstracta respecto del informe técnico y las bases de
datos para analizar la trashumancia, sin que existiera alguna consideración particular
y específica que permitiera abordar el estudio del presente cargo desde otra
perspectiva sustancial. En consecuencia, el argumento de la indebida valoración
probatoria no tiene vocación de prosperidad.

101. En relación con el último reparo del apelante sobre la supuesta omisión del tribunal
de dar traslado de oficio a la autoridad penal sobre las irregularidades de trashumancia,
la Sala, como ha sostenido en otras oportunidades55, considera que este argumento no
incide en la legalidad del acto de elección.

54 Sobre el defecto fáctico, se pueden consultar entre otras decisiones de la Corte Constitucional, la sentencia SU-

048 del 16 de febrero de 2022, expediente T-8.303.929, o la sentencia SU-453 del 3 de octubre de 2019, expediente
T-7.136.220, ambas, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
55 Entre otras decisiones, sobre este tema se puede consultar del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2023-00106-01,
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas
como alcalde de San Luis (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00449-01

102. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Tolima informó en su sentencia que
la trashumancia identificada por el CNE fue puesta en conocimiento de la autoridad
penal competente, al explicar en los antecedentes lo que sigue:

[…] culminado el proceso administrativo por parte del Consejo Nacional Electoral
mediante el cual se anuló la inscripción de 494 cédulas de ciudadanía, fue presentada
ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia bajo el número de noticia criminal
7300160990932023017875 […]

103. Además, como pruebas al proceso se aportaron las denuncias presentadas ante
distintas entidades, entre ellas, a la Fiscalía General de la Nación en relación con las
irregularidades en el municipio de San Luis, que fueron expuestas en los hechos de la
demanda y que el tribunal relacionó en su decisión, así:

26. Soporte de radicación de queja ante la Unidad de Recepción Inmediata Electoral
(URIEL) con RAD-2023-0002802-URI realizada el 30 de octubre 20236456.

27. Soportes de reporte ante el aplicativo “pilas con el voto” con radicado No. 339276557,
3469566 sin fecha58.

28. Soporte de radicación No. SIGDEA: E-2023 – 679989 de fecha 30 de octubre de 2023
de la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación59.

29. Soporte del estado “remitido a entidades” con fecha del 31 de octubre de 2023 de la
denuncia registrada en el aplicativo URIEL con número de radicado RAD-2023-0002802-
URI.

30. Formato único de noticia criminal 730016099093202317875 con fecha del 1 de
noviembre de 2023 por la denuncia del delito de Corrupción de sufragante realizada ante
la Fiscalía General de la Nación60 en la ciudad de Ibagué por el señor Sergio Prada
Aldana.61

104. En vista de lo anterior, para la Sala no era necesario que el tribunal o esta
instancia compulsaran copias por las irregularidades acaecidas en el municipio de San
Luis, pues, como se desprende del material probatorio, dicho asunto está en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

105. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto los argumentos del
apelante no están llamados a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.

56 «Índice descargado 10 expediente digital SAMAI».
57 «Índice descargado 7 expediente digital SAMAI».
58 «Índice descargado 15 expediente digital SAMAI».
59 «Índice descargado 16 expediente digital SAMAI».
60 «Índice descargado 9 expediente digital SAMAI».
61 «Índice descargado 6 expediente digital SAMAI».

Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Demandante: Vladimir Murillo Lugo
Demandado: Ricardo Andrés Acosta Salas
como alcalde de San Luis (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00449-01

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo del Tolima negó la nulidad del acto de elección de Ricardo
Andrés Acosta Salas como alcalde de San Luis (Tolima), período 2024 a 2024,
conforme las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclaro voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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