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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00500-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00500-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 13001-23-33-000-2023-00500-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de diciembre de 2024

Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00500-01
Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y Samuel Castro Cárdenas
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde de Río Viejo
(Bolívar), para el periodo 2024-2027

Temas: Trashumancia electoral. Indebida valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 21 de agosto de 2024, por medio de la cual la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la
demanda de nulidad de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Alexis Antonio Pérez Arrieta y Samuel Castro Cárdenas demandaron1 la elección
Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde de Río Viejo (Bolívar), para el periodo
2024-2027, porque, según su parecer, se configuró la causal de nulidad del artículo
275.72 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA3), relacionada con irregularidades en la
votación por trashumancia electoral, por lo que consideraron que el acto
demandando se expidió de manera irregular y con infracción del artículo 316 de la
Constitución Política.

2. En las pretensiones solicitó que: i) se declare la nulidad del formulario E-26 ALC
del 31 de octubre de 2023 que contiene la elección demandada4 y ii) se practique
un nuevo escrutinio de los votos depositados en el municipio de Río Viejo (Bolívar),
para la elección del alcalde municipal de esta localidad realizada el pasado 29 de

1
Mediante escrito introductorio del 15 de diciembre de 2023 (Archivo 02”PresentaciónDemanda”). Índice 1 Samai del tribunal.
2
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: […] 7. Tratándose de la elección por voto popular por
circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción […]».
3
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
4
También se demandó la nulidad de las resoluciones 8203 del 07 de septiembre del 2023, 9561 del 12 de septiembre del
2023, 12203 del 29 de septiembre del 2023 y la 12792 del 11 de octubre del 2023 expedidas por el Consejo Nacional Electoral,
sin embargo, dicha pretensión fue excluida del estudio por encontrarse probada la ineptitud de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones, según lo dispuso el auto que resuelve excepciones del 30 de abril de 2024 (índice 59 Samai
del tribunal).

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1

Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

octubre del año 2023, excluyendo del cómputo general que se haga de la votación,
los votos depositados en los puestos y mesas de votación aludidas en el hecho
sexto de la demanda.

3. Lo anterior, en tanto, según lo refiere el accionante, antes de las elecciones del
29 de octubre del año 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la
Resolución 8203 del 07 de septiembre del 2023, por medio de la cual dejó sin efecto
49 cédulas de ciudadanía por inscripción irregular en Río Viejo.

4. También, dicha autoridad electoral expidió la Resolución 9561 del 12 de
septiembre del 2023, por medio de la cual dejó sin efecto 195 cédulas de
ciudadanía, por los mismos hechos.

5. Posteriormente, el CNE expidió la Resolución 12203 del 29 de septiembre del
2023, mediante la cual resolvió los recursos de reposición interpuestos contra los
actos administrativos mencionados y habilitó 45 cédulas para votar, teniendo como
prueba sumaria el certificado de residencia expedido por el señor alcalde y el reporte
del SISBÉN5; luego, expidió la Resolución 12792 del 11 de octubre del 2023, en la
que también resolvió recursos de reposición y habilitó otras 2 cédulas para votar.

6. De igual forma, narró que el señor Máximo Vásquez García presentó una
denuncia ante el CNE por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía
de personas que no residían en el municipio de Río Viejo, en la que también se hizo
alusión a una supuesta trashumancia histórica. En total fueron aproximadamente
806 cédulas denunciadas por dicha irregularidad, tanto histórica como actual.

7. Así, el accionante afirmó que, en pleno periodo de ley de garantías, en el
municipio de Río Viejo, se inscribieron personas en el SISBÉN, lo que las habilitó
para votar en dicho ente territorial. Conforme con lo anterior, el actor manifestó que
los votos por trashumancia son más de 500, y la diferencia entre el candidato que
ocupó el primer lugar y el segundo, fue de 98 votos, lo que deja en evidencia que
los votos irregulares incidieron en el resultado final de las elecciones

8. Explicó que dichas circunstancias fueron el fundamento para que la señora Flor
Valerio Gómez presentara denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, proceso
identificado con Número Único de Caso: 130016001128202410899.

9. En escrito separado, el demandante solicitó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto demandado con sustento en los mismos fundamentos de
derecho expuestos en la demanda.

5
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, en adelante SISBÉN

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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2. Trámite en primera instancia

2.1. Admisión y otras decisiones

10. La demanda6 y su reforma7 fueron admitidas8 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, instancia que dispuso las notificaciones y traslados pertinentes, en los que
se presentaron las intervenciones que se refieren a continuación.

11. Mediante providencia del 13 de febrero de 20249, se negó el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional, con fundamento en los siguiente:

[L]a Sala, evidencia que no existen pruebas suficientes que acrediten los hechos que
sustenta la causal de nulidad alegada por la parte actora, por cuando las pruebas
allegadas son denuncias realizadas por terceros, así como los documentos
electorales que acreditan la elección; sin embargo, estas no tiene la potestad de
demostrar que en efecto, en las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre de
2023, votaron el municipio de Rioviejo un total de 500 personas que no correspondían
al censo de dicho ente territorial, o que no eran residentes del mismo. [Sic a toda la
cita].

2.2. La contestación de la demanda

12. A través de apoderada judicial, el demandado10 se opuso a la prosperidad de
las pretensiones por carecer de soporte fáctico, probatorio y jurídico, y porque no
se probó el fenómeno de trashumancia electoral. Precisó que el accionante actuó
de forma premeditada, seleccionó a un grupo de personas que presuntamente no
eran residentes de Río Viejo y que no podían votar en esa jornada electoral, pero
no aportó prueba de las personas que votaron el 29 de octubre de 2023 en la
referida municipalidad. Por tal razón, señaló que «el demandante desconoce si las
personas que enlistó como trashumantes ejercieron materialmente su derecho al
voto en esa municipalidad».

13. Indicó que el accionante intenta inducir en error a la Sala al solicitar la anulación
total de las mesas en las que, según su dicho, hubo trashumancia electoral y que,
de las 507 personas enlistadas, ninguna se encuentra excluida en las resoluciones
expedidas por el Consejo Nacional Electoral.

14. Igualmente, propuso como excepción la ineptitud de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones, alegando que mediante el medio de control de
nulidad electoral únicamente pueden ser demandados el acto de elección y las
decisiones adoptadas frente a reclamaciones o irregularidades en la votación o
escrutinios y no las resoluciones expedidas por el CNE antes de las elecciones del
29 de octubre del año 2023.

6
Índice 3 Samai.
7
Índice 3 Samai.
8
Índice 7 Samai del tribunal.
9
Índice 31 Samai del tribunal.
10
Índices 36 y 45 Samai del tribunal.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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15. Mediante apoderado judicial, la Registraduría Nacional del Estado Civil11
(RNEC) propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque,
según lo refirió, no es la competente para suspender o decretar la nulidad del acto
administrativo que designó el alcalde municipal de Río Viejo, por cuanto el mismo
fue proferido por la comisión escrutadora y no por esa entidad.

16. Explicó que, dentro del proceso electoral, sus funciones son específicas y se
circunscriben a realizar el proceso de organización de las elecciones, de los
diferentes mecanismos de participación y de elaboración de los respectivos
calendarios electorales, razón por la cual no es el sujeto procesal llamado para
hacer parte de la presente acción de nulidad electoral.

17. El CNE12, a través de su apoderada judicial, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la parte demandante en atención a que no se cumple con los
parámetros exigidos por las normas constitucionales, legales y por la jurisprudencia
vigente para que se configuren las causales de nulidad alegadas.

18. Sobre la trashumancia, explicó que la entidad emitió varias resoluciones
respecto de la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio
de Río Viejo, con ocasión de las elecciones del 29 de octubre de 2023, las cuales
fueron objeto de recursos que se decidieron en su oportunidad, por lo que manifestó
que no le constaba que personas, a las que se les revocó la inscripción de su cédula,
hayan sufragado en la respectiva circunscripción electoral.

2.3. Pronunciamientos frente a la excepción previa propuesta

19. El demandante indicó13 que, por guardar relación con los hechos de la demanda,
así como por economía procesal y por unidad de materia, es procedente que se
demanden de manera conjunta las resoluciones expedidas por el CNE junto con el
acto de elección del demandado.

20. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 30 de abril de 202414,
dispuso declarar probada la excepción de ineptitud de demanda por indebida
acumulación de pretensiones propuesta por el demandado, toda vez que las
resoluciones expedidas por el CNE no corresponden a los denominados actos
electorales reconocidos por el Consejo de Estado, por cuanto en ellos no se declara
una elección o nombramiento alguno que deba cuestionarse a través de este medio
de control.

2.4. Audiencias

21. Con auto del 23 de abril de 202415, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó
la realización de la audiencia inicial, diligencia que tuvo lugar el 3 de mayo de 202416

11
Índice 22 Samai del tribunal.
12
Índice 3 Samai. Documento pdf 36ContestaciónDemandaConsejoNacionalElectoralCNE (Carpeta 01CuadernoPrincipal).
13
Índice 37 Samai del tribunal.
14
Auto interlocutorio 091/2024. Índice 59 Samai del tribunal.
15
Índice 53 Samai del tribunal.
16
Índice 65 Samai del tribunal.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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y en ella se saneó el trámite, se fijó el litigio17, se pronunció sobre las solicitudes
probatorias elevadas por las partes, negando algunas y decretando otras, y se citó
la audiencia de pruebas.

22. Esta última diligencia se llevó a cabo el 14 de mayo de 202418, en ella se dispuso
a recibir el testimonio de la señora Flor Valerio Gómez y a su vez, se dictó un auto
de pruebas. Posteriormente, mediante providencia del 16 de julio de 202419, se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para presentar su concepto.

2.5. Alegatos de conclusión

23. Los aspectos más relevantes de los alegatos fueron los siguientes:

24. El demandado20 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda para
señalar que la trashumancia no se encuentra probada y, por tanto, las pretensiones
de la demanda no están llamadas a prosperar. Así mismo, solicitó compulsar copias
del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a la parte
accionante de este proceso por el presunto delito de fraude procesal por
«INTENTAR INDUCIR EN ERROR A LA SALA DE DECISION AL PRESENTAR
COMO TRASHUMANTES A PERSONAS QUE NO EJERCIERON EL DERECHO
AL VOTO EN EL MUNICIPIO DE RIOVIEJO».

25. La parte demandante21 alegó que indiciariamente está demostrada la
trashumancia electoral al momento de las elecciones, y la histórica, como aparece
en cada una de las mesas demandadas, «en este caso concreto, hay suficientes
indicios e informaciones en las bases de datos que fueron cotejadas entre sí de las
cuales se infiere que sí se configuró el fenómeno de la trashumancia en la
proporción señalada en la demanda».

26. La RNEC22 insistió en que se declarara la excepción de falta de legitimación en
la causa; por su parte el CNE23 reiteró su oposición a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda con fundamento en los mismos argumentos expuestos
en su contestación.

17
El tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «¿El acto electoral acusado está viciado por la causal 7 consagrada en
el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011? // En consecuencia, deberá determinarse lo siguiente: ¿Se encuentra probado en el
proceso que las 507 personas relacionas en los anexos de la demanda fueron trashumantes y ejercieron su derecho al voto
en el Municipio de Rio Viejo, alterando con ello el resultado de las elecciones para alcalde corresponde al periodo 2024-2027
de dicho Municipio?». [sic a toda la cita] La Sala advierte que, en la audiencia inicial, al fijarse el litigio, el problema jurídico
se limitó a 507 personas, sin embargo, en la sentencia de primera instancia, el problema jurídico comprendió 544 sufragantes,
así: «[S]e debe determinar si: ¿El acto electoral acusado está viciado por la causal 7 consagrada en el artículo 275 de la Ley
1437 de 2011? En consecuencia, deberá determinarse lo siguiente: ¿Se encuentra probado en el proceso que las 544
personas relacionadas en los anexos de la demanda fueron trashumantes y ejercieron su derecho al voto en el Municipio de
Rio Viejo, alterando con ello el resultado de las elecciones para alcalde corresponde al periodo 2024-2027 de dicho
Municipio?». Lo anterior, porque el tribunal tuvo en cuenta el anexo 6.2 de la demanda, en el que la parte actora relacionó un
listado de personas presuntamente trashumantes, denominado: «reporte de cedulas habilitadas para sufragar en el E10 con
SISBEN y ADRES de municipios diferentes a el municipio de rio viejo bolívar para las elecciones del 29 octubre de 2023» en
el que se presentó esa relación de 544 personas. Así, se corroboró que con este dato se surtió el debate probatorio y las
partes tuvieron la oportunidad de discernir en este trámite lo pertinente a dicha cifra. En todo caso, se advierte que dicho
aspecto no fue objeto de reparos en el presente proceso.
18
Índice 75 Samai del tribunal.
19
Índice 113 Samai del tribunal.
20
Índice 120 Samai del tribunal.
21
Índices 118 y 121 Samai del tribunal.
22
Índice 119 Samai del tribunal.
23
Índice 117 Samai del tribunal.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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27. El Ministerio Público allegó concepto24 señalando que las pretensiones de la
demanda no estaban llamadas a prosperar toda vez que «de las pruebas
documentales allegadas por las partes, y de la declaración testimonial, no puede
extraerse con grado de certeza que en la elección del Alcalde Municipal de Río
Viejo, acaeció la irregularidad alegada por los actores, a quienes les correspondía
probar los supuestos de hecho de la norma que consagra los efectos jurídicos que
persigue, en los términos del art. 167 del C. G. del P».

3. Sentencia de primera instancia

28. En el fallo del 21 de agosto de 202425, el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y negó la nulidad de la
elección demandada, pues, según se expuso en la providencia26: «[…] una vez
realizado el cruce de bases de datos no se obtuvo un porcentaje de personas
significativo que alterara el resultado de la votación para la elección del alcalde de
del Municipio de Río Viejo Bolívar. En consecuencia, no procede la declaratoria de
nulidad de la elección del señor Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde del
Municipio de Río Viejo Bolívar para el periodo 2024-2027».

29. Explicó que el debate atinente a la trashumancia electoral parte de la presunción
de residencia electoral de las personas, la cual solo se desvirtúa si se cumple con
una «carga probatoria exigente» y acotó, haciendo referencia a la jurisprudencia del
Consejo de Estado27, que «para que prospere el cargo de trashumancia se debe
acreditar (i) qué personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron
para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos
tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral».

30. Al estudiar el fenómeno de la trashumancia en el caso concreto, el tribunal
destacó que, del universo de cédulas denunciadas como trashumantes (541
personas), 370 se encontraban inscritas en el censo electoral de las elecciones de
2019 de Río Viejo y no se presumen trashumantes porque, desde el certamen
anterior venían votando en el mismo municipio; a 3728 se les expidió su cédula de
ciudadanía por primera vez entre los años 2019 a 2023 y, por tanto, tampoco se
consideran trashumantes; y 4329 personas, que en un principio habían sido
excluidas del censo por inscripción irregular, nuevamente fueron incluidas por el
CNE mediante las resoluciones 12203 del 29 de septiembre de 2023 y 12792 del
11 de octubre de 2023.

31. Por tanto, del listado inicial (541 personas) se excluyeron 450 personas,
quedando 91 como posibles trashumantes. Al ser verificada la residencia declarada

24
Índice 122 Samai del tribunal.
25
Índice 124 Samai del tribunal.
26
Los argumentos que expuso el tribunal serán referenciados con mayor amplitud al momento de abordar el caso concreto.
27
Para el efecto citó la siguiente providencia: « Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad.
11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez».
28
El tribunal precisó que inicialmente se consideraron 41 personas, pero «4 personas se reportan en el censo 2019 porque
fueron incluidas (posiblemente cumplieron la mayoría de edad) entre enero y agosto de 2019».
29
En este listado se incluía el documento número 1002446876, que corresponde a una persona a la que se le expidió su
cédula por primera vez entre 2019-2023, por mayoría de edad, por tanto, no fue considerado.

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Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
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en SISBÉN, ADRES30 y DPS31 de estos últimos, el tribunal pudo concluir que 35
podrían ser catalogadas como presuntos trashumantes para las elecciones de 2023,
de las cuales solo unas 8 personas votaron. Así se explicó en la decisión de primer
grado:

En conclusión, hasta este momento están excluidos del listado inicial de 541 personas,
las siguientes:

Universalidad de cédulas denunciadas. 541
(-)
Personas del censo electoral de 2019.
370
(-)
Personas mayoría de edad.
37
(-)
Personas que fueron incluidas por el CNE
43
TOTAL RESULTANTE 91

Frente a este número de personas (91 personas), el Tribunal verificó su residencia
declarada en SISBÉN, ADRES y DPS; encontrándose lo siguiente:

TOTAL CÉDULAS DENUNCIADAS RESULTANTE 91
Personas tienen por lo menos una residencia registrada en Río (-)
Viejo en el SISBÉN. 51
Personas que tienen por lo menos una residencia registrada en (-)
Río Viejo según el ADRES 3
Personas que tienen por lo menos una residencia registrada en (-)
Río Viejo, en los programas del DPS. 2
TOTAL POSIBLES TRASHUMANTES 35

En ese orden de ideas, se tiene que solo 35 personas, podrían ser catalogadas como
presuntos trashumantes, para las elecciones de 2023, de las cuales solo unas 8
personas votaron.

32. En razón a lo anterior, la Sala concluyó que esa situación no incidía o alteraba
la elección del señor accionado como alcalde del referido municipio, puesto que la
diferencia entre la votación obtenida por este y el candidato que ocupó el segundo
lugar fue de 98 votos. Por tanto, el tribunal explicó que, aunque se le quitaran esos
8 votos al señor Emmanuel Cañas Barrozo, este seguiría siendo el candidato
ganador de las elecciones a la alcaldía del municipio mencionado.

33. Pese a lo anterior, el tribunal prosiguió con un juicio hipotético, a través de la
fórmula «en gracia de discusión», e indicó que, si no se compartía el argumento
expuesto relacionado con que las personas que se encontraban inscritas en el
censo electoral de las elecciones de 2019 de Río Viejo no se presumían
trashumantes, aun contando estas cédulas, la decisión electoral continuaría siendo
la misma, toda vez que del número de «presuntos trashumantes» (el cual calculó
en 312), solo votaron 103 personas.

34. Entonces, al superar el número de presuntos trashumantes el total de votos que
existe de diferencia entre el candidato que superó el primer puesto, y el candidato
del segundo (98 votos), la primera instancia encontró que se debía aplicar el
procedimiento de distribución ponderada de votos.

30
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en adelante ADRES.
31
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante DPS.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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35. Así, a pesar de descontar los posibles votos anómalos, el señor Emmanuel
Cañas obtiene un resultado de 2.613 votos frente a 2.519 votos que obtuvo el señor
Fermín Vásquez y, por consiguiente, concluyó que el señor Cañas Barroso continúa
en primer lugar, con una diferencia de 94 votos, sobre el señor Fermín Acuña; razón
por la cual no se logró demostrar que las irregularidades analizadas tuvieron
incidencia en la elección.

36. Por lo expuesto, el tribunal de primer grado determinó que en el caso concreto
no se acreditó la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.7 del CPACA
porque «de acuerdo al material probatorio aquí examinado, las posibles personas
que no tienen relación con el municipio de Río Viejo y que votaron, no generaron
ningún tipo de incidencia en el resultado electoral que se produjo el 29 de octubre
de 2023, donde resultó electo el señor Emmanuel Cañas Barroso como alcalde; lo
anterior, fundado en lo que se denomina el principio de eficacia del voto »

37. La decisión de primera instancia fue notificada a las partes mediante mensaje
de datos remitido el día 17 de septiembre de 202432, providencia contra la cual se
presentó recurso de apelación por el extremo accionante, el día 26 de los mismos
mes y año33.

4. Recurso de apelación y su trámite en primera instancia

38. El demandante manifestó que no se encontraba de acuerdo con la providencia
de primer grado, por tanto, solicitó decretar la nulidad de la elección demandada y,
como consecuencia de ello, que se excluyan las mesas demandadas y se ordene
un nuevo escrutinio. Para el efecto, señaló como reproches en los que habría
incurrido la decisión de primera instancia, los siguientes:

A) «YERRO DEL A-QUO EN LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO
CUANDO ADOPTÓ POR LA PONDERACIÓN DE VOTOS IRREGULARES Y NO
POR LA EXCLUSIÓN DE LAS MESAS DE VOTACIÓN».

El apelante expresó no estar de acuerdo con el uso del mecanismo de ponderación
del voto que empleó el tribunal en la decisión cuestionada porque la causal de nulidad
que enervó en este proceso fue la establecida en el numeral 7 del artículo 275 de la
Ley 1437 del 2011.

[…]

Alegó que «[c]on la votación 103 personas que lo hicieron incurriendo en
Trashumancia, se está viciando todas las mesas de votación demandadas, por lo
tanto, el acto E 24 ALC demandado, el cual ordenó expedir la respectiva credencial,
esta viciado de nulidad en su integridad, y las mesas demandadas han de ser
anuladas, excluidas y ha de ordenarse un nuevo escrutinio o lo que en derecho
corresponda» y acotó que «en virtud a la aplicación de la misma, se puede prestar
para que muchos candidatos a elecciones popular local incurran premedita mente a
estas practicas de trashumancias y/o trasteos de votos, con el objeto de sacar
ventajas electorales como presuntamente ocurrió en el caso que nos ocupa. Toda
vez, que se logro probar que la trashumancia estudiada por el Honorable Tribunal de
Bolívar, data de las elecciones locales del año 2019». [sic a toda las citas] .

32
Índice 126 Samai del tribunal.
33
Índice 127 Samai del tribunal.

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8

Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

B) «YERRO DEL A-QUO EN LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO
CUANDO NO VALORA TODOS LOS VOTOS DEPOSITADOS POR
TRASHUMANTES, DESCRITOS EN LA DEMANDA».

El recurrente señaló que el tribunal de primera instancia erró porque, a pesar de
reconocer que existió dolo por parte de la CNE y RNEC al habilitar personas
trashumantes, no valoró que todos los votos depositados por estos viciaron el proceso
electoral y, como consecuencia de ello, se debió declarar la nulidad de la elección
demandada.

C) «YERRO DEL A-QUO EN LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO
CUANDO NO VALORA LA IRREGULARIDAD DE HABILITAR A SUFRAGANTES EN
EL FORMULARIO E12 ALC DE LA MESA 15 Y 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE RÍO VIEJO – BOLÍVAR, TODOS LOS VOTOS DEPOSITADOS FUERON
TRASHUMANTES, PUES LA S 6 RESOLUCIONES 12792 Y 12203 del CNE,
PORQUE EXISTIÓ FALTA DE MOTIVACIÓN PARA HABILITAR A DICHAS
PERSONAS».

El señor Pérez Arrieta alega que el fallador de primer grado omitió pronunciarse sobre
la decisión del CNE de habilitar a personas trashumantes de las mesas de votación
15 y 2 de la cabecera municipal de Río Viejo, sin justificación alguna, pues, según
indica, el acervo probatorio demuestra que esas personas no tienen domicilio,
residencia ni arraigo en dicha municipalidad. Lo anterior, llevó a que los jurados de
votación de esas mesas de votación, sin ningún control, habilitaran a personas a votar
sin que estuviesen incluidos en los documentos electorales E-10ALC y E-11ALC.

39. El apelante concluyó indicando que debía excluirse toda la votación de las
mesas en las que se presentaron las irregularidades y no simplemente excluir los
votos en aplicación del método de la ponderación, como lo hizo el tribunal en la
sentencia cuestionada.

4.1. Concesión del recurso

40. Mediante auto del 30 de septiembre de 202434, el Tribunal Administrativo de
Bolívar concedió la impugnación contra la sentencia.

5. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

41. El 11 de octubre de 202435, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite de los artículos 292 y 293 del CPACA.

6. Traslado del recurso e intervenciones

42. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión36 y al Ministerio Público37 para que, si a bien lo tenía, presentara
concepto. Conforme el informe secretarial del 6 de noviembre de 202438, en dicha
oportunidad se presentaron las siguientes intervenciones:

34
Índice 129 Samai del tribunal.
35
Índice 5 Samai.
36
Índice 10 Samai. Del 24 al 28 de octubre de 2024 corrió el término para las partes.
37
Índice 12 Samai. Del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2024 corrió el término para el Ministerio Público.
38
Índice 13 Samai.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

43. El demandante39 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
y agregó lo siguiente:

La experiencia general y la sana critica nos indica que tanto el SISBEN y la IPS
coinciden con el Municipio donde residen sus titulares.

Llama la atención que personas residentes en Río Viejo - Bolívar, reciban atención
medica en otros municipios distintos a su lugar de residencia, tales como: Aguachica,
Valledupar, Cimitarra Santander, Bucaramanga, Bogotá; esta incoherencia constituye
un INDICIO GRAVE que nos indica que el lugar donde sufragaron en las elecciones
locales pasadas, no es realmente su lugar de residencia, como ocurrió en el caso
objeto de la demanda.

Ahora bien, trayendo a colación lo manifestado anteriormente, y en virtud al principio
probatorio de la sana critica, en este caso concreto, hay suficientes indicios e
informaciones en las bases de datos que fueron cotejadas entre si de las cuales se
infiere que si se configuro el fenómeno de la trashumancia en la proporción señalada
en la demanda. [Sic a toda la cita]

44. El Ministerio Público por su parte se abstuvo de conceptuar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

45. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, de conformidad con el artículo 15040 y el literal a)41 del
numeral 7.º del 152 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

46. Conforme al enunciado acuerdo se advierte que la Sala conoce del presente
asunto porque se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de nulidad respecto del acto
de elección del alcalde del municipio de Río Viejo (Bolívar).

2.2. Caso concreto

47. Como se anotó en las consideraciones, el accionante alegó que en el desarrollo
de las elecciones para alcalde en el municipio de Río Viejo (Bolívar), periodo
constitucional 2024-2027, personas no residentes en dicha municipalidad ejercieron
su derecho al voto e incidieron en el resultado de la elección de Emmanuel Cañas
Barrozo42, quien ganó la contienda con 2.663 votos, por encima de Fermín Vásquez
Acuña43 quien obtuvo 2.565 sufragios, es decir, en principio, con una diferencia de
98 apoyos ciudadanos entre ellos.

39
Índice 11 Samai.
40
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
41
«Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […] de los alcaldes municipales […]».
42
Inscrito por el Partido Conservador Colombiano.
43
Inscrita por el Partido Liberal Colombiano.

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Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
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Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

48. Explicó que, antes de las elecciones, el señor Máximo Vásquez García denunció
por trashumancia electoral ante el CNE la inscripción irregular de personas que no
residen en el municipio de Río Viejo (Bolívar). En atención a esto, el CNE expidió
las resoluciones 8203 del 7 de septiembre de 2023 con la cual se dejó sin efecto la
inscripción de 49 cédulas de ciudadanía denunciadas, y 9561 del 12 de septiembre
de 2023, que dejó sin efecto la inscripción de otras 195 cédulas.

49. Posteriormente, el CNE, atendiendo los recursos de reposición interpuestos
contra los anteriores actos administrativos profirió la Resolución 12203 del 29 de
septiembre de 2023, por medio de la cual se habilitaron 45 cédulas (teniendo en
cuenta como prueba el certificado de residencia expedido por el alcalde y el
certificado del SISBÉN) y la Resolución 12792 del 11 de octubre del 2023, en la que
también resolvió recursos de reposición y se habilitaron otras 2 cédulas para votar.

50. Asimismo, el accionante refirió un listado de 54444 personas que presuntamente
incurrieron en trashumancia electoral, toda vez que no residen ni tienen arraigo
alguno con el municipio de Río Viejo, por lo que su votación incidió en el resultado
de las elecciones para alcalde ya que la diferencia entre el que ocupó el primer
puesto y el segundo fue de 98 votos.

51. Delimitados los hechos relevantes para resolver el presente recurso, la Sala
encuentra que el 21 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia de primer grado en la cual negó las pretensiones de nulidad electoral
contra el acto de elección Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde del municipio de
Río Viejo (Bolívar), para el periodo 2024-2027.

52. La primera instancia, luego de realizar algunas consideraciones sobre la
residencia electoral, la trashumancia y los parámetros para acreditarla, refiriendo
para ello la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta corporación45, procedió con
el análisis de las probanzas allegadas al expediente, en particular, las aportadas por
la parte demandante y las allegadas por la RNEC.

53. En su ejercicio de valoración probatoria, el tribunal no dio crédito a la queja que
fue presentada ante el CNE por el señor Máximo Vásquez García, el 9 de
septiembre de 2023 ni la investigación adelantada por la Fiscalía General de la
Nación, a partir de la denuncia formulada por la señora Flor Valerio Gómez, por el
delito de trashumancia.

54. Al respecto, consideró que dichas pruebas, allegadas por el demandante, no
demostraban que los hechos denunciados efectivamente sucedieron, toda vez que
el ente fiscal no ha dado cuenta de haber encontrado algún hallazgo y el CNE no
dio curso a la petición del señor Máximo Vásquez en atención de que ya habían

44
Cifra que en primera instancia se delimitó en 541 personas.
45
Para el efecto señaló las siguientes providencias. En relación con el concepto de trashumancia electoral: «CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-
28-000-2018-00049-00». Respecto a la residencia electoral: «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero
de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN QUINTA. Sentencia 30 de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-28-000-2020-
00013-00».

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emitido unos actos administrativos en los que se realizó el estudio requerido por
este ciudadano.

55. Así, el tribunal, unificó las bases de datos y la información allegada al expediente
y estableció que el universo de cédulas denunciadas fue de 541 personas, de las
cuales determinó que: i) 370 se encontraban inscritas en el censo electoral de las
elecciones de 2019 de Río Viejo; por lo cual no se presumen trashumantes; ii) 3746
de esas cédulas fueron expedidas entre 2019 y 2023, por lo que debían ser restadas
del conteo de trashumantes; y iii) 4347 personas, que en un principio habían sido
excluidas del censo por inscripción irregular, nuevamente fueron incluidas por el
CNE mediante la Resolución 12203 del 29 de septiembre de 2023 y la Resolución
No. 12792 del 11 de octubre de 2023.

56. Así, al excluir estas 450 personas, el listado se redujo a 91 presuntos
trashumantes; sin embargo, el tribunal de primera instancia verificó la residencia
declarada de estos en SISBÉN, ADRES y DPS; encontrándose lo siguiente:

TOTAL CÉDULAS DENUNCIADAS RESULTANTE 91
Personas tienen por lo menos una residencia registrada en Río Viejo en
(-) 51
el SISBÉN
Personas que tienen por lo menos una residencia registrada en Río
(-) 3
Viejo según el ADRES
Personas que tienen por lo menos una residencia registrada en Río
(-) 2
Viejo, en los programas del DPS
TOTAL POSIBLES TRASHUMANTES 35

57. De esta forma estableció que solo 35 personas, podrían ser catalogadas como
presuntos trashumantes, para las elecciones de 2023, y precisó que «[l]as anteriores
exclusiones se deben a que todas estas personas tienen una relación con Río Viejo,
en alguna base de datos, por lo cual no pueden ser tildadas de trashumantes »

58. En ese orden señaló que de las referidas 35 personas solo 8 personas votaron y,
en consecuencia, el tribunal señaló que la presunta irregularidad en esos 8 votos no
tenía incidencia en la elección de Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde de Río
Viejo, porque la diferencia entre las votaciones obtenidas por los dos primeros
candidatos es de 98 votos, y por tanto, al restar esos 8 votos al señor Cañas Barrozo,
él seguiría siendo el ganador de esas elecciones.

59. A pesar de lo anterior, el tribunal planteó, como escenario hipotético y en gracia
de discusión, las siguientes consideraciones expuestas en la providencia apelada:

Ahora bien, si en gracia de discusión no se comparte el argumento expuesto frente al
censo de 2019, debe exponerse que, aun cuando no se excluyan las personas
contenidas en el mismo, la decisión electoral continuaría siendo la misma, en el sentido
de que no se anularía la elección del señor Emmanuel Cañas, tal y como se pasa a
demostrar:
Universo total de cédulas denunciadas. 541
Personas incluidas para votar CNE (-) 44
Personas que cumplieron mayoría de edad (-) 40

46
En principio fueron 41 pero 4 personas se reportan en el censo 2019, porque fueron incluidas (posiblemente cumplieron la
mayoría de edad) entre enero y agosto de 2019.
47
El listado es de 44 personas, pero la cédula 1002446876 corresponde a una persona a la que se le expidió su documento
por primera vez entre 2019-2023, por mayoría de edad.

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Personas que tienen residencia registrada en Río Viejo SISBÉN. (-) 81

Personas que tienen residencia registrada en Río Viejo ADRES (-) 14

Personas que tienen residencia registrada en Río Viejo DPS. (-) 50

SUBTOTAL TOTAL DE PERSONAS CON VINCULO CON
229
VINCULOS CON RÍO VIEJO
PERSONAS SIN VINCULO CON RÍO VIEJO 312

Ahora, verifica el Tribunal que, de este número de presuntos trashumantes, solo
votaron 103 personas; por lo que, como quiera que el número de presuntos
trashumantes supera el total de votos que existen de diferencia entre el candidato que
superó el primer puesto, y el candidato del segundo (98 votos); debe procederse con
el procedimiento de distribución ponderada de votos.

[…]

Así las cosas, se aplicará el método de distribución ponderada, conforme a las
directrices dada por al alto Tribunal contencioso administrativo, verificándose que los
votos a descontar por candidato son los siguiente:

VOTOS VOTOS
CANDIDATOS TOTAL
ELECCIÓN RESTADOS
FERMIN VÁSQUEZ 2565 46 2519
AMPARO TOLOSA 117 0 117
EMMANUEL CAÑAS 2663 50 2613
ALFONSO BELEÑO 0 0 0
VOTOS EN BLANCO 13 0 0
VOTOS NULOS 38 0 0
VOTOS NO MARCADOS 52 0 0
TOTAL 5448 96 48
5352

Lo anterior, permite advertir que, a pesar de descontar los posibles votos anómalos, el
señor Emmanuel Cañas obtiene un resultado de 2.613 votos frente a 2.519 votos que
obtuvo el señor Fermín Vásquez; por lo anterior, se puede concluir que el señor Cañas
Barroso continúa quedando en primer lugar, con una diferencia de 94 votos, sobre el
señor Fermín Acuña; razón por la cual no se logra demostrar que las irregularidades
antes analizadas no tuvieron incidencia en la elección, haciendo imposible declarar la
nulidad de los actos deprecados.

[Sic a toda la cita]

60. En el recurso de apelación, con el fin de solicitar la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, el accionante centró su reparo en el hecho de que el tribunal
hizo uso del mecanismo de ponderación del voto y, así mismo, reprochó que el
fallador de instancia «[c]on la votación 103 personas que lo hicieron incurriendo en
Trashumancia, se está viciando todas las mesas de votación demandadas, por lo
tanto, el acto E 24 ALC demandado, el cual ordenó expedir la respectiva credencial,
está viciado de nulidad en su integridad, y las mesas demandadas han de ser
anuladas, excluidas y ha de ordenarse un nuevo escrutinio o lo que en derecho
corresponda».

48
Del total de 103 votos, solo se adjudicaron 96, los otros 7 faltantes no se adjudicaron a nadie, porque son los que no alcanzaron
a obtener la cifra de 1 voto, que son las otras columnas que fueron la señora Amparo Toloza, Alfonso Beleño, votos en blanco,
votos nulos, votos no marcados.

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61. En el orden de los antecedentes expuestos, con el fin de determinar si la
sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar se debe confirmar, modificar o
revocar, se estudiará si el acto demandado se encuentra afectado por la causal de
nulidad prevista en el artículo 275.7 del CPACA, conforme los argumentos del
recurso de alzada.

62. En ese orden de ideas, la Sala se limitará a estudiar lo siguiente: verificará si las
103 personas catalogadas por el tribunal como presuntos trashumantes tienen esa
connotación. En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea positiva, se
determinará si ejercieron su derecho al voto y, finalmente, si resulta procedente
determinar la incidencia conforme el mecanismo de ponderación del voto.

63. Así mismo, resolverá los cargos relacionados con la habilitación de
trashumantes, esto es los referidos a: i) no valorar los votos depositados por los
trashumantes en razón a que, desde la perspectiva del recurrente, existió dolo por
parte de la CNE y RNEC, en habilitar personas trashumantes; y ii) « no pronunciarse
frente a la inexplicable decisión el CNE, en la indebida motivación de las
Resoluciones 12792 y 12203, por medio de la cual habilitaron a personas
trashumantes de la mesa de votación 15 y 2 de la Cabecera Municipal de Río Viejo
– Bolívar, sin justificación alguna».

64. La cuestión jurídica trazada se abordará con sujeción a los argumentos
planteados en la apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso,49 que prescriben que dicho medio de impugnación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por la parte recurrente 50.

65. La Sala no pierde de vista que el apelante limitó su recurso, en parte, en que no
estaba de acuerdo con la aplicación del mecanismo de la ponderación respecto de
los 103 presuntos trashumantes que, hipotéticamente o en gracia de discusión
encontró la primera instancia.

66. Por ello, en principio, en consonancia con los citados artículos 320 y 328 del
CGP, procedería un pronunciamiento necesariamente respecto de tal mecanismo
en aras de determinar si hubo incidencia o no, o, como lo señala el apelante, si
existe lugar a excluir las mesas afectadas con trashumancia y practicar un nuevo
escrutinio.

67. No obstante, se pone de presente que mediante la sentencia del 10 de octubre
de 202451, la Sala modificó la tesis jurisprudencial relacionada con la aplicación del

49
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
50
Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. «Al
respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe interpretarse
en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley».
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra, radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01. Debe tenerse en cuenta que en esta providencia la
magistrada Gloria María Gómez Montoya aclaró su voto.

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mecanismo de la distribución ponderada cuando se trata de la causal de
trashumancia en las elecciones para un cargo uninominal. Así, estableció que, para
determinar la incidencia en los casos de elecciones unipersonales en los que se
invoca la trashumancia electoral, se tendrá en cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la
diferencia de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en
caso de que solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar
a nuevas elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es menor o igual
a la diferencia que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto de elección
prevalecerá.

68. La Sección precisó que la razón de esta regla obedece a que «no solo está en
contienda el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la
posibilidad de que el segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a
una curul a la corporación pública respectiva, según el tipo de elección que se trate,
en los términos del Estatuto de la Oposición»52.

69. Por cuenta del referido precedente de la Sala y, atendiendo que los presuntos
103 trashumantes definidos hipotéticamente por el tribunal es un asunto capaz de
modificar el análisis de incidencia por irregularidades (trashumancia) en elecciones
a cargos uninominales, resulta ajustado al ordenamiento jurídico emprender el
análisis de la cuestión jurídica trazada en los términos expuestos previamente.

70. Así las cosas, será necesario abordar inicialmente el estudio para determinar si
los 103 ciudadanos calificados como trashumantes en la providencia recurrida,
realmente lo fueron, toda vez que, a partir de la precisión de dicho dato, es viable
proceder con el análisis de la incidencia de este fenómeno en los resultados
obtenidos en la elección cuestionada.

71. De esta manera, resulta pertinente que la Sala se pronuncie respecto de las
censuras de la apelación en el siguiente orden: i) sobre el marco teórico de la
trashumancia electoral; y (ii) la solución al recurso de apelación.

2.3 Marco teórico de la trashumancia electoral

2.3.1 Trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla (Reiteración
jurisprudencial)53

72. La trashumancia electoral, según lo ha precisado esta Sección, corresponde a
«la acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción
política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un
verdadero arraigo o interés»54.

52
Ibidem
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Gloria
María Gómez Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-
000-2019-01203-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto
de 2024, radicado 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro
Pablo Vanegas.
54
Ibidem.

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73. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna
atenta contra la democracia participativa local, se han implementado diversos
mecanismos a los que se hará alusión, para luego profundizar en uno de ellos, el
procedimiento breve y sumario que adelanta el Consejo Nacional Electoral, debido
a la naturaleza de los actos cuya nulidad se pretende, dictados por dicha entidad.

74. El artículo 389 del Código Penal Colombiano reprocha la inscripción irregular
de documentos o cédulas de ciudadanía que desconocen la relación que deben
tener los votantes con el territorio, toda vez que mediante dicha conducta se
pretende obtener indebidamente una ventaja en los comicios o un provecho ilícito
para sí o para terceros:

ARTÍCULO 389. FRAUDE EN INSCRIPCION DE CÉDULAS. <Artículo modificado
por el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El que por
cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban
documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente
a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en
elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en
localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con
el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea
realizada por un servidor público. [Énfasis fuera de texto]

75. Con la modificación introducida por el artículo 4. de la Ley 1864 de 2017 al
anterior tipo penal, no solo se sanciona a quien logra que personas habilitadas para
votar inscriban sus documentos de identidad en lugares en los que no les
corresponde, sino a quienes inscriben a aquéllos para votar en tales condiciones,
en tanto, da cuenta de la intención del legislador de hacer consciente al ciudadano
de las consecuencias de su conducta deshonesta frente al ejercicio del derecho al
voto, cuando con el objeto de obtener un provecho ilícito para él o un tercero, se
presta para interferir en decisiones de carácter local en las cuales no está
legitimado, pues no tiene relación con el territorio en el que se llevan a cabo los
comicios.

76. Para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 275,
numeral 7 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra la causal específica de nulidad de
los actos elección o nombramiento relacionada con la trashumancia, así:

ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección
o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este
Código y, además, cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

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Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

77. Aunque la trashumancia electoral solo se consagró expresamente como causal
de nulidad específica mediante la norma transcrita, desde el 28 de enero de 199955
el Consejo de Estado la aceptó jurisprudencialmente como un motivo para anular
los votos afectados y eventualmente el acto de elección, estimando en un primer
momento que dicha conducta constituía una violación del artículo 316 constitucional
y luego56 desde el planteamiento de una modalidad de incurrir en la conducta
prevista en el entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo 57,
aspecto en el que en esta oportunidad no resulta necesario ahondar58.

78. Es importante tener presente que el Consejo de Estado en sede nulidad
electoral ha considerado de manera más o menos uniforme, que «para desvirtuar
la presunción de residencia electoral se debe probar, de forma concurrente y
simultánea, (i) que el presunto trashumante (sic) no es morador del respectivo
municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su
profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo» 59.

79. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué
personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en
él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia
en el resultado de la contienda electoral»60.

80. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, al Consejo Nacional Electoral en virtud del artículo 4.° de la Ley 163 de
1994, le fue conferida la facultad de adelantar un procedimiento breve y sumario en
el cual se: (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y, en
caso afirmativo, (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, para evitar que
personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales
que definirán a los dirigentes que los gobernarán.

55
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario Méndez. En esta
providencia se indicó: “Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución no determina la nulidad de las elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las
establecidas en el artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar
cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el
Consejo Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción.
La Sala en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones que se realicen
para la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros municipios, el voto cumplido contra esa
expresa prohibición constitucional es nulo. Y será nula, consecuentemente, la elección correspondiente, cuando el número
de votos nulos sea determinante de la misma, pues en caso contrario la nulidad del voto resultaría inocua.
Entonces, para alegar con éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los inscritos no residían
en el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los términos del artículo 4º,
inciso segundo, de la Ley 163 de 1.994, y que efectivamente votaron; y establecer también la incidencia de tales votos en el
resultado electoral”.
56
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0768-01(2719),
M.P. Mario Alario Méndez.
57
“Artículo 223. Causales de nulidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.> Las actas de escrutinio
de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…)
2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su
formación”.
58
Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral, puede apreciarse: 1)
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33-
000-2016-00076-02, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de
diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
60
Ibídem.

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81. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo
8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre
los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., consagra en cabeza de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la facultad-deber de cruzar la información suministrada por los
ciudadanos al momento de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los
distintos procesos electorales, con «cualquier base de datos pública o privada que
se considere útil para establecer la residencia electoral» (parágrafo del artículo
2.3.1.8.3.).

82. Aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3 señala
las bases más relevantes para tal efecto61, con el propósito de entregar los
resultados del cruce realizado al Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte
las decisiones correspondientes frente a la inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía y, por ende, se ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para
el proceso electoral, como lo indica la parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al
señalar:

Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de
los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes
de la jornada electoral.

Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales que la
norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la inscripción
de los ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo para que el Consejo Nacional
Electoral realice el control correspondiente en ejercicio del numeral 1° del artículo 265
de la Constitución Política de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la
Organización Electoral y las investigaciones a que haya lugar de inscripción irregular
de cédulas. (…)

Que con el fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más
transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para
evitar conductas que puedan atentar contra los mismos, se hace necesario establecer
mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y
oportuno control por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de
cédulas para combatir trashumancia electoral.

83. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto

61
“Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus
competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación
y la de datos de las huellas digitales, con el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus
cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el
procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha actividad
dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde
con sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe,
cruzará la información con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará
la información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos
electorales, con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado
Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia
electoral”.

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de este puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las
personas relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren
indebidamente en la democracia participativa a nivel local.

84. Tan es así, que el Decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.5 62 (adicionado
por el Decreto 1294 de 2015), previó plazos concretos para que la Registraduría
Nacional del Estado Civil entregue el resultado del cruce de información al Consejo
Nacional Electoral, a fin de que éste adopte las decisiones a que haya lugar.

85. Sobre el particular, no puede perderse de vista que la revisión eficaz y oportuna
del censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 49,
estableció que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada electoral, de
manera tal que la depuración que se emprenda en aras de propiciar comicios
transparentes, debe adelantarse antes del plazo señalado y de forma permanente
como lo establece el artículo 48 de la misma ley, pues el propósito no es otro que
el registro de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos
colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución
y la ley para participar en las elecciones y concurrir a los mecanismos de
participación ciudadana63, corresponda a la realidad, garantizando así que cada vez
que se emprenda un ejercicio de participación democrática, concurran quienes
están habilitados para tal efecto por el ordenamiento jurídico, respetando la
residencia electoral.

86. En relación con el procedimiento administrativo que se viene explicando, es
pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en mención, según el
cual, el CNE puede efectuar un análisis de trashumancia histórica:

«Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral,
dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la
trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de
la Constitución Política.

87. La trashumancia histórica hace alusión al traslado de ciudadanos de un lugar
distinto a aquel en que residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, con lo
cual influyeron en anteriores procesos electorales de carácter local, de manera tal
que históricamente personas ajenas a la realidad territorial han incidido en
decisiones relativas a la misma, por lo que resulta necesario identificarlas para dejar
constancia de dicho fenómeno y, por supuesto, tomar los correctivos a que haya
lugar.

62
“Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá
al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de
inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce
de base de datos”.
63
Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: “Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral
es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y
en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar
en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de
electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376,
377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico, elaborado por la RNEC, que le permite a la
Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación
ciudadana”.

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88. Es interesante que, con el Decreto 1294 de 2015, no solo se pretende que los
análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones que están por
celebrarse, sino también al estudio de dicho fenómeno respecto de procesos
electorales que finalizaron, en criterio de la Sala, con el propósito de aprender de
las experiencias pasadas e identificar los lugares en los que la trashumancia ha
tenido significativa incidencia, para implementar procedimientos eficaces, que
permitan combatir dicha práctica en territorios en los que históricamente se ha
arraigado.

89. En este horizonte, es importante referir que, frente a cualquier discusión atinente
a la trashumancia electoral, la Sección ha sido consistente en sostener64 que se
debe partir de la presunción contenida en el artículo 4.° de la Ley 163 de 1994 65,
esto es, que la residencia electoral de una persona corresponde al lugar en el que
tiene inscrita su cédula para votar.

2.3.2. . De la presunción de la residencia electoral.

90. Así, se debe indicar que esta presunción se estructura a partir del hecho de que
los ciudadanos, para registrar su documento de identidad con el fin de ejercer el
derecho al voto, deben presentarse personalmente ante la autoridad electoral del
lugar en el que desean sufragar (artículo 78 del Código Electoral); esto implica que,
en virtud del principio constitucional de buena fe, que irradia las actuaciones de los
particulares ante la administración (art. 83 de la Constitución Política), se tenga por
cierta la manifestación que hace el votante sobre el lugar en el que reside, motivo
por el cual, si se busca desvirtuar tal afirmación, debe cumplirse con la carga
probatoria correspondiente.

91. Considerando lo referido, se advierte que, en los primeros pronunciamientos
relacionados con este tema66, se indicó que la presunción de residencia electoral se
desvirtúa mediante «prueba convincente de que los sufragantes incursados moran
en otro municipio»67, que habitan en un lugar distinto a aquel en el que registraron
al momento de su inscripción.

92. Posteriormente, la Sección especificó que la residencia electoral se puede
establecer no sólo a partir del lugar en que se habita, sino también en el que de
manera regular se tiene asiento, se ejerce la profesión u oficio o posee algún
negocio o empleo, motivo por el cual, para desvirtuarla debe demostrarse que el

64
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm. 76001-23-33-000-2019-01203-
01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm.
44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
65
«ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la
residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción,
el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales,
cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el CNE
declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991».
66
A través de: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario Méndez.
67
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2000, Rad. 2415. M.P: Roberto Medina López. En
tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001,
Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).

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inscrito no se encuentra en alguna de las situaciones antes señaladas, respecto del
lugar en el que ejerce su derecho al voto68.

93. Después, en providencia del 14 de diciembre de 200169, la Sección Quinta indicó
que para desvirtuar la referida presunción se debe demostrar que el ciudadano no
tiene alguna de las relaciones antes señaladas en la dirección que suministró al
momento de inscribir su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto,
porque resultaría desproporcionado o imposible de probar, acreditar que la persona
en cuestión no reside, no trabaja, no posee negocio o empleo en el municipio en el
que tiene inscrito su documento.

94. Por lo indicado, «quien pretende desvirtuar la presunción de residencia electoral
en los términos que actualmente lo exige la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en estricto sentido, tiene la posibilidad material de probar los
vínculos que un ciudadano tiene con un territorio distinto al registrado para efectos
electorales, más no la posibilidad de acreditar que dicho ciudadano no es morador
del respectivo municipio, no tiene asiento regular en el mismo, no ejerce allí su
profesión u oficio y que tampoco posee algún negocio o empleo, salvo que aquél
confiese de manera clara y precisa tales circunstancias»70.

95. Aunado a lo anterior, se precisa que cuando una persona regularmente
permanezca o habite en un lugar, no necesariamente implica que no tenga relación
con otro sitio, circunstancia que también se puede predicar de los vínculos
relacionados con el ejercicio de una profesión u oficio o de poseer algún negocio o
empleo.

96. En efecto, dichas relaciones también pueden presentarse de una persona
respecto de varios lugares, por lo que, se insiste, que se pruebe frente un ciudadano
y un territorio la existencia de un vínculo para la constitución de una residencia

68
En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de
2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
69
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0792-01(2742),
M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. «El artículo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral es el lugar donde
una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee algunos de sus negocios o
empleo, presupuestos materiales que pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la opción de varias
residencias electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio. No obstante, respecto de aquélla, la ley establece que debe
ser única y se determina por la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en
relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es
decir donde habita, o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o
empleo, con el fin de ejercitar en él su derecho político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula el ciudadano declara bajo
la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio y ello se constituye en el sustrato de una presunción legal que,
como tal, puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas
en el artículo citado.// Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como del lugar de su
residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que configura al vínculo material con el municipio donde se está
inscribiendo, de tal manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de ejercicio
de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuando la presunción de residencia electoral.
Significa lo anterior que en rigor no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de aquel
en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias alternativas de relación material del inscrito con
el lugar de inscripción; o de imposible demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se
encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas y jurídicas debe entenderse que el
acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación
material con el respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris tatum de su residencia
electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción
de residencia electoral como ya se indicó. Este criterio hermenéutico rectifica la jurisprudencia que había sostenido la Sala
sobre el mismo punto en las sentencias de 15 de noviembre de 2001, Expediente 2741 y del 7 de diciembre de 20001 (sic),
Expediente 2729”».
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado
44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.

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electoral, no conlleva necesariamente a la inexistencia del mismo tipo de vínculo
con otro espacio.

97. Lo señalado da cuenta de las notorias dificultades para desvirtuar la presunción
de residencia electoral desde el criterio de la jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, lo cual obedece a las distintas alternativas que ha
reconocido el ordenamiento jurídico para constituir la residencia electoral.

98. Por otra parte, tampoco se pierde de vista que «cada vez que se discute sobre
la eventual existencia de trashumancia electoral, inescindiblemente se habla del
ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación del poder político
con todas sus manifestaciones (art. 40 de la Constitución), motivo por el cual deben
existir suficientes elementos de juicio para considerar que una persona debe ser
retirada del censo electoral del distrito o municipio en el que se inscribió, y por ende,
que allí no puede ejercer su derecho al voto porque no corresponde a su residencia
electoral»71.

99. Atendiendo el marco teórico expuesto se procederá con el análisis del caso
concreto.

2.4. De la solución al recurso de apelación

100. En el orden de ideas expuestas, se advierte que el apelante cuestiona la
decisión adoptada por el tribunal de primer grado respecto al supuesto hipotético de
que 103 de las personas que votaron en la elección de alcalde del municipio de Río
Viejo, lo hicieron incurriendo en trashumancia. De entrada, se precisa que no está
en discusión que este número de votantes efectivamente ejercicio su derecho al
voto, pues así lo corroboró la Sala al estudiar los respectivos formularios E-11.

101. Sin embargo, se advierte que el tribunal de primera instancia, con fundamento
en las pruebas allegadas por las partes y las decretadas de oficio, cotejó tanto las
resoluciones del Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales se dejó sin efectos
la inscripción de las cédulas en dicho ente territorial, las bases de datos: SISBÉN,
ADRES y DPS, y los formularios E-11«registros de votantes» de cada mesa y
encontró que de los 320 posibles trashumantes que previamente había identificado
en el listado inicial de 541 denunciados por el demandante, solo 103 ejercieron
efectivamente su derecho al voto.

102. Para el tribunal dichos 103 votantes son presuntos trashumantes, porque,
según el análisis realizado, después de considerar las resoluciones del CNE, por
medio de las cuales se excluyeron cédulas con inscripciones irregulares y el cruce
de información contenida en las bases de datos del SISBÉN, ADRES y DPS que
realizó la RNEC, se advirtió algún tipo de relación de estos 103 votantes con
municipios diferentes a Río Viejo (Bolívar) que, pese a ello, sufragaron en dicha
entidad territorial.

71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado
44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.

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103. De esta manera, en primer término, se procedió a revisar la información
contenida en las resoluciones emitidas por el CNE. Así, observó que al expediente
fueron aportadas las resoluciones 8203 del 07 de septiembre de 202372 y 9561 del
12 de septiembre del 202373, por medio de las cuales la autoridad electoral realizó
el estudio sobre trashumancia en el municipio de Río Viejo (Bolívar), respecto del
consolidado de cédulas inscritas remitido por la RNEC.

104. Se encontró que los documentos de identificación fueron comparados con las
bases de datos del SISBÉN, ADRES, DPS, IGAC y el Archivo Nacional de
Identificación, a través de un procedimiento breve y sumario, con el fin de determinar
si existía alguna inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y, en consecuencia,
se observó que se dejaban sin efecto la inscripción de 195 y 49 cédulas
respectivamente, para un total de 244 documentos.

105. Estas decisiones fueron objeto de recursos de reposición, los cuales se
resolvieron a través de las resoluciones 12203 del 29 de septiembre del 2023,
mediante la cual se habilitaron 45 cédulas para votar, y 12792 del 11 de octubre del
2023, en la que también se habilitaron otros 2 documentos para sufragar.

106. Al respecto, en la Resolución 8203 del 07 de septiembre de 2023, se indicó
que dicho análisis se efectuó sobre el cruce de las bases de datos de las cédulas
inscritas dentro de los periodos comprendidos desde el 13 de marzo de 2021 hasta
el 13 de enero de 2022 para Congreso de la República; desde 14 de enero 2022
hasta el 29 marzo de 2022 para presidente y vicepresidente de la República y la
información reportada en las siguientes bases de datos:

i) Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (SISBÉN);
ii) Sistema de Seguridad Social (BDUA del ADRES) adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social;
iii) Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE);
iv) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS);
v) Base de datos de la Oficina Instituto Geográfico de Agustín Codazzi
(IGAC);
vi) Archivo Nacional de Identificación (ANI).
vii) Censo Electoral año 2019.

107. Por su parte, de acuerdo con la Resolución 9561 del 12 de septiembre del
2023, se hizo una nueva verificación, esta vez sobre las cédulas inscritas hasta el
29 de agosto de 2023, información que también fue remitida por la RNEC 74.

108. En ese orden, se tiene que el CNE, previo a dejar sin efectos la inscripción de
cédulas de ciudadanía por medio de dichas resoluciones, tuvo en cuenta todas

72
«Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de RÍO VIEJO del departamento de
BOLÍVAR, dentro del proceso de inscripción realizado entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022 y el 14 de enero
de 2022 al 29 de marzo de 2022, para participar en este municipio, en las elecciones de autoridades locales a realizarse el
29 de octubre del año 2023».
73
«Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de RIO VIEJO del departamento de
BOLÍVAR, para participar en las elecciones de autoridades locales a realizarse el 29 de octubre del año 2023».
74
Índice 71 Samai del Tribunal.

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

estas cédulas inscritas en el municipio de Río Viejo (Bolívar) hasta el 29 de agosto
de 2023.

109. Por tanto, se advierte que las cédulas de los 103 ciudadanos, que se
consideraron como presuntos trashumantes en el juicio hipotético que hizo la
primera instancia, fueron verificadas por esta autoridad electoral, la cual, con base
en el censo 2019 de dicha municipalidad, realizó el cruce de la información de las
referidas bases de datos con la información de los nuevos inscritos para participar
en las elecciones de congreso y presidencia de dicha jornada electoral.

110. Revisados los enunciados actos administrativos se encontró que, dentro del
registro de los documentos respecto de los que el CNE dejó sin efecto la inscripción
como consecuencia de haberse acreditado sumariamente la no residencia electoral,
solo figura el número de documento 1002465609 de la ciudadana Kely Johana
Mendoza Toro (Resolución 8203 del 07 de septiembre de 2023).

111. Pese a ello, ninguna otra de las 103 cédulas catalogadas como presuntos
trashumantes en la decisión cuestionada fueron excluidas por dicha autoridad
electoral. De ahí que, hasta acá, adquiera relevancia probatoria lo analizado por la
autoridad electoral, en tanto encontró que ese universo de cédulas (103) no
correspondía a trashumantes, no así la conclusión hipotética que se planteó en
gracia de discusión en la primera instancia.

112. De esta manera, la Sala prosiguió y revisó la información contenida en la
tabla75 del consolidado de las 103 personas consideradas como trashumantes en
primera instancia, que votaron en la elección demandada, y la contrastó con la
información remitida por la RNEC76 en la que se destacan los datos relacionados
con los ciudadanos inscritos en el censo electoral de las elecciones de 2019 y 2023
en el municipio de Río Viejo (Bolívar). Tal cotejo arrojó como resultado que los
mencionados 103 votantes sí se encontraban inscritos en este municipio para
participar en el proceso electoral del 2023.

113. Ahora bien, a pesar de que, en el caso concreto, de los 103 ciudadanos,
relacionados por el actor y referidos en el fallo de primer grado, los informes de la
RNEC que requirió el tribunal de primera instancia77, se registra información que da
cuenta de la relación de estos ciudadanos con otras entidades territoriales diferentes

75
La cual obra como anexo 5 de la sentencia de primera instancia («05 - CONSOLIDADO 103 PERSONAS QUE VOTARON»).
Índice 126 Samai del Tribunal.
76
Contenida en el archivo Excel denominado «Listado – Tribunal Bolivar.xlsx» adjunta a la respuesta remitida por la RNEC el
en el que se reportó la siguiente información: « •Hoja (Listado Total): Contiene el total de los 541 números de cédula, con su
respectivo lugar de votación asignado para las Elecciones de Autoridades Territoriales 2019 y 2023. // •Hoja (Rioviejo 2019):
Contiene 370 números de cédula los cuales se encontraban en el Censo Electoral de Rioviejo – Bolívar para las Elecciones
de Autoridades Territoriales 2019. // •Hoja (Rioviejo 2023): Contiene 476 números de cédula los cuales se encontraban en el
Censo Electoral de Rioviejo – Bolívar para las Elecciones de Autoridades Territoriales 2023, con la información de la última
fecha en la cual ingreso al Censo Electoral de Rioviejo - Bolívar. // •Hoja (Cruce 2023 Decreto 1294): Contiene el resultado
del cruce de base de datos de los 476 números de cédula que hicieron parte del Censo Electoral de Rioviejo – Bolívar para
las Elecciones de Autoridades Territoriales 2023, con la información reportada por las entidades SISBEN, ADRES y DPS».
Índice 71 Samai del Tribunal.
77
En particular el referido archivo Excel denominado “Listado – Tribunal Bolivar.xlsx” donde se encuentra, entre otras, la
siguiente información:«• Hoja (Cruce 2023 Decreto 1294): Contiene el resultado del cruce de base de datos de los 476
números de cédula que hicieron parte del Censo Electoral de Rioviejo – Bolívar para las Elecciones de Autoridades
Territoriales 2023, con la información reportada por las entidades SISBEN, ADRES y DPS. // Además, la información de
departamento y municipio reportado por las Entidades Sisben, Adres y DPS para cada uno de los documentos de identidad
relacionados en los siguientes cortes: •SISBEN 31 de julio de 2023. •ADRES 30 de abril de 2023. •DPS 31 de julio de 2023».

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Demandantes: Alexis Antonio Pérez Arrieta y otro
Demandado: Emmanuel Cañas Barrozo como alcalde
de Rio Viejo (Bolívar)
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00500-01

a Río Viejo (Bolívar), resulta pertinente para la Sala acotar que dicha información
no resulta suficiente para controvertir la residencia electoral de aquellos, por las
razones que pasan a explicarse.

114. Para esta Sala, las certificaciones del ADRES (Información de afiliación en la
Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud) de los mencionados 103 ciudadanos, es insuficiente para acreditar
su trashumancia porque, como se ha indicado en casos de similares contornos,
«dichos documentos solo dan cuenta de, entre otras cosas, la EPS a la que se
encuentran afiliados, el tipo de afiliación, nombres, fecha y lugar de nacimiento, sin
que este último dato signifique que aquellas personas solo podrían residir o ejercer
sus negocios o profesión en el municipio donde nacieron»78.

115. Por su parte, las certificaciones del Sistema de identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN), eventualmente podrían servir para
demostrar el lugar de habitación de los ciudadanos beneficiarios, toda vez que esta
obedece a una base de datos que se fundamenta en los resultados de las encuestas
efectuadas directamente en los hogares, en las que, dentro de otros aspectos, se
presume la comprobación de que los ciudadanos habiten en el municipio para poder
hacerlos beneficiarios de programas sociales que el Estado ofrece en la respectiva
entidad territorial, sin que dicho elemento sea suficiente para destruir la presunción
de residencia electoral, según se explicó de forma precedente.

116. En igual sentido, se puede señalar que la información proveniente de la base
de datos suministrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS) obedece a un registro de ciudadanos inscritos en los programas que
en el marco del objeto de dicha entidad se ofrecen a la ciudadanía y que pueden
obrar como prueba para establecer un vínculo con la residencia de los ciudadanos,
pero que, por sí mismo, no permite destruir la presunción que establece el artículo
4.° de la Ley 163 de 1994.

117. En este orden, debe recordarse que la Sala79 ha precisado que:

[E]l cruce de información que realizan las autoridades electorales puede confirmar
si un ciudadano tiene relación con el territorio en el que está inscrito su documento
de identidad para ejercer el derecho al voto, o si tal vínculo se mantiene con otro
municipio, lo que equivale a probar situaciones afirmativas, concretas y delimitadas.
Sin embargo, dicho análisis, en principio, no revela de manera directa y certera, si
un ciudadano (I) no es morador del municipio que aparece como habilitado para
ejercer el sufragio, (II) que no tiene asiento regular en el mismo, (III) no ejerce allí
su profesión u oficio y/o (IV) no posee algún negocio o empleo en dicha entidad
territorial, pues las anteriores situaciones corresponden a negaciones indefinidas,
de imposible demostración, que únicamente podrían probarse a través de sistemas
de identificación realmente sofisticados y actualizados, que permitan precisar
geográficamente por cada persona en un momento determinado, la totalidad de los
anteriores vínculos, a fin de corroborar por confirmación o descarte la existencia o

78
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-
01. MP. Pedro Pablo Vanegas y Radicado núm. 27001-23-33-000-2023-00124-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
79
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Rad. 76001-23-33-000-2019-01203-01. MP
Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00049-00. MP Rocío Araújo Oñate.

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de Rio Viejo (Bolívar)
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inexistencia de los mismos, lo que escapa a la capacidad actual de las entidades
del país, por lo que su exigencia sería desproporcionada.

Dada la compleja situación, cuando en sede administrativa o judicial se plantea la
presunta existencia de trashumancia, el análisis de la información recaudada debe
ser especialmente cuidadoso, así como la forma en que se solicita y obtiene ésta,
pues de ello depende el grado de probabilidad o certeza de las conclusiones
relacionadas con la residencia electoral de una persona, y por consiguiente, para
determinar si en los comicios participaron o no trashumantes.

118. Por lo tanto, para concluir que un ciudadano es trashumante se debe
demostrar con la mayor certeza, dado a que se encuentra en tela de juicio el derecho
fundamental de elegir, que no es morador del municipio correspondiente, no tiene
asiento regular en el mismo, así como tampoco ejerce su profesión, oficio, negocios
o empleo en aquel lugar, aspectos que, en el presente trámite, no lograron
desvirtuarse con las bases de datos allegadas al expediente y tampoco se aportó
otra probanza que permita concluir lo contrario.

119. Con base en lo expuesto, la Sala concluye que de los 103 ciudadanos alegados
por el actor como trashumantes, tan solo de una (1) de ellos se logra demostrar la
anomalía de su inscripción y, respecto de las otras 102 personas restantes, como
ya se dio cuenta, no se demostró la irregularidad reprochada toda vez que, como
se señaló, las pruebas aportadas al expediente resultan insuficientes, por sí
mismas, para desvirtuar su residencia electoral de estos ciudadanos de Río Viejo
(Bolívar) y, por ello, no se pueden catalogar como trashumantes. Por tanto, la Sala
niega la prosperidad del presente cargo.

120. Un aspecto final de la solución de fondo a este reparo tiene que ver con la
apelación del mecanismo de la afectación ponderada cuando se persigue
determinar la incidencia en una elección de cargos uninominales.

121. Frente a ello, la Sala advierte que dicho aspecto ya fue objeto de estudio de
manera precedente y, en ese sentido, conforme el criterio actual de la Sección
Quinta, se señaló que, en dicha situación particular, cuando se acredite que la
votación de trashumancia es mayor a la diferencia de sufragios, para cargos
uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones.

122. Así, la Sala80 se separó de la aplicación del mecanismo de la afectación
ponderada, en esos casos particulares, quedando a salvo para las elecciones que
corresponden a las corporaciones públicas, conforme la siguiente argumentación:

En efecto, la jurisprudencia ha considerado innecesario, desde el 2008, excluir la
votación total de la mesa donde se presentó la irregularidad, en este caso la
trashumancia, para lo cual ha establecido que aquella debe ser asumida por todos y
cada uno de los candidatos «en proporción a su votación con relación a la votación
válida de la mesa»81. Lo anterior significa que a partir del número de votos obtenidos
por los diferentes partidos y candidatos en los puestos afectados, se calcula la
participación porcentual de cada uno respecto del total de votos válidos de la mesa

80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, expediente
15001-23-33-000-2023-00483-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
81
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de mayo de 2013. Radicación:
11001-03-28-0002010-00061-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro».

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respectiva y, una vez establecida la participación, en esa misma proporción se les
descuentan los votos irregulares que se comprueben82.

No obstante, esta Sala Electoral encuentra que los reparos planteados por la parte
recurrente frente a la fórmula de la afectación ponderada, puntualmente respecto de
elecciones de cargos uninominales en los que las diferencias entre el primer y
segundo candidato son tan estrechas, frente a una votación espuria por trashumancia
significativa, son razonables. Con todo, ello no comporta una inconstitucionalidad o
ilegalidad del método utilizado hasta ahora por la Sección Quinta, como lo pretenden
hacer ver los demandantes, si se tiene en cuenta el desarrollo jurisprudencial que ha
tenido la tesis, como se expuso ampliamente en el acápite anterior, bajo parámetros
de la igualdad electoral, la eficacia del voto y la transparencia de los comicios.

[…]

Sobre el particular, no puede dejarse de lado que, una premisa fundamental que debe
asegurar el juez electoral es la existencia de unos comicios transparentes y que
reflejen el verdadero mandato de los residentes del municipio. Si existe una duda
razonable de que esos 146 votos de trashumancia pudieron haber alterado el
resultado final, sería primordial considerar si la elección refleja con exactitud la
voluntad popular.
[…]

Ahora, la elección a cargos de elección popular para corporaciones públicas comporta
una ecuación diferente, en tanto que corresponde a listas de candidatos por cada
partido o movimiento político. Así, afectar ponderadamente a cada uno responde o se
justifica en el principio de eficacia del voto, pues no obedece a un único aspirante por
cada agrupación política, sino un conjunto de posibilidades electorales; de modo que,
en esos eventos, la fórmula de distribución ponderada se debe mantener bajo las
consideraciones de la línea jurisprudencial expuesta en el marco jurídico de esta
providencia; no obstante, el panorama cambia cuando se trata de cargos
uninominales en los que se enfrenta un solo aspirante por cada opción política para
la dignidad que se pretende alcanzar y se evidencian irregularidades con una
desviación significativa entre el resultado y la votación transeúnte.

123. Resta agregar que recientemente dicho criterio fue reiterado por esta Sala de
lo electoral83, en este sentido:

Dado que el voto es secreto y no es posible determinar con precisión a quién o
quiénes deben descontarse los sufragios espurios, la Sección Quinta había
considerado la aplicación de la fórmula de distribución ponderada, con miras a afectar
proporcionalmente a cada uno de los candidatos de la contienda electoral; sin
embargo, en este caso particular, por más esfuerzos matemáticos o estadísticos que
realice la Sala para afectar proporcionalmente a los aspirantes, no será posible
acercarse a la realidad sobre la incidencia de la irregularidad. Cambiar el método
aritmético podría llevar a la misma conclusión y, en todo caso, las posibilidades son
diversas y dependerá del componente que se pretenda privilegiar en el resultado
electoral.

En tales condiciones, no puede perderse de vista que el presupuesto para declarar la
nulidad de un acto electoral (art. 288 del CPACA) es garantizar el respeto de la
voluntad legítima mayoritaria del pueblo; por ello, corresponde al juez en cada caso
determinar si las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal
incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.

82
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017.
Radicación: 11001-03-28-000-2014-00112-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez».
83
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. Radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00472-
01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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[…]

De modo que, aun cuando el método de afectación ponderada en los asuntos de
trashumancia corresponde a una tradición jurisprudencial de vieja data (que por
demás se encuentra ampliamente justificado), ello no implica que sea el único; sobre
todo en asuntos como el que ahora se estudia, en el que la votación transeúnte es
potencialmente significativa, si se tiene en cuenta que supera ampliamente la
diferencia de votos entre los dos candidatos a la Alcaldía de La Victoria (Boyacá).

2.4.1. De los reparos referidos a la habilitación de trashumantes

124. El apelante refiere presuntos yerros en los que habría incurrido el tribunal de
primera instancia al: i) no valorar los votos depositados por los trashumantes en
razón a que, desde la perspectiva del recurrente, existió dolo por parte del CNE y la
RNEC al habilitar personas trashumantes; y ii) «no pronunciarse frente a la
inexplicable decisión el CNE, en la indebida motivación de las Resoluciones 12792
y 12203, por medio de la cual habilitaron a personas trashumantes de la mesa de
votación 15 y 2 de la Cabecera Municipal de Río Viejo – Bolívar, sin justificación
alguna»

125. Sobre la formulación del primer cargo, la Sala advierte que dicho argumento
no fue planteado en la demanda en esos términos y resulta un aspecto novedoso
que no puede ser atendido en esta instancia en desmedro de los derechos de
contradicción y defensa de las partes.

126. Respecto del otro argumento, la Sala advierte que el accionante insiste en esta
instancia en un debate que fue zanjado por el tribunal de primer grado desde el
momento en el que, mediante auto del 30 de abril de 2024 84, adoptó la
determinación de declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por
indebida acumulación de pretensiones, en orden a señalarle al demandante lo
siguiente:

Las Resoluciones No. 8203 del 07 de septiembre de 2023, Resolución 9561 del 12
de septiembre del 2023. Resolución 12203 del 29 de septiembre de 2023 y la
Resolución No. 12792 del 11 de octubre de 2023 expedidos por el Consejo Nacional
Electoral, contienen una decisión de tipo administrativa mediante la cual se determina
la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanías para participar en las
elecciones realizadas el pasado 29 de octubre de 2023, en el municipio de Rioviejo-
Bolivar; encontrándonos ante un acto administrativo de contenido electoral, ya que si
bien tiene incidencia en el censo electoral, no es un acto mediante el cual se declare
una elección.

Así las cosas, si el demandante consideraba que los actos administrativos
anteriormente señalados estaban inmersos en algunas de las causales de nulidad
contenida en el artículo 137 del CPACA, debió atacar su legalidad a través del medio
de control de nulidad simple o cuestionar la legalidad del acto administrativo en sede
administrativa exponiendo de manera clara y precisa cuales fueron los errores
cometidos en el análisis o en el estudio previo […]

127. En ese orden, la Sala precisa que las decisiones adoptadas por el CNE a través
de las resoluciones 12792 y 12203 de 2023 son determinaciones que se encuentran

84
Índice 59 Samai del tribunal

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en firme, en tanto no existe probanza alguna que evidencie que su legalidad ha sido
discutida o desvirtuada y tampoco han sido controvertidas ante la jurisdicción, por
lo que deben presumirse sus plenos efectos jurídicos.

128. Desde tal panorama, se advierte que no encuentra la Sala mérito alguno para
proceder a revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, pero por las
razones aquí expuestas, en tanto no se acreditó que el acto de elección demandado
estuviese viciado por la causal de nulidad prevista en el artículo 275.7 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de agosto de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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