Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00002-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00002-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2024-00002-03
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 23001-23-33-000-2024-00002-03
Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde de Pueblo
Nuevo (Córdoba), para el periodo 2024 a 2027
Temas: Causal de reclamación del artículo 164 del Código
Electoral (CE), diferencia del 10%. Afectación del debido
proceso por omisión de recuento. Valoración en conjunto
de las pruebas (votos fraudulentos). Incidencia y principio
de eficacia del sufragio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 9 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los artículos 1501 y 152, numeral 7.º, literal a)2 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como
lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 (modificado por
el 434 de 2024) de la Sala Plena del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. Rubén Darío Bula Castaño, mediante apoderado judicial, demandó la elección de
Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde3 del municipio de Pueblo Nuevo, con el fin
de que se declare la nulidad del formulario E-26 ALC del 11 de noviembre de 2023, se
proceda al recuento de mesas4, y se realice un nuevo escrutinio y establezca como
ganador al candidato que obtenga la mayoría de los votos.
1 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
2 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los
siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […] de los alcaldes
municipales […]».
3 Periodo 2024-2027
4 «2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31», mesas
de la zona 00, puesto 00, cabecera municipal.
1
Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
2. Refirió que, para las elecciones a alcalde del 29 de octubre de 2023, en el municipio
se inscribieron los siguientes candidatos: Ovidio Miguel Hoyos Paternina, Rubén Darío
Bula Castaño, Yasmín del Carmen Noriega Oviedo, Neill Elías Badel Hoyos y Alfredo
Emiro Badel Echeverry.
3. Indicó que el mismo día, según el preconteo, la información que reposaba en 20
boletines publicados (19:06 horas) en la página web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC), aventajaba con 385 votos al candidato Hoyos Paternina, quien
registraba 10.109. Sin embargo, manifestó que dichos informes tienen carácter
informativo, con fundamento en el parágrafo 2.º del artículo 2.º de la Resolución 1706 de
2019 del Consejo Nacional Electoral (CNE).
4. El 30 de octubre de 2023, a través de apoderado, advirtió irregularidades entre los
resultados del preconteo y los formatos E-14 publicados en la página de la RNEC, en
relación con la votación del candidato Hoyos Paternina, a su juicio, por una «suma de
votos que generaba duda razonable sobre la inexactitud de los cómputos realizados por
los jurados».
5. El 31 de octubre de 2023 su representante judicial solicitó recuento de votos de la
mesa número 2 de la cabecera municipal, porque, como lo refirió, «revisada el acta de
escrutinio de los jurados, formato E-14, se registraba como total de votantes formato E-
11 (sic) 271 y sumada la totalidad de votos del E-14 dio como resultado 270 votos,
configurándose la causal 1 del artículo 192 del Código Electoral».
6. El mismo día (4:31 p.m.) solicitó el recuento de votos de la mesa 3 del puesto de
votación cabecera municipal para alcaldía y asamblea, en consonancia con el artículo
164 del CE, porque «en las actas de los jurados de votación aparecía una diferencia del
diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas
corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político».
7. Frente a esto último adujo que, el 1.º de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora
Municipal, Sub Municipal 1, en la Resolución 1 realizó el recuento de votos de la referida
mesa, decisión que en sede administrativa fue objeto del recurso de apelación, por parte
del demandante y del demandado, quien, además, a través de apoderado, interpuso el
de reposición y fue rechazado por improcedente.
8. Esgrimió que, entre los días 1.º y 5 de noviembre de 2023, los apoderados de ambos
candidatos (demandante y demandado), elevaron solicitudes de recuento de votos ante
la Comisión Escrutadora Sub Municipal 1, por «inconsistencias y dudas sobre la exactitud
de los cómputos hechos por los jurados de votación, y también; tachaduras o
enmendaduras en los resultados de la votación; y la diferencia del diez por ciento (10%)
o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas
que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector, especialmente frente a las mesas
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y
31 de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba».
9. El 6 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora Sub Municipal 1, mediante la
Resolución 5, resolvió en conjunto las anteriores reclamaciones y señaló que «en aras
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
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de buscar la verdad electoral ve la necesidad de recuento oficioso» y, en consecuencia,
accedió que aquel recayera sobre las «mesas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31 de la cabecera municipal de Pueblo
Nuevo, Córdoba».
10. El referido acto administrativo fue objeto de reposición y en subsidio de apelación por
la apoderada del candidato Hoyos Paternina; en el primero se dejó en firme la decisión
de recuento de votos y el segundo se concedió ante el superior, en el efecto suspensivo.
El accionante indicó que «NO se realizó el recuento ordenado en la resolución Número
5».
11. Además, anotó que, al 6 de noviembre de 2023, no se habían publicado los
formularios E-11, circunstancia que, a su juicio, desconoció el «artículo 2 de la Resolución
1706 de 2019 y […] el derecho de audiencia y defensa».
12. El 11 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora General de Córdoba, a través
de la Resolución 24 resolvió los recursos de alzada. Respecto de ello, el accionante
manifestó no estar de acuerdo con el siguiente párrafo que se trascribe:
Que la solicitud de recuento de los votos de las mesas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 Y 31 de la ZONA 00 PUESTO 00
CABECERA MUNICIPAL, no es procedente toda vez que como se evidencia en la
Resolución No 5 del 6 de noviembre de 2023 se realizó el recuento de votos a la corporación
ALCALDIA respecto de solicitud realizada por Testigo electoral, por el señor JOSE
ALEJANDRO JESUS DIAZ GRANADOS HERNANDEZ y el candidato RUBEN DARIO
BULA CASTAÑO, por lo que evidencia esta comisión que ya se le garantizo el debido
proceso a los solicitantes por parte de la comisión escrutadora municipal quien procedió a
recontar los votos; así, la solicitud realizada de recuento de votos en esta instancia resulta
innecesaria por que no se observa ningún desconociendo de derechos del recurrente y por
ende el reconteo solicitado ya fue realizado en la etapa procesal respectiva. [Sic a toda la
transcripción].
13. A su juicio, lo decidido ahí no corresponde con la realidad porque «NO ES CIERTO
que el recuento de votos de la corporación Alcaldía se haya realizado respecto de las
solicitudes de JOSE ALEJANDRO JESUS DIAZ GRANADOS HERNANDEZ y el
candidato RUBEN DARIO BULA CASTAÑO, “como se evidencia en la Resolución No 5
del 6 de noviembre de 2023”»5, razón por la que manifestó que dicho acto está viciado
de falsa motivación y, además, contiene datos contrarios a la verdad.
14. En consecuencia, afirmó que, contrario a lo que se señala en dicho acto
administrativo, «no fue posible materializar la decisión adoptada y por ello NO se adelantó
el reconteo de los votos». También, manifestó no estar de acuerdo con el siguiente aparte
de la Resolución 24, en tanto no corresponde a la realidad:
Ahora bien, no es clara para esta comisión la solicitud del Dr. JUAN CARLOS REYES
OBREGON quien interpone recurso de apelación indicando lo siguiente “Recurso de
apelación en contra de la decisión administrativa contenida en la resolución de la referencia,
en sus numerales 3 y 4 de la parte resolutiva, por medio de la cual esta comisión
escrutadora decide negar la solicitud de recuento de votos realizada por mi poderdante
durante el desarrollo de esta audiencia pública de escrutinio en cada una de las mesas en
5 Sic a toda la transcripción y cursiva del original.
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que se presentó dicha solicitud mesas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 28, 29 y 31 (..)”, ya que líneas después manifiesta que se realizó
el reconteo, pero aun asi insiste en su petición de recuento de votos para las mismas mesas
de las cuales como es claro en la Resolución apelada ya fue realizado, evidenciandose en
la parte considerativa que se ordenó en el artículo segundo la corrección en el cómputo de
votos obtenidos por los candidatos a la ALCALDIA del Municipio de Pueblo Nuevo -
Cordoba- […]. (Sic a toda la transcripción).
15. Respecto de dicho aparte sostuvo que muestra que «jamás se aceptó la realización
del reconteo, por cuanto nunca se realizó y, además, en el acto administrativo se
distorsiona lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución 5 proferida por la
Comisión Sub Municipal 1, puesto que lo que se ordenó no fue la corrección inmediata
en el cómputo de los votos, sino que textualmente se dijo: Segundo: háganse las
correcciones a que haya lugar en apelación al cómputo de los votos obtenidos por los
candidatos». Como sustento de esto trajo a colación lo señalado en el artículo 2 del
enunciado acto administrativo:
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR, las decisiones notificadas por las Comisiones
Escrutadoras Municipales de Pueblo Nuevo-Córdoba en las siguientes Resoluciones:
Resolución N. 001 de 1 de noviembre de 2023 (Sub comisión 1). Resolución N. 002 de 1
de noviembre de 2023 (Sub comisión 1), Resolución N.º 003 de 1 de noviembre de 2023
(Sub comisión 1), Resolución N.º 003 de 1 de noviembre de 2023 (Sub comisión 1),
Resolución N.º 004 de 2 de noviembre de 2023 (Sub comisión 1) y la Resolución N.º 005
de 6 de noviembre de 2023 (Sub comisión 1), teniendo en cuenta las consideraciones de la
parte motiva de la presente decisión. [Sic a toda la transcripción].
16. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el accionante hizo hincapié en que la
Comisión Escrutadora General, al proferir sus actos administrativos que resolvieron los
recursos de alzada, se guió por consideraciones alejadas a la realidad y, por ende,
declaró alcalde al señor Hoyos Paternina sin que se hubiese realizado el recuento de
votos ordenado en instancia anterior.
17. Por ello se encuentra que, ante una votación tan reñida cuya diferencia fue de 94
sufragios entre los candidatos más votados, resulta «violatorio del debido proceso
electoral no realizar el reconteo, más aún, cuando al revisar el último Boletín de
preconteo, No 20 y la información registrada en los formatos E-14 la diferencia del total
de votos fue de 502, y en votos válidos de 499; pero salta a la vista que en dicho
incremento el candidato HOYOS PATERNINA aumentó 490 votos, mientras que BULA
CASTAÑO tan solo incrementó su votación en 10 votos».
18. Conforme los supuestos fácticos narrados, el demandante considera que el acto de
elección reprochado desconoció los «Artículos 29 de la Constitución Política de
Colombia; Artículos 137, 139, 275 numeral 3 Ley 1437 de 2011; Artículos 164 y 192 del
Código Electoral», e invocó como causales de nulidad la del numeral 3.º del artículo 275
del CPACA y «los artículos 137 y 139» de la misma normativa.
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19. En el concepto de la violación, en primer lugar, argumentó un «desconocimiento del
debido proceso y la falsa motivación de las Resoluciones No 24 y 25 [6] proferidas por la
Comisión Escrutadora General Córdoba Montería Córdoba (sic)».
20. Puso de presente que la Comisión Escrutadora Sub Municipal 1 desconoció su
derecho al debido proceso protegido por la jurisprudencia de esta Corporación 7 porque,
durante el trámite posterior al preconteo, no se dio respuestas a varias solicitudes que
presentó su apoderado, los formularios E-11 no fueron publicados en la oportunidad que
correspondía, se concedieron recursos improcedentes y no se realizó el recuento de
votos pese a que en las citadas resoluciones se da por cierto, escenario último que
propició el vicio de falsa motivación por cuanto se consignaron consideraciones distintas
a la realidad.
21. En segundo lugar, se refirió a los artículos 164 y 192 del CE con el fin de indicar que
los invocó en sede del escrutinio, por lo que se ordenó el recuento de votos en las mesas
«2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
y 31».
22. Insistió en que el recuento no se realizó, pese a que era necesario por cuanto se
«generó las dudas sobre el cálculo o cómputo de la votación por parte de los jurados de
votación, que se advirtieron a la comisión escrutadora y que llevaron a que se ordenara
de oficio el reconteo, adicionalmente el único candidato que creció en su votación de
manera exagerada fue HOYOS PATERNINA, los demás mantuvieron casi idéntica su
votación».
B. Posición de la parte demandada e intervenciones en primera instancia
23. El demandado, mediante apoderado judicial, sostuvo que el acto de elección
contenido en el formulario E‑26 ALC del 11 de noviembre de 2023 es plenamente válido,
pues se ajustó a la Constitución, la ley y la jurisprudencia8.
24. En ese sentido, afirmó que se respetaron los principios de eficacia del voto, legalidad,
debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima, y que todas las reclamaciones
fueron tramitadas y resueltas por las autoridades electorales competentes. Por ello,
recalcó que los boletines de la Registraduría son meramente informativos y no
constituyen documentos electorales vinculantes, por lo que cualquier diferencia con los
resultados definitivos carece de relevancia jurídica.
25. Además, el demandado negó la existencia de irregularidades en el escrutinio, para lo
cual aportó un cuadro comparativo entre los formularios E‑14 y E‑24 de las mesas
6 Por medio de las cuales negó los recursos de apelación promovidos contra las decisiones de la Comisión
Escrutadora Sub Municipal 1.
7 «CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, CP.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, 24 de junio de 2021 Radicación 18001-23-33-000-2020-00009-02».
8 Citó apartes de: «Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicado No.
11001-03-28-000-2018-00051-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: José Facundo
Castillo Cisneros» o «Sección Quinta – Consejo de Estado, Sentencia de 26 de agosto de 2021. Rad. No.
68001-23-33-000-2020-00029-01, C.P. Dra. Rocío Araújo Oñate, Demandante: Camila Marcela González
Galindo».
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cuestionadas, para concluir que no hay diferencias numéricas que configuren la causal
de nulidad prevista en el artículo 275.3 del CPACA. También, sostuvo que el actor no
cumplió con el requisito de especificidad, al no identificar con precisión mesas, guarismos
y tipo de irregularidad, y que tampoco demandó los actos administrativos que resolvieron
las reclamaciones, con lo que incumplió la carga procesal del artículo 139 del CPACA.
26. En cuanto a los cargos de falsa motivación y desconocimiento del debido proceso en
las Resoluciones 24 y 25 de la Comisión Escrutadora General de Córdoba, argumentó
que dichas decisiones fueron debidamente motivadas, se ajustaron a derecho y
confirmaron lo actuado por la comisión municipal. Por lo tanto, señaló que no toda
irregularidad formal genera nulidad y que, en este caso, no se acreditaron vicios
sustanciales que alteraran el resultado.
27. Respecto a la solicitud de recuento por diferencia superior al 10%, afirmó que esta
figura aplica a elecciones a corporaciones públicas y no para cargos unipersonales y,
además, el actor no demostró los porcentajes ni cumplió los requisitos legales para su
procedencia.
28. Finalmente, solicitó negar las pretensiones por ausencia de sustento jurídico y
probatorio, para lo cual resaltó que el procedimiento electoral fue transparente, garantizó
la participación de todos los sujetos procesales y reflejó la voluntad popular.
29. El señor Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda solicitó ser tenido como coadyuvante
y, en ese sentido, pidió se accediera a las pretensiones de la demanda, conforme los
mismos argumentos del demandante.
30. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) plantearon la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
C. Trámite relevante de primera instancia
31. El 31 de julio de 20249 se realizó la audiencia inicial, en la que se reconoció como
coadyuvante al señor Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda, saneó el proceso, decretó
pruebas y se fijó litigio10, en los siguientes términos:
Determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la elección de acto de elección del señor
Ovidio Miguel Hoyos Paternina, como alcalde del Municipio de Pueblo Nuevo para el
periodo 2024-2027, conforme las causales de nulidad planteadas en la demanda, como son
las de falsedad en documentos electorales, debido proceso y violación de audiencia y
defensa
Para ello, deberá verificarse si efectivamente se realizó el recuento de votos ordenados
respecto de las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la cabecera municipal,
por la Comisión Escrutadora Submunicipal 1 mediante las resoluciones nro. 01 del 1.° de
noviembre de 2023 y 05 del 6 de noviembre de 2023, confirmado en las resoluciones nro.
24 y 25 del 7 de noviembre por la Comisión Escrutadora General.
9 Índice 44 Samai del tribunal.
10 La fijación del litigio no fue cuestionada, en el acta se lee: «El señor Magistrado concede el uso de la
palabra a las partes y al señor agente del Ministerio Público, quienes manifiestan estar de acuerdo con la
fijación del litigio».
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En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, se deberá establecer
¿Cuál es la consecuencia jurídica de que dicho recuento haya dejado de practicarse?
Si tiene razonable incidencia en el resultado de la elección, y si hay en consecuencia lugar
a efectuar nuevos escrutinios y eventualmente efectuar el recuento de votos que dejó de
practicarse, o adoptar otra determinación diferente. [Cursiva del original].
32. El 22 de agosto de 202411 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se recibió
el testimonio de la señora Angélica Patricia Méndez Parra, quien fue miembro de la
Comisión Escrutadora Municipal de Pueblo Nuevo, en las elecciones territoriales 2023.
En la diligencia se resolvió prescindir de la de alegatos y juzgamiento y se corrió traslado
para alegar y al Ministerio Público para conceptuar por escrito.
33. El 18 de octubre de 202412, el magistrado ponente decretó de oficio una inspección
judicial en las mesas en que se omitió el recuento alegado en la demanda13.
34. El 1.º de noviembre de 202414, el tribunal negó pruebas solicitadas por la parte
demandada15. Decisión que fue confirmada en sala unitaria de la Sección Quinta del
Consejo de Estado con providencia del 26 de febrero de 2025.
35. Entre el 27 y el 29 de enero de 202516, se realizó la inspección judicial, en la que el
magistrado ponente ordenó la apertura de bolsas, la revisión física de las tarjetas
electorales y la confrontación con los formularios E‑14 y E‑24. En el acta se dejó
constancia de que se formuló tacha de falsedad de un total de 220 votos, en (5) mesas17,
por doble o múltiple marcación.
36. El 10 de febrero de 202518, para adelantar el trámite de tacha de falsedad, el tribunal
decretó las siguientes pruebas:
11 Índice 51 Samai del tribunal.
12 Índice 58 Samai del tribunal.
13 Índice 68 Samai del tribunal. Con providencia del 25 de octubre de 2024, se aclaró en la parte resolutiva
en los siguientes términos: «PRIMERO: Decretar, de oficio, la práctica de una inspección judicial en la
sede de la Registraduría Municipal de Pueblo Nuevo (Córdoba) o donde ellos se encuentren, cuyo objeto
consistirá en el recuento físico de los votos depositados para alcalde, en las pasadas elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023, en las mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo.
En la diligencia, se deberá poner a disposición del Tribunal tanto las bolsas que contengan los
referidos votos, como los formularios E 11, E14 y E 24 de las señaladas mesas». [Énfasis del original].
14 Índice 75 Samai del tribunal.
15 Requirió el testimonio a) de los jurados de votación en las mesas objeto de la inspección judicial; b) de
todos los intervinientes, funcionarios y contratistas encargados del proceso de la cadena de custodia de
los documentos del proceso electoral, periodo 2024 - 2027, del municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), o a
las empresas o personas responsables de cumplir con ese protocolo, directriz o directiva de la RNEC; c)
se oficiara dicha entidad para que remitiera: i) los formularios E-14 de delegados, ii) el protocolo, circular,
directriz, directiva sobre el manejo y custodia del material electoral luego de practicados los escrutinios y
declaradas las elecciones en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), para la elección de alcalde municipal
2024-2027 y, finalmente, d) un dictamen pericial para ratificación de firmas de los jurados contenida en los
formularios E-14, de delegados.
16 Índice 117 Samai del tribunal.
17 Mesas y votos cuestionados: i) M-6 con 31, ii) M-7 con 33, iii) M-8 con 42, iv) M-15 con 63 y v) M-8 con
63.
18 Índice 114 Samai del tribunal.
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
PRIMERO: Decretar dictámenes periciales de grafología y documentología forense sobre
las tarjetas electorales para elección de alcalde de Pueblo Nuevo tachadas de falsa, de las
mesas 6, 7, 8, 15 y 18, del puesto 00, Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo, Zona Urbana,
que se encuentran debidamente identificadas y custodiadas por la Delegación
Departamental de Córdoba de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Para la designación del perito o peritos, se concederá a la Fiscalía General de la Nación -
Seccional Córdoba, el plazo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de esta providencia.
Asimismo, de forma inmediata, la entidad deberá designar al funcionario respectivo
para el recibo y aseguramiento de los documentos que serán objeto de las
experticias.
Una vez hecha la designación, la entidad lo informará por el medio más expedito al
Despacho, luego de lo cual, se realizarán labores de coordinación con el ente investigador
para su entrega al funcionario respectivo, en las instalaciones de la Registraduría Nacional
del Estado Civil-Delegación Departamental de Córdoba, donde reposan los documentos.
Igualmente, se hará entrega de las tarjetas electorales que fueron marcadas a favor de más
de un candidato u opción, en las mesas 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, con la finalidad de servir
de apoyo a los peritos para su respectiva experticia, en caso de así considerarlo necesario.
A las partes se les dará aviso para que si a bien lo tienen, comparezcan a la diligencia
de entrega que se coordine con el ente investigador.
Posteriormente, una vez entregados los documentos, los peritos deberán rendir el
informe dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, en el cual deben atender los
siguientes cuestionarios, según corresponda:
En la experticia grafológica forense:
(i) Si los trazos de la marcación (X o figura distinta) sobre los recuadros de los candidatos
que aparecen en un mismo tarjetón corresponden a una misma persona o a diferentes
personas.
(ii) Si existen coincidencias en los trazos de las marcaciones de los distintos tarjetones
de cada mesa, que dé cuenta que fue una misma persona quien marcó los recuadros (o
todos en caso de así serlo) en los diferentes tarjetones. En caso afirmativo, deberá
indicar cuál o cuáles recuadros de los tarjetones fue marcado por la misma persona,
relacionándolos mesa por mesa. Esto, a efectos de identificar si una misma persona
realizó marcaciones en diferentes tarjetones de una misma mesa o de todas las
mesas y en qué recuadros de los candidatos se hicieron las marcaciones.
La experticia documentológica forense deberá indicar lo siguiente:
(i) Si los tarjetones analizados corresponden a los provenientes de la Registraduría
Nacional del Estado Civil para las elecciones territoriales de alcalde llevada a cabo el 29
de octubre de 2023.
(ii) Si los trazos de las marcaciones con tinta de lapicero u otro elemento escritor sobre
los distintos recuadros fueron realizadas en un mismo momento. En caso de que se
advierta que lo fueron en momentos distintos, deberá indicar cuál marcación es
primigenia y cuál o cuáles es posterior.
(ii) (sic) Si los trazos de las marcaciones sobre los recuadros de los tarjetones provienen
de un mismo elemento escritor o de diferentes. Explicar detalladamente en cuáles
coincide el mismo elemento escritor.
SEGUNDO: Decretar los testimonios de los ciudadanos que fungieron como jurado de
votación y testigos electorales de las coaliciones Retomando el Progreso y Pueblo Nuevo,
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
Territorio de Paz, Desarrollo y Bienestar Social, de las mesas 6, 7, 8, 15 y 18, del puesto
00, Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo, Zona Urbana, las pasadas elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023, conforme lo expuesto en las motivaciones.
[…].
TERCERO: Negar las demás solicitudes probatorias, de acuerdo con lo motivado en
precedencia. [Énfasis del original].
37. El 17 de marzo de 202519, el magistrado ponente negó la solicitud de adición y el
recurso de reposición y concedió el de apelación frente a las pruebas negadas. El
magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con providencia del 11
de abril del año en curso, confirmó la negativa probatoria20.
38. Recibido el dictamen pericial21, con providencia del 4 de abril de 202522, se ordenó el
traslado de la prueba allegada. Durante el término otorgado, se pronunciaron, sin
oponerse al mismo, el demandado23, el coadyuvante24 y el demandante25.
D. Sentencia recurrida
39. Con el fin de comprender lo decidido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en
sentencia del 9 de junio de 202526, por medio de la cual se negó las pretensiones de la
demanda, el resumen de dicha providencia se organizará así: i) premisas probatorias
para sustentar el caso concreto y ii) las razones de la decisión.
40. Previo a ello, se pone de presente que en la sentencia se clarificó que los cargos de
anulación decididos en este litigio se relacionaron con las causales de «expedición
irregular y violación al derecho de audiencia y defensa», aun cuando en algunos apartes
de la demanda se invocó el numeral 3.º del artículo 275 del CPACA.
41. Frente a esto último agregó que se trataba de una situación sin antecedentes en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en tanto la irregularidad deviene de la no
realización de un recuento de votos, que en todo caso puede mostrar una falsedad de los
documentos electorales que en el presente trámite no se alegó de esa manera, sino como
expedición irregular.
42. Luego de referirse al derecho a elegir y ser elegido y relatar algunos supuestos
fácticos de la demanda sobre los cuales no existió discusión de las partes (en particular,
que tanto demandante y demandado fueron contrincantes a la alcaldía del municipio de
Pueblo Nuevo y que, según los resultados del «preconteo» publicado en la página web
de la RNEC, el 49% de los votos correspondieron al señor Bula Castaño, mientras que el
19 Índice 138 Samai del tribunal.
20 Confirmó la decisión de negar las pruebas toda vez que: «i. los dictámenes grafológicos y
documentológicos sobre los tarjetones fueron decretados a cargo de la FGN y resulta innecesaria la
práctica de dos dictámenes con el mismo objeto ii. los dictámenes sobre las bolsas contentivas del material
electoral, el cumplimiento de cadena de custodia y estadístico forense no guardan relación con el objeto
de la tacha de falsedad y iii. los formularios de la RNEC y formatos de gestión documental no fueron
tachados de falsos».
21 Índice 145 Samai del tribunal.
22 Índice 147 Samai del tribunal.
23 Índice 151 Samai del tribunal.
24 Índice 152 Samai del tribunal.
25 Índice 153 Samai del tribunal.
26 Índice 158 Samai del tribunal.
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
47,13% al candidato Hoyos Paternina) valoró las piezas probatorias aportadas al
expediente, de la siguiente manera.
a) Premisas probatorias para sustentar el caso concreto
43. Para el tribunal, de acuerdo con un acto administrativo del 1.º de noviembre de 2023
y el acta general de escrutinio municipal de la «Subcomisión 1» del 6 del mismo mes y
año, se probó que el demandante solicitó recuento de votos respecto de «la mesa nro. 3
del puesto 00 de la Cabecera Municipal, a la cual se accedió por la causal Dudas (sic) de
la comisión escrutadora por la exactitud de los resultados». Dicha decisión fue objeto de
recursos (reposición y apelación) por quienes son partes en el presente trámite; no
obstante, en el acta general no se observó ningún apunte sobre la realización de tal
diligencia en dicha mesa.
44. De igual forma, la sentencia refirió que el señor Bula Castaño solicitó el recuento de
votos en las mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29 y 31 del mismo puesto y zona de votación, respecto de lo cual se dejó
constancia por la Comisión que serían resueltas al finalizar el escrutinio de las 44 mesas
del puesto de votación. Luego, la autoridad electoral accedió a ellas mediante el acto
administrativo 5 del 6 de noviembre de 2023, por la necesidad de un «recuento oficioso».
45. Pese a lo anterior, según se desprende de las «actas generales de escrutinio
generadas el 6 y 7 de noviembre de 2023, el 7 de noviembre de 2023 a las 01:14:23
p.m.», el escrutinio se cerró sin que se declarara la elección, por estar pendiente varias
resoluciones apeladas y sin que existiera constancia de la realización del recuento de
oficio ordenado en las mesas indicadas de manera precedente.
46. De igual forma, la providencia señaló que, en sede de la comisión escrutadora
departamental de Córdoba, instancia que declaró la elección del accionado, se tuvo como
cierto (tal vez por un error de comprensión), conforme las Resoluciones 5 y 6 de
noviembre de 2023, que el recuento si se realizó; sin embargo, la providencia también
anotó que ese hecho no fue cierto, en tanto el testimonio de una miembro de la comisión
que participó en el escrutinio, practicado en la audiencia de pruebas, así lo afirmó.
47. A partir del contexto anterior, la Sala del Tribunal Administrativo de Córdoba tuvo
como acreditado que el recuento de oficio no se llevó a cabo materialmente pese a que
fue ordenado y, en consecuencia, consideró que por tal circunstancia se violó, en sede
administrativa electoral, el debido proceso (defensa y contradicción) del accionante, en
tanto aquella diligencia era necesaria para absolver la duda razonable de la comisión
sobre el cómputo de sufragios que realizaron los jurados.
48. En ese orden, por el curso de los acontecimientos relatados, la sentencia refiere que
la Sala Electoral de primera instancia, mediante un auto de mejor proveer del 18 de
octubre de 2024, optó por realizar una inspección judicial, cuyo objetivo fue «que se
practicara el recuento de votos que se había ordenado en sede de escrutinios, de modo
que lo procedente era que se hiciera la verificación física por parte de esta judicatura de
los tarjetones depositados en las mesas objeto de disputa, para luego confrontarlos
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
objetivamente con los demás documentos electorales, y de ahí, develar si la falta del
recuento en realidad tenía incidencia efectiva en el resultado de la elección».
49. De la inspección judicial el fallo refiere que, al momento de su desarrollo, «el
apoderado del elegido tachó de falsas 220 tarjetas electorales que se evidenciaron
marcadas por más de un candidato en las referidas mesas, la cual sustentó en que fueron
alteradas con la única finalidad de invalidar los votos depositados en favor del candidato
Ovidio Miguel Hoyos Paternina […]», razón por la cual decretó de oficio un dictamen
pericial que arrojó como conclusión relevante la siguiente:
Las marcaciones manuscritas cuestionadas consisten en dos trazos que se cruzan
perpendicularmente, formando una equis (X). Estas marcas se encuentran en los recuadros
correspondientes a los candidatos Rubén Darío Bula Castaño, Ovidio Miguel Hoyos
Paternina, Yasmin del Carmen Noriega Oviedo y Alfredo Emiro Badel Echeverry, en los
tarjetones de votación para la elección de Alcalde de Pueblo Nuevo – Córdoba de fecha 29
de octubre de 2023, no obstante, a pesar de la aparente simplicidad de su composición
gráfica se determinó que las equis (X) en el recuadro de Rubén Darío Bula Castaño
fueron ejecutadas por la misma habilidad caligráfica, es decir, por una misma
persona. [Énfasis del original y sic a la transcripción].
50. En consecuencia, el tribunal consideró que «[f]rente a las marcaciones en forma de
“X” efectuadas sobre el recuadro del candidato Rubén Darío Bula Castaño, concluyó que
existe uniprocedencia escritural, lo que quiere decir que una misma persona las realizó.
En contraste, frente a las marcaciones sobre los recuadros de los demás candidatos, no
resultó concluyente el dictamen».
51. En ese sentido, esgrimió que las «marcaciones en forma de «X» en el recuadro del
señor Rubén Darío Bula Castaño, fueron marcados por una misma persona, es decir, no
provienen de los distintos electores y, por tanto, esa marcación constituye una alteración
de la tarjeta electoral, efectuada con el objeto de afectar la voluntad del verdadero
elector».
b) Las razones de la decisión
52. Con los hallazgos de la inspección judicial y del dictamen pericial, la sentencia
concluyó que de los 220 votos tachados de falsos se pudo determinar, en 172 de ellos,
una X marcada por una misma persona en favor del candidato Rubén Darío Bula
Castaño, sin que se supiera con certeza el momento en el cual surgió esa irregularidad.
53. Respecto de los 48 votos restantes indicó que, si bien el dictamen no arrojó
conclusiones objetivas que permitan identificar con total certeza el destinatario del voto,
era factible concluir que ese número no revertiría el resultado electoral, pues con los 172
corroborados en favor del accionado, este era el ganador. En efecto, Ovidio Hoyos
obtendría un total de «10.171»; mientras que Bula Castaño 10.119 sufragios, es decir,
una diferencia de «52» votos.
54. Agregó que la consecuencia de no publicar los E-11 en la oportunidad del artículo 2.º
de la Resolución 1706 de 2019 era la suspensión de los escrutinios, empero, manifestó
que no era posible perder de vista que ese aparte fue declarado nulo por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al considerar que ello resulta contrario a lo preceptuado
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
por la Ley 1475 de 2011 (sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 2019-00032, MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio). Así, esgrimió que el acceso tardío a dichos registros por parte
del demandante, aunque ponga en entredicho su derecho de defensa, no tiene la entidad
de anular la elección, «pero […] en su momento sumaba para fundar la duda que podía
motivar el recuento».
55. A su vez, puso de presente que luego de verificar el contenido de las urnas y la
uniformidad en la información de los E-14 y el E-24, era posible concluir que la causa de
la irregularidad estuvo en no realizar un recuento ordenado, en confluencia con el retraso
en la publicación de los E-11 y errores sobresalientes en la digitación de la información
oficial que fue publicada en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
«respecto de lo que además, ahora se descubre, le coincidió el intento de alterar la verdad
electoral, a través de una maniobra fraudulenta».
56. Por las razones expuestas, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en definitiva,
concluyó lo siguiente:
[N]o cabe duda que al no practicarse el recuento de votos ordenado por la Comisión
Escrutadora Municipal de Pueblo Nuevo frente a las mesas ampliamente identificadas en
esta providencia, se incurrió en una irregularidad dentro del proceso electoral que mostraba
afectación al debido proceso del demandante, en su elemento esencial de defensa y
contradicción, no obstante, esa irregularidad, tal como quedó plena y objetivamente
acreditado en el sub examine, no tuvo la entidad de afectar el resultado de la elección, de
cara a la eficacia del voto popular y a la verdad electoral, toda vez que luego de practicarse
judicialmente la revisión física de las tarjetas, con todas las garantías procesales, no se
observó variación en la elección del señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, como alcalde de
Pueblo Nuevo 2024-2027.
Tampoco la publicación extemporánea de los E-11 tuvo incidencia en el resultado electoral,
pues aún de haber sido exhibidos en oportunidad, de su contenido no se desprenden
irregularidades. Así entonces, no prospera la pretensión de nulidad de la elección.
57. Por otra parte, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la RNEC y del CNE.
58. Finalmente, ordenó remitir copias de todo lo actuado en el proceso a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el ámbito
de sus competencias, investigaran la comisión de delitos electorales y eventuales faltas
disciplinarias a las que hubiese lugar.
E. Recurso de apelación
59. El 2 de julio de 202527, el señor Rubén Darío Bula Castaño impugnó la sentencia
emitida y solicitó que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones atinentes
a declarar la nulidad de la elección del demandado y se realice otro escrutinio que declare
electo a un nuevo alcalde para el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), con sustento en
los siguientes argumentos:
27 Índice 161 Samai del tribunal.
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como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
a) Esgrimió que es un contrasentido que la primera instancia haya encontrado
irregularidades dentro del procedimiento electoral que culminó con la elección del
demandado y, aun así, no declaró su nulidad.
En efecto, tal como lo considera, la no realización del recuento es de tal trascendencia
que tiene como consecuencia la declaratoria de nulidad de la elección, de esa manera
lo ha señalado el Consejo de Estado28:
[E]n aquellos eventos en que concurran la configuración de la causal en que se funda la
solicitud de recuento y alguno de los vicios genéricos de validez del acto que la niega,
procede la declaratoria de nulidad. (…). Es preciso aclarar que cuando se verifica la
configuración de este supuesto de hecho en el procedimiento de escrutinio, la
consecuencia jurídica es el recuento forzoso de votos a cargo de los jurados de votación
o la comisión escrutadora correspondiente, previa solicitud motivada; mientras que en
sede judicial, su efecto como regla general es la anulación de la votación en las
mesas afectadas siempre que la autoridad competente se haya negado
infundadamente a realizar tal recuento…”. [Subrayado y negrillas del original].
b) A juicio del apelante, el tribunal no analizó «la calidad de votos nulos que tenían las
tarjetas doblemente marcadas […], pese a los resultados de la inspección judicial y a
la tacha de falsedad. En ese sentido, era evidente que la elección era nula, en tanto
«212 votos nulos se contaron en los formularios electorales a favor del candidato
OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA».
Pese a que el dictamen pericial concluyó la «uniprocedencia escritural» en los votos
marcados al candidato Bula Castaño, tal circunstancia no contaba con virtualidad
jurídica para otorgar validez a un voto nulo.
También, refirió no estar de acuerdo con la afirmación de la primera instancia en torno
a que aquella irregularidad «[…] tuvo que ser previa al conteo de votos y cierre de las
bolsas». Al respecto, advirtió que esa situación se dio al momento del conteo de votos
y cierre de las bolsas con el material electoral, pues «el material electoral no tiene
indicio alguno de adulteración o manipulación previa a la inspección judicial, los votos
estaban doblemente marcados al momento de contarlos y diligenciar los registros
electorales (E-14 y E-24)».
Agregó que la conclusión del dictamen ratifica las advertencias de su apoderado en la
etapa del escrutinio, en tanto este, en aquella, había planteado inexactitud de los
cómputos realizados por los jurados y «como lo indicó el Tribunal en la decisión
apelada, siempre hubo una duda razonable sobre el cómputo de votos realizados por
los jurados». De ahí que llamó su atención que, pese a la disparidad entre el preconteo
y los escrutinios, no se realizara el reconteo de sufragios.
Por todo lo anterior, concluyó que, si la primera instancia valoraba de manera distinta
los hallazgos de la inspección judicial y del dictamen pericial, la consecuencia era
excluir las tarjetas doblemente marcadas y con ello si respetar la verdadera voluntad
del elector, debido a la incidencia de la irregularidad probada en el expediente.
28 «Consejo de Estado Sección Quinta Expediente 2018-00106 CP Luis Alberto Álvarez Parra, 29 de abril
de 2021».
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como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
No obstante, el impugnante consideró que, en desmedro de la voluntad de electoral,
«la posición adoptada por la Sala fue contraria, interpretando las conclusiones de la
prueba practicada para resolver la tacha de falsedad, decidió que los votos nulos
fueran válidos y sumaran al candidato Hoyos Paternina», lo que ocasionó que en los
formularios E-14 y E-24 se contabilizara «un número menor de votos nulos a los
efectivamente identificados en la inspección judicial».
c) Finalmente, esgrimió «que la parte demandada se opuso desde el primer momento
a la práctica de la inspección judicial decretada, a través de memoriales cuestionó la
prueba de oficio, interpuso solicitud de nulidad; recusó al magistrado encargado del
proceso; realizó una solicitud probatoria adicional; presentó recursos de reposición y
apelación contra el auto que le negó dicha solicitud probatoria; instauró una acción de
tutela que le fue negada por la Sección Quinta del Consejo de Estado con Radicado
11001031500020250025800; y durante el curso de la diligencia de inspección judicial
solicitó en varias oportunidades la suspensión; todo encaminado a que no se practicara
la inspección judicial, y con ello el recuento de votos de las mesas de votación que
había ordenado el Despacho».
60. Mediante auto del 15 de julio de 202529, el tribunal concedió el recurso presentado
por el demandante y rechazó por extemporáneo el del coadyuvante. Esta última
providencia fue objeto de reposición30 por parte del señor Negrette Sepúlveda, sin
embargo, fue confirmada con decisión del 2831 del mismo mes y año.
F. Trámite de segunda instancia
61. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 13 de agosto de 202532, en el
que se ordenó adelantar el trámite previsto en los artículos 292 y 293 del CPACA, término
dentro del cual se dieron las siguientes intervenciones:
a) El demandado33 sostuvo que no existe prueba idónea que demuestre
irregularidades sustanciales en la elección, pues los formularios E‑14 y E‑24 reflejan
fielmente la voluntad ciudadana expresada el 29 de octubre de 2023. En ese sentido,
explicó que las diferencias con boletines informativos carecen de valor probatorio y el
procedimiento de escrutinio cumplió con los principios de legalidad, transparencia,
contradicción y debido proceso.
En ese sentido, indicó que las Resoluciones 24 y 25 de la Comisión Escrutadora
General de Córdoba fueron motivadas, ajustadas a derecho y resolvieron de fondo las
29 Índice 165 Samai del tribunal.
30 Índice 169 Samai del tribunal.
31 Índice 175 Samai del tribunal.
32 Índice 4 Samai. Contra la decisión de admisión del recurso de apelación, el coadyuvante presentó
solicitud de «aclaración y/o adición» (índice 8 Samai). Mediante providencia del 27 de agosto de 2025, el
despacho la rechazó de plano por extralimitación de las actuaciones del tercero con interés, pues la parte
actora no solicitó petición en tal sentido y se le explicó que en segundan instancia solo se tiene competencia
para pronunciarse sobre la admisión del recurso de apelación que hubiese sido concedido por el tribunal,
como lo dispone el artículo 292 del CPACA (índice 13 Samai).
33 Índices 9, 11 y 22 Samai, a través de apoderado.
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reclamaciones, al dejar claro que la causal del artículo 164 del Código Electoral no
aplica a cargos uninominales como la alcaldía.
Finalmente, manifestó que el dictamen pericial del CTI acreditó que las marcaciones
irregulares en 220 tarjetones fueron realizadas por una misma persona, con el
propósito de anular votos legítimos a su favor, sin que alterara el resultado final. Ello
por cuanto, no se evidenciaron reclamaciones oportunas ni inconsistencias en los
documentos oficiales por tal motivo, por testigos electorales o candidatos, y aun al
descontar los sufragios cuestionados en los que no se identificó uniprocedencia, el
demandado conservaría la mayoría. En consecuencia, se solicitó confirmar la
sentencia que negó la nulidad, para garantizar la eficacia del voto, la seguridad jurídica
y el respeto a la decisión popular.
b) El demandante34 reiteró los argumentos de la apelación.
c) El coadyuvante35 sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba
incurrió en graves contradicciones al reconocer irregularidades sustanciales y la
omisión del recuento de votos ordenado en varias mesas, al concluir que ello no afectó
la validez de la elección de Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde de Pueblo
Nuevo. Frente a este aspecto, resaltó que el escrutinio final nunca se practicó en sede
administrativa, pese a existir actos firmes que lo ordenaban, lo que configuró una falsa
motivación del formulario E‑26 ALC y vulneró el debido proceso electoral.
Además, argumentó que la inspección judicial y el dictamen del CTI evidenciaron al
menos 220 tarjetas con irregularidades materiales «doblemente marcados,
sobreposición de trazos y uso de tintas distintas», de las cuales 172 fueron
indebidamente adjudicadas al candidato electo. Estas anomalías, que duplican la
diferencia de 94 votos entre los dos primeros candidatos, comprometen la autenticidad
del sufragio y la transparencia del proceso. Por lo tanto, sostuvo que la omisión del
recuento impidió depurar el resultado y excluir los nulos, lo que afectó principios
constitucionales como la soberanía popular, el derecho a elegir y ser elegido, y la
veracidad del escrutinio público.
d) La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado36 solicitó confirmar la
decisión de primera instancia del 9 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
Como sustento de lo anterior, afirmó que la omisión del recuento en varias mesas fue
corregida judicialmente al cotejar los votos y formularios, con lo que se confirmó que
reflejaban fielmente la votación y que la irregularidad no afectó el resultado ni configuró
causal de nulidad.
Luego, señaló que el proceso se limitó a esa omisión y su impacto, por lo que no podían
analizarse en apelación hechos nuevos como votos nulos, toda vez que no fueron
discutidos en primera instancia y su inclusión vulneraría la congruencia procesal.
34 Índice 20 Samai.
35 Índice 21 Samai.
36 Índice 26 Samai.
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Además, indicó que el dictamen grafológico no anuló votos, sino que evidenció
segundas marcas hechas por un tercero, sin certeza sobre cuándo ocurrieron, lo que
obligaba a preservar la validez de los sufragios conforme al principio de eficacia del
voto.
Finalmente, concluyó que la irregularidad no alteró el desenlace electoral y que, aun
con el recuento omitido, el resultado sería el mismo, por lo que debía confirmarse la
elección y la sentencia del tribunal.
II. CONSIDERACIONES
62. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, en tanto las irregularidades acreditadas carecen de la entidad suficiente para
anular la elección del accionado. Previo a exponer las razones que sustentarán la
presente decisión, es necesario un pronunciamiento respecto de un argumento que
propone el ministerio público.
2.1. Cuestión previa
63. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado afirmó que el proceso
se limitó a la omisión en el recuento ordenado y su impacto en la elección, por lo que no
podían analizarse en apelación los hechos nuevos relacionados como votos nulos. A su
juicio, tal supuesto no fue discutido en primera instancia, de manera que su inclusión
vulneraría el principio de congruencia del proceso.
64. En contraposición a lo sostenido por el Ministerio Público, resulta claro que la objeción
del recurrente respecto a los votos nulos no constituye un argumento novedoso en esta
etapa procesal.
65. En efecto, desde la presentación de la demanda, el accionante solicitó la anulación
de la votación en aquellas mesas donde se omitió el recuento de sufragios, por lo que
dicha cuestión ha formado parte integral del debate desde el inicio del trámite del presente
medio de control.
66. En consecuencia, como el planteamiento del impugnante guarda relación directa y
sustancial con las razones esgrimidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba para
negar las pretensiones de la demanda, la Sección procederá a su análisis en esta
instancia para de esta manera garantizar así el respeto al principio de congruencia
procesal y el derecho de contradicción.
2.2. Caso concreto
67. En el presente caso no es objeto de debate por las partes que el señor Ovidio Miguel
Hoyos Paternina resultó elegido como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba)
para el periodo comprendido entre 2024 y 2027, según lo consignado en el formulario E-
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
26 ALC37. De igual forma, no se discute que su votación fue de 10.213 votos; mientras
que Rubén Darío Bula Castaño, quien fue su contrincante en la enunciada contienda
electoral, ocupó el segundo lugar con 10.119 sufragios, lo que refleja una diferencia de
94 votos entre ambos candidatos.
68. En atención a lo previamente expuesto, corresponde delimitar el ámbito de análisis
de la segunda instancia exclusivamente a los cuestionamientos formulados por la parte
recurrente38, conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso (CGP)39, los cuales circunscriben el alcance del recurso de apelación a los
aspectos objeto de impugnación.
69. En ese orden, conforme los argumentos del recurso de alzada, el fondo de la
controversia exige determinar si la irregularidad relacionada con la omisión del recuento
de votos en sede administrativa y el hallazgo de votos con doble o múltiple marcación en
la inspección judicial llevada a cabo con posterioridad al escrutinio, impone por sí sola la
declaración de nulidad de la elección del demandado.
70. Previo a responder a la cuestión jurídica trazada, resulta pertinente efectuar una
exposición sucinta de los hechos acaecidos durante la etapa de escrutinio, conforme a
los elementos probatorios que obran en el expediente40. Este análisis preliminar permitirá
contextualizar adecuadamente la controversia y fundamentar el estudio de los
argumentos de la alzada.
• El 31 de octubre de 2023, Rubén Darío Bula Castaño (demandante), a través de
su apoderado judicial, presentó solicitud de recuento de votos, de la mesa 2 de la
cabecera municipal, ante la Comisión Escrutadora Municipal, para lo cual invocó
el artículo 164 del Código Electoral porque, a su juicio, existía una diferencia de
más del 10% de los votos para las listas de candidatos de su coalición en las
elecciones a la Alcaldía de Pueblo Nuevo y la Asamblea Departamental de
Córdoba.
• El mismo día, pero en escrito independiente, también requirió el recuento de votos,
por la misma causal, de las mesas 3 y 4 de la cabecera municipal.
• El 1.° de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora emitió las Resoluciones
«Número 1» y «Número 3» mediante las cuales aceptó las reclamaciones
37 Índice 180 Samai del tribunal, OneDrive del expediente digital, carpetas «C01Principal», «
21PruebasContestacionRegistraduria», documento «».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sobre
el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de presente que al
tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe
interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley». Tesis reitera, en sentencia
del 31 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2024-00008-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
39 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
40 Índice 180 Samai del tribunal, OneDrive del expediente digital, documento «003Anexo», carpetas
«C01Principal» y «21PruebasContestacionRegistraduria».
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
presentadas por Rubén Darío Bula Castaño, al considerar que existía una
diferencia superior al 10% entre los votos obtenidos por el solicitante y su coalición
para la Asamblea Departamental.
• No obstante, Ovidio Miguel Hoyos Paternina (demandado), a través de apoderada
judicial, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación frente a dichos
actos. Al respecto, consideró que el abogado carecía de legitimación en la causa
por activa y que la causal invocada era improcedente, toda vez que fue requerida
por un candidato a la alcaldía, es decir, un cargo uninominal, mientras que la
causal citada solo aplica a corporaciones públicas como concejos y asambleas.
• El mismo día la Comisión Escrutadora emitió la «Resolución Número 2» mediante
la cual decidió no reponer la «Resolución Número 1» y concedió el recurso de
apelación en el efecto suspensivo ante la Comisión Escrutadora Departamental.
• El 2 de noviembre de la misma anualidad, la Comisión Escrutadora Municipal
profirió la «Resolución Número 4», mediante la cual no repuso la «Resolución
Número 3» y concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante la
Comisión Escrutadora Departamental.
• En la misma fecha, el apoderado de Rubén Darío Bula Castaño y él, en nombre
propio, a través de escritos independientes, solicitaron el recuento de votos en las
mesas 5, 6, 7, 8, 9, 11 de la cabecera municipal, para lo cual invocaron el artículo
164 del Código Electoral, por la presunta inconsistencia de 385 sufragios.
• El 3 de noviembre de 2023, Rubén Darío Bula Castaño y su apoderado,
presentaron, con sustento en los mismos argumentos, solicitudes de recuento de
votos de las mesas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la cabecera municipal.
Requerimiento que también realizaron el día siguiente, respecto de las mesas 23,
24, 25, 26, 28 y 29 de la cabecera municipal.
• Mediante escrito independiente, el apoderado del accionante presentó una
«prevención ante la improcedencia del recurso de apelación» contra las decisiones
que ordenan el recuento, toda vez que, a su juicio, el artículo 164 del Código
Electoral no habilita dicha impugnación y tales determinaciones deben cumplirse
de forma inmediata.
• El 5 de noviembre de 2023, Rubén Darío Bula Castaño y su apoderado
presentaron, mediante documentos independientes, solicitud de recuento de la
mesa 31 de la cabecera municipal con base en el mismo argumento de la supuesta
diferencia superior al 10% de la votación entre alcaldía y asamblea (artículo 164
del CE).
• En aquella calenda, Ovidio Miguel Hoyos Paternina solicitó el rechazo de plano de
las solicitudes de recuento presentadas por el accionante respecto de las mesas
2, 5 a la 9, 11 a la 26 y 28 a la 31, para lo cual, argumentó que la causal del artículo
164 del CE no es procedente frente a cargos uninominales como el de alcalde.
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
• El 6 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora Sub Municipal 1 profirió la
«Resolución Número 5» que accedió oficiosamente al recuento de los votos de
las mesas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29 y 31 de la cabecera municipal. Decisión que fue objeto de
recurso de reposición y en subsidio de apelación por parte de Ovidio Hoyos
Paternina, para lo cual reiteró que la causal invocada es improcedente para
escrutinios de cargos uninominales como la alcaldía.
• Rubén Darío Bula Castaño presentó documento mediante el cual afirmó que agotó
la vía gubernativa, razón por la que solicitó no se otorgue credencial a ningún
candidato hasta que se resuelva su reclamación ante la Comisión Departamental.
• Mediante «Resolución No. 1» la Comisión Escrutadora Municipal resolvió el
recurso de reposición contra la «Resolución Número 5» y, en ese orden, mantuvo
la decisión inicialmente adoptada y concedió el de apelación formulado
subsidiariamente.
• El 11 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora Departamental profirió la
Resolución 24, mediante la cual decidió confirmar la decisión adoptada por la
Comisión Escrutadora Municipal a través de las Resoluciones 1, 2, 3 y 4 de 2023.
• Al respecto, expuso que la causal de reclamación del artículo 164 del Código
Electoral no es procedente para elecciones de cargos unipersonales, sino
únicamente para corporaciones públicas como concejos y asambleas; sin
embargo, aunque dicha causal de reclamación no era aplicable «como se
evidencia en la Resolución No. 5 del 6 de noviembre de 2023 se realizó el recuento
de votos a la corporación ALCALDÍA respecto de la solicitud realizada por Testigo
electoral, por el señor JOSE ALEJANDRO JESUS DIAZ GRANADOS
HERNANDEZ y el candidato RUBEN DARIO BULA CASTAÑO, por lo que
evidencia esta comisión que ya se garantizó el debido proceso a los solicitantes
por parte de la comisión escrutadora municipal quien procedió a recontar los
votos»41.
• Igualmente, mediante Resolución 25 del mismo día, la Comisión Escrutadora
Departamental confirmó la Resolución 5 expedida por la Comisión Escrutadora
Municipal, con base en el mismo argumento expuesto en el párrafo precedente.
71. Pues bien, de acuerdo con las pruebas valoradas se tiene que en el trámite del
escrutinio se invocó la causal de recuento contemplada en el artículo 164 del Decreto
2241 de 1986. Al respecto, se transcribe la reclamación de la mesa 342, en los siguientes
términos:
Realizado una revisión de las actas - formularios E 14 de la mesa 3, es evidente e
indiscutible que se registra una diferencia superior al 10% entre las listas de votos de
candidatos a la Alcaldía y a la Asamblea Departamental que pertenecen al mismo partido;
41 Sic a toda la transcripción.
42 Índice 180 Samai del tribunal, OneDrive del expediente digital, carpetas «C01Principal»,
«21PruebasContestacionRegistraduria», documento «1. RECLAMACION MESA #3 CABECERA
MUNICIPAL (31 DE OCTUBRE DE 2023)» .
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Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
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Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
así el candidato a la Alcaldía Municipal Rubén Bula Castaño por el Partido Demócrata
Colombiano en coalición con el Partido Conservador y el Partido En Marcha en el E 14
registra una sumatoria de 127 votos, los candidatos de los Partidos Políticos que lo
apoyaron en coalición registran una suma de 24 votos; el candidato a la Alcaldía Ovidio
Hoyos Paternina por coalición del Partido de la U, Colombia Renaciente, Partido Liberal y
Nuevo Liberalismo en el E 14 registra una sumatoria de 142 votos y los candidatos de los
Partidos políticos que lo apoyaron registran una suma de 124, materializándose la causal
de recuento de votos de que trata el artículo 164 del Código Electoral Colombiano, soporte
de la petición del asunto. Tengase (sic) como pruebas los formularios E-14.
72. Esta causal, según lo previsto en el Código Electoral, aplica cuando las actas
elaboradas por los jurados de votación muestran una diferencia igual o superior al diez
por ciento (10 %) entre los votos obtenidos por las listas de candidatos a corporaciones
públicas que pertenezcan a un mismo partido, grupo o sector político. En tales casos,
dicha diferencia constituye un motivo válido para solicitar el recuento de votos.
73. Para tales efectos, dicho precepto establece de manera expresa tal circunstancia
como fundamento para solicitar el recuento de votos, en los siguientes términos:
Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los
testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos
emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse
en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.
Estas comisiones no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los
jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos
por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al
mismo partido, agrupación o sector político. […]. (Énfasis de la Sala).
74. En ese orden, al tenor literal del artículo 164 del Código Electoral, la causal de
recuento de votos por una diferencia superior al diez por ciento (10%) es improcedente
en elecciones para cargos uninominales y así debió plasmarlo el tribunal en su
providencia, a efectos de desvanecer el cargo propuesto por el accionante en relación
con la no realización del recuento y su incidencia para declarar la nulidad de la elección.
75. En efecto, dicha normativa contempla esta figura jurídica exclusivamente para
contrastar la votación obtenida entre «listas de candidatos para distintas corporaciones
públicas» que pertenezcan a una misma agrupación política. Por consiguiente, la
naturaleza misma de la disposición impide su aplicación analógica a comicios de carácter
unipersonal, como la elección de un alcalde, pues resulta jurídicamente imposible
comparar los sufragios de un único candidato con los de una lista a un cuerpo colegiado,
al ser supuestos fácticos y normativos completamente distintos.
76. No obstante, del análisis del acervo probatorio se desprende que, aunque el recuento
de votos no era jurídicamente procedente, este fue ordenado de oficio por la Comisión
Escrutadora Sub Municipal 1, como se explicó en apartados anteriores. Sin embargo, las
pruebas incorporadas al expediente permiten concluir que dicha actuación administrativa
de carácter electoral no fue efectivamente realizada.
77. Respecto de tal omisión, el apelante señala que es un «contrasentido» que el tribunal
admita la irregularidad en el procedimiento, es decir, la no realización del recuento, y pese
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
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a ello se niegue a anular la elección. Tal aspecto, lo sustentó en un pronunciamiento de
esta Sección43, respecto del cual citó lo siguiente:
Por último, es preciso aclarar que cuando se verifica la configuración de este supuesto de
hecho en el procedimiento de escrutinio, la consecuencia jurídica es el recuento forzoso de
votos a cargo de los jurados de votación o la comisión escrutadora correspondiente, previa
solicitud motivada; mientras que en sede judicial, su efecto como regla general es la
anulación de la votación en las mesas afectadas siempre que la autoridad competente se
haya negado infundadamente a realizar tal recuento, dada la imposibilidad material del juez
electoral para llevarlo a cabo al no tener las tarjetas electorales a su disposición y tampoco
existir garantía plena de su cadena de custodia, tal como lo ha sostenido y aplicado la
jurisprudencia reciente de la Sala.
78. Revisada la jurisprudencia citada por el apelante, en la que se demandó a los
Representantes a la Cámara por el Valle del Cauca (periodo 2018-2022), se advierte que
en ella se indicó que se deben anular las mesas cuando la «autoridad competente se
haya negado infundadamente a realizar tal recuento», supuesto distinto a la omisión del
recuento que se debate en el presente trámite.
79. No obstante, si bien la jurisprudencia ha señalado que, en sede judicial, la regla
general frente a la omisión injustificada del recuento de votos por parte de la autoridad
competente es la anulación de la votación en las mesas afectadas, dado que el juez
electoral no cuenta con facultades materiales para practicar dicha diligencia, lo cierto es
que el presente caso reviste una particularidad: el tribunal de primera instancia llevó a
cabo el recuento directamente en sede judicial.
80. Por lo tanto, no resulta jurídicamente viable acceder a la pretensión del apelante de
declarar automáticamente la nulidad de la elección, sin antes examinar lo ocurrido
durante la inspección judicial practicada por el tribunal de primera instancia, diligencia
que permite establecer la verdad procesal dentro del presente trámite.
81. Con mayor razón, debe tenerse en cuenta que la inspección judicial no fue una
actuación incidental, sino una medida probatoria para esclarecer si la omisión del
recuento de votos en sede administrativa tuvo incidencia real en el resultado electoral.
Por tanto, su valoración resulta determinante para establecer si se configuró la causal de
nulidad que, a juicio del apelante, afecta la validez del acto de elección cuestionado.
82. En ese contexto, la Sala advierte que, en el marco de la diligencia 44 de inspección
judicial, el tribunal ordenó la apertura de las urnas, la verificación física de las tarjetas
electorales y su confrontación con los formularios E-14 y E-24. Adicionalmente, ante la
formulación de una tacha de falsedad por posible alteración del material electoral,
específicamente, el hallazgo de votos doblemente marcados, el juez no podía limitarse a
una postura meramente formalista, sino que debía asumir activamente su función de
esclarecimiento de la verdad procesal.
43 «Consejo de Estado Sección Quinta Expediente 2018-00106 CP Luis Alberto Álvarez Parra, 29 de abril
de 2021», la ponente fue la magistrada
44 Sobre el alcance de la inspección judicial dentro de medio de control de nulidad electoral, entre otras
decisiones, se puede consultar la siguiente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 12 de junio de 2025, expediente 68001-23-33-000-2023-00877-01, MP.
Gloria María Gómez Montoya.
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83. Por ello, frente a los votos doblemente marcados que surgieron de la inspección
judicial, se practicó un dictamen pericial que demostró técnicamente la existencia de
«uniprocedencia escritural», es decir, una sola persona, con una misma caligrafía,
marcó sistemáticamente el recuadro del candidato Bula Castaño en 172 tarjetas que
contenían un voto válido por el candidato Hoyos Paternina, que el tribunal explicó en los
siguientes términos:
Así, de conformidad con el dictamen practicado, el cual no fue objetado por alguna de las
partes -de hecho, ambas coinciden en su credibilidad- quedó plenamente acreditado que
los tarjetones en los que se encontraron marcaciones en forma de “X” en el recuadro del
señor Rubén Darío Bula Castaño, fueron marcados por una misma persona, es decir, no
provienen de los distintos electores, y por tanto, esa marcación constituye una alteración
de la tarjeta electoral, efectuada con el objeto de afectar la voluntad del verdadero elector.
Siendo así, con el resultado del dictamen pericial es posible clasificar las tarjetas electorales
que fueron objeto de tacha, de la siguiente manera:
RECUADROS MARCADOS EN LAS TARJETAS Nro. DESTINATARIO DEL VOTO
OVIDIO HOYOS Y RUBÉN BULA (X) 172 OVIDIO MIGUEL HOYOS
OVIDIO HOYOS Y RUBÉN BULA (con signo diferente a X) 8 NO DETERMINABLE
OVIDIO HOYOS Y OTROS (INCLUIDO BULA C) 4 NO DETERMINABLE
OVIDIO HOYOS Y OTROS ≠ A RUBÉN BULA 34 NO DETERMINABLE
OPCIONES ≠ A OVIDIO HOYOS 2 NO DETERMINABLE
[Énfasis del original].
84. Aunque el apelante sostiene en su recurso que el demandado se opuso a diversas
actuaciones procesales, lo cierto es que la decisión de la primera instancia de ordenar la
inspección judicial, seguida de la práctica de pruebas grafológicas y documentológicas,
constituyó una medida razonable y proporcional en ese momento procesal, orientada a
esclarecer la verdad procesal y garantizar la integridad del debate electoral.
85. Como lo refirió el tribunal, dicho ejercicio probatorio, practicado en presencia de las
partes y con el rigorismo que exige el derecho de defensa, permitió establecer que las
cifras consignadas en los documentos electorales coincidían sustancialmente con el
material electoral, sin que se evidenciara un margen de error capaz de alterar la mayoría
obtenida por el elegido. Al respecto, consideró lo siguiente:
En definitiva, no cabe duda que al no practicarse el recuento de votos ordenado por la
Comisión Escrutadora Municipal de Pueblo Nuevo frente a las mesas ampliamente
identificadas en esta providencia, se incurrió en una irregularidad dentro del proceso
electoral que mostraba afectación al debido proceso del demandante, en su elemento
esencial de defensa y contradicción, no obstante, esa irregularidad, tal como quedó plena
y objetivamente acreditado en el sub examine, no tuvo la entidad de afectar el resultado de
la elección, de cara a la eficacia del voto popular y a la verdad electoral, toda vez que luego
de practicarse judicialmente la revisión física de las tarjetas, con todas las garantías
procesales, no se observó variación en la elección del señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina,
como alcalde de Pueblo Nuevo 2024-2027.
86. Frente a lo anterior, el recurrente sostuvo que, durante la diligencia de inspección
judicial, se identificaron 220 tarjetas electorales con doble marcación, razón por la cual,
a su juicio, el tribunal debió declarar la nulidad de la elección, toda vez que dichos
sufragios debieron ser considerados nulos.
87. En el orden de ideas, a efectos de responder el reparo del apelante en torno a si los
votos eran nulos y si, como consecuencia de ello, existe lugar a anular la presente
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
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Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
elección, es necesario examinar los formularios E-14 en sus versiones de claveros,
delegados y transmisión junto con los E-24 de las mesas en que se omitió realizar el
recuento que ordenó oficiosamente la Comisión Escrutadora Sub Municipal 1, los cuales
fueron registrados fotográficamente durante la diligencia de inspección judicial45 respecto
de las mesas cuestionadas en la demanda.
88. Para efectos de esclarecer la situación planteada, se procederá a realizar una
comparación entre los formularios E-14 y E-24, para evidenciar los votos nulos. Las
mesas resaltadas con colores identifican aquellas respecto de las cuales se formuló
imputación de falsedad.
89. En las mesas en que existió tacha, se ha incorporado una columna adicional
denominada «D-X = doblemente marcadas», en la que se consignan los votos
identificados como doblemente marcados durante la diligencia de inspección judicial.
Asimismo, se destaca en color rojo la diferencia existente entre los votos nulos
registrados en el formulario E-24 y los detectados en dicha actuación judicial.
90. Los resultados de este análisis se presentan en la tabla que se muestra a
continuación:
MESA 2 MESA 3 MESA 5 MESA 6 MESA 7 MESA 8
Candidato E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- D- E- E- D-
D-X
14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 X 14 24 X
1. Ovidio Miguel Hoyos Paternina
163 163 142 142 110 110 130 130 138 138 162 162
(demandado)
2. Rubén Darío Bula Castaño (demandante) 95 95 127 127 94 94 122 122 107 107 101 101
3. Yasmín del Carmen Noriega Oviedo 0 0 3 0 6 0 5 0 0 0 1 0
4. Neill Elías Badel Hoyos 3 3 5 5 2 2 2 2 4 4 5 5
5. Alfredo Emiro Badel Echeverry 3 3 3 3 9 9 2 2 2 2 5 5
VOTOS EN BLANCO 1 1 0 0 1 1 4 4 0 0 1 1
VOTOS NULOS 4 4 3 3 3 3 2 2 31 3 3 33 2 2 42
29 30 40
VOTOS NO MARCADOS 1 1 6 9 1 7 3 8 0 0 1 2
Recuento de jurados
Comentarios por solicitud de
testigo.
Total 270 270 289 289 226 226 270 270 254 254 278 278
MESA 9 MESA 10 MESA 11 MESA 12 MESA 13 MESA 14
Candidato E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-
14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24
1. Ovidio Miguel Hoyos Paternina (demandado) 135 135 132 132 145 145 154 154 159 159 161 161
2. Rubén Darío Bula Castaño (demandante) 123 123 103 103 110 110 112 112 108 108 100 100
3. Yasmín del Carmen Noriega Oviedo 5 0 4 0 5 0 3 0 1 0 3 0
4. Neill Elías Badel Hoyos 0 0 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2
5. Alfredo Emiro Badel Echeverry 3 3 7 7 4 4 2 2 4 4 8 8
VOTOS EN BLANCO 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
VOTOS NULOS 4 4 2 2 0 0 1 1 4 4 2 2
VOTOS NO MARCADOS 1 6 1 5 2 7 1 4 0 1 0 3
Total 273 273 253 253 272 272 275 275 280 280 276 276
MESA 15 MESA 16 MESA 17 MESA 18 MESA 19 MESA 20
Candidato E- E- E- E- E- E- E- E- D- E- E- E-
D-X E-14
14 24 14 24 14 24 14 24 X 14 24 24
1. Ovidio Miguel Hoyos Paternina
131 131 132 132 124 124 118 118 131 131 123 123
(demandado)
2. Rubén Darío Bula Castaño (demandante) 92 92 101 101 103 103 101 101 95 95 111 111
3. Yasmín del Carmen Noriega Oviedo 4 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
4. Neill Elías Badel Hoyos 2 2 2 2 5 5 1 1 4 4 0 0
5. Alfredo Emiro Badel Echeverry 7 7 1 1 2 2 2 2 7 7 8 8
VOTOS EN BLANCO 5 5 1 1 5 5 7 7 2 2 2 2
VOTOS NULOS 3 3 63 2 2 2 2 3 3 51 7 7 0 0
45 Índice 180 Samai del tribunal, OneDrive del expediente digital, carpetas «C01Principal»,
«107DocumentosInspccionJudicial», «E-11 y E-14» y «E-24». Además, obran 11 videos que grabaron la
diligencia.
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
MESA 15 MESA 16 MESA 17 MESA 18 MESA 19 MESA 20
Candidato E- E- E- E- E- E- E- E- D- E- E- E-
D-X E-14
14 24 14 24 14 24 14 24 X 14 24 24
60 48
VOTOS NO MARCADOS 4 8 1 3 5 7 1 2 1 2 0 1
OBS. Jurados
Comentarios total E-11= 247
Total 248 248 242 242 248 248 234 234 248 248 245 245
MESA MESA MESA MESA MESA MESA MESA MESA MESA
21 22 23 24 25 26 28 29 31
Candidato
E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-
14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24
1. Ovidio Miguel Hoyos
112 112 131 131 139 139 126 126 97 97 112 112 119 119 125 125 76 76
Paternina (demandado)
2. Rubén Darío Bula
98 98 104 104 116 116 107 107 131 131 99 99 96 96 104 104 71 71
Castaño (demandante)
3. Yasmín del Carmen
2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0
Noriega Oviedo
4. Neill Elías Badel Hoyos 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 0 0 2 2
5. Alfredo Emiro Badel
3 3 03 3 3 3 2 2 4 4 5 5 4 4 7 7 4 4
Echeverry
VOTOS EN BLANCO 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 3 3 5 5 5 5 4 4
VOTOS NULOS 3 3 0 0 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2
VOTOS NO MARCADOS 2 4 0 1 1 6 0 2 2 3 0 3 0 3 1 3 0 1
Total 224 224 240 240 272 272 244 244 239 239 225 225 234 234 245 245 160 160
91. Del contraste entre los documentos electorales se concluye que, respecto de las
mesas objeto de tacha de falsedad, esto es, las mesas 6, 7, 8, 15 y 18, la sumatoria de
votos nulos ascendió a un total de 1346, cifra verificada por los jurados de votación y la
comisión escrutadora. Este resultado difiere sustancialmente de los 220 votos
doblemente marcados que fueron identificados durante la diligencia de inspección
judicial.
92. Así las cosas, y con independencia del momento en que se haya producido la
alteración fraudulenta orientada a invalidar votos válidamente emitidos en favor del
candidato electo, al haberse acreditado que las tarjetas con doble marcación no
obedecen a errores del sufragante sino a una intervención subrepticia, se impone la
prevalencia de la expresión auténtica de la voluntad popular consignada en los
documentos electorales, conforme al principio de eficacia del sufragio.
93. En consecuencia, conforme a la verdad que reflejan los documentos electorales, no
resulta jurídicamente procedente desvirtuar la presunción de legalidad del acto
cuestionado, como lo pretende el apelante. Por tanto, debe respetarse en su integridad
la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio, como consta en el escrutinio
realizado por la autoridad electoral en sede administrativa.
94. Por el contrario, se está ante la posible comisión de un delito electoral y la existencia
de conductas reprochables desde el punto de vista disciplinario, como la alteración de
documentos electorales con el propósito de invalidar votos válidamente emitidos y desviar
46 Sin que en los formularios E-14 (jurados) y E-24 (cuadro de resultados de la comisión escrutadora) ni en
las actas generales de escrutinios de la Comisión Sub Municipal 1 y Departamental de Córdoba se hubiese
especificado la razón de la nulidad de esos votos. Índice 180 Samai del tribunal, OneDrive del expediente
digital, carpetas «C01Principal», «107DocumentosInspccionJudicial», «E-11 y E-14» y carpeta
«21PruebasContestacionRegistraduria», documentos en PDF «19. ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
DEPARTAMENTAL» y «20. ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO SUB COMISION 1 PUEBLO NUEVO».
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Demandante: Rubén Darío Bula Castaño
Demandado: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
el resultado de la elección, así como la omisión del deber de custodia que recae en la
autoridad electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 18547 del Código Electoral.
95. Por lo tanto, restar validez a los votos marcados doblemente por un mismo ciudadano
(uniprocedencia), sería premiar la posible existencia de una conducta penal que afectó el
sistema electoral y, por consiguiente, permitir que tales comportamientos reprochables
se impongan a la voluntad del electorado y a la transparencia del debate electoral.
96. Se reitera que el hallazgo técnico contenido en el dictamen pericial transformó
sustancialmente la naturaleza del problema jurídico, en tanto no se trató de un error del
elector que anuló su voto de manera involuntaria, sino de una posible alteración dolosa y
posterior al escrutinio, ejecutada con el propósito de invalidar votos válidamente emitidos
en favor de otro candidato.
97. En ese contexto, la función del juez electoral es precisamente la contraria, es decir,
depurar el proceso de estas conductas, proteger la votación legítima y restaurar la verdad
de las urnas. Por tal razón, resulta procedente aplicar el principio de conservación del
voto48, garantizando así la prevalencia de la voluntad popular y la protección del derecho
fundamental del elector a elegir y del candidato a ser elegido y ejercer el cargo
correspondiente.
98. En cuanto a los 48 votos restantes sobre los cuales el dictamen no pudo ser
concluyente, el tribunal realizó un ejercicio en el escenario más favorable para el
demandante al excluirlos de los del ganador, con lo que la decisión de primera instancia
demostró matemáticamente que la elección del señor Hoyos Paternina se mantendría
incólume, con una ventaja de al menos 46 votos49. Esto prueba, más allá de toda duda
razonable, que las irregularidades detectadas no tuvieron la entidad suficiente para
alterar la elección declarada50.
99. Conforme a lo expuesto, la Sala puede concluir que las irregularidades detectadas
durante el trámite electoral, si bien constituyen hechos relevantes desde el punto de vista
47 «Firmadas las actas correspondientes y expedidas las credenciales, por los Delegados del Consejo y
sus Secretarios, todos los documentos que se hayan tenido presente, junto con los originales de los
registros y actas para ellos producidos, se conservarán y custodiarán en el archivo de la Delegación
Departamental, bajo la responsabilidad solidaria de los Delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil. Pero aquellos documentos que se relacionen con las apelaciones concedidas en dicho escrutinio
serán entregados al Consejo Nacional Electoral por uno de los Delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil».
48 Sobre el principio de eficacia del voto, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones
del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, proferidas durante el año
en curso, así: sentencia 8 de mayo, expediente 13001-23-33-000-2024-00057-01, MP. Gloria María Gómez
Montoya. Sentencia del 24 de abril, expediente 08001-23-33-000-2024-00029-02, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Sentencia del 13 de marzo, expediente 52001-23-33-000-2023-00395-01, MP. Omar Joaquín
Barreto Suárez. Sentencia del 13 de marzo, expediente 70001-23-33-000-2024-00017-01, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.
49 Conforme el E-26 ALC allegado al proceso, se tiene que el demandando ganó con 10.213 votos menos
48 sufragios (dubitativos) nos arroja un total 10.165 y el demandado obtuvo 10.119, es decir, se mantiene
una diferencia de 46 votos.
50 Sobre las irregularidades detectadas mediante inspección judicial en el marco de un medio de control de
nulidad electoral, que no tuvieron incidencia en el resultado de la elección, puede consultarse, entre otras,
la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del expediente 68001-23-33-000-2023-00877-01, con
ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
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Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
penal y disciplinario, no tuvieron la entidad suficiente para afectar el resultado de la
elección ni desvirtuar la voluntad popular expresada en las urnas.
100. En ese sentido, en aplicación del principio de eficacia del sufragio, conforme con el
artículo 1.3 del Código Electoral, se debe mantener la expresión mayoritaria de los
electores y, por lo tanto, resulta procedente preservar la legalidad del acto mediante el
cual se eligió al alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba).
101. Finalmente, ante la gravedad de las irregularidades acreditadas, se exhortará a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que adopte las medidas pertinentes que
garanticen la adecuada conservación y protección de los documentos electorales,
conforme a la obligación establecida en el artículo 185 del Código Electoral, en los
siguientes términos:
Firmadas las actas correspondientes y expedidas las credenciales, por los Delegados del
Consejo y sus Secretarios, todos los documentos que se hayan tenido presente, junto con
los originales de los registros y actas por ellos producidos, se conservarán y custodiarán
en el archivo de la Delegación Departamental, bajo la responsabilidad solidaria de los
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Pero aquellos documentos que se
relacionen con las apelaciones concedidas en dicho escrutinio serán entregados al Consejo
Nacional Electoral por uno de los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.
[Énfasis de la Sala].
102. De igual forma es necesario exhortar al Consejo Nacional Electoral, cuyos
delegados conocieron de la apelación de las decisiones adoptadas por la Comisión
Escrutadora Municipal, en virtud de su deber de velar por la custodia del material
electoral, conforme la norma citada de manera precedente.
103. A su vez, esta Sala avala la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba de remitir copias51 a las autoridades competentes, con el propósito de que se
adelanten las investigaciones correspondientes respecto de eventuales
responsabilidades penales y disciplinarias, dada la acreditación de conductas orientadas
a desvirtuar la realidad electoral, consistentes específicamente en la alteración de los
resultados de la elección para la Alcaldía de Pueblo Nuevo (Córdoba), acompañada por
el incumplimiento del deber de custodia.
104. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión emitida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en tanto las irregularidades comprobadas carecen de la
entidad necesaria para invalidar la elección, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 52
del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
51 Sobre la compulsa de copias a las autoridades competentes ante situaciones irregulares durante las
elecciones, resulta pertinente consultar, entre otras, la siguiente decisión del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 44001-23-
40-000-2023-00106-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
52 «Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la
nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación
o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los
elegidos». [Énfasis de la Sala].
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como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00002-03
República y por autoridad de la ley.
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 9 de junio de 2025, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo de Córdoba negó la nulidad del acto de elección de Ovidio Miguel
Hoyos Paternina como alcalde de Pueblo Nuevo (Córdoba), para el periodo 2024 a 2027,
conforme las consideraciones de la presente decisión.
SEGUNDO: Exhortar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil para que adopten las medidas pertinentes que aseguren la adecuada
conservación y protección de los documentos electorales, conforme a lo dispuesto en el
artículo 185 del Código Electoral, de acuerdo con lo indicado en esta sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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