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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06704-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06704-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 6 Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06704-00 Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06704-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06704-00
Accionante: YASMÍN DEL CARMEN NORIEGA OVIEDO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Defectos fáctico y sustantivo. Falta de legitimación en la causa por
activa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo, quien actúa mediante
apoderado, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la participación política, supuestamente vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primera. Que se tutelen de manera integral mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la participación política, a la igualdad en la contienda electoral, a la
autenticidad y pureza del sufragio, y al acceso efectivo a la justicia, los cuales fueron
desconocidos por las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad
electoral identificado con radicado
23001233300020240000200/23001233300020240000203 adelantado ante el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado, Sección Quinta.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia del 2
de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, despacho
del Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil, por haber incurrido en defectos sustantivo, fáctico y de
motivación, al avalar la validez de un acto de elección fundado en hechos inexistentes y
votos irregulares, vulnerando con ello el principio democrático y los derechos
fundamentales invocados.

Tercera. Que se ordene a la autoridad judicial competente (en este caso, al Tribunal
Administrativo de Córdoba), reabrir el proceso de verificación electoral y practicar el
recuento total de votos depositados en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para la
Alcaldía de Pueblo Nuevo, garantizando la apertura de todas las urnas, la revisión de
formularios E-14, E-24 y E-26, y la intervención de los órganos de control, con el fin de
restablecer la verdad material del escrutinio.

Cuarta. Que, de constatarse que la elección del señor Ovidio Hoyos Paternina se
fundamentó en resultados falsamente motivados, se ordene la nulidad del acto de
elección y, en consecuencia, se disponga la revocatoria de la credencial y la convocatoria
a las autoridades electorales competentes para adoptar las medidas necesarias a fin de
restablecer el orden jurídico democrático en el municipio de Pueblo Nuevo.

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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

Quinta. Que se disponga la remisión del expediente y de copia de la decisión que
resuelva esta acción de tutela a la Procuraduría General de la Nación y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que, dentro del ámbito de sus competencias, adelanten
las investigaciones disciplinarias y administrativas pertinentes frente a los funcionarios
que omitieron el cumplimiento de los recuentos ordenados y validaron actas falsamente
motivadas.

Sexta Que se ordene a las autoridades electorales competentes adoptar mecanismos
institucionales de verificación y control que garanticen en adelante el cumplimiento
efectivo de las órdenes de recuento, la conservación del material electoral y la
documentación fidedigna de las diligencias, como garantía de no repetición frente a
irregularidades que lesionen la pureza del sufragio.

Séptima. Que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer la confianza
ciudadana en el voto y en las instituciones democráticas locales, en cumplimiento del
artículo 2° de la Constitución, que impone a las autoridades el deber de proteger la
efectividad de los derechos y asegurar la prevalencia del interés general”.

2. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan como hechos
relevantes los siguiente:

Los señores Ovidio Miguel Hoyos Paternina, Rubén Darío Bula Castaño y Yasmín
del Carmen Noriega Oviedo inscribieron sus candidaturas, con fin de participar en
la contienda electoral para elegir al alcalde del municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba, para el periodo 2024-2027.Sin embargo, mediante Resolución núm.
13719 de 19 de octubre de 2023, la candidatura de la señora Noriega Oviedo fue
revocada por el Consejo Nacional Electoral.

El 29 de octubre de 2023, una vez culminó la jornada electoral y el pre-conteo, el
señor Rubén Darío Bula Castaño tenía la mayor votación (10.109 votos), mientras
que el señor Ovidio Miguel Hoyos Paternidad quedó de segundo (9.724 votos) y la
señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo resultó con votos no marcados en virtud
de la revocatoria de su candidatura. Posteriormente, una vez culminó el escrutinio
y se resolvieron las reclamaciones, la Comisión Escrutadora General de Córdoba,
el 11 de noviembre de 2023 declaró alcalde electo del municipio de Pueblo Nuevo,
para el periodo 2024-2027, al señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina.

El señor Rubén Darío Bula Castaño, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, presentó demanda contra el señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, alcalde
elegido del municipio de Pueblo Nuevo, para el periodo 2024-2027, en la que
solicitó declarar la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E26-ALC,
emitido el 11 de noviembre de 2023, por la Comisión Escrutadora General de
Córdoba y, en consecuencia, pidió que se procediera al respectivo recuento de
votos ordenado por la mencionada comisión en la Resolución núm. 5 de 6 de
noviembre de 2023, en cuanto a las mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31 de la cabecera municipal de
Pueblo Nuevo, Córdoba, acto administrativo que fue reiterado por la misma
Comisión Escrutadora Municipal al resolver recurso de reposición, a través de la
Resolución núm. 1 de 6 de noviembre de 2023, y por la Comisión Escrutadora
General de Córdoba, en la Resolución núm. 24 de 11 de noviembre de 2023, al
resolver recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y corrió el traslado a
las partes. Luego, en auto proferido en el curso de la audiencia inicial de 31 de julio
de 2024, ordenó vincular al señor Joaquín Negrette Sepulveda en calidad de
coadyuvante de la parte demandante.

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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

Luego, el Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 8 de junio de 2025
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.
Adicionalmente, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que al no
practicarse el recuento de votos ordenado por la Comisión Escrutadora Municipal
de Pueblo Nuevo frente a las mesas identificadas, se incurrió en una irregularidad
dentro del proceso electoral que mostraba afectación al debido proceso del
demandante, en su elemento esencial de defensa y contradicción. Agregó que, no
obstante esa irregularidad, no tuvo la entidad de afectar el resultado de la elección,
de cara a la eficacia del voto popular y a la verdad electoral, toda vez que luego de
practicarse judicialmente la revisión física de las tarjetas, con todas las garantías
procesales, no se observó variación en la elección del señor Ovidio Miguel Hoyos
Paternina, como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo 2024-2027. Asimismo, la
publicación extemporánea de los E-11 no tuvo incidencia en el resultado electoral,
pues aún de haber sido exhibidos en oportunidad, de su contenido no se
desprendían irregularidades.

El demandante y coadyuvante interpusieron recurso de apelación contra la anterior
decisión, sin embargo, solo fue concedido el de la parte actora, pues el otro resultó
extemporáneo.

Finalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 2 de octubre de
2025 confirmó íntegramente la decisión del a quo y, adicionalmente, exhortó al
Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que
adopten las medidas pertinentes que aseguren la adecuada conservación y
protección de los documentos electorales, conforme a lo dispuesto en el artículo
185 del Código Electoral.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto se compromete el principio de autenticidad del sufragio, ii) se configuran los
defectos fáctico, sustantivo “y de motivación” y iii) no cuenta con otro medio de
defensa judicial.

De otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto fáctico, toda vez que desconocieron el Informe Pericial núm. 130-2025 del
CTI de la Fiscalía General de la Nación que acreditó alteraciones en el 91 % de las
tarjetas electorales revisadas, la existencia de tachaduras y la ausencia de registro
del recuento ordenado. Además que la mencionada prueba técnica era esencial
para establecer la autenticidad del sufragio, núcleo del proceso electoral.

Por otra parte, sostuvo que se configuró el defecto sustantivo, porque la Sección
Quinta del Consejo de Estado al aplicar el principio de conservación del voto para
mantener la validez del acto electoral desconoció el alcance del artículo 258 de la
Constitución Política, que exige la verificación material de la voluntad del elector.

Señaló que el principio de conservación del voto solo procede ante irregularidades
menores que no afecten la certeza del resultado, sin embargo, en el presente caso
se aplicó para convalidar una elección sustentada en un recuento inexistente, lo que
desnaturaliza su finalidad protectora.

Por último, manifestó que se incurrió en “defecto de motivación o contradicción
interna”, porque “la sentencia impugnada reconoció expresamente que no existía
constancia de la práctica del recuento, pero concluyó, sin sustento, que ello ‘no
afectaba el resultado electoral’. Esa conclusión contradice sus propias premisas,
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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

pues admitir la inexistencia del recuento equivale a reconocer la ausencia de
verificación del voto, requisito indispensable para validar el acto de elección”.

4. Trámite procesal

Por auto de 30 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador requirió a la señora
Yasmín del Carmen Noriega Oviedo para que indicara de manera clara y precisa la
calidad en la que actuaba y el interés que le asistía para presentar la solicitud de
amparo de la referencia o allegara las pruebas que lo demuestre, toda vez que no
figura como parte dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado núm.
23001-23-33-000-2024-00002-00/03.

En respuesta al requerimiento la demandante afirmó que presentó la acción de
tutela en calidad de ciudadana colombiana y “ex candidata a la Alcaldía del
municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) para el período 2024–2027, condición
plenamente acreditada mediante la certificación de inscripción expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil”.

En razón a lo anterior, por auto de 18 de noviembre de 2025 rechazó la acción de
tutela porque se evidenció que la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no
fue parte dentro del proceso de nulidad electoral y, adicionalmente, su candidatura
fue revocada por el CNE mediante Resolución núm. 13719 de 19 de octubre de
2023, de modo que sus votos fueron computados en el E-24 como no marcados.

La anterior decisión fue impugnada y en auto de 2 de diciembre de 2025, fue
concedido y, en consecuencia, se ordenó a la Secretaría General remitir el
expediente de tutela a la autoridad que corresponda por reparto.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en proveído de 22
de enero de 2026, revocó el auto de 18 de noviembre de 2025 y dispuso devolver
el expediente con el fin de impartir el trámite pertinente, toda vez que consideraba
que no se podía abordar “la falta de legitimación por activa en la etapa procesal
previa a la decisión de fondo de la acción constitucional”.

En cumplimiento de la anterior decisión, en auto de 9 de febrero de 2026 se admitió
la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales
accionadas. De igual modo, se vinculó al señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al señor
Joaquín Negrette Sepulveda, como terceros con interés. Igualmente, se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios núm. 23156 a 23162 de
11 de febrero de 2026 y 26347 de 17 de febrero de 2026, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión.

Finalmente, una vez regresó el expediente para fallo y se allegaron los informes
requeridos, el magistrado sustanciador en proveído de 25 de febrero de 2026,
ordenó vincular al señor Rubén Darío Bula Castaño, en calidad de tercero. En
cumplimiento de la anterior decisión, la Secretaría General libró el oficio núm. 43578
de 10 de marzo de 2026.

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5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumple con los
requisitos de la legitimación en la causa por activa y de relevancia constitucional.

Afirmó que la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no está legitimada en la
causa por activa para promover la acción de tutela, pues no fue parte del proceso
dentro en el que se dictó la decisión que se pide dejar sin efectos.

Agregó que en el proceso de nulidad electoral que dio origen a la sentencia que se
cuestiona en la presente tutela, el demandante fue el señor Rubén Darío Bula
Castaño y conforme con el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011, el único
coadyuvante reconocido en el proceso fue el señor Joaquín Felipe Negrette
Sepúlveda, como se puede constatar en el acta de audiencia inicial del 31 de julio
de 2024.

Indicó que la accionante, con sus reproches, pretende convertir el presente
mecanismo en una tercera instancia con el fin de cuestionar asuntos de mera
legalidad que fueron abordados por el juez natural a partir del criterio jurisprudencial
vigente en la materia y en la valoración en conjunto de las pruebas obrantes en el
proceso.

Para terminar, aseguró que en la sentencia del 2 de octubre de 2025 se reconoció
la existencia de una irregularidad, consistente en que en 27 mesas se ordenó un
recuento que no fue practicado por la autoridad electoral competente. Sin embargo,
el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó, entre el 27 y el 29 de enero de 2025,
una inspección judicial en la que llevó a cabo directamente el recuento omitido y de
la cual se advirtió que existían votos doblemente marcados en cinco mesas, razón
por la cual se decretó la práctica de una prueba pericial a cargo del CTI.

Adicionalmente, valoró integralmente la inspección y la prueba técnica,
concluyendo que el tribunal distinguió adecuadamente la marcación fraudulenta de
la original y, por ende, incluso excluyendo los 48 votos sobre los que no hubo
certeza pericial, el alcalde electo conservaba una ventaja de 46 sufragios, por lo
que dichas irregularidades no modificaban el resultado electoral y, en tal sentido,
determinó que no hubo incidencia para anular la elección.

5.2. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

El profesional universitario de la Oficina Jurídica y Defensa Judicial pidió que se
desvincule a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no
tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de
la acción. En ese sentido, no tiene incidencia alguna en las medidas que pueda
tomar la autoridad judicial dentro del proceso de nulidad electoral de su
conocimiento.

5.3. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en el contexto de sus
competencias y funciones constitucionales y legales no tiene injerencia en
decisiones que adopten en derecho los jueces y magistrados de la República.

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5.4. Respuesta del señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina

El tercero vinculado, en calidad de alcalde electo del municipio de Pueblo Nuevo,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple
con los requisitos de la legitimación en la causa por activa y de relevancia
constitucional, en tanto que se utiliza como una tercera instancia.

Afirmó que “la demandante Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no fue parte en el
proceso judicial que dio origen al proceso judicial y a las sentencias de primera y
segunda instancia, luego entonces no puede haber violación al debido proceso a
quien no fue parte del proceso, el demandante en la causa judicial era el señor
Rubén Bula y el demandado mi persona, pero del proceso electoral porque su
inscripción fue declarada nula por el Consejo Nacional Electoral de tal forma que
ella no fue candidata a la alcaldía del municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, en el
periodo constitucional 2024 – 2027, ni mucho menos fue parte de esa causa
judicial”.

5.5. Solicitud adicional de la demandante

La demandante radicó escrito adicional en la que manifestó que el magistrado
ponente debería estudiar la posibilidad de presentar impedimento, con el fin de
reforzar la garantía de imparcialidad y para preservar la integridad del trámite
constitucional, pues en el auto de 18 de noviembre de 2025 se pronunció sobre la
legitimación en la causa por activa.

5.6. El Tribunal Administrativo de Córdoba, el señor Joaquín Negrette
Sepulveda1 y el señor Rubén Darío Bula Castaño, a pesar de que fueron
notificados en debida forma del auto admisorio, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestiones preliminares

2.1. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron que se desvincularan de la acción de tutela por falta de legitimación en
la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” . En ese orden de ideas, se negará las solicitudes de desvinculación
porque ostentan interés directo en el asunto, pues integraron la parte demandada
del proceso de nulidad electoral.

1
Si bien se refirió a la falta de vinculación del señor Rubén Darío Bula Castaño, con el fin de que se vinculara,
lo cierto es que no se refirió expresamente respecto a los hechos, fundamentos y pretensiones de la acción de
tutela.
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2.2. Respecto a la solicitud de la demandante tendiente a que el magistrado
ponente manifieste impedimento por el hecho de proferir el auto de 18 de
noviembre de 2025, se advierte que materialmente esta solicitud constituye una
recusación, lo cual resulta improcedente de conformidad con el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991, en el que se dispone que, “en ningún caso será procedente
la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales
de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la
sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del
fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el
procedimiento disciplinario si fuere el caso”.

Sobre esta disposición, la Corte Constitucional ha reiterado que la recusación no
procede “en los juicios de tutela, ni en sus instancias, ni en el trámite especial de
revisión que se surta”2. Su improcedencia la ha sustentado en tres razones
principales: i) de acuerdo con la normatividad aplicable, en ningún caso es
procedente la recusación, ii) existiendo regulación especial y específica para el
proceso de tutela, la solicitud no debe estar sustentada en disposiciones propias
del Código General del Proceso y que iii) el magistrado recusado no manifieste
estar incurso en alguna de las causales de impedimento previstas expresa y
taxativamente en el Código de Procedimiento Penal, norma aplicable por remisión
expresa del Decreto Ley 2591 de 1991.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Córdoba vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la participación
política de la accionante.

4. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente
y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la
informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés
del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de
la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.

2
Autos 061 de 2010, 296 de 2018, 250A de 2021 y A311 de 2025.
7

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También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados,
sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del
decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de
la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas).
(iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar
el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso”3.

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar4, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa,
debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 20155, indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es solo la persona capaz para hacerlo.

Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que
se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa,
caso en el cual deberá declararla.

5. Estudio y solución del caso concreto

La señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo sostiene que la Sección Quinta del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
3
Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
4
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se
confiere poder tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por
escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para
la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido
para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso
ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado
con tarjeta profesional”.
5
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

justicia y a la participación política, al supuestamente incurrir en los defectos
fáctico, sustantivo y de “motivación”, con las decisiones que negaron las
pretensiones en el proceso de nulidad electoral que adelantó el señor Rubén Darío
Bula Castaño contra Ovidio Miguel Hoyos Paternina, alcalde elegido del municipio
de Pueblo Nuevo para el periodo 2024-2027, en la que solicitó que se declare la
nulidad del acto de elección contenido en el formulario E26-ALC, expedido el 11 de
noviembre de 2023, por la Comisión Escrutadora General de Córdoba.

La Sala anticipa que se declarará la improcedencia de la acción por falta de
legitimación en la causa por activa, en razón a que no se demostró que la señora
Yasmín del Carmen Noriega Oviedo tuviera interés directo en el asunto, con
sustento en lo siguiente:

La demanda de nulidad electoral fue presentada por el señor Rubén Darío Bula
Castaño contra Ovidio Miguel Hoyos Paternina. Adicionalmente, en el curso del
proceso fueron vinculados el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el señor Joaquín Negrette Sepulveda.

Por su parte, la demandante considera que está acreditada la legitimación en la
causa por activa, para lo cual allegó copia del documento denominado “Solicitud
Para la Inscripción de Candidatos y Constancia de Aceptación de Candidatura –
Partidos o Movimientos Políticos con Personería Jurídica (Alcalde)”, el cual se utilizó
para las elecciones territoriales de 29 de octubre de 2023, en el que aparece como
candidata del partido Alianza Verde la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo,
documento que fue aceptado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ahora bien, la Sala al estudiar los diferentes informes allegados al trámite
constitucional, así como las pruebas y el expediente de nulidad electoral, observa
que la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no fue parte ni vinculada a ese
trámite judicial. De hecho, al verificar el auto admisorio de 8 de febrero de 2024, se
evidencia en el ordinal octavo que se ordenó informar a la comunidad sobre la
existencia del proceso de nulidad electoral, mediante un aviso de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1437 de 2011, etapa en la que la ahora
accionante pudo impugnar o defender el acto administrativo demandado.

Adicionalmente, si bien la parte actora demostró que se inscribió como candidata a
la alcaldía del municipio de Pueblo Nuevo por el partido Alianza Verde, lo cierto es
que en el fallo de primera instancia de 9 de junio de 2025 de la Sala Quinta del
Tribunal Administrativo de Córdoba afirmó que la candidatura de la señora Yasmín
del Carmen Noriega Oviedo “fue revocada por el CNE mediante Resolución nro.
13719 del 19 de octubre de 2023, de modo que sus votos fueron computados en el
E-24 como no marcados”. En efecto, en los formularios E-26 ALC se observa que a
la señora Yasmín del Carmen se le reportaron cero votos, tal como lo indicó el
Tribunal.

Es decir, que la sola solicitud de inscripción diligenciada por la demandante y
aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil no resulta suficiente para
demostrar el interés en el presente asunto, más aún cuando su candidatura fue
revocada y, adicionalmente, no intervino en el curso del proceso de nulidad
electoral.

Ahora bien, no se puede pretender utilizar la naturaleza pública del proceso de
nulidad electoral, que puede ser iniciado por cualquier persona, con el fin de
justificar la legitimación en la causa por activa, pues se recuerda que en este caso
lo que se estudia es la constitucionalidad de una providencia judicial. No se trata de
un nuevo juicio frente a la contienda electoral y los actos que declararon al alcalde
electo del municipio de Pueblo Nuevo.
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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

Por lo anterior, se debe recordar que la legitimación en la causa determina quiénes
ostentan capacidad para adelantar un proceso y el derecho sustancial en un litigio,
requisito esencial para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones
formuladas en la demanda. En efecto, la Corte Constitucional6 ha reiterado que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela,
“cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la
resolución del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante”.

Aunado a lo anterior y en atención a que lo que se reprocha es una decisión
proferida en un proceso de nulidad electoral, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-329 de 2024 sostuvo que “en las acciones de tutela contra providencias judiciales
proferidas en el marco de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección
de los derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, en adelante, quienes
no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En
consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el respectivo
proceso en calidad de demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les
asiste interés legítimo”.

Asimismo, se debe resaltar que en las decisiones dictadas por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Córdoba, no se observa algún
tipo de orden dirigida contra la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo.

Por consiguiente, la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo carece de interés
directo, pues no fue parte dentro del proceso de nulidad electoral, razón suficiente
para concluir que carece de legitimación en la causa por activa.

Así las cosas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por activa, al no demostrarse el interés directo
de la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Yasmín del Carmen Noriega Oviedo, quien actúa mediante apoderado judicial,
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Córdoba, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

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Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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