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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00258-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00258-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00258-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de marzo de 2025

Demandante: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00258-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00258-00
Demandante: OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA QUINTA
DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, actuando en nombre propio inició acción
de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión,
en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y contradicción, así como a la aplicación de los principios de
prevalencia del derecho sustancial y de justicia rogada.

El actor consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión

1 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el 20 de enero

de 2025 a la cual se le asignó la secuencia No. 394.

1

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Demandante: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00258-00

de las providencias del 182 y 253 de octubre de 2024 proferidas por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 23001-23-
33-000-2024-00002-004.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
2. dejar sin efectos los autos de fecha 18 y 25 de octubre de 2024 proferidos por
la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del Expediente No.
23001233300020240000400, mediante la cual se ordenó una prueba de oficio, en
un auto para mejor proveer antes del fallo, consistente en una inspección judicial
en la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental de
Córdoba, cuyo objeto es el recuento físico de los votos depositados para Alcalde
en las elecciones del 29 de octubre de 2023 EN TODAS LAS MESAS OBJETO DE
LA DEMANDA: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la cabecera municipal de Pueblo
Nuevo.

3. Ordenar a la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Córdoba que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión que resuelva favorablemente
este mecanismo constitucional, proceda a continuar el trámite de rigor y proceda a
proferir la sentencia de primera instancia dentro del Medio de Control de Nulidad
Electoral No. 2300233300020240000200 instaurado por RUBEN DARIO BULA
CASTAÑO contra la ELECCION OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA como
Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo – Córdoba para el período 2024-2027.5

Adicionalmente, solicitó como medida cautelar lo siguiente:

1. Sírvase ordenar a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba suspender la Inspección Judicial decretada mediante los autos de fecha
18 y 25 de octubre de 2024 y 17 de enero de 2025 proferidos dentro del Medio de
Control de Nulidad Electoral No. 2300233300020240000200 instaurado por
RUBEN DARIO BULA CASTAÑO contra la ELECCION del señor OVIDIO MIGUEL
HOYOS PATERNINA como Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo – Córdoba para el
período 2024-2027, hasta tanto se resuelva la presente acción de tutela.

2 Auto de mejor proveer que decretó como prueba una inspección judicial en la sede de la
Registraduría municipal de Pueblo Nuevo para efectuar el reconteo de votos para la elección del
alcalde de ese municipio.
3 En esta providencia se aclaró la anterior, en el sentido de precisar que la inspección judicial para

efectuar el reconteo de votos se realizará en las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de
la cabecera municipal de Pueblo Nuevo
4 En el proceso referido, el señor Rubén Darío Bula Castaño solicitó la nulidad del acto de elección

del accionante, como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, para el periodo 2024-2027.
5 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Demandante: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00258-00

2. Sírvase ordenar a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba suspender la diligencia de recuento físico de los votos depositados para
Alcalde en las elecciones del 29 de octubre de 2023 en las mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, del
puesto 00, de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, a realizarse en la
Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental de Córdoba
el próximo 27 de enero de 2025.

1.3. Hechos

El señor Rubén Darío Bula Castaño presentó demanda de nulidad electoral, con
el fin de que se declarara nulo el acto de elección del señor Ovidio Miguel Hoyos
Paternina, como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba para el periodo
2024-2027.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, mediante
providencia del 8 de febrero de 20246 admitió la demanda y ordenó notificar al
señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público delegado ante esa
Corporación.

Mediante auto del 15 de julio de 20247 la autoridad judicial accionada declaró no
probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por
el apoderado del señor Hoyos Paternina y fijó fecha para la audiencia inicial, la que
se realizó el 31 de julio de 2024. En esta diligencia se fijó el litigio, se integraron al
expediente los documentos aportados por las partes y se decretó prueba
testimonial8.

El testimonio se recepcionó el 22 de agosto de 2024,9 en la misma fecha se corrió
traslado para alegar de conclusión, lo que se notificó en estrados.

El proceso ingresó a despacho para proferir sentencia el 13 de septiembre de
202410, sin embargo, el tribunal dictó un auto para mejor proveer el 18 de octubre
de 202411, en el que se dispuso:

PRIMERO: Decretar, de oficio, la práctica de una inspección judicial en la sede de
la Registraduría Municipal de Pueblo Nuevo (Córdoba) o donde ellos se

6 Índice 005 del proceso 23001233300020240000200.
7 Índice 034 del proceso 23001233300020240000200.
8 Se decretó el testimonio de la señora Angela Patricia Méndez Parra, quien fue miembro de la

Comisión Estructuradora municipal de Pueblo Nuevo en las elecciones territoriales de 2023.
99 Índice 051 del proceso 23001233300020240000200.
10 Índice 057 del proceso 23001233300020240000200.
11 Índice 058 del proceso 23001233300020240000200.

3

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encuentren, cuyo objeto consistirá en el recuento físico de los votos depositados
para alcalde, en las pasadas elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, en
las mesas, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la cabecera municipal de Pueblo
Nuevo. En la diligencia, se deberá poner a disposición del Tribunal tanto las bolsas
que contengan los referidos votos, como los formularios E 11, E14 y E 24 de las
señaladas mesas.
[..]

Como fundamento, el tribunal indicó que, el principal reparo de la demanda
referente a la expedición irregular del acto de elección está relacionado con una
causal objetiva, en la que se alegó que no se efectuó la «materialización del
recuento de votos en las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31 del puesto 00, de la
cabecera municipal, ordenado en las resoluciones nro. 1 del 1° de noviembre de
2023 y 5 y 6 de noviembre de 2023, […] confirmado en las resoluciones nro. 24 y
25 del 7 de noviembre de 2023»

En ese sentido, consideró necesario ordenar el reconteo de votos, máxime cuando
esto fue ordenado por la comisión escrutadora, pero no se efectuó, lo que, en su
sentir, es necesario dada la potencial injerencia en el resultado electoral.

La anterior providencia fue aclarada en auto del 25 de octubre de 2024 ya que en
la parte resolutiva de la misma se incurrió en un error aritmético, por lo que dispuso:

PRIMERO: Corregir, de oficio, el ordinar primero del auto del 18 de octubre de
2024, el cual quedará así:

PRIMERO: Decretar, de oficio, la práctica de una inspección judicial en la
sede de la Registraduría Municipal de Pueblo Nuevo (Córdoba) o donde
ellos se encuentren, cuyo objeto consistirá en el recuento físico de los votos
depositados para alcalde, en las pasadas elecciones territoriales del 29 de
octubre de 2023, en las mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la
cabecera municipal de Pueblo Nuevo. En la diligencia, se deberá poner a
disposición del Tribunal tanto las bolsas que contengan los referidos votos,
como los formularios E 11, E14 y E 24 de las señaladas mesas.
[…]

El señor Hoyos Paternina solicitó el decreto de: prueba testimonial, dictamen
pericial y documental, en memorial del 30 de octubre de 2024, solicitud que se
negó en auto del 1° de noviembre de 202412 por haberse solicitado fuera de la
oportunidad probatoria del artículo 213 del CPACA. Frente a esa decisión, el

12
Índice 075 del proceso 23001233300020240000200.

4

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demandado de la nulidad electoral presentó recurso de apelación13.

En escrito del 5 de noviembre de 202414 el señor Ovidio Hoyos Paternina recusó
a los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión, con fundamento el en
artículo 141 del CGP, porque, en su sentir, con el decreto oficioso de la inspección
judicial fuera del término probatorio se generan dudas de la imparcialidad de los
togados, ya que se hay una conclusión temprana de la posible irregularidad en los
votos.

Por medio de auto del 3 de diciembre de 202415 la Sala Sexta Especial de Decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró infundada la recusación
contra los miembros de la Sala Quinta de esa Corporación.

Los días 27, 28 y 29 de enero de 202516 se realizó la inspección judicial, decretada
de oficio por el tribunal. A la diligencia asistieron, los señores Rubén Darío Bula
Castaño, Ovidio Miguel Hoyos Paternina, con sus apoderados judiciales, la
abogada María Susana Rhenals, como apoderada de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

En dicha audiencia se realizó el reconteo de manera física de los votos
depositados para la elección de alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, en las
mesas: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo y se
exhibieron los formularios electorales E11 y E14 de «todas las mesas objeto de
inspección». Además, el apoderado del señor Hoyos Paternina propuso una tacha
de falsedad contra 33 tarjetones de las «mesas 6, 7, 8, 15 y 18»., frente a lo cual
el tribunal se pronunció indicando que daría trámite a dicha solicitud mediante auto,
a fin de examinar la experticia requerida para decidir.

En consecuencia, mediante auto del 10 de febrero de 202517 el togado decretó
«dictámenes periciales de grafología y documentología forense sobre las tarjetas
electorales para elección de alcalde de Pueblo Nuevo tachadas de falsa, de las
mesas 6, 7, 8, 15 y 18, del puesto 00, Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo […]».
Esto, a efectos de identificar si una misma persona realizó marcaciones en
diferentes tarjetones de una misma mesa o de todas las mesas y en qué recuadros
de los candidatos se hicieron las marcaciones.

13 Este proceso se asignó el 13 de febrero de 2025 a la Sección Quinta del Consejo de Estado y

se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación contra el auto que negó la práctica de
pruebas.
14 Índice 079 del proceso 23001233300020240000200.
15 Índice 098 del proceso 23001233300020240000200.
16 Acta de audiencia obra en el índice 117 del proceso 23001233300020240000200
17
Índice 114 del proceso 23001233300020240000200.

5

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1.4. Fundamentos de la vulneración

El actor hizo un recuento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial e indicó que estos se cumplen, pues con el auto para
mejor proveer, se desconoció que la finalidad de este tipo de autos es aclarar un
punto oscuro o dudoso para proferir la decisión final, sin que con ello se intente
suplir la carga probatoria de las partes.

En ese sentido consideró que, para proferir un auto de mejor proveer deben
cumplirse estos presupuestos: (i) que el proceso se encuentre para dictar
sentencia y se hubieren escuchado los alegatos de conclusión; (ii) aclarar un punto
oscuro dudoso; (iii) que no se vulnere el derecho a la igualdad, el debido proceso
y el de defensa de las partes, y menos que el juez reemplace la carga probatoria
de cada una.

A su juicio, los autos del 18 y 24 de octubre de 2024 no cumplieron los anteriores
requisitos, por lo que concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en una
violación a la Constitución Política, por vulnerar sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa e igualdad procesal, ya que en estas providencias se
decretó una prueba de oficio que no había sido pedida por el actor de la nulidad
electoral en su escrito de demanda, por tanto, el tribunal no podía suplir tal carga.

Alegó, además, que en los autos impugnados se configuran los siguientes
defectos:

(i) Fáctico: explicó que el demandante solicitó como pruebas, que se exhorte al
Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría General de la Nación, con el fin de
que aporten documentos relevantes para el proceso y una testimonial. Con estas
pretendía acreditar la nulidad de la elección del alcalde de Pueblo Nuevo, Córdoba,
sin embargo, el operador judicial, decretó, de oficio, la práctica de una inspección
judicial en la sede de la Registraduría del municipio, con el fin de realizar el
reconteo de votos, sin que dicha providencia cumpla con los presupuestos
necesarios para su procedencia, ya que, en su sentir, el tribunal está supliendo la
carga probatoria que tenía el actor, lo que conlleva a que se configure este yerro.

Agregó que, además de que tal prueba no se pidió por el litigante dentro de las
oportunidades probatorias que señala el artículo 212 del CPACA, bien pudo
solicitarlo ante la comisión escrutadora de Pueblo Nuevo, pero no lo hizo.

El accionante refirió que el reconteo de votos no puede decretarse mediante auto,
sino que ello debe decidirse en la sentencia que ponga fin al proceso, siempre que
se logre demostrar que el acto de elección está viciado de nulidad por haberse
incurrido en irregularidades durante el conteo del sufragio.

6

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Asimismo, indicó que para realizar tal procedimiento debe darse plena garantía de
la cadena de custodia de las tarjetas electorales, sin embargo, en este caso,
transcurrió más de 1 año desde que se escogió al alcalde de Pueblo Nuevo, por lo
que no es posible determinar si existió alguna alteración, cambio o daño de los
documentos a los que se les practicará la inspección judicial.

(ii) Procedimental absoluto: por desconocer el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011,
pues a su juicio, este indica que el reconteo de votos solo puede ordenarse
mediante la sentencia judicial que declara la nulidad electoral y no de manera
anticipada.

Además, consideró que se desconoció la estructura y oportunidades procesales
para pedir y practicar pruebas que señala la Ley 1437 de 2011, pues ni el
demandante ni el demandado advirtieron la necesidad de que se realizara el
reconteo de votos.

Puso de presente que el tribunal desconoció los límites de los autos para mejor
proveer, pues a su juicio el artículo 213 del CPACA, dispone que la facultad
instructiva del juez no puede llevarlo a suplir la carga probatoria de las partes.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 10 de febrero de 2025, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante18 y, como parte
demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Quinta de Decisión19.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Ministerio Público – Procuraduría 124 Judicial II
administrativa de Montería20, al Consejo Nacional Electoral21, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil22, al señor Rubén Darío Bula Castaño23, al señor Joaquín

18 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: ovihoyos@hotmail.com;
consultorluisoyola@gmail.com
19 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co
20 Índice 015 de Samai. La notificación fue realizada a: rcastellar@procuraduria.gov.co;

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
21 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: cnenotificaciones@cne.gov.co
22 Índice 009 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionjudicial@registraduria.gov.co;

notificaciontutelas@registraduria.gov.co
23 Índice 019 de Samai. La notificación fue realizada a: rudebuca@gmail.com

7

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Negrete Sepúlveda24; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado25.
Además, negó la medida provisional solicitada por el actor, por no encontrarla
procedente.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo Nacional Electoral26

En documento radicado el 12 de febrero de 2025, la oficina de Asesoría Jurídica y
Defensa Judicial de la entidad solicitó ser desvinculado, alegando que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque las pretensiones de la tutela recaen
sobre las actuaciones judiciales del accionado.

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil27

Mediante escrito del 14 de febrero de 2024 el jefe la oficina jurídica pidió se
desvincule a esta autoridad, porque los argumentos planteados por el actor hacen
referencia a decisiones judiciales, por lo que no tiene responsabilidad alguna en la
presunta amenaza o vulneración de las garantías supuestamente transgredidas.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Córdoba28

El ponente de las decisiones cuestionadas contestó en escrito del 19 de febrero
de 2025 y solicitó que se declare improcedente este mecanismo, en tanto, a su
juicio, la acción de tutela no está atacando una decisión definitiva, sino un auto
para mejor proveer, lo que incumple con el requisito de subsidiariedad para que
proceda el amparo.

Lo anterior, en tanto, consideró que lo que el tutelante, pese a que habla de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, lo que realmente plantea es
una inconformidad procesal con la decisión adoptaba en el proceso ordinario,
respecto del decreto de una prueba que, en su sentir, resulta necesaria para
resolver el litigio planteado en la nulidad electoral, sin que se tenga certeza sobre

24 Índice 015 de Samai. La notificación fue realizada a: jfnegrettesabogados@gmail.com
25 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co;
oficina.juridica@defensajuridica.gov.co
26 Índice 010 de Samai.
27 Índice 012 de Samai.
28 Índice 017 de Samai.

8

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el resultado o relevancia de la misma al momento de dictar la sentencia. En ese
sentido, consideró que, emitir un pronunciamiento en esta sede constitucional iría
en contravía de los principios de autonomía judicial y del juez natural.

Explicó que, en las providencias cuestionadas se dispuso una inspección judicial
sobre los documentos electorales, incluidos los tarjetones depositados en las
urnas de determinadas mesas, cuyo objeto era una revisión física que permitiera
a la Sala revelar la incidencia efectiva de la irregularidad relativa a la omisión en la
materialización del recuento de votos que fue ordenado en uso de su poder oficioso
por la comisión escrutadora municipal, y confirmado por ella misma, al resolver
recurso de reposición, y luego, confirmado por la comisión escrutadora
departamental, al resolver recurso de apelación en el efecto suspensivo, quien sin
efectivamente realizarlo, procedió a declarar la elección.

En ese sentido, señaló que su decisión no fue arbitraria o injustificada sino que la
misma fue adoptada con suficiente motivación, en la que se puso de presente que
al advertir una irregularidad en el procedimiento administrativo de los escrutinios,
relativa a la no materialización de un recuento de votos, consideró necesario
esclarecer la verdadera incidencia de ello en la elección del alcalde de Pueblo
Nuevo, para el periodo 2024-2027.

Indicó que la inspección judicial aludida ya fue practicada, los días 27 a 29 de
enero del presente año y que en esta se hizo una revisión objetiva (conteo físico)
de las tarjetas al interior de los sobres de las mesas determinadas en disputa y se
aprehendió copia de los formularios E-11, E-14 (en sus 3 ejemplares) y E-24.

1.6.4. Los señores Rubén Darío Bula Castaño, Joaquín Negrete Sepúlveda, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría 124 Judicial II
administrativa de Montería no allegaron pronunciamiento alguno, a pesar de que
fueron debidamente notificados de la presente acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por el señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

9

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Demandante: Ovidio Miguel Hoyos Paternina
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00258-00

2.2 Cuestión previa

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron ser desvinculados del presente trámite, tras considerar que no les asiste
legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el particular, la sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que tal vinculación se hizo como terceros, dado el
eventual interés que les puede representar el presente trámite.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión vulneró
las garantías invocadas por el Ovidio Miguel Hoyos Paternina con ocasión
de los autos proferidos el 1829 y 2530 de octubre de 2024 al interior del
proceso de nulidad electoral con radicado 23001-23-33-000-2024-00002-
00?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el requisito de relevancia constitucional, y; (iii) el caso
concreto.

29 Auto de mejor proveer que decretó como prueba una inspección judicial en la sede de la
Registraduría municipal de Pueblo Nuevo para efectuar el reconteo de votos para la elección del
alcalde de ese municipio.
30 En esta providencia se aclaró la anterior, en el sentido de precisar que la inspección judicial para

efectuar el reconteo de votos se realizará en las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31, del puesto 00, de
la cabecera municipal de Pueblo Nuevo

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201231
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema32 y declaró su
procedencia.33

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202234 explicó que para la
dejar sin efectos una sentencia debe advertirse el cumplimiento de unos requisitos
de procedencia, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
32 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
33 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
34 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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juzgada. Por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial debe examinarse:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal35
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico36; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional37.

[…]

35 Sentencia SU-573 de 2019.
36 Sentencia SU-103 de 2022.
37 Sentencia SU-103 de 2022.

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal38”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales39”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto40, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal41. (Resaltado
de la Sala)

3. Del caso concreto

En el presente caso el actor pretende, vía acción de tutela, dejar sin efectos las
providencias del 18 y 25 de octubre de 2024 proferidas por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, por medio de los cuales, se
dictó un auto para mejor proveer y se ordenó la práctica de una inspección judicial
para llevar a cabo el reconteo de votos en la Registraduría municipal de Pueblo
Nuevo, Córdoba.

Lo anterior, porque a consideración del tutelante, con dichas providencias se
incurre en: (i)violación directa de la constitución, por vulneración al debido proceso,
a la defensa e igualdad procesal, en tanto, en su sentir, la autoridad judicial decretó
una prueba que no había sido pedida por el demandante del proceso ordinario, y
que además se hizo por fuera del término probatorio, lo que sorprendió al
demandado; (ii) defecto fáctico, porque, a su juicio, cuando el accionado al decretó
la inspección judicial -de oficio-, más allá de aclarar puntos oscuros, suplió una
carga probatoria que no le correspondía. Además, advirtió que no tiene garantía
de la cadena de custodia de los tarjetones electorales, debido al paso del tiempo;

38 Sentencia SU-103 de 2022.
39 Sentencia SU-128 de 2021.
40 Sentencia SU-573 de 2019.
41 Ibid.

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(iii) procedimental absoluto, porque, a su juicio, el reconteo de votos solo puede
ordenarse mediante la sentencia judicial que declara la nulidad electoral y no por
medio de un auto, como lo hizo el tribunal.

Sin embargo, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de las garantías constitucionales alegadas, sino que el actor está
inconforme con la decisión del proferida por el juez natural dentro del proceso
ordinario.

Del proceso de nulidad electoral se advirtió que, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Quinta de Decisión, previo a emitir una decisión de fondo, consideró
necesaria la práctica de una inspección judicial en la sede de la Registraduría
municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba, con el objeto de llevar a cabo el reconteo
físico de los votos que fueron depositados en las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y 31,
del puesto 00, de la cabecera municipal, en las elecciones territoriales de 2023.

Como fundamento del auto para mejor proveer, el operador judicial señaló que,
uno de los cargos de nulidad electoral formulados en la demanda tiene sustento
en presunta irregularidad del conteo de votos de las mesas 2, 3, 5 a 26, 28, 29 y
31 del puesto 00, de la cabecera municipal. Asimismo, el tribunal puso de presente
que la comisión escrutadora de Pueblo Nuevo había ordenado que se llevara a
cabo el reconteo de votos mediante «las resoluciones nro. 1 del 1° de noviembre
de 2023 y 5 y 6 de noviembre de 2023, […] confirmado en las resoluciones nro. 24
y 25 del 7 de noviembre de 2023», sin embargo, ello no se materializó, por lo que
consideró necesario llevar a cabo este procedimiento previo a decidir de fondo.

Ahora bien, se advierte que, contra la anterior decisión, el actor estuvo inconforme
pues recursó a los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión,
alegando su falta de imparcialidad debido al decreto de la inspección de manera
oficiosa.

No obstante, considera la Sala que, la autoridad judicial sustentó su decisión en el
artículo 213 del CPACA42 y argumentó debidamente que requería la práctica de la
inspección judicial, a fin de hacer el reconteo de votos de las mesas en las que

42 PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de

oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y
practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también
podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la
contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar
o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas
decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes
al auto que las decrete.

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pesa la presunta irregularidad, a fin de decidir si hay lugar a anular o no el acto de
elección del alcalde de Pueblo Nuevo para el periodo 2023-2027, aunado a que,
la Ley 1437 de 2011 habilita al juez a que decrete de oficio, las pruebas que
considere necesarias y resulten útiles para la verificación de los hechos alegados
por las partes.

Al respecto, es menester aclarar que, si bien la inspección judicial ya se practicó
por parte del tribunal los días 27 a 29 de enero de este año, lo cierto es que las
pretensiones del tutelante están encaminadas a controvertir el auto por el cual se
decretó de dicha prueba, pues para el actor, la trasgresión de las garantías
invocadas tiene origen en el decreto de la misma, en ese sentido, el debate
planteado por el actor no se agota en que se haya realizado la diligencia, pues
bien podría ser excluida del material probatorio objeto de valoración en la
sentencia que ponga fin al proceso electoral.

Sin embargo, la parte accionante pretende que mediante este mecanismo
constitucional se ordene al juez ordinario que deje sin efectos las providencias por
las que, en uso de su autonomía judicial profirió, pues a su juicio, consideró
indispensable la práctica de la referida prueba de inspección judicial, previo a emitir
una decisión de fondo sobre la legalidad o nulidad de la elección del alcalde
municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez de tutela. Máxime cuando no se
evidencia prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.

Así pues, la carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional no
se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende una
carga argumentativa que permita advertir la existencia de una transgresión de
alguna garantía superior con relación a la decisión reprochada.

Además, el escenario para debatir sobre la consecuencia del decreto y práctica de
la inspección judicial sobre las mesas de votación de Pueblo Nuevo es dentro del
proceso ordinario. Aunado a que, para cuestionar los resultados de la misma, y
previo a su realización el actor solicitó prueba testimonial y documental, cuya
solicitud fue negada en primera instancia, pero el recurso de apelación contra esa

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decisión se encuentra pendiente de decidir por esta Corporación43. Ello sin dejar
de lado que el tutelante propuso el trámite de tacha de falsedad contra varios
tarjetones de las mesas 6, 7, 8, 15 y 18, el que actualmente se encuentra pendiente
de realizar la experticia decretada por el juez contencioso.

Se resalta además que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de
tutela; máxime cuando el juez constitucional no está instituido como órgano de
control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos,
los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente
caso, este mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito
de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral
y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Ovidio Miguel Hoyos Paternina contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Quinta de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

43 Este proceso se asignó el 13 de febrero de 2025 a la Sección Quinta del Consejo de Estado y
se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación contra el auto que negó la práctica de
pruebas.

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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