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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06704-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06704-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por medio de la cual se declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, en tanto, la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no demostró tener interés legítimo en la causa por activa. Segunda: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06704-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06704-02
Accionante: Yasmín del Carmen Noriega Oviedo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Tema: Tutela1 contra providencia judicial proferida dentro del medio
control de nulidad electoral

Decisión: Confirmar la decisión impugnada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 26 de marzo
de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual
declaró falta de legitimación en la causa por activa.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores Ovidio Miguel Hoyos Paternina, Rubén Darío Bula Castaño y Yasmín
del Carmen Noriega Oviedo se inscribieron como candidatos a la Alcaldía de
Pueblo Nuevo, Córdoba, para el periodo 2024-2027.

3. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 13719 de
19 de octubre de 2023, revocó la candidatura de la señora Yasmín del Carmen
Noriega Oviedo.

4. El 11 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora General de Córdoba
declaró alcalde electo al señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina porque tenía la
mayoría de los votos, esto es,10.109 votos y el señor Rubén Darío Bula Castaño
quedó de segundo con 9.724 votos.

5. Con ocasión de lo anterior, el señor Rubén Darío Bula Castaño promovió el medio
de control de nulidad electoral con el propósito de que se declarara la nulidad del
acto de elección contenido en el formulario E26-ALC del 11 de noviembre de 2023.

6. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 9 de junio de 2025

1
Acción de tutela promovida el 24 de octubre de 2025, la cual fue rechazada mediante auto de 18 de noviembre
del mismo año. Decisión que fue revocada a través del proveído del 22 de enero de 2026 para que se impartiera
el trámite pertinente. Finalmente, fue repartida en segunda instancia el 28 de abril de 2026.

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negó las pretensiones de la demanda, en tanto las irregularidades acreditadas
carecían de la entidad necesaria para invalidar la elección de cara a la eficacia del
voto popular y a la verdad electoral. Decisión que fue confirmada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado a través de providencia del 2 de octubre de 2025.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico, particularmente hizo referencia al informe pericial 130-2025 del
CTI de la Fiscalía General de la Nación que acreditó alteraciones en el 91 % de las
tarjetas electorales revisadas, la existencia de tachaduras y la ausencia de registro
del recuento ordenado y la prueba técnica que era esencial para establecer la
autenticidad del sufragio.

8. Asimismo, alegó un defecto sustantivo por inaplicación del artículo 258 de la
C.P., disposición normativa que exigía la verificación material electoral, por lo tanto,
la autoridad judicial accionada no debió aplicar el principio de conservación del voto
para mantener la validez del acto electoral, pues, a su juicio, dicho principio solo
procedía ante irregularidades menores que no afectaran la certeza del resultado.

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Primera. Que se tutelen de manera integral mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la participación política, a la igualdad en la contienda electoral, a la
autenticidad y pureza del sufragio, y al acceso efectivo a la justicia, los cuales fueron
desconocidos por las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad
electoral identificado con radicado
23001233300020240000200/23001233300020240000203 adelantado ante el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado, Sección Quinta.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia del 2
de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, despacho
del Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil, por haber incurrido en defectos sustantivo, fáctico y
de motivación, al avalar la validez de un acto de elección fundado en hechos
inexistentes y votos irregulares, vulnerando con ello el principio democrático y los
derechos fundamentales invocados.

Tercera. Que se ordene a la autoridad judicial competente (en este caso, al Tribunal
Administrativo de Córdoba), reabrir el proceso de verificación electoral y practicar el
recuento total de votos depositados en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para
la Alcaldía de Pueblo Nuevo, garantizando la apertura de todas las urnas, la revisión de
formularios E-14, E-24 y E-26, y la intervención de los órganos de control, con el fin de
restablecer la verdad material del escrutinio.

Cuarta. Que, de constatarse que la elección del señor Ovidio Hoyos Paternina se
fundamentó en resultados falsamente motivados, se ordene la nulidad del acto de
elección y, en consecuencia, se disponga la revocatoria de la credencial y la
convocatoria a las autoridades electorales competentes para adoptar las medidas
necesarias a fin de restablecer el orden jurídico democrático en el municipio de Pueblo
Nuevo.

Quinta. Que se disponga la remisión del expediente y de copia de la decisión que
resuelva esta acción de tutela a la Procuraduría General de la Nación y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para que, dentro del ámbito de sus

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competencias, adelanten las investigaciones disciplinarias y administrativas pertinentes
frente a los funcionarios que omitieron el cumplimiento de los recuentos ordenados y
validaron actas falsamente motivadas.

Sexta Que se ordene a las autoridades electorales competentes adoptar mecanismos
institucionales de verificación y control que garanticen en adelante el cumplimiento
efectivo de las órdenes de recuento, la conservación del material electoral y la
documentación fidedigna de las diligencias, como garantía de no repetición frente a
irregularidades que lesionen la pureza del sufragio.

Séptima. Que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer la confianza
ciudadana en el voto y en las instituciones democráticas locales, en cumplimiento del
artículo 2° de la Constitución, que impone a las autoridades el deber de proteger la
efectividad de los derechos y asegurar la prevalencia del interés general.» (Sic)

2.4. Trámite procesal

10. La acción de tutela de la referencia correspondió a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto del 30 de octubre de 2025
ordenó requerir al accionante para que precisara la calidad en la que actuaba para
presentar la acción de tutela de cara al proceso de nulidad electoral.

11. Con ocasión de lo anterior, la accionante en respuesta al requerimiento insistió
en los argumentos expuestos en la demanda de tutela; así como también, allegó
una solicitud para la inscripción de candidatos y constancia de aceptación de
candidatura partidos o movimientos políticos con personería jurídica-alcalde, la cual
correspondía a las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023, en
el que aparecía como candidata.

12. En ese orden, la Sección Cuarta del Consejo de Estado a través de auto de 18
de noviembre 2025 rechazó de plano la solicitud de amparo. Sin embargo,
inconforme con la decisión la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo presentó
un escrito en el que presentó impugnación contra dicha decisión.

13. Impugnada la anterior decisión, a través del proveído del 22 de enero de 2026,
esta Subsección revocó el auto de 18 de noviembre de 2025 y dispuso devolver el
expediente con el fin de impartir el trámite pertinente.

14. Así las cosas, la Sección Cuarta de esta corporación por medio del auto del 25
de febrero de 2026 resolvió admitir la demanda de tutela y notificar a la Sección
Quinta del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta
como accionados y a los señores Joaquín Negrette Sepulveda y Ovidio Miguel
Hoyos Paternina, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional
Electoral como terceros con interés en las resultas del proceso.

15. Luego, a través de proveído del 25 de febrero de 2026, ordenó vincular al señor
Rubén Darío Bula Castaño, en calidad de tercero.

2.5. Intervenciones

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que declare improcedente
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que la

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accionante no fue parte del proceso en el que se dictó la decisión cuestionada que
pretendía infirmar.

17. Al respecto, indicó que el señor Rubén Darío Bula Castaño actuó como
demandante y el único coadyuvante reconocido en el proceso fue el señor Joaquín
Felipe Negrette Sepúlveda, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 228
de la Ley 1437 de 2011.

18. Agregó que, tampoco cumpliría con el requisito de relevancia constitucional, en
la medida que lo que pretendía con la interposición de la acción de tutela es una
instancia adicional para controvertir la decisión que fue proferida por su juez natural.

19. El Consejo Nacional Electoral pidió ser desvinculada por falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no tiene incidencia en las decisiones que
pueda tomar la autoridad judicial accionada.

20. La Registraduría Nacional del Estado Civil requirió ser desvinculada por falta
de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene injerencia en las
decisiones que se llegaren adoptar.

21. El señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumple con los requisitos de la
legitimación en la causa por activa y de relevancia constitucional.

22. No se rindieron más informes.

2.6. Sentencia impugnada

23. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante providencia del 26 de marzo
de 2026 negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y, declaró la falta de
legitimación por activa.

24. Al respecto, indicó que la demanda de nulidad electoral fue promovida por el
señor Rubén Darío Bula Castaño contra Ovidio Miguel Hoyos Paternina. Además
que, en el curso del proceso fueron demandados el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el señor Joaquín Negrette Sepulveda
actuó en calidad de tercero con interés.

25. Agregó que, si bien la parte actora demostró que se inscribió como candidata a
la alcaldía del municipio de Pueblo Nuevo por el partido Alianza Verde, lo cierto es
que en el fallo de primera instancia de 9 de junio de 2025 de la Sala Quinta del
Tribunal Administrativo de Córdoba afirmó que la candidatura de la señora Yasmín
del Carmen Noriega Oviedo fue revocada por el CNE mediante Resolución nro.
13719 del 19 de octubre de 2023, de modo que sus votos fueron computados en el
E-24 como no marcados.

26. A partir de lo anterior, concluyó que la sola solicitud de inscripción diligenciada
por la demandante y aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil no

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resultaba suficiente para demostrar el interés en el presente asunto, máxime
cuando su candidatura fue revocada y, no intervino en el curso del proceso de
nulidad electoral.

2.7. Impugnación

27. La parte accionante manifestó que restringir la legitimación en la causa por
activa con base en criterios meramente formales desconocía la naturaleza de la
tutela y su finalidad de garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales.

28. Sobre el particular, indicó que en el presente caso dicho requisito se encontraba
plenamente acreditado, no solo por la participación de la accionante como
candidata, sino de manera determinante por su condición de ciudadana votante y
titular de derechos políticos fundamentales.

29. En este contexto, a su juicio, la legitimación no podía ser evaluada
exclusivamente desde un criterio formal, sino que exigía una valoración material
orientada a determinar la existencia de una relación sustancial entre la accionante
y los derechos invocados.

30. En consecuencia, el presente caso ameritaba un estudio de fondo que permitiera
determinar si las circunstancias alegadas configuraban una vulneración de
derechos fundamentales susceptible de amparo.

31. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia
y, en consecuencia, impartir una decisión de fondo, de conformidad con los cargos
formulados en la demanda de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró a la accionante los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia y participación política, al incurrir en los defectos
sustantivo y fáctico mediante providencia del 2 de octubre de 2025.

34. Previo a resolver el anterior interrogante, la Sala estima pertinente determinar si
en el presente asunto la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo tiene
legitimación en la causa por activa para cuestionar la providencia del 2 de octubre

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de 2025, teniendo en cuenta que la autoridad judicial accionada y el señor Hoyos
Paternina señalaron que no ostentaba la calidad de sujeto procesal.

3.4. Generalidades de la acción de tutela

35. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2025.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

37. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, indica que este
mecanismo constitucional podrá ser ejercido, en todo momento y lugar, «por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante.»

38. En ese sentido, la legitimidad o interés en el ejercicio de la acción de tutela radica
en cabeza del titular de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados,
quien puede actuar por sí mismo, por medio de representante legal o de apoderado
judicial, a través de agente oficioso o por medio del Defensor del Pueblo y los
Personeros Municipales.

39. Así las cosas, le corresponde al juez constitucional valorar las circunstancias del
caso y determinar si en efecto la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo
acreditó la legitimación en la causa por activa para presentar esta acción de tutela.

3.5. Caso concreto

40. En el presente asunto, la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo manifiesta
que la autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y participación política, al proferir
providencia del 2 de octubre de 2025, toda vez que adolece de los defectos
sustantivo y fáctico.

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41. Sobre el particular, se tiene que el proceso de nulidad electoral fue promovido
por Rubén Darío Bula Castaño en contra de la elección del señor Ovidio Miguel
Hoyos Paternina como alcalde de Pueblo Nuevo, Córdoba.

42. Asimismo, se acredita que en el curso del aludido proceso el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil actuaron en calidad de
demandados y el señor Joaquín Negrette Sepulveda se vinculó como tercero con
interés.

43. Ahora, es pertinente resaltar que la decisión cuestionada en esta sede fue
proferida en el marco de un proceso del medio de control de nulidad electoral, al
respecto la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU 329 de 2024 indicó
lo siguiente:

«En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas en el
marco de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección
de los derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, en
adelante, quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario
en el que se profirió la decisión cuestionada, no tienen legitimación por
activa para presentar la acción de tutela. En consecuencia, los tutelantes
deben acreditar que participaron en el respectivo proceso en calidad de
demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les asiste un interés
legítimo»

44. De conformidad con el material probatorio allegado y de las actuaciones
surtidas en el trámite del proceso de nulidad electoral, emerge con claridad que la
señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no fue reconocida en calidad de parte
o coadyuvante, razón por la que la Sala coincide con lo manifestado por el a quo,
esto es, que en el presente asunto no acredita el requisito de legitimación en la
causa por activa.

45. En ese sentido, resulta evidente que no le asiste legitimación en la causa por
activa a la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo, al no ser parte en el aludido
proceso en el que, mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, se negaron las
pretensiones de la demanda relacionada con la nulidad del acto de elección
contenido en el formulario E26-ALC del 11 de noviembre de 2023 en el que resultó
electo el señor Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde de Pueblo Nuevo,
Córdoba.

46. Asimismo, la Sala coincide con lo manifestado por la Sección Cuarta de esta
Corporación cuando manifiesta que la inscripción a la candidatura no resultaba
suficiente para acreditar la legitimación en la causa por activa, en la medida que
fue revocada por el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 13719
de 19 de octubre de 2023 y la señora Noriega Oviedo no hizo parte del proceso
de nulidad electoral en el que se profirió la sentencia que pretende infirmar.

47. Por lo expuesto, para la Subsección resulta evidente que la parte actora carece
de legitimación en la causa para cuestionar, a través de la acción de tutela, la
decisión del 2 de octubre de 2025, pues, se recuerda, el ejercicio de este

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mecanismo de protección de derechos de rango constitucional exige que el
accionante cuente con una posición que le otorgue la titularidad del derecho que
invoca en protección, lo que implica que tiene la carga de demostrar que le asiste
un interés jurídico subjetivo en el petitum.

48. En ese orden, en cuanto a la legitimación por activa debe recordarse a la parte
actora que tal noción se refiere es a la relación procesal existente entre
demandante y demandado o de las partes respecto de los hechos constitutivos
del litigio, supuesto que fue desvirtuado por las consideraciones realizadas en
precedencia.

49. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin necesidad de efectuar consideraciones
adicionales, se confirmará la sentencia del 26 de marzo de 2026 por medio de la
cual se declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, en tanto, que
la señora Yasmín del Carmen Noriega Oviedo no demostró tener interés legítimo
en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado por medio de la cual se declaró la improcedencia la
acción de tutela de la referencia, en tanto, la señora Yasmín del Carmen Noriega
Oviedo no demostró tener interés legítimo en la causa por activa.

Segunda: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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