Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00040-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00040-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 44001-23-40-000-2024-00040-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 44001-23-40-000-2024-00040-011
Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otros2
Demandado: Micher Pérez Fuentes – alcalde de Fonseca (La Guajira)
periodo 2024-2027
Temas: Pérdida de cadena de custodia de los documentos
electorales. Competencia del Consejo Nacional Electoral y
de las comisiones escrutadoras para negarse a declarar la
elección.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide3 los recursos de apelación, interpuestos por los demandantes José
Manuel Abuchaibe Escolar, Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero
Echávez contra la sentencia de 6 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo de
La Guajira que negó la nulidad de elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde
de Fonseca, periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1. Los accionantes pidieron4, entre otros, que se declare la nulidad de la
elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027,
contenida en el formulario E-26 ALC del 19 de diciembre de 2023, expedido por la
comisión escrutadora municipal y, en consecuencia, se ordene la cancelación de su
credencial.
1 Acumulado con los expedientes 2024-00074, 2024-00048-00 y 2024-00047-00.
2 José Manuel Abuchaibe Escolar, Diana Patricia Quintero Echávez, Enrique Javier Orozco Daza y
Enrique Luis Fonseca Pitre.
3 El proyecto inicial presentado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, en Sala del 17 de
julio de 2025, no obtuvo la mayoría requerida para ser aprobado.
4 Las demandas fueron presentadas así:
Radicado 44001-23-40-000-2024-00040-00, el 12 de febrero de 2024,
Radicados 44001-23-40-000-202400048-00 y 44-001-23-40-000-2024-00047-00, el 19 de febrero de
2024 y Radicado 44001-23-40-000-2024-00074-00, el 21 de febrero de 2024.
Demandantes: José Manuel Abuchaibe y otros
Demandado: Micher Pérez Fuentes, alcalde de
Fonseca, periodo 2024-2027
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2. Asimismo, se solicitó anular la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023,
expedida por los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de La Guajira,
que resolvió el desacuerdo planteado de los miembros de la comisión escrutadora
municipal, se abstuvo de declarar la elección y pidió fijar fecha para realizar nuevas
elecciones para alcalde de Fonseca.
2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación
• Frente al actuar de las autoridades electorales, con ocasión de los
hechos de violencia y la falta de competencia de la comisión
escrutadora departamental de «abstenerse» de declarar la elección.
3. Afirmaron que, el 29 de octubre de 2023, sobre las 3:00 p.m., en el municipio
de Fonseca, se presentaron hechos que alteraron el orden público por la
intervención de manifestantes que irrumpieron, con violencia, en tres5 de los doce
puestos de votación6. Lo que ocasionó la destrucción o abandono de parte del
material electoral que, por tal circunstancia, no fue escrutado.
4. Informaron que miembros de la fuerza pública controlaron rápidamente los
disturbios y solo lograron recuperar el material electoral de los puestos de María
Inmaculada y de las mesas de la 6 a la 15, 17 y 18 de Calixto Maestre y trasladaron
dichos documentos al sitio de los escrutinios para que la comisión evaluara lo
ocurrido y tomara las decisiones correspondientes.
5. Aseguraron que se presentaron reclamaciones y recursos relacionados con
la validez del material electoral recuperado de los puestos de votación vandalizados.
No obstante, no fueron resueltos por la comisión escrutadora municipal por
desacuerdo entre sus miembros, frente a la inclusión o no de los documentos
afectados por los disturbios.
6. Expresaron que el mencionado desacuerdo fue resuelto por la comisión
escrutadora departamental, mediante la Resolución 007 del 10 de noviembre de
2023, que decidió no declarar la elección del alcalde y del Concejo Municipal de
Fonseca, dado que 41 mesas resultaron comprometidas por las alteraciones de
orden público. Circunstancia que afectó el sufragio de más del 25% de los
ciudadanos inscritos en el censo electoral. Lo anterior, en tanto, el 15.30% fue
destruido y el 26.54% fue abandonado y, posteriormente, recuperado.
7. Refirieron que, de acuerdo con la mencionada Resolución 007, la
gobernadora encargada de La Guajira, mediante el Decreto 208 de 20237, fijó el 17
5 María Inmaculada y Calixto Maestre, de la cabecera municipal y en el corregimiento de Conejo.
6 Instalados en las instituciones educativas María Inmaculada y Calixto Maestre y en el corregimiento
de Conejo.
7 Visible a folio 76 de la respuesta a la demanda por parte de la RNEC en el expediente 44001-23-
40-000-2024-00047-00.
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Demandantes: José Manuel Abuchaibe y otros
Demandado: Micher Pérez Fuentes, alcalde de
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de diciembre de 2023, como fecha de la nueva elección en todos los puestos del
municipio, de la cual resultó electo Micher Pérez Fuentes, como alcalde de Fonseca,
para el periodo 2024-2027.
8. Los accionantes invocaron las causales de nulidad, consagradas en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, falta de competencia, desviación de poder,
expedición irregular, falsa motivación e infracción de las normas en las que debía
fundarse y las contenidas en los numerales 3 y 7 del artículo 275 de la misma
codificación.
9. Señalaron8 que la comisión escrutadora departamental actuó con falta de
competencia y desviación de poder al no declarar la elección demandada y
disponer, mediante la Resolución 007 de 10 de noviembre de 2023, la realización
de nuevas elecciones para proveer los cargos de alcalde y concejo de Fonseca, lo
cual atentó contra del interés general y la voluntad del electorado.
10. De acuerdo con los demandantes, la autoridad electoral solo tenía
competencia para resolver las reclamaciones presentadas y el desacuerdo
planteado por la comisión escrutadora municipal frente a las mesas de los puestos
de votación de María Inmaculada, Calixto Maestre y del corregimiento El Conejo,
sobre los cuales recayeron dichas inconformidades.
11. Igualmente, consideraron que se transgredió el principio de preclusión 9 en
los escrutinios, en tanto, la decisión de la comisión escrutadora departamental
excedió el objeto del desacuerdo planteado, al ordenar realizar una nueva elección,
aspecto que no fue objeto de controversia ante las comisiones auxiliares 10.
12. Agregaron que la decisión de ordenar nuevas elecciones está atribuida a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de
nulidad electoral; por tanto, la referida comisión, en su criterio, se extralimitó en sus
funciones, al aplicar el numeral 1° del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, porque
«los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por
ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral», lo
cual solo puede aplicarse como consecuencia de sentencias judiciales anulatorias.
13. Asimismo, indicaron que la comisión escrutadora departamental, con la
expedición de la referida resolución y el E-26 ALC (de las elecciones efectuadas 29
de octubre de 2023), actuó orientada por fines contrarios al interés general y a la
voluntad del electorado, pues no consolidó la votación, válidamente depositada y
escrutada por la comisión municipal, en los puestos en los que no ocurrieron
disturbios sobre los cuales no se presentaron reclamaciones y establecer cero (0)
votos como resultado final.
8 En la demanda del expediente 44001-23-40-000-2024-00040-00.
9 Argumento que se planteó, igualmente, en el radicado 44001-23-40-000-2024-00040-00.
10 Asunto abordado dentro del proceso 44001-23-40-000-2024-00047-00.
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14. Según los demandantes, las autoridades electorales incurrieron en
desconocimiento de las normas, al no realizar los escrutinios en los puestos en los
que se recuperó el material electoral, instalados en las instituciones educativas
María Inmaculada y Calixto Maestre, por cuanto, al cierre de la votación, los hechos
que afectaron el orden público ya habían sido superados.
15. Adujeron que el material electoral no se vio afectado, en tanto, estuvo bajo la
protección y custodia de la Policía Nacional y de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC).
16. Asimismo, manifestaron que se desconoció el principio de igualdad, toda vez
que, en las instituciones educativas Roig y Villalva y Juan Jacobo Aragón se realizó
el escrutinio, a pesar de haberse presentado las mismas circunstancias de orden
público, ocurridas en los puestos de votación María Inmaculada y Calixto Maestre,
lo cual, a juicio de la parte accionante, afectó la legalidad del acto demandado.11
17. Expusieron que las autoridades electorales infringieron el artículo 192 del
Código Electoral al no hacer el escrutinio y excluir los votos de las mesas en las
que, a pesar de los disturbios, se recuperaron las tarjetas electorales:
• Todas las mesas del punto de votación IE María Inmaculada (16 mesas).
• Las mesas de la 6 a 15, 17 y 18 del puesto de votación IE Calixto Maestre
(12 de las 18 mesas que tiene el puesto).
18. En ese orden, señalaron que no hubo destrucción de los votos, sino falta de
diligenciamiento de los formularios E-14 por los jurados.
19. Así mismo, indicaron que la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023,
expedida por la Comisión Escrutadora Departamental de la Guajira, incurrió en falsa
motivación porque se abstuvo de declarar la elección del 29 de octubre de 2023
por la presunta vulneración de la cadena de custodia de todo el material electoral
de los puestos de votación Calixto Maestre (incluyendo las mesas en las que los
votos fueron recuperados) y María Inmaculada. Irregularidad que, en su criterio, no
existió, en tanto, los documentos electorales estuvieron bajo la custodia de la fuerza
pública y de la RNEC.
20. Sostuvieron que la elección demandada desconoce la voluntad popular,
pues, de haberse escrutado los sufragios de los puestos de votación María
Inmaculada y Calixto Maestre, el elegido habría sido Enrique Luis Fonseca Pitre, de
acuerdo con la información obtenida en la audiencia de exhibición de votos y
documentos electorales de los puestos de IE MARIA INMACULADA y IE CALIXTO
MAESTRE, realizada en el registraduría de Fonseca, correspondiente a las
11 En la demanda del expediente 44001-23-40-000-2024-00040-00.
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elecciones del 29 de octubre de 202312, según el cual, este último habría alcanzado
la mayoría de votos en dichas mesas.
21. Consideraron que hubo falsa motivación, pues los disturbios, en realidad,
afectaron, únicamente, al 18 % de los electores, en contraste con la cifra superior al
25 %, indicada por la comisión escrutadora departamental, en la Resolución 007 del
10 de noviembre de 2023, pues, conforme con dicho acto, las 41 mesas excluidas,
correspondientes a los puestos de votación de María Inmaculada, Calixto Maestre
y Conejo sumaron el 41.84% del censo electoral del municipio.
• Frente a la supuesta modificación del censo electoral13
22. Afirmaron que, entre las elecciones del 29 de octubre y las del 17 de
diciembre de 2023, se presentaron modificaciones en el censo de los ciudadanos
aptos para votar. Se incluyeron cédulas para la segunda votación y se suprimieron
otras que estaban registradas, lo cual contravino el artículo 129 del Código
Electoral14, pues se debía tener en cuenta la misma lista de sufragantes para su
repetición.
23. Enfatizaron que la anterior irregularidad tuvo incidencia en el resultado
electoral, en tanto, en la segunda votación, se agregaron 651 y se suprimieron 799
cédulas del censo electoral, para un total de 1.450, cifra que supera la diferencia
entre los votos obtenidos por Micher Pérez Fuentes y el candidato con el segundo
resultado más alto, esto es, 649 sufragios.
• Frente a la aceptación de la renuncia de «extemporánea» de algunos
candidatos a la Alcaldía de Fonseca.
24. De otra parte, adujeron que se vulneró el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011,
pues, para las elecciones que se realizaron el 17 de diciembre de 2023, ordenadas
en la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023, la RNEC aceptó la renuncia
«extemporánea» de los candidatos a la Alcaldía de Fonseca, Manuel Torres
Blanchar, Jazen Alberto Suárez, Benedicto de Jesús González Montenegro y
Orangel Romero Ortega.
25. Al respecto, consideraron que dicha circunstancia permitió nuevos acuerdos
políticos y cambió la percepción ciudadana, lo que dio lugar a un escenario político
12 Al respecto, anexó cuadro en el que relaciona 16 mesas, en las cuales, el candidato Enrique Luis
Fonseca Pitre obtendría 1742 votos y Micher Pérez Fuentes, 1134.
13 En la demanda del expediente 44001-23-40-000-2024-000-00048-00, para fundamental este
cargo, se invocó la causal prevista en el numeral 7 del artículo 275 del CPACA.
14 «Cuando por sentencia ejecutoriada se declare nula la elección de la mitad o más de los Senadores
de la República, o de los Representantes a la Cámara, o de los Diputados a la Asamblea, o de los
Consejeros Intendenciales, correspondientes a determinada Circunscripción Electoral, y en caso de
que, por faltas absolutas de principales y suplentes, los Senadores, Representantes, Diputados o
Consejeros Intendenciales de una Circunscripción Electoral queden reducidos a la mitad o menos
del número correspondientes, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las plazas vacantes,
y fijará la fecha en que deban verificarse».
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distinto, propio de nuevas elecciones y no, simplemente, de la repetición de la
jornada electoral. Además, agregaron que no era necesario elaborar nuevas tarjetas
electorales, excluyendo a los candidatos que renunciaron extemporáneamente.
• Frente a los datos contrarios a la verdad en documentos electorales en
las «elecciones del 17 de diciembre de 2023».
26. Alegaron la existencia de un «carrusel electoral» en las mesas de votación
de la 1 a la 8 del corregimiento de Conejo, en atención a la existencia de tarjetones
en blanco y firmados por jurados, que fueron entregados a los electores para la
«compra de votos».15
27. En ese sentido, aseguraron que, en las referidas mesas, se encontraron
tarjetas electorales en mesas de votación con códigos distintos a los lugares que
les correspondían y suscritos por jurados de una mesa diferente a la que estaban
asignados.
3. Trámite en primera instancia
28. Surtidas las admisiones de las demandas acumuladas y ordenadas y
practicadas las notificaciones, mediante auto del 21 de agosto de 2024, proferido
dentro del proceso 44001-23-40-000-2024-00074-00, se decretó la acumulación de
los mencionados expedientes.16
4. Contestaciones17
4.1. Demandado
29. Mediante apoderado, se opuso a las pretensiones. Propuso como excepción
previa ineptitud formal de la demanda18, por indebida acumulación de pretensiones,
en tanto, se presentaron reproches fundamentados en causales genéricas de
nulidad y de carácter objetivo, al solicitar la corrección de los datos consignados en
el formulario E-26 ALC.
30. Señaló que la demanda contenía fundamentos de derecho que se traducen
en pretensiones manifiestamente contradictorias, en tanto, la falta de competencia
que se endilga frente a la expedición de la mentada Resolución 007 y el E-26 del 10
de noviembre de 2023, se contrapone con la de desviación de poder, lo que implica
que sí estaba facultado para proferir dichos actos administrativos.
31. Asimismo, propuso la excepción de caducidad19 del medio de control
electoral, en relación con la Resolución 007 y el formulario E–26, ambos del 10 de
15 En la demanda del expediente 44001-23-40-000-2024-00074-00.
16 Índice SAMAI 41 de primera instancia.
17 En los procesos acumulados.
18 La declaró no probada mediante auto de 19 de noviembre de 2024.
19 La declaró no probada mediante auto de 19 de noviembre de 2024.
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noviembre de 2023, fechas que, en su opinión, de acuerdo con la oportunidad en
que se presentó la demanda, excede los 30 días que se tiene para su ejercicio.
32. Ante el cargo de falta de competencia, afirmó que los delegados del CNE no
tienen un catálogo de funciones en la legislación electoral y que es el artículo 192
del CE20 la norma que establece sus atribuciones.
33. Señaló que el cargo por desviación de poder es contradictorio con el anterior,
al entender que, esta causal admite que el funcionario actuó con competencia pero
que las atribuciones fueron utilizadas con fines distintos a los legalmente previstos.
Y el artículo 192 del Código Electoral atribuye plena y completa competencia a los
delegados del CNE para decidir las reclamaciones.
34. Expresó que la comisión escrutadora departamental, en la Resolución 007
de 2023, determinó que los hechos de violencia fueron valorados en un porcentaje
superior al 25% del censo electoral, lo que daba lugar a la nulidad de la elección
realizada y decidió «abstenerse» de declararla, en razón a su competencia para
abordar cuestiones de derecho, y fundada en el principio de economía procesal.
35. Estimó que, con la expedición de un acto de elección con un porcentaje del
25 % de afectación de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, se configuraría
el delito de prevaricato, por cuanto, al confrontarlo con los artículos 288 del CPACA
y los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la
Constitución Política, generaría mayores inconvenientes para el estado.
4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
36. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 21, al
considerar que es ajena a las pretensiones de la demanda por cuanto, en los
eventos democráticos, cumple funciones secretariales y de logística por ser una
entidad netamente técnica y organizativa.22
37. Afirmó que, de los hechos constitutivos de alteración del orden público en la
jornada electoral, se dejó constancia en las actas 34 y 35, suscritas por el alcalde y
el registrador municipal, a las cuales se debe acudir para analizar el presente el
asunto.
38. Señaló que la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023, expedida por la
comisión escrutadora departamental, se profirió conforme a derecho, en tanto se
encargó de resolver el desacuerdo planteado por los miembros de la comisión
municipal y consolidó el total de los sufragios.
39. indicó que la policía y la registraduría dieron cuenta de que hubo abandono
20 Código Electoral
21 La declaró no probada mediante auto de 19 de noviembre de 2024.
22 En todos los procesos acumulados.
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de las mesas de votación porque los jurados y demás autoridades electorales
tuvieron que salir para salvaguardar su vida e integridad física y retomaron sus
labores una vez fue controlada la situación por los organismos de seguridad.
40. Agregó que no fue posible que los jurados de votación realizaran el preconteo
de votos, los delegados de puesto no recibieron los formularios correspondientes y
a las comisiones escrutadoras auxiliares y generales llegó información carente de
protección y legalidad.23
41. Sostuvo que el proceso de depuración del censo electoral es permanente,
conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011, en tanto, al tratarse de
una base de datos se le aplican las resoluciones de inscripción irregular de cédulas,
teniendo en cuenta las que ingresan a aquel por expedición, por tal motivo, el
potencial electoral para las elecciones atípicas en el municipio de Fonseca cambió
respecto del utilizado en las llevadas a cabo el 29 de octubre.
42. Manifestó que la conformación del censo electoral de la entidad territorial
estuvo ajustada al procedimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley 1475 de 2011 y
se dio cumplimiento, a las decisiones que, oportunamente, profirió el CNE, para su
depuración y actualización, hasta que se tuvo la posibilidad material de realizarlo.
Por tanto, está investido de legalidad y con plenas garantías.
43. Resaltó que le corresponde al demandante señalar la resolución del CNE que
anuló las inscripciones de cédulas, como también demostrar que esas personas,
efectivamente, votaron en el municipio, especificar los lugares de votación, y
acreditar que dicha irregularidad afectó el resultado electoral, como lo establece el
inciso 2 del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
44. Estimó que la parte actora no demostró la incidencia de la presunta
irregularidad por el trámite de la renuncia de los aspirantes a la alcaldía. Al respecto,
señaló que la modificación de la inscripción de candidaturas se encuentra regulada
por la Ley 1475 de 2011, como un periodo en el cual los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica realizan reemplazos por renuncia, por la no
aceptación de la postulación, por revocatorias de inscripción y por muerte,
prerrogativas que son observadas por la entidad.24
4.3. Consejo Nacional Electoral
45. Señaló que el procedimiento para dejar sin efectos la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía para ejercer el derecho al voto comprende el despliegue de
toda una actividad probatoria que incluye el cruce de base de datos como los
relacionados con el SISBEN y regímenes de seguridad social en salud.
46. Sostuvo que, la trashumancia electoral, aún en el evento de demostrarse, por
23 Dentro del expediente 44001-23-40-000-2024-00047-00.
24 Dentro del expediente 44001-23-40-000-2024-00048-00.
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el principio de eficacia del voto, exige que se pruebe que esta circunstancia alteró
el resultado final.
47. De acuerdo con la entidad, en el caso bajo análisis, no se demostró que
personas trashumantes sufragaron en el municipio de Fonseca, en tanto, el actor
no señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no obstante, de un listado de
cédulas no es posible advertir la configuración de la irregularidad.
48. Destacó que el CNE, profirió actos administrativos que dejaron sin efecto la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía para las elecciones del 29 de octubre
de 2023, decisiones que fueron recurridas y sobre las cuales se resolvieron los
recursos interpuestos.
49. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 25 al
considerar que la entidad no ha vulnerado ni amenazado derecho alguno y que la
entidad no tiene la función de satisfacer las pretensiones invocadas.26
4.4. Alianza Social Independiente27 (Impugnador)28
50. Se opuso a la nulidad del acto acusado y advirtió que los cargos son
imprecisos y genéricos, porque no dan claridad si están dirigidos a censurar el acto
demandado o la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 de la comisión
escrutadora departamental, acto previo que debió impugnarse, a través de los
medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.
51. Señaló que, contrario a lo indicado por la parte actora, el proceso eleccionario
sí tuvo alteraciones, pues debió suspenderse sobre las 3:00 p.m. y evacuar a los
jurados de votación y demás personas de los puestos de votación María Inmaculada
y Calixto Maestre, para salvaguardar sus vidas.
52. Precisó que la interrupción de los escrutinios obedeció a circunstancias de
fuerza mayor y caso fortuito que ocasionaron la destrucción y abandono del material
electoral haciendo imposible la realización de los escrutinios, pero por la omisión de
las autoridades electorales. Por tanto, de ello no es dable predicar el
desconocimiento de las normas invocadas.
53. Expuso que los delegados del CNE resolvieron las reclamaciones, de
conformidad con sus competencias y por los hechos de violencia la decisión de no
declarar la elección del alcalde municipal estuvo acorde a derecho.
54. Sostuvo que la referida decisión está debidamente motivada por los hechos
de alteración del orden público que vulneraron la cadena de custodia del material
25 La cual se declaró no probada, mediante auto de 19 de noviembre de 2024.
26 Dentro del expediente 44001-23-40-000-2024-00048-00.
27 Contestó la demanda dentro del expediente 44001-23-40-000-2024-00047-00.
28 Reconocido mediante auto de 12 de noviembre de 2024, obrante en el archivo 073 del expediente
digital.
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Demandado: Micher Pérez Fuentes, alcalde de
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electoral, por tanto, era inconveniente la realización del escrutinio de la votación.
55. Agregó que la decisión de la comisión escrutadora departamental de registrar
la votación en cero obedeció a la falta de una importante cantidad de votos. Además,
el software de la RNEC no permitió avanzar en la consolidación de los resultados29.
5. Trámites relevantes
56. Mediante auto del 19 de noviembre de 2024, se declararon no probadas las
excepciones de «ineptitud sustantiva de la demanda», formulada por el demandado,
y el Partido ASI, de «caducidad», propuesta también por el accionado y de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la RNEC y el CNE.
5.1. Audiencias
57. El 27 de noviembre de 2024 se realizó la audiencia inicial30, en la que se
decretaron las pruebas solicitadas en las demandas31, de oficio32 y se decidió que
algunos documentos resultaban innecesarios.
58. Así mismo, fijó el litigio en los siguientes términos:
[...] En lo esencial, se pretende la nulidad de el (sic) acto de elección del señor Micher
Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca (La Guajira) para el periodo constitucional
2024 – 2027 por el partido político «Alianza Social Independiente - ASI», contenido
en el acta de escrutinio E- 26 ALC de 19 de diciembre de 2023 suscrito por la comisión
escrutadora municipal.
59. El 3 de diciembre de 202433 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la
cual se practicaron las testimoniales decretadas34 y se ordenó el traslado a las
partes para alegar y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
6. Alegatos de conclusión en primera instancia
6.1. José Manuel Abuchaibe Escolar35 (demandante)
60. Ratificó los argumentos expuestos en la demanda y precisó que, con las
pruebas aportadas, se logra establecer que, en ninguna de las mesas, existió
violencia, como tampoco se alteraron los resultados electorales.
29 Sin precisar sus razones.
30 Archivo 97 del expediente digital.
31 Sobre el decreto de pruebas, ver del folio 7 al 18 del acta de audiencia inicial, SAMAI, índice 90.
32 Asimismo, se negó, por innecesario, el decreto de la inspección judicial para verificar las mesas
de votación 1 a la 8 del corregimiento de Conejo, solicitada dentro del expediente 44001-23-40-000-
2024-00074-00
33 Fue suspendida por y se continuó el 5 de diciembre de 2024.
34 Se limitaron algunos de los testimonios y se aceptó el desistimiento sobre otros.
35 Demandante del proceso 44001-23-40-000-2024-00040-00
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61. Expresó que, de conformidad con las actas 34 y 35, suscritas por el alcalde
y registrador municipal, jurados y testigos electorales, el material electoral
abandonado por los jurados de votación en los puestos en todas las mesas de María
Inmaculada y en las mesas de la 6 a 15, 17 y 18 de Calixto Maestre fue recuperado,
quedando bajo custodia de la fuerza pública y trasladado al sitio de escrutinio.
62. Afirmó que, los testimonios no aclararon los efectos de los hechos que
alteraron el orden público y que pudieron perturbar y conducir a la variación en el
resultado electoral. Que, así mismo, no permiten establecer las mesas en las que
se presentaron los hechos de violencia.
6.2. Álvaro Ignacio Alario Montero – coadyuvante36
63. Reiteró los argumentos expuestos por José Manuel Abuchaibe Escolar.
Precisó que, de conformidad con las pruebas allegadas, no es de recibo afirmar que
el resultado de las mesas de votación haya arrojado cero votos, por tanto, en el E-
26 ALC, no debieron consignarse hechos contrarios a la realidad.
6.3. Enrique Luis Fonseca Pitre37 (demandante)
64. Mediante apoderado judicial, ratificó lo expuesto en la demanda y expresó
que, con las pruebas, se acreditó que los hechos constitutivos de alteración del
orden público corresponden a una acción coordinada y armonizada, fue
rápidamente controlada y los manifestantes no portaban armas de fuego.
65. Según el actor, está demostrado que los escrutinios de las mesas se llevaron
a cabo con normalidad en todos los puestos de votación, excepto en los de María
Inmaculada y Calixto Maestre y los que estaban a cargo de las comisiones
escrutadoras auxiliares iniciaron desde las 4 p.m., de forma ininterrumpida hasta las
12 de la noche, como lo ordena el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011.
66. Afirmó que, está demostrado que los manifestantes no ingresaron al puesto
de votación María Inmaculada, por la intervención de la fuerza pública, lo que, en
su criterio, resulta relevante para determinar la supuesta ruptura de la cadena de
custodia del material electoral. A lo anterior, añadió que, dicho puesto no fue
evacuado.
67. Señaló que, el registrador municipal, en la declaración que rindió, manifestó
que las urnas de los puestos Calixto Maestre y María Inmaculada, fueron
trasladadas al Centro de Recursos Educativos Municipales CREM, lugar dispuesto
para realizar el escrutinio y, que, dicho material, fue puesto a disposición de cada
comisión escrutadora y entregado con el acompañamiento de la fuerza pública.
36 Reconocido mediante auto de 12 de noviembre de 2024, obrante en el archivo 073 del expediente
digital.
37 Demandante dentro del proceso 44001-23-40-000-2024-00040-00.
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68. Sostuvo que, en el Acta General de Escrutinio Auxiliar de la Zona 01, en
cuanto a todas las mesas del puesto de votación 02, María Inmaculada, se dejó
constancia que los pliegos electorales fueron introducidos en tiempo y que los
sobres se encontraban en mal estado, lo que evidencia que dicho material estuvo a
su disposición.
69. Comentó que, ni en los videos, ni en las declaraciones hay evidencia o
afirmación alguna sobre la manipulación o alteración del contenido de las urnas ni
de los documentos electorales y que todas las tarjetas electorales depositadas
corresponden a la mesa en que se encontraron y están firmadas por los jurados de
votación de las cuales puede verificarse el rango numérico asignado a cada mesa.
70. Adujo que el puesto Calixto Maestre no fue evacuado y, que, ni durante ni
después de los hechos vandálicos los jurados de las mesas no atacadas
abandonaron el puesto de votación.
6.4. Diana Patricia Quintero Echávez38 (demandante)
71. Reiteró lo expuesto en la demanda y afirmó que era válida la utilización de
las listas de sufragantes de la elección del 29 de octubre de 2023 en las realizadas
el 17 de diciembre siguiente, puesto que eran el resultado de la conformación del
censo electoral para el municipio de Fonseca y que, por tanto, no era procedente
efectuar variaciones de las cédulas inscritas para aquel evento democrático.
72. Destacó que, para la jornada electoral del 17 de diciembre de 2023, se
aceptaron renuncias de manera irregular de varios de los candidatos que,
inicialmente, se postularon como aspirantes para ser alcalde municipal. Considera
que, no era procedente la modificación de las candidaturas, en tanto la oportunidad
para hacerlo había expirado en los términos de la Ley 1475 de 2011.
73. Señaló que tanto la RNEC como los candidatos y los ciudadanos, debieron
ceñirse a las condiciones de igualdad entre las elecciones del 29 de octubre y de 17
de diciembre de 2023 y que, la entidad mencionada, estaba obligada a garantizar el
cumplimiento de lo establecido en dicha ley y lo establecido en el artículo 129 del
Código Electoral.
6.5. Micher Pérez Fuentes (demandado)
74. Mediante apoderado judicial, insistió en los argumentos expuestos en las
contestaciones de las demandadas y afirmó que se demostró la existencia de
hechos que alteraron el orden público el 29 de octubre de 2023, que llevaron a la
destrucción y abandono de material electoral.
38 Demandante dentro del proceso 44001-23-40-0002024-00048-00.
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75. Alegó que la Resolución 007 del 10 de noviembre del 2023 concluyó que se
afectó un 42.27 % del «potencial electoral», cantidad superior al 25 % que exige el
artículo 288 del CPACA para que se asigne la consecuencia jurídica de repetir las
elecciones, pero que, no obstante, ese 42.27 % debió ser superior por cuanto el
artículo 111 del Código Electoral establece un horario para las votaciones entre 8:00
a.m. y 4:00 p.m. y la jornada electoral se cerró con antelación.
76. Expuso que, en realidad, el porcentaje de afectación del censo electoral o
potenciales electores fue superior al 82 % y que, aun considerando la Resolución
007 del 10 de noviembre del 2023 en un 42 %, la motivación de dicho acto no se
ajusta a la realidad en cuanto a la violencia y al porcentaje de esta.
77. Narró que el registrar en cero los votos en el formulario E-26 obedeció a la
ejecución de la decisión contenida en la Resolución 007 del 10 de noviembre de
2023 expedida por la comisión escrutadora departamental en el marco de sus
competencias.
78. Afirmó que no se demostró que las cédulas de ciudadanía denunciadas como
agregadas al censo electoral de las elecciones del 17 de diciembre de 2023,
efectivamente ejercieron el derecho al voto, no obstante, considera que, aun de
haberse acreditado, ello obedece a lo dinámico que es el censo electoral.
6.6. Alianza Social Independiente (impugnador)
79. De acuerdo con el partido, está demostrada la ocurrencia de hechos que
alteraron el orden público en la jornada electoral que la afectó en alta proporción,
esto es, en un 82.70 %, al punto de tener que ser interrumpida sobre las 3:00 p.m.
sin ser reanudada posteriormente que, por tales circunstancias, hubo abandono de
las tareas inherentes al evento democrático y del material electoral, por ello, los
documentos no lograron ser firmados.
80. Aseguró que, reflejo de tales hechos vandálicos lo constituye la orden de
toque de queda expedida por el alcalde municipal como mecanismo para
restablecer y preservar el orden público.
81. Señaló que el material electoral de los puestos de votación María Auxiliadora
y Calixto Maestre fue abandonado por el personal de la organización electoral
quienes fueron evacuados por la fuerza pública, circunstancia que afectó la cadena
de custodia de dicha documentación.
82. Indicó que la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 está fundada en
razones verídicas, en atención a la demostración probatoria de los desmanes
violentos que afectaron gravemente la contienda electoral del 29 de octubre de 2023
y fue expedida en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 192 del Código
Electoral que los faculta tanto para declarar una elección como para «abstenerse»
de hacerlo.
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83. Manifestó que el registrarse la votación en ceros en el E-24 ALC y E-26 ALC
corresponde a la lógica de los hechos, en tanto, no es coherente que se «abstenga»
de declarar una elección y registrar la obtenida por los candidatos.
84. Aseguró que el censo electoral fue debidamente consolidado 2 meses antes
del 29 de octubre de 2023, de conformidad con la certificación expedida por la
RNEC, no obstante, advierte que, con antelación a esa fecha, el CNE expidió la
Resolución 9223 del 8 de septiembre de 2023, dejando sin efecto 537 inscripciones
de cédulas realizadas en el municipio de Fonseca, por trashumancia electoral,
información que no alcanzó a ser procesada y ejecutada al ser reportada a la RNEC
cuando ya se había cerrado la modificación el censo electoral, de conformidad con
lo normado en el parágrafo del artículo 48 de la Ley 1475 de 2011.
85. Frente a la renuncia de candidatos a la alcaldía de Fonseca, expuso que es
un acto libre de cada persona y que ello conlleva a que se concreten alianzas y
coaliciones con quienes se mantengan en la contienda electoral, lo que forma parte
de la dinámica proselitista.
86. Sustentó que no se demostró la presunta compra de votos mediante el
mecanismo de «carrusel electoral» en virtud de que, en la exposición del cargo, se
limitó a hacer señalamientos fácticos y jurídicos, sin allegar los medios de convicción
que acreditaran su existencia y veracidad.
7. Fallo de primera instancia
87. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
La Guajira negó la nulidad del acto de elección del alcalde de Fonseca, para el
periodo 2024-2027, al concluir que no se demostraron las causales de nulidad,
formuladas por los accionantes.
• Frente a los cargos relacionados con el actuar de las autoridades
electorales, con ocasión de los hechos de violencia y la supuesta falta
de competencia de la comisión escrutadora departamental de
«abstenerse» de declarar la elección.
88. Destacó que la decisión de la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2024
expedida por los delegados del CNE, atendió al numeral 5 del artículo 265 de la
Constitución Política, que ordena asegurar a candidatos y electores la realización
del proceso electoral con plenas garantías, de manera que refleje la verdadera
voluntad popular.
89. Dedujo que, ante los hechos de alteración del orden público ocurridos en
Fonseca, durante la jornada electoral de 29 de octubre de 2023, dicha entidad tenía
plena y completa competencia para adoptar las medidas necesarias tendientes a
garantizar la integridad de los comicios y el derecho al voto de la ciudadanía.
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90. Por lo anterior, resulta admisible «no haber declarado la elección y ordenar
repetir la votación», actuación que materializa el principio de eficacia de la actuación
administrativa, lo que permite concluir que la comisión escrutadora, al excluir la
votación de las mesas que consideró afectadas, actuó en el marco de sus facultades
legales.
91. Indicó que la decisión de «abstenerse» de declarar la elección y ordenar su
repetición no configuró una intromisión en las competencias del juez de lo
contencioso administrativo, comoquiera que la comisión escrutadora departamental
no realizó un juicio de legalidad del resultado electoral, sino que adoptó las medidas
necesarias para garantizar la transparencia e integridad del proceso electoral, en el
marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
92. Sostuvo que no se acreditó la causal de nulidad de desviación de poder,
por cuanto no se logró establecer que la autoridad electoral actuó con el propósito
de conseguir un fin ilegítimo o espurio como lo afirma la parte actora, por el contrario,
la decisión cuestionada procuró por el cumplimiento del deber constitucional del
CNE de garantizar una elección con plenas garantías y que el resultado de estas
sea el reflejo de la voluntad popular y de la efectividad de los principios que rigen la
función pública.
93. Mencionó que de la referida resolución se advierte que, si bien la comisión
escrutadora departamental se refirió a los hechos de violencia ocurridos en el
municipio de Fonseca, la decisión de excluir la votación de los puestos María
Inmaculada y Calixto Maestre no obedeció al ejercicio de violencia contra electores
o autoridades electorales sino al indebido manejo del material electoral, que vulneró
la cadena de custodia.
94. Afirmó que la exclusión de los votos de las mesas 6- 15, 17 y 18 del puesto
Calixto Maestre y de María Inmaculada obedeció a la pérdida de la cadena de
custodia, por tanto, la existencia de dichos documentos electorales, nunca se puso
en duda, sino que se consideró vulnerada su integridad y veracidad por la ausencia
del procedimiento del referido mecanismo de protección.
95. Advirtió que los delegados de los puestos de votación María Inmaculada y
Calixto Maestre dejaron constancia de los disturbios referidos, para lo cual
transcribió apartes de la bitácora de novedades.
96. En esa línea argumentativa, se refirió a las actas 34 y 35 del 29 de octubre
de 2023, suscritas por el alcalde y el registrador municipal de la época, por jurados
y testigos electorales, para señalar que en ellas se describen actuaciones realizadas
con el material electoral recuperado de los citados puestos de votación.
97. Respecto del acta del 1° de noviembre de 2023, suscrita por los claveros,
resaltó que se dejó constancia que los documentos provenientes de los
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mencionados puestos, María Inmaculada y Calixto Maestre, no fueron guardados
en el arca triclave al no cumplir con los requisitos de ley.
98. Seguidamente, se refirió a la certificación del 31 de octubre de 2023, del
registrador municipal en la que señaló que, en los puestos de votación en cuestión,
los jurados de votación no suscribieron los E-14, por tanto, determinó que, de las 98
mesas instaladas, 41 fueron afectadas y 57 escrutadas.
99. Expuso que las comisiones escrutadoras 1 y 2 dieron cuenta de la ausencia
de firmas de los formularios E-14 de los puestos María Inmaculada y Calixto
Maestre, por tanto, no se tuvieron en cuenta para el escrutinio por carecer de la
cadena de custodia.
100. Determinó que, de las referidas pruebas, se evidencia que en todas las fases
del escrutinio los funcionarios electorales no contabilizaron los votos de los puestos
de votación María Inmaculada y Calixto Maestre por cuanto, en su criterio, no se
conservó la cadena de custodia, dado que los E-14 no fueron firmados por los dos
jurados como lo dispone el artículo 142 del Código Electoral.
101. En ese mismo derrotero, agregó que, de los testimonios de Andrea Cristina
Molina Daza, Kendis Rosaly Pitre Ariño y Lenin Enrique Gutiérrez Burgos quienes
se desempeñaron como delegada, registradora auxiliar de la zona 1 y líder de
destacamento de la Policía Nacional, respectivamente, del puesto de votación de la
Institución Educativa María Inmaculada, se encuentra que, ante los hechos de
violencia, la mayoría de los jurados abandonaron sus puestos y el material electoral,
no obstante, algunos, guardaron tales documentos quedando bajo custodia de la
fuerza pública.
102. En ese orden, recalcó que el Código Electoral, en su artículo 144, establece
el procedimiento que los funcionarios electorales, deben observar con posterioridad
a la finalización de la votación, para garantizar la autenticidad de los documentos
electorales.
103. Hizo énfasis en que la función que cumple el E-14 constituye requisito
esencial para la validez del material electoral porque da fe pública del resultado, por
tanto, su ausencia produce la exclusión de la mesa de votación del escrutinio.39
104. Determinó que, del acervo probatorio y la jurisprudencia de esta Sección, se
concluye que el material electoral recuperado de los puestos instalados en las IE
María Inmaculada y Calixto Maestre, no cumplió con el procedimiento electoral en
cuanto a la revisión y consolidación del resultado de la votación en cada mesa, en
tanto se demostró que, en aquellos, los formularios E-14 no fueron suscritos por los
jurados, estos no los entregaron al delegado del registrador, por tanto, tampoco
fueron debidamente depositados ante las comisiones escrutadoras y custodiado en
39 Citó la sentencia de 20 de abril de 2023, MP, Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-
28-000-2022-00208-00.
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las arcas triclave, circunstancia que considera, fue advertida por las delegadas del
puesto, desde la ocurrencia de los hechos vandálicos.
105. Advirtió que, si en gracia de discusión, se admitiera que el material electoral
recuperado no fue modificado por cuenta de los hechos que alteraron el orden
público y que siempre estuvo bajo custodia de la fuerza pública y la RNEC, no podía
ser tenido en cuenta para los escrutinios, en tanto su veracidad no estaba certificada
por los jurados de votación, a falta de la cadena de custodia.
106. Por lo anterior, consideró que la Resolución 007 del 10 de noviembre de
2023 fue debidamente motivada y proferida con apego al marco legal del proceso
de escrutinios consagrado en el Código Electoral, por cuanto, ante la falta de
suscripción de los formularios E-14, E-17, E-19 y E-20, la votación allí contenida,
debía ser excluida del escrutinio por mandato del artículo 192 del citado compendio
normativo.
107. Asimismo, se refirió al reproche relacionado con el presunto
desconocimiento del principio de igualdad, por cuanto, en los puestos Roing y
Villalba y Juan Jacobo Aragón, se realizó el escrutinio, no obstante, haber sido
objeto de disturbios.
108. En punto de esta censura, señaló que, de los elementos de juicio recaudados,
se evidencia que en dichos puestos permanecieron al menos 2 jurados por mesa
como se desprende de las declaraciones rendidas por el registrador municipal y
Verenice Santiago40, lo que permitió la suscripción del E-14.
109. Entonces, en dichos puestos de votación los jurados dieron fe de la veracidad
del material electoral y fue entregado a las autoridades competentes para su
escrutinio, contrario a lo ocurrido en los instalados en las IE María Inmaculada y
Calixto Maestre; por tanto, en esos términos, resolvió que no hubo vulneración del
principio de igualdad.
110. Asimismo, no encontró configurado el desconocimiento del principio de
preclusión de los escrutinios, sustentado en que, presuntamente, la comisión
escrutadora departamental resolvió aspectos ajenos a las reclamaciones
presentadas ante las comisiones auxiliares.
111. Precisó que las comisiones escrutadoras, además de estar legitimadas para
resolver las reclamaciones y demás peticiones que les sean formuladas tienen el
deber de adoptar las medidas que garanticen la eficacia del voto y demás principios
democráticos.41
112. Consideró que no es de recibo pretender que las comisiones escrutadoras
40 Testigo electoral.
41 Citó la sentencia de 20 de abril de 2023, MP, Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-
28-000-2022-00028-00.
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se pronuncien, únicamente, sobre lo cuestionado por las partes, ya que se
desconocería su función de garante del proceso electoral. Lo cual limitaría su
capacidad para decidir sobre aspectos no controvertidos, incluso si observan
irregularidades que podrían afectar la voluntad del elector.
113. Al respecto señaló que, la autoridad electoral acudió al artículo 288 de la Ley
1437 de 2011, con el fin de otorgar una solución objetiva al asunto, fundamentado
en el ordenamiento jurídico y no por encontrarse frente al análisis de hechos de
violencia y menos para actuar como juez de lo electoral.
114. En ese sentido, la comisión consideró que, al verse afectado el derecho al
sufragio en más del 25 % de los inscritos en el censo electoral, era procedente
repetir las elecciones en toda la circunscripción, debido a que dicha afectación pudo
alterar el resultado.
115. Señaló que dicho actuar buscaba garantizar un resultado transparente y
democrático de las elecciones, pues los votos de 13.339 ciudadanos de las mesas
instaladas en los puestos de votación IE María Inmaculada y Calixto Maestre y el
corregimiento de Conejo podrían haber cambiado el resultado electoral del 29 de
octubre de 2023 en el municipio, pues el resultado de los escrutinios consolidado
por la Comisión Escrutadora Municipal fue de 12.343 votos, sin incluir los puestos
afectados.
116. Expresó que, de conformidad con el E-24, el candidato Enrique Luis Fonseca
Pitre obtuvo 4.715 votos y Micher Pérez Fuentes 3.733, aspirantes con mayor
votación, por tanto, su diferencia fue de 982 votos, la cual pudo haber sido superada
si los votos de los puestos instalados en las IE María Inmaculada y Calixto Maestre
y el corregimiento de Conejo hubieran resultado válidos y el resultado hubiera sido
distinto y no reflejaría la voluntad popular, por lo que era procedente la repetición de
la votación.
117. Indicó que haber establecido en cero (0) la votación en los formularios E-24
y E-26 ALC fue la consecuencia lógica de la exclusión de los votos depositados en
los puestos afectados para que, posteriormente, se realizara una nueva jornada
electoral.42
118. En todo caso precisó que, esos documentos no contienen el resultado
definitivo de las elecciones, toda vez que dicho dato se encuentra en el E-26 de 19
de diciembre de 2023.
42 Citó las sentencias de esta Sección del 29 de abril de 2021, radicado 11001-03-28-000-2018-
00106-00, MP, Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia de 22 de octubre de 2013, radicado 11001-03-
28-000-2014-00062-00, MP, Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 29 de junio de 2001, radicado
11001-03-28-000-2001-0009-01(2477), MP, Darío Quiñones Pinilla.
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• Frente al cargo por la supuesta modificación del censo electoral
119. Al respecto, señaló que el artículo 129 del Código Electoral no es aplicable
en el caso bajo análisis, porque la decisión de repetir la votación para elegir alcalde
de Fonseca no obedeció al cumplimiento de una sentencia judicial que declarara la
nulidad de la elección, dado que, «a la luz de lo expuesto por el Consejo de Estado
en auto de 7 de febrero de 2024, la Resolución 7 de 10 de noviembre de 2023 no
puso fin al proceso electoral, sino que simplemente lo suspendió.
120. Indicó que, de conformidad con la DIVIPOLE allegada al plenario, para las
elecciones del 29 de octubre de 2023, en el municipio de Fonseca se encontraban
habilitados para votar 31.551 ciudadanos y para el 17 de diciembre del mismo año,
31.386. Al respecto, señaló que, de acuerdo con el oficio RNEC-S-2024-0118738
del 29 de octubre de 2024, tal variación obedeció al procesamiento de las
Resoluciones 5483 y 9223 del 2023, en las que se decidió la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía en el municipio y que no se tuvieron en cuenta para la
primera votación porque fueron notificadas con posterioridad a la depuración del
censo electoral.
121. Por lo anterior, adujo que no es dable afirmar que la variación del censo
electoral del referido municipio para las elecciones del 17 de diciembre de 2023 sea
irregular, en tanto ello obedeció al mandato legal de mantenerlo depurado para
garantizar la transparencia del proceso electoral.
122. Igualmente, señaló que no puede predicarse que dicha actualización haya
dado lugar al fenómeno de la trashumancia, frente a lo cual complementó que
dicho cargo no se logró demostrar, por cuanto, la accionante no acreditó que para
el 17 de diciembre de 2023 hubieran ejercido el derecho al voto personas no
residentes en el municipio y, mucho menos, que tal situación tuvo incidencia en el
resultado de la votación.
• Frente al cargo por aceptación de la renuncia de «extemporánea» de
algunos candidatos a la Alcaldía de Fonseca.
123. Por otra parte, consideró que la renuncia de 4 de los 6 candidatos a la alcaldía
corresponde a un acto libre y de efectos inmediatos y no existen elementos de juicio
que acrediten vicio en el consentimiento de los referidos ciudadanos en el abandono
de su aspiración, de tal modo que están investidas de validez.43
124. Aseguró que mantener en las tarjetas electorales a los candidatos que
renunciaron sería razonable solo si ya estuvieran impresas, lo cual no ocurrió. Por
tanto, usar las mismas en las votaciones del 17 de diciembre de 2023 sería una
violación al principio de transparencia y podría confundir al electorado.
43 Citó la sentencia de 20 de abril de 2023, MP, Luis Alberto Álvarez Parra, radicado «11001-03-28-
000-2022-0002-00».
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125. En ese sentido, señaló que aceptar las renuncias mencionadas no otorgó una
ventaja desproporcionada a ninguno de los dos candidatos restantes en la contienda
electoral, dado que ambos tuvieron la oportunidad de persuadir a los ciudadanos
que inicialmente apoyaron a quienes renunciaron a sus aspiraciones. Por tanto, es
incorrecto afirmar que esta situación favoreció a los infractores de la ley.
• Frente al cargo por los datos contrarios a la verdad en documentos
electorales en las «elecciones del 17 de diciembre de 2023».
126. Finalmente, sostuvo que la censura por la alteración de documentos
electorales en el corregimiento de Conejo fue planteada de forma genérica sin
cumplir con la carga argumentativa necesaria, por cuanto no se indicaron las mesas
de votación ni la cantidad de votos comprometidos con dicha irregularidad, lo cual
no le corresponde asumir al juez de lo electoral, en virtud del principio de justicia
rogada.
8. Recursos de apelación
8.1. De Enrique Luis Fonseca Pitre (demandante)
127. Su apoderado judicial formuló recurso de apelación contra la decisión del
Tribunal Administrativo de La Guajira, para lo cual afirmó que erró al generalizar que
el material electoral había sido destruido o abandonado en los puestos de votación
IE María Inmaculada y Calixto Maestre, pues tal conclusión desconocía de las
particularidades específicas comprobadas en cada uno de ellos.
128. Expuso que en el puesto IE María Inmaculada no hubo destrucción del
material electoral, dado que los disturbios fueron contenidos por la fuerza pública
en el exterior, sin que se hubiera permitido la entrada de vándalos al recinto.
129. Sostuvo que, respecto al puesto de votación IE Calixto Maestre, aunque
efectivamente se registraron disturbios y se destruyó parte del material electoral de
644 mesas, en las otras 1245 mesas fue preservado adecuadamente.
130. Adujo que en el «ACTA DE EXHIBICIÓN DE VOTOS Y DOCUMENTOS
ELECTORALES DE LA IE MARÍA INMACULADA – CALIXTO MAESTRE – DEL
19/110/2023», la RNEC dejó constancia de que los votos y el material no fue
escrutado por las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales y general «en
donde se conservan bajo custodia en cumplimiento de sus funciones»; lo cual
evidencia la existencia, conservación y debida custodia de los votos depositados en
las urnas.
131. A su vez, indicó que estos documentos fueron aportados al proceso, para lo
cual afirmó que el número serial que los identifica corresponde al rango asignado a
44 De la 1 a la 5 y la 16.
45 De la 6 a la 15, 17 y 18.
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la mesa donde se encontraron, están firmados por los jurados de votación y estos
funcionarios corresponden a los designados en la Resolución 03 de 15 de octubre
de 2023 suscrita por el registrador municipal de Fonseca (La Guajira).
132. Precisó que también reposan la mayoría de los formularios E-10, a excepción
de los correspondientes a las mesas 4 y 5 de la IE María Inmaculada, 7 y 17 de la
IE Calixto Maestre y, además, el número de cédulas es congruente con el total de
votos encontrados en cada mesa.
133. Expuso que los formularios E-11 de las mesas de dichos puestos de votación
que fueron exhibidos en la diligencia anteriormente descrita, los electores
registrados también son congruentes con los datos de los formularios E-10 y el
número de votos obtenidos en cada mesa.
134. Advirtió que el tribunal confundió la ausencia de jurados, que no fueron todos,
con el abandono del material electoral, en los puestos de votación IE María
Inmaculada ni en IE Calixto Maestre.
135. Frente al puesto de votación IE María Inmaculada, donde no ingresaron
vándalos se evidencia en el Acta 35 de 29 de octubre de 2023, suscrita por el
registrador municipal y un miembro de la policía nacional, que, aunque hubo
alteración del orden público la Policía Nacional controló la situación, afuera de las
instalaciones, sin embargo, los jurados «luego de trasladar las urnas abandonan el
puesto quedando el material electoral bajo custodia de la Policía Nacional».
136. La anterior información fue corroborada por la RNEC al contestar la
demanda, para lo cual, precisó que no es cierto que se les hubiera indicado a los
jurados que debían retirarse, tal y como consta en certificación de 31 de octubre de
2023, aportada por dicha entidad, suscrita por el registrador municipal y, ratificada
mediante la declaración rendida.46
137. Indicó que dicho material permaneció resguardado en aulas cerradas con
llave por los jurados de votación y la fuerza pública, circunstancia que también
estaba plenamente acreditada con las pruebas documentales y testimoniales
decretadas.47
46 «Los jurados y testigos electorales, debido a los disturbios que se presentaban en esta institución,
abandonaron el puesto, aproximadamente a las 3:12 PM. Teniendo en cuenta que el proceso
electoral no había finalizado, los jurados de votación no habían firmado aún las actas de escrutinio
formularios E-14, el material electoral a partir del momento en que todos desalojaron el sitio,
quedaron custodiados de la policía nacional».
47 Al respecto se refirió a las siguientes pruebas:
• Videos aportados por el partido ASI al contestar la demanda.
• Oficio suscrito el 7 de febrero de 2024 por el teniente coronel del Ejército Nacional Stik Amaral
Reyes Monsalve.
• Declaración del exalcalde Hamilton García Peñaranda.
• Declaración de la registradora auxiliar Kendiz Rosal y Pitre Ariño.
• Declaración de Andrea Molina coordinadora del puesto de votación IE María Inmaculada.
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138. Expuso que, el puesto de votación IE María Inmaculada fue evacuado debido
a una supuesta orden transmitida por funcionarios de la RNEC que coordinaban el
puesto de votación, originada presuntamente en una instrucción de un agente de
policía no identificado, quien afirmó haber recibido instrucciones superiores que,
posteriormente, fueron negadas por sus supuestos emisores (registrador municipal
y jefe de seguridad del puesto de policía).
139. Señaló que, de acuerdo con los testimonios, específicamente los de Kendiz
Pitre y Andrea Molina, quienes eran las encargadas de la coordinación del puesto
de votación, el motivo real que provocó la evacuación fue el temor generado por la
alteración del orden público en las afueras del recinto electoral, situación agravada
por acontecimientos violentos ocurridos un día antes en el municipio de Gamarra
(Cesar), donde falleció una funcionaria de la RNEC.
140. Sostuvo que este miedo, aunque subjetivo y condicionado por los sucesos
ocurridos en otro municipio, influyó significativamente en la percepción de peligro
de las funcionarias, quienes manifestaron estar nerviosas, alteradas e incapaces de
evaluar objetivamente la situación; pues, según la narración de Kendiz Pitre, la
orden de evacuación fue transmitida por un agente de policía no identificado, quien
dijo haber recibido dicha instrucción sin especificar quién la emitió originalmente.
141. En síntesis, el puesto IE María Inmaculada fue evacuado no por una orden
oficial y legítima de las autoridades competentes, sino como consecuencia directa
del miedo generado por los disturbios externos y el estado emocional alterado de
las funcionarias responsables, quienes decidieron evacuar el recinto en una
situación confusa, dejando asegurado y bajo custodia policial el material electoral.
142. Sin embargo, señaló que los videos relacionados en el proceso sobre lo
sucedido en el puesto de votación IE María Inmaculada evidencian una situación
completamente distinta a lo expuesto por Kendiz Pitre y Andrea Molina, pues en
ellos, se observa claramente que los jurados de votación actuaron de forma serena
y organizada, resguardando adecuadamente el material electoral, entregándolo
custodiado y debidamente sellado a un agente de policía, lo cual contradice la
afirmación del Tribunal sobre un presunto abandono generalizado del material
electoral por miedo o violencia interna.
143. Así mismo, destacó que estas grabaciones coinciden plenamente con
testimonios oficiales sobre la ausencia de disturbios dentro del recinto, confirmando
objetivamente la conservación íntegra de los documentos electorales.
144. Ahora bien, con relación al puesto de votación IE Calixto Maestre, afirmó que
tampoco hubo un abandono generalizado del material electoral. Aclaró que, aunque
algunos vándalos lograron destruir documentos electorales, de seis mesas
específicas, los jurados de votación de las otras doce protegieron efectivamente el
material cerrando con llave las aulas, permaneciendo allí junto con testigos
electorales, bajo la custodia directa de la fuerza pública.
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145. Indicó que estas circunstancias quedaron acreditadas mediante informes
oficiales, testimonios directos de las autoridades y funcionarios electorales, quienes
manifestaron que el material electoral de dichas mesas fue preservado en buen
estado y sin alteraciones.
146. Expuso que Yineth Díaz, delegada del registrador municipal en el puesto de
votación IE Calixto Maestre, no podía afirmar que hubo válidamente abandono
generalizado del material electoral, por parte de los jurados de votación, pues según
su propia declaración, ella reconoció estar muy nerviosa por los hechos violentos
ocurridos en el municipio de Gamarra y, posteriormente, admitió haber abandonado
el puesto de votación, desconociendo lo que realmente ocurría en el interior.
147. Manifestó que el acta 34, firmada al momento de trasladar el material
electoral recuperado, fue suscrita por al menos veinte jurados de votación que
permanecieron en el recinto, lo que contradice la versión generalizada de abandono
señalada en su testimonio. Por tanto, consideró que el relato de Yineth Díaz carece
de objetividad y veracidad para sustentar la supuesta ruptura de la cadena de
custodia del material electoral.
148. Precisó que, según el oficio suscrito por el teniente coronel del Ejército
Nacional, Styk Amaral Reyes Monsalve, quedó demostrado que en el puesto de
votación IE Calixto Maestre ingresó un grupo reducido de personas sin armas que
vandalizaron y destruyeron parcialmente el material electoral en solo dos aulas.
149. Señaló que este informe oficial confirma claramente que los jurados y testigos
electorales no abandonaron el puesto, sino que permanecieron en las aulas,
protegiendo adecuadamente el material electoral restante. Asimismo, destacó la
declaración del exalcalde Hamilton García Peñaranda, quien corroboró que él
personalmente constató la preservación e integridad de los documentos electorales
en las mesas no afectadas, para lo cual, manifestó que fueron debidamente sellados
y firmados en presencia del registrador municipal, testigos, jurados y autoridades
policiales y militares presentes en el lugar.
150. Destacó que, a diferencia de lo ocurrido en el IE María Inmaculada, las actas
y documentos que describen lo sucedido no dan cuenta de la evacuación del puesto
de votación IE Calixto Maestre; para lo cual concluyó que:
• En el IE María Inmaculada no existió destrucción ni abandono real del material
electoral, puesto que quedó plenamente acreditado que ningún grupo vandálico
ingresó al recinto y que los jurados evacuaron el lugar de manera ordenada y
tranquila luego de salvaguardar el material electoral, entregándolo íntegro y bajo
custodia oficial a la Fuerza Pública.
• En el IE Calixto Maestre si bien se presentó una destrucción parcial del material
electoral, en seis mesas específicas, el material electoral de las otras doce
mesas permaneció intacto, protegido debidamente por jurados, testigos
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electorales y autoridades presentes, descartando así la existencia de un
abandono generalizado o una ruptura real de la cadena de custodia.
151. Manifestó que el a quo erró al considerar innecesario determinar si los
jurados electorales u otras autoridades incumplieron algún deber legal al no realizar
los escrutinios de las mesas en los puestos de votación IE María Inmaculada y
Calixto Maestre, pues esta omisión sí era central en la discusión ya que
precisamente la comisión escrutadora departamental y el propio tribunal
fundamentaron la ruptura de la cadena de custodia en la ausencia del escrutinio de
mesa y en el no diligenciamiento del formulario E-14.
152. Explicó que la controversia radica, precisamente, en determinar si debía o no
escrutarse dichas mesas, para lo cual, destacó que las comisiones auxiliares,
expresamente, habían decidido negar la solicitud para realizar dicho escrutinio,
aspecto que fue apelado ante los delegados del CNE. De esta forma, indicó, era
imprescindible valorar si dicha omisión había estado justificada o no, máxime
cuando de la realización o no del escrutinio dependía directamente si se incluían o
excluían los votos válidamente custodiados.
153. Argumentó que, según el artículo 144 del Código Electoral, existía un
procedimiento específico que los jurados y autoridades electorales debían seguir
después de la votación, lo cual no ocurrió por una decisión del registrador municipal
basada en una percepción equivocada sobre la ausencia de jurados, lo cual generó
la no realización del escrutinio.
154. En tal sentido, manifestó que, en cualquier caso, ninguna de esas
circunstancias implicaba una ruptura real de la cadena de custodia, aunque sí
evidenció una alteración del procedimiento electoral, el cual las comisiones
escrutadoras tenían la obligación legal de subsanar.
155. Finalmente, sostuvo que la omisión en el escrutinio no podía constituir una
justificación para declarar rota la cadena de custodia, sino que, por el contrario, era
la causa real de la ilegalidad en la resolución del Consejo Nacional Electoral,
generando la exclusión ilegítima de votos válidos y afectando directamente el
resultado de la elección popular.
156. Expuso, puntualmente, que era pertinente mirar por separado la razón de la
omisión del escrutinio de mesas en las instituciones educativas Calixto Maestre y
María Inmaculada, debido a que cada una presentó circunstancias diferentes.
157. En relación con la IE Calixto Maestre, manifestó que el registrador municipal
afirmó haber intentado restablecer el funcionamiento normal de las mesas, pero
encontró que había menos de dos jurados por cada mesa, situación que lo llevó a
recoger las urnas y ponerlas a disposición de la comisión escrutadora; sin embargo,
el accionante destacó que esta decisión contenía errores importantes, como una
mala apreciación respecto al número real de jurados presentes.
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158. Indicó que fue una omisión en el ejercicio de sus funciones, dado que el
registrador no solicitó el ingreso o reemplazo de jurados adicionales, tal como lo
hizo en el puesto de votación IE Roig y Villalba, por lo que esta situación resultó
especialmente problemática dado que existía un número suficiente de jurados (al
menos 20 jurados presentes firmaron el Acta 34), quienes hubieran permitido
perfectamente restablecer el escrutinio de al menos diez mesas protegidas.
159. Respecto al puesto IE María Inmaculada, señaló que el registrador manifestó,
en declaración jurada, que cuando llegó al lugar inicialmente no encontró jurados ni
testigos electorales, además que los pliegos electorales estaban dispersos en
diferentes partes del recinto, motivo por el cual decidió trasladarse a la comisión
escrutadora para organizar el proceso de escrutinio y, posteriormente, regresó al
lugar con otras autoridades a recoger el material.
160. En tal sentido, resaltó que los pliegos y las urnas fueron trasladados a las
comisiones escrutadoras donde se dejaron a disposición de los claveros y
comisiones respectivas, aclarando así que el material no sufrió daño ni abandono
real, sino una desorganización derivada de la evacuación anticipada por el temor
ocasionado con ocasión de las situaciones de orden público presentadas.
161. Finalmente, concluyó que en ambos casos la omisión del escrutinio fue el
resultado de decisiones inapropiadas y errores en la evaluación del registrador
municipal y no de una supuesta ruptura efectiva en la cadena de custodia del
material electoral.
162. A su vez, consideró «paradójico que se encuentre competencia de los
Delegados del Consejo Nacional Electoral para ordenar repetir la votación y corregir
los errores, y no para ordenar hacer el escrutinio de las mesas con un material
electoral que conservó su integridad», pues el mismo tribunal en el numeral 22.2 de
la providencia precisó la competencia del CNE para resolver los desacuerdos y
llenar vacíos u omisiones, tal y como lo disponen los artículos 265.6 de la
Constitución Política y 1 del Código Electoral.
163. Concluyó que las Comisiones Auxiliares debieron suplir la omisión justificada
de los jurados y, en caso de que omitieran hacerlo, debió realizarlo la comisión
municipal y, en su defecto, la departamental.
164. Por lo tanto, la omisión del escrutinio de mesa, contrario a ser la razón que
justifique la ruptura de la cadena de custodia, tal y como fue planteado en la
Resolución 07 de 10 de noviembre de 2023, expedida por los delegados del CNE,
es la causa de su ilegalidad, pues dicho acto administrativo «arrasó con el resultado
legítimo».
165. Así las cosas, para el accionante, los delegados del CNE no podían valorar
si se declaraba o no la elección, sin antes incluir los resultados de las mesas de la
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IE María Inmaculada y las no vandalizadas de la IE Calixto Maestre, que contenían
la expresión válida de la voluntad de los electores.
166. Afirmó que mediante la Resolución 328 del 1 de noviembre de 2023, la
Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 1 declaró fundadas las reclamaciones
presentadas sobre las mesas 1 a 16 del puesto IE María Inmaculada, excluyendo
así del cómputo de votos a dichas mesas, negando también la solicitud de realizar
el escrutinio respectivo. Determinación similar adoptó la Comisión Escrutadora
Auxiliar Zonal 2, mediante la Resolución 130 del 2 de noviembre de 2023, con
respecto a todas las mesas de la IE Calixto Maestre.
167. Informó que estas decisiones fueron apeladas y pasaron a conocimiento de
la Comisión Escrutadora Municipal de Fonseca, que a través de la Resolución 4 del
3 de noviembre de 2023 manifestó desacuerdo sobre cómo resolver los recursos
provenientes de las comisiones auxiliares, por lo que remitió el caso a la comisión
departamental (Delegados del Consejo Nacional Electoral) para dirimir, únicamente,
este desacuerdo relacionado específicamente con dichas causales del artículo 192.
168. Destacó también que, en las Resoluciones 1 y 3 del 3 de noviembre de 2023,
la comisión escrutadora municipal rechazó otras reclamaciones que pretendían
«abstenerse» de declarar la elección por supuesta violencia o destrucción del
material electoral aclarando, expresamente, que tales causales no eran
competencia de las comisiones escrutadoras sino de la jurisdicción electoral, razón
por la cual esas reclamaciones no fueron conocidas por la comisión departamental
169. El apelante cuestionó específicamente que la comisión departamental
(delegados del Consejo Nacional Electoral), mediante la Resolución 7 del 10 de
noviembre de 2023, excedió su competencia y violó el principio de preclusividad
electoral al decidir sobre un tema diferente (la ruptura de la cadena de custodia),
cuando debía limitarse exclusivamente a resolver el desacuerdo planteado en torno
a la aplicación de las causales 3 y 4 del artículo 192.
170. Según el apelante, esto constituyó grave extralimitación competencial, pues
la ruptura de la cadena de custodia no formaba parte de la controversia inicial
elevada ante dicha comisión.
171. Por otra parte, con relación a la causal 3 del artículo en cita, aclaró que solo
opera cuando existe un acta de escrutinio debidamente diligenciada, pero sin firmas
suficientes. Precisó que, en este caso, no hubo acta diligenciada porque el
escrutinio en mesa no se realizó, dado que se interrumpió por los hechos ocurridos.
Por lo tanto, argumentó que tampoco procedía esta causal para justificar la
exclusión del material electoral conservado.
172. Finalmente, sostuvo que, con base en todas las pruebas aportadas al
proceso, las causales 3 y 4 del artículo 192 del Código Electoral no estaban
configuradas, pues los votos ni estaban perdidos o destruidos (causal 4), ni
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existieron actas de escrutinio diligenciadas con firmas insuficientes (causal 3), por
lo que resultaba imperativo ordenar el escrutinio del material electoral protegido e
íntegro y no su exclusión, como indebidamente se realizó por parte de las
comisiones escrutadoras mencionadas.
173. Precisó que el artículo 288 numeral 1 del CPACA establece la repetición total
de una votación únicamente cuando se ejerce violencia sobre nominadores,
electores o autoridades electorales, siempre que se afecte a más del veinticinco (25)
por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Sin embargo, señaló
que esta disposición fue indebidamente aplicada por el tribunal, ya que fundamentó
su aplicación en una supuesta ruptura de la cadena de custodia del material
electoral, que no encuadra en la causal específica de violencia mencionada en el
artículo 275 numeral 1 del CPACA.
174. En este orden, afirmó que el tribunal adoptó directamente la consecuencia
establecida en el numeral 1 del artículo 288 sin verificar previamente la existencia
real y específica de la causal de violencia contemplada en el artículo 275-1 ibidem.
175. Asimismo, expuso que en la Resolución 07 expedida por los delegados del
CNE tampoco se analizó ni encuadró adecuadamente la situación dentro de los
elementos específicos que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige para
configurar la causal de nulidad por violencia.48 Estos elementos, según los
precedentes del órgano de cierre de lo contencioso administrativo, implican
acreditar un hecho violento (objetivo), la vulneración efectiva de la voluntad del
afectado (subjetivo), y finalmente, la modificación concreta y demostrable del
resultado electoral (consecuencial). No obstante, señaló expresamente que este
análisis fue completamente omitido por las autoridades electorales.
8.2. De Diana Patricia Quintero Echávez (demandante)
176. Afirmó que el tribunal consideró que el artículo 129 del Código Electoral no
era aplicable a la repetición de los comicios del 17 de diciembre de 2023 en
Fonseca, La Guajira, argumentando que la repetición de la votación no fue
consecuencia de una nulidad electoral decretada judicialmente, sino de una
suspensión temporal de la jornada hasta que se restablecieran las condiciones de
orden público.
177. Sin embargo, la recurrente señala que la suspensión del proceso electoral no
puede justificar la modificación del censo electoral, ya que la votación del 17 de
diciembre de 2023 no era una nueva elección, sino la continuación del ya iniciado
el 29 de octubre de 2023, con los mismos candidatos, sin una nueva etapa de
inscripción ni campaña.
48 Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Sección Quinta: de 28 de septiembre de 2023,
expediente: 11001-03-28-000-2022-00081- 00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; de 9 de mayo de
2019, expediente: 11001-03-28-000-2018-00035-00 (acumulado), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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178. Al respecto, resaltó que el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011 establece que
cualquier depuración del censo electoral debe realizarse con al menos dos meses
de anticipación a la jornada electoral, y, pese a ello, la RNEC aplicó
extemporáneamente las Resoluciones 5483 del 26 de julio de 2023 y 9293 del 8 de
septiembre de 2023, al eliminar inscripciones de cédulas de sufragantes de manera
tardía y afectando la lista de votantes que debió mantenerse inalterada.
179. En este sentido, la recurrente argumenta que la modificación del censo alteró
las condiciones de igualdad en la contienda, ya que, además de que cuatro de los
seis candidatos iniciales renunciaron, se produjo una modificación arbitraria del
electorado, excluyendo votantes que habían participado en la jornada del 29 de
octubre y permitiendo que nuevos sufragantes ejercieran el derecho al voto en
diciembre, lo cual, vulneró el principio de estabilidad del proceso electoral.49
180. Resaltó que la Resolución 007 de 10 de noviembre de 2023 de la comisión
escrutadora departamental ordenó la suspensión del proceso electoral, pero no
ordenó modificaciones en el censo electoral, ya que la repetición de los comicios no
constituyó una nueva elección, sino la continuación de un proceso suspendido. No
obstante, la RNEC alteró la composición del electorado sin fundamento legal,
afectando la igualdad en la contienda electoral, más aún cuando cuatro de los seis
candidatos originales renunciaron a la elección repetida.
181. Luego, indicó que si un participante de los inscritos a la alcaldía de Fonseca
(La Guajira), para las elecciones del 29 de octubre de 2023, optaba por renunciar a
su candidatura, debía realizarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de cierre de inscripciones, la cual, para el caso concreto había fenecido el 4
de agosto de 2023.
182. En tal sentido, afirmó que ante el actuar permisivo de la RNEC frente a la
renuncia de los candidatos Jazen Alberto Suárez por el partido Gente en
Movimiento, Orangel Romero Ortega por el partido Liberal Colombiano, Benedicto
de Jesús González Montenegro por el partido Colombia Humana y Manuel Torres
Blanchar por el partido Demócrata Colombiano, se vulneraron las condiciones
mínimas para el desarrollo del debate electoral en Fonseca (La Guajira), pues lo
procedente era la votación con los mismos candidatos de 29 de octubre de 2023.
183. Al respecto, trajo a colación un precedente del Consejo de Estado50 en el que
se indicó que las renuncias de candidatos por fuera de los términos contemplados
en la ley son extemporáneas y que los votos depositados por los candidatos que
49 Al respecto, allegó: i) el registro de las cédulas de ciudadanía que no estaban registradas en los
formularios E-10 del 29 de octubre de 2023 y sí en los correspondientes formularios del 17 de
diciembre de 2023; ii) el registro de las cédulas suprimidas del censo electoral, es decir, registros en
los E10 del 29 de octubre pero que verificados los E10 del 17 diciembre, no registran en dichos
formularios.
50 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente 11001-03-28
000- 2014-00110-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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incurran en esa conducta son inválidos, «en otras palabras, debe entenderse que,
los votos son válidos porque la candidatura es válida, valga la redundancia, muy a
pesar de la renuncia».
184. Por lo tanto, a su juicio, «toda renuncia extemporánea presentada por un
candidato a cargo uninominal o plurinominal no producen ningún efecto frente a los
electores, los votos son válidos y su contabilización es obligatoria para los jurados
y las comisiones escrutadoras».
8.3. De José Manuel Abuchaibe Escolar (Demandante)
185. Manifestó su inconformidad frente a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, para lo cual señaló que esta presenta graves
incoherencias jurídicas y argumentativas.
186. Destacó que en los formularios E-24 ALC y E-26 ALC expedidos por la
comisión escrutadora departamental, el 10 de noviembre de 2023, se consignó
indebidamente un total de cero (0) votos en todas las mesas electorales de Fonseca
(La Guajira), pese a que previamente la comisión escrutadora municipal había
consolidado válidamente un total general de 12.343 votos escrutados.
187. Manifestó que la comisión escrutadora departamental vulneró flagrantemente
el principio de preclusión electoral, según el cual, los resultados consolidados en
etapas anteriores del proceso electoral no pueden ser modificados posteriormente
si no existen reclamaciones o apelaciones debidamente formuladas en tiempo.
188. En tal sentido, expuso que dicha alteración se hizo sin fundamento jurídico ni
probatorio alguno, además de no existir reclamaciones pendientes ni desacuerdos
específicos sobre la totalidad de estos votos, lo que, a su juicio, generó una clara
manipulación de los resultados electorales con el propósito ilegítimo de sustentar la
convocatoria a nuevas elecciones.
189. Planteó que hubo una interpretación errónea del precedente jurisprudencial
invocado por el tribunal51, el cual presentó como un caso con supuestos fácticos
similares a los de Fonseca, cuando en realidad, según sostiene el recurrente, los
hechos fueron radicalmente distintos. En efecto, aquella sentencia se refirió
específicamente a una situación donde grupos armados ilegales impidieron de
manera generalizada y efectiva el derecho al voto, algo que no ocurrió en Fonseca.
190. Subrayó que, la Resolución 07 de 10 de noviembre de 2023, expedida por la
comisión escrutadora departamental, se fundamentó en la aplicación del artículo
288 del CPACA, sin que se refiriera en ningún momento a normas de carácter
51 El actor señaló que se trataba de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, 16 de
marzo de 2006, que negó las pretensiones de un proceso de nulidad electoral en el que se demandó
la legalidad del acto administrativo por el cual el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de declarar
la elección de gobernador en el departamento del Vaupés.
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constitucional. Sin embargo, adujo que el tribunal guardó silencio en este aspecto,
el cual fue el soporte de la demanda formulada y que «acomoda caprichosamente
una justificación en aplicación de la constitución».
191. Expuso que resulta incoherente la indebida interpretación y aplicación del
numeral 1 del artículo 288 del CPACA por parte de la comisión escrutadora
departamental y, posteriormente, por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Indicó
que este artículo establece claramente las consecuencias jurídicas que se derivan
de una sentencia judicial que declara la nulidad del acto electoral, para lo cual,
señala específicamente que solo el juez de lo contencioso administrativo puede
ordenar la repetición total o parcial de elecciones en casos de violencia que afecten
más del 25 % del censo electoral.
192. Así las cosas, la comisión no tenía facultad jurídica para aplicar
autónomamente dicho artículo y ordenar la repetición de la jornada electoral, por lo
que este hecho constituye una extralimitación y una aplicación ilegal del
ordenamiento jurídico colombiano.
193. Argumentó que la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira actuó
sin competencia para tomar la decisión contenida en la Resolución No. 007 del 10
de noviembre de 2023, pues ordenó la repetición de la elección para la Alcaldía y el
Concejo del municipio de Fonseca, invocando indebidamente el numeral 1 del
artículo 288 del CPACA, norma que expresamente reserva esa facultad
exclusivamente al juez de lo contencioso administrativo mediante una sentencia
judicial.
194. A su vez, expuso que en la IE María Inmaculada se presentaron 28
apelaciones, 86 en el IE Calixto Maestre y 4 del «CONEJO» y «el desacuerdo se
concretaba a esas mesas solamente, por lo que la comisión escrutadora
departamental solo tenía competencia para resolver lo referente a esas apelaciones
y desacuerdo presentado. Ese es el debido proceso».
195. En consecuencia, consideró que la comisión escrutadora departamental
actuó sin tener competencia, de forma arbitraria y con desviación de poder, en
contra del interés general y la voluntad del electorado al interpretar el numeral 1 del
artículo 288 del CPACA.
196. Por otra parte, señaló que existió una evidente falsedad en los Formularios
E-24 ALC y E-26 ALC expedidos por la comisión escrutadora departamental, del 10
de noviembre de 2023, dado que en ellos, se consignó cero (0) votos en todas las
mesas electorales del municipio de Fonseca, pese a que previamente la comisión
escrutadora municipal había consolidado válidamente un total general de 12.343
votos escrutados.
197. Expuso que la Comisión Departamental consideró en la Resolución 007 de
10 de noviembre de 2023, que el 41.84 % del material electoral estaba sin escrutar,
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del cual un 15.30 % fue destruido y un 26.54 % abandonado y luego recuperado por
las autoridades, por tanto, dado que los actos de violencia acontecidos afectaron el
derecho al voto en más del 25 % de los ciudadanos inscritos en el censo de la
circunscripción electoral, ordenó repetir la votación y se abstuvo de declarar la
elección de la alcaldía y el concejo municipal.
198. Sin embargo, adujo que el ejercicio de violencia no hace nula la elección por
sí sola, sino que se requiere demostrar que estaba dirigida a alterar el resultado
electoral; por tanto, los hechos constitutivos de violencia atribuidos por el tribunal, a
saber, el rompimiento de la cadena de custodia de los documentos electorales por
haber sido transportados de forma diferente evidencia la confusión presentada tanto
en las elecciones de 29 de octubre de 2023 como en la sentencia.
199. En tal sentido, resaltó que esta alteración se hizo sin fundamento jurídico ni
probatorio alguno, además de no existir reclamaciones pendientes ni desacuerdos
específicos sobre la totalidad de estos votos, generando así una clara manipulación
de los resultados electorales con el propósito ilegítimo de sustentar la convocatoria
a nuevas elecciones.
9. Trámite en segunda instancia
200. El 7 de marzo de 202552, se admitieron los recursos interpuestos por los
demandantes José Manuel Abuchaibe Escolar, Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana
Patricia Quintero Echávez. A su vez, se ordenó dejar el expediente a disposición de
las partes, para presentar alegatos de conclusión, y del Ministerio Público para emitir
concepto.
9.1. Alegatos de conclusión en segunda instancia
201. José Manuel Abuchaibe Escolar53 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación impetrado contra la sentencia de primera instancia de 6 de
febrero de 2025 y señaló que la decisión del tribunal debe ser revocada, toda vez
que se acreditaron todas las irregularidades formuladas en la demanda.
202. Por otra parte, el Partido ASI, a través de su apoderado judicial, planteó en
esencia los mismos argumentos expuestos en el curso del proceso; sin embargo,
sostuvo que, el tribunal acertó en el alcance que le dio a la cadena de custodia de
los documentos electorales y su consecuente ruptura.
203. Indicó que el argumento de apelación, relativo a que la comisión escrutadora
departamental consideró la ruptura de la cadena de custodia en la ausencia de
escrutinio y no en los desmanes ocurridos en los centros de votación, ignora que
dichos sucesos están ligados inescindiblemente, en una relación de causa y efecto;
52 Índice 6 Samai.
53 Índice 15 Samai. A quien se le reconocerá personería en esta misma providencia.
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pues, los hechos violentos llevaron a la destrucción y abandono del material
electoral y, posteriormente, su consecuente pérdida de la cadena de custodia.
204. En tal sentido, afirmó que «la secuencia lógica ilustra que por la violencia
física y síquica ocurrida hubo cabal fractura de la guarda y conservación del material
documental electoral».
205. Expuso, que la parte recurrente, frente al reproche de apelación con relación
a la errada valoración de la Resolución 007 de 2023, limitó el vicio de nulidad al
hecho de que los formularios E-14 no fueron firmados por los jurados de votación,
con lo que depreca su inexistencia; sin embargo, omitió señalar que dicha anomalía
tuvo lugar en un 41 % del total del potencial de electores aptos para sufragar el 29
de octubre de 2023, lo cual «alteró la voluntad de los electores y motivó la repetición
de las votaciones», con la única intención de que se declare ganador a un
participante con un proceso eleccionario gravemente afectado por hechos violentos.
206. Así pues, consideró un acierto la aplicación del artículo 265, numeral 4 de la
Constitución Política, por parte del a quo, pues el fin último que persigue la
intervención del CNE es que «se garantice la verdad de los resultados”. Verdad que,
en este caso, se vio frustrada, cuando el 41 % de los potenciales electores no fueron
incluidos en el escrutinio».
207. Sostiene que ni el alcalde municipal ni el registrador municipal tienen
asignada la función de custodia y resguardo de documentos electorales,
responsabilidad que corresponde exclusivamente a los jurados de votación y a los
delegados de la registraduría, circunstancia que, a su juicio, confirma la ruptura de
la cadena de custodia de los documentos electorales.
208. Por otro lado, mencionó que el extremo apelante denuncia falsedad en los
datos consignados en el formulario E-26 del 10 de noviembre de 2023, emitido por
la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, debido a que allí se registró
erróneamente cero votos para todos los candidatos. Al respecto, destacó que dicho
formulario no fue objeto de impugnación en la demanda inicial interpuesta por
Enrique Luis Fonseca Pitre, razón por la cual estima que no debe ser considerada
en la sentencia de segunda instancia.
209. Finalmente, refirió que Enrique Luis Fonseca Pitre realizó una exhibición
parcial de documentos electorales en la Registraduría Municipal de Fonseca,
buscando que el Tribunal Administrativo de La Guajira, al retroceder etapas ya
superadas del proceso electoral, realice un nuevo escrutinio de mesas y,
consecuentemente, lo declare vencedor en las elecciones para la alcaldía
municipal, solicitud que encuentra como improcedente.
210. Apoyó el argumento del a quo, según el cual la competencia amplia y
suficiente de los delegados del CNE para analizar y decidir sobre el proceso
electoral para la elección del alcalde del municipio de Fonseca (La Guajira), en
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2023, deriva del numeral 4º del artículo 265 de la Constitución Política, cuyo
mandato es garantizar siempre la veracidad de los resultados electorales, aspecto
que no se cumplió en el caso particular estudiado. En consecuencia, la actuación
de estos funcionarios está plenamente respaldada en el marco jurídico colombiano.
211. Enrique Luis Fonseca Pitre, a través de su apoderado judicial54, expuso en
sus alegatos de conclusión los mismos argumentos planteados a lo largo de la
presente controversia, pues, a su juicio, la Resolución 07 de 10 de noviembre de
2023, mediante la cual los delegados del CNE en La Guajira se abstuvieron de
declarar la elección del alcalde de Fonseca y convocaron a nueva elección, incurrió
en desconocimiento de las normas en que debía fundarse, falsa motivación y
falsedad de los registros electorales.
212. Diana Patricia Quintero Echávez planteó nuevamente todos los reproches
expuestos durante el curso del proceso, por lo que, a su juicio, existió una variación
injustificada del censo electoral y renuncia de candidatos fuera del periodo para
hacerlo, por lo que el acto de elección del demandado contenido en el acta de
escrutinio E-26 ALC de 19 de diciembre de 2023, está viciado por vulneración de
las normas en que debía fundarse.
213. Micher Pérez Fuentes (demandado), mediante apoderado judicial afirmó
que, los actos administrativos proferidos por las comisiones escrutadoras y los
delegados del CNE se fundamentaron en las pruebas que acreditaron la existencia
de los actos de violencia física y psíquica contra las autoridades electorales, la
destrucción del material electoral y las urnas de votación, lo que impidió que la
jornada electoral del 29 de octubre de 2023 culminara a las 4 de la tarde.
214. Adujo que, las causales de reclamación electoral contenidas en el artículo
192 del Decreto 2241 de 1986 pueden estar relacionadas con hechos de violencia,
tal y como lo describen los numerales 3, 4, 7 y 8, sobre los cuales se estructuró la
Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023, al decidir no incluir en el escrutinio
un porcentaje superior al 41 % de las mesas afectadas por violencia, todo, acorde
con los medios de convicción allegados al plenario.
215. Indicó que, de conformidad con los artículos 265 de la Constitución Política
y 192 del Código Electoral, el CNE y sus delegados, tienen competencia para
apreciar cuestiones de hecho y de derecho al momento de resolver las
reclamaciones.
216. Relató que los delegados del CNE, cuando advirtieron que los disturbios
afectaron en más del 25 % del censo electoral y, que, para el caso en concreto
corresponde a un porcentaje superior al 41 %, decidieron no registrar la votación
minoritaria, por cuanto de hacerlo, el acto administrativo resultaría ilegal, conforme
a los artículos 275 numeral 1 y 288 del CPACA.
54 Humberto Antonio Sierra Porto.
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217. Por otra parte, frente a las censuras planteadas por el recurrente dentro del
expediente 2024-00048-00, comentó que pretenden el incumplimiento de la
obligación de depurar el censo electoral y no permitir la ejecutoria de la Resolución
9223 del 8 de septiembre de 2023.
218. Expuso que el mencionado documento requiere de una constante
actualización con motivo de las personas fallecidas, declaradas desaparecidas,
inscritas en otro censo, por trashumancia, entre otras circunstancias. Por lo cual,
para el caso concreto, mediante dicha resolución se excluyeron 537 cédulas de
ciudadanía que no se logró dar de baja por falta de tiempo para las elecciones del
29 de octubre de 2023, pero que, sí fueron excluidas en las del 17 de diciembre del
mismo año.
219. Aseguró que no se logró demostrar que los titulares de dichas cédulas de
ciudadanía, consideradas como agregadas al censo electoral del 17 de diciembre
de 2023, hubieran votado y que, de haberlo hecho, ello corresponde a lo dinámico
del censo electoral.
220. Se refirió al reproche relacionado con la renuncia extemporánea de
candidatos para ilustrar que, tal planteamiento se fundamentó en el calendario
expedido para los comicios del 29 de octubre de 2023, pero que, sin embargo,
existió una nueva convocatoria con plazos distintos para quienes pretendieran
participar en las justas electorales del 17 de diciembre de dicho año.
221. Agregó que, se está frente al ejercicio de la autonomía de la voluntad de
quienes decidieron participar en el primer debate y optaron por no hacerlo para el
segundo, circunstancia que, considera, no deviene en beneficio ni perjuicio para
quienes permanecieron en la contienda electoral.
9.2. Concepto del Ministerio Público
222. La procuradora segunda delegada55 ante el Consejo de Estado solicitó que
se confirme la decisión impugnada, al encontrar que contiene el análisis de los
elementos de juicio incorporados al proceso y la conclusión a la que se arribó está
cimentada en los fundamentos fácticos y jurídicos, que no fueron desvirtuados con
los argumentos expuestos en los recursos de apelación.
223. Señaló que, de conformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, en los puestos de votación IE María Inmaculada y Calixto Maestre y en el
corregimiento de Conejo, el material electoral no tuvo el protocolo para ser
trasladado al lugar donde se encontraba el arca triclave y la custodia por parte de
los claveros, configurándose el rompimiento de la cadena de custodia y que,
además, dicha documentación no contenía las firmas de los jurados de votación
55 Designada mediante agencia especial No. 003 de 13 de marzo de 2025 del Ministerio Público.
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quienes abandonaron el lugar como consecuencia de las amenazas por parte de
los manifestantes.
224. Afirmó que, en algunos casos, dicho material se entregó al registrador, no
obstante, en otros eventos no se hizo de manera real y efectiva, como tampoco se
depositó en las comisiones escrutadoras ni se custodió en las arcas triclave,
circunstancias advertidas desde el mismo momento de los hechos por las delegadas
de puesto. Las mismas que afectaron la cadena de custodia y, en parte, propició la
presentación de reclamaciones y solicitudes de exclusión de las mesas afectadas.
225. Indicó que, de acuerdo con la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023,
un 41.84 % del material sin escrutar, el 15.30 % fue destruido y el 26% abandonado,
representando un porcentaje importante de documentación sin cadena de custodia,
que no debe ser tenido como veraz como tampoco que se predique sobre él, un
proceso correcto de recaudo.
226. Destacó que la decisión de la comisión escrutadora departamental de
registrar cero votos como resultado final, no constituye irregularidad, en tanto
obedeció a que no contaba con la totalidad del material electoral debido a los hechos
que alteraron el orden público.
227. Así mismo, expuso que, tal decisión garantizaba la transparencia del evento
democrático y el derecho de elegir y ser elegido, por tanto, el formulario E-26 del 10
de noviembre de 2023, no adolece de falsedad.
228. Expresó que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo
265 de la Constitución Política, el CNE estaba facultado para «abstenerse» de
declarar la elección toda vez que los actos vandálicos impidieron reflejar la voluntad
popular en las urnas.
229. En ese mismo derrotero, adujo que, igualmente, no actuó con extralimitación
de funciones, en cuanto al reproche consistente en considerar que tal decisión le
correspondía al juez electoral, toda vez que dicha autoridad judicial no realiza
control de legalidad sobre actos inexistentes y, en este caso, no se había declarado
la elección.
230. Aseguró que la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 fue expedida
con la debida motivación, por la autoridad competente, con observancia de las
normas en que debería fundarse y que, ante la ausencia de firmas en los E-14, E-
17, E-19 y E-20, la votación contenida en dichos formularios debía ser excluida,
como efectivamente ocurrió.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
231. De conformidad con los artículos 15056, 152 numeral 7.a57 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado58,
esta corporación es competente en segunda instancia de la apelación interpuesta
contra la sentencia del 6 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo de La
Guajira.
232. Asimismo, es la Sección Quinta, la que debe conocer del presente asunto,
porque se demandó el acto de elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de
Fonseca (La Guajira), periodo 2024-2027.
2. Cuestión previa
233. Antes de abordar el caso concreto, la Sala advierte que, el 22 de septiembre
de 2025, el demandado, a través de su apoderado, solicitó a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sentar jurisprudencia por
«ausencia» de precedente judicial y por importancia jurídica59.
234. Como sustento de lo anterior, el accionado manifestó que no existe
antecedente judicial que permita definir el debate suscitado en el presente caso, lo
que derivó en las posturas divergentes al interior de la Sección Quinta y la
participación de conjueces para decidir el asunto.
56 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”.
57«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original).
58 Artículo 13. Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
59 El 11 de junio de 2025 (índice 31, Samai), el demandante, José Manuel Abuchaibe Escolar también
solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profiera sentencia
en el presente asunto, debido a su importancia jurídica, social y económica. No obstante, en escrito
del 22 de julio del mismo año (índice 71, Samai), desistió de su petición.
Asimismo, mediante memorial del 23 de septiembre de 2025, el actor se opuso a la solicitud de
unificación jurisprudencial presentada por el demandado, por considerarla extemporánea.
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235. De entrada, se advierte que esta sección es la competente para conocer de
las solicitudes para unificar y sentar jurisprudencia, de conformidad con el artículo
271 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que «las secciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos
de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los
magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso», por tratarse de
un proceso que cursa en segunda instancia. De lo cual también da cuenta el
numeral 2. °60 del artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado61.
236. Dicho esto, resulta relevante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo62, en concordancia con el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, ha
establecido que, previo a definir si se avoca conocimiento del asunto, deben
cumplirse los siguientes tres presupuestos, para que proceda la solicitud:
i. Subjetivo: La solicitud puede ser presentada por las partes, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado y
del tribunal administrativo, y el Ministerio Público.
ii. Temporal: Cuando la petición proceda de una parte o de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, la misma se podrá efectuar hasta antes de que se
registre ponencia de fallo y, el Consejo de Estado definirá si asume el conocimiento
de aquellos asuntos que se encuentren pendientes de fallo o decisión interlocutoria.
iii. Objetivo: La norma exige que la solicitud contenga «razones», es decir, una carga
argumentativa que lleve a la convicción de que el asunto, cumple con alguna de las
siguientes cualidades, importancia jurídica, trascendencia económica y social,
necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver
divergencias en su interpretación y aplicación.
237. Así las cosas, el artículo 271 del CPACA prevé que «la petición deberá
formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo», lo cual no se cumple
en el asunto de la referencia, dado que la solicitud se presentó el 22 de septiembre
de 2025, y, en este caso, el proyecto de sentencia fue registrado63 para la Sala del
24 de abril de 2025, en la que fue discutido, es decir, meses antes de que se radicara
la solicitud unificatoria. En consecuencia, será rechazada de plano, comoquiera que
no cumple con uno de los requisitos exigidos para su procedencia, esto es, el
temporal.
238. Sin perjuicio de lo anterior, para esta Sala, es relevante poner de presente
que el escrito del demandado tampoco satisface el elemento objetivo antes
60 «2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos
que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. Las Secciones podrán
asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión
de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos.
61 Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024».
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 8 de abril de 2025.
Radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00105-00. MP. Gloria María Gómez Montoya. Reiterado en
Auto del 5 de agosto de 2025. Radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00141-00 (acum). MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
63 Como se advierte del Aviso de Sala del 24 de abril de 2025 de la Sección Quinta.
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Demandado: Micher Pérez Fuentes, alcalde de
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mencionado, en tanto, no se advierte que la solicitud contenga la carga
argumentativa dirigida a exponer las razones que justifiquen la importancia jurídica64
o la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia65, pues se limita a poner de
presente circunstancias referidas a la discusión del proyecto de fallo de segunda
instancia y sobre la conformación de la Sala de Decisión para definir la controversia,
aspectos que no dan cuenta ni acreditan la importancia jurídica de la materia y
mucho menos la necesidad de sentar jurisprudencia.
239. Así las cosas, se rechazará de plano la solicitud de la parte accionada.
3. Acto demandado
240. Se demanda la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde
de Fonseca (La Guajira), periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ALC
del 19 de diciembre de 2023, por, presuntamente, incurrir en las causales de nulidad
de falta de competencia, desviación de poder, expedición irregular, falsa motivación
e infracción de las normas en las que debía fundarse, previstas en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011 y las contenidas en los numerales 3 y 7 del artículo 275 de
la misma codificación.66
4. Problema jurídico
241. Se debe establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión
que negó la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de
Fonseca (La Guajira), periodo 2024-2027, al no encontrar configuradas las
irregularidades alegadas, relacionadas con i) la competencia de la comisión
escrutadora departamental de La Guajira para no de declarar la elección del alcalde
y convocar a una nueva ii) el censo electoral empleado en la elección de alcalde de
64 Para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, un asunto tiene importancia jurídica cuando
impacta «significativamente en el «[…] mundo jurídico, en la medida en que es capaz de incidir en
él de forma transversal y determinante, bien sea porque toca bienes o instituciones materiales o
inmateriales que figuran dentro de la más elevada escala de protección estatal; demanda la
construcción de un parámetro de interpretación que resulta necesario para el orden normativo
mismo; propugna por un avance significativo en la tradición jurídica nacional o internacional; el
Constituyente o Legislador le han dado esa connotación; o porque el desarrollo jurisprudencial así lo
sugiere». Op. Cit. Auto del 5 de agosto de 2025.
65 La necesidad de sentar o unificar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver divergencias en
su interpretación y aplicación, de acuerdo con la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, refiere
a «aquellos eventos en los que se requiere que el Consejo de Estado, en su máxima instancia de
decisión y como órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dicte una decisión
sobre un punto de derecho determinado que es novedoso o del que existen divergencias, con el fin
de precisar el alcance y fijar, de manera unificada, la forma en la que el mismo ha de entenderse y
aplicarse por todos los operadores jurídicos». Op. Cit. Auto del 5 de agosto de 2025.
66 Asimismo, se pide anular el formulario E-26 ALC del 10 de noviembre de 2023 de la Comisión
Escrutadora Departamental de La Guajira, mediante la cual se abstiene de declarar elección de
alcalde de Fonseca, el E-24 ALC66 de la misma fecha y la Resolución 00766 del 10 de noviembre de
202366, expedida por los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de La Guajira, que resolvió
desacuerdo planteado de los miembros de la comisión escrutadora municipal y pidió fijar fecha para
realizar nuevas elecciones para alcalde de Fonseca.
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Fonseca, realizada el 17 de diciembre de 2023 y iii) la supuesta renuncia
extemporánea de cuatro de los candidatos a alcalde de Fonseca.
242. Para resolver lo anterior, la Sala verificará si la elección incurrió en las
causales de nulidad falta de competencia, desviación de poder, expedición irregular,
falsa motivación e infracción de las normas en las que debía fundarse, establecidas
en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y las previstas en numerales 3° y 7° del
artículo 275 para lo cual se deberá definir, en primera medida, si:
i) El acto de elección estuvo viciado, comoquiera que la Comisión Escrutadora
Departamental de La Guajira no tenía competencia para «abstenerse» de
declarar la elección del alcalde de Fonseca, del 29 de octubre de 2023, ni
de ordenar repetir las votaciones y si se presentó falsedad en los formularios
E-24 y E-26 ALC, por consignar «0» como votación total.
ii) Para la repetición de la elección de alcaldía de Fonseca, periodo 2024-2027,
el 17 de diciembre de 2023, se debió usar la misma lista de ciudadanos para
votar, empleada el 29 de octubre de 2023.
iii) La renuncia de cuatro de los seis candidatos a la Alcaldía de Fonseca,
periodo 2024-2027, previo a la elección realizada el 17 de octubre de 2023,
fue extemporánea y no debió ser aceptada.
243. Dicho esto, se abordarán los siguientes temas: i) el procedimiento de
escrutinio en elecciones por voto popular, el debido proceso y las etapas del proceso
electoral ii) ruptura de la cadena de custodia y iii) caso concreto.
4.1. El procedimiento de escrutinio en elecciones por voto popular y el
debido proceso67
244. Las garantías del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, rigen tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y
electoral, como parámetro de control de legalidad de la actuación de las
autoridades, en armonía con los principios que rigen la función pública, enlistados
en el artículo 209 ejusdem, entre los cuales se destaca el de celeridad, en virtud del
cual, el diseño de cualquier procedimiento para la toma de decisiones por parte de
los servidores públicos debe estar estructurado a través de etapas, diferenciadas y
sucesivas, que han de agotarse dentro de plazos razonables, bajo el principio de
preclusividad, evitando dilaciones injustificadas y, a la vez, salvaguardando el
derecho de contradicción. Al respecto, esta sección ha explicado que:
[…] no comparte la idea de que pueda existir un procedimiento que no obstante tener
fijadas unas etapas o fases, quede librada a la voluntad de los interesados la
oportunidad en que decidan ejercer sus derechos o adelantar ciertos trámites, ya que
esa posibilidad además de desquiciar la estructura lógica y consecutiva de cada
procedimiento, conduciría a la incertidumbre sobre el momento en que culminaría la
67 Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021, rad. 11001-03-28-000-
2018-00106-00 (AC), MP, Luis Alberto Álvarez Parra.
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actuación, pues bastaría una petición formulada en una de las últimas fases para que
lo actuado se retrotrajera a fases iniciales68.
245. En este marco general, el CE y la Ley 1475 de 2011 regulan el procedimiento
de escrutinio que debe adelantarse para declarar una elección por voto popular,
señalando cada una de sus fases, las autoridades que las dirigen, los derechos y
deberes de quienes intervienen en ellas, el marco adjetivo y sustantivo de sus
actuaciones, las decisiones que se deben tomar y los recursos que proceden en su
contra, entre otros aspectos, que brindan seguridad jurídica para garantizar la
transparencia e igualdad entre los candidatos en la contienda electoral, así como la
soberanía popular expresada en el voto.
246. Es menester precisar que el procedimiento de escrutinio que adelantan las
distintas autoridades electorales se rige por los principios de preclusión, celeridad,
contradicción, doble instancia, consecutividad, publicidad y transparencia, entre
otros, en tanto que estas actúan como escrutadoras y, simultáneamente, como
superior jerárquico de las comisiones del nivel que le precede, siendo el CNE el
órgano de cierre como máxima autoridad de este procedimiento, cuya competencia
es desplegada por diversas vías, según se trate de una elección del orden nacional
o departamental69.
247. Ahora bien, dentro de las garantías del debido proceso, se destaca también
el derecho de defensa que la legislación electoral materializa en distintos
mecanismos de contradicción que proceden contra las decisiones que adoptan las
autoridades electorales en las fases o etapas del procedimiento de escrutinio, para
efectos de enmendar los errores en que ellas puedan incurrir y controlar la legalidad
de sus actuaciones, a fin de asegurar que los resultados de los comicios se
correspondan con la realidad, salvaguardando la eficacia del voto.
248. Así entonces, la legislación distingue entre las solicitudes de recuento de
votos, cuyas causales específicas se encuentran consagradas en el artículo 164 del
CE; las reclamaciones, que proceden bajo los supuestos establecidos en los
artículos 122 y 192 del CE ejusdem, y las solicitudes de saneamiento de nulidades
electorales, que corresponden a algunas de las hipótesis enlistadas en el artículo
275 del CPACA, mecanismos de contradicción que proceden dentro de la
oportunidad y ante la autoridad correspondiente70 y cuya resolución es susceptible
del recurso de apelación, excepto que el acto provenga del CNE, como órgano de
cierre del procedimiento de escrutinio.
249. En suma, el procedimiento escalonado y preclusivo de los escrutinios está
determinado por el debido proceso, que asegura diferentes oportunidades para
68 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, rad. 11001-03-28-
000-2014-00046-0, MP, Alberto Yepes Barreiro.
69 Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021, rad. 11001-03-28-
000-2018-00081-00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Numeral 2.5.3.
70 Artículos 122, 164 y 192 del CE.
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verificar y corregir los resultados, con base en situaciones expresamente previstas
en la ley y ante las autoridades que tienen establecida la respectiva competencia
• Etapas en el proceso electoral71
250. De acuerdo con la Sección Quinta72 el procedimiento electoral es reglado
y se compone de unas específicas etapas, así:
El procedimiento electoral está enmarcado dentro de etapas claramente
delimitadas en el tiempo y ante instancias previamente establecidas, con miras
a que las autoridades revisen los resultados de los escrutinios y a que se otorgue
estabilidad y certeza a las decisiones adoptadas por aquellas, lo que implica que cada
actuación debe agotarse en plazos perentorios.
251. En ese orden, la primera etapa es la preelectoral, en la que se llevan a
cabo los censos electorales, cedulación, inscripción de candidaturas, designación
de puestos y jurados de votación, de los testigos electorales, de las comisiones
escrutadoras y claveros, entre otras actuaciones.
252. De acuerdo con el Decreto Ley 2241 de 1986, la etapa electoral comienza
el día de las elecciones con la instalación de las mesas y la presencia de los jurados
de votación a las 7:30 am, luego se abren las urnas para verificar que se encuentren
vacías y dar inicio al proceso de votación, que comienza a las 8:00 am y culmina a
las 4:00 pm, con el cierre de las votaciones. Durante este periodo, los testigos
electorales vigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas, de
acuerdo con las causales del artículo 192, 122 y 164 del Código Electoral.
253. Culminado lo anterior, inicia la etapa postelectoral con los escrutinios de
los jurados de votación. De acuerdo con el artículo 142 del Código Electoral, «Los
resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán
constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del
acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del
jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno
para el arca triclave y otro para los Delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil».
254. Así las cosas, terminado el escrutinio, se leerán los resultados en voz alta
y «las personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil
escanearán las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser
publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas
71 Reiteración jurisprudencia. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de mayo de 2023.
Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00108-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
72 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 6 de junio de 2019. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2018-00060-00. MP: Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterado en sentencia de 4 de marzo
de 2021. Radicado núm. 27001-23-33-000-2019-00047-01. MP: Carlos Enrique Moreno Rubio.
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actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar
cámaras fotográficas o de video.»73
255. Una vez finaliza el proceso de votación, el mismo día, las comisiones
escrutadoras auxiliares, zonales y municipales iniciarán los escrutinios con base en
las actas E-14, diligenciadas por los jurados, «a medida que se vayan recibiendo
por parte de los claveros respectivos»74
256. Antes de iniciar con los escrutinios, el registrador75 leerá los documentos
introducidos al arca triclave y dejará constancia en el acta general de los sobres que
contengan anomalías, tachaduras, enmendaduras o borrones, caso en el cual se
procederá al recuento de votos; sin embargo, si estas irregularidades no se
advierten, el cómputo se hará con base en las actas de los jurados. Asimismo, en
el acta general se indicarán las actas recibidas de forma extemporánea.
257. Los candidatos, sus representantes y los testigos electorales acreditados
podrán solicitar a las comisiones escrutadoras verificar el recuento de los votos
emitidos en una determinada mesa. Una vez verificado por la comisión, no
procederá otro sobre la misma mesa.
258. Sobre las reclamaciones, el artículo 16676 del CE, establece que:
Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base
en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados
de votación, conforme al artículo 122 de este Código. Las apelaciones que se
formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como
los desacuerdos que se presenten entre los miembros de estas, serán resueltos por
las correspondientes comisiones distrital o municipal, las que también harán el
escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las
reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declararán la elección de
concejales y alcaldes y expedirán las respectivas credenciales.
Cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se
formulen en este escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros
de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las
credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes
resuelvan el caso y expidan tales credenciales.
259. En los escrutinios de las comisiones escrutadoras distritales y municipales
solo se aceptarán reclamaciones o apelaciones que se formulen por escrito, en el
mismo acto de escrutinio y que estén fundadas en las causales dispuestas por los
73 Art. 41 Código Electoral.
74 Ibidem.
75 Art. 163, Código Electoral «[…] cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para
verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato
y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de
votación.»
76 Modificado por el art. 12, Ley 62 de 1988.
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artículos 19277, 122 y 164 del CE. Las presentadas ante las comisiones auxiliares
también deberán ser escritas.
260. Los escrutinios generales, por su parte, se llevarán a cabo por los
delegados del Consejo Nacional Electoral e iniciarán a las 9:00 am del martes
siguiente a las elecciones de cada departamento. Respecto de los votos emitidos
para presidente de la República, dentro del territorio nacional y en el exterior, será
el Consejo Nacional Electoral quien realizará los escrutinios, de acuerdo con las
actas y registros válidos, practicados por sus delegados. Esta autoridad también
77 Artículo 192. El Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa competencia
para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten
durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales
legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos
electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen
con base en las siguientes causales:
1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley.
2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley, o de los señalados
por la autoridad con facultad legal para este fin.
3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén
firmados por menos de tres (3) de éstos. (Ahora, por menos de dos firmas)
4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de
escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían
votar en ella.
6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de
policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento,
inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.
7. Modificado por el art. 15, Ley 62 de 1988. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido
extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor
o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los
funcionarios encargados de recibir los pliegos.
8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la
respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral
competente.
9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando
los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestado el juramento correspondiente dentro
de los términos señalados por la ley para la inscripción o para la modificación, según el caso.
10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere
el artículo 151 de este Código.
11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al
sumar los votos consignados en ella.
12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca de
manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los nombres
o apellidos de uno o más candidatos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el
mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios
respectivos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones con base en las causales
11 y 12 de este artículo, en el mismo acto decretar n también su corrección correspondiente.
La exclusión de un principal no afecta a los suplentes si la causa fuere la carencia de alguna calidad
constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la exclusión de los
suplentes, o de algunos de éstos, no afecta al principal ni a los demás suplentes, según el caso.
Cuando se excluya al principal que encabezó una lista, por las causales señaladas en el inciso
anterior, se llamará a ocupar el cargo al primer suplente de la lista.
Si las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las reclamaciones, lo declararán así por
resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en estrados y contra ella el
peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de los escrutinios
y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo.
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conocerá de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones de sus
delegados. Asimismo, le compete desatar los desacuerdos que se presenten entre
sus delegados. En los anteriores casos, el CNE declarará la elección y expedirá las
credenciales.
261. Ahora bien, en los términos del artículo 189 del Código Electoral, el
Consejo Nacional Electoral78 podrá hacer la verificación de los escrutinios
realizados por sus delegados, cuando hayan existido errores aritméticos o los
resultados de las votaciones no coincidan o existan tachaduras.
262. En torno a las reclamaciones, previstas en el artículo 192 de la
mencionada codificación, se podrán presentar, por primera vez, en los escrutinios
de las comisiones escrutadoras, distritales, municipales, auxiliares o de los
delegados del CNE. Las resoluciones que resuelvan las reclamaciones interpuestas
ante estos últimos serán apelables y las resolverá el Consejo.
263. En esta fase, la postelectoral se prevé la oportunidad para interponer
reclamaciones, las cuales:
«[…] son situaciones de hecho que se presentan en la etapa post electoral -escrutinio,
y son la respuesta a las fallas que se pueden presentar en el procedimiento, tales
como, la desnivelación de la mesa, el error aritmético, la falta de firma de los
formularios, las tachaduras o enmendaduras, la recepción extemporánea de pliegos,
entre otros, que impiden dotar de total claridad lo acaecido en la mesa de votación.»79
«[…] el legislador reconoció que pueden existir fallas humanas que pueden
negativamente incidir en la consolidación de los resultados y por lo mismo, se
previeron mecanismos para solicitar revisiones durante los escrutinios, entre las que
se pueden plantear: i) el recuento de la votación con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 122, 163 y 166 del C.E., y ii) la invocación de las causales de reclamación
previstas en el artículo 192 ibidem, cuya (sic) características son la taxatividad y la
exclusión de la votación cuando se encuentren acreditadas, a excepción de la causal
número 11 concerniente a la existencia de error aritmético, que no contempla esta
medida de exclusión de la votación»80.
4.2. Ruptura de la cadena de custodia
264. Respecto del concepto de cadena de custodia esta Sala de lo Electoral lo
definió, en los siguientes términos:
78 Artículo 189. El Consejo Nacional Electoral podrá verificar los escrutinios hechos por sus
Delegados cuando hubiere comprobado la existencia de errores aritméticos o cuando los resultados
de las votaciones anotados en las actas de escrutinios no coincidan entre sí o existan tachaduras en
las mismas actas respecto de los nombres o apellidos de los candidatos o sobre el total de votos
emitidos a favor de éstos.
79 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Radicado núm. 05001-
23-33-000-2019-03249-01. M.P: Rocío Araújo Oñate.
80 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 15 de junio de 2017. Radicado: 11001-03-28-
000-2014-00080-00. M.P: Rocío Araújo Oñate. Reiterado en Sentencia de 12 de mayo de 2022.
Radicado núm. 05001-23-33-000-2019-03249-01.
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[…] se tiene que la cadena de custodia sobre los documentos electorales, es el
procedimiento que lleva a cabo la Organización Electoral para su conservación y
guarda, con varias etapas que deben iniciar desde la elaboración de los documentos
electorales, que continúa una vez termina la jornada electoral hasta la culminación de
los escrutinios generales, y se extiende, finalmente, a la etapa de conservación por
parte del CNE en el archivo de las Delegaciones Departamentales, entidad que
responde solidariamente junto con la RNEC, y que podrá incinerarlos, una vez
vencido el respectivo período del Congreso de la República conforme a los artículos
185 y 209 del Código Electoral.
265. Así las cosas, de entrada se advierte que la cadena de custodia puede
definirse como el procedimiento que se debe dejar demostrado cuando se busca
proteger evidencia o materiales probatorios; es decir, es el registro debidamente
realizado o si se quiere la constancia que debe dejarse de todo acto, entiéndase
«identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y
envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio», realizado
con la prueba que se quiere presentar o hacer valer»81.
266. En ese sentido, las medidas adoptadas con miras a la custodia de los
documentos electorales no constituyen un fin en sí mismas, sino que tienen sentido
en la medida en que con ellas se garantice la identidad de tales instrumentos desde
el momento de su elaboración y en aquellos en que debe asegurarse la
conservación de tal información y la fidelidad de su contenido.
5. Caso concreto
267. La Sala revocará la sentencia del 6 de febrero de 2025 del Tribunal
Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, declarará la nulidad de la elección del Micher Pérez Fuentes como alcalde de
Fonseca, para el periodo 2024-2027, para lo cual se analizarán los
cuestionamientos frente a lo decidido en primera instancia, en lo que se refiere a i)
la competencia de las autoridades electorales de no declarar la elección del 29 de
octubre de 2023 y ordenar su repetición; ii) la variación en la lista de sufragantes en
las jornadas de votación del 29 de octubre y 17 de diciembre de 2023 y iii) la
renuncia extemporánea de cuatro de los seis candidatos a la Alcaldía de Fonseca.
Frente a la decisión de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira
de «abstenerse» de declarar la elección del alcalde de Fonseca y ordenar su
repetición.
268. El tribunal concluyó que no es necesario que exista una norma expresa en el
ordenamiento jurídico que faculte a las comisiones escrutadoras para «abstenerse»
de declarar la correspondiente elección y ordenar llevar a cabo nuevos comicios,
teniendo en cuenta que el numeral 4 del artículo 265 de la Constitución Política
«habilita a las autoridades electorales para adoptar medidas como la mencionada,
con el propósito de superar los obstáculos administrativos que impidan la
81 Ibidem.
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consecución definitiva de los fines del Estado [como garantizar que las elecciones
se desarrollen con plenas garantías».
269. De acuerdo con los apelantes, contrario a lo concluido en la providencia
recurrida, la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira no tenía
competencia para «abstenerse» de declarar la elección de alcalde de Fonseca, del
29 de octubre de 2023 y ordenar una nueva, así como para establecer que hubo
ruptura de la cadena de custodia de los documentos electorales, pues sus
facultades son limitadas, conforme al artículo 782 de la Ley 163 de 1994.
270. Asimismo, afirmaron que la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 de
la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira fundó su decisión en
supuestos hechos de violencia en los puestos de votación de María Auxiliadora,
Calixto Maestre y Conejo y no en la ruptura de la cadena de custodia a la que alude
el tribunal.
271. Además, a juicio de los apelantes, el material electoral correspondiente al
puesto de votación de María Auxiliadora y a las mesas de la 6 a la 15 y la 17 y 18
del puesto Calixto Maestre siempre estuvo custodiado y resguardado por la fuerza
pública y la registraduría municipal de Fonseca, el cual se puso a disposición de las
comisiones escrutadoras.
272. Advirtieron que lo que ocurrió fue la omisión de realizar el escrutinio de mesa,
por lo que no pudieron ser diligenciados los formularios E-14, situación diferente a
la alegada ruptura de la cadena de custodia y, además, que las causales de
reclamación invocadas en el marco de los escrutinios, esto es, las previstas en los
numerales 3 y 4 del artículo 192 del Código Electoral, no eran aplicables a este
caso, por cuanto, no es posible exigir un número de firmas a los E-14, pues los
mismos no existieron ni se presentó destrucción del material electoral por violencia.
273. Por otra parte, alegaron que, en los formularios E-24 y E-26 ALC,
correspondientes a las elecciones del 29 de octubre de 2023, se consignó (0) cero
como resultado de la votación total, sin tener en cuenta los votos válidos escrutados,
correspondientes a las mesas de los demás puestos de votación del municipio,
diferentes de María Auxiliadora, Calixto Maestre y Conejo.
274. La Comisión Escrutadora Departamental actuó como juez de lo contencioso
al aplicar el artículo 288 del CPACA, como parámetro para ordenar nuevas
82 ARTÍCULO 7o. ESCRUTINIOS. Corresponde a los delegados del Consejo Nacional Electoral
hacer el escrutinio de los votos depositados para los Gobernadores, declarar su elección y expedir
las credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos depositados para el Alcalde Mayor de
Santafé de Bogotá, Distrito Capital, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos
depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las correspondientes credenciales.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el escrutinio de los votos
depositados para Alcaldes Distritales y Municipales, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas
Administradoras Locales; declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.
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elecciones, pues dicha norma está prevista como una consecuencia de una
sentencia judicial anulatoria, por actos de violencia, al punto que su redacción
implica la existencia de un acto de elección y que se haya declarado su nulidad por
decisión judicial, lo cual limita su extensión a las autoridades administrativas
electorales.
275. Además, el tribunal aplicó un antecedente jurisprudencial del 16 de marzo de
200683 con diferentes supuestos de hecho a los del presente caso, pues en aquella
oportunidad los ciudadanos no pudieron participar en las elecciones por amenazas
provenientes de grupos al margen de la ley.
276. Ahora bien, previo a resolver el caso concreto, la Sala observa que los
demandantes presentaron cuestionamientos directos sobre la Resolución 007 del
10 de noviembre de 2023 de la Comisión Departamental de La Guajira y pidieron
su anulación. En ese orden, es necesario precisar que dicho acto es de carácter
preparatorio, en la medida en que no declaró la elección y ordenó fijar fecha para
nuevas elecciones, por la presunta ruptura de la cadena de custodia, como
consecuencia de las alteraciones del orden público en tres de los puestos de
votación del municipio.
277. En consecuencia, las alegadas irregularidades, frente a la Resolución 007
del 10 de noviembre de 2023, se estudiarán en el marco del examen de legalidad
del acto de elección de Micher Pérez Fuentes, como alcalde de Fonseca, periodo
2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 19 de diciembre de 2023, que
es el acto final y definitivo, susceptible de control judicial por el medio de control
nulidad electoral.
278. Dicho esto, el referido análisis se circunscribirá a determinar si la comisión
escrutadora departamental tenía competencia para no declarar la elección y ordenar
la realización de nuevos comicios, para luego establecer si dichas anomalías
tuvieron la virtualidad de viciar el acto definitivo, esto es, el de elección del
demandado.
279. Para resolver lo anterior, se establecerán los hechos demostrados, que
resultan relevantes para el presente análisis.
280. Se encontró acreditado, de las pruebas aportadas al proceso y los
testimonios practicados, como lo concluyó el tribunal, que, en las jornadas de
votación del 29 de octubre de 2023, llevadas a cabo en el municipio de Fonseca, en
los puestos de votación del corregimiento de Conejo84 y de las instituciones
educativas María Auxiliadora y Calixto Maestre, se presentaron actos vandálicos,
que alteraron el orden público en dichas instalaciones.
83 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de marzo de 2006. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2004-00005-01 (3193). MP. Darío Quiñones Pinilla.
84 Al respecto, se advierte que lo referente al corregimiento de Conejo no fue objeto de la apelación.
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281. Al respecto, de acuerdo con el informe rendido por el registrador municipal
de Fonseca, se presentaron disturbios en tres (3) de los puestos de votación del
municipio, como se escribe a continuación:
ZONA 1 PUESTO 2- lE MARÍA INMACULADA
Los jurados y testigos electorales, debido a los disturbios que se presentaban en esta
institución, abandonaron el puesto, aproximadamente a las 3:12 PM. Teniendo en
cuenta que el proceso electoral no había finalizado, los jurados de votación no
habían firmado aún las actas de escrutinio formularios E-14, el material electoral
a partir del momento en que todos desalojaron el sitio, quedaron custodiados
de la policía nacional. Siendo aproximadamente las 8:20 P.M., se ingresó al puesto
de votación, funcionarios de la Registraduría acompañados del señor alcalde y la
policía, para recoger las 16 urnas sin escrutar, y el resto de material electoral, el cual
se realizó mediante acta firmada por cada uno de los presentes. Luego estas urnas
se trasladaron hasta el sitio de escrutinio.
ZONA 2 PUESTO 2- CALIXTO MAESTRE
Siendo aproximadamente las 3:15 Pm. Se presentan los disturbios en este puesto de
votación, debido a que ingreso un grupo de ciudadanos desconocidos, destruyendo
el material electoral y causando terror tanto a funcionarios electorales, testigos y
jurados presentes. En total se vandaliza[ron] 6 urnas, que quedaron totalmente
destruidas.
Algunos jurados quedaron en el puesto de votación, pero por los disturbios, no
fue posible escrutar en mesas, por lo que aproximadamente a las 6:00 p.m., se
levanta un acta para recoger las urnas y documentos electorales, que se
encontraban en buen estado, esto se realizó con el acompañamiento del acalde,
Fiscalía, CTI, Policía Nacional, Testigos Electorales, Jurados de Votación,
Registrador Municipal y Funcionarios de Registraduría, se procede a recoger las 12
urnas, y los documentos electorales que se encontraron en las mesas, observando
que las Actas E-14 de las 12 mesas restantes no se encontraban firmadas por los
jurados al no realizar escrutinio de mesa. Las urnas fueron selladas en presencia de
las personas presentes y fueron llevadas hasta el sitio de escrutinio.
ZONA 99 PUESTO 5- CONEJO
Al momento de presentarse los hechos de vandalismo y destrucción del material
electoral en la Zona 99, Puesto 05, Conejo, en la IE. Agropecuaria de Conejo, no se
pudo realizar acta de recolección del material destruido, porque todo el material
fue banalizado. (Sic a toda la cita).
282. De lo anterior, se tiene que:
• En el puesto IE María Auxiliadora, sus dieciséis (16) mesas no fueron
escrutadas, pues los jurados salieron del recinto, por lo que las urnas
quedaron custodiadas por la Policía Nacional. El material electoral fue
recogido por funcionarios de la registraduría y el alcalde del municipio para
llevarlas al lugar de escrutinios.
• En el instalado en la IE Calixto Maestre, se destruyó totalmente el material
electoral de 6 de las 18 mesas y se logró conservar el correspondiente a
las 12 mesas restantes, (cuyas actas E-14 no estaban firmadas), el cual
fue custodiado por la Policía Nacional y llevado al sitio de escrutinios.
• Por su parte, en el puesto de votación del corregimiento de Conejo, todos
los documentos electorales de sus siete (7) mesas fueron destruidos.
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283. Así, de acuerdo con el documento relacionado, de las 98 mesas instaladas
en el municipio de Fonseca, 57 fueron escrutadas por los jurados de votación,
mientras que 41 resultaron afectadas por los mencionados actos.
284. Por su parte, las actas 34 y 35, suscritas, entre otros, por el registrador
municipal, el alcalde de Fonseca y varios de los jurados y testigos, coincidieron en
afirmar que, el 29 de octubre de 2023, aproximadamente, a las 3:00 pm, grupos de
ciudadanos irrumpieron en los puestos de votación de María Auxiliadora y Calixto
Maestre, alterando el orden público, lo que ocasionó la destrucción de una parte del
material electoral de las mesas de este último y que no se pudieran firmar las actas
de escrutinio (E-14) del resto, dado que los jurados de votación tuvieron que
abandonar las urnas.
285. Igualmente, conforme a las certificaciones de las comisiones escrutadoras
auxiliares 1, 2 y 3 de Fonseca, del 2 de noviembre de 2023, en los puestos de
votación de María Inmaculada y Calixto Maestre los disturbios ocasionaron
que los formularios E-14 no contaran con la cadena de custodia requerida, por
lo que no se tuvieron en cuenta para el escrutinio, ni se digitalizaron, mientras que
en el corregimiento de Conejo todo el material electoral fue destruido.
286. Dicho lo anterior, mediante la Resolución 4 del 3 de noviembre de 2023, los
miembros de Comisión Escrutadora Municipal de Fonseca, al resolver las
apelaciones contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares sobre
las reclamaciones presentadas, por las causales previstas en los numerales 385 y
486 del artículo 192 del Código Electoral, se declararon en desacuerdo frente a si
debían o no contabilizar los votos conservados de los puestos de votación
afectados, esto es, María Inmaculada y Calixto Maestre.
287. En ese orden, la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 87 de la
Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira resolvió el desacuerdo
planteado por la Comisión Escrutadora Municipal de Fonseca.
288. Al respecto, decidió NO DECLARAR las elecciones de alcaldía y concejo
del municipio y solicitó al Registrador Nacional del Estado Civil y la gobernadora La
Guajira, fijar fecha para nuevas elecciones.
85 3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén
firmados por menos de tres (3) de éstos.
86 4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de
escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
87 «POR LA CUAL SE RESUELVE UN DESACUERDO, PLANTEADO POR LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN ESCRUTADORA DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA, LAS
RECLAMACIONES, APELACIONES Y DESISTIMIENTOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL Y
ESCRUTINIOS DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2024-2027»
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289. Como fundamento de lo anterior, la autoridad administrativa consideró que,
en este caso, se rompió la cadena de custodia del material electoral, puesto que no
se entregó, en debida forma, por los jurados de votación a los delegados del puesto
y estos, a su vez, a los claveros para su depósito en el arca triclave, acompañado
del diligenciamiento de los correspondientes formularios E-17, E-19 y E-20.
290. En ese sentido, la comisión escrutadora departamental concluyó que, dado
que las 41 mesas afectadas correspondían al 42.27 % del potencial electoral del
municipio, debía aplicarse el numeral 1. º del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual «si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del
veinticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una
circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción».
291. Por su parte, para la declaración de la elección del gobernador y la Asamblea
Departamental de La Guajira, en la citada resolución se ordenó incluir las 57 mesas
de votación, correspondientes a los 9 puestos «debidamente escrutados» y excluir
las 41 mesas de los 3 puestos de votación, María Inmaculada, Calixto Maestre y
Conejo.
a) Competencia de la comisión escrutadora departamental para
«abstenerse» de declarar la elección.
292. Establecidas las circunstancias mencionadas, es preciso hacer referencia al
artículo 265 de la Constitución Política, según el cual, el Consejo Nacional Electoral
«regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los
partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus
representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los
principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal
y administrativa».
293. La misma norma le atribuye a la autoridad electoral, entre otras, las siguientes
facultades:
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.
[…]
4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos
electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo
de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.
(Negritas fuera de texto).
294. De acuerdo con la norma, es posible concluir que el CNE es la máxima
autoridad electoral y responsable de la suprema inspección, vigilancia y control de
la organización electoral, tiene la función de velar porque el resultado electoral
refleje la verdadera voluntad popular y que los procesos electorales se desarrollen
en plenas garantías, por ejemplo, por medio de la revisión de los escrutinios y
documentos electorales.
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295. Ahora bien, contrario a lo concluido en el fallo apelado, de la redacción del
artículo no es posible derivar la facultad de negarse a declarar la elección
correspondiente (que es su obligación), ni de ordenar su repetición en eventos en
que se encuentre acreditada la ruptura de la cadena de custodia del material
electoral o destrucción de este, circunstancias en las que se basó la Resolución 007
del 10 de noviembre de 2023, para no declarar la elección del alcalde de Fonseca.
296. De hecho, el numeral 12 de la norma citada señala el único caso, en el que
el CNE no debe declarar la elección, esto es, cuando se haya revocado la
inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular por
estar los aspirantes incursos en alguna causal de inhabilidad, sin que se prevea
alguna otra hipótesis que justifique dicha abstención por parte del CNE, sin perjuicio
de la posibilidad de los delegados de hacerlo, por desacuerdo entre ellos o
apelación de sus decisiones88.
297. Aunado a ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en decisión del 19
de septiembre de 201189, hizo alusión90 a la necesidad de que el legislador o el
ejecutivo desarrollen los límites y alcances de la facultad del numeral 4. ° ibidem,
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2009, por lo que no es posible agregar a su
redacción atribuciones adicionales a la autoridad electoral, no previstas
expresamente en la norma o producto de su reglamentación.
298. Valga señalar que, en este caso, fueron los delegados del CNE los que se
abstuvieron de declarar la elección, quienes no conforman dicho órgano electoral,
ya que de conformidad con el artículo 175 del Código Electoral, son designados por
dicha entidad de una «lista de ciudadanos en número equivalente al doble de los
departamentos», pero carecen de la condición de miembros de esta autoridad, por
lo que en estricto sentido no le resulta aplicables los mandatos del artículo 265 de
la Constitución Política.
299. Al respecto, el artículo 7. º de la Ley 163 de 1994 establece las competencias
de las comisiones escrutadoras de los diferentes niveles, incluidos los delegados
del CNE, entre las cuales está la de hacer el escrutinio de votos, declarar su elección
y expedir las credenciales respectivas:
88 Prevista en el artículo 180 del Código Electoral.
89 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2011. Radicado núm.
11001-03-28-000-2010-00041-00. MP. Susana Buitrago Valencia.
90 La providencia señaló « [A]nte la carencia de norma tanto de naturaleza legal como reglamentaria
que establezca los límites y alcances de la opción de revisar escrutinios y documentos electorales
consagrada en el numeral 4° del artículo 265 Superior, y con el fin de que se atienda al principio
democrático de la representación política con transparencia electoral, entretanto tal vacío legal y
reglamentario se llene por el Legislador o por el Presidente de la República, se deba admitir como
autorizada jurídicamente, siempre y cuando y sólo si, el CNE revise escrutinios y documentos
electorales sin preclusividad de la instancia, bajo los supuestos en que este Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, único ente competente según la Carta Política para suspender los
efectos de los actos administrativo o declarar su validez o su nulidad, así lo disponga» (sic a la cita).
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ARTÍCULO 7. ESCRUTINIOS. Corresponde a los delegados del Consejo Nacional
Electoral hacer el escrutinio de los votos depositados para los Gobernadores, declarar
su elección y expedir las credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos
depositados para el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, declarar su
elección y expedir las respectivas credenciales.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de
los votos depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las
correspondientes credenciales.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el
escrutinio de los votos depositados para Alcaldes Distritales y Municipales,
Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales; declarar su
elección y expedir las respectivas credenciales.
300. Asimismo, el primer inciso del artículo 192 del Código Electoral establece que
el CNE y sus delegados «tienen plena y completa competencia para apreciar
cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les
presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus
apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como
pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio
de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen»,
basadas en las 12 causales que prevé la misma disposición.
301. Dicha norma también dispone que, en el evento en que las comisiones
escrutadoras encuentren fundada alguna de las reclamaciones «deberán ordenar
en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo
de votos y de los escrutinios respectivos» y, tratándose de las causales 11 y 12,
es necesario efectuar la correspondiente corrección.
302. En ese mismo sentido, el artículo 180 de la misma codificación prevé que los
delegados del CNE tienen a cargo los escrutinios generales y podrán abstenerse de
hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales, solamente cuando
se presente apelación contra sus decisiones o hubiere desacuerdo entre ellos.
303. La referida disposición prevé que, «en tales casos esta función
corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que
arroje la revisión que practique la Corporación» y que «las apelaciones que se
presenten contra las decisiones de los Delegados del Consejo o los desacuerdos
que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de
votos, el que anotarán en las actas de escrutinio».
304. Por tanto, resulta claro que, en caso de prosperar alguna de las
reclamaciones, previstas en la norma, los escrutadores solo podrán excluir las
respectivas actas o registros del cómputo de votos o efectuar la corrección
correspondiente, sin que les sea permitido negarse a declarar la elección ni
ordenar la realización de una nueva, invalidando la anterior.
305. Además, debe advertirse que la competencia atribuida al CNE y a sus
delegados para apreciar cuestiones de hecho o de derecho, asignada por el artículo
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192 del Código Electoral no implica que las comisiones escrutadoras o el CNE
puedan decidir no declarar la elección y convocar a una nueva, pues, como se
dijo, las atribuciones de dichas autoridades se encuentran establecidas de forma
taxativa en la Constitución Política y la ley.
306. En efecto, se insiste, el único evento previsto en el ordenamiento jurídico, en
el que es posible que los delegados del CNE se abstengan de declarar la elección
es cuando se apelen sus decisiones o se encuentren en desacuerdo y será el CNE
quien resuelva dichos recursos o discrepancias, para dar lugar, finalmente, a la
declaratoria de la elección, circunstancia que está consagrada, de forma expresa,
en el Código Electoral.
307. Así lo concluyó esta Sección, en sentencia del 23 de septiembre de 2005, en
un caso de similares contornos, en el que el CNE decidió abstenerse de declarar la
elección correspondiente y ordenó realizar nuevas votaciones, porque uno de los
candidatos se encontraba incurso en una inhabilidad.91
308. En dicha oportunidad se indicó que no es posible que luego de realizado el
escrutinio correspondiente, el CNE se abstenga de declarar la elección, al ser
una obligación constitucional y legal:
[…] [E]l régimen jurídico Colombiano no contempla la posibilidad de que el
Consejo Nacional Electoral, una vez efectuado el respectivo escrutinio de
manera regular, pueda abstenerse de declarar la elección y de entregar las
credenciales correspondientes a quienes, según esos escrutinios, hubieren
obtenido el número de votos requerido para la elección, pues, según lo expuesto, es
una obligación constitucional y legal declarar la elección y expedir las
credenciales. Efectuadas las votaciones, realizado el escrutinio, resueltas las
reclamaciones, llenados los vacíos u omisiones, el Consejo Nacional Electoral
no tiene alternativa distinta a la de declarar la elección de quienes, según la
votación, fueron elegidos popularmente. No puede, entonces, el Consejo Nacional
Electoral abstenerse de declarar la elección de un candidato a una Corporación o
cargo público de elección popular bajo la consideración de que se encuentra
inhabilitado o no reúne las calidades o requisitos para ser elegido, pues las normas
que le señalan su competencia en el proceso administrativo electoral, no le otorgan
esa atribución.92
309. En ese orden, la Sala de lo Electoral concluyó que «el Consejo Nacional
Electoral y las demás Comisiones Escrutadoras previstas en la Constitución
y en la ley no pueden hacer nada distinto que establecer unos resultados
91 Al respecto, se advierte que, para el momento en que se dictó la providencia citada, no se había
expedido el Acto Legislativo 1 de 2009, que, entre otras cosas, adicionó el numeral 12 del artículo
265 de la Constitución Política, según el cual, el CNE tiene la atribución de «[…] decidir la revocatoria
de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista
plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y
la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos».
No sobra precisar que este antecedente jurisprudencial, a pesar de ser anterior a la expedición del
Acto Legislativo 01 de 2009, sus aspectos dogmáticos resultan aplicables a este caso.
92 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23 de septiembre de 2005. Radicado núm.
11001-03-28-000-2004-00014-01(3232). MP. Darío Quiñones Pinilla.
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electorales y con base en ellos declarar la correspondiente elección, lo cual
descarta la posibilidad de que puedan contrariar o desconocer la voluntad popular
reflejada en las urnas».
310. Adicional a lo anterior, esta Sección, en sentencia del 6 de febrero de 202093,
en sede de nulidad, consideró que no le estaba permitido al CNE, disponer,
mediante acto administrativo, que los escrutinios fueran suspendidos, hasta tanto
no estuvieran publicadas las actas y archivos correspondientes, pues la ley no
contempla dicha posibilidad. Al respecto, indicó:
Considera la Sala que la suspensión del escrutinio dispuesta en los artículos segundo
y cuarto de la Resolución 1706 de 2019 es contraria a la preceptiva contenida en la
Ley 1475 de 2011, ya que incluyó unas causales, para tales efectos, que no están
contempladas en la norma estatutaria y que no podían ser consagradas por el
Consejo Nacional Electoral en procura de la transparencia del escrutinio.
b) La Comisión Escrutadora Departamental no tenía competencia para
pronunciarse sobre la ruptura de la cadena de custodia.
311. Ahora bien, en cuanto al reparo de los apelantes, según el cual las causales
de reclamación invocadas por los peticionarios, en el marco de los escrutinios, no
eran aplicables a este caso y que, por tanto, la comisión escrutadora departamental
no tenía competencia para pronunciarse sobre la ruptura de la cadena de custodia
de los documentos electorales, no desconoce la Sala que, en el municipio de
Fonseca, ocurrieron actos vandálicos que alteraron el orden público, que
entorpecieron la jornada electoral y dieron lugar a la destrucción de parte del
material electoral y a la falta de suscripción de las actas de escrutinio (E-14).
312. Al respecto, conviene precisar que la taxatividad de las reclamaciones,
consagradas en el Código Electoral, no es óbice para que las comisiones
escrutadoras no atiendan a las solicitudes orientadas al cumplimiento de su función
electoral, como se precisó en sentencia del 16 de marzo de 2006:
[…] para la Sala es claro que la taxatividad de las causales de reclamación
electoral no imponen considerar que cuando se solicita del Consejo Nacional
Electoral el cumplimiento de un deber constitucional, como es del de velar por
el desarrollo de las elecciones en condiciones de plenas garantías, tal petición
deba rechazarse bajo la consideración de que el reclamo de dicha obligación
no se enmarca en ninguna de dichas causales. […]
[…] [p]orque no todo deber exigible del Consejo Nacional Electoral en el marco de
sus atribuciones como responsable de la organización, dirección y vigilancia de las
elecciones, se agota o debe traducirse en alguna de las causales de reclamación
electoral. Considerar lo contrario, no solo restringiría en gran medida la
responsabilidad y facultades que el Constituyente de 1991 quiso otorgar a esa
autoridad, sino que desconocería el derecho político que estuviera en juego por el
incumplimiento del deber reclamado.
93Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero de 2020. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2019-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno rubio.
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Por tanto, nada impide que al lado de las reclamaciones que operan por las causales
previstas en el artículo 192 del Código Electoral, se formulen peticiones a las
autoridades electorales orientadas al cumplimiento de su función electoral. Es claro,
entonces, que no toda petición que se presente a las autoridades escrutadoras debe
tramitarse y decidirse bajo las reglas que rigen las reclamaciones electorales, en
cuanto no se trate de una reclamación electoral, propiamente dicha.94
313. Dicho esto, en el evento en que las autoridades electorales adviertan y
encuentren demostrada alguna irregularidad en el procedimiento de los escrutinios,
tienen el deber de velar por el correcto desarrollo de las elecciones y, en ese orden,
subsanar los posibles yerros alegados, aplicando las medidas correctivas, previstas
en la ley.
314. No obstante, teniendo en cuenta que, como se expuso, las consecuencias de
la prosperidad de las reclamaciones, establecidas en el Código Electoral, son
taxativas, a la comisión escrutadora departamental solo le estaba permitido
excluir del cómputo de votos aquellas mesas sobre las cuales, consideró, se
rompió la cadena de custodia y no negarse a de declarar la elección, actuación
que no está prevista en la norma y que vulnera el derecho al sufragio pasivo de los
candidatos participantes en la contienda.
315. Ahora bien, en relación con uno de los argumentos expuestos por los
apelantes, la Sala debe advertir que si bien, la destrucción de parte del material
electoral y las dificultades relativas a la cadena de custodia y suscripción de las
actas de escrutinio fue el resultado de hechos de violencia perpetrados al interior de
algunos puestos de votación del municipio de Fonseca, lo cierto es que la razón por
la que la comisión escrutadora departamental decidió no tener en cuenta las 41
mesas afectadas fue la ruptura de la cadena de custodia, la cual expuso en la
Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023.
316. En ese sentido, la comisión escrutadora tenía el deber de apreciar las
circunstancias presentadas alrededor de las 41 mesas afectadas por los disturbios
y decidir su exclusión o no del cómputo de votos, sin que, por ello, pudiera invalidar
toda la elección, negarse a declararla y mucho menos ordenar su repetición.
c) Aplicación del numeral 1 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 por la
Comisión Escrutadora Departamental de Fonseca.
317. Asimismo, la Sala observa que, como lo ponen de presente los recurrentes,
la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 acudió al numeral 1 del artículo 288
del CPACA, como fundamento para negarse a declarar la elección de alcalde y del
concejo municipal, en aras de determinar si, dada la cantidad de mesas afectadas,
debía repetirse la elección.
94 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de marzo de 2006. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2004-00005-01 (3193). MP. Darío Quiñones Pinilla.
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318. La mencionada disposición establece lo siguiente:
ARTÍCULO 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que
disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:
1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el
numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en
el puesto o puestos de votación afectados.
Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por
ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se
ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.
319. De la lectura de la norma, resulta claro que la consecuencia en ella prevista,
en cuanto a ordenar la repetición de las elecciones en la respectiva circunscripción,
deriva de la anulación del acto de elección, por la causal del numeral 1 del artículo
275 ibidem, la cual solo puede imponerse en sede judicial, en el marco del
medio de control de nulidad electoral y siempre que la declaratoria de nulidad
encuentre fundamento en el ejercicio de violencia sobre los nominadores, los
electores o las autoridades electorales, aspectos que no se cumplen en el caso bajo
estudio.
320. Por tanto, es al juez de lo electoral al que le corresponde definir si la
configuración de los actos violencia, previstos en el artículo 275.1 del CPACA,
tuvieron la incidencia suficiente, para viciar la elección y, en consecuencia, ordenar
llevar a cabo nuevas elecciones.
321. Al respecto, en sentencia del 25 de mayo de 2017, esta Sección encontró
ajustada la decisión del CNE de excluir la votación del municipio de Guamal del
cómputo de votos para asamblea del Meta, pues, como consecuencia de la irrupción
arbitraria al puesto de votación, no contó con la cadena de custodia, necesaria para
tenerla como válida. Además, en ese judicial, estudió si dicha exclusión tuvo la
entidad suficiente para alterar el resultado de la elección, con base en el artículo
288 de la Ley 1437 de 2011, así:
Se debe resaltar que el legislador precisó la consecuencia en que el Juez debe
afectar la votación por motivos de violencia sobre las cosas, es decir el 25% o
más para determinar que hay lugar a anular una elección. Lo anterior consulta el
principio electoral de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3º del artículo 1º
del Código Electoral en los siguientes términos: “Cuando una disposición electoral
admita varias interpretaciones se preferirá aquella que dé validez al voto que
represente expresión libre de la voluntad del elector”.
Quiere decir lo anterior, que se debe proteger la expresión libre de la voluntad del
electorado del Departamento del Meta que, en una proporción mayor, esto es
438.362 votantes acudieron a las urnas y decidieron a quienes querían como
Diputados a la Asamblea Departamental del Meta, votación que no puede ser
desconocida por este Juez Electoral.95
95 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Radicado núm. 50001-
23-33-000-2016-00100-02. MP. Rocío Araújo Oñate.
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322. En este orden, no le era dable a la Comisión Escrutadora Departamental de
La Guajira emplear una norma, prevista para el trámite judicial de lo electoral y
aplicable por la configuración de la causal de nulidad 275.1 del CPACA, como
fundamento para restarle validez a la votación debidamente escrutada, que no se
vio afectada por los actos vandálicos, como tampoco para ordenar convocar nuevas
elecciones para elegir alcalde de Fonseca.
323. Así las cosas, se reitera, teniendo en cuenta que la comisión escrutadora
encontró demostrada la ruptura de la cadena de custodia del material electoral de 3
de los puestos de votación de Fonseca (María Auxiliadora, Calixto Maestre y del
corregimiento de Conejo), situación que no se desconoce su gravedad, debió, como
lo hizo respecto de la elección del gobernador y la Asamblea de La Guajira, excluir
la votación afectada y declarar la elección, de acuerdo con los sufragios
debidamente escrutados del resto del municipio.
d) Aplicación de la sentencia del 16 de marzo de 2006 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado al caso concreto.
324. Teniendo en cuenta el reparo de las apelaciones, sobre la inaplicabilidad de
lo señalado en la sentencia del 16 de marzo de 200696, citada por el tribunal en
primera instancia, esta Sala anticipa que en dicha providencia se estudiaron
supuestos diferentes al del presente asunto, como se explica.
325. En la citada decisión, la Sección Quinta analizó la legalidad de la decisión del
CNE en la que «dispuso el aplazamiento del escrutinio de la jornada electoral
llevada a cabo el 26 de octubre de 2003 en el departamento del Vaupés, en espera
de la realización de los comicios en aquellos lugares en donde ello no fue posible».
En razón a que grupos al margen de la ley, por medio de amenazas, impidieron que
los ciudadanos salieran a votar.
326. Según la providencia, no era posible para el CNE, concluir el proceso
electoral, «pues lo cierto es que se encontraba probado que dicho resultado
surgió de una contienda electoral en la que, por presiones ilegítimas, un
considerable número de tales ciudadanos no pudo participar» por lo que era
preciso para dicha autoridad «adoptar las medidas necesarias para remover los
obstáculos que, en su momento, impidieron el desarrollo regular de los comicios y
que, además, condujeron al desconocimiento de los derechos a elegir y ser
elegido».
327. En la misma decisión, se hizo referencia a la citada sentencia del 23 de
septiembre de 2005 de la Sección Quinta97, para indicar que «la conclusión a la que
96 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de marzo de 2006. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2004-00005-01 (3193). MP. Darío Quiñones Pinilla.
97 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23 de septiembre de 2005. Radicado núm.
11001-03-28-000-2004-00014-01(3232). MP. Darío Quiñones Pinilla.
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llegó esta Sala en dicha providencia no es contraria a la que se adopta en esta
oportunidad, pues, como se (sic) con antelación, no son situaciones asimilables la
que se presentó en el caso sub iudice, en donde el proceso electoral no pudo
desarrollarse en su integridad, y la que tiene lugar cuando el proceso electoral se
entiende culminado de manera regular».
Ciertamente, mientras que en el caso analizado en la sentencia citada el Consejo
Nacional Electoral, de acuerdo con lo allí sostenido, no podía hacer nada distinto a
declarar la elección conforme al resultado obtenido, ocurre que en esta oportunidad
no podía afirmarse la obtención de resultado electoral alguno, o lo que es igual,
que la jornada electoral celebrada el 26 de octubre de 2003 fue eficaz, dada la
imposibilidad de adelantar el proceso electoral en determinados lugares de la
circunscripción electoral del Departamento del Vaupés que, en criterio de esa
autoridad, era lo suficientemente determinante para impedir que ese proceso
cumpliera su finalidad de reflejar la auténtica expresión de la voluntad popular.
328. En ese orden, como lo expusieron los apelantes, en el antecedente
jurisprudencial referido, el CNE no tenía otra opción más que postergar, más no
ordenar nuevas elecciones, la declaratoria de la elección, para garantizar que,
en una fecha posterior, se repitieran las elecciones, solamente frente a los puestos
de votación afectados, y, en ese orden, los ciudadanos que, inicialmente, no
pudieron acudir a las urnas, ejercieran su derecho al voto.
329. Lo anterior, pues el CNE ordenó repetir las elecciones solo respecto de los
puestos de votación afectados de los municipios de Taraira y Carurú. Situación que
difiere de la presente pues, en este caso, se decidió convocar a nuevas
elecciones, respecto de la totalidad de los puestos de votación instalados en
el municipio de Fonseca y ni se limitó a los puestos afectados.
330. Así las cosas, conforme a los argumentos presentados, la Comisión
Escrutadora Departamental de La Guajira actuó sin competencia para abstenerse
de declarar la elección del alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, celebrada el 29
de octubre de 2023 y ordenar repetirla en su totalidad, en una fecha posterior,
aspecto que vició el acto demandado, esto es, el formulario E-26 del 19 de diciembre
de 2023.
331. En efecto, las razones esbozadas permiten concluir que el acto de elección
de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, se expidió
de forma irregular y con infracción de las normas en que debía fundarse, pues la
decisión de la comisión escrutadora departamental de abstenerse de declarar la
elección y ordenar convocar nuevos comicios, en la cual se fundamentó dicho acto,
fue expedida sin competencia y con vulneración de los artículos 192 del Código
Electora, 7 de la Ley 163 de 1994 y 288 del CPACA.
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e) Sobre la configuración de la falsa motivación y datos contrarios a la
verdad.
332. Por otra parte, esta Sala de Decisión, al igual que el tribunal, no encuentra
acreditada la falsa motivación, comoquiera que la ruptura de la cadena de custodia,
en la cual se basó la Resolución 007 del 10 de noviembre de 2023, para adoptar su
decisión, se encontró acreditada en el proceso.
333. Por tanto, no se advierte que la autoridad electoral hubiera acudido a hechos
carentes de veracidad para fundar la resolución expedida. Ahora bien, como se
advirtió en líneas anteriores, lo que esta Sala encuentra reprochable fue la
consecuencia aplicada por la comisión escrutadora departamental, esto es, la
decisión de abstenerse de declarar la elección y ordenar convocar a nuevos
comicios.
334. Lo mismo ocurre con la falsedad alegada respecto de los formularios E-24 y
E-26 ALC, correspondientes a las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023,
por cuanto asignaron (0) a la votación total para elegir el alcalde en el municipio de
Fonseca.
335. Al respecto, es lo cierto que, en los formularios electorales referidos,
correspondientes a las elecciones para elegir al alcalde Fonseca, del 29 de octubre
de 2023, la votación asignada a cada una de las opciones políticas fue (0), como se
muestra:
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336. No obstante, , resulta claro que, con ocasión de la Resolución 007 del 10 de
noviembre de 2023 de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, se
ordenó repetir las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, de manera
irregular como ya se explicó, para elegir al alcalde de Fonseca, por lo que, en esas
irregulares circunstancias, no era dable consignar en dichos formularios los votos
escrutados en dicha jornada electoral.
337. En similares términos, esta Sala de lo Electoral98, concluyó lo siguiente, en
relación con la exclusión del material electoral que no cumplió con la cadena de
custodia requerida:
Aunado lo anterior, al no existir certeza que la documentación contentiva de los votos
de la cabecera municipal de Guamal no hubiera sido alterada, dado que estuvo a
merced de la multitud que se tomó de manera arbitraria el puesto de votación de la
zona 00, es que la comisión escrutadora municipal, decidió dejar en cero la
información proveniente de la mencionada zona al momento de consolidar la
información del escrutinio municipal.
338. En consecuencia, para la Sala, en los formularios E-24 y E-26 ALC,
correspondientes a las elecciones del 29 de octubre de 2023, no se consignaron
datos contrarios a la verdad, pues, lo cierto es que la comisión escrutadora general
decidió no tener en cuenta la votación escrutada en dicha jornada y ordenó nuevas
elecciones. Por tanto, no se encuentra configurada la causal de nulidad, prevista en
el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
98 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Radicado núm. 50001-
23-33-000-2016-00100-02. MP. Rocío Araújo Oñate.
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339. Finalmente, no hay lugar a pronunciarse sobre las presuntas irregularidades
alegadas respecto de la elección demandada, realizada el 17 de octubre de 2023,
relacionadas con el censo electoral empleado y la aceptación de las renuncias de
algunos de los candidatos, comoquiera que la decisión de la comisión escrutadora
general de ordenar repetir los comicios, en la cual se fundó dicha elección, fue
proferida sin competencia, lo cual deviene en la expedición irregular del acto
acusado.
340. Por lo expuesto, resulta inane estudiar las irregularidades propuestas sobre
la elección del alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, efectuada el 17 de diciembre
de 2023, pues la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira no tenía
competencia para ordenar la repetición de los comicios llevados a cabo el 29 de
octubre de 2023.
341. Por tanto, como se anticipó, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo de La Guajira y declarará la nulidad de la elección demandada, por
expedición irregular e infracción de las normas en que debía fundarse, de acuerdo
con las razones que se expusieron en la presente providencia. En consecuencia,
las autoridades competentes adelantarán las gestiones que sean pertinentes para
llevar a cabo una nueva jornada electoral con la finalidad de elegir al alcalde de
Fonseca, periodo 2024-2027.
342. Adicional a lo anterior, la Sala conmina a las partes y demás sujetos
procesales de abstenerse de presentar peticiones que resulten impertinentes o
dilatorias, so pena de aplicar las consecuencias previstas en el artículo 295 de la
Ley 1437 de 2011. Además, informa que no se tendrán en cuenta nuevas solicitudes
en el mismo sentido de las ya incoadas o que busquen obstaculizar el curso regular
del proceso.
Otras decisiones
343. Por último, se reconocerá personería al abogado Humberto Sierra Porto,
como apoderado del demandante Enrique Luis Fonseca Pitre99.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Revocar la sentencia del 6 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda
99 En virtud de sustitución de poder, presentada Joaquín José Vives Pérez, apoderado principal del
demandante Enrique Luis Fonseca Pitre, el 18 de marzo de 2025.
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Demandado: Micher Pérez Fuentes, alcalde de
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para, en su lugar, declarar la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como
alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027.
En consecuencia, las autoridades competentes adelantarán las gestiones que sean
pertinentes para llevar a cabo una nueva jornada electoral con la finalidad de elegir
al alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027.
SEGUNDO: Rechazar, de plano, por improcedente, la solicitud de conocimiento por
parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, presentada por el
demandado.
TERCERO: Reconocer personería al abogado Humberto Sierra Porto, como
apoderado del demandante Enrique Luis Fonseca Pitre.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Conjuez
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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