Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02504-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02504-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02504-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02504-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Irregularidades en elección de alcalde
de Fonseca / NIEGA AMPARO - No se configuran las causales específicas de
procedibilidad de la tutela invocadas.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 27 de marzo de 2026, el señor Micher Pérez Fuentes, a través de apoderado
judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso2 y
acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos la sentencia y un auto, proferidos ambos el 22
de enero de la presente anualidad, dentro del proceso de nulidad electoral 3 que
incoaron los señores José Manuel Abuchaibe Escolar y otros4, encaminado a obtener
la anulación de su acto de elección5 como alcalde de Fonseca para el período 2024-
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En cuanto a ser juzgado conforme a las normas propias de cada juicio y por un juez natural, imparcial y en
igualdad de condiciones y a no ser juzgado por un mismo hecho dos veces.
3 Expediente 44001-23-40-000-2024-00040-01, acumulado con los expedientes 2024-00074-00, 2024-00048-00
y 2024-00047-00.
4 Diana Patricia Quintero Echávez, Enrique Javier Orozco Daza y Enrique Luis Fonseca Pitre.
5 Contenido en el formulario E-26 ALC de 19 de diciembre de 2023.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
2027, así como de la Resolución6 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual
se resolvió el desacuerdo planteado por los miembros de la comisión escrutadora
municipal, se abstuvo de declarar la elección de 29 de octubre de 2023 y pidió fijar
fecha para realizar nuevas elecciones para alcalde y concejo de ese ente territorial7,
la cual se realizó el 17 de diciembre de esa anualidad. Asimismo, pide se dejen sin
efectos los trámites adelantados con posterioridad al 5 de junio de 2025, fecha en la
que se dirimió el empate en la Sección Quinta y se obtuvo la mayoría necesaria para
confirmar la sentencia de primera instancia.
3.
Mediante la sentencia acusada8, se revocó la de 6 de febrero de 2025 que negó
las pretensiones para declarar la nulidad de la elección reprochada y ordenar a las
autoridades competentes que adelantaran las gestiones pertinentes para llevar a
cabo una nueva jornada electoral con la finalidad de elegir al alcalde de Fonseca,
período 2024-2027. Se precisó que como la resolución acusada constituía un acto
preparatorio, las irregularidades alegadas frente a esta se analizarían en el marco
del examen de legalidad del acto de elección censurado, por comportar el acto final
y definitivo susceptible de control judicial. Ello, de cara (i) a la competencia de la
comisión escrutadora departamental de La Guajira para no declarar la elección del
alcalde por los comicios del 29 de octubre de 2023 y convocar una nueva, (ii) al
censo empleado en la elección de alcalde realizada el 17 de diciembre de 2023; y,
(iii) a la supuesta renuncia extemporánea de cuatro de los seis candidatos a ese
cargo popular.
4.
Al respecto, determinó que la competencia atribuida al Consejo Nacional Electoral
y a sus delegados para apreciar cuestiones de hecho o de derecho en el marco de
unas elecciones, no implica que las comisiones escrutadoras o ese ente electoral
puedan decidir no declarar la elección y convocar una nueva por hallar acreditada la
ruptura de la cadena de custodia del material electoral o destrucción de este, pues
las atribuciones de dichas autoridades se encuentran establecidas en forma taxativa
en la Constitución Política y la ley. Dicha postura se adoptó en sentencia de 23 de
septiembre de 2005 9 . Por lo anterior, no se pronunció sobre las otras dos
irregularidades, en la medida que la decisión de la comisión escrutadora general de
ordenar repetir los comicios fue proferida sin competencia, lo cual deviene en la
expedición irregular del acto acusado.
6 7 de 10 de noviembre de 2023.
7 En razón a que 41 mesas del municipio resultaron comprometidas por las alteraciones de orden público que
acaecieron el día de las elecciones del 29 de octubre de 2023.
8 Frente a la cual salvó voto la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, al sostener que se comparte
la determinación adoptada, pero debió acudirse a la figura de la jurisprudencia anunciada, dado que no existía
un parámetro preexistente y claro que permitiera resolver el problema jurídico relacionado con la competencia
de las comisiones escrutadoras de abstenerse de declarar una elección, pues en dos decisiones se decidió el
asunto de distinta manera. De igual modo, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez salvó voto, al indicar que
si bien la comisión escrutadora departamental actuó indebidamente durante los escrutinios que llevaron a la
expedición del formulario E-26 ALC de 10 de noviembre de 2023, esos vicios no pueden trasladarse a la elección
del demandado, por tratarse de un segundo proceso eleccionario, separado e independiente.
De igual modo, se formuló respecto de dicho fallo solicitud de aclaración, la cual fue negada el 5 de febrero de
2026.
9 Expediente 11001-03-28-000-2004-00014-01 (3232), C. P. Darío Quiñones Pinilla.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
5.
A través del auto objeto de reproche se rechazaron las solicitudes de 28 de agosto
de 2025 (irregularidades procesales) y de nulidad de 1º de octubre de esa anualidad
(al declarar fundada la recusación contra el conjuez Roberto Rafael Bornaccelli
Guerrero y designar al conjuez suplente a Jesús Vall de Ruten Ruiz) y las
recusaciones formuladas por la parte demandada contra los integrantes de la
Sección Quinta y el conjuez Vall de Ruten Ruiz.
6.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental, en tanto se
inobservaron los artículos 57 de la Ley 270 de 1996, 115 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 53 del
Acuerdo 80 de 2019. En la sala celebrada por la autoridad judicial el 8 de mayo de
2025 no se obtuvo la mayoría necesaria, como lo ordena el artículo 53 del Acuerdo
80 de 2019, para la aprobación de la ponencia del fallo que definiera el litigio electoral
en segunda instancia. El conjuez Humberto Sierra Porto y el magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra eran partidarios de revocar la sentencia y los consejeros Gloria Gómez
Montoya y Omar Barreto Suárez de confirmarla. Por ende, se procedió a sortear
conjuez, resultando designado Roberto Rafael Bornacelli Guerrero, para que se
dirimiera el empate, en los términos del artículo 115 del CPACA, lo cual se realizó el
5 de junio de esa anualidad, en el sentido de confirmar la sentencia de primera
instancia.
7.
Sin embargo, el 18 de junio de 2025 la parte allí demandante formuló una
recusación contra el conjuez Roberto Rafael Bornacelli Guerrero, la cual, pese a ser
extemporánea e improcedente, se declaró fundada, con el único fin de revivir la
ponencia derrotada acompañada del conjuez suplente Jesús Vall de Ruten Ruiz, lo
que produjo que se retrotrajera una actuación, es decir, se declaró una nulidad y se
avaló que se discutiera dos veces un proyecto en sentidos antagónicos. Por tanto, la
sentencia acusada es producto de un procedimiento atípico, irregular, extraño, no
consagrado en los códigos de procedimiento (CPACA y CGP) y tampoco en la norma
reglamentaria especial de la Corporación (Acuerdo 80 de 2019).
8.
También se configuró defecto orgánico, pues no se tuvo en cuenta que el 5 de
junio de 2025 la tesis de revocar la sentencia, del consejero Pedro Pablo Vanegas
Gil, fue derrotada, lo cual implicó, además de que esa decisión hiciera tránsito a cosa
juzgada, que dicho consejero perdiera competencia. En ese sentido, aquel no podía
ser ponente de nuevo ni que su tesis o proyecto pudiera someterse otra vez a
consideración de la Sala, dado que había operado la cosa juzgada y ninguna norma
consagra la votación en dos oportunidades de manera antagónica.
9.
Se presentó violación directa de la Constitución. Las providencias acusadas
transgreden el artículo 29 superior. Vulnera el debido proceso al desconocer la
garantía de la cosa juzgada y las decisiones en Sala por conjueces, conforme al
artículo 53 del Acuerdo 80 de 2019, y revivir ponencias derrotadas y sin competencia.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
10.
Asimismo, se advierte la existencia de una excepción de inconstitucionalidad por
omisión del legislador. El Código Electoral no señala específicamente las funciones
de las comisiones escrutadoras departamentales o delegados del Consejo Nacional
Electoral; la Resolución 7 de 10 de noviembre de 2023 fue emitida con base en
razones de hecho y de derecho, como lo ordena el artículo 192 de dicho Código; y,
dichas autoridades son integradas por particulares que ejercen funciones públicas
temporales y la ley regulará su ejercicio, sin embargo, a la fecha se ha omitido la
expedición de aquella, por lo que se debió haber aplicado la aludida excepción frente
a la proposición jurídica de los artículos 4, 6 y 123 de la Constitución Política.
11.
La sentencia acusada también adolece de la causal de decisión sin motivación.
Se anuló la Resolución 7 de 10 de noviembre de 2023 expedida por la comisión
escrutadora departamental o delegados del Consejo Nacional Electoral para La
Guajira, sin que se indicara el cuerpo legal en el que se estableció el catálogo de
competencias de dichos delegados. Ello no puede quedar a la escogencia o a la
merced de un operador judicial, máxime cuando la Sección Quinta no motivó sobre
las competencias consagradas o prohibidas para esas autoridades e interpretó de
manera irrazonable las facultades de los delegados del Consejo Nacional Electoral
frente a los supuestos fácticos que originaron las reclamaciones objeto de decisión.
12.
Adicionalmente, indicó que se desconoció la fuerza de las decisiones previas
emitidas por la misma Sección Quinta a través de las cuales se legitimó a las
comisiones escrutadoras para abstenerse de declarar las elecciones cuando sea
imposible determinar la voluntad de los electores. Tal precedente está contenido en
la sentencia de 16 de marzo de 200610. Por tanto, si lo pretendido por la autoridad
judicial era modificar su precedente, debió anunciar su nueva postura y aplicar tal
regla para casos futuros. Se vulneran los principios de igualdad y confianza legítima
que generan las decisiones judiciales, al haber variado la Sala un precedente
previamente establecido con supuestos de hecho asimilables al presente, sin que se
hubiese adoptado la figura de la jurisprudencia anunciada11.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13.
Mediante auto de 22 de abril de 202612, se aceptó el impedimento del consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez y, en consecuencia, se le separó de su conocimiento,
se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada y se
vinculó a los señores José Manuel Abuchaibe Escolar, Diana Patricia Quintero
Echávez, Enrique Javier Orozco Daza y Enrique Luis Fonseca Pitre. De igual modo,
ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su cargo.
10 Expediente 11001-03-28-000-2004-00005-01.
11 Dicho argumento fue agregado mediante memorial de 15 de abril de 2026 allegado de manera posterior a la
presentación de la solicitud de amparo y con antelación a que fuera admitida la acción.
12 Notificado el 28 y 29 de abril de 2026.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
14.
Ante la manifestación de impedimento presentada por la consejera Zoranny
Castillo Otálora, con auto de 29 de mayo de 202613 se aceptó su impedimento y se
le separó de su conocimiento, por lo que se dispuso sortear dos conjueces entre los
magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a efectos de conformar quórum requerido. Asimismo, se vinculó al
Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al señor
Álvaro Ignacio Alario Montero, al partido político Alianza Social Independiente (ASI)
y a los conjueces Roberto Rafael Bornacelli Guerrero y Jesús Vall de Ruten Ruiz.
15.
La diligencia de sorteo de conjueces se realizó el 9 de junio de 2026, en la que se
designaron como conjueces a los doctores Diego Enrique Franco Victoria y Adriana
Polidura Castillo, lo cual se les comunicó ese mismo día.
16.
El proceso ingresó a despacho para fallo el 16 de junio de 2026.
(i) Consejo de Estado – Sección Quinta
17.
Adujo que si bien la parte actora ataca el auto que rechazó las solicitudes de
nulidad propuestas, sus reparos solamente se dirigen contra la sentencia acusada.
Sin embargo, aquel proveído se dictó en debida forma y no incurre en defecto alguno.
18.
En cuanto a la sentencia, indicó que no se satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. Se busca reabrir un debate ya zanjado por el juez natural y se opone
al trámite impartido en el proceso de nulidad electoral, dado que la sentencia le fue
adversa, sin que medie una justificación encaminada a evidenciar la presunta
transgresión de sus garantías constitucionales. Es decir, se pretende emplear esta
acción como una instancia adicional.
19.
Precisó que el 5 de junio de 2025 no dictó la sentencia de segunda instancia, el
único fallo dictado en dicho trámite fue el del 22 de enero de 2026. En aquella fecha
la ponencia de fallo presentada fue discutida por los integrantes de la Sección Quinta
y el conjuez Roberto Rafael Bornacelli Guerrero, la cual resultó improbada, al no
obtener la mayoría de los votos, por lo que el expediente se envió al consejero Omar
Joaquín Barrero Suárez, quien compartía la posición mayoritaria de la Sala.
20.
El 18 de junio de 2025, luego de que el proyecto de sentencia del doctor Barreto
Suárez se registró para ser discutido en la Sala del 19 siguiente, se presentó
recusación contra el conjuez Bornacelli, la cual fue declarada fundada con auto de
26 de los mismos mes y año, en consecuencia, se le separó del conocimiento del
asunto y se reintegró la sala de decisión con el conjuez suplente, Jesús Vall de Ruten
Ruiz.
21.
Una vez se resolvió una solicitud de aclaración y adición de la providencia de 26
de junio de 2025 y una recusación presentada contra el consejero Pedro Pablo
13 Notificado el 5 de junio de 2026.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Vanegas Gil, en Sala de 17 de julio de 2025, en la que participaron los magistrados
de la Sección Quinta y el conjuez Jesús Vall de Ruten Ruiz, quedó improbada la
ponencia de fallo del magistrado Barreto Suárez, en tanto fue acompañada,
únicamente, por la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
22.
Ese mismo día se envió el expediente al consejero Vanegas Gil, por ser el
magistrado siguiente alfabéticamente, que no apoyó la ponencia derrotada, en virtud
del artículo 50 del Reglamento Interno del Consejo de Estado. Por ende, el 22 de
enero de 2026 se profirió la sentencia que hoy es objeto de censura constitucional.
23.
Si bien el conjuez Bornacelli Guerrero conoció de la ponencia de Sala del 19 de
junio no logró participar en dicha sesión y no se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada, en razón a que no existió decisión que pusiera fin a la controversia antes
del 22 de enero de 2026.
24.
Advirtió que los argumentos presentados por el accionante fueron planteados
reiterativamente, en su calidad de demandado, en el trámite del proceso electoral,
mediante solicitudes de nulidad, recusaciones y diferentes peticiones improcedentes
y dilatorias que fueron resueltas en su oportunidad. Como dan cuenta de ello los
autos de 10 de julio y 8 de agosto de 2025 y 22 de enero de 2026.
25.
Los demás reproches del accionante se fundan en simples inconformidades frente
a las consideraciones relacionadas con la falta de competencia de las comisiones
escrutadoras para abstener o negarse a declarar la elección, sin que se evidencie
ningún tipo de vulneración de sus garantías fundamentales.
26.
Además, el tutelante, como demandado en el proceso de nulidad electoral, tuvo
la oportunidad de solicitar la adición del fallo acusado en relación con la supuesta
falta de motivación de la sentencia y de aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad; por ende, no se satisface el requisito de subsidiariedad.
(ii) Consejo Nacional Electoral
27.
Solicitó su desvinculación del presente asunto constitucional. La tutela se dirige
exclusivamente contra una providencia judicial de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, respecto de la cual ese ente no ha adoptado decisión alguna ni ejercido
función jurisdiccional. Además, actuó dentro del proceso de nulidad electoral, de
acuerdo con sus atribuciones, aportando la información y documentación precisa en
el marco de su competencia.
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil
28.
Señaló que no tiene competencia funcional para atender lo requerido por extremo
actor. La providencia que motivó la presente acción fue proferida por un despacho
judicial, que resolvió el asunto en el marco de su autonomía e independencia judicial,
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
más allá de que su posición sea compartida o no. Es decir, no es responsable de
proteger los derechos señalados por el accionante, toda vez que no fungió como juez
natural dentro del proceso en el que se profirieron las decisiones cuestionadas.
29.
La parte actora pretende abrir un debate de tercera instancia inadmisible dentro
del marco del debido proceso. En todo caso, se configura la falta de legitimación en
la causa por pasiva, comoquiera que en el contexto de sus competencias y funciones
constitucionales y legales no tiene injerencia en decisiones que tomen en derecho
los jueces y magistrados de la República. Por ende, pide su desvinculación de la
presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
30.
La Sala negará las peticiones de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al juez de tutela le asiste la obligación de
integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que las referidas entidades fueron
vinculadas al proceso de nulidad electoral objeto de censura, en cumplimiento del
numeral 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), era indispensable que fueran llamada a estas
diligencias como terceras interesadas.
D. Análisis del caso concreto
31. Desde un comienzo, la sala observa que el accionante ataca el auto de 22 de
enero de 2026, pero no despliega una argumentación tendiente a desvirtuar la tesis
planteada por la autoridad judicial para rechazar las solicitudes de nulidad y
recusación formuladas. Todo el razonamiento se dirige contra la sentencia emitida
en esa misma fecha. En ese sentido, no es dable para el juez de tutela efectuar un
examen de validez sin que el presuntamente afectado explique de manera concreta
y suficiente en qué consiste la vulneración ius fundamental que alega. Ello determina
la falta de relevancia constitucional, y la consecuente improcedencia de la tutela
respecto a esa providencia.
32. En el mismo sentido, no resulta dable estudiar si es factible dejar sin efectos los
trámites surtidos después del 5 de junio de 2025, por cuanto la presunta irregularidad
configurada en ese aspecto se materializaría en el fallo censurado. Por tanto, al
analizar los presuntos yerros procesales, se obtendría la protección constitucional
dejando sin efectos el fallo acusado y no algún tipo de actuación acaecida con
anterioridad a éste.
33. Precisado lo anterior, la Sala solo abordará el examen de validez de la sentencia
de 22 de enero de 2026. Ello, al estimar que la acción de tutela resulta procedente,
al colmar los presupuestos generales para tal efecto. Lo anterior, teniendo en cuenta
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
que (i) los planteamientos de la solicitud de amparo tienen relevancia constitucional,
en tanto suscitan un debate que pone bajo estudio el presunto irregular
procedimiento surtido por la autoridad judicial para adoptar la decisión judicial
acusada, así como la aparente falta de motivación y modificación de postura
jurisprudencial que impactó de manera negativa los intereses de la parte
demandante, al anular su acto de elección como alcalde de Fonseca para el período
2024-2027; (ii) no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches
expuestos, pues se controvierte una sentencia emitida en segunda instancia; (iii) se
cumple el requisito de inmediatez, porque la providencia censurada fue notificada el
22 de enero de 2026, se presentaron solicitudes de aclaración, negadas el 5 de
febrero siguiente, y la tutela se instauró el 27 de marzo de la presente anualidad,
esto es dentro de un plazo razonable; (iv) el accionante identifica de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la alegada vulneración, como los
derechos cuya protección se persigue; y (v) no se controvierte una sentencia de
tutela.
34. La parte actora adujo que se incurrió en un procedimiento irregular para la
conformación del quórum decisorio y para adoptar la decisión acusada. A su juicio,
se inobservaron los artículos 57 de la Ley 270 de 1996, 115 del CPACA y 53 del
Acuerdo 80 de 2019, lo que conllevó que se reviviera una ponencia derrotada, se
discutiera dos veces un proyecto en sentidos antagónicos y zanjara el litigio una
autoridad sin competencia.
35. Con el fin de dilucidar si acaeció algún tipo de irregularidad al proferir la sentencia
acusada, se consultarán las actuaciones adelantadas para ese propósito en el
proceso de nulidad electoral desde el 5 de junio de 2025 hasta cuando se emitió
aquella decisión judicial, para luego confrontarlas con la normativa invocada por el
actor y así establecer si durante ese trámite se configuraron los defectos
procedimental y orgánico alegados.
36. En la herramienta electrónica Samai, se evidencia que el 5 de junio de 2025 se
celebró Sala de decisión, en la que se improbó el proyecto de fallo con ponencia del
consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, razón por la cual se dispuso el envío del
expediente al despacho a cargo del consejero Omar Joaquín Barreto Suárez14, lo
cual se realizó ese día y en esa misma fecha ingresó al despacho15.
37. El 18 de junio de 2025, se recibió, entre otras solicitudes, recusación presentada
por la allí demandante Diana Patricia Quintero Echávez contra el conjuez Roberto
Rafael Bornacelli Guerrero16. Dicha recusación se declaró fundada mediante auto
de 26 de los mismos mes y año17, en el que se indicó que aquella no era
extemporánea, pues se planteó una vez la señora Quintero Echávez conoció de la
14 Índice 28.
15 Índice 30.
16 Índice 35.
17 Índice 42.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
situación que la sustentó. En esa medida, se dispuso integrar a la Sala de decisión
al conjuez Jesús Vall De Ruten Ruiz.
38. Frenteal proveído de 26 de junio de 2025 se presentaron solicitudes de
aclaración, adición y control de legalidad presentadas por el allí demandado, las
cuales fueron negadas a través de auto de 10 de julio de esa anualidad18.
39. El 17 de julio de 2025 (i) el expediente ingresó al despacho para sentencia19; (ii)
se emitió auto por medio del cual el consejero Barreto Suárez indicó que el proyecto
de fallo discutido en la Sala de decisión de ese día no obtuvo la mayoría requerida
para su aprobación, por lo que remitía el expediente al magistrado que tenga la
posición mayoritaria que sigue en turno para el trámite correspondiente 20; y, (iii) se
envió el expediente al despacho a cargo del consejero Pedro Pablo Vanegas Gil,
fecha en la que también ingresó al despacho21. Después de surtidos diferentes
trámites, en razón a solicitudes presentadas por las partes, el 15 de diciembre de
2025 ingresó el expediente al despacho para fallo22.
40. Mediante proveído de 22 de enero de 2026 se rechazó, entre otras solicitudes, la
de nulidad formulada por el demandado, con fundamento en la presunta irregular
integración de la Sala, la cual también fue planteada en estas diligencias
constitucionales.
41. El artículo 57 de la Ley 270 de 1996 regula lo relacionado con la publicidad y
reserva de las actas de las sesiones de autoridades judiciales y la parte actora no
explica en qué sentido se desatendió tal precepto legal, motivo por el que no se
abordará su estudio.
42. Por su parte, el artículo 115 del CPACA estipula lo atinente a la figura de los
conjueces y el artículo 53 del Acuerdo 80 de 2019 preceptúa que “Cuando por
discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y
ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta
obtener la mayoría necesaria”.
43. Conforme a las actuaciones procesales descritas en precedencia, no se observa
que la normativa citada haya sido incumplida por parte de la autoridad judicial. Por
el contrario, se aplicó en debida forma lo referente a la intervención de conjueces
para desatar el litigio electoral. Ante el empate advertido en la Sala de decisión de 8
de mayo de 2025 para aprobar el proyecto de fallo sometido a estudio ese día, el 9
siguiente se dispuso realizar sorteo de un conjuez principal y de uno suplente 23, la
referida diligencia se llevó a cabo el 12 del mismo mes y año, y se designaron a los
18 Índice 57.
19 Índice 67.
20 Índice 68.
21 Índice 70.
22 Índice 176.
23 Índice 23.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
conjueces Roberto Rafael Bornacelli Guerrero y Jesús Vall de Ruten Ruiz como
principal y suplente, en su orden24.
44. Por lo anterior, el conjuez Bornacelli Guerrero participó en la Sala de decisión
realizada el 5 de junio de 2025, en la cual se improbó el proyecto de fallo presentado
en esa oportunidad por el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil; por ende, se ordenó
remitir el expediente al despacho a cargo del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez.
45. Es decir, contrario a lo sostenido por el accionante, en aquella Sala de decisión
no se adoptó una postura definitiva sobre la contienda electoral, en razón a que el
respectivo proyecto de fallo debía ser sometido a consideración nuevamente de la
correspondiente Sala, la cual se celebró el 17 de julio de 2025, de manera que no
se evidencia la configuración de cosa juzgada.
46. Ahora bien, aunque el conjuez Bornacelli Guerrero no integró la aludida Sala de
decisión de 17 de julio de 2025, ello obedeció a que el 18 de junio de esa anualidad
se presentó una recusación en su contra, la cual se declaró fundada el 26 siguiente.
Situación que implicó que se le apartara del conocimiento del asunto y que, en su
lugar, se conformara dicha Sala con el conjuez suplente Jesús Vall De Rutén Ruiz,
en la que el nuevo proyecto de fallo no obtuvo la mayoría, por lo que se ordenó
enviar el proceso al magistrado que tuviera la posición mayoritaria que seguía en
turno, esto es, el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, quien finalmente obró como
ponente de la sentencia censurada.
47. Si bien fueron discutidos los proyectos de fallo, después de integrada la Sala con
un conjuez, en sesiones de 5 de junio y 17 de julio de 2025, en las que aquellos
fueron improbados, dicha situación no comporta irregularidad procedimental alguna,
sino la finalidad de precisamente obtener una mayoría aprobatoria de la ponencia,
así como la de que intervinieran en esa decisión autoridades judiciales cuya
imparcialidad no estuviera afectada.
48. Además, pese a que el ponente cuyo proyecto de fallo se improbó en la Sala de
decisión de 5 de junio de 2025 fue el que fungió en esa calidad en la sentencia
acusada, ello acaeció en virtud del artículo 50 del mencionado Acuerdo 80 de 2019,
cuyo numeral 6 prevé que “En caso de no ser aprobado el proyecto, el expediente
pasará inmediatamente en el orden alfabético de apellidos de los miembros de la
Sala, al consejero que comparta la posición mayoritaria, quien redactará el nuevo
proyecto con prioridad y lo someterá a discusión y aprobación”. Por tanto, no se
evidencia la presunta falta de competencia alegada.
49. En consecuencia, no se observa la configuración de las causales de defecto
procedimental u orgánico ni violación directa de la Constitución, y por ende, la
afectación constitucional invocada por el tutelante. No se incurrió en algún tipo de
24 Índice 26.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
irregularidad procesal en el trámite surtido para obtener la aprobación de la
sentencia acusada ni la participación en esta determinación de alguna autoridad
judicial que no estuviere facultada para tal efecto.
50. Entre la improbación de una ponencia y la presentación a sala de un nuevo
proyecto, pueden acaecer diversas situaciones que eventualmente pueden
determinar la reintegración de la Sala, entre ellas, la aceptación de un impedimento
o recusación -como en este caso-, la culminación de periodo de un magistrado o el
inicio de otro, la imposibilidad física o jurídica de alguno de los consejeros o
conjueces de continuar conociendo del asunto, entre otras. Para ello, se ha
contemplado un procedimiento, que fue atendido; y no es posible pretender que se
imponga a la Sala -y particularmente a un nuevo conjuez- una postura que no
necesariamente comparte, pues su comparecencia como operador judicial es para
exponer su posición sobre el asunto, no simplemente para completar una mayoría.
51. Aunque el tutelante advierta que también se incurrió en la omisión de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad por omisión del legislador frente a las funciones
de las comisiones escrutadoras departamentales o delegados del Consejo Nacional
Electoral, lo cierto es que tal petición no se planteó en el litigio electoral, motivo por
el cual no es dable que el juez de tutela lo aborde, cuando el juez natural de la causa
no tuvo la oportunidad de ello.
52. Por otra parte, el accionante aduce que la sentencia acusada incurrió en decisión
sin motivación. A su juicio, no se señalaron las competencias consagradas o
prohibidas para la comisión escrutadora departamental o delegados del Consejo
Nacional Electoral para La Guajira, máxime cuando en providencias anteriores
emitidas por la autoridad judicial accionada, en particular, en el fallo de 16 de marzo
de 2006, se legitimó a las comisiones escrutadoras para abstenerse de declarar las
elecciones cuando sea imposible determinar la voluntad de los electores. Por ende,
si se pretendía modificar su postura debió anunciar su nuevo criterio y aplicarlo para
casos futuros, en aplicación de la figura de la jurisprudencia anunciada.
53. Al respecto, cabe anotar que no se evidencia la falta de motivación alegada en
atención a que en la providencia acusada se expusieron las razones por las cuales
concluyó que la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira carecía de la
competencia para abstenerse de declarar las elecciones de alcaldía y concejo del
municipio de Fonseca realizadas el 29 de octubre de 2023, bajo el fundamento de
ruptura de la cadena de custodia del material electoral o destrucción de este.
54. Indicó que, conforme al artículo 192 del Código Electoral, en el evento de
prosperar alguna de las reclamaciones allí previstas, los escrutadores solo podrán
excluir las respectivas actas o registros del cómputo de votos o efectuar la corrección
correspondiente, sin que ello involucre que les sea permitido negarse a declarar la
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
elección ni a ordenar la realización de unos nuevos comicios. En ese sentido, lo
precisó en sentencia de 23 de septiembre de 200525.
55. Por lo anterior, lejos de involucrar la providencia objeto de censura la causal de
decisión sin motivación, comporta una decisión que no comparte la parte actora por
resultarle contraria a sus intereses. No se evidencia una carencia argumentativa,
sino una inconformidad con la conclusión a la que se arribó con base en el estudio
jurídico desarrollado sobre el particular, frente al cual el tutelante no encaminó
razonamiento alguno para poner en evidencia la presunta afectación constitucional
alegada.
56. Por otro lado, el accionante pide la aplicación de la figura de la jurisprudencia
anunciada, por cuanto se modificó el criterio que la Sala tenía con antelación a su
caso, contenido en la sentencia de 16 de marzo de 2026.
57. Sobre el particular, la Sala pone de presente que los supuestos fácticos
abordados en la mencionada providencia de 2006, difieren de la situación que
originó la controversia. En ese asunto se dispuso el aplazamiento del escrutinio de
la jornada electoral del 26 de octubre de 2003 en el departamento del Vaupés, hasta
cuando se realizaran los comicios en aquellos lugares donde ello no fue posible,
dadas las amenazas efectuadas por grupos al margen de la ley a los ciudadanos
para que no acudieran a las urnas. Es decir, no se ordenaron nuevas elecciones
como en el presente asunto, sino que se postergó la declaratoria de la elección y se
ordenaron elecciones, pero frente a los lugares afectados, mas no, como en este
caso, en la totalidad de los puestos de votación de Fonseca.
58. Con base en lo anterior, no corresponde a la realidad afirmar que el criterio de la
autoridad judicial accionada se modificó. La situación fáctica de los litigios es
diferente, y, en todo caso, en la providencia de 2006 no se avaló la determinación
de abstenerse de declarar una elección, que fue la que originó la controversia aquí
debatida. Por ende, carece de asidero solicitar la aplicación de la figura de la
jurisprudencia anunciada cuando no se presente variación alguna en el criterio que
había adoptado con antelación una autoridad judicial.
59.
Así las cosas, para la Sala, tanto el trámite impartido por la Sección Quinta de esta
Corporación para dictar la sentencia acusada, como las conclusiones a las que arribó
en esta providencia, no denotan irregularidad o arbitrariedad alguna ni comportan
transgresión a preceptos superiores. Por el contrario, encuentran su fundamento en
el marco normativo que regía la controversia. Por tanto, el hecho de que no haya
zanjado la controversia de manera favorable al tutelante, no involucra la afectación
constitucional alegada ni lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para
imponer el criterio que defiende.
25 Expediente 11001-03-28-000-2004-00014-01 (3232), C. P. Darío Quiñones Pinilla.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02504-00
Accionante: Micher Pérez Fuentes
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
60.
En ese orden de ideas, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al no configurarse las
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de
defectos procedimental y orgánico, violación directa de la Constitución y decisión sin
motivación. Y, en lo que respecta al auto censurado, como se anunció previamente,
se declarará la improcedencia de la tutela.
61.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las
razones expuestas en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo relacionado con el auto
del 22 de enero de 2026, y NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la parte actora,
respecto a los reproches planteados contra la sentencia de esa misma fecha, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
26 VF
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.