Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2024-00036-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2024-00036-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2024-00036-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
Accionado: ARMANDO LUIS CÓRDOBA JULIO
Tema: Violación al régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia núm. 018/2024 proferida, en primera instancia, el 22 de abril de 2024, por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. El ciudadano Osvaldo Rodríguez Escobar, actuando en nombre propio y obrando
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, solicitó:
“[…] PRIMERA. Que se declare la pérdida de investidura del cargo de Concejal
del Distrito de Cartagena de Indias, que para el periodo 2024 – 2027 ostenta el
señor ARMANDO LUÍS CÓRDOBA JULIO, persona mayor de edad, (…) en
representación del partido Alianza Verde; (sic)
SEGUNDA. Se deje sin efecto la credencial que acredita al demandado
ARMANDO LUÍS CORDOBA JULIO (sic), como concejal del Distrito de
Cartagena de Indias; y
TERCERA. Se ordene al Presidente del Concejo Distrital de Cartagena de
Indicas que llame a posesionarse al cargo de concejal, a quien obtuvo la
segunda mayor votación de la respectiva lista del partido político Alianza Verde.
[…]”3 (Negrilla del texto)
I.1.1.- Los hechos
1
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 01DEMANDA .pdf y 08ReformaDemanda.pdf
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
3
Corresponden a las indicadas en la reforma de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
2. Afirmó que el acusado fue elegido, en las elecciones realizadas el 29 de octubre
de 2023, como concejal del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para
el período 2024-2027.
3. Indicó que los concejales del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
tomaron posesión de sus cargos en la sesión de instalación realizada el día 2 de
enero de 2024 y eligieron a los integrantes de la mesa directiva.
4. Mencionó que fueron elegidos, para el año 2024, los señores David Bernardo de
Jesús Caballero Rodríguez, como presidente; Armando Luis Córdoba Julio -el
acusado-, como primer vicepresidente; y, Mónica Villalobos Olea, como segunda
vicepresidente.
5. Comentó que el acusado, señor Armando Luis Córdoba Julio, como concejal y
primer vicepresidente de la mesa directiva del concejo del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, participó en la votación y trámite de las
resoluciones números 9 y 10 de 4 de enero de 2024, expedidas en desarrollo del
concurso público de méritos para la elección del cargo de personero distrital, para
el período institucional del 1 de marzo de 2024 al 29 de febrero de 2028, pese a
que, en su contra y ser de su conocimiento, cursaba, en la Personería Distrital de
Cartagena de Indias, el proceso disciplinario núm. 138 – 2021, al cual se acumuló
el proceso disciplinario núm. 249 – 2022, cuyo trámite estaba a cargo de la
Personería Delegada para la Vigilancia a la Conducta Oficial, que se encontraba,
para la época de presentación de la demanda, en etapa de investigación
disciplinaria.
6. Expuso que el acusado, como era de público conocimiento, en su condición de
primer vicepresidente de la mesa directiva del concejo del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, presidió el trámite “[…] de pronunciamiento y
decisión de las recusaciones […]”, presentadas por los concejales Lewis Montero
Polo, Laureano Miguel Curi Zapata, Carlos Alberto Barrios Gómez, Mónica
Villalobos Olea y David Bernardo Caballero Rodríguez.
7. Indicó que, posterior a la decisión de la recusaciones de los concejales
mencionados supra, la concejal Gloria Isabel Estrada Benavides manifestó que no
había participado en dicho trámite, aduciendo haber recibido un mensaje informal,
el cual habría dado cuenta que el concejal acusado se encontraría impedido “[…]
por tener procesos con radicado 2021-138, en una investigación que adelantan
los entes de control como personería y en esta plenaria no se ha manifestado
impedimento por parte por parte suya […]”, y recalcando que el acusado debía
decidir si tenía o no impedimento, pues “[…] de ser así el proceso de personería
estaría en vicios en este momento”. […]”.
3
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
8. Llamó la atención que, en sesión ordinaria del concejo del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, del día 11 de enero de 2024, el acusado solicitó al
secretario general de la corporación, darle lectura “[…] a una constancia sobre el
pronunciamiento presentado por la concejal GLORIA ISABEL ESTRADA
BENAVIDES […]”, lo cual no era óbice para que se diera cumplimiento a lo
establecido en los artículos 82 y 83 del Acuerdo Distrital núm. 014 de 26 de octubre
de 2018, reglamento interno del concejo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
9. El accionante consideró que el acusado, señor Armando Luis Córdoba Julio,
incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida de
investidura de los concejales por virtud del artículo 55, numeral 2., de la Ley 136 de
2 de junio de 19944 y del artículo 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de
20005, en concordancia con el artículo 70 de la citada Ley 136 y el artículo 11,
numeral 5., de la Ley 1437.
10. Posteriormente, hizo referencia a la violación del régimen de inhabilidades como
causal de pérdida de investidura, mencionando que, conforme a las decisiones
judiciales de esta Corporación, si bien no está prevista en el artículo 48 de la Ley
617, esa omisión no implica que no pueda ser invocada, puesto que el numeral 6.
del mencionado artículo 48, indica que la investidura de los miembros de las
corporaciones de elección popular del orden territorial se perderá, por las demás
causales previstas en la ley, por lo que podrá invocarse el artículo 55 de la Ley 136,
que, en su numeral 2., prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal
de pérdida de investidura.
11. Adicionalmente, alegó que:
“[…] En suma, la violación del régimen de inhabilidades puede invocarse como
causal de pérdida de investidura para los concejales; circunstancia, que, debe
tomarse en consideración en el sub júdice (sic) para proceder a estudiar el fondo
del asunto, pues precisamente, la causal en mención corresponde a la invocada
en el presente escenario procesal.
En consecuencia, los supuestos de carácter normativo que son aplicables al
caso en particular que nos motiva, y es por ello que, sin mayores miramientos,
se debe declarar la pérdida de investidura del señor ARMANDO LUÍS
CÓRDOBA JULIO, como Concejal activo del Distrito de Cartagena de Indias,
conforme se requiere de nuestra parte en defensa del ordenamiento jurídico y
la moralidad pública (sic)
(…)
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
4
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
Todo lo que nos permite considerar, que están dadas las condiciones para que
el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, proceda con la declaratoria
de pérdida de investidura del señor ARMANDO LUÍS CÓRDOBA JULIO, como
Concejal activo del Distrito de Cartagena de Indias, todo lo cual encuentra
igualmente respaldo en lo manifestado por la misma Corte Constitucional en
Sentencia SU – 632 de 2017 cuando señala que: […]”
I.1.3. La solicitud de medidas cautelar
12. El accionante, en la solicitud de pérdida de investidura, solicitó decretar, de
urgencia, la separación del acusado de su curul de concejal del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, por ser evidente que violó lo previsto en los
artículos 55, numeral 2., de la Ley 136 y 48, numeral 1., de la Ley 617, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, así como los artículos 11, numeral 5.,
de la Ley 1437 y 82 y 83 del Acuerdo Distrital núm. 014 de 26 de octubre de 2018,
reglamento interno del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, y “[…] demás normas afines de la legislación Colombia. (sic) en atención con
el análisis y la exposición presentada, con fundamento en las razones expuestas en
la parte motiva del presente proveído […]”.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura6
13. El concejal Armando Luis Córdoba Julio, a través de apoderado judicial, dio
respuesta a la solicitud oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, al
carecer de fundamento legal, en razón a que “[…] no se cumplen los requisitos
legales y fácticos de procedencia necesarios para la pérdida de investidura del
cargo de concejal del distrito (sic) que ostenta mi representado […]”, así como a la
cautela pedida, por no reunirse los presupuestos previstos en la ley y la
jurisprudencia para su procedencia.
14. Expuso, luego de referirse a los hechos, las razones de defensa. Aludió a
cuestiones fácticas que no habían sido relatadas en la demanda, mencionando que
el acusado, desde el 20 de enero de 2024, presentó impedimento que fue
debidamente aceptado por el concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, luego no tuvo ninguna participación o decisión “[…] en las etapas que
implicaban ese tipo de conductas, esto es, la entrevista a los aspirantes (22 de
enero) y la elección (02 de febrero de 2024) […]”.
15. Destacó en que las sesiones de 4, 10, 11, 13 y 19 de enero de 2024:
“[…] nada sucedió que implicara actuación o intervención del concejal cuya
pérdida de investidura se analiza en esta ocasión. Fueron meros trámites
accidentales y marginales al proceso de elección de personero, por lo que
ningún interés directo podría predicarse en cabeza del hoy demandado […]”
6
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 12ContestacionDemanda.pdf
5
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16. Se refirió, posteriormente, a los requisitos para la configuración del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó, esto es, la
violación del régimen de conflicto de intereses.
17. Mencionó, en relación con el requisito consistente en la existencia de un interés
directo, particular o inmediato del concejal, distinto al propio de la función pública
que le impidiera participar en el asunto sometido a consideración, que se le endilgó
al concejal acusado que no podía participar en la elección del personero del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias puesto que, para ese momento, existía
un proceso adelantado en la personería distrital -bajo el radicado núm. 138-2021-
por la comisión de faltas disciplinarias cometidas cuando aquel fungió como
secretario de participación distrital.
18. Argumentó, siguiendo la cronología de los hechos, que:
“[…] En la sesión del 10 de enero de 2024, la concejala Gloria Estrada deja una
constancia sobre la posible causal de inhabilidad del concejal Armando
Córdoba. Lo hace después de que resolvió el asunto accidental o de trámite ya
mencionado, esto es, la resolución sobre unas recusaciones. Lo hizo, además,
en el marco de un trámite administrativo que no implicó debate, ni constituyó el
quorum, ni fue una votación.
El día 20 de enero, luego consultar con su equipo jurídico, el concejal presenta
un impedimento que fue aceptado por la plenaria.
Es el 22 de enero de 2024, es decir, dos días después, cuando se surte la etapa
de entrevistas a los aspirantes a personero. No sobra insistir en el hecho de que
en esta sesión mi representado NO participó, de hecho, se retiró del recinto, tal
como está demostrado en la grabación de la sesión que se aporta como prueba.
El 02 de febrero de 2024, donde se elige formalmente al personero que ganó el
concurso de méritos, tampoco estuvo presente el concejal Córdoba, toda vez
que ya había apartado del proceso. (sic) […]”
19. Subrayó, siguiendo lo expuesto, que no estaría configurado el conflicto de
intereses puesto que, para el día 2 de febrero de 2024, fecha de la elección del
personero distrital, ya se había aceptado el impedimento del acusado, luego este
requisito no se cumplía.
20. Mencionó, frente al requisito de no haber manifestado impedimento ni haber sido
separado del conocimiento de la elección del personero municipal, las actuaciones
que desarrolló el concejal antes y después de la recusación.
20.1. Reiteró que el día 4 de enero de 2024, suscribió el acto administrativo a través
del cual “[…] Se resuelve un recurso de reposición y se modifica el cronograma […]”,
estimando que no se presentaría el conflicto de intereses puesto que:
6
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“[…] toda vez que no se puede predicar interés directo en una simple actuación
adjetiva, máxime cuando no se había advertido la posible incompatibilidad. No
se genera ningún debate, no se requiere quorum, no se da ninguna votación
[…]”
20.2. Expuso que el día 10 de enero de 2024, suscribió como “[…] presidente ad hoc
(sic) […]”, un acto administrativo que resolvió una recusación, señalando que no
habría conflicto de intereses, en razón a que:
“[…] no se puede predicar interés directo en una actuación accidental o de
trámite, máxime que en este momento no se había advertido la posible
incompatibilidad. Hay actuación administrativa únicamente. […]”
20.3. Aclaró, en relación con lo ocurrido el día 10 de enero de 2024, en el cual una
concejal dejó constancia sobre un posible impedimento del acusado por tener un
proceso disciplinario en su contra en la personería distrital, que esa constancia “[…]
se hace con posterioridad a la actuación surtida […]”; y, respecto de lo acaecido el
11 de enero de 2024, explicó que respondió la manifestación de la concejal y adujo
que desconocía la existencia del proceso disciplinario, destacando que respecto de
sus actuaciones, no había causal de impedimento respecto del concurso de méritos
para elegir al personero distrital.
20.4. Anotó que el día 19 de enero de 2024 se notificaron y se dio traslado de dos
recusaciones y que la actuación desplegada fue “[…] Se descorre el traslado de las
mismas (…) Mediante correo electrónico, la jefe de la oficina asesora jurídica, remite
las recusaciones […]”, advirtiendo que el día 20 de enero de 2024, el acusado radicó
impedimento, el cual fue aceptado, por lo que no intervino en las siguientes etapas
del concurso de méritos para seleccionar al personero distrital, como la prueba de
entrevistas a los aspirantes -realizada el 22 de enero de 2024- y la elección misma
-llevada a cabo el 2 de febrero de 2024-.
21. Resaltó que no participó en el debate o votación para elegir al personero del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, razón por la que no conformó
cuórum o participó en el debate o votación del asunto ni en un asunto de
conocimiento funcional del concejal, por lo que no se encontraría acreditado el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye.
22. Se refirió al elemento subjetivo, informando que procedió a solicitar un concepto
jurídico por escrito a un abogado, quien le habría expresado que no existía conflicto
de intereses, porque i) el proceso disciplinario aún se encontraba en etapa de
investigación y ii) no se había actuado en ninguna etapa sustancial del proceso de
elección, recomendando que se declarara impedido “[…] – en caso de existir la
investigación disciplinaria advertida – antes de la siguiente actuación de los
concejales, esto es, en las entrevistas a los aspirantes […]”.
23. Adujo que tuvo toda la diligencia posible y “[…] Una vez enterado del asunto (10
de enero) se procede a hacer las averiguaciones del caso y se acogen las
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recomendaciones dadas en la misma fecha por el profesional del derecho
consultado […]”.
24. Ensuma, aseveró que no estaban demostrados “[…] los elementos de
procedencia de la acción de pérdida de investidura, lo que procede es que el
despacho declare improcedentes las pretensiones. […]”.
I.3. Trámite del proceso
25. El magistrado instructor del proceso en primera instancia, mediante auto de 22
de enero de 20247, admitió la solicitud de pérdida de investidura presentada en
contra del señor Armando Luis Córdoba Julio, como concejal del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias para el período 2024-2027, ordenado la notificación
personal al acusado y al agente del Ministerio Público, así como correr traslado de
la solicitud a los interesados por el término de cinco (5) días y de la petición de
medida cautelar por el término de cinco (5) días.
26. El accionante presentó reforma de la solicitud de pérdida de investidura 8, la cual
fue admitida mediante auto de 26 de febrero de 20249, ordenando la notificación al
acusado y correr traslado de la misma por el término de tres (3) días. El accionado,
dentro del término concedido, se abstuvo de emitir pronunciamiento frente a la
reforma de la solicitud10.
27. El magistrado instructor del proceso en primera instancia, mediante auto de 12
de marzo de 202411, declaró la legalidad de lo actuado en el proceso y decretó las
pruebas a practicar en este proceso y, en auto de 13 de marzo de 2024 12, resolvió
negar la medida cautelar pedida por el accionante.
28. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201813 fue realizada el día 11 de abril de 202414, con la asistencia e intervención del
accionante, el accionado y su apoderado y el Procurador 130 Judicial II para
Asuntos Administrativos. El accionante y el agente del Ministerio Público, además,
presentaron resumen escrito de sus intervenciones15.
I.4. La sentencia de primera instancia16
7
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 05AutoAdmiteDemanda.pdf
8
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 08ReformaDemanda.pdf
9
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 14AutoAdmiteReforma.pdf
10
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 18InformeSecretarial 000-2024-00075-00.pdf
11
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 19AutoAbrePruebas.pdf
12
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 22AutoNiegaMedida.pdf
13
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
14
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 48acta de audiencia PI.pdf
15
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 49AlegatosDemandante .pdf, 50Alegatos2Demandante.pdf,
51Alegatos3Demandante.pdf y 52ConceptoMinPublico.pdf
16
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 66SentenciaPrimeraInstancia.pdf
8
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
29. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la sentencia núm.
018/2024 de 22 de abril de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: Denegar la pretensión de pérdida de investidura formulada
contra el concejal ARMANDO LUIS CÓRDOBA JULIO.
SEGUNDO: En firme esta decisión, archívese el expediente, previas las
anotaciones en el sistema de gestión SAMAI. […]” (Negrilla del texto)
30. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:
“[…] si en el proceso se encuentran probados los supuestos de la causal de
pérdida de investidura de concejales por violación del régimen de conflicto de
intereses prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en
concordancia con los artículos 55 y 70 de la Ley 136 de 1994, con ocasión de
la participación del demandado en el trámite del concurso de méritos para la
elección de personero Distrital de Cartagena. (sic) […]”
31. Planteó la tesis que sustentaría en la providencia, en la cual:
“[…] No se configura en el presente caso el elemento de la causal imputada al
demandado, referida a la existencia de un interés directo, particular o inmediato
en la elección de personero distrital de Cartagena, puesto que no se demostró
en el proceso que durante el tiempo en que intervino en el trámite de la elección
de personero distrital hubiera sido notificado en legal forma de la apertura de
investigación disciplinaria en su contra por parte de la Personería Distrital.
Por el contrario, se demostró que cuando otorgó poder para obtener copia del
expediente y ejercer su defensa en la investigación, todavía no había sido
notificado del auto que ordenó su apertura, y ya había presentado impedimento
para participar de la elección del personero […]”
32. Abordó, luego de referirse, de manera general, a la naturaleza y finalidad del
medio de control de pérdida de investidura y a la causal invocada y los requisitos
para su configuración, el caso concreto.
33. Encontró acreditado que el acusado:
33.1. Tenía la condición de concejal del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias para el período 2024-2027, conforme al formulario E-26 CON y el acta de
posesión en el cargo de 2 de enero de 2024.
33.2. Participó en el trámite del concurso de méritos para elegir personero distrital,
mediante la expedición i) de la Resolución núm. 09 de 4 de enero de 2024, por
medio de la cual se dispuso reanudar el concurso y la modificación de su
cronograma y ii) de la Resolución núm. 10 de la misma fecha, 4 de enero de 2024,
por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la Resolución
núm. 301 de 15 de diciembre de 2023, a través de la cual se había negado la
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exclusión de un participante; e igualmente, en la decisión de recusaciones
presentadas en contra de algunos concejales.
33.3. Participó en el trámite del concurso hasta el 10 de enero de 2024 y que solo,
hasta el 20 de enero de 2024, declaró su impedimento por conflicto de intereses en
la designación del personero distrital, pues la Personería Distrital de Cartagena
seguía en su contra dos procesos disciplinarios, los cuales fueron acumulados.
34. Destacó que la causal de pérdida de investidura se configura por la participación
del miembro de una corporación de elección popular en cualquier actividad que
implique el ejercicio de sus competencias y:
“[…] cuando lo que se les imputa es la falta de impedimento por seguirse en su
contra investigaciones disciplinarias o fiscales a cargo de los directores de los
órganos de control, la misma jurisprudencia ha señalado que el interés directo
se estructura cuando se han notificado en legal forma los autos de apertura de
dichas investigaciones,17 (sic) y cuando se demuestra que los miembros de la
corporación han incidido de forma directa, al menos en la escogencia de los
candidatos opcionados (sic) para ocupar dichos cargos, o que hubiese votado
por éstos en la elección final,18 (sic) presupuestos que no se cumplen en este
caso, como pasa a explicarse. […]”
35. Mencionó, en relación con la ausencia del interés directo, particular o inmediato
del concejal en la elección del personero distrital por falta de notificación de las
investigaciones disciplinarias seguidas en su contra por la Personería Distrital de
Cartagena de Indias, que se allegó el oficio de 22 de marzo de 2024 del personero
delegado para la vigilancia de la conducta oficial de aquella institución, en el cual se
hizo constar que:
35.1. En contra del acusado, mediante auto de 23 de diciembre de 2022, se abrió una
investigación disciplinaria por hechos ocurridos cuando se desempeñó como
secretario de participación ciudadana y desarrollo social de la “[…] Alcaldía Mayor
de Cartagena […]” y, además, que se procedió, conforme el artículo 98 de la Ley
1952 de 28 de enero de 201919, a la acumulación del proceso con “[…] radicado N°
PDISCP 249-2022 al N° PDISCP 138-2021 mediante auto fechado el 28 de febrero
de 2023, teniendo en cuenta que se trata de hechos conexos y hay identidad del
disciplinable […]”.
35.2. La citada delegada ordenó, en auto de 13 de marzo de 2024, el archivo y
terminación de la investigación disciplinaria adelantada en contra del acusado.
17
Sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, radicado con el número 85001-23-33-000-2020-00012-02 (PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Sentencias proferidas por la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 25 de abril de 2018 dentro del proceso de pérdida de investidura radicado
con el número 11001-03-15-000-2018-00319-00 (PI); y el 2 de abril de 2019 dentro del proceso radicado con número 11001-
03-15-000-2018-04626-00 (PI), ambas con ponencia del C.P. Oswaldo Giraldo López.
19
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
35.3. Notificó el auto de apertura de la investigación disciplinaria en el expediente
núm. PDISCP 138 – 2021 de 23 de diciembre de 2022, el 1 de marzo de 2023 y
que, en relación con la notificación del auto de apertura de la indagación preliminar
en el expediente núm. PDISCP 249 – 2022 de 10 de febrero de 2022, no existía la
posibilidad de notificar dicho auto puesto que tal indagación se adelantó en contra
de funcionarios por determinar sin que existiera alguno vinculado a la actuación.
36. Destacó que la certificación no estableció la forma y fecha en que se notificó el
auto que ordenó la acumulación de las actuaciones disciplinarias citadas supra, ni
la oportunidad en la que “[…] el disciplinable intervino en el proceso por primera vez
[…]”; no obstante, a estos puntos se habría referido el personero delegado para la
vigilancia de la conducta oficial de la Personería Distrital Cartagena de Indias, en
oficio que se encuentra en el expediente, así:
“[…] 1. A folio 211 del expediente, se evidencia Auto de Apertura de
Investigación Disciplinaria de fecha 23 de diciembre de 2022 en el proceso
disciplinario 138-2021, firmado por la Personera Delegada KARINA
MARGARITA VÁSQUEZ BUELVAS; al disciplinado se le envió Notificación
Electrónica a su correo personal del Auto de Apertura del proceso con radicado
138-2021 día 01 de marzo de 2023 (Folio 217); sea oportuno indicar que a la
fecha de la notificación ya se encontraba incorporado a dicho expediente el Auto
que ordenó la acumulación del expediente 249 -2022 al expediente 138-2021.
Siendo así, por economía procesal esta dependencia no vio necesario notificar
al disciplinado el auto que ordenó la acumulación del expediente contentivo del
proceso 249-2022 al 138-2021, proferido el día 28 de febrero de 2023, toda vez
que al existir en consecuencia un solo proceso del que se deriva una sola
actuación disciplinaria, la decisión de acumulación al estar contenida en el
proceso 138-2021, se entendió por notificada el día 01 de marzo de 2023, fecha
en que como ya se ha indicado, se notificó la apertura del proceso. Es
importante resaltar que de conformidad con la ley disciplinaria esto es la ley
1952 de 2019, en especial su artículo 213, en concordancia con el artículo 121
y 112, una vez el disciplinado es notificado de la apertura de la investigación,
tiene derecho a acceder a la misma directamente o a través de abogado, la
rendir versión libre y en general a ejercer su derecho a la defensa y
contradicción.
Todo lo anterior, en aras de aplicar el principio de celeridad previsto en el
artículo 18 ibidem.
Por lo anterior al estar notificado el 01 de marzo de 2023 a su correo electrónico,
no solo era conocedor del auto de apertura del proceso 138-2021, si no
integralmente de todo el expediente, incluyendo el auto que ordenó la
acumulación del proceso 249-2022; por lo tanto, no era necesario, se reitera,
que se procediera a notificar dicha acumulación, porque materialmente existía
un solo proceso.
Cabe resaltar que el suscrito Personero Delegado conoce del proceso a partir
de enero de 2023, fecha en que tomé posesión del cargo; revisando más de
200 expedientes que se encontraban reposando en la dependencia, y se pudo
evidenciar que el proceso 138-2021 no había sido notificado desde el Auto de
Apertura de Investigación Disciplinaria de fecha 23 de diciembre de 2022, por
lo tanto, se procedió de conformidad para dar impulso procesal a la actuación
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
el 01 de marzo de 2023, efectuando la notificación al correo electrónico del
disciplinado.
2. A folio 354 del expediente se evidencia que el día 23 de enero de 2024, el
disciplinado ARMANDO CORDOBA JULIO (…) intervino confiriendo poder al
señor URIEL ÁNGEL PÉREZ MÁRQUEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía N° 73.184.175 de Cartagena, para que haga de sus veces dentro
del proceso.
Por consiguiente, el apoderado URIEL ÁNGEL PÉREZ MÁRQUEZ, solicitó a
esta dependencia copia integral del expediente con radicación 138-2021 y
autorización para que se le notifique por medios electrónicos; y dicha solicitud
fue respondida de manera oportuna. A folio 359, se evidencia auto que
reconoce personería y se le envió al correo autorizado copia íntegra del
expediente digital el día 25 de enero de 2024. Por manera que, incluso en este
acto de comunicación con el apoderado la parte disciplinada también conoció
de la acumulación del proceso con radicación 249-2022” […]”
37. Dio cuenta que fue remitido a este proceso, por parte del citado funcionario de la
Personería Distrital Cartagena de Indias, el oficio de 1°. de marzo de 2023, dirigido
al acusado, en el cual consta que fue citado para que “[…] conozca el contenido de
la decisión proferida entre el expediente radicado número 138-2021 […]” y, en caso
de que no compareciera dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega de la
comunicación “[…] se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar el
acto el auto (sic) citado […]”, indicándole que “[…] puede autorizar las notificaciones
de las decisiones futuras al correo electrónico que indique, así como también
manifestar su decisión de darse por notificado de esta apertura vía correo
electrónico. […]”.
38. Comentó, igualmente, que fueron remitidos:
38.1. Copia del memorial de “[…] 23 de enero de 2023 (sic) […]”, en el cual el concejal
demandado otorgó poder a un abogado, para que lo representara en el proceso
disciplinario núm. “[…] PDISCIP 138-2021 […]”.
38.2. Copia del oficio de 24 de enero de 2024, en el cual el abogado del acusado
remitió el poder y solicitó su reconocimiento como apoderado de este en el proceso
disciplinario mencionado y copia íntegra del mismo.
38.3. Copia del memorial de 24 de enero de 2024, a través del cual, el apoderado del
acusado solicitó que le fuera “[…] notificado el auto mediante el cual se decretó
“cierre de investigación disciplinaria y, traslado para la presentación de alegatos
precalificatorios” […]”.
38.4. Copia i) del auto mediante el cual se reconoce al abogado citado como
apoderado del acusado; ii) del oficio de 25 de enero de 2024, en el que se le notifica
al apoderado del acusado el auto de reconocimiento de personería; iii) captura de
pantalla del envío de la notificación del mencionado auto; y, iv) captura de pantalla
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
del envió de la notificación del auto de apertura de la investigación de 23 de
diciembre de 2022.
39. Concluyó, de los documentos mencionados, que el demandado intervino en los
procesos disciplinarios acumulados, solo hasta el 24 de enero de 2024, al solicitar,
por intermedio de su apoderado judicial, el reconocimiento de personería para
actuar en los procesos y copia íntegra del expediente, lo cual querría significar que:
“[…] en la fecha en que intervino por primera vez en el proceso disciplinario ya
se había declarado impedido en el trámite orientado a la elección de personero
(sic) distrital que motiva la demanda.
No está probado en el presente proceso que el demandado hubiere sido
notificado en legal forma antes de se (sic) declarara impedido […]”
40. Citó,para sostener la conclusión consistente en que el demandado no fue
notificado en legal forma, los artículos 111, 120, 121, 127, 128 y 129 de la Ley 1952,
destacando que:
“[…] La confrontación de las normas que regulan la forma de notificación del
auto de apertura de investigación disciplinaria y la descripción de las pruebas
relacionadas con el modo en que la Personería Delegada competente pretendió
notificarlo, permite concluir que obró en forma irregular y no garantizó el acceso
del disciplinado al conocimiento de la investigación.
En efecto, procedió la Personería Delegada a enviar al concejal demandado un
correo electrónico a un buzón que este reconoce como suyo, en el cual
informaba de la apertura de la investigación y lo citaba a comparecer a la
Personería “para que conozca el contenido de la decisión proferida dentro del
expediente radicado No. 138-2021. Si transcurrido cinco días contados a partir
del siguiente a partir de esta comunicación, no comparece a notificarse
personalmente, a la sede de la personería distrital…a la dirección…se fijará
edicto por el término de tres días para notificar el auto citado”.
Erró la Personería Delegada por haber pretendido citar al demandado mediante
aviso a su correo electrónico, puesto que ello no está autorizado, y debió hacerlo
a la última dirección que figuraba en el expediente o aquélla registrada en su
hoja de vida, como lo exige el artículo 111 del CGD, y no está probado que se
hubiera hecho de ese modo. Tampoco está probado que se hubiera fijado edicto
alguno, lo cual no podría haber hecho válidamente, porque solo era posible
previa citación efectuada en la forma prescrita en el artículo 127 del CGD.
Luego, mal podría afirmarse que el demandado tenía conocimiento de la
investigación disciplinaria en su contra por el solo hecho de que la Personería
Delegada le envió un correo electrónico, que en modo alguno puede ser tenido
como notificación personal, puesto que de acuerdo con el artículo 122 del CGD
está condicionada a que el investigado o su defensor “previamente y por escrito
hubieren aceptado ser notificados de esta manera”, y no hay prueba en el
proceso de que tal autorización se hubiera concedido.
La afirmación hecha por el concejal demandado en su defensa de que solo vino
a enterarse de que podía estar siendo investigado disciplinariamente por la
Personería con ocasión a las afirmaciones hechas por una colega suya en el
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
curso de la sesión del concejo de 10 de enero de 2024, lo cual lo llevó a otorgar
poder a un abogado que lo defendiera, es congruente con su conducta procesal,
pues resultaría inexplicable que omitiera defenderse durante más de nueve
meses si hubiese sido notificado de la apertura de investigación en su contra.
Resultaría irrazonable responsabilizar al demandado por desatender su correo
electrónico en un caso en el que, por no estar obligado legalmente a notificarse
o intervenir por esa vía en el proceso disciplinario, no le era exigible que
permaneciera atento a dicha citación, menos aún si se tiene en cuenta que no
era el medio previsto en la ley para el efecto.
No sobra agregar que actuó de manera prudente al declararse impedido el 20
de enero de 2024, cuando aún no se había notificado ni intervenido en el
proceso disciplinario, y a otorgar poder el 23 de enero a un abogado para que
solicitara la copia del expediente y ejerciera su defensa, fecha en la que, se
reitera, todavía no se había surtido la notificación del auto de apertura de
investigación. […]”
41. Advirtió, igualmente, que de acuerdo con el artículo 167 de la Ley 1564 de 12 de
julio 201220, le correspondía a la parte accionante allegar los medios de prueba que
demostraran que el accionado tuvo conocimiento de la investigación en su contra,
pues lo contrario implicaría la no configuración objetiva de la causal y la inexistencia
de reproche desde el punto de vista subjetivo.
42. Agregó a lo argumentado que, aun en el evento en que se haya demostrado que
el acusado fue notificado de la apertura de los procesos disciplinarios en su contra
por la Personería Distrital Cartagena de Indias, no había lugar a declarar la pérdida
de investidura por no estar configurado el interés directo, teniendo en cuenta que
no “[…] basta con cualquier participación, sino de una participación calificada, en el
sentido de que debe incidir al menos en la escogencia de los candidatos o en su
elección. […]”, posición sostenida por salas especiales de decisión de pérdida de
investidura de esta Corporación.
43. Aludió a las sentencias de 25 de abril de 2018 y 2 de abril de 2019, proferidas
por la Sala Especial de Pérdida de Investidura Dieciocho, en donde se habría
precisado que:
“[…] Así se infiere de la sentencia de 25 de abril de 2018, proferida por la Sala
Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso
radicado con el No. 11001-03-15-000-2018-00319-00 (PI), C.P. Oswaldo
Giraldo López, donde se precisó que para la configuración de la causal “es
necesaria su participación [de los Congresistas] en las respectivas votaciones,
como quiera que a través de ella se consolida la voluntad del Congreso de la
República en el ejercicio del mandato principal que le han delegado los
electores...”.
La misma Sala Especial expresó en la sentencia proferida el 2 de abril de 2019
dentro del proceso radicado con número 11001-03-15-000-2018-04626-00 (PI),
20
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
C.P. Oswaldo Giraldo López, que “el conflicto de intereses, entendido como la
existencia de un interés directo que pudiese beneficiar al congresista
demandado, requería la demostración de que éste hubiera incidido de forma
directa, al menos en la escogencia del señor … como uno de los diez (10)
candidatos opcionados (sic) para ocupar el cargo de Contralor, o que hubiese
votado por éste en la elección final, lo que no se demostró, máxime cuando el
proceso estuvo dotado de criterios de selección por mérito. […]” (Subrayado del
texto)
44. Considero que, en el presente caso, el concejal accionado no participó de la
prueba de entrevista y no impartió calificación alguna respecto de esta, como
tampoco intervino en la escogencia de la terna ni en la votación para designar al
personero distrital.
I.5. El recurso de apelación21
45. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda.
46. Se refirió a los argumentos esgrimidos por la primera instancia relativos a la falta
de notificación personal al acusado, en debida forma, de la apertura de la
investigación disciplinaria.
47. Respecto de ellos, manifestó que esa instancia minimizó que el demandado sí
tuvo conocimiento de que, en su contra, cursaba un proceso disciplinario,
justificando la desatención de este.
48. Adujo que se citó una decisión judicial que no puede ser aplicada por analogía
puesto que los hechos no son similares, en razón a que en la providencia citada
cursaba un proceso de responsabilidad fiscal y, en este proceso, estamos frente a
un proceso disciplinario, que tiene un marco normativo distinto en materia de
notificaciones del aplicable a los procesos de responsabilidad fiscal.
49. Citó los artículos 55 y 70 de la Ley 136; 48, numeral 1., de la Ley 617; y, 11,
numerales 1., 2., 3., 4. y 5., de la Ley 1437, concluyendo que en ninguna de ellas
se señala que el concejal debía estar notificado en debida forma y, por el contrario,
en su concepto:
“[…] basta con tener un interés directo como lo señala la Ley 136 de 1994 antes
referenciada o que exista un litigio o controversia, que en el caso que hoy nos
cita, tenía 2 procesos en su contra.
Es decir, lo que se tiene que probar es que el Concejal tenga un interés directo
o que exista un litigio o controversia. Y ambos casos está suficientemente
probado que si tenía conocimiento. Desde que recibió el correo electrónico de
21
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 73RecursoApelación.pdf
15
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
la Personería Distrital, supo que había una causa en su contra y no se declaró
impedido. Es falta la motivación (sic) del Ad-quo (sic) que señala que debe
existir una debida notificación del proceso, puesto, este hecho no incide en nada
en la existencia no de una sino de dos causas en su contra, que es lo que la
Ley trata de impedir. […]”.
50. Asimismo, trascribió apartes de la sentencia C-473 de la Corte Constitucional,
aseverando, con base en ella, que la pérdida de investidura es un reproche
disciplinario que se le hace al acusado, en este caso, por participar en decisiones
que le competen pese a conocer que, en su contra, se tramitan procesos
disciplinarios, lo cual evidenciaría que le asistía un interés directo en el resultado
del concurso de méritos adelantado por el concejo del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias.
51. Se enfocó, posteriormente, en los argumentos relativos a la falta de interés
directo del acusado por no haber incidido, directamente, en la elección del
personero distrital, resaltando que la primera instancia, insistió, habría minimizado
las actuaciones desplegadas por el accionado y “[…] pasa casi por inadvertido la
incidencia en la escogencia del candidato […]”.
52. Mencionó que esa instancia no analizó el contenido de la Resolución núm. 10 de
4 de enero de 2024, en la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando el
acto administrativo impugnado, la Resolución núm. 301 de 15 de diciembre de 2023,
a través de la cual se negó la exclusión de un aspirante en el concurso de méritos
para elegir al personero distrital, en cuya expedición intervino el accionado, puesto
que la aspirante no excluida, posteriormente, fue elegida y posesionada en tal cargo.
53. Aseveró que:
“[…] Tan clara es el interés (sic) visto en este proceso, que según lo señala
la misma Sentencia a folio 17 que el 23 de enero de 2024 el demandado
otorga poder a apoderado (sic) para defenderse en los procesos que
cursan en la Personería Distrital en su contra. Los radicados de esos
procesos son del año 2021 y 2022, presuntamente no había surtido
siquiera el trámite de notificación personal, sin embargo, en mes y tres
semanas, EN TIEMPO EXPRESS (sic) agotan todo el proceso disciplinario,
con período probatorio y demás, y el 13 de marzo de 2024 y tan solo 12
días posteriores de haberse posesionado la nueva personera que como
candidata el demandado no permitió que la excluyeran, del concurso (sic)
para proveer la directora de la cartera de esta misma entidad, Personería
Distrital, esta misma Personería Archiva (sic) las investigaciones en su
contra. […]”. (Negrilla del texto)
54. Alegó, de otro lado, que la primera instancia habría errado en el análisis de las
pruebas que obraban dentro del proceso pues, en su concepto, estaría plenamente
demostrado que el accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura
atribuida:
16
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
“[…] por haber participado dentro del trámite del concurso de méritos para elegir
Personero del Distrito de Cartagena de Indias, a sabiendas que se encontraba
en curso una investigación disciplinaria en su contra, precisamente en el órgano
donde se iba a elegir para el período 1° de marzo de 2024-29 (sic) a febrero de
2028 su representante legal (sic).
Lo anterior se extrae de los indicios indicadores que se generan del
impedimento manifestado por el Concejal accionado Armando Córdoba el día
20 de enero de 2024, ante el Concejo Distrital de Cartagena y el otorgamiento
del poder a su abogado para que lo representara dentro del proceso disciplinario
OJO NUMERO TAL (sic), el día 23 del mes y año en cita; estos hechos son
claros indicios que el accionado conocía desde antes de su participación en el
trámite para la elección del Personero de Cartagena la existencia de la
investigación que contra él se tramitaba en el ente disciplinario distrital.
Igualmente, tenemos que el demandado manifestó en audiencia que “no sabía,
que no tenía presente un auto de apertura de investigación disciplinaria en la
personería, pero de conocer el auto de apertura de investigación,
inmediatamente habría actuado y designado defensor, como en efecto lo hizo
cuando se enteró del auto de apertura de investigación”, haciendo alusión al
auto de apertura, pero dando a entender que, si conocía de dicho proceso, no
obstante, a que no le habían notificado en debida forma, máxime que se
encontraban notas de prensa sobre dicha investigación. Diario El Universal y
Caracol Cartagena).
(…)
Por ello, se puede concluir que el concejal Córdoba tenía pleno conocimiento
de la investigación que cursaba en su contra en la Personería Distrital de
Cartagena, para los días que este participó en la adopción del trámite para la
elección de la Personera de esta ciudad, doctora Eliana Simancas. […]”
55. Argumentó que, si bien el accionado “[…] no actuó dentro de la elección en
comento […]”, el conflicto de intereses se configura, igualmente, cuando el “[…]
servidor público de elección popular participa en la regulación, gestión o control de
un asunto de su competencia […]”, lo cual, en su concepto, ocurrió en este proceso
con la expedición de las resoluciones 9 y 10 de 4 de enero de 2024, destacando,
igualmente, que el acusado participó en el trámite del concurso hasta el 10 de enero
de 2024 y solo hasta el 20 de enero de 2024 se declaró impedido por la existencia
de los procesos disciplinarios en la Personería Distrital Cartagena de Indias.
I.6. Trámite del recurso de apelación
56. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
15 de mayo de 202422, concedió el recurso de apelación interpuesto por el
accionante en contra de sentencia de 22 de abril de 2024.
57. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda
instancia, mediante auto de 2 de julio de 202423, resolvió admitir el recurso de
22
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 75AutoConcedeRecursoApelación.pdf
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Índice 4, SAMAI.
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
apelación, negar las pruebas solicitadas en el citado recurso y correr traslado del
auto admisorio del recurso de apelación al accionada y al agente del Ministerio
Público por el término de tres (3) días.
58. Durante el término del traslado concedido, el accionante24 intervino presentando
sus alegatos de conclusión en los cuales solicitó la revocatoria de la decisión de
primera instancia para que, en su lugar, se declarara la pérdida de investidura del
accionado, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
59. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
acusado; iii) el problema jurídico; y, iv) los cargos formulados por el apelante contra
la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
60. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el
artículo 150 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
61. La condición del acusado como concejal del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias para el período 2024-2027, se encuentra probado por i) copia
del formato E-26 CON, acta del escrutinio municipal correspondiente a las
elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 202325; y ii)
certificación expedida por el secretario general frente a lo acontecido en la sesión
plenaria de 2 de enero de 202426, en la cual se instaló el concejo distrital y tomaron
posesión los concejales para el período 2024-2027, entre ellos, el acusado.
II.3. El problema jurídico
62. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que
debe resolver, siguiendo el recurso de apelación formulado por el accionante, se
contrae a determinar si se configuraron los elementos objetivo y subjetivo para
despojar de su investidura al señor Armando Luis Córdoba Julio, concejal del Distrito
24
Índice 9, SAMAI.
25
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 01DEMANDA .pdf y 08ReformaDemanda.pdf
26
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 34Respuesta-Concejo.pdf
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el período 2024-2027, por incurrir
en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, en concordancia con el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, esto es,
la violación al régimen de conflicto de intereses, como así lo afirma el apelante y, en
consecuencia, proceder a la revocatoria de la sentencia núm. 018/2024 de 22 de
abril de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la solicitud de pérdida de
investidura, por no encontrar acreditados tales elementos.
II.4. La causal de pérdida de investidura
63. La parte accionante le atribuyó al concejal del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias para el período 2024-2027, señor Armando Luis Córdoba Julio,
la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, en concordancia con el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, esto es:
“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses. […]”
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general. […]”
64. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de interés, lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero
civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada.
Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]”
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
65. El numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437, en cuanto al conflicto de interés,
señaló:
“[…] ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión
del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. […]”
66. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200927, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
67. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se sanciona la
posibilidad de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar
corporaciones públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener
beneficios, ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad,
desconociendo precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus
funciones.
68. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.
69. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.
70. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
mencionada, las cuales, si bien se han realizado con ocasión de las controversias
27
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
20
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asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento, configuración y aplicación
de la figura a los miembros de corporaciones públicas del orden territorial.
71. Así, en sentencia de 28 enero de 202028, indicó:
“[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –
numeral 1-, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art.
18-), la jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del
Consejo de Estado29 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha
señalado los requisitos concurrentes que necesariamente deben estar
acreditados para la estructuración de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, así:
“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del
asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el
congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga
lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino
a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso
de la República”.30
En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida
de investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo
cercano”, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura
cuando se observa: a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden,
incluso moral- del congresista en la deliberación o decisión de un tema
específico a cargo del Congreso; b) que efectivamente participe en la
deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese interés sea
directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual, y e) que
el beneficio recibido no sea general sino particular.
Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de
violación del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el
congresista tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo
porque el mismo le afecta en forma personal, a alguno de sus parientes en los
grados indicados en la norma o, a sus socios, y plantea un enfrentamiento entre
su interés personal y el interés general que debe guiar el ejercicio de sus
funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su impedimento para
efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal de pérdida de
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 28 de enero de 2020. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2019 02135 01.
29
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No. Rad. AC-
11116, C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad. No. 2012-01771-01, C.P.
María Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad No. 2015-00177, C.P. María Claudia
Rojas Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de 2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo
Giraldo López; Sentencia del 5 de septiembre de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-
03779, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
30
Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-
00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.
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investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto jurídico
indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada.[…]” (Negrilla y
subrayado del texto)
72. Esta Sección31 ha señalado que, para la configuración objetiva de esta causal se
requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] 55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en
la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general,
sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de
sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en
perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre
los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba
declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de
esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera
transparente e imparcial […]”.
56. Esta Sección33 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló
que esta “[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto,
[…] en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en
razón de sus funciones […]”; y agregó que “[…] la Sala Plena34 ha sido enfática
en sostener que si el interés se confunde con el que asiste a todas las personas
o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto,
pues en tal caso estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo
propio […]” (Destacado fuera de texto).
57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando
el miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o
votación de un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la
participación tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa
de votación en la medida en que la sola participación en cualquiera de esas
etapas estructura el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de
pérdida de investidura.
59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar
los siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón
de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
32
Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI); y
Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-
00(IJ).
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15- 000-2006-00003-01.
34
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
22
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que
configura el interés. […]” (Negrilla del texto)
II.5. Los cargos formulados por el apelante
73. El apelante cuestionó la decisión de primera instancia puesto que, contrario a lo
argumentado por aquella, si estaba acreditado el interés directo, particular y directo
del acusado en la elección del personero del personero del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, en razón a que:
73.1. El acusado tuvo conocimiento que, en su contra, cursaba un proceso
disciplinario, desde que recibió el correo electrónico de la Personería Distrital
Cartagena de Indias.
73.2. Añadió que, el hecho de que haya manifestado el impedimento el 20 de enero
de 2024 y otorgara, el 23 de ese mismo mes y año -23 de enero de 2024-, poder a
un abogado para que lo representara dentro del proceso disciplinario es indicio del
conocimiento, con anterioridad a su participación en el trámite de la elección del
personero del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
73.3. La decisión judicial sustento de la posición defendida por la primera instancia35,
no podía ser aplicada a esta controversia, al no tratarse de hechos similares puesto
que, en aquel proceso, cursaba un proceso de responsabilidad fiscal, mientras que
en este proceso nos encontramos frente a un proceso disciplinario, los cuales tienen
disposiciones distintas en materia de notificaciones.
73.4. Los artículos 55 y 70 de la Ley 136; 48, numeral 1., de la Ley 617; y, 11 de la
Ley 1437, no exigen, para acreditar la existencia del interés directo, particular y
concreto, la notificación en debida forma de la providencia de apertura de la
investigación disciplinaria seguida en contra del acusado.
73.5. Si bien el accionado no intervino en la elección del personero del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la expedición de las resoluciones
números 9 y 10 de 4 de enero de 2024 por parte de los miembros de la mesa
directiva del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, entre
ellos el accionado, implicó la participación de este en la regulación, gestión o control
de un asunto de su competencia.
74. Se advierte dentro del expediente copia de la Resolución núm. 09 de 4 de enero
de 202436, expedida por la miembros de la mesa directiva del concejo del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de India, entre los que se encuentra el acusado,
Armando Córdoba Julio, en la cual se indica:
35
No la menciona, pero se trataría de la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por esta Sección, dentro del expediente
núm. 85001 23 33 000 2020 00012 02.
36
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 01DEMANDA.pdf y 08ReformaDemanda.pdf
23
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
“[…] 1. Que mediante la resolución 194 del 5 de septiembre de 2023, se abrió
el concurso público de méritos para la elección del cargo de personero distrital
de Cartagena para el período institucional del 1 de marzo de 2024 al 29 de
febrero de 2028. […]”.
75. El acto administrativo da cuenta, igualmente, que el desarrollo de este proceso
fue suspendido producto de la presentación de recusaciones en contra de los
concejales que, en su momento, integraron la mesa directiva del concejo del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
76. Mediante la resolución mencionada - Resolución núm. 09 de 4 de enero de 2024-
se resolvió reanudar el concurso de méritos para elegir personero distrital de
Cartagena, fijando un nuevo cronograma para su desarrollo.
77. Se encuentra certificación expedida por la Personería de Cartagena de Indias37,
en la cual se hizo constar lo siguiente:
“[…] • Que por auto de fecha 23 de diciembre del año 2022 se aperturó (sic)
investigación disciplinaria contra el señor ARMANDO CORDOBA JULIO, en su
calidad de Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social – Alcaldía
Mayor de Cartagena, para la época de los hechos.
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la ley 1952 de 2019 se
procede a acumular el proceso con radicado N° PDISCP 249-2022 al N°
PDISCP 138-2021 mediante auto fechado el 28 de febrero de 2023, teniendo
en cuenta que se trata de hechos conexos y hay identidad del disciplinable.
• Esta delegada para la Vigilancia a la Conducta oficial mediante auto de fecha
13 de marzo 2024 órdeno (sic) el Archivo y terminación de la Investigación
Disciplinaria adelantada en contra del señor ARMANDO CORDOBA JULIO, en
su calidad de Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social –
Alcaldía Mayor de Cartagena, de conformidad con las consideraciones
expuestas en el citado auto. […]” (Negrilla del texto)
78. La información anterior fue complementada por la Personería de Cartagena de
Indias38, así:
“[…] 1. Se indique cuando le fue notificado al investigado ARMANDO
CORDOBA JULIO, la primera investigación con radicado PDISCP 138-2021,
que se inició el 23 de diciembre del año 2022.
• Apertura investigación disciplinaria PDISCP 138-2021, fechada el día 23
de diciembre del año 2022, notificado el día 1 marzo 2023.
2. Cuando se Aperturó el proceso radicado PDISCP 249-2022, y cuando se
efectuó la notificación del mismo.
• Apertura de Indagación preliminar PDISCP 249-2022 fechada el 10 de
febrero 2022.
37
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 30RespuestaRequerimiento-Personeria.pdf
38
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 32RespuestaRequerimiento-Personeria.pdf
24
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
3. Sírvase enviar copia de los autos del 23 de diciembre 2022 y 13 de marzo de
2024, y se informe si este último está en firme.
Por lo anterior se anexa copias:
• Auto de investigación disciplinaria fecha 23 diciembre 2022 PDISCP 138-2021.
• Auto de indagación preliminar PDISCP 249-2022 fechada el 10 de febrero
2022.
• Auto de Archivo de fecha 13 de marzo de 2024, este último comunicado y
notificado el día 19 de marzo 2024, no está en firme. […]” (Negrilla del texto)
79. El auto de 10 de febrero de 202239, remitido con el anterior oficio, en el cual, la
Personería Distrital de Cartagena de Indias, “[…] ordena una Indagación Preliminar.
(Artículo 150 de la ley 734 de 2002) […]”, dentro del expediente núm. “[…] PDISCP-
2022-249 […]”, en lo que interesa a este proceso, resolvió:
“[…] PRIMERO: Ordenar apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de
FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISTRITAL DE CARTAGENA POR DETERMINAR, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de este proveído y según lo dispuesto en el artículo 150
de la ley 734 de 2002.
SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
(…)
TERCERO: Comisionar al personero delegado DR. MARINO CASTELLANOS
ROMERO adscrito a este Despacho, por el término de 6 meses, para que
practique las diligencias ordenadas y las demás que surjan de las anteriores,
sean pertinentes y tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente
indagación. El funcionario queda comisionado para proyectar al despacho las
decisiones que en derecho correspondan; hasta el fallo de primera instancia si
a ello hubiere lugar.
Se le recuerda al comisionado que las diligencias se realizarán por duplicado y
debidamente foliadas y deberá informar a los sujetos procesales sobre la
práctica de pruebas, para que si lo desean participen de las mismas de
acuerdo a los derechos que les asiste de conformidad con lo establecido
en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002.
(…)
SÉPTIMO: Notificar la presente decisión a quienes surjan como presuntos
responsables de los hechos referidos, advirtiéndoles que contra la misma no
procede recurso alguno y que deberán suministrar la dirección en la cual
recibirán las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número
de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal
efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.
39
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 32RespuestaRequerimiento-Personeria.pdf
25
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los
términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. […]” (Negrilla y
subrayado del texto)
80. El auto de 23 de diciembre de 202240, remitido, igualmente, con el oficio citado
supra, mediante el cual, el despacho de la “[…] Personería Delegada para la
Vigilancia Administrativa y Contratación Pública […]” de la Personería Distrital de
Cartagena de Indias, “[…] ordena una Investigación Disciplinaria […]”, dentro del
expediente núm. “[…] PDISCP-2021-138 […]”, proferido de acuerdo con el artículo
211 de la Ley 1952, reformada por la Ley 2094 de 29 de junio de 2021 41, resolvió,
en lo que interesa a este proceso, lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Ordenar apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en
contra del doctor ARMANDO CÓRDOBA JULIO Secretario de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social de la alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias
(sic), conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído y según
lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley
2094 de 2021.
SEGUNDO: Ordenar la práctica de los siguientes medios probatorios, los cuales
serán requeridos de oficio por la Personería Distrital de Cartagena de Indias:
(…)
QUINTO: Notificar esta decisión al investigado, advirtiéndole que contra la
presente no procede recurso alguno y que deberá suministrar la dirección
en la cual recibirá las comunicaciones o el canal digital en el que desee
ser notificados (sic). Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación,
indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.
En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en
los términos del artículo 127 del Código General Disciplinario. […]” (Negrilla
fuera del texto)
81. Se allegó, asimismo, la providencia de 13 de marzo de 2024, a través de la cual
se decidió, por parte de la Personería Distrital de Cartagena de Indias:
“[…] PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO y TERMINACIÓN de la Investigación
Disciplinaria adelantada en contra del señor ARMANDO CORDOBA JULIO, en
su calidad de Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social –
Alcaldía Mayor de Cartagena, para la época de los hechos, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
[…]”(Negrilla del texto)
82. La Personería de Cartagena de Indias42, posteriormente, informó que:
“[…] Con el comedimiento acostumbrado me permito atender el asunto de la
referencia radicado en este despacho 15 de abril de 2024, en los siguientes
términos a saber:
40
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 32RespuestaRequerimiento-Personeria.pdf
41
“[…] por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. […]”
42
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 60RespuestaPersoneria.pdf
26
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
1. A folio 211 del expediente, se evidencia Auto de Apertura de Investigación
Disciplinaria de fecha 23 de diciembre de 2022 en el proceso disciplinario
138-2021, firmado por la Personera Delegada KARINA MARGARITA
VÁSQUEZ BUELVAS; al disciplinado se le envió Notificación Electrónica a su
correo personal del Auto de Apertura del proceso con radicado 138-2021 día 01
de marzo de 2023 (Folio 217); sea oportuna indicar que a la fecha de la
notificación ya se encontraba incorporado a dicho expediente el Auto que
ordenó la acumulación del expediente 249 – 2022 al expediente 138-2021.
Siendo así, por economía procesal esta dependencia no vio necesario notificar
al disciplinado el auto que ordenó la acumulación del expediente contentivo del
proceso 249-2022 al 138-2021, proferido el día 28 de febrero de 2023, toda vez
que al existir en consecuencia un solo proceso del que se deriva una sola
actuación disciplinaria, la decisión de acumulación al estar contenida en el
proceso 138-2021, se entendió por notificada el día 01 de marzo de 2023, fecha
en que como ya se ha indicado, se notificó la apertura del proceso. Es
importante resaltar que de conformidad con la ley disciplinaria esto es la ley
1952 de 2019, en especial su artículo 213, en concordancia con el artículo 121
y 112, una vez el disciplinado es notificado de la apertura de la investigación,
tiene derecho a acceder a la misma directamente o a través de abogado, a
rendir versión libre y en general a ejercer su derecho a la defensa y
contradicción. Todo lo anterior en aras de aplicar el principio de celeridad
previsto en el artículo 18 ibidem.
Por lo anterior al estar notificado el 01 de marzo de 2023 a su correo electrónico,
no solo era conocedor del auto de apertura del proceso 138-2021, si no
integralmente de todo el expediente, incluyendo el auto que ordenó la
acumulación del proceso 249-2022; por lo tanto, no era necesario, se reitera,
que se procediera a notificar dicha acumulación, porque materialmente existía
un solo proceso.
Cabe resaltar que el suscrito Personero Delegado conoce del proceso a partir
de enero de 2023, fecha en que tomé posesión del cargo; revisando más de
200 expedientes que se encontraban reposando en la dependencia, y se pudo
evidenciar que el proceso 138-2021 no había sido notificado desde el Auto de
Apertura de Investigación Disciplinaria de fecha 23 de diciembre de 2022, por
lo tanto, se procedió de conformidad para dar impulso procesal a la actuación
el 01 de marzo de 2023, efectuando la notificación al correo electrónico del
disciplinado.
2. A folio 354 del expediente se evidencia que el día 23 de enero de 2024, el
disciplinado ARMANDO CORDOBA JULIO, (…) intervino confiriendo poder al
señor URIEL ÁNGEL PÉREZ MÁRQUEZ, (…) para que haga de sus veces
dentro del proceso. (sic)
Por consiguiente, el apoderado URIEL ÁNGEL PÉREZ MÁRQUEZ, solicitó a
esta dependencia copia integral del expediente con radicación 138-2021 y
autorización para que se le notifique por medios electrónicos; y dicha solicitud
fue respondida de manera oportuna. A folio 359, se evidencia auto que
reconoce personería y se le envió al correo autorizado copia íntegra del
expediente digital el día 25 de enero de 2024. Por manera que, incluso en este
acto de comunicación con el apoderado la parte disciplinada también conoció
de la acumulación del proceso con radicación 249-2022. […]” (Negrilla del texto)
27
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Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
83. Con el mencionado oficio43 se remitió copia de la “[…] Notificación Personal Auto
de Apertura de Investigación de fecha 23 de diciembre 2022 Radicado N° 138-2021
[…]” de fecha “[…] marzo 01 del 2023 […]”, en el cual se informó:
“[…] En atención al enunciado en el epígrafe y en cumplimiento del auto que
ordena apertura de investigación disciplinaria procedemos a notificarlo de
conformidad como lo establece el art. 127 de la ley 1952 de 2019, modificado
por el art. 23 de la ley 2094 de 2021, por lo anterior procedo a citarlo para que
conozca el contenido de la decisión proferida dentro del expediente radicado
No 138-2021.
Si transcurrido cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega de
esta comunicación, no comparece a notificarse personalmente a la sede de la
Personería Distrital de Cartagena ubicada en la Calle 31 (Av. Pedro de Heredia)
No 39-254 Barrio Amberes, se fijará edicto por el término de tres
(3) días para notificar el auto citado. (sic)
Finalmente, se le indica al disciplinado y a su apoderado, que, si a bien lo tiene,
puede autorizar las notificaciones de las decisiones futuras al correo electrónico
que indique, así como también manifestar su decisión de darse por notificado
de esta apertura vía correo electrónico. Dicha manifestación deberá remitirse a
los correos dvigilancia@personeriacartagena.gov.co Y
disciplinarios2@personeríacartagena.gov.co
Al correo se adjunta Auto de apertura de investigación disciplinaria fechado el
día 23 De diciembre 2022. […]”
84. Se aportaron, igualmente, con el precitado oficio44 i) correo electrónico remitido
el 24 de enero de 2024 a la Personería Distrital de Cartagena de Indias, por parte
del apoderado del señor Armando Luis Córdoba Julio, en el cual anunció adjuntar
el respectivo poder y, además, solicitó copia íntegra del expediente disciplinario
núm. “[…] PDISCIP138-2021 […]”; ii) oficio, fechado 24 de enero de 2024, del
apoderado del señor Armando Córdoba Julio, en el cual anunció que adjuntaba
poder y copia del mensaje de datos en el cual se le otorga poder y, además, solicitó
copia íntegra del expediente; iii) poder otorgado por el acusado a su abogado; iv)
correo electrónico remitido el 24 de enero de 2024 a la Personería Distrital de
Cartagena de Indias, por parte del apoderado del señor Armando Luis Córdoba
Julio, en el cual solicitó que le sea notificado el auto mediante el cual se “[…] se
decretó “cierre de investigación disciplinaria y, traslado para la presentación de
alegatos precalificatorios” en el proceso de la referencia. […]”; v) oficio, fechado 24
de enero de 2024, del apoderado del señor Armando Luis Córdoba Julio dirigido a
la Personería Distrital de Cartagena de Indias, en el cual solicitó que le sea
notificado el auto mediante el cual se “[…] se decretó “cierre de investigación
disciplinaria y, traslado para la presentación de alegatos precalificatorios” en el
proceso de la referencia. […]” indicando que tal notificación y la de decisiones
futuras puede surtirse al correo electrónico suministrado; y, vi) auto de 24 de enero
de 2024 proferido por la Personería Distrital de Cartagena de Indias en la cual se
reconoce personería para actuar dentro de la investigación disciplinaria mencionada
43
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 60RespuestaPersoneria.pdf
44
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 60RespuestaPersoneria.pdf
28
Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
al abogado del acusado, junto con su notificación, en la cual se señaló que había
enviado copia íntegra del expediente al correo electrónico del apoderado.
85. Consta, igualmente, que la Personería de Cartagena de Indias45 remitió “[…]
constancia de Notificación Electrónica del Auto de Apertura de Investigación
Disciplinaria del proceso 138-2021 […]”, así:
86. Se aportó copia de la Resolución núm. 10 de 4 de enero de 202446, expedida por
la miembros de la mesa directiva del concejo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, entre los que se encuentra el acusado, Armando Luis Córdoba
Julio, en la cual se decidió no reponer la Resolución núm. 301 de 15 de diciembre
de 2023, acto administrativo en el cual se negó la solicitud de exclusión de la señora
45
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 61ComplementoRespuestaPersoneria.pdf
46
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 01DEMANDA.pdf y 08ReformaDemanda.pdf
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
Eliana del Carmen Simancas Tinoco, del concurso de méritos para elegir al
personero del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
87. Dentro del expediente se encuentra certificación47 expedida por el secretario
general del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias respecto
de las intervenciones en sesiones plenarias del acusado, en la convocatoria para
elegir al personero distrital para el período 2024 – 2028:
“[…] EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
C E R T I F I C A:
1. 10 de enero de 2024 – Actuó como Presidente Mesa Directiva en la
resolución de las recusaciones presentadas por el Sr. Ivan Lacouture Méndez,
en contra de los Concejales: MONICA VILLALOBOS OLEA, DAVID
CABALLERO RODRIGUEZ, LAUREANO CURI ZAPATA, CARLOS BARRIOS
GÓMEZ, LEWIS MONTERO POLO
https://www.youtube.com/watch?v=7rL0zotCMCE
2. 11 de enero de 2024 – Se da lectura a un documento del Honorable Concejal
ARMANDO CÓRDOBA JULIO, en el que da respuesta a un posible conflicto de
interés por su participación en la sesión del 10 de enero por tener una
investigación en la Personería Distrital.
https://www.youtube.com/watch?v=XCC5SYYDGoM
3. 20 de enero de 2024 – Se da lectura de la respuesta del Honorable Concejal
Armando Córdoba Julio a la recusación en su contra, “en donde expresa que
desconocía la existencia de dicho proceso disciplinario e indicó que hasta el
momento no existe conflicto de interés alguno. Afirmó que no hay razón para
invalidar lo actuado hasta el momento y tampoco existe una razón para
declararse impedido, ya que no se encuentran configuradas las causales
objetivas ni subjetivas para la procedencia del impedimento por un conflicto de
interés. No obstante lo anterior, se declara impedido para participar en los
debates, discusiones y decisiones relacionadas con el proceso de elección de
Personero Distrital de Cartagena de Indias 2024 – 2028”.
https://www.youtube.com/watch?v=9nNkYalYtUI […]”48 (Negrilla del texto)
88. Se remitió, por parte del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, la comunicación de 11 de enero de 202449, dirigida a los concejales distritales
por parte del acusado, en la cual afirmó:
“[…] COMENTARIOS A LA CONSTANCIA PRESENTADA POR LA
CONCEJAL GLORIA ESTRADA EN LA PLENARIA DEL 10 DE ENERO DE
2024.
(…)
47
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 34Respuesta-Concejo.pdf
48
Los hipervínculos citados dirigen directamente al canal del “[…] CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA […]” y a la
correspondiente sesión, alojada en el sitio web “youtube.com”.
49
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 34Respuesta-Concejo.pdf
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
En atención a la constancia del asunto, la cual pude resumirse en la presencia
de un potencial conflicto de interés por mi participación en la sesión plenaria del
día 10 de enero de 2024, por tener una investigación disciplinaria en mi contra
en la Personería Distrital, debo manifestar lo siguiente:
1. Sea lo primero agradecer a la distinguida colega por estar atenta y vigilante
para que este proceso vital para el adecuado funcionamiento de la
Administración se haga de manera impecable. Es importante que la elección
del personero distrital se lleva a cabo con estricta sujeción a la ley.
2. A renglón seguido, debo advertir que desconocía por completo la existencia
de un proceso disciplinario en mi contra; sin embargo, gracias a la oportuna
advertencia que me hiciera la concejal Estrada, hice las averiguaciones del caso
y efectivamente se trata de un proceso que se adelanta bajo el radicado No,
2021- 138, el cual se encuentra en etapa de investigación preliminar.
3. De otra parte, luego de consultar la situación con mi equipo jurídico, se tiene
que hasta el momento no existe conflicto de interés alguno en mi flaca
participación en el proceso de elección de personero, principalmente a lo que
los actos de trámite desplegados en la citada plenaria del 10 de enero de 2024
se refiere y, por consiguiente, no hay razón o motivo alguno que invalide lo
actuado hasta el momento. No hay motivo alguno para que en esta instancia
me declare impedido.
(…)
4. Lo anterior no quiere decir que, de advertir una situación que afecte la función
pública que ejerzo como concejal, y no solo en el proceso de elección de
personero, sino en cualquier asunto que sea puesto bajo mi consideración, no
dudaré en presentar el respectivo impedimento, para que sea tramitado, como
corresponde. […]” (Negrilla del texto)
89. Se allegó, por parte del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, la comunicación de 19 de enero de 202450 -leída en la sesión de 20 de enero
de 2024-, en la cual el acusado responde el traslado de recusaciones formuladas
en su contra, en la siguiente forma:
“[…] En atención a las recusaciones relacionadas en el asunto, la cuales pueden
resumirse en la presencia de un potencial conflicto de interés por mi
participación en el proceso de selección del personero distrital, por tener una
investigación disciplinaria en mi contra en la Personería Distrital, debo
manifestar lo siguiente:
1. Desconocía por completo la existencia de un proceso disciplinario en mi
contra; sin embargo, según oficio fechado de 15 de enero de 2024, dirigido a
Ruth María Rentería, firmado por el personero delegado para la vigilancia a la
conducta oficial, Dr Raúl Guerrero (sic), y según averiguaciones informales, se
debe advertir que efectivamente se trata de un proceso que se adelanta bajo el
radicado No, 2021- 138, el cual se encuentra en etapa de investigación
preliminar.
2. De otra parte, luego de consultar la situación con mi equipo jurídico, se tiene
que hasta el momento no existe conflicto de interés alguno en mi flaca
participación en el proceso de elección de personero, principalmente a lo que
50
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 34Respuesta-Concejo.pdf
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
los actos de trámite desplegados, por ejemplo, en la plenaria del 10 de enero
de 2024 y, por consiguiente, no hay razón o motivo alguno que invalide lo
actuado hasta el momento. Tampoco existe una razón para que en esta
instancia me declare impedido.
(…)
3. No obstante lo anterior y con el fin de evitar más ataques injustificados
a este importante proceso para los intereses superiores de la ciudad, me
permito manifestar que me declaro impedido para participar en los
debates, discusiones y decisiones relacionadas con el proceso de
escogencia del personero distrital, que se puedan surtir a futuro. […]”.
(Negrilla fuera del texto)
90. Ahora bien, en relación con la investigación disciplinaria que se le seguía al
acusado, se debe indicar que, como lo señaló el auto de 23 de diciembre de 2022,
expedido por el despacho de la “[…] Personería Delegada para la Vigilancia
Administrativa y Contratación Pública […]” de la Personería Distrital de Cartagena
de Indias, en el cual “[…] ordena una Investigación Disciplinaria […]”, dentro del
expediente núm. “[…] PDISCP-2021-138 […]”, la norma aplicable a su trámite, era
la Ley 1952, reformada por la Ley 2094.
91. La citada norma, establece, en relación con la calidad de disciplinado, lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 111. CALIDAD DE DISCIPLINADO. La calidad de
disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de
investigación o la orden de vinculación.
El funcionario encargado de la investigación notificará de manera
personal la decisión de apertura de investigación al disciplinado. Para tal
efecto lo citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que
aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación
personal, se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.
El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación
probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad
del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la
presencia del disciplinado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación,
deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado.
Enterado de la apertura de investigación disciplinaria, el disciplinado y su
defensor, si lo tuviere, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección en
la cual recibirán las comunicaciones.
La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última
dirección conocida. […]” (Negrilla fuera del texto)
92. La ley reguló las notificaciones y comunicaciones de las decisiones disciplinarias,
así:
“[…] ARTÍCULO 120. FORMAS DE NOTIFICACIÓN. <Artículo modificado por
el artículo 19 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
32
Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
notificación de las decisiones disciplinarias puede ser personal, por estado
electrónico, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.
ARTÍCULO 121. NOTIFICACIÓN PERSONAL. <Artículo modificado por el
artículo 20 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se
notificarán personalmente los autos de apertura de investigación
disciplinaria, el de vinculación, el pliego de cargos y su variación, los fallos de
instancia.
ARTÍCULO 122. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICOS. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles>
Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas
al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o
de su defensor, si previamente y, por escrito, hubieren aceptado ser
notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado.
La respectiva constancia será anexada al expediente.
(…)
ARTÍCULO 127. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. <Artículo modificado por el
artículo 23 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los autos
que disponen la apertura de investigación, la vinculación, el pliego de
cargos y su variación, y los fallos que no puedan notificarse
personalmente, se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez
producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinable, por un
medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada
en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el
fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle
conocer los recursos que puede interponer.
Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
Si transcurrido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la
entrega de la comunicación en la última dirección registrada no
comparece el disciplinable, en la secretaría se fijará edicto por el término
de tres (3) días para notificar la providencia.
Cuando el investigado ha estado asistido por defensor, con él se surtirá la
notificación.
ARTÍCULO 128. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando
no se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular
respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para
todos los efectos, si el disciplinado o su defensor no reclama y actúa en
diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las
mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores. […]”
(Negrilla fuera del texto)
93. De la situación de hecho acreditada con las pruebas que obran en el proceso y
las normas que regulan el trámite del proceso disciplinario citadas supra, puede
advertirse que el auto de 23 de diciembre de 2022, a través del cual, el despacho
de la “[…] Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Contratación
Pública […]” de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, ordenó la apertura
33
Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
de investigación disciplinaria en contra del señor Armando Luis Córdoba Julio no le
fue notificada, en debida forma, con la comunicación de 1°. de marzo de 2023.
94. De acuerdo con los artículos 111, 121 y 127 de la Ley 1952, el auto de apertura
de la investigación disciplinaria debe notificarse personalmente.
95. Estos artículos indican que, para efectos de que se lleve a cabo esa modalidad
de notificación, el funcionario encargado de la investigación citará al investigado a
la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca en su hoja de vida,
para que pueda surtirse esa diligencia -de notificación-.
96. Si el investigado, transcurrido el término de cinco (5) días a partir de la entrega
de la comunicación, no comparece, se fijará en la secretaría de la entidad a cargo
de la investigación un edicto por el término de tres (3) días para notificar la
providencia.
97. La comunicación de 1 de marzo de 2023 corresponde a la citación que efectuó
la entidad a cargo de la investigación disciplinaria para que se llevara a cabo la
diligencia de notificación personal, como se advierte de la cita que se realiza del
artículo 127 de la Ley 1952 y de la párrafo siguiente en el cual se le indica que si
transcurridos cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega de la
comunicación no comparecía personalmente a la sede de la entidad a cargo de la
investigación, esto es, la “[…] Personería Distrital de Cartagena […]”, procedería a
fijar edicto por el término de tres (3) días para notificar el auto citado.
98. De tal forma que no puede entenderse que a través de la comunicación de 1 de
marzo de 2023 se haya notificado del auto de 23 de diciembre de 2022, a pesar de
que con ella se haya acompañado la providencia y, a esto se suma que no consta
en el expediente ni la autoridad ha dado cuenta de esto, la fijación del edicto por
parte de la autoridad disciplinaria a la que se refiere el precitado artículo 127 de la
Ley 1952.
99. Se advierte, además, que no es posible considerar que, para notificar aquella
providencia -auto de 23 de diciembre de 2022-, se procedió a la notificación de que
trata el artículo 122 de la Ley 1952, esto es, la notificación por medios de
comunicación electrónicos, puesto que esta modalidad de notificación parte del
supuesto que previamente y, por escrito, el investigado o su defensor, hayan
aceptado ser notificados de tal forma, lo cual no aparece acreditado en el proceso.
100. La Corte Constitucional, frente a esa modalidad de notificación -por medios de
comunicación electrónicos-, en la Sentencia C-570 de 201951, declaró su
exequibilidad condicionada, “[…] bajo el entendido de que debe existir evidencia
acerca de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente se dio […]” y,
51
Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
para el caso de la comunicación de 1 de marzo de 2023, la autoridad administrativa
no aporta evidencia acerca de su efectiva recepción.
101. La importancia de la notificación del auto mencionado supra radica en que,
siguiendo el artículo 111 de la Ley 1952, es con el auto de apertura de la
investigación disciplinaria -o la orden de vinculación- que se adquiere la condición
de disciplinado.
102. En términos del artículo 211 de la Ley 1952, la investigación disciplinaria implica
que se ha identificado al posible autor o autores de la falta disciplinaria y con ella se
pretende, siguiendo el artículo 212 de la citada ley, “[…] verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al
amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. […]”.
103. La Sala estima, en consonancia con lo anterior, que, en el presente caso, solo
a partir de la notificación en debida forma del auto de apertura de la investigación
disciplinaria podía surgir el interés del concejal Armando Luis Córdoba Julio, en la
elección del personero del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para
el período institucional del 1 de marzo de 2024 al 29 de febrero de 2028,
entendiendo interés como:
“[…] «[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para
aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la
ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exige” y como
“el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias,
derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto52» […]”53
104. La vinculación formal del acusado a la investigación disciplinaria núm. PDISCIP
138-2021 se dio con ocasión de las actuaciones realizadas por el apoderado del
señor Armando Luis Córdoba Julio y por la Personería Distrital de Cartagena de
Indias, que se detallan, a continuación:
104.1. El apoderado del acusado i) allegó poder para representar al hoy acusado en
el proceso disciplinario núm. PDISCIP 138-2021; ii) solicitó la notificación del auto
mediante los cuales se decretó el cierre de la investigación disciplinaria y traslado
para la presentación de alegatos; iii) pidió copia integral del expediente; y, iv)
consintió que las decisiones que se adoptaran en el trámite del proceso disciplinario
se realizaran a su correo electrónico. Actuaciones realizadas el 24 de enero de
2024.
104.2. La Personería Distrital de Cartagena de Indias, a su turno, profirió el auto de
24 de enero de 2024, en la cual reconoció personería jurídica para actuar en la
52
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de junio de 2012, radicado: 11001-03-
15-000-2011-01112-00, MP: María Claudia Rojas Lasso. También: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2009-01219-00, MP: Mauricio Fajardo Gómez.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 20 de abril de 2023. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado núm.: 25000-23-15-000-2022-00889-01.
35
Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
investigación disciplinaria al defensor nombrado por el acusado y autorizó la
expedición de las copias solicitadas por el apoderado, el cual fue notificado por
correo electrónico de 25 de enero de 2024.
105. Como lo señaló el apelante, los artículos 55 y 70 de la Ley 136; 48, numeral 1.,
de la Ley 617; y, 11 de la Ley 1437, no hacen mención alguna a que, para acreditar
la existencia del interés directo, particular y concreto, era necesaria la notificación
en debida forma de la providencia de apertura de la investigación disciplinaria
seguida en contra del acusado.
106. No obstante, la notificación en debida forma de, en este caso, el auto de 23 de
diciembre de 2022 -por el cual se ordena una investigación disciplinaria- si era
presupuesto para la existencia de aquel interés, pues solo a partir de ese acto
procesal la autoridad disciplinaria le tiene, formalmente, como disciplinado y le
atribuye, en consecuencia, haber incurrido en conductas que pueden considerarse
como faltas disciplinarias.
107. Ahora bien, como se advirtió supra, la vinculación formal del acusado al trámite
del proceso disciplinario núm. PDISCIP 138-2021 se dio con ocasión de actuaciones
realizadas por el apoderado judicial de este y por parte de la Personería Distrital de
Cartagena de Indias realizadas el 24 y 25 de enero de 2024, esto es, con
posterioridad i) a la expedición de las resoluciones 9 y 10 de 4 de enero de 2024 y
ii) a la manifestación y aceptación del impedimento para participar en el trámite del
concurso público de méritos para elegir al personero distrital, lo cual ocurrió en la
sesión del concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias realizada
el 20 de enero de 2024, conforme la certificación que, al respecto, expidió el
secretario general de esa corporación y lo acaecido en dicha sesión.
108. Por lo anterior, no está acreditada la existencia del interés directo, particular y
actual en cabeza del concejal Armando Luis Córdoba Julio, en un asunto que el
concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales, tornándose
intrascendente el análisis del contenido de las resoluciones precitadas pues, como
se explicó, al momento de ser expedidas no se había originado el señalado interés.
109. La posición expuesta por la Sala en esta providencia se encuentra en
consonancia con la esgrimida, entre otras, en las sentencias de 18 de febrero de
202154, 18 de marzo de 202155 y 17 de marzo de 202256, decisiones judiciales de
las cuales, si bien no puede predicarse que constituyan precedente, pueden
considerarse como antecedente, entendidos estos como:
“[…] El primero –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2020 00012 02.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2020 00016 02.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 17 de marzo de 2022. Radicación núm.: 17001 23 33 000 2021 00136 01.
36
Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos
de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes
tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos
en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad.
Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 200657, en la que la Corte,
ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente cualquier antecedente
que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en estudio?”, la Corte
indicó lo que sigue:
“La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es
que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un
caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La
segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de
una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las
sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que
controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras
palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en
estudio o no”.
El segundo concepto –precedente-58, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las
que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el nuevo caso. […]”59
110. En la sentencia de 18 de febrero de 202160, a la cual alude el apelante, se indicó
que:
“[…] 95. En los autos de apertura de los procesos de responsabilidad fiscal en
mención, la Contraloría Departamental de Casanare dispuso notificar
personalmente dichas providencias a los presuntos responsables fiscales,
atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los
términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de
2011.
96. Ahora bien, el artículo 106 Ley 1474 de 2011 señala que en los procesos de
responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la
Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente el auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de
responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, para lo cual se
57
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
58
Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser
entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv)
precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidenci por
hipótesis común a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de tiempo
anterior (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y
cuestiones sobre las cuales se trata decidir ahora,(…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el sentido más
restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional
en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que
se pretende resolver.
59
Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012. Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Reiterado en Corte
Constitucional, Sentencia T-643 de 2017. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2020 00012 02.
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las
actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011.
97. La Ley 1437 de 2011 reguló la notificación personal en los artículos 67 y 68
y la notificación por aviso en el artículo 69, en la siguiente forma:
(…)
98. Se advierte que en lo atinente a las citaciones al señor Ruiz Riaño para
notificación del auto de apertura de los procesos de resposabilidad fiscal 019-
2017 y 016-2019 la empesa de mensajería no dejó constancia de la
imposibilidad de hacer entrega de la comunicación, como sí lo hizo en en el
proceso con radicación 096-2019, caso en el cual allegó «Constancia de
Devolución de AVISO JUDICIAL», dejando la observación según la cual «SE
REALIZA INTENTO DE ENTREGA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE EN LA
DIRECCIÓN CLL 9 20 22 PERO EL DESTINATARIO YA SE TRASLADÓ DE
LUGAR».
99. De conformidad con lo anterior, si no se llevó a cabo la diligencia de
notificación personal de los autos de apertura de los procesos de
responsabilidad fiscal iniciados contra el señor Marco Tulio Ruiz Riaño, por lo
menos en lo que atañe a los procesos con radicados PRF 019-2017 y RPF 016-
2019, cuyas constancias de envío obran en los respectivos expedientes
administrativos, ello obedeció, en parte, a que el citado se abstuvo de acudir a
dicha diligencia, como sí lo hicieron algunas de las demás personas
involucradas, las cuales fueron citadas de la misma forma, es decir, mediante
el envío de la citación a la dirección de correspondencia registrada en las
respectivas hojas de vida.
100. Sin embargo, no puede perderse de vista que, si el acusado se ha
abstenido de acudir a las citaciones para recibir la notificación personal de los
autos de apertura de los procesos de responsabilidad fiscal iniciados en su
contra, la Contraloría Departamental de Casanare contaba con el instrumentos
de la notificación por aviso, previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
trascrito líneas atrás, el cual no empleó ni ha empleado para vincular
formalmente al diputado acusado en los precitados procesos.
(…)
102. Por ello, no cabe duda que el señor Marco Tulio Ruiz Riaño no se
encuentra vinculado formalmente a los procesos de responsabilidad fiscal a los
que se ha hecho alusión anteriormente y, en esa medida, no puede señalarse
que tuviera conocimiento de los seis [6] procesos de responsabilidad fiscal en
los cuales se había proferido tal decisión administrativa.
103. Téngase en cuenta la importancia que tiene tal decisión administrativa –el
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal– puesto que, como lo
indica el artículo 41 de la Ley 610 de 200061, este debe contener, entre otros,
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[…] ARTICULO 41. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
deberá contener lo siguiente:
1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse efectivas antes de la notificación del
auto de apertura a los presuntos responsables.
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
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los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, la identificación de la
entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales, la
determinación del daño patrimonial al Estado y la estimación de su cuantía, el
decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes y el
decreto de las medidas cautelares a que hubiera lugar, las cuales deben
hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos
responsables.
104. En el presente asunto, la vinculación formal al proceso de
responsabilidad fiscal resulta relevante para efectos de determinar la
existencia de un conflicto de interés en cabeza del diputado Marco Tulio
Ruiz Riaño, puesto que, se reitera, para los efectos del presente asunto,
de allí surgiriá el deber objetivo de poner en conocimiento de la Asamblea
Departamental de Casanare, su eventual impedimento.
105. Ahora bien, tampoco se encuentra acreditado que se haya recibido al aquí
acusado, exposición libre y espontánea sobre los hechos que dieron lugar a una
indagación preliminar o a un proceso de responsabilidad fiscal, en los términos
del artículo 42 de la Ley 610 de 200062 y del cual se pudiera derivar el
conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal que se siguen en su
contra.
106. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que, en el
presente asunto, no está acreditada la existencia del interés directo, particular
y actual o inmediato en cabeza del acusado y, en consecuencia, no se
encontraba en el deber de manifestar impedimento alguno. […]” (Negrilla fuera
del texto)
111. Las decisiones judiciales mencionadas están referidas a procesos de
responsabilidad fiscal, los cuales son distintos de los procesos disciplinarios
regulados en la Ley 1952; sin embargo, el criterio orientador que se extracta de
estas sentencias y que resulta aplicable a esta controversia, como así lo entendió
la primera instancia, radica en que resulta relevante para efectos de determinar la
existencia de un conflicto de intereses en cabeza de un miembro de una corporación
de elección popular, su vinculación formal al procedimiento administrativo que
origina tal conflicto, pues a partir de allí surgiría el deber objetivo de poner en
conocimiento de la corporación correspondiente, su eventual impedimento.
112. De otro lado, el apelante consideró errado el análisis de las pruebas que
obraban en el proceso puesto que de ellas deduce que el acusado, mientras
participaba en el trámite del concurso de méritos para elegir al personero del Distrito
8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado, para que ésta informe sobre el salario
devengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su última dirección conocida o registrada; e
igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión […]
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[…] Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o
de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal,
podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar
un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado
constituya causal que invalide lo actuado.
En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado
previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no está representado por un defensor de oficio si no
compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.
En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por escrito o por cualquier medio de audio o
audiovisual, su versión libre y espontánea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado […]
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Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, conocía plenamente de la investigación
disciplinaria que se le seguía en su contra.
113. Respecto de tal cuestionamiento, se advierte que el conocimiento que,
informalmente, haya tenido el acusado del trámite del proceso disciplinario, de lo
cual daría cuenta las sesiones del concejo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias de 11 y 20 de enero de 2024 -en las cuales, igualmente,
manifestó no conocer las investigaciones disciplinarias en su contra63- y la posterior
constitución de apoderado para actuar dentro del trámite del mismo, situaciones a
las que alude el apelante, no son suficientes para tener por configurado el interés
directo, particular y actual en cabeza del concejal, pues, se reitera, lo que se exige
es un conocimiento cualificado derivado de la debida notificación de la apertura del
auto de apertura de la investigación disciplinaria, lo cual conlleva su vinculación
formal a la actuación administrativa, en este caso, del proceso disciplinario,
actuación a cargo de la autoridad disciplinaria, lo cual no fue acreditado en el
proceso.
114. De esta manera, los argumentos del apelante, no pueden prosperar.
II.6. Conclusión
115. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró
acreditados los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, esto es, la
violación del régimen de conflicto de intereses y, en consecuencia, se abstendrá de
analizar el elemento subjetivo de culpabilidad y confirmará la sentencia núm.
018/2024 de 22 de abril de 2024, mediante la cual, la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la solicitud de pérdida de
investidura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia núm. 018/2024 de 22 de abril de 2024,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
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Ordinales 87, 88 y 89 de esta providencia.
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Radicación: 13001 23 31 000 2024 00036 01
Accionante: OSVALDO RODRÍGUEZ ESCOBAR
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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