Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00028-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00028-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2025-00028-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 760012333000202500028011
Recursos de apelación contra la sentencia de 28 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Solicitante: CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS
TESIS: SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL DE TORO
(VALLE DEL CAUCA), LUEGO DE COMPROBARSE QUE ACTUÓ CON CULPA
GRAVE EN LA COMISIÓN OBJETIVA DE LA INHABILIDAD PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 43, NUMERAL 3, DE LA LEY 136 DE 1994, ESTO ES, POR HABER
CELEBRADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN NÚM. 040.10.05.22.3586 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON EL
INSTITUTO INCIVA, DENTRO DEL AÑO ANTERIOR A LAS ELECCIONES
TERRITORIALES DE 29 DE OCTUBRE DE 2023.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el
solicitante y el agente del Ministerio Público contra la sentencia de
28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura
del concejal del municipio de Toro (Valle del Cauca), señor WILMER
MÚNERA BLANDÓN, por hechos ocurridos en ejercicio del período
constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2025 00028 01
Solicitante: CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor WILMER MÚNERA BLANDÓN, concejal del municipio de Toro
(Valle del Cauca), por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de
19942, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003, esto es por violación del régimen de inhabilidades al haber
intervenido en la celebración de contratos que debían ejecutarse en
ese ente territorial, dentro del año anterior a la elección.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado suscribió el contrato de prestación de servicios de apoyo
a la gestión núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022,
con el INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL
VALLE DEL CAUCA, en adelante INCIVA, -establecimiento público
del orden departamental del Valle del Cauca-, con inicio el 11 de
noviembre de 2022 y terminación el 30 de diciembre de 2022, esto
es, dentro del año anterior a las elecciones territoriales de 29 de
octubre de 2023, cuyo objeto se ejecutó en el mismo municipio para
el cual fue elegido (Toro - Valle del Cauca).
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
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Solicitante: CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS
I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud
oponiéndose a la desinvestidura, para lo cual manifestó, en síntesis,
que no realizó gestión de negocios o intervención ante entidades
públicas municipales o distritales dentro del año anterior a su
elección; y que su relación contractual con INCIVA fue estrictamente
de prestación de servicios, con un alcance técnico y operativo, sin
que ello implique la capacidad de decisión o incidencia en la
administración pública.
Mencionó que la Corte Constitucional ha precisado, en reiterada
jurisprudencia, que para configurar una inhabilidad electoral se
requiere demostrar no solo la existencia de un contrato con el Estado,
sino, además, que haya influido de manera directa en el ejercicio de
la función pública o en la esfera político-electoral del candidato. Y
que, en este caso, el contrato no tenía por objeto la gestión de
recursos públicos ni la toma de decisiones administrativas, sino el
cumplimiento de actividades específicas de carácter técnico, sin que
su ámbito territorial se restringiera al municipio de Toro (Valle del
Cauca), pues abarcaba la totalidad de los 42 municipios de ese
departamento, descartándose cualquier tipo de influencia exclusiva
en la administración municipal.
Sostuvo que la ejecución del contrato con INCIVA no implicó
intervención en la administración pública municipal ni generó ventaja
indebida en su elección, así como tampoco representó beneficio
electoral alguno ni interfirió en el desarrollo del proceso de elección
popular, conducta que no estuvo precededida de dolo o culpa grave,
sino de un simple desconocimiento normativo propio de su condición
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de bachiller sin experiencia profesional, carente de la intención de
infringir las normas de inhabilidades establecidas en la Ley 617.
Indicó que en el informe de supervisión adjuntado en la solicitud,
consta que ejecutó sus actividades contractuales con estudiantes de
diferentes instituciones educativas, como el COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, ESCUELA BARRIO EL LÁZARO,
ESCUELA LA INMACULADA, ESCUELA JOSÉ EUSEBIO CARO en
la vereda Sábano, ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL BOHÍO y
ESCUELA ELOY HERNÁNDEZ, población que no es apta para votar,
lo que prueba que se limitó únicamente a cumplir con sus
obligaciones contractuales, apartándose del ámbito político.
Arguyó que la ejecución del contrato tuvo lugar en el Distrito Especial
de Santiago de Cali, donde INCIVA tiene su sede principal y se
coordinaban las actividades, espacio en el que portaba los logos de
esa entidad, lo que demuestra su rol institucional; y que, en este
contexto, resulta imposible que haya realizado actividades políticas
en el municipio de Toro (Valle del Cauca), pues las jornadas estaban
dirigidas exclusivamente a menores de edad, un grupo poblacional
ajeno a cualquier tipo de proselitismo.
Recalcó que en la solicitud no se aportó prueba alguna que permita
inferir que actuó con la intención de eludir las disposiciones sobre
incompatibilidades, pues carecía de la formación académica
necesaria para entender la magnitud de los efectos legales derivados
de su postulación, al no haber transcurrido el año desde la firma del
contrato con INCIVA, hecho que resalta una falta de conocimiento
especializado que no puede interpretarse como dolo. Y que en el
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momento de su postulación, el Partido Demócrata Colombiano sede
Toro (Valle del Cauca) no contaba con un asesor jurídico que
permitiera a sus militantes conocer el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades que regía para los aspirantes, ni él tenía los
recursos suficientes para contratar un abogado.
Señaló que, en su calidad de bachiller sin formación jurídica,
desconocía que la celebración de un contrato de prestación de
servicios con una entidad departamental pudiera ser interpretada
erróneamente como una causal de inhabilidad, lo que refuerza la
ausencia de dolo o mala fe, pues lejos de obtener ventajas por la
suscripción de un contrato de prestación de servicios con una
entidad, lo que pretendía era sufragar sus gastos personales tales
como arriendo, comida, pago de servicios públicos y aseo personal,
durante los 45 días de duración del contrato.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 28 de febrero de 2025, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostuvo que si bien
se encontró configurado el elemento objetivo de la citada causal de
incompatibilidad, lo cierto es que resultó descartado el elemento
subjetivo de su conducta.
Manifestó que, dentro del año anterior a las elecciones territoriales
de 29 de octubre de 2023, el señor WILMER MÚNERA BLANDÓN
celebró con INCIVA el contrato de prestación de servicios de apoyo
a la gestión núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022,
cuyo objeto fue ejecutar el proyecto ‘IMPLEMENTACION DE
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ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE
GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA’, en los 42
municipios de ese ente territorial; y que, según informe de
supervisión-interventoría núm. FO-PAR-06 de 30 de diciembre de
2022, la ejecución de algunas de esas actividades fueron adelantadas
por el accionado en el municipio de Toro (Valle del Cauca), razón por
la que se constató la presencia del elemento objetivo de la causal de
incompatibilidad prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136.
Señaló que el actor no indicó ni mucho menos sustentó, si ese
comportamiento del accionado se desplegó a título de dolo o culpa
grave, limitándose únicamente a transcribir la norma transgredida,
lo cual no basta; y que, por el contrario, es imprescindible que el
solicitante cumpla la exigencia de carga argumentativa que demanda
el artículo 5º de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, es decir, que
señale la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y
se llene con suficiencia su debida explicación.
Mencionó que la falta de una imputación clara y definida contra el
accionado, dejó al Tribunal desprovisto de un criterio de conducta
evaluable que obsta el camino a la valoración subjetiva que exige el
juicio de pérdida de investidura; y que al no estar presente ni
sustentado lo anterior no hay forma de determinar la sustentación
del dolo o culpa grave, pues tampoco allegó medios probatorios con
los cuales se constate la presencia de un comportamiento doloso o
gravemente culposo, y los recaudados por cuenta de la solicitud
probatoria del Ministerio Público no contribuyen a tal convencimiento.
4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
III.1.- El actor interpuso recurso de apelación en el que solicita
revocar la sentencia de 28 de febrero de 2025 y, en su lugar, decretar
la pérdida de investidura del accionado, porque sí concurría el
elemento subjetivo al verificarse que la conducta del señor WILMER
MÚNERA BLANDÓN fue gravemente culposa.
Aduce que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado ha reconocido que la ignorancia de la ley, como la desatención
de la inhabilidad, puede justificar la conducta prohibida en dos
precisos eventos que no se presentaron en el caso concreto: buena
fe calificada y error invencible, que se configura (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima; y (ii)
cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se
asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal. Tal
circunstancia, siempre y cuando no haya claridad con relación al
punto que se discute para la configuración de la causal de pérdida de
investidura, pues si esta es clara no suple la falta de diligencia el
hecho de solicitar un concepto.
Manifiesta que sería improcedente excusar al accionado con razones
asociadas a su nivel académico o social, por cuanto la ignorancia de
la ley no sirve de excusa para su transgresión, y porque en el informe
de actividades del contratista se evidencia que aquél se reunía con
presidentes de la Junta de Acción comunal del municipio, líderes de
los sectores, beneficiarios de programas de huertas caseras
realizadas y gestionadas por el mismo contratista, visitas a
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ASOCOMUNAL, -que reúne a todos los presidentes de juntas y lideres
de todas las comunidades-, así como visitas al ancianato del
municipio, en plena campaña electoral, usando su investidura de
contratista para figurar, siendo esta actuación dolosa y sin discusión
frente a sus compañeros candidatos, usando además los recursos
objeto del contrato para su beneficio electoral.
Agrega que el accionado terminó la carrera profesional de
Administración de empresas con excelentes promedios, por lo cual
conocía de primer plano las actuaciones que estaba realizando.
III.2.- A su vez, el procurador 18 Judicial Administrativo interpuso
recurso de apelación en el que pide revocar la sentencia de 28 de
febrero de 2025 y, en su lugar, acceder a la pérdida de investidura
del accionado.
Arguye que el no haber indagado acerca de esa inhabilidad, como se
esperaba de un líder político o social, independientemente de que sea
un profesional del derecho o administrador de empresas constituye,
sin lugar a duda, un proceder culposo y en grado superior por los
valores democráticos involucrados, que no puede ser admitido por
quienes tienen la condición de escrutadores y garantes de esos
valores democráticos en calidad de jueces de la República.
Comenta que, en buena hora, y con un criterio más ajustado a la
realidad procesal y jurisprudencial, tres magistrados se apartaron de
la decisión mayoritaria, radicando salvamentos de voto en forma
separada pero coincidentes en que no es procedente imponerle una
carga adicional a la parte actora, máxime cuando en sus criterios
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estaban dadas las condiciones para acceder a decretar la pérdida de
investidura.
Indica que, en principio, la providencia objeto del recurso de
apelación debería ser revocada para que se practiquen las pruebas
testimoniales que solicitó como agente del Ministerio Público,
respecto de oír la declaración del supervisor o interventor del
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión núm.
040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022, y así confirmar cuál
fue el lugar de ejecución de las actividades contractuales e indagar
sobre los elementos del criterio subjetivo que extraña la sentencia
impugnada.
Respecto de que el solicitante no cumplió con la carga de
argumentación jurídica especializada en torno al juicio de
responsabilidad subjetiva, sostiene que este requisito no está
expresamente señalado en la legislación colombiana; y que si bien
han existido unos pronunciamientos jurisprudenciales sobre el
particular, ello no implica imponer una carga argumentativa especial
al actor, máxime en un medio de control de carácter público que
propugna por la defensa de la legalidad y la moralidad política.
Reitera que si bien es verdad que al actor le asiste el deber de probar
los supuestos de hecho en que se funda su solicitud de
desinvestidura, ello no implica que se le exija más allá de los
supuestos fácticos, pues el análisis subjetivo conlleva una carga
inexorable del operador judicial; y que prueba de ello es que el
Despacho sustanciador no mencionó falencia alguna en ese sentido,
al momento de admitir la solicitud inicial.
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Aduce que si se analiza con mayor detenimiento el elemento
subjetivo del accionado, teniendo en cuenta que es de carácter
culposo y que se agrava por haber defraudado la voluntad política de
sus electores, de seguro el resultado judicial será diferente al que
hoy es objeto de censura.
IV.- TRASLADOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo
14, numeral 3, de la Ley 1881, no fue descorrido por el accionado.
IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante el Consejo
de Estado, en su calidad de agente del Ministerio Público en esta
instancia, solicitó confirmar la sentencia de 2 de febrero de 2025,
para lo cual manifiesta que el Tribunal acertó al negar la
desinvestidura del accionado, pues el actor no cumplió con la carga
de argumentar y probar la configuración del elemento subjetivo,
requisito previsto en el artículo 5°, literal c), de la Ley 1881.
Indica que, de esta manera, el juez no puede proceder con un análisis
de fondo sobre aquel elemento, si el solicitante no provee una carga
mínima indicando porque, a su juicio, el accionado actuó con dolo o
culpa grave, y así permitir que el convocado ejerza de manera
oportuna su defensa y pueda contra probar con todas las garantías
que la Ley 1881 otorga al sujeto pasivo de este tipo de acciones.
Señala que era deber del Despacho ponente realizar el control
integral sobre la solicitud inicial, y al ver que no se cumplía el
requisito previsto en el artículo 5°, literal c), relacionado con la
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acusación sobre el elemento subjetivo, inadmitirla para que el actor
la completara y así poder estudiarla de fondo.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
De conformidad con los precisos términos en que fueron formulados
los recursos de apelación, le corresponde a la Sala establecer,
únicamente, si el concejal del municipio de Toro (Valle del Cauca),
señor WILMER MÚNERA BLANDÓN, obró con dolo o culpa grave
en la comisión objetiva de la causal prevista en el artículo 43,
numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
esto es por violación al régimen de inhabilidades, luego de haber
celebrado el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022, con el
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL
CAUCA, INCIVA, -establecimiento público del orden departamental
del Valle del Cauca-, cuyo objeto fue ejecutar el proyecto
‘IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023
VALLE DEL CAUCA’, en los 42 municipios de ese departamento,
dentro del año anterior a las elecciones territoriales de 29 de octubre
de 2023.
V.2.- De las inhabilidades de intervención en la gestión de
negocios y celebración de contratos con entidades públicas
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dentro del año anterior a la elección, como causales de
pérdida de investidura de concejales
La causal de pérdida de investidura en ciernes, es la comisión de la
inhabilidad prevista en la primera parte del artículo 43, numeral 3,
de la Ley 136, modificado por el artículo 40, numeral 3, de la Ley
617, que ordena lo siguiente:
“[…] CAPÍTULO IV.
CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Esta Sala ha sostenido, en repetidas oportunidades, que en la
configuración de la inhabilidad por intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas, el vocablo gestionar hace
referencia a “[…] hacer diligencias conducentes al logro de un negocio
o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el
adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta […]5
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de junio de 2006,
número único de radicación 11001031500020050133100, consejero ponente Ramiro Saavedra
Becerra.
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y la gestión, con independencia de su resultado, “[…] entraña una
conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe
estar comprobada y no ser el resultado de inferencias
subjetivas o suposiciones perspicaces. De lo anterior se infiere
que la gestión se configura con una acción, se traduce en la actividad
efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual se demanda
ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el
concepto, el obtener la respuesta o la finalidad propuesta […]”6; y
que no toda gestión da lugar a la configuración de la causal, pues
“[…] resulta necesario tener en cuenta el móvil o causa de la misma
[…]”7.
A partir de los anteriores precedentes jurisprudenciales, es posible
considerar que la inhabilidad por gestión de negocios: (i) requiere de
un sujeto, -gestor de negocios- ,quien “[…] es aquella persona que
gestiona o participa en la administración de una empresa, de un
negocio o de una organización […]”8»; (ii) se encuentra marcada por
los verbos rectores ‘intervenir’ y ‘gestionar’ que denotan una
conducta dinámica, efectiva, activa, útil, positiva y concreta en la
fase precontractual ante una entidad pública con el ánimo de obtener
un provecho o utilidad; (iii) debe recaer sobre un negocio que, cuenta
con múltiples significados según el diccionario de la real academia, a
saber: ocupación, quehacer o trabajo, dependencia, pretensión,
tratado o agencia, aquello que es objeto o materia de una ocupación
lucrativa o de interés, acción y efecto de negociar, utilidad o interés
6 Idem. Criterio a su vez reiterado en Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 6 de octubre de 2008, número único de radicación 11001031500020080123400,
consejero ponente Rafael E. Ostau Lafont Pianeta.
7 Idem.
8 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 19 de febrero de 2019, número
único de radicación 11001031500020180241700, consejera ponente María Adriana Marín.
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que se logra en lo que se trata, comercia o pretende, local en que se
negocia o comercia9; (iv) no resulta relevante obtener la respuesta o
finalidad propuesta; (v) se debe tener en cuenta el móvil de la
actividad desplegada por el gestor, con miras a establecer si se
produce, en efecto, el rompimiento del principio de igualdad en el
acceso a la conformación del poder político entre los candidatos; (vi)
puede ser en interés propio o de terceros; (vii) debe realizarse en el
respectivo municipio o distrito (elemento espacial) y, (viii) dentro del
año anterior a la elección (elemento temporal)10.
Por su parte, con relación a la inhabilidad por intervención en la
celebración de contratos se exige, en síntesis, la presencia de los
siguientes presupuestos11: a) que el censurado ostente la calidad de
concejal municipal o distrital; b) que haya intervenido en la
celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier
nivel; c) durante el año anterior a la elección como concejal; d) en
interés propio o de terceros; y e) que aquel debiera ejecutarse o
cumplirse dentro del respectivo municipio.
Se pone de presente que, para las resultas del proceso sancionatorio
de pérdida de investidura, lo trascendental es la demostración del
9 Disponible [en línea]: [https://dle.rae.es/negocio?m=form].
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
mayo de 2021, número único de radicación 25000231500020200270801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 16 de
mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01 (PI), consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 15 de marzo de 2018, número único de radicación 73001-23-
33-000-2014-00553-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; 19 de abril de
2018, número único de radicación 54001-23-33-000-2014-00061-01(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González; 10 de mayo de 2018, número único de radicación 73001-23-33-004-
2016-00477-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; 27 de octubre de 2017,
número único de radicación 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI), consejero ponente Oswaldo
Giraldo López; 14 de abril de 2016, número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00633-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; 19 de febrero de 2015, número único de
radicación 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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acto de celebración del contrato bajo las prohibiciones previstas en
la causal alegada, siendo inconducente ahondar en los aspectos
propios de su ejecución y liquidación, etapas contractuales que
escapan al radio de acción de la inhabilidad examinada.
En cuanto a la celebración del contrato, ha sido constante la
Jurisprudencia de esta Corporación en precisar que el sujeto haya
acordado libre y voluntariamente con una entidad de naturaleza
pública la estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas
tengan o no carácter pecuniario, de modo que a partir de dicho
acuerdo ambas partes adquieren obligaciones12.
De igual forma, se destaca que el legislador, en el marco de este
régimen de inhabilidades, no previó ningún tipo de excepción
relacionada con la naturaleza, alcance y contenido del objeto pactado
en el contrato, que impidiera la configuración de esta causal de
inhabilidad; o, lo que es igual, al margen de cuáles sean las
obligaciones contraídas por las partes, lo que debe determinar la
activación de la causal es la intervención en la celebración del negocio
jurídico entre el censurado y el Estado, bajo las circunstancias arriba
descritas, sin distingo adicional.
V.3.- Análisis subjetivo de la conducta del accionado
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
diciembre de 2014, número único de radicado 13001-23-33-000-2014-00235-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.
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En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal WILMER MÚNERA
BLANDÓN, se reiteran, de forma previa, los criterios elaborados por
la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201713, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública14, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura15: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades16; la indebida destinación de
dineros públicos17; el conflicto de intereses18 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado19.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
14 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110
constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
16 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,
181 y 183 de la Constitución Política.
17 Art. 183 de la Constitución Política.
18 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
19 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
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esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
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fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”20 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.21
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
20 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
21 Ídem.
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inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201222 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.23 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
22 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”24, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.
24 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
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sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
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iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”25
[…]26” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar27.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
25 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
26 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
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el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201928, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201829, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.
V.4.- Del caso concreto
De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen, y a partir de las consideraciones
vertidas, la Sala encuentra que, en efecto, el señor WILMER
MÚNERA BLANDÓN, fue elegido concejal del municipio de Toro
(Valle del Cauca), período constitucional 2024-202730, estando
inhabilitado para ocupar ese empleo público.
28 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
29 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
30 Formulario E-26 CON de 1o. de noviembre de 2023, expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
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Las evidencias dan cuenta de ello, toda vez que el accionado celebró
con INCIVA, el contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022, cuyo
objeto fue “[…] Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el
fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES
AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar
a cabo la actividad de realizar acciones de educación
ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en
los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en
procesos transversales en cumplimiento de los objetivos
instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación,
desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la
biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente […]”, con un
valor de $3.000.000 de pesos, pagaderos por mitades iguales el 30
de noviembre y 30 de diciembre de 2022, de acuerdo a disponibilidad
del PAC.
La naturaleza de INCIVA, en efecto, responde a la de un
establecimiento público del orden departamental, creado por el
Decreto Extraordinario núm. 1937 de 25 de septiembre de 1979,
expedido por el gobernador del departamento del Valle del Cauca,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento
departamental, el cual, en los términos del Decreto núm. 0272 de 3
de mayo de 2000, expedido por el gobernador del departamento del
Valle del Cauca, tiene por objetivo principal realizar, promover y
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divulgar, previa elaboración de programas respectivos, las
investigaciones de carácter científico en el campo de los recursos
naturales y sociales, así como la promoción, preservación,
divulgación y manejo del patrimonio cultural, histórico y natural de
ese ente territorial.
Por su parte, como las elecciones territoriales de dignatarios para el
período constitucional 2024-2027, se llevaron a cabo el 29 de octubre
de 2023, el período inhabilitante previsto en el artículo 43, numeral
3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
transcurrió entre esa fecha y el 29 de octubre de 2022; esto es que
el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión núm.
040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022, fue celebrado por
el accionado en interés propio con el referido instituto, dentro del año
anterior a la fecha de la elección en la que resultó elegido concejal
del municipio de Toro (Valle de Cauca).
Fue así como, si bien las actividades pactadas en ese contrato
abarcaban acciones de educación ambiental informal, para generar
bienestar a las comunidades de los 42 municipios del Valle del Cauca,
sin especificar a alguno de estos, lo cierto es que quedó demostrado
que muchas de aquellas fueron adelantadas en el mismo municipio
en el que resultó elegido concejal, esto es Toro (Valle del Cauca).
Revisado el documento denominado ‘Informe de supervisión-
interventoría FO-PAR-06 de 30 de noviembre de 2022’,
correspondiente a la cuota núm.1, suscrito por la asesora jurídica, -
en su calidad de supervisora del contrato-, así como por el accionado,
el cual tuvo como fundamento el documento relativo al ‘Informe de
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actividades ejecutadas del contrato de prestación de servicios
040.10.05.22.3586 de 18 de noviembre al 30 de noviembre de 2022’,
dirigido a la supervisora por el accionado, se evidencian, entre otros
aspectos, los siguientes:
“[…] 3. INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o
evidencias
(…)
Actividad No. 2: Él contratista realizó un encuentro con el
Presidente de ASOCOMUNAL Toro Valle Policarpo Gutiérrez
y la coordinadora Diana Carolina Bustamante donde
hablaron de los diferentes temas ambientales, de
actividades a realizar en conjunto con las Juntas de acción
comunal del municipio de Toro, esto con el fin de fomentar
conciencia frente al cuidado del medio ambiente y la vida
silvestre.
(Registro fotográfico)
Tema: Jornada ambiental.
Fecha: 24/11/2022.
Hora: 01:00pm-02:00pm.
Lugar: vereda La Calletana.
Número de asistentes: 7.
(…)
Actividad No. 5: Él contratista visitó la zona rural en la
vereda la calletana de Toro Valle con el fin de dar
seguimiento a huertas caseras la cual es una ficha
metodológica que se socializó antiguamente y se realiza
seguimiento de las huertas como llevan el proceso, se pudo
evidenciar del avance de las mismas y los beneficios que
estas mismas dan para la seguridad alimentaria de la
comunidad.
(Registro fotográfico)
Tema: Huertas caseras.
Fecha: 23/11/2022.
Hora: 11:00am-12:00.
Lugar: vereda La Calletana.
Número de asistentes: 5.
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Él contratista realizó una visita a la vereda la Calletana del
municipio de Toro Valle en la cual socialicé con miembros de
la junta de acción comunal la ficha metodológica semillas
como derecho a la vida y más en la zona rural para así tener
una seguridad alimentaria en nuestra zona rural, evidencié
que los habitantes de esta zona siembran Badea la cual
utilizan para hacer sorbetes y jugos, también mango y de
esta manera cuidan su bolsillo teniendo en sus hogares la
fruta disponible y fresca.
(Registro fotográfico)
Tema: Semillas como derecho a la vida.
Fecha: 23/11/2022.
Hora: 03:00pm-04:00pm.
Lugar: vereda La Calletana.
Número de asistentes: 5.
(…)
El contratista visitó los alrededores de la galería del
municipio de Toro en compañía del gestor de convivencia
para socializar la ficha metodológica semillas como derecho
a la vida, para concientizar a la comunidad el sembrar en sus
casas millas nativas y tener alimentos para los hogares con
el fin de tener una soberanía alimentaria.
(Registro fotográfico)
Tema: Ficha metodológica semillas como derecho a la vida.
Fecha: 24/11/2022.
Hora: 07:00am-08:00am.
Lugar: cona de la galería Toro Valle.
Número de asistentes: 20.
El contratista socializó la ficha metodológica Calendario
Ambiental con estudiantes de la escuela la Inmaculada del
municipio de Toro donde les habló que el día 17 de
noviembre se celebró el día del Aire Puro, les indicó sobre
los contaminantes del aire y los problemas a la salud que un
aire contaminado produce, también les indicó la manera de
cómo se puede cuidar el aire, usando bicicleta, no quemar
basura y sembrar árboles ya que estos actúan como filtro
para que la calidad del aire mejore.
(Registro fotográfico)
Tema: Calendario ambiental Aire Puro.
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Fecha: 18/11/2022.
Hora: 07:00am-08:00am
Lugar: Escuela La Inmaculada.
Número de asistentes: 20.
El contratista socializó la ficha metodológica Eco Barrios con
estudiantes de la escuela la Inmaculada en el municipio de
Toro Valle, donde les preguntó si sabían cuáles eran los
riesgos que pueden existir en los barrios a lo cual muy pocos
acertaron, luego procedió a indicarles sobre los posibles
riesgos a los cuales una comunidad están expuestos y más
en esta temporada de lluvias que se está viviendo en el país,
les indicó también que si logran identificar un riesgo deben
informar de manera inmediata a sus padres para que luego
ellos informen a las autoridades competentes y así se
puedan tomar las medidas.
(Registro fotográfico)
Tema: Eco Barrios.
Fecha: 28/11/2022.
Hora: 07:00am-08:00am
Lugar: Escuela La Inmaculada.
Número de asistentes: 20.
(…)
El contratista socializó la ficha metodológica cultivos nativos
con estudiantes del colegio Nuestra Señora de la consolación
del municipio de Toro Valle, donde les habló a los
estudiantes sobre los cultivos nativos de su región, como lo
son el maíz, el millo, la soya, el algodón, el frijol entre otros,
de esta manera invitó a los estudiantes a que en sus casas
opten por sembrar alguno de los cultivos que les hizo
mención, esto con el fin de contribuir al cultivo de alimentos
en casa y de alimentos sanos para el consumo humano.
(Registro fotográfico)
Tema: Cultivos nativos.
Fecha: 24/11/2022.
Hora: 07:00am-08:00am
Lugar: Zona de la galería, Toro Valle.
Número de asistentes: 20.
(…)
Actividad No. 6
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El contratista socializó la ficha metodológica Eco Barrios con
personas que iban pasando por el puente de la quebrada la
grande que comunica el casco urbano del municipio de Toro
con el Barrio el Chanco, donde les habló sobre los posibles
riesgos que existen en esta temporada invernal que se está
viviendo en el país y especialmente en el departamento del
Valle del Cauca, pues en esta quebrada acostumbran bañar
y realizar algunos paseos de olla los habitantes y turistas, y
que aunque no esté lloviendo en la parte urbana, en la parte
rural si estaría lloviendo y esto podría ocasionar una
borrasca y causar una tragedia ya que se podría llevar a las
personas que en ese momento se encuentren allí.
(Registro fotográfico)
Tema: Gestión de riesgo.
Fecha: 27/11/2022.
Hora: 03:00pm-04:00pm
Lugar: Puente Vía Barrio El Chanco.
Número de asistentes: 10.
El contratista apoyó jornada deportiva con los funcionarios
del IMDER TORO en el cual habló de la importancia del
deporte para los niños para mejorar su capacidad motriz,
también les habló de la ficha metodológica Cuidado del aire,
donde les dio a conocer la importancia de cuidar el aire que
se respira y las formas en las que se contamina, esto con el
fin de que tomen conciencia y cuiden del mismo.
(Registro fotográfico)
Tema: Cuidado del aire.
Fecha: 29/11/2022.
Hora: 02:00pm-03:00pm
Lugar: Cancha de fútbol vereda Patio Bonito.
Número de asistentes: 25.
(…)
El contratista asistió a reunión con los 22 presidentes de las
Juntas de acción comunal del municipio de Toro Valle con el
fin de recordarles la disponibilidad de los gestores
ambientales para la realización de actividades y
capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente y la
fauna silvestre, logró concretar actividades para el mes de
diciembre en diferentes zonas del municipio donde las
Juntas están asentadas.
(Registro fotográfico)
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Tema: Jornada de capacitación.
Fecha: 27/11/2022.
Hora: 10:00am-12:30pm
Lugar: Escuela Eloy Hernández.
Número de asistentes: 24.
(…)
El contratista socializó la ficha metodológica Huertas
caseras en la escuela Cristóbal Colón de vereda Patio Bonito,
la cual la realizó junto con los gestores de convivencia del
municipio de Toro esto con el fin de que los niños aprendan
sobre la Importancia de realizar siembras de las huertas
caseras en sus casas y de esta manara poder producir su
propio alimento reduciendo gastos en sus hogares con la
siembra de estas huertas en sus casas.
(Registro fotográfico)
Tema: Huertas caseras metodológicas.
Fecha: 21/11/2022.
Hora: 11:00am-12:00pm
Lugar: vereda Patio Bonito.
Número de asistentes: 10.
(…)
Actividad No. 7
(…)
El contratista realizó campaña de NO A LA PÓLVORA en el municipio
de Toro Valle en la empresa de transporte Trans Toro y negocios
aledaños con el fin de concientizar del no uso de la pólvora en esta
época decembrina que se avecina para evitar todos los efectos que
esta causa en animales silvestres como aves, y animales domésticos
como perros y gatos y también en los niños cuando sufren
quemaduras graves, fue él como Gestor Ambiental quien uso el traje
de la nutria para llevar a cabo esta buena campaña.
(Registro fotográfico)
Tema: Ficha metodológica No a la pólvora.
Fecha: 18/11/2022.
Hora: 3:00pm-04:00pm
Lugar: Empresa de transporte Toro.
Número de asistentes: 15 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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A su vez, en el ‘Informe de supervisión-interventoría FO-PAR-06 de
30 de diciembre de 2022’, correspondiente a la cuota núm.2, suscrito
por la asesora jurídica, -en su calidad de supervisora del contrato-,
así como por el accionado, el cual tuvo como fundamento el
documento relativo al ‘Informe de actividades ejecutadas del
contrato de prestación de servicios 040.10.05.22.3586 de 01 de
diciembre al 30 de diciembre de 2022’, dirigido a la supervisora por
el accionado, se corroboran, entre otros aspectos, los siguientes:
“[…] 3. INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o
evidencias
Actividad No. 1: Brindó apoyo en la planeación, logística,
administración y operación, enfocadas al fortalecimiento de
la gestión ambiental durante el mes de diciembre de 2022.
Participó en la jornada de planeación, los días 9 de diciembre de
2022, dirigida por la coordinadora operativa hacia los
gestores ambientales de los municipios Toro, Valle, donde se
socializó la metodología de trabajo y se estableció
planeograma de actividades.
Responsable: Coordinadora Diana Carolina Bustamante.
Fecha: 9 de diciembre de 2022.
Lugar: plataforma Meet.
(Registro fotográfico)
Brindó apoyo en la logística, planeación y elaboración de material
didáctico del mes de diciembre para la realización de
actividades ambientales dirigidas a la comunidad del
municipio Toro Valle.
Fecha: 10 de diciembre de 2022.
Lugar: Toro Valle-Recortando volantes.
(Registro fotográfico)
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Actividad No. 2: Realizó articulación con actores públicos,
privados, académicos y/o de la sociedad civil para cumplir el
propósito del proyecto de la siguiente manera:
El día 01 de diciembre de 2022, desarrolló articulación con El
Capitán de Bomberos del municipio de Toro Valle, con el fin
de ejecutar fichas metodológicas y la ejecución de
actividades ambientales.
(…)
Actividad No. 5: Socializó a la comunidad doce (12) fichas
metodológicas, guiones, estrategias de concientización y
protocolos, respecto a problemáticas y temas ambientales,
soportada con actas, registro fotográfico y planillas de
asistencia, por cada entrega de informe de actividades.
(…)
Tema. Eco navidad: La pirotecnia.
Descripción: Sensibilizó a la comunidad acerca de los
impactos del uso de la pirotecnia y como reducirlos o
mitigarlos.
Fecha: 09 de diciembre de 2022.
Lugar: Barrio El Chanco, municipio de Toro.
Número de asistentes: 10.
(Registro fotográfico)
Tema. Eco navidad: La pirotecnia
Descripción: Sensibilizó a la comunidad acerca de los
impactos del uso de la pirotecnia y como reducirlos o
mitigarlos.
Fecha: 09 de diciembre de 2022.
Lugar: Barrio El Polvero, municipio de Toro.
Número de asistentes: 10.
(Registro fotográfico)
(…)
Tema. Guion: Reducción del uso del plástico.
Descripción: Realizó charla con los integrantes de la mesa
de víctimas del municipio de Toro, donde explicó la
importancia de reducir el uso de todo tipo de plásticos, su
alto grado de contaminación con el medio ambiente y
posibles estrategias para adoptar otro tipo de materiales
que puedan ayudar a disminuir el uso.
Lugar: Mesa de víctimas-municipio de Toro.
Número de asistentes: 12.
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(Registro fotográfico)
Tema. Guion ambiental: Día internacional de las montañas.
Descripción: Efectuó acercamientos con la presidenta de la
junta de acción comunal de la vereda La Quiebra del
municipio de Toro Valle, con la intención de unificar a la
comunidad hacia el cuidado del medio ambiente.
Lugar: Vereda La Quiebra, municipio de Toro.
Número de asistentes: 5.
(Registro fotográfico)
Tema. Huerta casera.
Descripción: Realizó seguimiento a huerta casera en la finca
Las Brisas del municipio de Toro, y efectuó limpieza del
terreno en compañía de los propietarios de lugar y motivé a
su familia para que sigan con esta labor de las huertas.
Fecha: 6 de diciembre de 2022
Lugar: Finca Las Brisas.
Número de asistentes: 7.
(Registro fotográfico)
Actividad No. 7: apoyó y participó en los procesos de
desarrollo de dos (2) campañas ambientales en el territorio
según los ejes temáticos definidos por el proyecto, en
compañía con las comunidades e instituciones en espacios
permitidos, bajo la dirección del coordinador operativo como
siembras, peajes, ciclo vía, eco parques.
Tema: Campaña sobre pirotecnia.
Descripción: Efectuó compaña contra la pirotecnia en
compañía de los gestores ambientales, gestores de
convivencia y la Policía Nacional en el barrio El Lázaro
mediante actividades lúdicas para integra a la comunidad.
Fecha: 06 de diciembre de 2022.
Lugar. Barrio El Lázaro-municipio de Toro.
Número de asistentes: 15
(Registro fotográfico) […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De las pruebas transcritas en precedencia, resulta evidente que el
señor WILMER MÚNERA BLANDÓN, contrario a lo manifestado en
su defensa, y de conformidad con los puntuales hechos narrados en
la solicitud de desinvestidura, tenía el deber de conocer tanto las
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condiciones que debía reunir como candidato para ser elegido
concejal municipal, -requisitos positivos-, como las inhabilidades que
le impedían serlo, -requisitos negativos-, dentro de la cuales se
encuentra la que ahora se le endilga, y pese a lo cual procedió a
inscribirse para tales comicios, obviando la preexistencia de un
negocio oneroso con la administración pública que así se lo impedía,
esto es la celebración del contrato de prestación de servicios de
apoyo a la gestión núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de
2022, con INCIVA, dentro del año anterior a las elecciones
territoriales de 29 de octubre de 2023 y con sede de ejecución, entre
otros, en el municipio de Toro (Valle del Cauca).
Al accionado le resultaba indispensable indagar, al momento de la
inscripción de su candidatura, los requisitos que debía acreditar para
aspirar a esa dignidad y, desde luego, entender las inhabilidades y
prohibiciones que censuraban el hecho de celebrar contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos debieran ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio para el cual estaba aspirando y podía resultar
elegido, como en efecto sucedió.
Esta conducta corresponde, según el artículo 63 del Código Civil, a
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios, sin dejar de lado que, tal como se previno, la
ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor
del artículo 9° del compendio civil, pues las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
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a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
No exonera al accionado, el argumento de su defensa, según el cual,
no realizó gestión de negocios o intervención ante entidades públicas
municipales o distritales dentro del año anterior a su elección porque
su relación contractual con INCIVA fue estrictamente de prestación
de servicios, con un alcance técnico y operativo, sin que ello implicara
capacidad de decisión o incidencia en la administración pública, toda
vez que, al margen de la naturaleza del objeto contratado, lo suscrito
fue un acto negocial prohibido por el artículo 43, numeral 3, de la
Ley 136, norma que censura, precisamente, todo aquello que fue
pactado en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022.
De hecho, en el análisis de esta inhabilidad, pierde relevancia
establecer si hubo o no influencia en el electorado mediante la
celebración del citado contrato, alteración de la función pública o
ventajas con el conglomerado de votantes en la esfera político-
electoral del candidato, en comparación con los demás candidatos,
habida cuenta que estos son asuntos que escapan al radio de alcance
de la referida prohibición, que no se desprenden del examen de la
conducta del accionado y que implicarían, por demás, la exigencia de
un ejercicio probatorio sumamente dificultoso que tornaría en inane
su aplicación.
A su vez, se insiste, que el aparente desconocimiento normativo
propio de su condición de bachiller, carente de experiencia
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profesional, y ausente de la intención de infringir dicha inhabilidad,
aducido por el accionado, no justifica el haber desatendido y obviado
la prohibición legal que deshabilitaba cualquier posibilidad de aspirar
al Concejo Municipal de Toro (Valle del Cauca), luego de haber
firmado el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
núm. 040.10.05.22.3586 de 15 de noviembre de 2022, pues en los
términos del artículo 9° del Código Civil, las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretendía ocupar, eran de
obligatoria observancia y diligente entendimiento a la luz de cada
circunstancia en particular.
Tampoco lo exculpa haber adelantado actividades con estudiantes de
diferentes instituciones educativas, como el COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, ESCUELA BARRIO EL LÁZARO,
ESCUELA LA INMACULADA, ESCUELA JOSÉ EUSEBIO CARO en
la vereda Sábano, ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL BOHÍO y
ESCUELA ELOY HERNÁNDEZ, las cuales, aparentemente, era
población no apta para votar, toda vez que, en primer lugar, esa tan
solo fue una parte de las acciones realizadas en desarrollo del
referido contrato, en el que se pudo corroborar la prestación de
servicios con líderes de juntas de acción comunal, habitantes de
barrios, y demás; y, en segundo lugar, porque de haber sido
exclusivamente así, ello no enerva la comisión de una conducta
gravemente culposa por parte del accionado.
Con relación a la actividad probatoria del actor, la Sala pone de
presente que, contrario a lo aseverado en la sentencia apelada, la
solicitud de pérdida de investidura está acompañada de las pruebas
necesarias no solo para advertir la configuración del elemento
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objetivo de la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral
3, de la Ley 136, sino también para observar, claramente, un
comportamiento negligente del accionado, traducido en culpa grave,
sin que se observe una transgresión al debido proceso o una indebida
presunción de la culpa, luego de aspirar y hacerse elegir concejal
estando impedido para hacerlo por haber materializado un negocio
con el Estado, en un lapso prohibido.
En cuanto a que en el momento de su postulación, el Partido
Demócrata Colombiano sede Toro (Valle del Cauca) no contaba con
un asesor jurídico que permitiera a sus militantes conocer el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades que regía para los aspirantes,
ni tenía los recursos suficientes para contratar un abogado, la Sala
pone de relieve que ello no excusa el comportamiento imprudente
del accionado, en quien, aun así, persistía el deber de acudir al
estudio y conocimiento de las normas que le prohibían ser elegido
miembro del Concejo del mismo ente territorial en el que terminó
ejecutando un contrato, -disposición de básico entendimiento y muy
baja complejidad-, negocio con el que, en sus propias palabras,
pretendía sufragar sus gastos personales tales como arriendo,
comida, pago de servicios públicos y aseo personal durante los 45
días de duración de este.
Reafirma esta conclusión, el hecho de que habiéndose celebrado el
contrato con una entidad del orden departamental del Valle del
Cauca, y pactado un objeto amplio por cuanto comprendía a la
totalidad de sus municipios, las pruebas allegadas con la solicitud y
requeridas por el agente del Ministerio Público, pusieron en evidencia
que el municipio de Toro (Valle del Cauca), fue escenario central del
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cumplimiento de las actividades del accionado mientras fue
contratista de INCIVA.
Por ello, no es posible concluir que el accionado obró con la diligencia
requerida y, por el contrario, sí se logró constatar que no hizo una
verificación de las normas que establecían la inhabilidad para los
concejales, lo cual constituye una conducta inexcusable y, por
consiguiente, gravemente culposa que, según explicó esta Sala, “[…]
es la propia de las personas negligentes o de poca prudencia (…) que
desconoce normas constitucionales y legales [que] (…) los concejales
deben conocer, de un lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de
excusa al tenor del artículo 9° del Código Civil y, por el otro, porque
son disposiciones que regulan […]”31, el ejercicio del cargo de elección
popular32.
En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -
intervención en la celebración de un contrato público-, fue
desplegada por el señor WILMER MÚNERA BLANDÓN, debiendo
saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido concejal
municipal de Toro (Valle del Cauca) y, aun así, optó por participar y
ser elegido en los comicios, de forma gravemente culposa, por
negligente e imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad
cognitiva de haber reconocido que esa actuación le impedía su
aspiración electoral.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
febrero de 2021, número único de radicación 68001233300020190091601, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
marzo de 2022, número único de radicación 05001233300020210170601, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2025 00028 01
Solicitante: CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS
Por las razones explicadas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de inhabilidad prevista en
el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo
40, numeral 3, de la Ley 617, la Sala revocará la sentencia apelada
y, en su lugar, decretará la pérdida de investidura del concejal
accionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su
lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor WILMER
MÚNERA BLANDÓN, concejal del municipio de Toro (Valle del
Cauca).
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 5 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2025 00028 01
Solicitante: CÉSAR FERNANDO GÓMEZ VARGAS
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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