Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00135-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 250002315000202400135011
Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
TESIS: DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y LA FACULTAD
DE EXPEDIR SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN EL MARCO DE LA REGULACIÓN
DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL. CONCEJAL MUNICIPAL NO FUE
ELEGIDA ESTANDO INHABILITADA POR VOTAR AUTORIZACIÓN A
PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA
CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 4 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la
pérdida de investidura de la concejal del municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca), señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS, por
hechos relacionados con el período constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO, a
través de apoderado, solicitó decretar la pérdida de la investidura
de la señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS, concejal del
municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar que
incurrió en la causal prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley
136 de 2 de junio de 19942, modificado por el artículo 40 de la Ley
617 de 6 de octubre de 20003, esto es por violación del régimen de
inhabilidades al haber intervenido en la gestión de negocios y
celebración de contratos con ese ente territorial.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
Señaló que en las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2023,
la accionada fue elegida concejal estando inhabilitada porque, en su
calidad de presidente de la junta de acción comunal del barrio
‘JORGE ELIÉCER GAITÁN’ del municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca) y, al mismo tiempo, vicepresidente de la
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO
SALGAR, en adelante ASOJUNTAS de ese municipio, -desde el 28
de octubre de 2022-, votó positivamente la concesión de
autorización al presidente de esa asociación, señor URIEL
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para la suscripción de convenios
solidarios, de conformidad con el artículo 31, literal C, de sus
estatutos, que resultaron siendo once celebrados con el municipio
de Puerto Salgar (Cundinamarca) para el mejoramiento de sus vías
rurales, -núms. 020, 023, 024, 026, 027, 028, 034, 035, 036, 037
y 038 de 2023-.
Adujo que la accionada no se declaró impedida para votar
positivamente y conceder la autorización para la suscripción de los
convenios, aun cuando ya tenía el aval por parte de su partido para
ser candidata al concejo de Puerto Salgar (Cundinamarca), por lo
que estaba inhabilitada para ser candidata y elegida concejal de ese
ente territorial para el período constitucional 2024-2027, por estar
inmensa en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 43,
numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617.
Reiteró que la intervención de la accionada en la celebración de los
once convenios suscritos por ASOJUNTAS con el municipio de
Puerto Salgar (Cundinamarca), consistió en el voto positivo y
autorización que otorgó en su calidad de vicepresidente al
presidente de ASOJUNTAS, señor URIEL RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ para la celebración de aquellos, los que fueron
ejecutados con el fin de favorecer a esa asociación y a las demás
juntas de acción comunal que ostentan la calidad de afiliadas en la
referida asociación, entre estas la Junta de Acción Comunal del
barrio ‘JORGE ELIECER GAITÁN’, en donde la señora IBETH
ESTHER EBRAT ARIAS ostenta la calidad de presidente.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
I.3.- La concejal contestó la solicitud oponiéndose a la
desinvestidura, para lo cual manifestó, en síntesis, que ejerció el
derecho al voto al pertenecer a ASOJUNTAS en calidad de
vicepresidente, para otorgar facultades al presidente de la Junta
quien es el único que puede suscribir contratos a nombre de esa
Asociación, como en efecto lo hizo, por lo que en dicha reunión no
se realizó ninguna gestión o actividad diferente ante el municipio de
Puerto Salgar.
Propuso como excepción la inexistencia de violación o trasgresión
de las normas jurídicas e indicó que la situación fáctica con la que
el actor sustenta la solicitud de pérdida de investidura es la firma
de un acta en la cual se le otorgan facultades al presidente de la
Junta, actuación que evidentemente no transgrede el artículo 43,
numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, ni está descrita como causal de inhabilidad.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 4 de junio de 2024, denegó la
pérdida de investidura de la accionada para lo cual sostuvo que
debía descartarse de plano la configuración de la referida
inhabilidad de intervención en la celebración de contratos estatales,
por cuanto está probado, y no se discute, que ella no suscribió o
firmó los convenios celebrados entre ASOJUNTAS y la Alcaldía
Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), así como tampoco que
la contratación se efectuara en cualquier de los escenarios descritos
por la citada jurisprudencia, estos es, en virtud de una simulación,
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Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
por interpuesta persona, por delegación, designación,
representación o mandato.
En cuanto al análisis de la causal, bajo la hipótesis de intervención
en la gestión de negocios ante el municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca), indicó que está probado que el 4 de junio de 2023
se reunió la junta directiva de ASOJUNTAS para suscribir el acta
núm. 001 por parte de los señores URIEL RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, -presidente-, la accionada IBETH ESTHER EBRAT
ARIAS, -vicepresidenta-, LUIS HUMBERTO MONTERO
ESCOBAR, -tesorero-, y ANYEE ESPERANZA GUERRA RAMÍREZ,
-secretaria-, en cuyo numeral 4 del orden del día, el presidente
URIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ solicitó autorización para la
suscripción de unos convenios solidarios con la administración
municipal hasta por 300 SMLMV, según lo previsto en el artículo 31,
literal C, del Estatuto de ASOJUNTAS, lo cual fue votado y
aprobado por los asistentes.
Sostuvo que las pruebas obrantes en el proceso tampoco tienen
virtualidad para demostrar la gestión alegada, esto es que la señora
IBETH ESTHER EBRAT ARIAS, en su condición de vicepresidente
de la ASOJUNTAS, hubiera desplegado una actividad dinámica,
positiva y concreta en la gestión de un negocio, encaminada a
obtener un interés particular para sí o para un tercero, pues su
actuación fue el ejercicio de su función como miembro de la
organización comunal, que le otorgaba el derecho a participar y
opinar en las deliberaciones de la asamblea, así como votar para la
toma de las decisiones correspondientes.
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Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El solicitante, a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación en el que solicita revocar la sentencia de 4 de junio de
2024 y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura de la
accionada, con fundamento en que está debidamente demostrado
que la accionada, señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS, incurrió
en la violación del régimen de inhabilidades, al configurarse la
prevista en el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617 del 2000,
norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, esto es por haber
intervenido, dentro del año anterior a la elección, en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros.
Reitera que la intervención de la accionada en la celebración de los
once convenios suscritos por ASOJUNTAS de Puerto Salgar
(Cundinamarca) con ese ente territorial, consistió en el voto
positivo y autorización que otorgó en su calidad de vicepresidente
al presidente de ASOJUNTAS, señor URIEL RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, para la celebración de estos convenios, los cuales, a
su juicio, fueron ejecutados con el fin de favorecer a esa asociación
y a las demás juntas de acción comunal que ostentan la calidad de
afiliadas en la referida asociación, entre estas la Junta de Acción
Comunal del barrio ‘JORGE ELIECER GAITÁN’ donde ostenta la
calidad de presidente.
Menciona que con dicha gestión efectivamente se configuró una
marcada ventaja electoral ante los demás candidatos; y que
aunque la actuación del presidente de ASOJUNTAS fue
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Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
interpretada por el Tribunal como una gestión propia e
independiente del señor URIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en
calidad de representante legal de esa asociación, dichos actos
deben ser analizados como propios, por cuanto la accionada hace
parte de su junta directiva, ente de administración y dirección.
Aduce que en la mencionada acta se evidencia que el representante
legal de ASOJUNTAS no hubiera podido celebrar los convenios
solidarios sin esa autorización, lo que permite dilucidar la clara
intervención y gestión de la accionada en la suscripción de los
convenios a través de su participación en esa junta directiva; y que
en el artículo 30 de los estatutos de ASOJUNTAS se especifica que
su órgano de dirección es la junta directiva, la cual se encuentra
integrada por el presidente, vicepresidente, tesorero o su suplente,
secretario general o su suplente, secretario ejecutivos y
coordinadores de comisiones.
Indica, de forma novedosa, que de conformidad con lo preceptuado
en los artículos 638 y 640 del Código Civil, los actos del señor
URIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presidente y representante
legal de ASOJUNTAS, deben ser tomados como actos propios de la
corporación y citó, para afianzar su punto, la sentencia de 9 de
septiembre de 2004, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado (Radicado 85001233100020030120001, Cp. María Nohemí
Hernández Pinzón), en la que se determinó que el convenio
celebrado entre la Alcaldía Municipal de Maní (Casanare) y el
presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del
mismo municipio, inhabilitó a este último para su inscripción y
elección al cargo de concejal municipal del mismo ente territorial.
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Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, no fue descorrido por la accionada ni
por el agente del Ministerio Público.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
De conformidad con los precisos términos en que fue formulado el
recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si la
concejal del municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), señora
IBETH ESTHER EBRAT ARIAS, fue elegida para el período
constitucional 2024-2027 estando inhabilitada, -según lo prevé el
artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617-, luego de haber participado como miembro de la
junta directiva de ASOJUNTAS, en la votación que aprobó
facultades al presidente y representante legal de esa asociación,
señor URIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para celebrar convenios
solidarios con la administración municipal de Puerto Salgar
(Cundinamarca), hasta por 300 smmlv, de conformidad con el
artículo 31, literal c, de los estatutos de la asociación.
V.2.- De las inhabilidades de intervención en la gestión de
negocios y celebración de contratos con entidades públicas
dentro del año anterior a la elección, como causales de
pérdida de investidura de concejales
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Si bien en la solicitud de desinvestidura se mencionó la posible
gestión de negocios de la accionada ante la Alcaldía Municipal de
Puerto Salgar (Cundinamarca) y, en efecto, en la sentencia apelada
se abordó ese aspecto de la causal para ser denegado, lo cierto es
que, al respecto, la Sala Plena de esta Corporación ha establecido
que “[…] cuando la gestión de negocios ante entidades
públicas concluye en la celebración de un contrato, esta
causal sólo podrá ser examinada como intervención en la
celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión
tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito,
entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios
propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de
contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su
ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por
intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de
la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la
materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente
podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o
de terceros […]4 (Negrillas y subrayas fuera de texto)
Ante la evidente suscripción de once convenios solidarios con la
Alcaldía Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), el asunto en
esta instancia se circunscribe, entonces, a aquel escenario que
presuntamente inhibía a la señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS
para ser inscrita como candidata y elegida concejal, por haber
intervenido, presuntamente, en la celebración de aquellos
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de noviembre
de 2008, número único de radicación 11001031500020080031600, consejero ponente Mauricio
Torres Cuervo.
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contratos, marco dentro del cual quedará comprendido el aspecto
relativo a la gestión de negocios.
La causal de pérdida de investidura en ciernes es la comisión de la
inhabilidad prevista en la primera parte del artículo 43, numeral 3,
de la Ley 136, modificado por el artículo 40, numeral 3, de la Ley
617, que ordena lo siguiente:
“[…] CAPÍTULO IV.
CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Esta Sala ha sostenido, en repetidas oportunidades, que en la
configuración de la inhabilidad por intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas, el vocablo gestionar hace
referencia a “[…] hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como
el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta
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[…]5 y la gestión, con independencia de su resultado, “[…] entraña
una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que
debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias
subjetivas o suposiciones perspicaces. De lo anterior se infiere
que la gestión se configura con una acción, se traduce en la
actividad efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual
se demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para
configurar el concepto, el obtener la respuesta o la finalidad
propuesta […]”6; y que, no toda gestión da lugar a la configuración
de la causal, pues “[…] resulta necesario tener en cuenta el móvil o
causa de la misma […]”7.
A partir de los anteriores precedentes jurisprudenciales, es posible
considerar que la inhabilidad por gestión de negocios: (i) requiere
de un sujeto, -gestor de negocios- ,quien “[…] es aquella persona
que gestiona o participa en la administración de una empresa, de
un negocio o de una organización […]”8»; (ii) se encuentra marcada
por los verbos rectores ‘intervenir’ y ‘gestionar’ que denotan una
conducta dinámica, efectiva, activa, útil, positiva y concreta en la
fase precontractual ante una entidad pública con el ánimo de
obtener un provecho o utilidad; (iii) debe recaer sobre un negocio
que, cuenta con múltiples significados según el diccionario de la
real academia, a saber: ocupación, quehacer o trabajo,
dependencia, pretensión, tratado o agencia, aquello que es objeto o
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de junio de
2006, número único de radicación 11001031500020050133100, consejero ponente Ramiro
Saavedra Becerra.
6 Idem. Criterio a su vez reiterado en Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 6 de octubre de 2008, número único de radicación
11001031500020080123400, consejero ponente Rafael E. Ostau Lafont Pianeta.
7 Idem.
8 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 19 de febrero de 2019,
número único de radicación 11001031500020180241700, consejera ponente María Adriana Marín.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
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materia de una ocupación lucrativa o de interés, acción y efecto de
negociar, utilidad o interés que se logra en lo que se trata,
comercia o pretende, local en que se negocia o comercia9; (iv) no
resulta relevante obtener la respuesta o finalidad propuesta; (v) se
debe tener en cuenta el móvil de la actividad desplegada por el
gestor, con miras a establecer si se produce, en efecto, el
rompimiento del principio de igualdad en el acceso a la
conformación del poder político entre los candidatos; (vi) puede ser
en interés propio o de terceros; (vii) debe realizarse en el
respectivo municipio o distrito (elemento espacial) y, (viii) dentro
del año anterior a la elección (elemento temporal)10.
Por su parte, con relación a la inhabilidad por intervención en la
celebración de contratos se requiere, en síntesis, la presencia de los
siguientes presupuestos11: a) que el censurado ostente la calidad
de concejal municipal o distrital; b) que haya intervenido en la
celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier
nivel; c) durante el año anterior a la elección como concejal; d) en
interés propio o de terceros; y e) que aquel debiera ejecutarse o
cumplirse dentro del respectivo municipio.
9 Disponible [en línea]: [https://dle.rae.es/negocio?m=form].
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
mayo de 2021, número único de radicación 25000231500020200270801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 16 de
mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01 (PI), consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 15 de marzo de 2018, número único de radicación 73001-
23-33-000-2014-00553-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; 19 de abril de
2018, número único de radicación 54001-23-33-000-2014-00061-01(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González; 10 de mayo de 2018, número único de radicación 73001-23-33-004-
2016-00477-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; 27 de octubre de 2017,
número único de radicación 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI), consejero ponente Oswaldo
Giraldo López; 14 de abril de 2016, número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00633-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; 19 de febrero de 2015, número único de
radicación 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
Se pone de presente que, para las resultas del proceso
sancionatorio de pérdida de investidura, lo trascendental es la
demostración del acto de celebración del contrato bajo las
prohibiciones previstas en la causal alegada, siendo inconducente
ahondar en los aspectos propios de su ejecución y liquidación,
etapas contractuales que escapan al radio de acción de la
inhabilidad examinada.
En cuanto a la celebración del contrato, ha sido constante la
Jurisprudencia de esta Corporación en precisar que el sujeto haya
acordado libre y voluntariamente con una entidad de naturaleza
pública la estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas
tengan o no carácter pecuniario, de modo que a partir de dicho
acuerdo ambas partes adquieren obligaciones12.
De igual forma, se destaca que el legislador, en el marco de este
régimen de inhabilidades, no previó ningún tipo de excepción
relacionada con la naturaleza, alcance y contenido del objeto
pactado en el contrato, que impidiera la configuración de esta
causal de inhabilidad; o, lo que es igual, al margen de cuáles sean
las obligaciones contraídas por las partes, lo que debe determinar la
activación de la causal es la intervención en la celebración del
negocio jurídico entre el censurado y el Estado, bajo las
circunstancias arriba descritas, sin distingo adicional.
V.3.- Del caso concreto
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
diciembre de 2014, número único de radicado 13001-23-33-000-2014-00235-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio
relacionado con el presente asunto, pudo verificar que la señora
IBETH ESTHER EBRAT ARIAS fue elegida concejal del municipio
de Puerto Salgar (Cundinamarca), para el período constitucional
2024-2027, en representación del Partido de la unión por la gente-
Partido de la U, según consta en el formulario E-26CON de 2 de
noviembre de 202313 y la credencial electoral contenida en el
formulario E27 de 2 de noviembre de 2023, expedidos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal
expedido por INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN
COMUNAL DE CUNDINAMARCA, IDACO, la accionada ostenta la
calidad de vicepresidente de la ASOJUNTAS del municipio de
Puerto Salgar (Cundinamarca).
El 4 de junio de 2023, se reunió la junta directiva de ASOJUNTAS
tal como consta en el acta de junta directiva núm. 001 de 2023, en
la que participaron los señores URIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
en calidad de presidente y representante legal; IBETH ESTHER
EBRAT ARIAS, -accionada-, como vicepresidenta; LUIS
HUMBERTO MONTERO ESCOBAR, tesorero; y ANYEE
ESPERANZA GUERRA RAMÍREZ, como secretaria.
En el numeral 3 del orden del día, denominado ‘Información y
proposición para firma de convenios’, se observa que el presidente
y representante legal de ASOJUNTAS, señor URIEL RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, solicitó a los demás miembros de la junta directiva la
13 Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/historico-resultados.html].
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Número único de radicación: 25000231500020240013501
Solicitante: VÍCTOR JAVIER QUINTERO SERRATO
aprobación de facultades para la firma de convenios solidarios con
la administración municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), cada
uno hasta por 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31, literal c, de los
estatutos de esa asociación, que establece:
“[…] CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
(…)
ARTÍCULO 31. FUNCIONES
La Directiva cumplirá las siguientes funciones:
c) Autorizar la celebración de contratos por la cuantía de
hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales
vigentes (smmlv) por operación y la naturaleza que le asigne
la Asamblea General […]”.
A continuación, en el punto 4 de la referida acta, denominado
‘Votación y aprobación de las facultades del presidente’, se dejó
constancia que una vez expuesta la situación por parte del
presidente y representante legal de ASOJUNTAS, se realizó la
votación y se le aprobaron las requeridas facultades por todos los
asistentes, entre los que estuvo la accionada.
Con posterioridad, entre los meses de junio y agosto de 2023, el
presidente y representante legal de ASOJUNTAS, señor URIEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, celebró con la Alcaldía de Puerto
Salgar (Cundinamarca) once convenios solidarios, identificados con
los núms. 020, 023, 024, 026, 027, 028, 034, 035, 036, 037 y 038
de 2023, todos con el objeto de ‘Aunar esfuerzos para el
mejoramiento de vías’ de ese municipio, documentos que obran en
el plenario junto con la solicitud de disponibilidad presupuestal de
los convenios, certificados de disponibilidad y de registro
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presupuestal, pólizas de los convenios, resolución de aprobación de
pólizas de los convenios, actas de inicio, cuentas de cobro
presentadas por ASOJUNTAS, informes de supervisión de los
convenios, órdenes de pago y liquidación de estos.
V.3.2.- De la asociación de juntas de acción comunal y la
facultad de expedir sus propios estatutos, en el marco de la
regulación de los organismos de acción comunal
De conformidad con la Ley 2166 de 18 de diciembre de 202114,
acción comunal es la expresión social organizada, autónoma,
multiétnica, multicultural, solidaria, defensora de los Derechos
Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo
propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la
construcción de paz, así como el desarrollo integral, sostenible y
sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la
democracia participativa15.
En ese sentido, los organismos de acción comunal son de primero,
segundo, tercero y cuarto grado, los cuales se darán sus propios
estatutos y reglamentos según las definiciones, principios,
fundamentos y objetivos previstos en esta ley y las normas que le
sucedan y reglamenten16. Son organismos de acción comunal de
primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda
comunal; de segundo grado la asociación de juntas de acción
14 “[…] Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución
Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen
lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de
acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones […]”
15 Artículo 5º.
16 Artículo 6º.
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comunal; de tercer grado la federación de acción comunal; y de
cuarto grado la confederación nacional de acción comunal17.
Las asociaciones de juntas de acción comunal, como en el caso
concreto lo es ASOJUNTAS de Puerto Salgar (Cundinamarca),
tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción
comunal, y estarán constituidas por las juntas de acción comunal y
las juntas de vivienda comunitaria fundadoras, y que
posteriormente se afilien, cuyo radio de acción se circunscriba al de
la aquellas.
A su vez, de acuerdo con los conceptos, objetivos, principios y
fundamentos del desarrollo de la comunidad establecidos en esa
ley, y con las necesidades de la comunidad, los organismos de
acción comunal de primero, segundo, tercer y cuarto grado se
darán de manera autónoma y libre sus propios estatutos, los
que estarán sujetos de todos modos a los principios y disposiciones
de la Constitución y la ley y en ningún caso podrán, por el principio
de autonomía, apartarse o hacer excepciones a lo establecido en la
misma18.
Esos estatutos deben contener, como mínimo19:
“[…] a) Generalidades: denominación, territorio, domicilio,
objetivos y duración;
b) Afiliados: calidades para afiliarse, impedimentos, derechos y
deberes de los afiliados, suspensión automática de la afiliación y
desafiliación;
c) Órganos: integración de los órganos, régimen de convocatoria,
periodicidad de las reuniones ordinarias y funciones de cada uno;
17 Artículo 7º.
18 Artículo 15.
19 Idem.
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d) Dignatarios: calidades, formas de elección, período y funciones,
así como las garantías y el debido proceso para la remoción del
cargo;
e) Régimen económico y fiscal: patrimonio, presupuesto,
disolución y liquidación;
f) Régimen disciplinario en lo que respecta a los conflictos
organizativos;
g) Composición, competencia, causales de sanción, sanciones y
procedimientos; y procedimientos internos para tramitar la
conciliación de conformidad con la presente ley;
h) Libros: clases, contenidos, dignatarios encargados de ellos;
i) Impugnaciones: causales y procedimientos;
j) Comisiones de trabajo o secretarías ejecutivas: elección,
identificación y funciones […]”.
De conformidad con el número de afiliados y demás características
propias de cada región, los organismos comunales determinarán los
órganos de dirección, administración y vigilancia con sus
respectivas funciones, los cuales podrán ser entre otros los
siguientes: a) Asamblea General de afiliados; b) Asamblea general
de delegados a partir del segundo grado; c) Dirección ejecutiva; d)
Asamblea de Residentes; e) Junta Directiva, conformada por la
presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaria; f) Comité
Asesor; g) Comisiones de Trabajo o Secretarias Ejecutivas, según
sea el caso, de acuerdo al grado del organismo comunal; h)
Comisiones Empresariales; i) Comisión de Convivencia y
Conciliación; j) Fiscalía; k) Secretaría General; l) Comité Central de
Dirección; m) directores provinciales; n) directores regionales; o) El
comité de fortalecimiento a la democracia, participación ciudadana
y comunitaria; p) Comisión pedagógica nacional y Territorial; q)
Comisión de vivienda; r) Comisión de Derechos humanos; s)
Comisión de Juventud, igualdad de género y poblaciones
diferenciales; t) Comisión de Desarrollo territorial y medio
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ambiente; v) Comisión accidental para la atención de emergencia; y
w) Comité juvenil20.
El período de los directivos y dignatarios de los organismos de
acción comunal es el mismo de las corporaciones públicas
nacionales y territoriales, según el caso21. Sus dignatarios son las
personas que hayan sido elegidas para el desempeño de cargos en
los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y
representación, y los estatutos de los organismos de acción
comunal son los que señalarán las funciones de los
dignatarios22.
Es así como, descendiendo al contenido de los estatutos de
ASOJUNTAS de Puerto Salgar (Cundinamarca), en su artículo 16
fueron establecidos como sus órganos: a) la Asamblea General; b)
Junta Directiva; c) Secretaría General; d) Fiscalía; e) Secretaría
Ejecutiva; f) Comisiones Empresariales; y g) Comisión de
convivencia y Conciliación. Y respecto de la Junta Directiva, en su
artículo 30 se determinó que es el órgano de dirección de
ASOJUNTAS y que está integrada por el presidente,
vicepresidente, tesorero o su suplente, secretario general o su
suplente, secretarios ejecutivos o sus suplentes, y coordinadores de
comisiones empresariales o sus suplentes.
Respecto de sus funciones, el artículo 31 previó que las de la Junta
Directiva de ASOJUNTAS, son las siguientes:
20 Artículo 29.
21 Artículo 33.
22 Artículo 38.
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“[…] a) Darse su reglamento.
b) Ordenar gastos por la cuantía de hasta cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por operación y la
naturaleza que le asigna la Asamblea General.
c) Autorizar la celebración de contratos por la cuantía hasta
trescientos (300) salarios mínimos legales vigentes
(smmlv) por operación y naturaleza que le asigne la
Asamblea General.
d) Elaborar y presentar el plan estratégico de desarrollo de la
organización para aprobación la Asamblea General este plan
consultara los programas sectoriales puestos a consideración por
los candidatos a la junta directiva.
e) Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en su
territorio sobre asuntos de interés general.
f) Ejecutar el programa de trabajo presentado para el periodo
correspondiente.
g) Estudiar y resolver las solicitudes de permiso de los dignatarios,
para separarse temporalmente del cargo, este permiso no podrá
ser superior a sesenta (60) días calendario por cada año del
respectivo periodo. Autoriza la ausencia, la directiva podrá
encargar a su suplente o un delegado mientras dura el permiso del
titular.
h) Buscar la integración y cooperación de los organismos oficiales,
semioficiales o privados en el desarrollo de las obras o campañas
que sean de interés de la comunidad.
i) Llevar a cabo los censos de recursos humanos y materiales de la
comunidad, de sus necesidades y de las obras ejecutadas, en
construcción y en proyecto.
j) Fijar la cuantía de la fianza que debe presentar el tesoro para el
manejo de los fondos y bienes propios de la Asociación, la que ira
de acuerdo con el patrimonio de la misma.
k) Aprobar o no, los presupuestos que le sean presentados por la
secretaria ejecutiva.
l) Rendir informe general de sus actividades a la Asamblea General
en cada una de sus reuniones ordinarias.
m) Elaborar el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones
de la asociación para un periodo anual, el cual debe ser apoderado
por la Asamblea General y del que formara parte el presupuesto
de las empresas de economía social.
n) Definir las secretarias ejecutivas siempre y cuando no lo haya
hecho la Asamblea.
o) Resolver las solicitudes de recusación e impedimentos contra los
conciliadores de la asociación, en un término no mayor de cinco
(5) días hábiles.
p) Nombrar por un término no mayor de 2 meses, los reemplazos
temporales cuando se presente ausencia del titular de un cargo y
del suplente.
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q) Las demás que le sean asignadas por la Asamblea y que no
estén atribuías a otro órgano o dignatario […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Y con relación al presidente y vicepresidente de ASOJUNTAS, en el
artículo 42 se establecieron sus funciones, así:
“[…] FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El presidente de la Asociación tiene las siguientes funciones:
1. Ejercer la representación legal de la Asociación y como
tal suscribirá los actos, contratos y poderes necesarios para
el cabal cumplimiento de los objetivos y la defensa de los
intereses de la Organización.
2. Ejecutar las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva.
3. Ser delegado a la Federación por derecho propio.
4. Presidir y dirigir las sesiones de la Directiva y Asamblea.
5. Convocar las reuniones de Directiva y Asamblea.
6. Firmar las actas de Asamblea y Directiva en las cuales haya
actuado como presidente y firmar la correspondencia.
7. Ordenar gastos hasta por DIEZ (10) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (smmlv) por transacción y suscribir
contratos hasta por TREINTA (30) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (smmlv) por operación.
8. Suscribir junto con el tesorero, los cheques, documentos
y demás órdenes de pago que hayan sido previamente
aprobadas por el dignatario u órgano competente.
9. Informar a la autoridad de inspección, control y vigilancia
correspondiente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ocurrencia del hecho, que la Asociación no cuenta con el número
mínimo de juntas afiliadas para subsistir.
10. Hacer el empalme con el presidente elegido para reemplazarlo
a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
expedición de la inscripción por la autoridad designada para el
efecto.
11. Las demás que señalen la Asamblea, la Directiva y los
reglamentos […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE
El vicepresidente tiene las siguientes funciones:
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1. Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o
definitivas. Si la ausencia del presidente es definitiva deberá
convocar a una Asamblea dentro de los 30 días calendarios
siguientes a la fecha en que se presentó la vacancia para que se
elija el vicepresidente.
2. Hacer parte, por derecho propio, de las comisiones
empresariales.
3. Ejercer las funciones que le delegue el presidente y que no
correspondan a otro dignatario.
4. Proponer ante la Asamblea la creación de las Secretarías
Ejecutivas.
5. Coordinar las actividades de las Secretarías Ejecutivas.
6. Hacer el empalme con el vicepresidente elegido para
reemplazarlo, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la expedición de la inscripción por la autoridad
designada para el efecto.
7. Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o el
reglamento […]”.
V.3.3.- Tal como lo estableció el Tribunal, luego de un barrido por
las pruebas obrantes en el proceso, así como por la normatividad
aplicable al caso concreto, para la Sala resulta claro que, si bien
todos de los convenios solidarios fueron suscritos durante el año
inhabilitante que, para las últimas elecciones territoriales
transcurrió entre el 29 de octubre de 2022 y 29 de octubre de
2023, y debían ejecutarse o cumplirse en el municipio de Puerto
Salgar (Cundinamarca), ente territorial en el que la accionada fue
elegida concejal, lo cierto es que no hay evidencia que permita
demostrar o inferir que haya realizado algún acuerdo, gestión o
diligencia indebida ante la referida Alcaldía Municipal que le hubiera
reportado un interés propio o ajeno, así como tampoco se avizora la
configuración de su intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas del nivel municipal, razones por las cuales la
señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS fue elegida sin mediar dicha
prohibición.
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Ello por cuanto la accionada, de conformidad con los parámetros
jurisprudenciales de verificación de esta inhabilidad con fines de
pérdida de investidura, no desplegó una conducta dinámica,
efectiva, activa, útil, positiva y concreta en la fase precontractual
ante el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) con el ánimo de
obtener un provecho o utilidad, ni celebró, en interés propio o de
terceros, ninguno de los convenios solidarios con la Alcaldía
Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), -que reposan en
expediente-, así como tampoco se logró constatar que hubiera
acordado libre y voluntariamente con esa entidad pública la
estipulación de obligaciones mutuas, en este caso de carácter
pecuniario, de modo que a partir de dicho acuerdo ambas partes
hubieran adquieren obligaciones.
Pero, además, porque dicha labor estaba reservada,
estatutariamente, para el presidente de ASOJUNTAS, señor URIEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien sí tenía la función de ejercer la
representación legal de la Asociación y de suscribir los actos,
contratos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los
objetivos y la defensa de los intereses de esa Organización, como
en efecto lo hizo, que no para la vicepresidente, señora IBETH
ESTHER EBRAT ARIAS, dignataria privada de tales obligaciones
contractuales.
A su vez, la Sala advierte que, en el caso concreto, la participación
de la accionada en la reunión de la Junta Directiva de ASOJUNTAS,
llevada a cabo el 4 de junio de 2023, en la que votó positivamente
para autorizar al presidente a suscribir convenios solidarios con el
municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), hasta por 300 smmlv
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cada uno responde, en primer lugar, a una conducta carente de los
elementos volitivo y facultativo necesarios para materializar dicho
negocio, pactar actividades mutuas y obligarse así mismo, a la
asociación y a la Alcaldía Municipal, al cumplimiento de un objeto
contractual, pues se trató de una opinión limitada, exigida por los
estatutos y sin implicaciones ulteriores en la gestión y celebración
del acuerdo en sí mismo.
Y, en segundo lugar, se correspondió con el ejercicio de una función
estatutaria como miembro de la organización comunal, que le
otorgaba el derecho a participar y opinar en las deliberaciones de la
Junta Directiva y votar para la toma de la referida decisión, en los
términos de la Ley 2166 y los estatutos de ASOJUNTAS, ejercicio
al que están llamados los organismos de acción comunal en procura
de mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, en este caso las
juntas de acción comunal y de vivienda de acción comunal, sin que
ello le implique intervención alguna en gestión de negocios y
celebración de contratos.
V.3.4.- En cuanto a que, de conformidad con lo previsto en los
artículos 63823 y 64024 del Código Civil, los actos del señor URIEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presidente y representante legal de
ASOJUNTAS, deben ser tomados como actos propios de la
corporación, la Sala pone de presente que se trata de un reproche
23 “[…] Artículo 638. <Mayorías>. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan
según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la
corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación.
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación
prescribieren a este respecto.
24 “[…] Artículo 640. <Actuación del representante legal>. Los actos del representante de la
corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de
la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante
[…]”.
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novedoso, incorporado apenas en el recurso de alzada, razón por la
cual se mantendrá al margen de lo resuelto en la presente
providencia, sin perjuicio de lo cual debe mencionarse que unas
normas relativas a la conformación de mayorías y a la actuación del
representante legal en el seno de las personas jurídicas, en ningún
caso enervan las consideraciones de la sentencia apelada ni las
expuestas hasta este punto.
Con relación a la sentencia de 9 de septiembre de 2004, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado (Radicado
85001233100020030120001, Cp. María Nohemí Hernández
Pinzón), debe aclararse que es un escenario distinto al actual y que
no surge como antecedente al caso concreto, pues en aquella
oportunidad se determinó que el convenio celebrado entre la
Alcaldía Municipal de Maní (Casanare) y el presidente de la junta de
acción comunal de la vereda Fronteras del mismo municipio,
inhabilitó a este último para su inscripción y elección al cargo de
concejal municipal, en el entendido de que esa dignidad sí ostenta,
expresamente, la facultad para suscribir contratos como en efecto
lo hizo.
V.3.5.- Por lo tanto, de conformidad con el acervo probatorio
recaudado en el proceso, y como la Sala no observa configurada la
inhabilidad prevista en la primera parte del artículo 43, numeral 3,
de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, se
procederá a confirmar la sentencia de 4 de junio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la
desinvestidura de la concejal del municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca), señora IBETH ESTHER EBRAT ARIAS.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 7 de noviembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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