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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-004-2016-00477-01

Decreto y práctica de prueba de oficio: está sujeta a la contradicción de las partes

Fecha
10 de mayo de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-004-2016-00477-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 16 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, NEGAR el decreto de la pérdida de la investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-004-2016-00477-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

10 de mayo de 2018

DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO – Está sujeta a la contradicción de las partes / DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – Se vulneraron porque la prueba decretada de oficio no fue objeto de contradicción

La Sala observa que, de la revisión del sticker de radiación del documento contentivo de la certificación en comento, se tiene que la constancia fue aportada con destino a este proceso el día 1º de septiembre de 2016 (fl. 136), que el apoderado de la parte demandante en la audiencia realizada en sede de primera instancia advirtió que no se le dio traslado de la misma a las partes y que, no obstante lo anterior, el Magistrado Sustanciador del proceso omitió pronunciarse sobre el particular. En este sentido, bien lo consideró el Ministerio Público en el concepto rendido en esta instancia, cuando señaló que la “[…] prueba decretada por el Magistrado, no fue objeto de contradicción, (que por ello) […] resulta claro que el Tribunal desconoció los derechos fundamentales de defensa y contradicción […] (y que) no es posible valorar oportunamente dicha prueba, toda vez que no fue objeto de contradicción por la partes […]”. Por lo anterior, para la Sala no resulta procedente otorgarle valor probatorio a la certificación de fecha 30 de agosto de 2016 y, por ende, debe excluirse de la actuación procesal, por cuanto de conformidad con los artículos 170 del Código General del Proceso – CGP, 213 y 214 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, todo medio probatorio debe estar sujetos a la contradicción de las partes.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Celebración de contrato con una entidad pública. Presupuestos para su configuración / CONTRATO – Determinación del lugar de ejecución / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – No se configura la causal porque aunque la celebración del contrato se dio dentro del término inhabilitante, con una entidad pública y en interés propio, no se ejecutó en el municipio donde fue elegido

Está acreditado, entonces, que el señor Víctor Hugo Gracia Contreras intervino en la celebración de un contrato (contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015), con una entidad pública (Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, Regional Tolima). Además, se demostró que el contrató se celebró dentro del período inhabilitante, dado que, de conformidad con el formulario E-26, las elecciones al concejo del municipio de Ibagué se celebraron el 25 de octubre de 2015, por ende el período estaría comprendido entre el 25 de octubre del 2014 y el 25 de octubre de 2015 y el contrato se suscribió, se repite, el 2 de julio de 2015. […] Entonces, comparte la Sala lo expuesto por el a quo cuando consideró que se acreditó que el demandado “[…] suscribió con la ESAP el contrato Nº. 074 de 2015 con el propósito de obtener un beneficio propio, que no fue otro que la contraprestación económica que percibiría con la ejecución del mismo, concluyendo que se encuentra demostrado el elemento subjetivo del interés propio […]”. Nótese que si bien es cierto que el contrato en sí mismo tiene por finalidad el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, los cuales en el caso de la Administración Pública se buscan conforme a los principios establecidos en el artículo 209 ibídem, también lo es que interés del contratista no es otro que el de lograr obtener el pago de la remuneración pactada con la celebración y suscripción del mismo. […] En suma, la prueba documental obrante en el expediente demuestra que el contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015 fue ejecutado en los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas y no en la ciudad de Ibagué, por lo que la conducta del demandado no se adecuó a la descripción de la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 NUMERAL 3 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 170 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 213 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 214

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 73001-23-33-004-2016-00477-01(PI)

Actor: NIDIA VANESSA SANDOVAL

Demandado: VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS

Referencia: RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – CELEBRACIÓN DE CONTRATO CON ENTIDAD PÚBLICA – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, frente a la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se decretó la pérdida de la investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito presentado ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Tolima (fls. 31 a 44, cdno. 1), la señora NIDIA VANESSA SANDOVAL LARA, en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, presentó demanda en contra del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, en su condición de Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima), elegido para el período constitucional 2016 – 2019, con el fin de obtener la siguiente declaratoria:

“[…] Que se declare la pérdida de investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS quien actualmente ostenta el cargo de Concejal del municipio de Ibagué para el período 2016 – 2019, por haber incurrido en las causales de inhabilidad y pérdida de investidura consagradas en la ley y en la constitución de manera expresa entre ellas las establecidas en el numeral 3º del artículo 40 Ley 617 del 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 en causal de inhabilidad. Y como causal de pérdida de investidura, en el artículo 55, donde se previeron diversas situaciones entre las que se cuentan las del numeral 2º violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses y que se comunique la sentencia que así lo decida tanto a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ibagué […]” (fl. 33. Cdno. 1).

I.2. La causal alegada

La actora señaló que el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

I.3. Los fundamentos de hecho y de derecho

La actora se fundamentó en los siguientes supuestos de hecho y de derecho:

Manifestó que el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS participó en la jornada electoral que se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2015, y que como consecuencia de ello resultó elegido como concejal del municipio de Ibagué (Tolima), para el período constitucional 2016 – 2019.

Aseguró que, al momento de la inscripción se encontraba inhabilitado, por cuanto el demandado había celebrado contrato de prestación de servicios profesionales con la Escuela Superior de Administración Pública (en adelante ESAP), establecimiento público del orden nacional, dentro del año anterior a la elección.
Recordó que previo a la suscripción del referido contrato, el demandado de manera libre y voluntaria “[…] presentó ante la ESAP propuesta para la prestación de servicios en apoyo profesional para realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información conducente al estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades de orden territorial o municipal; […], en desarrollo de las reformas de planta de personal, […] donde solicitaba como contraprestación la suma de $10.800.000 […]”.

Advirtió que la anterior propuesta se vio reflejada en la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015, el cual tuvo por objeto el siguiente:

“[…] Apoyo profesional para realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información conducente al estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades del orden territorial o municipal; bajo los parámetros establecidos por la ESAP, en desarrollo de las reformas de planta de personal artículo 46 de la Ley 909, con el fin de dar cumplimiento al artículo 5º de la Ley 1551 del 14 de marzo de 2012 […]”.

Puso de presente que el contrato se celebró por el término de cuatro (4) meses, esto es, entre el 2 de julio de 2015 y el 2 de noviembre de la misma anualidad, y que la cláusula décima octava dispuso que el lugar del domicilio contractual y el lugar de ejecución sería la ciudad de Ibagué (Tolima).

Expuso que para la fecha de la jornada electoral, el contrato de prestación de servicios profesionales se encontraba vigente y en ejecución, y que ello se demostró con los pagos que se realizaron y que se acreditaron con los comprobantes 301426115 de 20 de octubre de 2015 y 304045515 de 22 de octubre de 2015.

En este orden de ideas, sostuvo que se configuró el supuesto de hecho previsto en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, consistente en que el demandado intervino, dentro del año anterior a la elección, en la celebración de un contrato con una entidad pública en interés propio.

En efecto, consideró que “[…] al efectuar la comparación de la hipótesis normativa que consagra la inhabilidad propuesta, con cada uno de los elementos que la integran y que tienen su fuente en la celebración del contrato de julio 02 de 2015, sin duda alguna, puede sostenerse que el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 93.378.303 expedida en Ibagué, se encontraba inhabilitado para ser elegido CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ para el período 2016 – 2019, por la celebración del contrato que se ejecutó en la ciudad de Ibagué con una entidad pública de cualquier nivel en el presente caso del nivel nacional regional Tolima […]”.

II.- ACTUACIONES DE LA PERSONA VINCULADA AL PROCESO

II.1. Intervención del señor Víctor Hugo Gracia Contreras

A través de apoderado judicial, el accionado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, para lo cual advirtió que en materia de inhabilidades e incompatibilidades la interpretación que se realice debe ser restrictiva, por lo que las analogías están proscritas en el ordenamiento jurídico.

Manifestó que la causal de pérdida de investidura no se configuró en el caso del demandado, ello en cuanto a que de “[…] la respuesta al derecho de petición presentado por mi mandante a la ESAP el 23 de mayo de 2016, suscrita por la Directora Territorial (E) de la ESAP-CETAP TOLIMA, oficio del 14 de junio de 2016 (…) (se evidencia) que las que entidades asesoradas fueron: 6.1. Alcaldía Municipal de Villahermosa; 6.2. Alcaldía de San Antonio; 6.3. Acompañamiento en la recolección de cargas laborales en Planadas […]”.

En efecto, advirtió que como se observa de la certificación de la ESAP y de la literalidad del contrato prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015, el mismo no se ejecutó en la ciudad de Ibagué, por lo que mal puede señalarse que se encuentra incurso en la causal establecida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

Recordó que uno de los elementos y presupuestos necesarios para la configuración de la inhabilidad es la ejecución del contrato celebrado en el municipio en el cual se postula como candidato para Concejal Municipal, lo anterior “[…] en aras de garantizar lo ejecutado y/o algún tipo de favoritismo o interferir con la voluntad del elector, y que para ello se haría necesario que el objeto del contrato 074 de 2015, se ejecutara en Ibagué, lo cual no ocurrió, ya que la ESAP, fue contratada por los Municipio[s] de VILLAHERMOSA, SAN ANTONIO Y PLANADAS, con fines de estudiar en su momento el proceso de reorganización […]”.

Puso de relieve que la ESAP es un establecimiento público de orden nacional, que presenta un fenómeno de desconcentración territorial bajo la figura del “[…] Curso de Inducción en el Centro Territorial de Administración Pública – CETAP, […] la cual ejecuta y desarrolla funciones determinadas por el órgano que desconcentra, siendo ella quien establece un proceso de banco de hojas de vida de los profesionales requeridos para atender lo académico como lo administrativo y misional […]”.

Anotó que una vez surtida la convocatoria respectiva y al haber sido seleccionado, se le remitió la minuta del contrato al CETAP – TOLIMA donde se ubica una de las entidades contratantes, y que esa es la razón por la cual en la referida minuta se indica como lugar de ejecución la ciudad de Ibagué, pero que no es la ubicación en el que se desarrolla en realidad las obligaciones contractuales.

Finalmente, manifestó que lo que busca el legislador al establecer este tipo de inhabilidad es evitar que el candidato ejecute contratos en los lugares donde llegare a tener jurisdicción política y evitar la influencia, presión o inducción a votar por él, de ahí que la norma sea estricta en el sentido de que se ejecute en dicho municipio.

III.- LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia de 16 de septiembre de 2016 (fls. 251 a 254, cdno. 1), el Tribunal Administrativo del Tolima decretó de la pérdida de investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, en su condición de Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima), elegido para el período constitucional 2016 – 2019.

Al respecto y luego de citar la sentencia del 23 de julio de 2002, Consejero Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, señaló que el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no derogó la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades, sino que ella conservaba su vigencia en virtud del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, era aplicable.

Teniendo en cuenta lo anterior, recordó que para la configuración de la causal de pérdida de investidura de celebración de contrato con entidad pública dentro del año anterior a la elección, era necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Comprobar la elección; b) El objeto, es decir la existencia del contrato en cuya celebración el elegido hubiere intervenido bien en interés propio o en el de terceros; c) La naturaleza del contrato, toda vez que se debe probar que se celebró con entidades públicas de cualquier nivel; d) La fecha de su celebración, esto es, que haya tenido lugar dentro del año anterior a su elección y; e) El lugar, esto es, que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

Explicó que de la revisión del expediente se podría concluir que: “[…] a) el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 074 del 02 de julio de 2015 fue suscrito por el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS con la ESAP (entidad pública); b) que dicho acto jurídico se celebró por el término de cuatro meses dentro del interregno inhabilitante, teniendo en cuenta que las elecciones para el período constitucional 2016 – 2019, se realizaron el 25 de octubre de 2015, en las cuales resultó electo como Concejal del Municipio de Ibagué Tolima; c) que el mentado se suscribió en interés propio, en donde el contratista recibió como retribución económica por sus servicios la suma de $10.800.000,oo; y d) que la ejecución del contrato en mención se llevó a cabo principalmente en el ente territorial en el cual fue elegido Concejal, esto es, el Municipio de Ibagué […]”.

Concretamente y en cuanto al lugar de ejecución del contrato 074 de 2 de julio de 2015, precisó que de la detenida lectura del clausulado resultaba claro que se pactó como domicilio contractual y lugar de ejecución del mismo, el municipio de Ibagué, que excepcionalmente, cuando se requiriera el traslado del contratista a otros municipios, el demandado prestaría también sus servicios en dichas municipalidades.

Advirtió que el desplazamiento del demandado a otros lugares carece de la magnitud suficiente para desdibujar que el precitado contrato fue ejecutado principalmente en la ciudad de Ibagué, de ahí, que se hiciera hincapié en el texto del acto jurídico, el reconocimiento a favor del contratista de los gastos de desplazamiento y permanencia en todo caso transitoria de éste en dichos lugares, tal y como se desprende de los comprobantes de recibo del valor de los viáticos por los meses de julio y agosto de 2015 rubricados por el demandado, en donde se observa un total ocho (8) desplazamientos realizados fuera de la ciudad de Ibagué en dicho período con una duración que no excedió de dos (2) días por cada traslado.

Comentó que si en gracia de discusión pudiera admitirse que en el caso concreto existe duda frente al domicilio de ejecución de los contratos estatales para la configuración de la causal de inhabilidad bajo estudio, el Consejo de Estado ha señalado que sería suficiente comprobar el lugar convenido por las partes para la ejecución de las obligaciones contractuales, para lo cual citó la sentencia de 7 de marzo de 2013, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, Rad.: 2012 – 00255, Consejera Ponente: doctora María Elizabeth García González.

Por tanto, consideró que contrario a lo manifestado por la parte demandada, más allá de la literalidad del contrato 074 de 2015, existen suficientes elementos de prueba que permiten reafirmar sin hesitación alguna, que dicho contrato se ejecutó principalmente en el Municipio de Ibagué, hecho que subsume la conducta desplegada por el Concejal accionado en la causal de inhabilidad bajo análisis.

IV.- RECURSO DE APELACIÓN

IV.1. Apelación del Señor Víctor Hugo Gracia Contreras

En escrito fechado el 3 de octubre de 2016 (fls. 273 a 192, cdno. 1), la parte actora apeló la sentencia de instancia, al efecto manifestó que no comparte lo expuesto por el a quo por las siguientes razones:

En primer lugar, se refirió a la inexistencia del interés propio o de terceros para la celebración de contratos, toda vez que para el impugnante no quedó demostrado que el concejal haya celebrado un contrato, con interés propio, más aún si se tiene en cuenta que después de un proceso de selección y clasificación de su hoja de vida, fue llamado por dicha institución para celebrar dicho contrato.

En segundo lugar, el demandado se refirió al elemento exigido para la configuración de la causal relativo al lugar de ejecución del contrato, en este sentido precisó que si bien el contrato se firmó en la ciudad de Ibagué, el lugar de ejecución de las actividades contractuales a cargo del contratista tuvo como sede tres (3) municipios diferentes a la ciudad de Ibagué, esto es, Villahermosa, San Antonio y Planadas.

Adujo que el a quo desconoció el principio pro homine y el debido proceso del demandado el cual exige realizar una valoración probatorio adecuada, la cual a su juicio no se dio, al haberse omitido dar valor probatorio a las certificaciones emitidas por la Directora Territorial de la ESAP, (14 de junio de 2016 y 30 de agosto de la misma anualidad), en las que se explican que el contrato 074 de 2015 no se ejecutó en el municipio de Ibagué.
Agregó que “[…] las obligaciones específicas del contratista, solo se pueden ejecutar fácticamente en los municipios y administraciones municipales que solicitaron a la ESAP – sede principal, el apoyo con los mencionados estudios de organización y modernización, en el caso de mi mandante fueron los municipios VILLAHERMOSA, SAN ANTONIO y PLANADAS, ya que la administración municipal de Ibagué ni sus descentralizadas solicitaron dicho estudio ni el coordinador del equipo de trabajo fijo (sic) esta ciudad (Ibagué) como lugar de ejecución de las mencionadas obligaciones. Así queda claro en la revisión de las obligaciones a cargo del contratista, donde todas se refieren a una asesoría relacionada con la modernización y estructuración administrativa de entidades territoriales del Departamento del Tolima que requieran de este apoyo, y nunca el Municipio de Ibagué hace parte de esas entidades que requirieron la asesoría, por lo que es dable concluir que no hubo ejecución de actividades derivadas del contrato de prestación de servicios que suscribí con la ESAP en el municipio de Ibagué […]”.

Aclaró que el reconocimiento de viáticos que se hizo por parte de la ESAP al concejal demandado, tuvo por finalidad cubrir los gastos de transportes y permanencia en los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas y que adicional a ello, acorde con el cronograma de actividades correspondientes al contrato de prestación de servicios, dieciocho (18) actividades se ejecutaron en tales municipios.

Finalmente, solicitó la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 2016 en relación con el elemento de la culpabilidad, toda vez que quedó probado que el concejal demandado se inscribió como candidato al concejo de Ibagué, a sabiendas de que no se configuraba la causal alegada, toda vez que la ejecución se había realizado en tres (3) municipios del Departamento del Tolima que no incluían a la ciudad de Ibagué.

V-. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de fecha 22 de agosto de 2017 (fls. 13 y 14, cdno. ppal), el Despacho sustanciador negó el decreto y práctica de la prueba relacionada con el “[…] la declaración de tercero de la Dra. Julia Janneth Alfaro Aramendez […] por su calidad de supervisora del contrato […]”, para lo cual se sostuvo lo siguiente:

“[…] el Despacho procede a analizar si se dan los supuestos de que trata el ordinal 2 del artículo 212 del CPACA (2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento), invocado por la parte demandada y, si es del caso, decretar la prueba testimonial solicitada.

Como puede observarse, en el presente asunto no se cumple con lo dispuesto en dicha norma, por cuanto la prueba testimonial solicitada, no fue decretada en primera instancia y, además, el apoderado de la parte demandada, en el recurso de reposición presentado en contra del auto de pruebas, en el cual no se decretó el testimonio solicitado, se abstuvo de manifestar su inconformidad con dicha decisión en tanto solo hizo alusión a las pruebas documentales, guardando silencio frente al pronunciamiento respecto del testimonio, de lo cual se puede deducir su aceptación frente a tal negativa.

Por lo anterior, habrá de rechazarse el decreto y práctica del testimonio solicitado, en tanto no se configuran los supuestos de que trata el artículo 212 del CPACA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.

De otra parte, se corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos plasmados en el libelo demandatorio y en la contestación del mismo.

VI-. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público, en concepto rendido el 3 de noviembre de 2017 (fls. 47 a 68. Cdno. Ppal), manifestó que comparte la conclusión a la cual llegó el Tribunal Administrativo del Tolima, en el entendido de que la tesis argumentativa del lugar donde se ejecutó el contrato resulta correcta.

Al respecto, manifestó que de acuerdo con los elementos de prueba, se encuentra demostrado que el concejal Víctor Hugo Gracia Contreras suscribió un contrato con la ESAP, cuyo objeto consistió en realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información conducente al estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades del orden territorial o municipal; bajo los parámetros establecidos por la ESAP, en desarrollo de las reformas de planta de personal artículo 46 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° de la Ley 1551 del 14 de marzo de 2012.

Además, que dentro de las obligaciones contraídas por el contratista, se encontraron la siguientes: “[…] CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales: 1. Apoyar la acción del Estado colombiana, y particularmente la ESAP, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas […]. 9. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor, para lo cual, la ESAP realizará de forma previa el trámite presupuestal y administrativo correspondiente. [...]”.

Por su parte, comentó que la cláusula decimoctava referida al domicilio contractual y lugar de ejecución señala: “[…] CLÁUSULA DECIMOCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El domicilio contractual y lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Ibagué, sin perjuicio de los desplazamientos que en desarrollo del objeto contractual deban realizarse según lo determine el supervisor del contrato […]”.

Asímismo, anotó que obra copia del informe de ejecución correspondiente al mes de agosto, en el cual se detallan las actividades realizadas por el contratista en el que se incorpora el siguiente ítem: “[…] TERRITORIAL/CIUDAD: IBAGUÉ TOLIMA […]”.

Sostuvo que si bien es cierto que obra dentro del expediente copias de los actos administrativos mediante los cuales se autorizó el pago de unos viáticos a favor del señor Víctor Hugo Gracia Contreras, con ocasión de los desplazamientos que realizó hacia los municipios de Villahermosa y San Antonio y obra prueba que demuestra que realizó un total de ocho (8) viajes por desplazamientos en los meses de julio y agosto y que recibió viáticos por dicho concepto, lo cierto es que- como lo anotó el Tribunal- dicha circunstancia no tiene la virtualidad de afectar el hecho de que el contrato se ejecutó en la ciudad de Ibagué.

De otra parte, sostuvo que el interés propio resulta evidente con la celebración del contrato 074 de 2015, toda vez que quien celebra un contrato de prestación de prestación de servicios profesionales con el Estado, a cambio de una contraprestación, en principio defiende un interés propio ajeno al interés general.

Finalmente y en cuanto a la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 2016 en relación con el elemento de la culpabilidad, comentó que resulta claro que el concejal demandado debió actuar con el cuidado que una persona del común le imprime a sus actuaciones. Por ello, señaló que debió proceder con la diligencia que se exige por parte de quienes aspiran a ser elegidos miembros de una corporación pública de elección popular, por el importante rol que desempeñan en la consolidación de los valores democráticos y ha debido realizar las averiguaciones tendientes a conocer las normas constitucionales y legales sobre violación al régimen de inhabilidades, para evitar encontrarse incurso en la causal específica.

VII-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de otra, el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, donde quedó consagrado que el recurso de apelación de las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos será de conocimiento de la Sección Primera.

VII.2. Procedibilidad de la acción

Se encuentra acreditado que el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, fue electo como Concejal del municipio de Ibagué (Tolima), para el período constitucional 2016 – 2019, según consta en el documento contentivo de la forma E-26 JAL (fls. 231 a 243, cdno. 1). Ello significa que el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura, atendido el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

VII.3. Planteamiento del problema jurídico a resolver

El recurrente, en su escrito de apelación, afirmó que el motivo de inconformidad con la sentencia de instancia radica en que el a quo erró al considerar que se configuraron los supuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para entender que el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS está incurso en una causal de inhabilidad para ser elegido concejal del municipio de Ibagué

Concretamente, señaló que no se probó el interés propio o de un tercero en la celebración del contrato y que si bien es cierto que el contrato se suscribió en la ciudad de Ibagué, el lugar de ejecución de las actividades contractuales a cargo del contratista tuvo como sede tres (3) municipios diferentes a dicha ciudad, esto es, Villahermosa, San Antonio y Planadas.

Aunado a lo anterior, solicitó la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 2016 en relación con el elemento de la culpabilidad, toda vez que quedó probado que el concejal demandado se inscribió como candidato al concejo de Ibagué, a sabiendas de que no se configuraba la causal alegada.

Corresponde, entonces a la Sala, de acuerdo con las prescripciones del inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, analizar si el señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, al ser electo como Concejal del Municipio de Ibagué (Tolima), se encontraba incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

Previamente a desatar el problema jurídico, la Sala se pronunciará en relación con el valor probatorio de la certificación de la Directora Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, de fecha 30 de agosto de 2016, en la que se indica que si bien es cierto que el domicilio contractual y el lugar de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2015, suscrito por el señor Víctor Hugo Gracia Contreras, es la ciudad de Ibagué, también lo es que el lugar geográfico donde fue ejecutado el mismo fueron los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas (fl. 136. Cdno. 1).

VII.4. Alcance y valor probatorio de la certificación expedida por la Directora Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP el 30 de agosto de 2016 (fl. 136. cdno. 1)

Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó oficiar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para que allegara con destino al proceso “[…] certificación en la indique el lugar geográfico donde fue o fueron ejecutados los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, por el señor Víctor Hugo Gracia Contreras […]” (fl. 104 Cdno. 1).

En escrito de fecha 30 de agosto de 2016 (fl. 136. Cdno. 1), la Directora Territorial de la ESAP – Tolima certificó lo siguiente:

“[…] Que revisado el archivo físico de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, se constató, que para el año 2015, se suscribió contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 074, con el señor Víctor Hugo Gracia Contreras, identificado con C.C. No. 93.379.303 de Ibagué, en el cual se consignó como domicilio contractual y lugar de ejecución la ciudad de Ibagué, sin embargo en virtud del mismo, se prestaron servicios a los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas.

Se expide con destino al Tribunal Administrativo del Tolima […]”.

La Sala observa que, de la revisión del sticker de radiación del documento contentivo de la certificación en comento, se tiene que la constancia fue aportada con destino a este proceso el día 1º de septiembre de 2016 (fl. 136), que el apoderado de la parte demandante en la audiencia realizada en sede de primera instancia advirtió que no se le dio traslado de la misma a las partes y que, no obstante lo anterior, el Magistrado Sustanciador del proceso omitió pronunciarse sobre el particular.

En este sentido, bien lo consideró el Ministerio Público en el concepto rendido en esta instancia, cuando señaló que la “[…] prueba decretada por el Magistrado, no fue objeto de contradicción, (que por ello) […] resulta claro que el Tribunal desconoció los derechos fundamentales de defensa y contradicción […] (y que) no es posible valorar oportunamente dicha prueba, toda vez que no fue objeto de contradicción por la partes […]”.

Por lo anterior, para la Sala no resulta procedente otorgarle valor probatorio a la certificación de fecha 30 de agosto de 2016 y, por ende, debe excluirse de la actuación procesal, por cuanto de conformidad con los artículos 170 del Código General del Proceso – CGP, 213 y 214 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, todo medio probatorio debe estar sujetos a la contradicción de las partes.

VII.5. Las pruebas aportadas al proceso

De la revisión del plenario y conforme lo expuso el a quo (fls. 253 vuelto y 254. Cdno. 1) y el Ministerio Público (fls. 57 y 58. Cdno. Ppal), al proceso se aportaron los siguientes medios de prueba:

Copia del Estudio de Conveniencia y Oportunidad, contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión (fls. 140 a 142. Cdno. 1).

Copia del contrato 074 del 2015 de prestación de servicios profesionales suscrito entre el ciudadano Víctor Hugo Gracia Contreras y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP el 2 de julio de 2015 (fls. 127 a 131. Cdno. 1).

Acta de inicio del contrato suscrita el 2 de julio de 2015 así como la propuesta presentada a la ESAP por parte del contratista (fls. 133 a 134. Cdno. 1).

Copia de la Resolución DT- 14-AT-147 del 13 de julio de 2015, “[…] Por la cual se confiere una comisión de servicios a un contratista de la Escuela Superior de Administración Pública […]”, mediante la cual se autorizó el pago de unos viáticos a favor del señor Víctor Hugo Gracia Contreras, para su traslado a los municipios de Villahermosa y San Antonio, por la suma de $1.086.888 (fls. 70 y 71. Cdno. 1).

Copia de la carta presentada por el ciudadano Víctor Hugo Gracia Contreras, dirigida a la Escuela Superior de la Administración Pública –ESAP – territorial del Tolima, en la cual manifiesta que recibió por concepto de viáticos en el mes de julio la suma de un $1.240.888 (fls. 87 y 211. Cdno. 1).

Copia de la Resolución DT- 14-AT-200 del 13 de agosto de 2015 “[…] Por la cual se confiere una comisión de servicios a un contratista de la Escuela Superior de Administración Pública […]”, mediante el cual se autoriza el pago de unos viáticos a favor del concejal accionado para trasladarse a los municipios de San Antonio y Villahermosa, por la suma de $1.086.888 (fls. 72 y 73. Cdno. 1).

Copia de la carta presentada por el ciudadano Víctor Hugo Gracia Contreras, dirigida a la Escuela Superior de la Administración Pública –ESAP – territorial del Tolima, en la cual el manifiesta que recibió por concepto de viáticos en el mes de agosto la suma de un $1.243.888 (fls. 95 y 218. Cdno. 1).

Copia de la Resolución DT-14-AT-228 del 2 de septiembre de 2015 “[…] Por la cual se confiere una comisión de servicios a un contratista de la Escuela Superior de Administración Pública […]”, mediante el cual se autoriza el pago de unos viáticos y gastos de viaje a favor del señor Víctor Hugo Gracia Contreras, para desplazarse hacia los municipios de San Antonio y Villahermosa, por la suma de $1.086.888 (fls. 74 y 75. Cdno. 1).

Copia de la Resolución DT-14-AT-298 del 13 de octubre de “[…] Por la cual se confiere una comisión de servicios a un contratista de la Escuela Superior de Administración Pública […]”, mediante la cual se autorizó el pago de unos viáticos a favor del concejal accionado para desplazarse al municipio de San Antonio, por la suma de 308.722 (fl. 76. Cdno. 1).

Informe de ejecución del contrato del mes de agosto (fl. 217. Cdno. 1).

Cuadro correspondiente al Sistema Electrónico de Contratación Pública, en el que aparece el contrato de prestación de servicios 074 de 2015 (fl. 207. Cdno. 1), así como el formato de los informes mensual y/o periódico de supervisión de contratos y certificaciones de pago (fl. 209. Cdno. 1).

Cuenta de cobro del 12 de noviembre de 2015 (fls. 224 a 226. Cdno. 1).

Respuesta al derecho de petición presentado por el ciudadano Víctor Hugo Gracia Sánchez, identificado con el radicado S-2016-004291-NAC 2016-06-2014, de fecha 14 de junio de 2016, en la cual se informa los lugares en los cuales se ejecutó el contrato, esto es, “[…] Alcaldía Municipal de Villahermosa; Alcaldía de San Antonio; Acompañamiento en la recolección de cargas laborales en Planadas […]” (fls. 68 a 69. Cdno. 1).

VII.6. La violación del régimen de inhabilidades previsto en la ley para los concejales

La aplicación del precedente jurisprudencial relativo a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de concejales ha sido abordado por esta Sección en diferentes oportunidades, argumentos que serán prohijados en esta oportunidad.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Sección Primera, han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que aquella haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.

En las providencias de 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012, la Sección Primera consideró lo siguiente:

“[…] 3. Frente al cargo de pérdida de investidura de un edil por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la ley 617 de 2000.

3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:

“[…] El régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Ediles y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los Concejales. Se deduce entonces que los Ediles también pierden la investidura por violación al régimen de inhabilidades, una de cuyas causales es la prevista en el artículo 66 del Decreto 1421 de 1993 […]” (Negrillas fuera de texto).

En suma y siguiendo el precedente jurisprudencial, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine.

VII.7. La causal de pérdida de investidura alegada por la parte actora

Definido que la violación al régimen de inhabilidades sí constituye un motivo de pérdida de investidura para los concejales, es necesario dilucidar ahora si en el presente caso se presentó la causal alegada por la actora y consagrada en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, cuyo tenor es:

“[…] ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […]

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]” (Negrilla fuera de texto).

Para emprender el análisis propuesto se estudiará, en primer lugar, los elementos necesarios para la configuración de la inhabilidad antes transcrita, para luego, en segundo lugar, abordar los argumentos expuestos por el demandado en el recurso de alzada.

Sobre el particular, la Sala recuerda que para que se configure la causal de inhabilidad señalada, se requiere la presencia de los siguientes supuestos:

Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel;
Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal;
Tener interés propio o de terceros; y
Ejecutarlo en el mismo municipio.

En el plenario reposa copia del contrato de prestación de servicios profesionales 074 (fls. 127 a 131. Cdno. 1), suscrito entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, (establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública), y el señor Víctor Hugo Gracia Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía 93.378.303 expedida en Ibagué, el día de 2 de julio de 2015. Este contrato tenía por objeto:

“[…] Apoyo profesional para realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información conducente al estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades del orden territorial o municipal; bajo los parámetros establecidos por la ESAP, en desarrollo de las reformas de planta de personal artículo 46 de la Ley 909, con el fin de dar cumplimiento al artículo 5º de la Ley 1551 del 14 de marzo de 2012 […]” (negrillas fuera de texto).

El plazo de ejecución del contrato, conforme a la cláusula segunda, era de cuatro (4) meses, esto es, entre el 2 de julio de 2015 y el 2 de noviembre de la misma anualidad.

Está acreditado, entonces, que el señor Víctor Hugo Gracia Contreras intervino en la celebración de un contrato (contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015), con una entidad pública (Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, Regional Tolima).

Además, se demostró que el contrató se celebró dentro del período inhabilitante, dado que, de conformidad con el formulario E-26, las elecciones al concejo del municipio de Ibagué se celebraron el 25 de octubre de 2015, por ende el período estaría comprendido entre el 25 de octubre del 2014 y el 25 de octubre de 2015 y el contrato se suscribió, se repite, el 2 de julio de 2015.

Ahora bien y en cuanto a los supuesto c) y d), el recurrente sostiene que no se probó el interés propio o de un tercero en la celebración del contrato y que si bien es cierto que el contrato se suscribió en la ciudad de Ibagué, el lugar de ejecución de las actividades contractuales a cargo del contratista tuvo como sede tres (3) municipios diferentes a dicha ciudad, esto es, Villahermosa, San Antonio y Planadas, al respecto la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

1. Existencia de un interés propio o de terceros en la celebración del contrato

La parte actora en su libelo de demanda señaló que el señor Víctor Hugo Gracia Contreras tuvo un interés económico en la suscripción del contrato 074 de 2 de julio 2015, por cuanto obtuvo una compensación económica por sus servicios prestados.

Por su parte, el apoderado judicial del accionado en la contestación de la demanda sostuvo que el interés para celebrar el contrato no fue otro que ejecutarlo como profesional de la administración pública, entendiendo que la ESAP maneja un banco de hojas de vida de diferentes expertos, las cuales son clasificadas, y de ese listado se busca a las personas idóneas que se encuentren en la región a fin que presten el servicio requerido.

Al respecto, la Sala encuentra de la revisión del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el señor Víctor Hugo Gracia Contreras, que las partes acordaron por la ejecución del mismo una remuneración de diez millones ochocientos mil pesos ($10.800.000), cuyo pago se haría de la siguiente forma:

“[…] Cláusula tercera: El valor del contrato se realizará en cuatro pagos con la entrega de los siguientes productos:

1. Un primer pago: correspondiente, previo entrega diagnostico institucional de la entidad y análisis ocupacional.

2. Un segundo pago: correspondiente a la medición de las cargas de trabajo, análisis de la estructura y planta de empleos actual.

3. Un tercer pago correspondiente previa entrega del análisis financiero de la entidad.

4. Un cuarto pago correspondiente al ajuste manual de funciones, actos administrativos en medio magnéticos, acta de visita y validación de información de campo firmado, formatos de seguimientos entregados, evento de socialización y entrega formal del estudio técnico.

Se evidencia, además, que en la cláusula cuarta se estipuló que el valor del contrato se pagaría con cargo al presupuesto de la ESAP según el certificado de disponibilidad presupuestal número 17215 de junio 23 de 2015, cuya copia obra a folio 146 del plenario.

A folio 145 obra la solicitud suscrita por el Director Territorial de la ESAP – Tolima, de fecha 23 de junio de 2015, en relación con el certificado de disponibilidad presupuestal, y de la cual se desprende que el valor del contrato se diferiría en cuatro (4) meses en razón de $2.700.000 mensual, para un total de $10.800.000.

También se encuentran las órdenes de pago presupuestal de gastos 250546815 del 7 de septiembre de 2015, 304045515 del 22 de octubre de 2015 y 346915815 del 25 de noviembre de 2015, las cuales demuestran que al demandado le fueron pagados cada uno de los instalamentos acordados en el contrato.
Entonces, comparte la Sala lo expuesto por el a quo cuando consideró que se acreditó que el demandado “[…] suscribió con la ESAP el contrato Nº. 074 de 2015 con el propósito de obtener un beneficio propio, que no fue otro que la contraprestación económica que percibiría con la ejecución del mismo, concluyendo que se encuentra demostrado el elemento subjetivo del interés propio […]”.

Nótese que si bien es cierto que el contrato en sí mismo tiene por finalidad el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, los cuales en el caso de la Administración Pública se buscan conforme a los principios establecidos en el artículo 209 ibídem, también lo es que interés del contratista no es otro que el de lograr obtener el pago de la remuneración pactada con la celebración y suscripción del mismo.

Cabe resaltar que no se puede confundir el interés propio del contratista con del interés público del objeto del contrato, como erradamente lo pretende hacer valer el apoderado del demandado para señalar que no se configura la causal de inhabilidad en estudio.

Esta Corporación en varias ocasiones ha señalado que la inhabilidad solo puede predicarse frente a quienes intervienen en la celebración de contratos en interés particular (propio o de un tercero) y no frente a quienes celebraran contratos en su calidad de funcionarios públicos y en nombre de entidades públicas, pues en tal caso actúan como representantes del interés general y en cumplimiento de un deber legal, tal y como lo puso de presente el representante del Ministerio Público.
En este contexto, la Sala considera que sí se encuentra probado que el señor Gracia Contreras tenía un interés propio en la celebración del contrato 074 de 2 de julio de 2016, el cual se encuentra determinado por la remuneración pactada en el mismo, esto es, por la suma diez millones ochocientos mil pesos moneda corriente ($10.800.000).

2. Que el contrato se haya ejecutado o cumplido en el mismo municipio para el cual resultó elegido

La parte actora en su escrito de demanda sostuvo que el lugar de ejecución del contrato fue el municipio de Ibagué, tal y como en efecto se desprende del contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015.

Por su parte, el apoderado de la parte demandada considera que si bien es cierto que el contrato se suscribió en la ciudad de Ibagué, el lugar de ejecución de las actividades contractuales a cargo del contratista tuvo como sede tres (3) municipios diferentes a dicha ciudad, esto es, Villahermosa, San Antonio y Planadas.

En efecto, afirmó que hubo unas entidades contratantes o cooperantes con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Tolima, que solicitaron a esta última realizar unos estudios que no podían llevarse a cabo en la ciudad de Ibagué, implicando con ello el desplazamiento del contratista hacia dichos municipios.

Al respecto, la Sala observa que en la cláusula décimo octava del contrato 074 de 2015 quedó la siguiente estipulación: “[…] el domicilio contractual y lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Ibagué, sin perjuicio de los desplazamientos que en desarrollo del objeto contractual deban realizarse según lo determine el supervisor del contrato […]”.

En este mismo sentido, se tiene el Estudio de Conveniencia y Oportunidad de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión realizado como parte del proyecto denominado “[…] adecuación y fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden nacional y territorial”, subproyecto “fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del Tolima 2015 […]”, con certificado presupuestal 17215 del 23 de junio de 2015, en el cual se señaló respecto del lugar de ejecución del contrato, lo siguiente:

“[…] 11. LUGAR DE EJECUCIÓN DE CONTRATO. La ciudad de Ibagué. No obstante, cuando se requiera que el contratista en cumplimiento del objeto del contrato deba desplazarse fuera de la ciudad de Ibagué, la ESAP reconocerá la suma diaria fijada en la reglamentación interna de la ESAP, de acuerdo con los honorarios mensuales asignados al contratista sin que pueda exceder del valor de los viáticos diarios asignados al Director Nacional de la ESAP; así como los pasajes aéreos y/o terrestres, según el caso. Siempre se requerirá la existencia previa del certificado de disponibilidad presupuestal […]” (negrillas fuera de texto).

En relación con los gastos de desplazamiento, la cláusula novena del plurimencionado contrato 074 de 2015, estableció que “[…] cuando se requiera que EL CONTRATISTA, en cumplimiento del objeto del contrato, se desplace fuera de la ciudad de Ibagué, la ESAP reconocerá los gastos de desplazamiento y permanencia […]”.

Asimismo, el informe de ejecución correspondiente al mes de agosto, en el cual se detallan las actividades realizadas por el contratista, indica lo siguiente “[…] Territorial/Ciudad: Ibagué Tolima […]”.

Y, finalmente, obra copia del cuadro del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, en el que se señala que de conformidad con el contrato el lugar de ejecución es el municipio de Ibagué.

Con fundamento en lo anterior, el a quo y el agente del Ministerio Público consideraron que tras valorar los estudios de conveniencia y oportunidad del contrato de prestación de servicios, las cláusulas del contrato de prestación de servicios 074 de 2015 así como el informe de ejecución, es posible demostrar que el lugar de ejecución del contrato fue el municipio de Ibagué.

Al respecto, la Sala estima necesario precisar que no comparte la conclusión a la que se llegó en la sentencia de primera instancia, toda vez que si bien es cierto que el contrato, los estudios de conveniencia y oportunidad de contratos de prestación de servicios profesionales y el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP señalan que el lugar de ejecución del contrato era la ciudad de Ibagué, también lo es que no obran dentro del expediente elementos probatorios de los cuales se demuestre que, en efecto, el mismo sí se ejecutó en dicha ciudad.

Ciertamente y por el contrario, del expediente se evidencia que el contrato 074 de 2 de julio de 2015 fue ejecutado en un lugar diferente a la ciudad de Ibagué, dado que dicho ente territorial en ningún momento había solicitado apoyo y asesoría a la ESAP para la modernización y organización de su estructura administrativa.

De la revisión del plenario, la Sala encuentra que a folio 66 obra copia de la petición suscrita por el señor Víctor Hugo Gracia Contreras, dirigida a la Directora Territorial de la ESAP – Tolima y en el cual se solicita se informe y se certifique cuáles fueron los municipios en donde se ejecutó el contrato; la petición es del siguiente tenor:

“[…] Víctor Hugo Gracia Contreras, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, con todo respeto manifiesto a usted que en ejercicio del artículo 23 de la Constitución Nacional, en concordancia con la ley 1755 del 30 de julio de 2015, solicito lo siguiente:

Doctora Guzmán Mora sírvase expedir certificación del contrato 074 de 2015 en donde conste lo siguiente:

“[…]

Las entidades asesoras donde se ejecutó el contrato […]” (negrillas fuera de texto).

En respuesta a la anterior petición, la doctora Johanna Paola Guzmán Mora, Directora Territorial de la ESAP, en escrito fechado el 14 de junio de 2016, contestó que “[…] las entidades asesoradas fueron 6.1. Alcaldía Municipal de Villahermosa; 6.2. Alcaldía de San Antonio; 6.3. Acompañamiento en la recolección de cargas laborales en Planadas […]” (negrillas fuera de texto).

Cabe resaltar que la anterior certificación fue aportada por señor Víctor Hugo Gracia Contreras en la contestación a la demanda, y la misma fue incorporada al expediente de acuerdo con las prescripciones establecidas en el ordenamiento jurídico, tal y como se desprende del auto de fecha 25 de agosto de 2016, suscrito por el Magistrado sustanciador del proceso del Tribunal Administrativo del Tolima, que a la letra dispuso (fls. 115. Cdno. 1):

“[…] De conformidad con el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandada visto a folios 113 y 114 del expediente, se observa que por un error involuntario el Despacho omitió hacer referencia a las pruebas aportadas por el señor Víctor Hugo Gracia Contreras a la presente actuación, por lo anterior se dispone:

Adiciónese la providencia de fecha 23 de agosto de 2016, así:

Pruebas parte demandada: Víctor Hugo Gracia Contreras.

TENER como prueba en lo que fuere legal, los documentos allegados con la contestación de la demanda, visibles a folios 66 a 103 de la encuadernación […]” (negrillas fuera de texto).

Nótese que frente a lo anterior, el actor no interpuso recurso alguno y, mucho menos, se pronunció en torno a la legalidad de las pruebas incorporadas y su ajuste a la realidad, esto es, no las tachó de falsas e incongruentes.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la prueba documental consistente en la respuesta de la Directora de la ESAP respecto del lugar de ejecución del contrato, resulta pertinente, útil e idónea, pues existe una relación entre lo que con ella se pretende probar y el asunto objeto de litigio, toda vez que con ella se puede determinar los municipios donde efectivamente fue ejecutado el contrato de prestación de servicios celebrado por el concejal demandado.

Ahora bien, para la Sala no puede perderse de vista el objeto del contrato y los informes de cumplimiento, dado que de los mismos se evidencian cuáles fueron las entidades territoriales asesoradas y, por ende, donde se ejecutó la obligación contractual.

Como se vislumbra de la cláusula primera del contrato de prestación de servicios 074 de 2015, el objeto del mismo era brindar “[…] apoyo profesional para realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información conducente al estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades del orden territorial o municipal; […] , en desarrollo de las reformas de planta de personal artículo 46 de la Ley 909, con el fin de dar cumplimiento al artículo 5º de la Ley 1551 del 14 de marzo de 2012 […]” (negrillas y subrayado fuera de texto).

En este sentido, se tiene que la labor del señor Víctor Hugo Gracia Contreras no era otra que asesorar y apoyar a las entidades territoriales que solicitaran acompañamiento integral de la ESAP para el levantamiento y análisis de información en sus procesos de modernización administrativa, lo cual, como se deprende de las actas de ejecución solo se realizó respecto de los municipios de antes citados, esto es, Villahermosa, San Antonio y Planadas (fls. 217 a 220. Cdno 1).

Contrario a lo señalado por el a quo, el desplazamiento del demandado a dichos entes territoriales no resulta un hecho aislado para determinar si el contrato fue ejecutado en un lugar diferente a la ciudad de Ibagué, toda vez que el reconocimiento a favor del contratista de los gastos de desplazamiento y permanencia, tal y como se desprende de los comprobantes de recibo del valor de los viáticos por los meses de julio y agosto de 2015, ratifica que fue allí donde se ejecutó el contrato en estudio.

En este sentido, una cosa es la literalidad del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por el demandado y otra muy diferente la materialidad del mismo.

Sobre el particular, esta Sección ha considerado que para que concurra el último de los supuestos de la causal de inhabilidad endilgada, las labores a desarrollar con ocasión del contrato deben “[…] realizarse, verificarse y llevarse a efecto en el respectivo municipio […]”, tal y como se plasmó en la decisión de 7 de marzo del 2013 y la cual precisamente fue citada por el juez de instancia.

En cuanto a los informes de ejecución del contrato, la Sala advierte que los mismos, de manera textual, se refieren al cumplimiento del objeto contractual en los procesos de modernización institucional de los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas, y en los cuales se explican las actividades programadas, desarrolladas así como los resultados obtenidos, tal y como se evidencia, por ejemplo, en el informe visible a folio 217 (Cdno. 1), que señala:

Informe
Subdirección de Proyección Institucional
Fecha:
Agosto
Línea Estratégica
Modernización institucional
TERRITORIAL/CIUDAD
Ibagué – Tolima
Objeto general de la asistencia técnico y/o acompañamiento
Proceso de modernización institucional de la Alcaldía Municipal de Villahermosa – Tolima
Actividades Programadas
Actividades Desarrolladas
Resultados Obtenidos
1. Organización del equipo e información
1.1. Realización de la presentación y sustentación del alcance del estudio
1.1. Presentación y sustentación del alcance del estudio
1.2. Selección del Coordinador por la Alcaldía Municipal
1.2. Se seleccionó el coordinador para la Alcaldía Municipal

1.2. Un Coordinador nombrado por la Alcaldía Municipal
1.3. Sustentación del Cronograma de Actividades
1.3. Se realizó la sustentación del cronograma de actividades
1.3. Se realizó la sustentación del cronograma de actividades
1.4. Solicitud de información general de la Alcaldía
1.4. Mediante oficio se solicitó información general de la Alcaldía
1.4. Se recibió y clasificó la información general de la Alcaldía
2. Diagnóstico Institucional
2. Diagnóstico Institucional
2. Diagnóstico Institucional
2.1. Recepción información, administrativa, financiera, operativa
2.1. Recepción información, administrativa, financiera y operativa
2.1. Recepción información, administrativa, financiera y operativa
2.2. Revisión y análisis de la información recepcionada
2.2. Revisión y análisis de la información recepcionada
2.2. Revisión y análisis de la información recepcionada
2.3. Identificación y caracterización de los procesos de la Alcaldía
2.3. Se realizó la caracterización de los procesos por dependencias
2.3. Se realizó la caracterización de los procesos por dependencias
2.4. Identificación general del Municipio
2.4. Se realizó la identificación general del municipio
2.4. Se realizó la identificación general del municipio
2.5. Caracterización de los procesos por dependencia
2.5 Se realizó la caracterización de los procesos por dependencias
2.5 Se realizó la caracterización de los procesos por dependencias
2.6. Estudio y análisis de la estructura organiza actual
2.6. Un estudio y análisis de la estructura orgánica actual
2.6. El estudio y análisis de la estructura orgánica actual
2.7. Elaboración de estudio análisis ocupacional
2.7. Se elaboró el estudio de análisis ocupacional
2.7. Se elaboró el estudio de análisis ocupacional
2.8. Identificación y costos del personal según empleos actual – 14
2.8. Identificación y costos del personal según empleos actual – 14
2.8. Identificación y costos del personal según empleos actual – 14
2.9. Costo anual del personal por contrato
2.9. Elaboración del costo anual del personal de planta

2.9. Costo anual del personal por contrato
2.10. Elaboración del DOFA – institucional
2.10. Se elaboró el DOFA institucional
2.10. Se elaboró el DOFA institucional
2.11. Documento Primer informe
2.11. Documento Primer informe
2.11. Documento Primer informe

Nombre quien elaboró informe: Víctor Hugo Gracia Contreras

Cargo: Asesor

Firma:

De la lectura detallada del informe, la Sala evidencia que efectivamente el objeto del contrato 074 de 2 de julio de 2015 se ejecutó en los municipios y administraciones locales plurimencionadas, toda vez que no se arrimó al plenario medio probatorio del cual se pueda desprender que el señor Víctor Hugo Gracia Contreras o que la Esap tenían una relación contractual con la Alcaldía Municipal de Ibagué y, mucho menos, que el ente territorial hubiera solicitado apoyo o acompañamiento para su reorganización administrativa.

Cabe resaltar que cuando el informe señala “Territorial”: Ibagué, se está refiriendo a la sede de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP encargada en la región del cumplimiento de su misión institucional; no debe olvidarse que la ESAP es una establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, que cuenta con una estructura desconcentrada en dieciséis (16) sedes, entre las cuales se encuentra la Territorial Ibagué – Tolima.

Así las cosas, el informe no podía señalar otra cosa cuando indicó como ciudad Ibagué, por cuanto es la sede territorial de la institución y es el lugar en donde laboran los funcionarios competentes para la elaboración y suscripción de los contratos relacionados con sus funciones y quienes reciben los informes de cumplimiento de los mismos.

Por lo anterior, el hecho de que el señor Gracia Contreras haya presentado los informes de cumplimiento en Ibagué, sede territorial de la Esap, no significa que el contrato se ejecutó en dicho lugar, por cuanto sería tanto como afirmar que si los presenta en Bogotá el contrato se ejecutó en el Distrito Capital.

De manera que si bien la regla general en materia de contratación enseña que si en el negocio jurídico se señala un lugar de ejecución, debe entenderse que efectivamente allá se produjo el cumplimiento de la obligación contractual, lo cierto es que dicha regla puede tener excepciones, tal y como evidentemente ocurrió en el presente caso.

Por lo demás, la Sala recuerda que la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha considerado que la causal de inhabilidad en estudio se justifica en la necesidad de garantizar la real y efectiva protección al derecho a la igualdad en la contienda electoral, el cual se quebrantaría frente a la influencia que sobre el electorado podrían ejercer en la ejecución de un contrato, precisamente, en el lugar donde el contratista se presentaría para ser elegido como concejal.

Aunado a ello, la causal también se inspiró en la necesidad de preservar la ética pública en sí misma considerada, procurando evitar que se presente una influencia indebida a favor del aspirante.

Y son estos propósitos moralizadores y defensores de los valores públicos, los que justifican la especial tarea encomendada al Consejo de Estado de juzgar las conductas que posiblemente configuren las causales de pérdida, los cuales, en el sub lite, no se ven quebrantados o desconocidos al no haberse demostrado que la labor ejecutada por el demandado pudo influir en el electorado de Ibagué, lugar donde fue elegido como concejal.

En suma, la prueba documental obrante en el expediente demuestra que el contrato de prestación de servicios profesionales 074 de 2 de julio de 2015 fue ejecutado en los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas y no en la ciudad de Ibagué, por lo que la conducta del demandado no se adecuó a la descripción de la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Por lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por el Tribunal de instancia, debe negarse el decreto de la pérdida de investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, en su condición de Concejal del municipio de Ibagué (Tolima), elegido para el período constitucional 2016 – 2019, razón por la que se revocará la sentencia proferida por el a quo, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 16 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, NEGAR el decreto de la pérdida de la investidura del señor VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salvo voto

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 73001-23-33-004-2016-00477-01(PI)

Actor: NIDIA VANESSA SANDOVAL LARA

Demandado: VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura – sentencia de segunda instancia.

De manera respetuosa expongo las razones por las cuales no comparto la decisión proferida en este asunto por la Sección, que mediante sentencia del 10 de mayo del año en curso revocó la providencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar negó el decreto de la pérdida de investidura de concejal del señor Víctor Hugo Gracia Contreras.

La causal que se invocó en la demanda corresponde a la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 del 2 de junio de 1994 y establece la imposibilidad de elegir como concejal a quien “dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. (…).”

En el presente proceso se demostró que el demandado suscribió dentro del año anterior a su elección como concejal un contrato con la ESAP, cuyo objeto consistió en realizar actividades de acompañamiento integral, levantamiento y análisis de información que permitiera el estudio técnico soporte del proceso de modernización administrativa, solicitadas por las entidades del orden territorial o municipal, fijándose como domicilio contractual y lugar de ejecución la ciudad de Ibagué, sin perjuicio de los desplazamientos que en desarrollo del objeto contractual debiera hacer el contratista, según lo determinara el supervisor del contrato.

Se afirma en la sentencia motivo de salvamento que, pese a que se acreditó que el señor Víctor Hugo Gracia Contreras intervino en la celebración de un contrato de prestación de servicios con una entidad pública dentro del periodo inhabilitante, no se probó que la ejecución de las actividades contractuales a su cargo se desarrollaran en el municipio de Ibagué, lugar donde fue elegido concejal, puesto que tuvo como sede de ejecución tres (3) municipios distintos, estos son, los municipios de Villahermosa, San Antonio y Planadas.

En efecto allí se dijo: “(…) la Sala estima necesario precisar que no comparte la conclusión a la que se llegó en la sentencia de primera instancia, toda vez que si bien es cierto que el contrato, los estudios de conveniencia y oportunidad de contratos de prestación de servicios profesionales y el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP señalan que el lugar de ejecución del contrato era la ciudad de Ibagué, también lo es que no obran dentro del expediente elementos probatorios de los cuales se demuestre que, en efecto, el mismo sí se ejecutó en dicha ciudad.”

Sin embargo, con el mayor respeto disiento de dicha conclusión, toda vez que en el caso bajo análisis la relación jurídica surgió entre la sede de Ibagué de la ESAP y el contratista, no entre éste y los municipios que fueron asesorados, lo que permite afirmar que el contrato también se ejecutó en la ciudad de Ibagué.

Por consiguiente, la decisión proferida por el Tribunal de instancia debía ser confirmada, en la medida que estaban reunidos los presupuestos previstos en la ley para decretar la pérdida de investidura; sin embargo, se concluyó que estaba evidenciado que el objeto del Contrato nro. 074 del 2 de julio de 2015 se había ejecutado en los municipios antes relacionados, no en la ciudad de Ibagué, conclusión que no tiene ningún sustento jurídico y por ello no había lugar a revocarla.

En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”
“[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella […]”.
“[…] Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”. Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete. Artículo 214. Exclusión de la prueba por la violación al debido proceso. Toda prueba obtenida conviolación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2004 – 2404. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012. Rad.: 2012 – 00235. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de abril de 2016. Rad.: 2012 – 00633. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.

Se trata de una entidad descentralizada por servicios del orden nacional en los términos del artículo 70 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, académica y financiera, y patrimonio independiente.
“[…] Artículo. 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
“[…] Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones […]”. Ver entre otras la sentencia de 11 de febrero de 1999. Ra.: 2583. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de marzo de 2013. Rad.: 2012 – 00255. Consejera Ponente: doctora María Elizabeth García González. Se trata de una entidad descentralizada por servicios del orden nacional en los términos del artículo 70 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, académica y financiera, y patrimonio independiente. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 15 de febrero de 2011. Rad.: 2010 – 1055. Consejero Ponente: doctor Enrique Gil Botero. Ibídem. El contrato fue suscrito entre el 2 de julio de 2015 y el concejal resultó elegido el 25 de octubre del mismo año.

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