Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2024-00078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2024-00078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-40-000-2024-00078-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de marzo de 2025
Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: CARLOS ENRIQUE DAZA OROZCO
Concejal acusado: HERNÁN DE JESÚS REBOLLEDO RODRÍGUEZ
Tesis: No incurre en causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de
inhabilidades el concejal que celebró un
contrato en el año anterior a su elección en
el cargo, cuyas obligaciones contractuales no
debían cumplirse en el mismo lugar donde
fue elegido.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora 42
Judicial II para Asuntos Administrativos en contra de la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de la
Guajira, mediante la cual denegó la desinvestidura del señor Hernán de
Jesús Rebolledo Rodríguez, en calidad de concejal del municipio de
Riohacha, Guajira, elegido para el período constitucional 2024-2027.
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Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada
El señor Carlos Enrique Daza Orozco, actuando en nombre propio,
presentó demanda de pérdida de investidura en contra del señor Hernán
de Jesús Rebolledo Rodríguez, elegido concejal del municipio de Riohacha,
Guajira, para el período constitucional 2024-2027, por considerar que
incurrió en la causal prevista por el numeral 3 del artículo 40 de la Ley
617 de 2000, que modificó el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1
El solicitante informó que en el año 2019 se realizaron las elecciones
territoriales en las que participó el señor Hernán de Jesús Rebolledo
Rodríguez.
Señaló que desde el 25 de agosto de 2020 el señor Rebolledo comenzó a
trabajar en la secretaría de salud departamental, en el área de
aseguramiento, como profesional especializado, según contrato 045 de
2020, y que continuó vinculado con los contratos nro. 087 de 2020, 150 de
2021 y 276 de 2022.
Sostuvo que el mencionado señor también celebró el contrato nro. 857 de
2022 con la gobernación de la Guajira que se ejecutó y cumplió durante el
período inhabilitante de octubre 29 de 2022 a octubre 29 de 2023.
1 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
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Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
Indicó que en marzo de 2023 la gobernación de la Guajira publicó en el
SECOP II el estudio previo con lugar de ejecución Riohacha y que el señor
Rebolledo presentó propuesta y celebró el contrato nro. 165 el 5 de abril de
2023, esto es, durante el período inhabilitante del 29 de octubre de 2022
al 29 de octubre de 2023.
Anotó que el 10 de abril de 2023, después de perfeccionado el contrato 165
de 2023, se firmó el acta de inicio en la ciudad de Riohacha, y que,
conociendo su inhabilidad, el 27 de junio de 2023 suscribió el acta de
terminación anticipada y la liquidación bilateral por mutuo acuerdo de dicho
contrato a cuatro meses de desarrollarse las elecciones territoriales del
respectivo año, “sin ninguna razón descrita, aparte de no levantar
sospechas con su trabajo proselitista y seguir asistiendo a reuniones con
las entidades prestadoras de salud”.
Afirmó que el 28 de julio de 2023 el partido de la U inscribió lista al concejo
del distrito de Riohacha encontrándose el señor Hernán de Jesús Rebolledo
Rodríguez en el renglón nro. 5.
Expuso que el 29 de octubre de 2023 se celebraron en el territorio nacional
las elecciones locales para el período 2024-2027 y el señor Rebolledo
resultó elegido como concejal del distrito de Riohacha, Guajira, por el
partido de la U para el período 2024-2027, quien tomó posesión del cargo
el 1 de enero de 2024.
Alegó que el concejal violó el régimen de inhabilidades, toda vez que en la
vigencia fiscal 2023 suscribió un contrato con el departamento de la Guajira
con lugar de ejecución en Riohacha.
En cuanto al elemento subjetivo afirmó que “el concejal conocía su
inhabilidad, es un profesional con especialización en Gerencia en servicios
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Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
de salud con estudios de maestría con muchos años como contratista del
[E]stado en diferentes entidades que había participado en contiendas
electorales anteriormente, por lo cual renuncia antes de empezar el trabajo
proselitista para no despertar las sospechas de sus compañeros de partido
y trabajo haciendo la conducta dolosa y contraria a la finalidad del legislador
donde se aprovechaba de su cargo ante un ente vigilante de las EPS y de
las entidades promotoras de salud para beneficiarse de su condición (…)”.
2.- Contestación del concejal acusado
El señor Hernán de Jesús Rebolledo Rodríguez, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud oponiéndose a las pretensiones y, luego
de referirse a cada uno de los hechos de la demanda, manifestó como
argumentos de defensa los siguientes2:
Invocó la ineptitud sustantiva de la demanda “por falta de mérito
probatorio de los documentos aportados”, que sustentó en que el actor
mencionó la celebración de varios contratos con el departamento de la
Guajira en materia de salud, la mayoría de los cuales por sus fechas
fueron anteriores al factor temporal descrito en forma generalizada en la
prohibición de la causal.
Expuso que, dada la naturaleza del proceso de pérdida de investidura y
la carga exigida por el artículo 167 del Código General del Proceso, el
actor se limitó a señalar la causal de inhabilidad que consideró podría
encuadrarse, esto es, la del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de
1994, y aportó material documental relacionado con la suscripción de
contratos con la gobernación de la Guajira; sin embargo, no precisó de
qué manera con dicha suscripción se incurrió en la inhabilidad, ni allegó
2
Ibidem.
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Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
pruebas para corroborar la ejecución de los contratos con el Distrito
Especial de Riohacha, por lo que desatendió el deber de demostrar los
supuestos de hecho en que edificó la causal.
Así mismo, manifestó que los contratos números 857 de 2022 y 165 de
2023, además de que fueron aportados en copia simple, tenían como
marco de acción los municipios del departamento de la Guajira, es decir,
14 municipios, en los que no estaba incluida Riohacha, por tratarse de un
Distrito Especial Turístico y Cultural, de conformidad con el artículo 14 de
la Ley 1122 de 2007.
Alegó que para ello era ineludible revisar la distribución de competencias
descritas en la Circular externa 000001 del 9 de enero de 2020 de la
Superintendencia Nacional de Salud dirigida a las entidades territoriales,
y que “(…) la circular inspirada en la Ley establece un marco de fijación
de competencias en materia de salud de los entes territoriales en cuanto
aseguramiento, no pudiendo por tal estos mismos ejercer funciones que
no estén dentro de lo autorizado (dentro de su jurisdicción), puesto [que]
sus efectos carecerían de validez ante la ausencia del factor competencia,
bajo esa misma consigna la circular 000001 de 2020 de la
Superintendencia de Salud, estipula “conforme al artículo 45 ibidem los
distritos también tendrán las mismas competencias de los municipios y
departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función de
intermediación entre los municipios y la Nación”.
Indicó que ello significaba que las actividades propias de la Dirección,
Vigilancia y Control en el sector salud correspondían a los distritos
especiales, ya que la ley asignó competencias idénticas a los
departamentos en cuanto a dichos componentes de competencia con
excepción de la función de intermediación entre municipios y la Nación.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
Sobre el punto explicó: “(…) es decir, que las labores de coordinación con
los entes territoriales y Nación, está exclusivamente dirigida al
Departamento, competencia que en ninguno de los contratos aportados
por la parte demandante, señalan que el demandado y para ese entonces
contratista, estaba encargado de desarrollar, en (sic) más en ninguna le
correspondía recibir, tramitar o manejar información proveniente del
Distrito Especial de Riohacha, como trata de hacerlo ver el demandante
cuando aduce informe suscrito por el Distrito en el que dicho ente
territorial envía y tramita periódicamente información en salud al
Departamento de la Guajira, desconociendo el actor la delimitación clara
de las obligaciones específicas en los contratos suscritos (…)”. // Es por
eso que, indistintamente de la oportunidad que tiene el departamento de
coordinar con el Distrito en lo que respecta a la intermediación o
colaboración armónica con la Nación, dicha coordinación no fue
establecida por el Departamento en el contrato y por lo tanto no
vinculante en el caso que nos ocupa (…)”.
En cuanto al factor espacial, indicó que lo que interesa a la inhabilidad no
es el lugar donde se celebró el contrato como parece entenderlo el
demandante, sino que el lugar de ejecución sea el mismo de la elección.
Alegó que el demandante faltó a la verdad y omitió información relevante
“para la certeza procesal” porque el servicio prestado para el
departamento de la Guajira no se estableció para el distrito de Riohacha.
De otra parte, en cuanto a la valoración del principio de culpabilidad,
afirmó que es cierto que el acusado tiene formación profesional como
odontólogo y otros estudios relacionados necesarios para el normal
ejercicio de su profesión, y ha sido contratista del Estado, “pero en
manera alguna estas calidades constituyen per se, prueba de incurrir en
un actuar doloso o de culpa grave, como lo aduce el accionante”, por lo
que solicitó se deniegue lo pretendido en la demanda.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de la Guajira, en sentencia del
29 de mayo de 2024, denegó la desinvestidura del concejal3.
Para el efecto, luego de referirse a la causal de inhabilidad alegada, esto
es, la prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que
modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, a las pruebas obrantes en
el proceso, a la validez de los documentos del SECOP II y al valor
probatorio de las copias simples, razonó lo siguiente frente a los
elementos de la causal:
En cuanto a la celebración del contrato. Que el contrato nro. 165 de 2013
se había celebrado el 5 de abril de 2023 entre el entonces contratista
Hernán de Jesús Rebolledo Rodríguez y la gobernación de la Guajira y
cargado y firmado en la plataforma SECOP II, por lo que quedó
debidamente perfeccionado para todos los efectos legales, dada la
naturaleza transaccional de dicha plataforma de gestión contractual, por
lo que este primer elemento estaba cumplido.
Respecto del segundo requisito, esto es, que la celebración del contrato
se hiciera en interés propio o de terceros. Analizó que del material
probatorio aportado a la demanda se tenía probado el interés propio del
contratista, toda vez que se anexó un acta de pago parcial y el certificado
de pago final del contrato.
Frente al tercer requisito, que el contrato se hubiera celebrado dentro del
año anterior a la elección del concejal, que también estaba cumplido,
puesto que el señor Rebolledo Rodríguez fue elegido concejal en el distrito
3 Ibidem.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
de Riohacha para el período 2024-2027 como resultado de las elecciones
del 29 de octubre de 2023, por lo que el período de inhabilidad
correspondía al comprendido entre el 29 de octubre de 2022 al 29 de
octubre de 2023.
En cuanto al último requisito, esto es, que el contrato se ejecute en el
mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal, estimó que no
estaba cumplido, puesto que, de las obligaciones contenidas en el
contrato en los numerales 2, 12 y 13, se desprendía que debía brindar
asistencia técnica a los municipios del departamento de la Guajira, sin
que se hiciera mención expresa al distrito de Riohacha.
También advirtió que en el contrato solo se señala que la asistencia
técnica debe brindarse a los municipios del departamento de la Guajira,
sin hacer mención expresa del distrito de Riohacha, que tampoco tenía la
naturaleza de municipio sino de distrito.
Agregó que la Circular 001 de 2020 expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud estableció la responsabilidad de las entidades
territoriales, las cuales deben realizar el proceso de auditoría a las
entidades de salud de los regímenes contributivo y subsidiado que operen
en su jurisdicción, y entre otros elementos, estructuró la guía de auditoría
a partir de componentes cuya implementación y aplicación fueron
distribuidos entre las entidades territoriales conforme las
circunscripciones territoriales.
Destacó de las comunicaciones aportadas por el demandado la respuesta
dada por la gobernación de la Guajira con radicado SSD-LG-448, en la
cual se indicó que el objeto del contrato no comprendía el distrito de
Riohacha, “pues al ostentar la calidad de “Distrito”, la Secretaría de Salud
Departamental carecía – y carece todavía- de competencia para ejercer
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
actividades de inspección, vigilancia y control sobre la mentada entidad
territorial”.
Sostuvo que, “atendiendo el área de aseguramiento del Departamento de
la Guajira, el cual no contempla Riohacha por su calidad territorial, de
haberse convenido que el objeto del contrato debía ejecutarse respecto
del Distrito de Riohacha, en primer lugar, así tendría que haberse
mencionado expresamente en el contrato y, en segundo lugar, de haberse
realizado de esta forma, se habrían inobservado las regulaciones en la
materia de control en el sistema de salud (…)”.
Agregó que la obligación relacionada con la realización de
desplazamientos por fuera de la ciudad de Riohacha no implicaba que el
contrato debía ejecutarse en beneficio del distrito de Riohacha, sino que
el contratista debía asumir los costos derivados de desplazarse desde
Riohacha hacia los municipios del departamento de la Guajira, con el
objetivo de cumplir sus obligaciones contractuales.
Destacó que en respuesta SSDG 169 la misma gobernación de la Guajira
delimitó los municipios en los cuales se desarrolló el objeto del contrato,
sin que entre ellos estuviera enlistado el distrito de Riohacha.
Concluyó que la conducta del actor no se adecuaba típicamente a lo
indicado en la causal de inhabilidad, puesto que estaba acreditado que el
acusado no había ejecutado el contrato en Riohacha.
Por último, advirtió que la procuradora delegada ante el tribunal había
solicitado que se accediera a las pretensiones de la demanda por
considerar que: (i) estaba acreditado que el contrato se ejecutó en el
Distrito de Riohacha toda vez que en el formato de estudios previos se
indicó que los servicios a contratar se debían desarrollar en la secretaría
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de salud del departamento de la Guajira ubicada en dicho distrito, y (ii)
una de las labores del contrato iba encaminada al cumplimiento de la
sentencia T-302 de 2017, mediante la cual se declaró el estado de cosas
inconstitucional en el departamento de la Guajira, que además cobija el
distrito de Riohacha.
Al respecto, sostuvo que, aunque la dirección de la secretaría de salud del
departamento de la Guajira está ubicada en el distrito de Riohacha, ello
no permitía concluir que la ejecución del contrato se diera en beneficio del
precitado distrito, tanto era así que, acorde con las comunicaciones de la
gobernación, no se realizaron los desplazamientos a los municipios
conforme al contrato, pues, en atención a la Circular 001 de 2020, el
entonces contratista efectuó el trabajo de forma remota y en el aplicativo
web dispuesto por la Superintendencia de Salud; las auditorías y el cargue
de la información en el aplicativo de la Guía de Auditoría y del Informe de
Auditoría (GAUDI) se hicieron “utilizando herramientas tecnológicas
desde la oficina de aseguramiento de la Secretaría de Salud
Departamental”.
Precisó que el domicilio contractual, según lo previsto por el artículo 85
del Código Civil, se refiere al lugar que designan las partes de mutuo
acuerdo para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el
mismo contrato, mientras que el lugar de ejecución se refiere al lugar
donde debe prestarse el servicio. Agregó que, por ejemplo, si una persona
suscribe un contrato de prestación de servicios con el distrito capital de
Bogotá, pero el contratista labora virtualmente desde el distrito de
Riohacha, consideraba el tribunal que, toda vez que el servicio se estaba
prestando realmente en el distrito capital y en beneficio de éste, ese era
su lugar de ejecución, sin perjuicio de que las herramientas tecnológicas
permitieran que el contratista no estuviera físicamente en la ciudad de
Bogotá.
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Anotó que “(…) esta clase de interrogantes surgen a partir del desarrollo
de las nuevas tecnologías, las cuales han permitido que se puedan prestar
servicios a distintas entidades o empresas, sin necesidad de trabajar
presencialmente desde la sede donde esta opera o funcionan. Distinto es
el escenario, cuando se trata del desarrollo de una obra -ejemplo
prototípico en estos casos-, caso en el cual, no cabe duda que lo
determinante es el sitio donde se está ejecutando físicamente la obra,
pero, en los contratos de prestación de servicios, resulta insuficiente
analizar el sitio físico desde el cual se está trabajando, para entrar a
realizar otras disquisiciones que permitan determinar, a ciencia cierta,
donde se está prestando el servicio, a partir de consideraciones como: i)
analizar si el trabajo era virtual; ii) qué entidades se están beneficiando
de los servicios; entre otros factores”.
Agregó que para el tribunal no resultaba válido afirmar que el contrato de
prestación de servicios se ejecutó en el distrito de Riohacha, y en beneficio
de este, únicamente, porque el contratista se encontraba laborando desde
la sede de la secretaría de salud departamental, sin tener en cuenta que
los servicios se estaban prestando -de manera virtual- en beneficio de los
municipios de la Guajira, y sin que existiera prueba alguna de que los
mismos se prestaron en favor del distrito de Riohacha.
También afirmó que le asistía razón al ministerio público en que, conforme
a la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual se declaró el estado de
cosas inconstitucionales en el departamento de la Guajira, uno de los
espacios territoriales cobijados era el distrito de Riohacha, pero, aun así,
en el plenario no se advertía constancia alguna que denotara que el
contrato celebrado por el concejal se hubiese ejecutado dando
cumplimiento a dicha sentencia en favor del distrito de Riohacha.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
En este punto señaló que era perentorio hacer mención que la entidad
contratante precisó el alcance del contrato en dos oportunidades,
indicando que: (i) en atención a la calidad de Distrito Especial Turístico y
Cultural de Riohacha, y en atención al área de aseguramiento del
departamento de la Guajira, no tenía competencia para ejercer
actividades de inspección, vigilancia y control, limitación aplicable a las
obligaciones del contrato; (ii) dentro del listado de municipios que certificó
la entidad, en los que se desarrolló el objeto del contrato, no se hizo
mención del distrito de Riohacha, por lo que manifestó no acogía el criterio
expuesto por la procuraduría y negó las pretensiones de la demanda.
4.- El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la Procuradora 42 Judicial II para
Asuntos Administrativos interpuso recurso de apelación, pidiendo que
fuera revocada; para ello expuso como razones de inconformidad4:
Que en la sentencia recurrida el a quo dio por cumplidos tres presupuestos
para acceder a la pérdida de investidura; sin embargo, consideró que la
conducta del actor no se adecuaba típicamente a lo indicado en la causal
de inhabilidad porque estaba acreditado que no había ejecutado el
contrato en el distrito de Riohacha.
Al respecto, consideró que el tribunal hizo un análisis distinto al previsto
en la norma porque el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 617 de 2000,
al referirse a las causales de inhabilidad de quienes no pueden ser
inscritos como candidatos ni elegido concejal municipal o distrital, utilizó
4 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
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el verbo rector deba ejecutarse o cumplirse, que refiere al futuro y no al
pasado, como lo analizó el tribunal.
Estimó que “esta impresión (sic) jurídica, desdibuja la conducta tal como
se encuentra estructurada, ya que la causal no requiere del cumplimiento
de la conducta para predicar que esta se configura ya que con el simple
hecho de estipularse en el contrato que dentro de las obligaciones del
contratista se encuentra (…) “11. Prestar apoyo cuando se requiera en la
(sic) acciones a desarrollar en cumplimiento de la sentencia T 302 de
2017” (…)”.
Citó la sentencia de la Corte Constitucional e indicó que de la misma se
concluía que los municipios que involucraba era Riohacha, Manaure,
Maicao y Uribia; en ese sentido, dentro de las obligaciones del contrato
de prestación de servicios nro. 165 estaba la de prestar apoyo cuando se
requiera en las acciones a desarrollar en cumplimiento de esta.
Seguidamente expuso que, “(…) como lo precisé al momento de emitir el
concepto en audiencia respecto a la diferencia entre la celebración y
suscripción de contratos, el Consejo de Estado en sentencia del 31 de
agosto de 2006, radicado 4033, magistrado ponente: Reinaldo Chavarro
Buriticá señala: “en la sentencia de 3 de febrero de 2006, expediente
3867, esta Sección efectúa las siguientes precisiones acerca del sentido y
alcance de la causal de inhabilidad que ocupa la atención de la Sala: “…
esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos
aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal
y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan
develar un claro interés sobre el particular. De esta manera, la
intervención en la celebración de contratos comprende un concepto
amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y
activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes
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del contrato, en donde la participación personal se entiende directa… De
otra parte, ha establecido que lo que constituye causal de inhabilidad es
la intervención en la celebración de contratos y no su ejecución”.
Trajo a colación lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia
proferida en el proceso con radicación nro. 81 001 23 39 000 2016 00056
01 (PI) “al referirse a la causal de nulidad que se endilga al concejal en el
presente caso”, y para ello citó, entre otros puntos, que “(…) para su
configuración se requiere, en síntesis, la presencia de los siguientes
presupuestos: a) Que el demandado haya intervenido en la celebración
de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel (…); d) Que
aquel deba ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo municipio//. De
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, para las resultas
de este proceso de pérdida de investidura, lo verdaderamente
trascendental es la demostración del acto de celebración de los
pluricitados contratos bajo las prohibiciones previstas en la causal
alegada. Siendo innecesario ahondar en los aspectos propios de su
ejecución y liquidación toda vez que tales etapas contractuales
escapan al radio de acción de la inhabilidad examinada” (negrillas
originales).
Concluyó que estaba probado de manera fehaciente que el acusado con
la celebración del contrato de prestación de servicios nro. 165 del 10 de
abril de 2023 adecuó su conducta a lo previsto por el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 617 de 2000.
Por último, en cuanto al elemento subjetivo, señaló que, en este caso, el
contrato de prestación de servicios nro. 165 del 10 de abril de 2023 no se
dio por terminado por acuerdo de las partes, sino, como lo precisan las
consideraciones del acta de terminación anticipada y liquidación bilateral,
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
por solicitud del contratista, y lo que se hizo por mutuo acuerdo fue la
liquidación.
Agregó que “el apoderado del demandado precisa que este posee una
formación profesional como odontólogo y cuenta con otros estudios
relacionados necesarios para el normal ejercicio de su profesión. Que ha
sido contratista del [E]stado, lo cual permite inferir que es un profesional
con un nivel de educación aceptable” y que la terminación anticipada del
referido contrato denota un acto de imprudencia del actor, por cuanto
para ese momento ya se encontraba incurso en la referida causal, porque
su intención era, como efectivamente lo fue, aspirar al concejo distrital, y
tuvo el tiempo necesario para prever dicha situación que era previsible y
su falta de diligencia y cuidado lo llevó a verse inmerso en la causal.
Consideró que estaban reunidos los presupuestos para acceder a la
pérdida de investidura y solicitó que, en defensa del orden jurídico, se
accediera a las pretensiones.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 11 de julio de 20245.
5.- Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Primera por acta de reparto
del 25 de julio de 20246.
5.2. Por auto del 6 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor agente del Ministerio Público 7.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
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15
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
5.3. El expediente ingresó a despacho para sentencia el 20 de agosto de
20248.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 20009, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201910, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre
2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones11.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó con copia del formulario E-26 CON12, acta parcial del
escrutinio municipal de la organización electoral de la Registraduría
8
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
9
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
10
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
Nacional del Estado Civil, que el señor Hernán de Jesús Rebolledo
Rodríguez fue elegido concejal del municipio de Riohacha, Guajira, para
el período constitucional 2024-2027, por el Partido Social de Unidad
Nacional Partido de la U.
Así mismo, se aportó copia del acta nro. 001 del 1 de enero de 2024 de
la sesión de instalación del concejo distrital de Riohacha, en la que
tomaron posesión del cargo, entre otros concejales, el señor Hernán de
Jesús Rebolledo Rodríguez.
Por lo tanto, el concejal acusado es sujeto pasivo de la presente acción de
pérdida de investidura.
3.- Lo probado en el proceso
En el proceso se acreditan como hechos relevantes los siguientes13:
(i) Según formato de estudios previos con fecha de elaboración de marzo
de 2023 y dependencia solicitante la Oficina de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud departamental de la Guajira, consta:
“[…] Objeto contractual: prestación de servicios profesionales
especializados en el área de aseguramiento de la secretaría de salud
departamental de la Guajira.
Alcance del objeto: suscribir un contrato de prestación de servicios
y/o de apoyo a la gestión institucional en la Oficina de Aseguramiento
de la Secretaría de Salud de la gobernación del departamento de la
Guajira, dotando de personal idóneo para la prestación del servicio
como Profesional Universitario.
Para lo anterior el contratista deberá tener la capacidad de ejercer las
funciones inherentes al cargo que se requiere contratar, con el fin de
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
evitar traumatismos en el devenir de las actuaciones de la
administración departamental.
(…)
Lugar de ejecución: Los servicios a contratar deberán desarrollarse
en la Secretaría de Salud del Departamento de la Guajira, ubicada en
la calle 12 # 8-19, con domicilio contractual en el Distrito de Riohacha.
[…]”. (negrillas originales)
(ii) Mediante comunicación sin fecha del año 2023 del señor Hernán de
Jesús Rebolledo Rodríguez y dirigida a la señora Martha Sabino Fajardo,
coordinadora de aseguramiento del departamento de la Guajira, presentó
“propuesta para desempeñar el cargo que tiene por objeto PRESTACIÓN
DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE
ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA
GUAJIRA”.
(iii) Se aportó el contrato nro. 165 de prestación de servicios profesionales
suscrito entre la gobernación de la Guajira y el señor Hernán de Jesús
Rebolledo Rodríguez, con un plazo de duración de 8 meses y 25 días, del
cual se destaca:
En cuanto al objeto: “(…) prestación de servicios profesionales
especializados en el área de aseguramiento de la secretaría de salud
departamental de la Guajira (…)”.
Obligaciones específicas del contratista:
“[…] 1. Presentar un plan de trabajo y cronograma de actividades para
el cumplimiento de las obligaciones, el cual deberá ser concertado y
aprobado por el supervisor del contrato, que incluya las estrategias y
actividades requeridas.
2. Brindar Asistencia Técnica a los Municipios de la Guajira en lo
referente al proceso de Auditoría de régimen subsidiado.
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3. Consolidar el informe de Auditoría GAUDI de los Regímenes
subsidiado y contributivo reportado cada 6 meses por los municipios
y EPS para implementar las acciones de vigilancia y control a las EPS
que así lo ameriten.
4. Realizar mesas de trabajo con las EPS para concertar acciones de
mejora y resolver situaciones de inobservancia a sus obligaciones.
5. Atender los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos que en
relación con los temas propios del aseguramiento sean asignados.
6. Acompañar el proceso de Inspección y Vigilancia de las EAPB
asignados.
7. Realizar seguimiento a los casos presentados en el área de
aseguramiento de tengan que ver con el incumplimiento de la garantía
de acceso a los servicios de salud y demás responsabilidades de la
EAPB.
8. Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, los casos no
resueltos que ameriten su intervención de acuerdo con el protocolo
establecido para tal fin.
9. Articular con las dependencias todo lo referente a las rutas de
implementación de la Resolución 3280 de 2018.
10. Articular con la dependencia de Salud Sexual y Reproductiva plan
de acción para evitar el riesgo de morir en maternas de los diferentes
municipios al igual que participar en las reuniones semanales de
seguimiento los días jueves.
11. Prestar apoyo cuando se requiera en las acciones a desarrollar en
cumplimiento de la sentencia T 302 de 2017.
12. Desplazarse fuera de la ciudad de Riohacha con ocasión de la
ejecución del objeto contractual y en cumplimiento de las obligaciones
del contrato, previa coordinación con el interventor asignado.
13. Apoyar el seguimiento a la operación del SAC en los municipios
del Departamento de la Guajira, que aporte a los procesos de ICV del
aseguramiento.
14. Elaborar los informes requerido por el Área.
15. Las demás que se requieran de acuerdo a las necesidades del área
de aseguramiento en el marco de la normatividad que para tal efecto
expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
[…]”.
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En el referido contrato se dejó la siguiente nota: “la fecha de suscripción
de este documento será la misma fecha generada por el SECOP II al
momento de la aprobación por parte de la ordenadora del gasto y el
contratista”.
(iv) Consta en las documentales aportadas que el acta de inicio se
suscribió el 10 de abril de 2023 por parte del contratista Hernán de Jesús
Rebolledo Rodríguez y la supervisora del contrato, Martha Sabino Fajardo.
Allí se lee:
“[…] FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ESTA ACTA: 10 DE ABRIL DE 2023
(…)
El objeto de dicha reunión fue dar las instrucciones necesarias para el
inicio de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios M. 165
de 2023, decidiéndose que las actividades contratadas deberán
ejecutarse a partir del diez (10) de abril de 2023.
[…]”.
(v) Se firmó “acta de terminación anticipada y liquidación bilateral por
mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales No.
165 suscrito entre el departamento de la Guajira y Hernán de Jesús
Rebolledo Rodríguez”, en la que se indicó:
“[…] Que el contratista mediante oficio enviado el veintiséis (26) de
junio de 2023, presentó solicitud de terminación anticipada y
liquidación bilateral por mutuo acuerdo del CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 165 DE 2023,
fundamentada en la cláusula novena del contrato.
Que el veintisiete (27) de junio de 2023, el doctor (…) en calidad de
Secretario de Salud del Departamento de la Guajira, mediante
comunicación dirigida a la señora Gobernadora, certifica que el
contratista cumplió con el objeto contractual desde el diez (10) de
abril hasta el veinticinco (25) de junio de 2023 y solicita la terminación
anticipada y liquidación bilateral por mutuo acuerdo del contrato,
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
manifestando que la terminación anticipada del mismo, no causa
perjuicio para la entidad, debido a que con ello, no se afecta el
cumplimiento de los fines de la entidad, ni la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos a cargo del departamento de la
Guajira y además con dicha terminación no se genera detrimento
patrimonial a la misma.
(…)
En consecuencia, las partes abajo firmantes,
DETERMINAN
PRIMERO: Terminar de manera anticipa (sic) y por mutuo acuerdo el
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 165
de 2023, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y HERNÁN
DE JESÚS REBOLLEDO RODRÍGUEZ (…).
SEGUNDO: Liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 165
de 2023, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y HERNÁN
DE JESÚS REBOLLEDO RODRÍGUEZ en los siguientes términos (…).
TERCERO: El DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y HERNÁN DE JESÚS
REBOLLEDO RODRÍGUEZ aceptan como LIQUIDACIÓN FINAL del
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 165
de 2023, suscrito entre ellos, el estado de cuenta a que se hizo
referencia en la cláusula segunda, manifestando su voluntad y mutuo
acuerdo para dar por terminada la relación contractual, de acuerdo
con la liquidación aquí plasmada.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales)
(vi) Con la contestación de la demanda el concejal acusado aportó copia
de la Circular nro. 000001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de
Salud y derecho de petición que hizo a la gobernación de la Guajira, así
como la respuesta dada, las cuales se tuvieron como pruebas en el auto
proferido el 17 de mayo de 2024 por el magistrado ponente de la decisión
de primera instancia14, así:
14
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 44001 23 40 000 2024 00078 01.
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
-) La circular externa nro. 000001 del 9 de enero de 2020 está dirigida a
las entidades territoriales por parte del Superintendente Nacional de
Salud, “por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, haciendo
obligatoria la adopción e implementación de la guía de auditoría y del
informe de auditoría dentro de los plazos establecidos”.
En dicha circular se estableció la obligatoriedad en la adopción e
implementación por parte de las entidades territoriales departamentales,
distritales y municipales de la Guía de Auditoría “que orienta el ejercicio
de las competencias de manera estandarizada, uniforme, conjunta y
articulada y el cargue de la información en el aplicativo dispuesto en
ambiente web por la Superintendencia Nacional de Salud, el cual
constituye el Informe de Auditoría”. Entre otros puntos, en la misma se
indicaron los responsables por componentes así:
“[…] V. RESPONSABLES POR COMPONENTES
La Guía de Auditoría y el Informe de Auditoría constan de los
componentes mínimos cuya implementación y aplicación son
distribuidos entre las entidades territoriales, las cuales deberán
auditar a las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes
contributivo y subsidiado que operen en su jurisdicción, así:
Entidades territoriales Componente
Departamentos Aseguramiento
Información
Municipios Prestación de servicios
Prestación de Servicios de Promoción
y Prevención Información
Distritos Aseguramiento
Prestación de servicios
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
Prestación de Servicios de Promoción
y Prevención
Información
[…]”.
-) Mediante oficio SSD- LG- 448 la secretaria de salud departamental de
la Guajira dio respuesta a petición del señor Carlos Enrique Daza Orozco,
en los siguientes términos:
“[…] comedidamente me sirvo a dar respuesta a los requerimientos
dentro de la debida oportunidad, en el mismo orden en que fueron
formuladas sus inquietudes así:
1. Solicito informar cuál fue [el] lugar de ejecución del contrato 165
de 2023 establecido en los estudios previos del mismo contrato y
según informes de ejecución parcial, de los meses de abril, mayo,
junio donde el contratista manifiesta no haber salido de la ciudad
con ocasión de la ejecución contractual (obligación N. 12).
Rta: Sea lo primero indicar que el contrato de prestación de servicios
No. 165 de 2023 fue suscrito entre la Gobernación de la Guajira y el
señor HERNÁN DE JESÚS REBOLLEDO RODRÍGUEZ y en los estudios
previos, se estableció de manera taxativa el lugar de ejecución de la
siguiente manera:
“Los servicios a contratar deberán desarrollarse en la Secretaría de
Salud del Departamento de la Guajira, ubicada en la Calle 12 # 8-19,
con domicilio contractual en el Distrito de Riohacha”.
Así mismo, en relación con la obligación No. 12, es pertinente resaltar,
de conformidad con la información suministrada por el supervisor del
contrato, que no se llevaron a cabo desplazamientos fuera del distrito
de Riohacha por parte del contratista. Esto se debe a que las
actividades realizadas durante los períodos mencionados estuvieron
vinculadas con la ejecución de las auditorías y el cargue de la
información en el aplicativo de la Guía de Auditoría y del Informe de
Auditoría (GAUDI), en el aplicativo dispuesto en ambiente web por la
Superintendencia Nacional de Salud, el cual genera el Informe de
Auditoría. Por consiguiente, es evidente que dichas actividades se
llevaron a cabo de manera virtual, utilizando herramientas
tecnológicas desde la oficina de aseguramiento de la Secretaría de
Salud Departamental, tal y como se establece en la Circular Externa
001 de 2020.
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Por otra parte, los informes de ejecución evidencian que el contratista
llevó a cabo mesas de trabajo intersectoriales con la participación de
la EPS, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud,
así como la gestión de requerimientos, peticiones, quejas o reclamos
relacionados con la oficina de aseguramiento de sectorial.
En cuanto a los desplazamientos dentro del distrito, es importante
señalar que el Artículo 45 de la 715 de 2001 establece que los distritos
contarán con las mismas competencias que los municipios y
departamentos, a excepción de aquellas que corresponden a la función
de intermediación entre los municipios y la Nación. Por lo tanto, es
evidente afirmar que la Secretaría de Salud no tiene la facultad de
ejercer actividades de inspección, vigilancia y control sobre los
distritos, ya que esta competencia en materia de aseguramiento
corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.
Por consiguiente, el Título VB de la circular externa 001 de 2020
establece responsabilidades por componentes cuya implementación y
aplicación son distribuidas entre las entidades territoriales. Estas
entidades deberán llevar a cabo auditorías a las Entidades Promotoras
de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado que operen en su
jurisdicción, tal y como se detalla en la siguiente tabla:
Entidades territoriales Componente
Departamentos Aseguramiento
Información
Municipios Prestación de servicios
Prestación de
Servicios de
Promoción y
Prevención
Información
Distritos Aseguramiento
Prestación de servicios
Prestación de
Servicios de
Promoción y
Prevención
Información
2. Informar si reciben información periódica del área de
aseguramiento de la alcaldía distrital como lo son:
-Afiliación al sistema transaccional SAT
-afiliados recién nacidos
• gestión de glosas
• Listado censal
• Maestros subsidiados
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-Maestros unificados
• Reporte depuración BDUA
Rta: De manera precisa cabe anotar que el área de Aseguramiento
de la Secretaría de Salud Departamental recibe información
periódica de parte del Distrito de Riohacha relaciona con la Base
de Datos Única de Afiliados- BDUA.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo
y con los efectos descritos en el artículo 28 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en caso de que requiera más información sobre los procesos
contractuales de la entidad le invitamos a consultar la información
publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP II.
[…]”.
-) Entre las documentales aportadas por el acusado también está
acreditado que la secretaría de salud departamental de la Guajira
respondió lo siguiente en respuesta dada al señor José Prieto, frente a
derecho de petición que instauró:
“[…] De acuerdo con la solicitud de la referencia, lo preceptuado en el
artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y los
artículos 13 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por la Ley 1755
de 2015 (…) comedidamente me sirvo dar respuesta a los
requerimientos dentro de la debida oportunidad y en los siguientes
términos:
1. La Secretaría de Salud del departamento de la Guajira, certifica
que, la dirección donde se encuentra ubicada la Oficina de
Aseguramiento es en la calle 12 # 8-19 (piso 1) en el Distrito de
Riohacha.
2. Con respecto al segundo punto de su solicitud la Secretaría de Salud
del Departamento de La Guajira, certifica que, los municipios donde
se desarrolló el objeto del contrato de prestación de servicios No. 165
de 2023 fueron Maicao, Uribia, Manaure, Dibulla, Albania, Halonuevo,
Barrancas, Fonseca, Distracción, El Molino, San Juan del Cesar,
Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar. Es preciso anotar que por
tener Riohacha la connotación de Distrito Especial Turístico y Cultural,
el área de aseguramiento del Departamento de la Guajira no ejerce
funciones ni competencias inherentes a las actividades y obligaciones
relacionadas y suscritas en virtud y ejecución del Contrato No. 165 del
2023.
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3. Teniendo en cuenta lo anterior y por conexidad de la información
es dable aplicar el precepto que la cobertura de afiliación del sistema
general de riesgos laborales concurre con el lugar de ejecución de las
actividades estipuladas en el clausulado del contrato de prestación de
servicios profesionales No. 165 de 2023.
[…]”.
-) Por último, según el informe parcial de ejecución y supervisión del
contrato nro. 165 de 2023 presentado por el contratista en el período del
01 de junio de 2023 al 25 de junio de 2023, se enlistó como actividades
ejecutadas las siguientes15:
“[…] INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN
Obligación Actividad Producto recibido Observaciones o
contractual desarrollada comentarios del
contratista
Presentar un plan
de trabajo y Elaboración del Plan Cronograma Ninguna
cronograma de de Trabajo y
actividades para el Cronograma de
cumplimiento de las actividades
obligaciones, el cual
deberá ser
concertado y
aprobado por el
supervisor del
contrato que
incluya las
estrategias y
actividades
requeridas.
Brindar asistencia
técnica a los No se han realizado
No se han realizado Ninguna
municipios de la a la fecha
a la fecha
Guajira en lo
referente al proceso
de régimen
subsidiado
Consolidar el
informe de Auditoría GAUDI de Actas, informe de
Ninguna
auditoría GAUDI de los regímenes auditoría
15
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los regímenes subsidiado y
subsidiado y contributivo
contributivo reportados del
reportados cada 6 2022-II por los
meses por los mismos municipios
municipios y EPS y ES.
para implementar
acciones de
vigilancia y control
a las eps que así lo
ameriten
Realizar mesas de
trabajo con las EPS Se realizó mesa de Acta, asistencia
Ninguna
para concertar trabajo con las EPS
acciones de mejora liderada por el
y resolver Ministerio y Super
situaciones de Salud y apoyada
inobservancias en por la S.S.D.
el ejercicio de las
funciones
asignadas en la ley
para la
organización del
aseguramiento
Atender los Se atendieron
requerimientos, requerimientos,
peticiones, quejas y peticiones, quejas y
reclamos que en reclamos en
relación con los relación con los
temas propios del temas propios del
aseguramiento aseguramiento
sean asignados fueron asignados y
se realizó
seguimiento a las
PQRD radicadas por
los municipios
Acompañar el Auditoría GAUDI de Actas, informe de Ninguna
proceso de los regímenes auditoría
inspección, subsidiado y
vigilancia de las contributivo
EAPB asignada reportados del
2022-II por los
municipios y ES
Realizar
seguimiento a los No se han recibido No se han recibido Ninguna
casos presentados casos a la fecha casos a la fecha
en el área de
aseguramiento que
tengan que ver con
el incumplimiento
de las garantías de
acceso de los
servicios de salud y
demás
responsabilidades
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de las EAPB y
reportar los casos
no resueltos a la
Superintendencia
Nacional de Salud,
de acuerdo con el
protocolo
establecido para tal
fin
Reportar a la
Superintendencia No se han recibido No se han recibido Ninguna
Nacional de Salud, casos a la fecha casos a la fecha
los caso no resultos
(sic) que ameriten
su intervención de
acuerdo con el
protocolo
establecido para tal
fin
Articular con las
dependencias todo
lo referente a las
rutas de
implementación de
la Resolución 3280
de 2018
Articular con la
dependencia de Ninguna
salud sexual y
reproductiva plan
de acción para
evitar el riesgo de
muertes maternas
de los diferentes
municipios al igual
que participar en
las reuniones
semanales de
seguimiento de los
días jueves
Prestar apoyo
cuando se requiera
en las acciones a
desarrollar en
cumplimiento de la
sentencia T 302 de
2017
Desplazarse fuera
de la ciudad de No se han recibido No se han recibido Ninguna
Riohacha con casos a la fecha casos a la fecha
ocasión de la
ejecución del objeto
contractual y en No
se han recibido
casos a la fecha
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Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
cumplimiento de las
obligaciones del
contrato previa
coordianción (sic)
con el interventor
asignado
Apoyar el Se atendieron Bitácora, Ninguna
seguimiento a la requerimientos, seguimientos
operación del sac peticiones, quejas y
en los municipios reclamos en
del Departamento relación con los
La Guajira que temas propios del
aporte a los aseguramiento
procesos de ICV del fueron asignados y
aseguramiento se realizó
seguimiento a las
PQRD radicadas por
los municipios
Elaborar informes No se han No se han Ninguna
requeridos por el adelantado adelantado
área actividades en el actividades en el
presente contrato presente contrato
Las demás que se
requieran de Ninguna Ninguna Ninguna
acuerdo a las
necesidades del
área de
aseguramiento en
el marco de la
normatividad que
para tal efecto
expida el Ministerio
de Salud y
Protección Social
[…]”.
4.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, la primera instancia denegó la pérdida de
investidura del acusado por considerar que no estaba acreditado que el
contrato nro. 165 de 2023 se hubiera ejecutado en el distrito de Riohacha,
ello, con fundamento en que la secretaria de salud departamental de la
Guajira no tenía competencia respecto de la materia de aseguramiento
en el referido distrito y, por otro lado, aseguró que no estaba probado que
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Radicación: 44001 23 40 000 2024 00078 01
Solicitante: Carlos Enrique Daza Orozco
el acusado haya ejecutado el contrato en cumplimiento de la sentencia T-
302 de 2017.
La Procuradora 42 Judicial II para Asuntos Administrativos apeló la
sentencia en defensa del orden jurídico y su inconformidad radicó en las
consideraciones que el tribunal hizo respecto de la obligación contractual
de la sentencia T- 302 de 2017. En efecto, se observa que alegó que para
la configuración de la causal no se requería “del cumplimiento de la
conducta” ya que bastaba con el simple hecho de estipularse en el
contrato y, comoquiera que en el contrato nro. 165 se indicó que el
acusado debía prestar apoyo cuando se requiera para el cumplimiento de
la sentencia T- 302 de 2017, se desprendía que el contrato se ejecutó en
Riohacha porque la providencia estaba dirigida, entre otros, para
Riohacha. Adicionalmente, la agente del Ministerio Público citó
jurisprudencia de la Corporación para señalar que con la celebración del
contrato el acusado adecuó su conducta a lo previsto por el numeral 3 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley
136 de 1994.
Para resolver, la Sala comienza por precisar que, en los términos del
artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación,
por sí o por medio de sus delegados y agentes, tiene, entre otras
funciones, la de “(…) 7. intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales”, por lo que es procedente descender al examen de los
motivos de la apelación, dado que estamos frente a la acción pública de
pérdida de investidura.
Dicho lo anterior, la Sala observa que uno de los reparos del Ministerio
Público tiene que ver con que el acusado, con la “celebración” del contrato
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de prestación de servicios nro. 165, incurrió en la inhabilidad prevista en
el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, lo que fundamentó en
jurisprudencia proferida por esta Corporación, de la que destacó que la
ejecución y liquidación eran etapas contractuales “que escapaban al radio
de acción de la inhabilidad examinada”.
Sin embargo, de las citas hechas por el recurrente en la apelación, esto
es, de la sentencia del 31 de agosto de 2006 y la proferida en el proceso
2016 00056 01, se desprende con claridad que aquellas se refieren al
supuesto que el acusado haya intervenido en la celebración de contratos,
el cual es distinto al que aquí se invoca, que consiste en la celebración y
no la intervención en contratos.
A estos efectos, se recuerda que se le atribuyó al concejal la causal
prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que
modificó el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que dispone:
“ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS
CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito […]”.
De la precitada norma, se advierte que la inhabilidad puede tener lugar
en tres escenarios distintos, siempre y cuando ocurran dentro del año
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anterior a la elección; estos son: (i) quien haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital; (ii)
quien haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre y cuando, en los dos supuestos
señalados, el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito, y, por último, (iii) quien haya sido representante legal
de las entidades que están enlistadas en la norma.
Cabe precisar que, en este caso, el solicitante endilgó la configuración de
la inhabilidad por la celebración de contratos y no por la intervención, de
manera que los apartes de las sentencias que citó en la apelación no son
aplicables a este asunto porque se refiere a la intervención en la
celebración de contratos.
En este punto, también es procedente precisar que el agente del
Ministerio Público, con fundamento en las sentencias ya mencionadas,
concluyó que el acusado “con la celebración del contrato de prestación de
servicios nro. 165 del 10 de abril de 2023 adecuó su conducta a la prevista
en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 617 de 2000”, lo que no es de
recibo para esta Sala.
Ello, por cuanto se ha explicado que, para la configuración de la
inhabilidad por celebración de contratos, deben estar reunidos los
siguientes requisitos16: (i) la celebración del contrato con entidad pública
de cualquier nivel; (ii) que se haga en interés propio o de terceros; (iii)
que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección y (iv) que
el contrato se ejecute en el mismo municipio para el cual resultó elegido
como concejal.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 27 de mayo de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación:
17001 23 33 000 2019 00573 01.
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De esta manera, no es procedente lo argumentado por el Ministerio
Público, por cuanto, para la configuración de la inhabilidad invocada, no
basta con la celebración del contrato, sino que aquel debe ejecutarse en
el mismo municipio o distrito donde fue elegido el acusado, presupuesto
que el tribunal no encontró acreditado.
Por otra parte, el Ministerio Público manifestó que, para la configuración
de la causal, “no requiere del cumplimiento de la conducta para predicar
que esta se configura, ya que con el simple hecho de estipularse en el
contrato que dentro de las obligaciones del contratista se encuentra: (…)
11. Prestar apoyo cuando se requiera en la (sic) acciones a desarrollar en
cumplimiento de la sentencia T- 302 de 2017”. A lo que agregó que, “los
municipios que involucra la sentencia T- 302 de 2017 son Riohacha,
Manaure, Maicao y Uribia”.
Lo anterior quiere significar que, para la agente del Ministerio Público, la
inhabilidad está configurada porque dentro de las funciones que debían
desarrollarse con ocasión del contrato estaba la de prestar los servicios
para el cumplimiento de la sentencia, sin que fuera necesario que la
función se cumpliera, sino que bastaba que estuviera estipulada en el
contrato.
Contrario a dicha posición, la Sala advierte que la jurisprudencia de la
Sección Primera de la Corporación ha explicado que, para constatar el
requisito relativo al lugar de ejecución, “las labores a desarrollar con
ocasión del contrato deben realizarse, verificarse y llevarse a efecto en el
respectivo municipio”17.
17
Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 10 de mayo de 2018. Expediente radicado nro. 73001
2333 004 2016 00477 01 (PI). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Entonces, para determinar si la función a la que la alude el Ministerio
Público se ejecutó en el distrito de Riohacha, debe tenerse en cuenta que,
en la referida sentencia T – 302, la Corte Constitucional tuteló “los
derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación, y
a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo wayuu en los
municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”; y, en consecuencia,
impartió órdenes a entidades nacionales, así como al departamento de la
Guajira y a los precitados municipios, advirtiendo que lo allí dispuesto se
debía cumplir de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales.
En ese contexto, es procedente destacar que las órdenes proferidas por
la Corte Constitucional incluían también al departamento de la Guajira y
no exclusivamente a los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y
Riohacha, como lo señala la agente del Ministerio Público. En ese sentido,
por tratarse de la secretaría de salud departamental de la entidad que
requería los servicios, la mencionada obligación contractual se incluyó
porque la Corte Constitucional le impartió órdenes al departamento de la
Guajira, las cuales debían cumplirse conforme a las competencias legales.
Sumado a ello, se tiene que la obligación a la que se refiere la agente del
Ministerio Público expresamente señalaba que se debía “prestar apoyo
cuando se requiera en las acciones a desarrollar en cumplimiento de la
sentencia T 302 de 2017”, sin que esté acreditado que la entidad
contratante haya requerido de dicho apoyo. Al efecto, en el informe
parcial de ejecución y supervisión del contrato nro. 165 de 2023
presentado por el contratista en el período del 1 de junio de 2023 al 25
de junio de 2023, no se enlistó ninguna actividad sobre el particular. De
este modo, le asiste razón al tribunal cuando manifestó que no se advertía
constancia alguna que denotara que el contrato celebrado por el concejal
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se hubiese ejecutado dando cumplimiento a dicha sentencia respecto del
distrito de Riohacha.
Aunado a lo explicado, la Sala observa que las funciones enlistadas en el
contrato no pueden entenderse de manera genérica, sino conforme con
el objeto contractual, que para este caso fue la prestación “de servicios
profesionales especializados en el área de aseguramiento de la secretaría
de salud departamental de la Guajira” (se destaca); más aún cuando el
acusado con ocasión del contrato prestaba sus servicios para la oficina de
aseguramiento de la secretaría de salud departamental de la Guajira.
Vale la pena anotar que la agente del Ministerio Público en el recurso de
apelación no expuso ningún argumento que desvirtuara el análisis hecho
por el tribunal referido a que el contrato no se ejecutó en el distrito de
Riohacha porque el área de aseguramiento de la secretaría departamental
de salud no tiene competencia en esta materia respecto del citado distrito;
por el contrario, el Ministerio Público radicó la apelación en que en el
contrato se estipuló como función brindar apoyo, en caso de requerirlo,
para el cumplimiento de la sentencia T- 302 de 2017, pasando por alto
que el acusado estaba vinculado con el área de aseguramiento de la
secretaría.
En este aspecto se anota que fue allegada la respuesta dada por la
secretaría de salud departamental de la Guajira al señor “José Prieto” en
la que se indicó que “los municipios donde se desarrolló el objeto del
contrato de prestación de servicios No. 165 de 2023 fueron Maicao, Uribia,
Manaure, Dibulla, Albania, Halonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, El
Molino, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar. Es
preciso anotar que por tener Riohacha la connotación de Distrito Especial
Turístico y Cultural, el área de aseguramiento del Departamento de la
Guajira no ejerce funciones ni competencias inherentes a las actividades
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y obligaciones relacionadas y suscritas en virtud y ejecución del Contrato
nro. 165 del 2023” (Se destaca).
En concordancia con lo allí señalado, se insiste que el objeto del contrato
fue la prestación de servicios profesionales especializados en el área de
aseguramiento de la secretaría de salud departamental de la Guajira e
igualmente de los informes parciales de ejecución y supervisión
presentados por el acusado se lee que la dependencia a la que
correspondía el contrato nro. 165 era la de “aseguramiento”, así:
Asimismo, en consonancia con lo dicho por la secretaría de salud
departamental de la Guajira en la respuesta al derecho de petición frente
a la competencia del área de aseguramiento en el distrito de Riohacha, se
advierte que en la Circular nro. 000001 del 9 de enero de 2020 se indicó
cuáles eran los componentes que le correspondía a cada entidad territorial
y, en efecto, el componente de “aseguramiento” estaba asignado tanto a
los distritos, como a los departamentos. Aunado a que el artículo 45 de la
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Ley 715 de 2001 estableció que en materia de salud los distritos tendrán
las mismas competencias que los municipios y los departamentos,
excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre
los municipios y la Nación.
En ese escenario, se tiene que no tiene vocación de prosperidad la
inconformidad formulada por la agente del Ministerio Público, consistente
en que en el contrato nro. 165 de 2023 se estipuló como obligación la de
brindar apoyo cuando sea necesario para el cumplimiento de la sentencia
T- 302 de 2017, que, según indicó, abarcaba al distrito de Riohacha; lo
anterior por cuanto en dicha providencia la Corte Constitucional también
impartió las órdenes al departamento de la Guajira, las cuales debían
atenderse conforme a las competencias legales; además, el contrato
celebrado prestaba los servicios al área de aseguramiento de la secretaría
de salud departamental, la cual no tiene competencia respecto de dicho
distrito, sin que la obligación pueda entenderse de manera general o
aislada al objeto contractual, aspecto que no fue desvirtuado por el
recurrente; y, por último, no está acreditado que el acusado haya
ejecutado alguna actividad en cumplimiento de dicha obligación que
permita determinar, como lo persigue el Ministerio Público, que el contrato
se ejecutó en Riohacha.
En ese sentido, al no estar acreditado el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura invocada y sin que sea necesario descender en
el examen del elemento subjetivo, la Sala confirmará la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de la
Guajira que denegó la desinvestidura del señor Hernán de Jesús Rebolledo
Rodríguez, en su calidad de concejal del municipio de Riohacha, Guajira,
elegido para el período constitucional 2024-2027.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que denegó la desinvestidura
del señor Hernán de Jesús Rebolledo Rodríguez, en calidad de concejal
del municipio de Riohacha, Guajira, elegido para el período constitucional
2024-2027, por lo anotado en precedencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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