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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00168-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00168-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR la configuración de la cosa juzgada parcial respecto del proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 68001 2333 000 2025 00138 01, en relación con el contrato de prestación de servicios núm. 1051-23, conforme con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó la desinvestidura del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortes, concejal del distrito de Barrancabermeja, período constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en precedencia. TERCERO: Sin condena en costas CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02 Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2025-00168-02

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Cosa juzgada parcial -
Causal numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
Decisión: Se revoca la decisión que declaró el agotamiento de
jurisdicción para, en su lugar, declarar la cosa juzgada
parcial y confirmar en lo demás la sentencia de primera
instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander que negó la desinvestidura del señor Andrés Miguel
Sarmiento Cortes, concejal del distrito de Barrancabermeja, período constitucional 2024
– 2027, por no estar configurada la causal por violación al régimen de inhabilidades, en
consonancia con el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, ni la causal de
conflicto de intereses.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 3 de abril de 20251, el señor Carlos Alberto Mora Carrasquilla presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó 2:

[…] 1. Que se declare la PERDIDA DE INVESTIDURA del, hoy, CONCEJAL DE
BARRANCABERMEJA ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTES […] quien fue candidato
del grupo significativo de ciudadanos “ENERGIA NUEVA” en las elecciones territoriales,
llevadas a cabo el 29 de octubre del 2023, según como consta en el ACTA E-26 expedida

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

por la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL el día 08 de noviembre de 2023
y fue llamado a ocupar la curul del Concejo distrital de Barrancabermeja y se posesionó el
6 de febrero de 2025 de acuerdo Acta No. 003 de 20025 (sic) por la vacante dejada por la
pérdida de investidura del concejal IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA, POR ESTAR
INCURSO EN LA INHABILIDAD DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 DE LA
LEY 136 DE 1994 MODIFICADA POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 617 DE 2000, AL
CELEBRAR CONTRATOS DENTRO DE LOS DOCE MESES ANTERIORES A LAS
ELECCIONES DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2023.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE cancelar la respectiva credencial
expedida, al ciudadano ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTES […] que lo acredita
como concejal de Barrancabermeja, ante el Consejo Nacional Electoral, al Registrador
Nacional del Estado Civil, a los delegados del Registrador del Estado Civil en el
Departamento de Santander, a la Registraduría Distrital del Estado Civil de
Barrancabermeja, para que proceda a la cancelación de la credencial de concejal del señor
ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTES […] [Negrillas y mayúsculas del texto]

1.2. Causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda

a) Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en concordancia
con el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994

En el acápite de la demanda denominado «concepto de la violación», el solicitante expuso
que la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 se configuró
con fundamento en lo siguiente:

[…] Entonces, tenemos que frente al ELEMENTO MATERIAL referido a la suscripción o
celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel, se tiene que el ahora
concejal, señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTES, es miembro con voz y voto de
la empresa TRANSPOTES SAN PABLO S.A., identificada con NIT 800.042.883-9,
conformó la junta directiva para el 23 (sic) febrero de 2023 como presidente, donde se
autorizó al representante legal para firmar el contrato de la SELECCIÓN ABREVIADA-
SUBASTA INVERSA No. SA-Sl-001-2023 […] celebrado el contrato 1051 – 23 del 03 de
marzo de 2023, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
así mismo formando parte de la empresa TRANSPORTADORA SAN PABLO LIMITADA,
representada legal por su señora madre la señora LUZ ENA CORTES ANGARITA, para
prestar el servicio de transporte fluvial para atención, prevención y traslado, celebro
contratos: 1602-23 del 16/05/2023, 1403-23 del 25/04/2023, SECRETARIA DEL RIEGO
Y SECRETARIA AGRICULTURA Y PESCA RURAL DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA, dentro del término inhabilitante de los DOCE (12) MESES previos
a la elecciones del pasado 29 de octubre de 2023 […] [Negrillas y mayúsculas en el texto]

b) Causal de conflicto de intereses prevista en el numeral segundo del artículo 55
[modificado por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000] y en el artículo 70 de la Ley
136 de 1994

A su vez, frente al conflicto de intereses el solicitante en la demanda expuso:

[…] Así mismo su señoría en la ley 617 de 2000 el “Artículo 48. Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses. No existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

[…]

Posterior a su nombramiento se da inicio al contrato 4929 de 2024, suscrito con la empresa
TRANSPORTE SAN PABLO SA producto de proceso de selección SA-SI-013-2024, con
fecha de ejecución 20 de enero de 2025 y fecha de terminación 11 de noviembre de 2025,
empresa de carácter familiar en la cual el concejal ANDRES MIGUEL SARMIENTO
CORTES funge como concejal del distrito de Barrancabermeja y el representante legal es
MIGUEL ANGEL CORTES ANGARITA.

También se dio acta de inicio del contrato 0989-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTOS DE
LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A
PESCADORES ARTESANALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA, el cual muestra un certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) de fecha 19 de febrero de 2024 […]. [Mayúsculas en el texto]

1.3. Los hechos que dan sustento a las causales alegadas3

La parte solicitante señaló que el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortes se inscribió como
candidato al concejo de Barrancabermeja para el período 2024 – 2027 en la lista postulada
por el movimiento Energía Nueva. Explicó que efectuados los escrutinios el 29 de octubre
de 2023, dicho movimiento obtuvo una curul con el señor Iván Jesús Serrano Miranda para
el período constitucional 2024 - 2027.

Aseguró que el Consejo de Estado, en sentencia proferida el 3 de octubre de 2024, declaró
la pérdida de investidura del concejal Iván Jesús Serrano Miranda, en el proceso con
radicado núm. 2024 00220 00.

Afirmó que, por lo anterior, el accionado, señor Andrés Miguel Sarmiento Cortes, fue
llamado a ocupar la curul en el concejo, por cuanto obtuvo la segunda votación en la lista
del movimiento Energía Nueva. Acotó que el accionado tomó posesión del cargo el 6 de
febrero de 2025.

Sostuvo que el accionado era miembro de la junta directiva de la empresa Transportadores
San Pablo S.A. y que conformó la junta directiva para el 28 de febrero de 2023 en la que
fungió como presidente de la asamblea de socios y autorizó al representante legal titular
Juan Pablo Cortes Angarita [tío materno del accionado] para presentar la oferta y firmar el
contrato adjudicado de selección abreviada – subasta inversa núm. SA – S1 -001-2023,
según consta en el acta núm. 422 de 28 de febrero de 2023.

Agregó que el accionado, siendo integrante de la junta directiva de Transportes San Pablo
S.A., «han celebrado los contratos 1051- 23 del 22 de marzo de 2023, cuyo objeto es:
prestación del servicio de transporte fluvial escolar a la población estudiantil del sector
educativo oficial del distrito de Barrancabermeja, Santander en desarrollo del proyecto de
prestación de servicios de transporte escolar a la población estudiantil del sector educativo
oficial del distrito de Barrancabermeja».

Manifestó que la empresa Transportadores San Pablo S.A. es socia capitalista de la
empresa Transportadora San Pablo Limitada, ambas de índole familiar, por cuanto la

3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

primera estaba representada legalmente por el tío materno del accionado y, la segunda,
por su progenitora.

Adujo que la empresa Transportadora San Pablo Limitada suscribió y ejecutó los contratos
1602-23 de 16 de mayo de 2023 y 1403 – 23 de 25 de abril de 2023 en el término
inhabilitante, esto es, doce (12) meses previos a las elecciones que se llevaron a cabo el
29 de octubre de 2023, cuyo objeto contractual también consistió en la prestación del
servicio de transporte fluvial escolar.

Sostuvo que el accionado, para la época de los hechos, era accionista de la empresa
Transportes San Pablo S.A., al igual que su madre, la señora Luz Ena Cortés Angarita, sus
hermanos, David Francisco Sarmiento Cortes y Joao Carlos Sarmiento Cortes y demás
familiares con diferentes grados de parentesco de consanguinidad y afinidad, los cuales
tenían el control y el mayor porcentaje del capital social de la empresa.

Afirmó que «de un total de 44 accionistas de la empresa Transportes San Pablo S.A., para
la época de los hechos, 19 son familiares del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortes, los
cuales son el 43.18% de los accionistas y entre toda su participación suma un total de 69.72
% del total de las acciones, con lo cual se tiene la mayoría de los votos para tomar
decisiones».

Expuso que, en el acta núm. 042 de 19 de marzo de 2022, consta que el señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortes fue propuesto dentro de la plancha única para la conformación de
la junta directiva de la empresa Transporte San Pablo S.A., «quedando como suplente de
su madre Luz Ena Cortes Angarita […] lo que vislumbra que previo a la celebración de las
elecciones del pasado 29 de octubre de 2023, el acá demandado Andrés Miguel Sarmiento
Cortes gozaba de posicionamiento dentro de la directiva y frente a los demás accionistas
de la empresa Transportes San Pablo S.A.».

Añadió que, en el acta núm. 043 de 18 de marzo de 2023, consta que el accionado hacia
parte de la empresa Transportes San Pablo S.A., como accionista y miembro suplente de
la junta directiva.

Explicó que el accionado incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, por cuanto la empresa Transportes San Pablo S.A celebró más de
dos contratos durante el período inhabilitante, según indicó, los contratos núm. 1051 y 3315,
todos ellos suscritos con la alcaldía distrital de Barrancabermeja y cuyos objetos eran la
prestación del servicio de transporte fluvial escolar.

Argumentó que el accionado tomó posesión del cargo el 6 de febrero de 2025, «situación
que expone el conflicto de interés por el cual se ve abocado el hoy concejal». Sostuvo que,
luego de que tomó posesión, la señora Luz Ena Cortes Angarita, madre del concejal
suscribió el contrato 0989-2024, en calidad de representante legal de la empresa
Transportadora San Pablo Limitada.

En este punto, también adujo que la empresa Transporte San Pablo S.A. suscribió el
contrato 4929 de 2024, con fecha de inició el 20 de enero de 2025 y terminación el 11 de
noviembre de 2025.

2. Posición de la parte demandada

El concejal accionado no contestó la demanda.

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Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

3. La sentencia de primera instancia4

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el
27 de agosto de 2025, resolvió.

[…] Primero. Declarar el agotamiento de jurisdicción parcial respecto de la causal de
inhabilidad invocada en este proceso respecto del Contrato No. 1051-23 del 22 de marzo
de 2023, decidida por esta Corporación dentro del proceso de pérdida de investidura
identificado con el radicado 680012333000-2025-00138-00, con ponencia del Dr. Iván
Mauricio Mendoza Saavedra, decisión que fue impugnada y actualmente se encuentra en
trámite de segunda instancia ante el Honorable Consejo de Estado; lo anterior, conforme
a las razones en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Denegar la solicitud de pérdida de investidura formulada por el señor Carlos
Alberto Mora Carrasquilla contra el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés, concejal electo
del Distrito Especial de Barrancabermeja para el período constitucional 2024 – 2027-

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia […].

Como cuestión previa, el tribunal precisó que solo examinaría la causal de pérdida de
investidura respecto de los siguientes contratos: 1602-23 de 16 de mayo de 2023; 1403-
23 de 25 de abril de 2023; 3315 de 2022; 0989- 24 y 4929 de 2024.

Aclaró que no se pronunciaría respecto del contrato 1051 – 23 de 22 de marzo de 2023,
en la medida que, dicha cuestión ya fue objeto de examen en el proceso de pérdida de
investidura con radicado núm. 68001 2333 000 2025 00138 00 en el que se profirió
sentencia de primera instancia el 25 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander negó la desinvestidura del concejal Andrés Miguel
Sarmiento Cortés por no estar acreditada la inhabilidad señalada en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

Mencionó que en dicha providencia se analizó si el señor Andrés Miguel Sarmiento
Cortés incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994 porque celebró, como miembro suplente de la Junta Directiva de Transportes San
Pablo S.A., los contratos de prestación de servicio núm. 1051 – 23 y 4205- 23. Acotó
que, en el presente proceso, se endilgó al accionado la configuración de la misma
inhabilidad bajo el supuesto que, en condición de accionista de Transportes San Pablo
S.A., celebró el contrato 1051- 23 dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
llevada a cabo el 29 de octubre de 2023.

Como consecuencia de lo señalado, declaró el agotamiento de jurisdicción parcial
respecto de lo decidido por el tribunal en el precitado proceso 2025 00138 00 y acotó
que, en contra de la sentencia de primera instancia, se interpuso recurso de apelación,
el cual, para la fecha de expedición de la providencia, estaba en trámite en el Consejo
de Estado.

Seguidamente, el tribunal precisó que excluiría del análisis de fondo el contrato 3315- 22
de 10 de mayo de 2022, por cuanto no cumplía con el elemento temporal de la inhabilidad
endilgada, es decir, la prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, ya

4 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 01.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

que el período inhabilitante estaba comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29
de octubre de 2023 [fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones territoriales]

En ese escenario, expuso que examinaría si el accionado incurrió en la inhabilidad
prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 en alguna de las dos
modalidad allí previstas: 1) la intervención en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o 2) la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, cuyo estudio comprendería
los contratos 1602- 23 de 16 de mayo de 2023 y 1403-23 de 25 de abril de 2023. Aclaró
que también se estudiarían los contratos 989-24 y 4929- 24 en lo que tiene que ver con
una eventual configuración del conflicto de intereses.

(i) «Estudio de las actuaciones atribuidas al demandado a título de intervención en la
gestión de negocios ante el distrito de Barrancabermeja»

Aclaró que la parte actora alegó que el concejal intervino en la gestión de negocios y en
la celebración de contratos durante el período inhabilitante con el distrito de
Barrancabermeja, actuando a través de las sociedades Transportes San Pablo S.A. y
Transportadora San Pablo Ltda. En particular, refirió que el accionado y miembros de su
familia tenían una participación accionaria mayoritaria sobre la primera compañía, lo que,
en su criterio, se traduce en una participación efectiva, útil y directa en la suscripción de
los contratos 1602-23 y 1403-23, en la medida en que dicha composición accionaria le
habría permitido ejercer influencia y control sobre las decisiones adoptadas por las
mencionadas sociedades.

El tribunal sostuvo que la participación accionaria atribuible a los familiares del señor
Andrés Miguel Sarmiento Cortés en las empresas vinculadas no alcanza siquiera el 50%
del capital total, por lo que no era posible afirmar que, a través de ella, el demandado
hubiera ejercido una gestión activa, eficaz o determinante orientada a la suscripción de
los contratos objeto de análisis.

Señaló que en la sociedad Transportes San Pablo S.A. «la sumatoria de las
participaciones de los familiares del demandado, junto con la suya propia, alcanza apenas
un 34.52% de sus acciones, porcentaje insuficiente para configurar el control o mayoría
decisoria dentro de la sociedad».

Agregó que respecto de la sociedad Transportadora San Pablo Ltda. la participación
atribuible a los familiares del accionado correspondía al 18,53%, cifra que no representa
mayoría ni permite tener el poder sobre las decisiones corporativas. Precisó que «si en
gracia de discusión se considerara la participación del señor Miguel Ángel Cortés Angarita
en las sociedades mencionadas, la conclusión no variaría: en Transportadora San Pablo
Ltda. la participación familiar del demando sería del 49%».

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el solicitante, no existió un entorno societario que
permitiera atribuirle al accionado o a sus familiares una influencia mayoritaria en las
decisiones de la empresa Transportes San Pablo S.A., ni tampoco una incidencia directa a
través de la Transportadora San Pablo Ltda., sociedad en la que el accionado no figura
como socio directo.

Manifestó que de los demás medios de pruebas obrantes en el expediente tampoco se
acreditaba que el accionado hubiera intervenido en la gestión de negocios de forma
personal y activa ante el distrito de Barrancabermeja. Añadió que el verbo rector de la

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conducta proscrita por la ley consistía en «intervenir» en la «gestión de negocios», pero no
cualquier gestión, sino aquella que objetivamente tuviera esa finalidad, con independencia
de su resultado exitoso; dicha calificación debía deducirse de forma clara de los medios de
prueba obrantes en el proceso, los cuales deben conducir de forma unívoca a acreditar «el
móvil, la causa, el aspecto modal o el propósito que lo anima», conforme lo ha precisado la
jurisprudencia, respecto de quien participa como candidato en la contienda electoral.

(ii) «Estudio en las actuaciones atribuidas al demandado en la modalidad de celebración
de contratos con la entidad pública en interés propio o de terceros»

Sostuvo que el solicitante aseguró que el accionado como miembro de la empresa
Transportes San Pablo S.A., con derechos de voz y voto, conformó la junta directiva que
autorizó al representante legal de dicha empresa para suscribir los contratos 1602- 23 y
1403 – 23 con el distrito de Barrancabermeja dentro del año anterior a la elección. Para
sustentar lo dicho, la parte actora aludió a las «actas de junta núm. 042 de 19 de marzo de
2022; 043 de 18 de marzo de 2023 y el acta de junta directiva 422 de 28 de febrero de
2023».

Frente al acta núm. 022, sostuvo que consta que se discutió y aprobó la autorización
impartida por los miembros de la junta directiva de Transportes San Pablo S.A. al
representante legal de la sociedad para participar en el proceso de selección abreviada –
subasta inversa núm. SA-SI-001-2023. Dicho trámite culminó con la suscripción del
contrato núm. 1051- 23 el 22 de marzo de 2023, el cual fue objeto de pronunciamiento
judicial en el proceso con radicado núm. 2025 00138 00. En consecuencia, consideró que
«frente a este contrato, operó la cosa juzgada material, lo que impide un nuevo examen de
fondo sobre la misma situación fáctica y jurídica».

Respecto del acta núm. 042 advirtió que su contenido no se refería a autorizaciones para
contratar con el distrito de Barrancabermeja, sino a asuntos de carácter interno y regulatorio
de la sociedad, tales como la rendición del informe de gestión, la definición de mecanismos
para la distribución de utilidades entre los asociados y la presentación de estados
financieros, por lo que no se trataron temas referentes a contrataciones, ni gestión de
negocios con entidades públicas.

En relación con el acta núm. 043, aseguró que tuvo la misma finalidad que el acta núm. 42,
para el año o la vigencia 2023, de modo que, tampoco se refería a asuntos contractuales
con entidades públicas. Acotó que «tampoco obra en dicho documento intervención alguna
del [accionado] que permita deducir intención de influir, persuadir o siquiera insinuar al
representante legal de la sociedad la celebración de contratos con el distrito de
Barrancabermeja».

Aseveró que «la sola condición de miembro suplente en el segundo renglón principal de la
empresa Transportes San Pablo S.A. […] no es suficiente para demostrar la participación
personal y activa en actos previos a la celebración de los contratos 1602 – 23 y 1403 - 23».

(iii) «Estudio de las actuaciones atribuidas al demandado por la eventual configuración
de un conflicto de intereses, derivado de su participación -aparente- en la suscripción de
contratos que habrían favorecido a la empresa representada por la Sra. Luz Ena Cortés
Angarita».

Explicó que la parte actora endilgó al solicitante un eventual conflicto de intereses «derivado
de su participación -aparente- en la suscripción de los contratos identificados con los

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

números 989-24 y 4929-24. Según lo expuesto en la demanda, tales contratos habrían
generado un beneficio directo para la empresa cuyo representante legal era la señora Luz
Ena Cortés Angarita, madre del demandado».

Aseguró que el primero de los contratos fue celebrado entre la Secretaría de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural del Distrito de Barrancabermeja y la empresa Transportadora
San Pablo Ltda., cuyo representante legal era la señora Luz Ena Cortés Angarita, madre
del accionado. El contrato tuvo un plazo de ejecución de nueve (9) meses desde el 22
de marzo hasta el 21 de diciembre de 2024.

Por su parte, el contrato 4929-24 fue suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital
de Barrancabermeja y Transportes San Pablo S.A., representada legalmente por Sindy
Alexandra León Velásquez. El contrato tuvo un plazo de ejecución de 180 días
«calendario escolar, entre el 20 de enero de 2025 al 13 de noviembre de 2025».

Recordó que el conflicto de interés debe entenderse como «aquellas situaciones de
carácter particular en las cuales puede verse comprometida la independencia, la
ecuanimidad, la imparcialidad y la ponderación de los servidores públicos llamados a
proferir una decisión que les compete y de cuya adopción pueden derivarse beneficios
directos, particulares y concretos». [Negrillas del texto]

En ese sentido, estimó que «orgánicamente las funciones de los concejales son
diferentes a las ejercidas por la administración distrital en cada uno de sus ramos, de ahí
que en el esquema institucional no pueda predicarse que el concejal haya sido el llamado
a decidir o proferir una decisión cuyos resultados le hayan beneficiado directamente, o a
algunas de las personas sobre las que concurra el conflicto de intereses».

Añadió que no se configuró la causal de conflicto de intereses, toda vez que no se
acreditó que, en su condición de concejal, hubiese intervenido en la adopción de
decisiones o actuaciones relacionadas con la celebración de los contratos núm. 989-24
y 4929- 24 suscritos por dependencias de la administración distrital.

En conclusión, el a quo negó las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó que
el accionado hubiera incurrido en la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades prevista en el numeral 3 del artículo 43 de
la Ley 136 de 1994, ni en la causal de conflicto de intereses prevista en los artículos 55
y 70 ibidem.

4. El recurso de apelación5

4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura del accionado, con sustento en lo siguiente:

(i) «Violación del principio de unidad de jurisdicción y error en la declaratoria de
agotamiento de jurisdicción parcial»

Adujo que el tribunal incurrió en una errónea aplicación del derecho al declarar el
agotamiento de jurisdicción parcial respecto de la inhabilidad invocada. Explicó que la figura
del agotamiento de jurisdicción exige la existencia de identidad de partes, objeto y causa y
«que exista una decisión de fondo ejecutoriada».

5 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Explicó que la declaratoria de agotamiento de jurisdicción era improcedente porque «la
decisión sobre el proceso 2025 00138 aún se encuentra en trámite de segunda instancia,
no se configura una “decisión definitiva” en el sentido que exigen tanto el agotamiento de
la jurisdicción como la cosa juzgada».

Acotó que «lo decidido por el tribunal desconoce el precedente que le marcó el Consejo
de Estado en auto del 17 de julio de 2025 cuando resolvió el recurso de apelación contra
la decisión contenida en el auto de 24 de abril de 2025 que dispuso “rechazar la demanda
por haberse configurado (…) el fenómeno jurídico del agotamiento de jurisdicción” (…)».

(ii) «La causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00238 (sic)-00 promovida por
Esteban Rodríguez Valencia y otro, no guarda identidad integral con la causa petendi del
proceso 68001-2333000-2025-00168-00 promovida por Carlos Alberto Mora Carrasquilla».

Señaló que los dos procesos de pérdida de investidura presentaban identidad de parte
acusada y objeto, puesto que se trataba de la misma inhabilidad invocada; sin embargo,
los hechos alegados no eran los mismos, ya que, si bien «en ambos procesos de solicitud
de pérdida de investidura se funda en que el acusado es accionista de Transportes San
Pablo S.A. y que dicha empresa celebró el contrato núm. 1051-23 con la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja», debía tenerse en cuenta que en el proceso 2025 00168 se refiere
a una serie de hechos adicionales para la configuración de la causal que no fueron
mencionados en el proceso 2025 00138.

Precisó que, entre los mencionados hechos adicionales del presente asunto mencionó
que, de un total de 44 accionistas que tenía Transportes San Pablo S.A., para la época
de los hechos, 19 eran familiares del accionado, lo que representaba el 69,72% de
participación accionaria y que, entre los accionistas, estaba la madre del accionado y sus
dos hermanos.

Aseguró que se trataban de hechos que implicaban que la causa petendi de la pérdida
de investidura con radicado 2025 00168 no guardara identidad integral con el proceso
radicado 2025 00138, por lo que, para garantizar el acceso a la administración de justicia,
debían ser objeto de pronunciamiento.

(iii) «Error en la negación de la solicitud de pérdida de investidura por violación al
régimen de inhabilidades» [Negrillas fuera de texto]

Alegó que se probó que el accionado, en el período inhabilitante, es decir, entre el 29 de
octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, era accionista con un porcentaje de 1,36%
de la sociedad Transportes San Pablo S.A.

Añadió que también estaba probado con los registros civiles de nacimiento de los
accionistas que la sociedad Transportes San Pablo S.A. era una empresa cuyos
familiares del demandado tenían un control superior al 51% del total del capital suscrito
y pagado.

Afirmó que «conforme al acta 042 de la asamblea general ordinaria de accionistas de
Transportes San Pablo S.A., de fecha 19 de marzo de 2022, se probó que la señora
Matilde Angarita Sánchez (abuela del concejal demandado, accionista y gerente suplente
de Transportes San Pablo S.A.), propuso una plancha única para conformar la junta

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

directiva de la sociedad, en la cual el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés fue incluido
como miembro suplente del segundo renglón».

Sostuvo que «el 80% de los miembros principales de la plancha única son familia», por
cuanto se probó que cuatro (4) de los cinco (5) miembros principales de la mencionada
plancha para elegir junta directiva de Transportes San Pablo S.A «estaba conformada por
integrantes de una misma familia».

Adujo que también estaba acreditado, con el certificado de existencia y representación
legal de la empresa Transportes San Pablo S.A., que el gerente era el señor Juan Pablo
Cortés Angarita, tío del concejal acusado.

Aseguró que se probó con el acta núm. 422 que, en la sesión de la junta directiva de
Transportes San Pablo S.A. del 28 de febrero de 2023, la integrante principal del segundo
renglón, señora Luz Ena Cortés Angarita, no asistió, por lo que fue reemplazada con el
accionado en su condición de miembro suplente del segundo renglón.

Seguidamente sostuvo:

[…] En la reunión de junta directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A. del 28 de
febrero de 2023, el señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, ejerciendo el cargo
de presidente de la Junta Directiva y con derecho a voz y voto, autorizó al Gerente de la
empresa, señor JUAN PABLO CORTES ANGARITA (su tío por línea materna), para
presentar la oferta económica dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA –
SUBASTA INVERSA No. SA-S1-001-202310. Este proceso era adelantado por la
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA y tenía como objeto la "PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER".

[…]

El PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. SA-S1-001-2023
que adelantaba la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA terminó con la
adjudicación a TRANSPORTES SAN PABLO S.A., del Contrato núm. 1051-2023 de
fecha 22 de marzo de 2023 […] [Mayúsculas originales y negrillas ajenas]

(iv) «En cuanto a la no valoración del registro civil de nacimiento del señor Miguel Ángel
Cortes Angarita»

En este punto de la apelación, la parte recurrente explicó que:

[…] La sentencia objeto de apelación abordó el análisis de los vínculos de consanguinidad
y afinidad existentes entre el demandado y diversos socios de las sociedades
TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y TRANSPORTADORA SAN PABLO LTDA., con el
propósito de determinar si se configuraba una situación de influencia dominante o poder
decisorio en cabeza de dicho núcleo familiar sobre la contratista TRANSPORTADORA
SAN PABLO LTDA., sociedad que celebró los contratos núm. 1602-23 y 1403-23
durante el periodo inhabilitante. No obstante, la Sala mayoritaria resolvió que no era
procedente valorar el registro civil del señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ANGARITA […]
aportado por el demandante con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 12 de

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

la Ley 1881 de 2018, al estimar que su presentación fue extemporánea […] [Negrillas fuera
de texto]

Sostuvo que el tribunal no valoró el registro civil del señor Miguel Ángel Cortés Angarita,
que fue aportado por la parte actora con posterioridad a la audiencia prevista en el
artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, por estimar que su presentación fue extemporánea.

Reprochó que dicho registro civil fue decretado como prueba de oficio en el auto de 13
de agosto de 2025, lo que generó la obligación para el despacho de velar por su práctica
y efectiva incorporación al expediente.

Agregó que «el deber judicial consistía, al menos, en insistir en su recaudo bajo los
apremios legales o, en su defecto, motivar su exclusión en criterios de impertinencia,
inutilidad o falta de conducencia. Ninguna de estas actuaciones se realizó,
configurándose así una lesión directa al derecho fundamental al debido proceso y al
principio de igualdad procesal».

Adujo que «el registro civil en cuestión acredita el vínculo de consanguinidad entre el
demandado y el señor Miguel Ángel Cortés Angarita, (tío materno) y socio mayoritario de
las sociedades involucradas, elemento central para determinar la existencia de influencia
dominante en el marco del artículo 43, numeral 3 de la Ley 136 de 1994 (modificado por
la Ley 617 de 2000)». Añadió que:

[…] La omisión probatoria no solo constituye una irregularidad procesal, sino que
compromete la correcta valoración del acervo probatorio. La Sala basó sus conclusiones
en un cálculo incompleto de la participación societaria, ignorando el 19,20 % de
participación del señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ANGARITA, en TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., porcentaje que, sumado a los de los demás familiares, eleva la participación
conjunta al 53,72 %, superando así el umbral decisorio del 50 %. Idéntico yerro se
presentó respecto de Transportadora San Pablo Ltda., donde la participación familiar real
asciende al 51,86 %, cifra que desvirtúa la conclusión mayoritaria y demuestra un error
aritmético evidente que afecta de manera sustancial la decisión adoptada […].

(v) «Configuración de la inhabilidad en el caso concreto» [Negrillas fuera de texto]

En cuanto al elemento temporal, explicó que las elecciones territoriales se llevaron a
cabo el 29 de octubre de 2023, por lo tanto, el período inhabilitante comprendía desde el
29 de octubre de 2022 hasta el 29 de octubre de 2023 y estaba demostrado que el
contrato núm. 1051 – 2023 fue adjudicado a Transportes San Pablo S.A. el 22 de marzo
de 2023, es decir, dentro del año anterior a las elecciones.

En relación con el elemento territorial, expuso que el objeto del contrato núm. 1051 -2023
era «la prestación del servicio de transporte fluvial escolar a la población estudiantil del
sector educativo oficial del distrito de Barrancabermeja, Santander», por lo que la
ejecución de dicho contrato se hizo en el distrito de Barrancabermeja, ente territorial en
el que el accionado es concejal.

Frente al elemento material u objetivo, esto es, la intervención en la celebración del
contrato adujo que el accionado, en el período inhabilitante, fue accionista de
Transportes San Pablo S.A., con un 1, 26% y miembro suplente de la junta directiva.

Acotó que el 28 de febrero de 2023, el concejal Sarmiento Cortes, actuando como
presidente de la junta directiva de Transportes San Pablo S.A., presidió la sesión en la

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

que se autorizó al gerente a presentar la oferta para el proceso de selección – subasta
inversa núm. SA – S1-001-2023 adelantado por la alcaldía distrital de Barrancabermeja.

Afirmó que «la asunción de la Presidencia de la Junta Directiva por parte del concejal, y
la autorización expresa para presentar la oferta que culminó en la adjudicación del
contrato, constituyen una intervención directa y activa en la celebración del negocio
jurídico».

En lo atinente al elemento de interés propio o de terceros, manifestó que «el concejal,
siendo accionista y miembro suplente de la junta directiva, y presidiendo la sesión que
autorizó la oferta, tenía un interés directo, tanto patrimonial (por su participación
accionaria) como extrapatrimonial (por el beneficio a su núcleo familiar), en que
Transportes San Pablo S.A. obtuviera el contrato con la alcaldía distrital de
Barrancabermeja».

4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 8 de septiembre de 20256.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de 19 de septiembre
de 20257.

5.2. Por auto de 6 de febrero de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
la parte solicitante; se negó la compulsa de copias en contra del señor José Luis Arias
Rey, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y, frente a la solicitud
probatoria formulada en el recurso de apelación se dispuso8:

(i) Incorporar como pruebas las solicitadas por el recurrente y que fueron
aportadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil referentes a los
registros civiles de nacimiento de los señores Miguel Ángel Cortes Angarita y
Diomedes Cortes Jiménez.
(ii) Negar el decreto de los registros civiles de nacimiento de los señores Betty
Elvira Cortes Diaz y Jaime Cortes Jiménez

5.3. Por memorial enviado el 9 de febrero de 20259, el apoderado del concejal
demandado descorrió traslado del recurso de apelación en el que expuso que
«independientemente de la manera como se abordó el tema del contrato núm. 1051-23
del 22 de marzo de 2023 en la sentencia de primera instancia que desencadenó en la
determinación de declarar el agotamiento de jurisdicción parcial; […] lo que en el fondo
se interpreta de la decisión proferida por [el tribunal], era hacer alusión a que ya hubo una
discusión sobre este punto, en aras de mantener un criterio sobre el asunto ya abordado
en el expediente (2025 -00138-00)».Aclaró que en el proceso 2025 00138 00 se llegó a
la conclusión que el concejal no intervino en la gestión del contrato de prestación de
servicios núm. 1051 de 2023.

6 Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.
7 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 02.
8 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 02.
9 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 02.

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12

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Añadió que, con los registros civiles de nacimiento de los accionistas de Transportes San
Pablo S.A, estaba probado que la participación accionaria de los familiares del concejal
no alcanzaba el 50% del capital total y, por lo tanto, no se podía asumir que el accionado
ejerció una gestión determinante para la suscripción de los contratos que se examinan
en este proceso.

5.4. Por memorial radicado el 25 de febrero de 2026, el solicitante allegó la sentencia
proferida el 20 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander en el
proceso de nulidad electoral con radicado núm. 68001 2333 000 2025 00117 00
promovido en contra del concejal Andrés Miguel Sarmiento Cortés, en la que se
resolvió10:

[…] Segundo. Declarar probada la cosa juzgada parcial en lo atinente a la configuración
objetiva de la causal de inhabilidad alegada respecto de la celebración del contrato núm.
1051-23 por parte de la empresa Transportes San Pablo S.A., con ocasión de la decisión
definitiva proferida dentro del proceso de pérdida de investidura radicado núm.
680012333000-2025-00138-00, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

[…]

Cuarto. Declarar la nulidad del acto de elección, en condición de llamado, del señor
Andrés Miguel Sarmiento Cortés como concejal del Distrito Especial de Barrancabermeja,
contenido en el acto del 6 de febrero de 2025, por encontrarse configurada la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por

10 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 02.
La Sala observa que en contra de la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación, el
cual fue admitido por auto de 14 de abril de 2026 y está pendiente de resolver.
De otro lado, la Sala advierte que en dicho caso la decisión de declarar la cosa juzgada se fundamentó en
que: […] respecto de la identidad de causa petendi, la Sala resalta que los procesos identificados con los
radicados núm. 680012333000-2025-00117-00 y 680012333000-2025-00138-00 comparten un núcleo
fáctico sustancialmente coincidente en lo atinente a la suscripción del contrato núm. 1051-23 por la
sociedad Transportes San Pablo S.A., de la cual el señor Sarmiento Cortés es accionista en un porcentaje
del 1,3% y miembro suplente de la junta directiva. […] Bajo ese entendimiento, la Sala declarará la cosa
juzgada parcial en el presente trámite, en lo atinente a la configuración objetiva de la causal de inhabilidad
alegada respecto de los aspectos dirigidos a la celebración del contrato núm. 1051-23, objeto de análisis y
decisión definitiva dentro del proceso de pérdida de investidura radicado núm. 680012333000-2025-00138-
00. No obstante, continuará con el estudio de fondo en relación con los hechos asociados a la celebración
de los contratos núm. 1403-23 y 1602-23, suscritos por la sociedad Transportadora San Pablo LTDA. dentro
del período inhabilitante, en atención a la estructura familiar y societaria que vincula a las empresas
Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San Pablo LTDA […].
Igualmente, el tribunal para declarar a nulidad del acto de elección, sostuvo que: […] Lo expuesto de forma
precedente, resulta plenamente aplicable al caso concreto dado que el análisis probatorio permite
establecer que la conformación societaria de Transportadora San Pablo Ltda. refleja la existencia de un
conglomerado familiar del cual hacía parte el demandado, que supera el 50% de las cuotas de participación
y, por ende, en este escenario, el señor Sarmiento Cortés ejerció una modalidad de contratación indirecta,
dado que es accionista de Transportes San Pablo S.A., sociedad que posee cuatro cuotas, equivalentes al
10,26 % de participación en la sociedad limitadaBajo este hilo conductor, la Sala considera que, en el sub
lite se encuentra acreditada una concurrencia de intereses económicos y familiares en las mencionadas
sociedades que incide de manera directa en la capacidad de control y decisión del grupo familiar y, en
consecuencia, el poder de influencia debe analizarse desde la unidad del núcleo familiar y no de forma
individual o fragmentada respecto de cada socio.
En ese orden de ideas, el Tribunal concluye que, respecto de los contratos núm. 1602-23 y 1403-23, se
encuentran plenamente acreditados los elementos: material u objetivo, temporal, espacial o territorial y
modal o de propósito. Este último se evidencia en el vínculo de consanguinidad existente entre el
demandado y los demás integrantes del grupo societario, quienes, de manera conjunta, ostentan la mayoría
del capital social tanto en Transportes San Pablo S.A. como en Transportadora San Pablo Ltda […].

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en atención a los argumentos desarrollado en la parte
considerativa […].

5.5. El expediente ingresó a despacho para fallo el 17 de febrero de 202611.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa

En el presente asunto, la Sala observa que la parte actora, en el escrito inicial de pérdida
de investidura, alegó que el accionado incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, con fundamento en la celebración de los siguientes
contratos:

(i) Contrato de prestación de servicios núm. 3315 - 2022
(ii) Contrato de prestación de servicios núm. 1051-23
(iii) Contrato de prestación de servicios núm. 1403-23
(iv) Contrato de prestación de servicios núm. 1602-23

A su turno, el solicitante, igualmente en el escrito inicial de pérdida de investidura, aludió
a que se configuró la causal de conflicto de intereses en relación con los siguientes
contratos:

(i) Contrato núm. 0989-2024
(ii) Contrato núm. 4929-2024

La Sala advierte que el tribunal, en la decisión de primera instancia, respecto del contrato
de prestación de servicios núm. 3315 – 2022, indicó que sería excluido del análisis de la
referida causal, por cuanto, no cumplía con el elemento temporal previsto en la norma.
En efecto, esto fue lo expresamente señalado por el a quo12:

[…] 5. Análisis de las causales de inhabilidad invocadas por el demandante. En
atención a que las elecciones territoriales tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023, el
periodo inhabilitante corresponde al comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29
de octubre de 2023, dentro del cual se debe verificar si el demandado celebró o intervino
en negocios en los términos del art. 43.3 de la Ley 136/94.

En consecuencia, se excluye del análisis la referida causal respecto del contrato 3315- 22
del 10 de mayo de 2022, por cuanto no satisface el elemento temporal previsto en la
norma. Vale precisar que, dada la naturaleza sancionatoria de este tipo de normas, su
lectura no admite interpretaciones extensivas o análogas […]

En relación con este contrato y las razones por las que no cumplía el elemento temporal,
se advierte que el recurrente, en el recurso de apelación, no expuso ningún motivo de
reproche encaminado a controvertir lo resuelto por el a quo en este punto.

11 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 02.
12 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Igual situación ocurre respecto de la causal de conflicto de intereses, frente a la cual el
tribunal consideró13:

[…] Asimismo, la Sala abordará el estudio relativo a la posible configuración de un conflicto
de intereses por parte del demandado en relación con los contratos no. 989-24 y 4929-24,
expresamente mencionados por el demandante en los hechos 23 a 25 de la demanda.
Según lo expuesto, dichos contratos habrían sido suscritos por el demandado en beneficio
directo de la empresa representada legalmente por su señora madre, la Sra. Luz Ena
Cortés Angarita.

[…]

5.3. Estudio de las actuaciones atribuidas al demandado por la eventual
configuración de un conflicto de intereses, derivado de su participación - aparente-
en la suscripción de contratos que habrían favorecido a la empresa representada
por la Sra. Luz Ena Cortés Angarita.

En el caso bajo estudio se plantea el eventual conflicto de intereses atribuible al
demandado, derivado de su participación -aparente- en la suscripción de los contratos
identificados con los números 989-24 y 4929-24. Según lo expuesto en la demanda, tales
contratos habrían generado un beneficio directo para la empresa cuyo representante legal
era la señora Luz Ena Cortés Angarita, madre del demandado.

[…]

Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se haya configurado el conflicto de
intereses atribuible al demandado, toda vez que no se acreditó que, en su condición de
concejal, hubiera intervenido en la adopción de decisiones o actuaciones relacionadas con
la celebración de los contratos no. 989-24 y 4929-24, suscritos por dependencias de la
Administración distrital. Las pruebas allegadas al proceso no evidencian participación
alguna del demandado en la definición, trámite o suscripción de dichos negocios jurídicos
bajo la investidura de concejal, ni permiten inferir que su rol hubiera incidido de manera
directa, particular o real en beneficio propio o de las personas respecto de las cuales la
ley presume un interés. En ese sentido, la Sala concluye que no concurren los
presupuestos normativos y jurisprudenciales que estructuran la causal de pérdida de
investidura por conflicto de intereses […].

En relación con las precitadas consideraciones expuestas por el tribunal, el recurrente
tampoco expuso algún motivo de inconformidad en el que se haya cuestionado la
manera en la que se abordó el estudio de la causal de conflicto de intereses, ni tampoco
las razones por las que se negó su configuración.

Por el contrario, lo que fue objeto de apelación tiene que ver con los títulos denominados:
(i) «violación del principio de unidad de jurisdicción y error en la declaratoria de
agotamiento de jurisdicción parcial»; (ii) «la causa petendi del proceso 68001-2333000-
2025-00238-00 (sic) promovida por Esteban Rodríguez Valencia y otro, no guarda
identidad integral con la causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00168-00
promovida por Carlos Alberto Mora Carrasquilla»; (iii) «error en la negación de la solicitud
de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades» respecto del contrato
de prestación de servicios núm. 1051-2023; (iv) «en cuanto a la no valoración del registro
civil de nacimiento del señor Miguel Ángel Cortes Angarita» y la (v) «configuración de la
inhabilidad en el caso concreto» en el que se enunció exclusivamente el contrato de
prestación de servicios núm. 1051-23.

13 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 01.

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15

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Siendo así, se tiene que los demás aspectos señalados en la demanda y que fueron
estudiados por el tribunal, relacionados con el elemento temporal de la inhabilidad respecto
del contrato de prestación de servicios núm. 3315 – 2022 y la causal de conflicto de
intereses en relación con los contratos 989 y 4929, no fueron objeto de reproche en el
recurso de apelación.

Lo dicho en precedencia, puede resumirse de la siguiente manera:

(i) Frente a la causal de conflicto de intereses así:

Contratos Recurso de apelación
Contrato nro. 989 No fue objeto de apelación
Contrato nro. 4929 No fue objeto de apelación

(ii) Frente a la causal de inhabilidad endilgada:

Contratos Recurso de apelación
Contrato núm. 3315 - 2022 No fue objeto de apelación
Contrato núm. 1051-23 Examen de agotamiento de jurisdicción
y/o cosa juzgada
Contrato núm. 1403-23 Sí fue objeto de apelación
Contrato núm. 1602-23 Sí fue objeto de apelación

Por consiguiente, la Sala examinará lo que es objeto de apelación, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso que establece que el
«recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión». Sobre este aspecto, la Sala Plena de la Corporación ha
explicado lo siguiente14:

[…] Los argumentos del recurrente frente al fallo objeto de reproche, se constituyen en
límites que demarcan la actividad judicial de esta Corporación en segunda instancia; en
consecuencia, y conforme lo establece el artículo 320 del C.G.P., norma aplicable por
autorización expresa de la Ley 1881 de 2018 (art 21), la competencia que ahora se ejerce
está sujeta a los motivos de disenso planteados por el apelante único, y a las reglas
legales aplicables al tema objeto de la decisión […].

Por todo lo explicado, se precisa que, el pronunciamiento de la Sala se circunscribirá a
resolver los siguientes aspectos que fueron titulados así en el recurso de apelación y
conforme los argumentos que fueron expuestos en cada uno de ellos:

(i) «Violación del principio de unidad de jurisdicción y error en la declaratoria
de agotamiento de jurisdicción parcial» respecto del contrato de prestación de
servicios núm. 1051-23.
(ii) «La causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00238-00 (sic)
promovida por Esteban Rodríguez Valencia y otro, no guarda identidad integral
con la causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00168-00 promovida
por Carlos Alberto Mora Carrasquilla» frente al contrato de prestación de
servicios núm. 1051-23.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de septiembre de 2020.

Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2019 04145 01. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

(iii) «Error en la negación de la solicitud de pérdida de investidura por violación
al régimen de inhabilidades» respecto del contrato de prestación de servicios
núm. 1051-23
(iv) «En cuanto a la no valoración del registro civil de nacimiento del señor
Miguel Ángel Cortes Angarita» en cuanto a los contratos núms. 1403-23 y
1602-23.
(v) «Configuración de la inhabilidad en el caso concreto» en relación con
contrato de prestación de servicios núm. 1051-23.

2. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 15 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
201916, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º
del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las
secciones17.

3. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Conforme con la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación, se advierte que
esta acción es declarativa, es decir, que tiene como objeto establecer la ocurrencia o no
de unos hechos; verificar si se adecuan o corresponden o no a los supuestos normativos
que señale la Constitución y/o la ley como causales de pérdida de la investidura, así
como la calidad o condición oficial del sujeto activo de esos hechos que se predica en
esos supuestos, y declarar las consecuencias jurídicas respecto de dicho sujeto que las
normas prevén por la ocurrencia de esos hechos. «De modo que lo que se requiere y
basta para que alguien sea sujeto pasivo de esta acción es que en el momento de la
ocurrencia de los hechos el autor de los mismos o de la conducta investigada tenga la
calidad especifica que señale la norma, que para el sub lite es la de concejal»18.

En el expediente está acreditado que, mediante la Resolución núm. 002 de 20 de enero
de 2025, la mesa directiva del concejo distrital de Barrancabermeja resolvió19:

[…] ARTICULO 1º.- Declárese la Vacancia Absoluta por la causal de pérdida de
investidura en la curul del señor IVÁN JESÚS SERRANO […] como concejal del
municipio de Barrancabermeja.

15 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de julio de

2008. Expediente radicación núm. 63001 2331 000 2007 00149 01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
19 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.

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17

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

ARTICULO 2º.-. Ofíciese a la Registraduría Municipal del Estado Civil de
Barrancabermeja - Santander, a fin de que acorde con el artículo 134 constitucional,
certifique que ciudadanos según el orden de inscripción o votación obtenida de la lista
del Grupo Significativo ENERGÍA NUEVA, le siguen en forma sucesiva y descendente
para ser llamados a reemplazar al señor IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA […] por el
resto del periodo constitucional como consecuencia de la declaratoria de pérdida de
investidura decretada por el Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia y
confirmada por el Consejo de Estado.

ARTICULO 3°.- Notifíquese de la presente resolución y realícese el llamamiento dentro
de los tres (3) días siguientes a la fecha de recibo de la certificación de la Registraduría,
a la primera persona que en orden de inscripción o de votación obtenida de la lista del
Grupo Significativo ENERGÍA NUEVA, le siga en forma sucesiva y descendente al señor
IVÁN JESÚS SERRANO MIRANDA, a fin de que dentro de los dos (2) días siguientes
a la notificación manifieste su intención de ocupar la curul vacante y aporte los
documentos de ley para su posesión […] [Negrillas y mayúsculas originales]

Asimismo, obra el acta de posesión del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortes el día 6
de febrero de 2025, como concejal del municipio de Barrancabermeja, así20:

[…] En Barrancabermeja al seis (06) día mes de febrero del dos mil veinticinco (2025),
se presentó en la Presidencia del Concejo Municipal, el Doctor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTES, […] con el fin de tomar posesión del cargo de CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PERIODO 2025-2027, por el partido Energía
Nueva, por llamado que hiciera el Concejo municipal de Barrancabermeja para ocupar
el cargo vacante, y en la cual manifestó lo siguiente: Declaro bajo la gravedad de
juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad de orden Constitucional o Legal para posesionarme del cargo
anteriormente citado, ni para ejercer sus funciones […] [Negrillas y mayúsculas
originales]

Por lo tanto, está acreditado la condición de concejal del accionado.

4. Análisis de la Sala

Como se indicó en el acápite de cuestión previa de esta providencia, la Sala se
pronunciará respecto de cada uno de los puntos que fueron expuestos en la apelación,
advirtiendo que se circunscribirá a los argumentos que fundamentan cada uno de los
reproches y siguiendo el orden que fue formulado por el apelante, así:

(i) «Violación del principio de unidad de jurisdicción y error en la declaratoria
de agotamiento de jurisdicción parcial» respecto del contrato de prestación de
servicios núm. 1051-23.
(ii) «La causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00238-00 (sic)
promovida por Esteban Rodríguez Valencia y otro, no guarda identidad integral
con la causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00168-00 promovida
por Carlos Alberto Mora Carrasquilla» frente al contrato de prestación de
servicios núm. 1051-23.
(iii) «Error en la negación de la solicitud de pérdida de investidura por violación
al régimen de inhabilidades» respecto del contrato de prestación de servicios
núm. 1051-23.

20 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

(iv) «En cuanto a la no valoración del registro civil de nacimiento del señor
Miguel Ángel Cortes Angarita» en cuanto a los contratos núms. 1403-23 y
1602-23.
(v) «Configuración de la inhabilidad en el caso concreto» en relación con el
contrato de prestación de servicios núm. 1051-23

4.1. «Violación del principio de unidad de jurisdicción y error en la declaratoria de
agotamiento de jurisdicción parcial» respecto del contrato de prestación de
servicios núm. 1051-23.

El primer reparo que la parte actora adujo en este punto de la apelación es que el tribunal
no debió declarar el agotamiento de jurisdicción, porque entre los requisitos que exige dicho
fenómeno se encuentra la identidad de partes, objeto y causa y «que exista una decisión
de fondo ejecutoriada», y que el proceso 2025 00138 aún estaba en trámite de segunda
instancia, por lo que «no se configura una “decisión definitiva” en el sentido que exigen
tanto el agotamiento de la jurisdicción como la cosa juzgada».

El segundo reparo que, en este aspecto, formuló el recurrente es que el tribunal al declarar
el agotamiento de jurisdicción desconoció el precedente que fijo la Sección Primera del
Consejo de Estado en el auto de 17 de julio de 2025 cuando resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión que rechazó la demanda por configurarse el fenómeno de
agotamiento de jurisdicción.

(i) Sobre el reproche de los requisitos para declarar el agotamiento de
jurisdicción

Para resolver los reproches formulados por el recurrente, la Sala debe anotar que, en la
sentencia de primera instancia, el tribunal declaró el agotamiento de jurisdicción parcial
respecto del proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 2025 00138 00, en la
cual, el a quo señaló que se trataba de la misma inhabilidad que en este proceso, esto es,
la prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y que su configuración se
fundamentó en la celebración del contrato de prestación de servicios núm. 1051-23,
negocio jurídico que también sirvió de fundamento de la causal de pérdida de investidura
en el presente asunto. Además, el tribunal explicó que era procedente declarar el
agotamiento de jurisdicción, porque en el proceso 2025 00138 00 estaba en trámite el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, de modo que, no
existía una decisión de fondo ejecutoriada.

Precisado lo analizado por el tribunal, la Sala advierte que no le asiste razón al recurrente
en el primer reproche, por cuanto la jurisprudencia de la Sección Primera21 ha explicado
que los requisitos para decretar el agotamiento de jurisdicción en los procesos de pérdida
son la existencia de identidad en los sujetos demandados, en el objeto y en la causa; de
manera que, no es cierto, como lo señala la parte solicitante en la alzada, que un elemento
adicional para declarar el agotamiento de jurisdicción sea «que exista una decisión de fondo
ejecutoriada», pues este último elemento corresponde a la figura de cosa juzgada, según

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Auto de Sala de 3 de junio

de 2021. Expediente radicación núm. 44001 2340 000 2020 00341 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

lo señalado en el primer inciso del artículo 30322 del Código General del Proceso. Así ha
diferenciado estas dos figuras la jurisprudencia de la Sección Primera23:

[…] Así las cosas, considera la Sala que, en el presente asunto, el a quo acertó en dar
aplicación a la figura de agotamiento de la jurisdicción frente al proceso 2020-000271-00,
que se tramitó con anterioridad por el despacho 03 del Tribunal Administrativo de La
Guajira, al existir identidad en los sujetos demandados, en el objeto y en la causa respecto
del proceso de la referencia (2020-00341-00); resaltando que no era posible la declaratoria
de cosa juzgada en la medida que la decisión adoptada en el proceso 44-001—23-40-
2020-00271-00 no se encuentra en firme debido a que se está surtiendo el recurso de
apelación en contra de lo decidido en la sentencia de 21 de octubre de 2020 […].

Es de aclarar que, en el primer reproche de la apelación, el recurrente no cuestiona que
entre los dos procesos de pérdida de investidura no existiera identidad de parte
demandada, objeto y causa petendi, sino que su inconformidad radica en que el tribunal no
podía declarar el agotamiento de jurisdicción porque además de los tres requisitos
mencionados era necesario la existencia de una sentencia ejecutoriada, elemento este
último que, como se indicó, hace parte del fenómeno de cosa juzgada y no del agotamiento
de jurisdicción.

Ahora bien, es de anotar que, el tribunal, en este proceso, profirió sentencia de primera
instancia el 27 de agosto de 2025; mientras que, en el proceso 2025 00138 01 se dictó
decisión de primera instancia el 25 de abril de 2025 y de segunda instancia el 23 de
octubre de 2025, es decir, que para la fecha en la que se profirió la decisión aquí recurrida
[27 de agosto de 2025] no existía una decisión ejecutoriada en el proceso 2025 00138
01.

Siguiendo los pronunciamientos de salas especiales de decisión de pérdida de investidura,
la Sección Primera de esta Corporación no solo ha señalado que el fenómeno de
agotamiento de jurisdicción es aplicable a esta clase de procesos, sino que también ha
sostenido que ello se fundamenta, entre otros, en el principio de non bis in idem, el cual se
aplica en todas las etapas del proceso de juzgamiento y no únicamente en la decisión
final24. Sobre el particular, se ha sostenido:

[…] 33. En relación con la aplicación del agotamiento de la jurisdicción en pérdidas
de investidura, teniendo como sustento el principio non bis in idem, la Sala 24
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en providencia de 30 de octubre de
201925, señaló lo siguiente:

[…]

22 En efecto, el inciso primero del artículo 303 del Código General del Proceso establece: «La sentencia

ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes». [Subrayas fuera del texto]
23 Ibidem.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de

noviembre de 2021. Expediente radicación núm. 70001 2333 000 2020 00321 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticuatro Especial de Decisión

de Pérdida de Investidura, consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, 30 de octubre de 2019, Radicación
número: 11001-03-15-000-2019-03749-00(C), Actor: Daniela Gómez Rivas y otros, Demandado: David
Alejandro Barguil Assis.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Ahora, sobre la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, a la vez
principio de estirpe iusfundamental, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
«la aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho penal, sino,
como lo ha dicho esta Corporación, “se hace extensivo a todo el universo del
derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal
delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho
correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el
régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos
(pérdida de investidura de los Congresistas)”… El principio non bis in idem prohíbe
que una persona, por el mismo hecho, (i) sea sometida a juicios sucesivos o (ii) le
sean impuestas varias sanciones en el mismo juicio, salvo que una sea tan solo
accesoria a la otra»; en la misma providencia precisa la Corte que «el principio non
bis in idem, por lo menos, también prohíbe al legislador permitir que una misma
persona sea objeto de múltiples sanciones, o juicios sucesivos, por los mismos
hechos ante una misma jurisdicción. […]. La prohibición se dirige a ser “juzgado”
dos veces […] De tal manera que la expresión “juzgado” comprende las diferentes
etapas del proceso de juzgamiento, no sólo la final».

[…] el principio non bis in idem tiene plena vigencia en el proceso de pérdida de
investidura y para garantizarlo no es necesario esperar que al procesado se le
imponga sanción por el mismo hecho dentro de la actuación que se haya iniciado
primero para declarar la cosa juzgada, sino que constituye deber superior del juez
de la nueva solicitud aplicar dicha garantía de manera temprana, desde cuando
advierta que en realidad se trata de nuevo juicio, sucesivo o simultáneo, por los
mismos hechos y pretensiones ante la jurisdicción.

[…]

De ahí que lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018, según el cual
«cuando se formulen acusaciones por varios ciudadanos estas se acumularán a la
admitida primero, siempre que no se haya decretado la práctica de pruebas», no
debe interpretarse en el sentido de que si se ha sobrepasado la etapa de pruebas
y no se trata de acusaciones distintas, el congresista tenga que asumir la fatal
consecuencia de soportar dos o más procesos por la misma causa y pretensiones
en forma paralela y simultánea, puesto que sería una carga injusta y
desproporcionada, carente de fundamento jurídico; en tales circunstancias «una
norma legal viola este derecho [non bis in idem] cuando permite que una persona
sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos», según lo expuesto
por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-870 de 2002, en la que insiste
en que «el procedimiento que se aplique en el juzgamiento sobre la procedencia de
la pérdida de la investidura debe ser especialmente riguroso y respetuoso de las
prerrogativas del demandado, en especial, los derechos al debido proceso» […]».

En este contexto, la Sala pone de relieve que, para efectos de la determinación de
las medidas procesales a adoptar frente a aquellos eventos en que se presentan
demandas de pérdida de investidura en contra de la(s) misma(s) persona(s), y en
las que existen coincidencias en los hechos y se invoca la configuración de la misma
causal, se han definido los siguientes mecanismos:
(…)

ii) El agotamiento de jurisdicción […].

En conclusión, el primer reparo que en este punto se formuló en la apelación no tiene
vocación de prosperidad, en la medida que no es cierto, como lo señala el recurrente, que
un requisito para decretar el agotamiento de jurisdicción sea que «exista una decisión de
fondo ejecutoriada», ya que, en este caso, no era procedente hacerlo, porque en el proceso
2025 00138 (para la fecha en la que se profirió la sentencia de primera instancia) aún estaba

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.

(ii) Sobre el reproche del desconocimiento de lo resuelto en el auto de 17 de
julio de 2025

El segundo reparo formulado en este aspecto de la apelación es que el tribunal al declarar
el agotamiento de jurisdicción desconoció el precedente que fijó la Sección Primera del
Consejo de Estado en el auto de 17 de julio de 2025 cuando resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión que rechazó la demanda por configurarse el fenómeno de
agotamiento de jurisdicción.

De manera previa a resolver este reparo, la Sala estima pertinente hacer un recuento de
las actuaciones más relevantes relacionadas con la declaratoria del agotamiento de
jurisdicción en este proceso, así:

(i) La solicitud de pérdida de investidura del presente proceso fue radicada el 3 de abril de
2025 y admitida en auto de 4 de abril de 202526.

(ii) Por auto de 24 de abril de 2025, el despacho de conocimiento del Tribunal Administrativo
de Santander resolvió rechazar la demanda por haberse configurado el fenómeno de
agotamiento de jurisdicción27.

(iii) Contra la precitada decisión, la parte solicitante interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto de 17 de julio de 2025, en
el sentido de revocar el auto de 24 de abril de 2025, con fundamento en las siguientes
consideraciones28:

[…] En el asunto bajo examen, el Tribunal Administrativo de Santander dispuso
“[r]echazar la demanda por haberse configurado (…) el fenómeno jurídico del
agotamiento de la jurisdicción”, al estimar que el caso guarda identidad con el
radicado nro. 68001 23 33 000 2025 00138 00, en el que no se ha dictado decisión
en firme que ponga fin a la controversia, y con el cual ya no es procedente la
acumulación de la solicitud de pérdida de investidura, de acuerdo con el artículo 16
de la Ley 1881 de 2018, norma especial aplicable según el artículo 55 de la Ley 136
de 1994.

[…]

2.3.2. Precisado lo anterior, la Sala verifica que, por una parte, en la solicitud de
pérdida de investidura tramitada en el proceso con radicado nro. 68001 23 33 000
2025 00138 0022, se pretende: “Se decrete la pérdida de investidura como concejal
del Distrito de Barrancabermeja – Santander, al señor Andrés Miguel Sarmiento
Cortés, elegido para el período constitucional 2024 – 2027 y se ordene la
cancelación de su credencial, por violación al régimen de inhabilidades, al
quebrantar el numeral 3 del artículo 43, numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994, numeral 3 del artículo 40 y numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000”.

26 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 00.
27 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 00.
28 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001 2333

000 2025 00168 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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22

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

En este sentido, entre la presente solicitud de pérdida de investidura y la del proceso
con radicado nro. 2025 00138 00, existe inicialmente identidad de parte acusada y
objeto, por tratarse de la misma causal de pérdida de investidura e inhabilidad
endilgada.

[…]

De otro lado, en cuanto a la causa petendi […]

Acorde con lo expuesto, si bien la presente solicitud de desinvestidura se
funda igualmente en los hechos de que el acusado fue accionista y miembro
de la junta directiva de la empresa “Transportes San Pablo S.A.”, y que dicha
empresa celebró el contrato nro. 1051 de 2023 con la alcaldía del distrito de
Barrancabermeja (Santander), también refiere otra serie de hechos
adicionales por los cuales se estima configurada la causal de pérdida de
investidura invocada, que no fueron planteados ni mencionados en la
solicitud del proceso con radicado nro. 2025 00138 00.

En efecto, y como se expuso en precedencia, en la demanda del presente asunto
se mencionó que de un total de 44 accionistas de la empresa “Transportes San
Pablo S.A.”, 19 son familiares del acusado, entre ellos su madre y dos hermanos,
sumando un total del 69,72% de participación.

Así mismo, que la empresa “Transportadora San Pablo Limitada”, cuyo
representante legal es la madre del acusado, suscribió con el distrito de
Barrancabermeja los contratos nros. 1403-23 del 25 de abril y 1602-23 del 16 de
mayo de 2023, y que la empresa “Transportes San Pablo S.A.” es accionista de
aquella, por lo que el acusado tendría un interés económico directo con ambas
empresas y se beneficia de sus utilidades.

Agregó igualmente que la empresa “Transportes San Pablo S.A.” suscribió también
con la alcaldía de Barrancabermeja, Santander, el contrato nro. 3315 de 2022, así
como el contrato MIN-001-2024, el cual “expone el conflicto de interés por el cual
se ve abocado el hoy concejal del distrito de Barrancabermeja”; y que, una vez
posesionado el acusado, la empresa “Transportadora San Pablo Limitada” suscribió
con el Distrito de Barrancabermeja el contrato nro. 0989-24, y la empresa
“Transportes San Pablo S.A.” el contrato nro. 4929 de 2024.

En consecuencia, la causa petendi de la solicitud de pérdida de investidura del
presente asunto no guarda identidad integral con la de la demanda del
proceso con radicado nro. 2025 00138 00, por cuanto incorpora hechos que no
se plantearon en el fundamento fáctico de aquella, los cuales deben ser objeto del
trámite y pronunciamiento correspondiente, según sea el caso, en garantía del
derecho de acceso a la administración de la justicia.

Por consiguiente, la Sala revocará el auto apelado y, en su lugar, ordenará devolver
el expediente al Tribunal de primera instancia para que continúe con el trámite
correspondiente, al verificar que en este caso no se cumplen en su totalidad los
requisitos para que hubiere procedido la aplicación de la figura de agotamiento de
jurisdicción, y dar por terminado el proceso, en especial lo relacionado con la
identidad en la causa petendi […]. [Negrillas por fuera del texto]

Del contenido del precitado auto, se evidencia que la Sección Primera de la Corporación
señaló que entre este proceso y el radicado con núm. 2025 00138 no existía una identidad
integral, precisamente porque se consideró que la presente solicitud y la radicada con el
núm. 2025 00138 «se funda igualmente en los hechos de que el acusado fue accionista
y miembro de la junta directiva de la empresa “Transportes San Pablo S.A.”, y que dicha

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

empresa celebró el contrato nro. 1051 de 2023 con la alcaldía del distrito de
Barrancabermeja (Santander)», pero precisó que, en esta solicitud, existían nuevos
hechos que fueron los enunciados en la parte considerativa del auto, por lo que no era
procedente rechazar la demanda con fundamento en la configuración del agotamiento de
jurisdicción.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que el tribunal en la sentencia de primera instancia
declaró el agotamiento parcial de la jurisdicción, porque en los dos procesos la causal
invocada compartía un sustento común que era la celebración del contrato núm. 1051 de
2023; circunstancia que se destaca fue advertida en esos términos en el auto de 17 de julio
de 2025 y la razón por la cual allí se consideró que no existía una identidad integral entre
los dos procesos, lo que permite evidenciar que lo resuelto por el tribunal en la sentencia
recurrida no desconoció lo decidió en el auto de 17 de julio de 2025.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el auto del 17 de julio de 2025 se
revocó la decisión del tribunal que rechazó en su totalidad la demanda, con fundamento en
que se configuró el fenómeno de agotamiento de jurisdicción; mientras que, en la sentencia
recurrida, se declaró el agotamiento de jurisdicción parcial respecto del hecho de la
celebración del contrato núm.1051 de 2023.

Por lo expuesto, este reparo de la apelación tampoco tiene vocación de prosperidad.

4.2. «La causa petendi del proceso 68001-2333000-2025-00238-00 (sic) promovida por
Esteban Rodríguez Valencia y otro, no guarda identidad integral con la causa petendi
del proceso 68001-2333000-2025-00168-00 promovida por Carlos Alberto Mora
Carrasquilla» frente al contrato de prestación de servicios núm. 1051-23.

En este punto, el apelante señaló que los dos procesos de pérdida de investidura
presentan identidad de parte acusada y objeto, puesto que, se trata de la misma
inhabilidad invocada; sin embargo, los hechos alegados no son los mismos, ya que, si
bien «en ambos procesos de solicitud de pérdida de investidura se funda en que el
acusado es accionista de Transportes San Pablo S.A. y que dicha empresa celebró el
contrato núm. 1051-23 con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja», debía tenerse en
cuenta que en el proceso 2025 00168 se refiere a una serie de hechos adicionales para
la configuración de la causal que no fueron mencionados en el proceso 2025 00138.
Precisó que como hechos adicionales mencionó que de un total de 44 accionistas que
tenía Transportes San Pablo S.A., para la época de los hechos, 19 son familiares del
accionado, lo que representaba el 69,72% de participación accionaria y que entre los
accionistas estaba la madre del accionado y sus dos hermanos.

De manera previa a resolver sobre el reproche en la identidad en la causa petendi, la
Sala precisa que, para la fecha en la que se profiere esta decisión ya no resulta
procedente examinar si se debía o no declarar el agotamiento de jurisdicción, sino que
hay lugar analizar la configuración del fenómeno de cosa juzgada parcial.

Ello, teniendo en cuenta que, como se explicó en precedencia, en el presente proceso,
se profirió sentencia de primera instancia el 27 de agosto de 2025; mientras que, en el
proceso 2025 00138 01 se dictó decisión de primera instancia el 25 de abril de 2025 y
de segunda instancia el 23 de octubre de 2025, es decir, que para la fecha en la que se
profirió la decisión aquí recurrida [27 de agosto de 2025] no existía una decisión
ejecutoriada en el proceso 2025 00138 01, pero para la fecha en la que se profiere esta
decisión, el recurso de apelación ya ha sido resuelto, por lo que, ante la existencia de

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

una decisión en firme en el proceso 2025 00138 01, lo que procede examinar es la
configuración de la cosa juzgada parcial.

Aclarado lo anterior, se recuerda que el fenómeno de cosa juzgada está regulado en el
artículo 303 del Código General del Proceso:

[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […].

El artículo 189 del CPACA en relación con el fenómeno de cosa juzgada, establece:

[…] ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a
las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica
de partes.

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad
del registro de acuerdo con la ley […].

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

A su turno, la jurisprudencia de la Sección Primera ha explicado el alcance del fenómeno
de cosa juzgada en los procesos de pérdida de investidura, así29:

[…] Ese orden de ideas, esta Sección30 ha encontrado pertinente la aplicación del
fenómeno de cosa juzgada en los procesos de pérdida de investidura, en la
siguiente forma:

«(…) 3.1 La figura de la cosa juzgada.

La cosa juzgada es una institución de tipo procesal que se predica de las sentencias
que adquieren el carácter de firmeza, a fin de salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica. Desde esta perspectiva, es un efecto que se produce por la
firmeza que cobra una decisión judicial que pone fin a un proceso y resuelve el
fondo del asunto planteado en él, de forma tal que se genera la imposibilidad de
dictar una nueva decisión sobre un asunto que tenga el mismo objeto y la misma
causa.

La identidad de objeto y de causa se presenta cuando coinciden tanto en la decisión
que está en firme como en el nuevo proceso puesto a conocimiento del juez, los
hechos y fundamentos de derecho (causa petendi) y la situación jurídica o
pretensión procesal (objeto). En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta
Sección ha señalado:

“El objeto es, en general, la situación jurídica sometida a decisión del juzgador. La
causa son los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión
[…]”.

También se ha sostenido con acierto, que la cosa juzgada garantiza el principio de
non bis in ídem, dado que impide el que se pueda abrir el debate jurídico que
encontró fin en una decisión judicial, de forma que se proscribe que el afectado con
la decisión sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

[…]

También en este sentido la jurisprudencia de la Sala ha sido clara, por lo que puede
traerse a colación la decisión de 18 de octubre de 2007, dictada dentro del proceso
de pérdida de investidura identificado con el radicado No. 2006-3125 y ponencia del
Consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, que al respecto expresó:

“Siendo evidente esa identidad de los hechos atribuidos al demandado, la cual
incluso no se discute en la instancia; que ambos procesos corresponden a una
misma clase de acción, esto es, de pérdida de la investidura, y que con fundamento
en ellos se le endilgaron al aquí encausado las mismas causales de pérdida de la
investidura, es claro que se configura la cosa juzgada respecto del presente
proceso, la cual implica la garantía o efectividad del principio non bis in idem que
invoca la apelante, atendiendo el artículo 15 de la Ley 144 de 1994, aplicable a
todos los procesos de pérdida de la investidura, al disponer que “No se podrá admitir
solicitud de pérdida de la investidura de un Congresista en el evento de alegarse
los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales sobre las cuales ya

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de
noviembre de 2016. Expediente radicado núm. 81001 2333 003 2016 00001 (PI). C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
[30] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E), Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de
dos mil doce (2012), Radicación número: 07001-23-31-000-2011-00065-01(PI), Actor: EDGAR ORLANDO
SANTANA, Demandado: EDGAR FERNANDO GUZMÁN ROBLES.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias en estos procesos
producen efectos de cosa juzgada”.”

Con todo, el instituto de la cosa juzgada se predica de las sentencias que ponen fin
a los procesos de pérdida de investidura, so pena de que se desconozca el principio
de non bis in ídem y el de seguridad jurídica […].

Cabe agregar que, en cuanto a los requisitos que se debe reunir para que se configure
la cosa juzgada, la Sala Plena de esta Corporación31 ha señalado:

[…] El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que
se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se litiga); es decir,
la identidad de objeto se refiere a que el derecho o pretensión que se ha solicitado en la
nueva demanda (petitum), coincida con el del otro proceso previamente resuelto, toda vez
que no se configura esta institución procesal sobre pretensiones que no han sido materia
de pronunciamiento en una sentencia.

La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y
fundamento de la pretensión (el por qué del litigio); es decir, la identidad de causa consiste
en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se
demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de manera que, si
varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada. Sin embargo, la causa,
no puede confundirse con los medios de prueba que se pretendan hacer valer en el
proceso, pues la cosa juzgada no se predica del valor que pueda otorgar el juez a las
pruebas.

La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos sujetos que en
nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso anterior -bien en
calidad de demandante o de demandado- y actúan en el nuevo; es decir, dado que la
sentencia no obliga sino a quienes tuvieron calidad de parte en el proceso (excepto que
la ley consagre un efecto erga omnes, como ocurre, por ejemplo, con la que declara la
nulidad de los actos administrativos), se impone analizar quiénes son los sujetos litigantes
y la calidad en que actúan en ambos procesos, sin que se exija una identidad física sino
jurídica, como tampoco una posición procesal en uno y otro como demandante o
demandado” […].

En el asunto bajo examen, se verifica que tanto este proceso, como el radicado con el
núm. 2025 00138 01, las pretensiones estuvieron dirigidas en contra del concejal de
Barrancabermeja, señor Andrés Miguel Sarmiento, por lo que, el requisito de identidad
de parte demandada está cumplido.

Lo mismo ocurre en relación con la identidad de objeto, dado que, en los dos procesos la
causal invocada es la violación al régimen de inhabilidades, en consonancia con el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

En relación con la causa petendi, el recurrente sostiene que, si bien «en ambos procesos
de solicitud de pérdida de investidura se funda en que el acusado es accionista de
Transportes San Pablo S.A. y que dicha empresa celebró el contrato núm. 1051-23 con
la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja», debía tenerse en cuenta que en el proceso
2025 00168 se refirió a una serie de hechos adicionales para la configuración de la causal
que no fueron mencionados en el proceso 2025 00138. Es decir que, en los términos en
los que fue formulada la apelación, la parte recurrente no cuestiona que exista un
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009, Rad.

2007-00581-00 (PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Posición reiterada en el Auto del 13 de febrero de
2024. Exp. 11001-03-15-000-2022-06769-01 (PI). M.P. Milton Chaves García.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

fundamento común entre los dos procesos que sirvió para sustentar la configuración de
la inhabilidad invocada y es el hecho de la celebración del contrato núm. 1051-23.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en el recurso de apelación, la parte
recurrente alegó que la inhabilidad estaba configurada por las siguientes razones:

(i) Para la fecha de celebración del contrato núm. 1051 de 2023, el accionado, en
el período inhabilitante, fue accionista de Transportes San Pablo S.A., con un
1, 26% y miembro suplente de la junta directiva.
(ii) Acotó que el 28 de febrero de 2023, el concejal Sarmiento Cortes, actuando
como presidente de la junta directiva de Transportes San Pablo S.A., presidió
la sesión en la que se autorizó al gerente a presentar la oferta para el proceso
de selección – subasta inversa núm. SA – S1-001-2023 adelantado por la
alcaldía distrital de Barrancabermeja.
(iii) Por último, afirmó que «la asunción de la Presidencia de la Junta Directiva por
parte del Concejal, y la autorización expresa para presentar la oferta que
culminó en la adjudicación del contrato, constituyen una intervención directa y
activa en la celebración del negocio jurídico».

Al respecto, se evidencia que los reparos formulados por el recurrente para sustentar la
configuración de la inhabilidad invocada fueron analizados en la sentencia proferida el 23
de octubre de 2025 por la Sección Primera de la Corporación, en el proceso con radicado
núm. 2025 00138 01, así32:

[…] Se observa que, dentro del año anterior a las elecciones de 29 de octubre de 2023 y
con lugar de ejecución en el mismo distrito para el cual fue elegido el accionado, la
sociedad TRANSPORTES SAN PABLO S.A. celebró con la Alcaldía del distrito de
Barrancabermeja, el contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023,
por valor de $1.497.313.899, con una duración de 139 días, cuyo objeto fue “[…]
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ESCOLAR A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”; se adjuntaron también sus actas de inicio,
adicionales, de terminación y liquidación.

[…]

Se tiene, entonces, que el accionado, señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS,
no ejerció la representación legal de la empresa TRANSPORTES SAN PABLO S.A. ni
durante ni después de la celebración del contrato de prestación de servicios 1051 de 14
de marzo de 2023.

[…]

Es así como, está demostrado que el accionado fungía como suplente del segundo
renglón principal de la empresa TRANSPORTES SAN PABLO S.A., cuando esta celebró
el contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la Alcaldía del
distrito de Barrancabermeja.

[…]

32 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00138 01.

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

En el acta 422 de 28 de febrero de 2023, cuyo objeto fue adelantar reunión extraordinaria
de la junta directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A., convocada por el gerente y
representante legal, señor JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, asistieron los miembros
principales señores MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ANGARITA, -primer renglón principal-;
YADIRA ÁLVAREZ NIÑO, -tercer renglón principal-; LIBARDO ENRIQUE ANGARITA
SÁNCHEZ, -cuarto renglón principal-; y JÉSSICA PAOLA ANGARITA CUEVAS, -quinto
renglón principal-; de la señora LUZ ENA CORTÉS ANGARITA, - segundo renglón
principal-, no hay prueba alguna de su asistencia ni vestigio de su presencia a la sesión.

Por su parte, también asistieron dos miembros suplentes: SINDY ALEXANDRA LEÓN
VELÁSQUEZ, -suplente primer renglón principal- y el accionado, señor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, en su condición de suplente segundo renglón principal, cargos
que, tal como atrás se mencionó, fueron constatados en acta 042 de 19 de marzo de 2022
de la asamblea general de accionistas de esa empresa, según el certificado especial de 2
de abril de 2025.

En tal sentido cuando la actuación de los miembros suplentes se cumple en ejercicio de
su vocación a reemplazar al principal, ciertamente adquieren derecho a asistir a las
reuniones con las mismas calidades y atribuciones que corresponden a los miembros
principales, lo que concuerda con la anotación que aparece en el cuadro situado en el
encabezado del acta 422 de 28 de febrero de 2023, en la que se menciona al accionado
como ‘asistente con voz y voto’, debido a la ausencia de la señora LUZ ENA CORTÉS
ANGARITA, miembro principal de quien aquel actúa como suplente.

[…]

Posteriormente, se puso en consideración de los asistentes, como único asunto, la
autorización al representante legal, señor JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, para
presentar oferta y firmar contrato, en caso que fuese adjudicada la SELECCIÓN
ABREVIADA SUBASTA INVERSA SA-SI-001-2023, cuyo objeto fue “[…] PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER […]”, lo cual fue aprobado por mayoría absoluta de
los miembros presentes, así como también se le autorizó gestionar las respectivas
garantías y ejecutar todos los actos necesarios para llevar a buen término dicho proyecto
[…].

Seguidamente, la aludida sentencia refirió al hecho de que votar una autorización para
que el representante legal gestione negocios o celebre contratos con el Estado, no
configura la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Al
respecto, señaló:

[…] V.4.1.- Votar autorización para que el representante legal gestione negocios y
celebre contratos con el Estado, no configura la inhabilidad del artículo 43, numeral
3, de la Ley 136

Aun así, y a partir de todo lo considerado, la Sala encuentra que no está configurada la
inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, en cabeza del accionado, toda vez que su conducta se limitó a
reemplazar a un miembro del segundo renglón principal de la junta directiva y, en
consecuencia, a entregar el voto favorable para autorizar al representante legal de
TRANSPORTES SAN PABLO S.A., señor JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA, para
presentar la oferta y, en caso de adjudicación, como en efecto sucedió, celebrar el contrato

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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la Alcaldía del distrito de
Barrancabermeja, además de gestionar las garantías exigidas y demás aspectos
necesarios para ejecutar el proyecto.

Fue una labor carente de los elementos volitivo y facultativos necesarios para materializar
dicho negocio, pactar actividades mutuas y obligar también a TRANSPORTES SAN
PABLO S.A. y a la Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, al cumplimiento de un objeto
contractual […].

Por tanto, no puede asimilarse esa mera intervención administrativa, con voz y voto, que
el accionado realizó en la reunión extraordinaria de 28 de febrero de 2023, en su condición
de miembro suplente de la junta directiva de TRANSPORTE SAN PABLO S.A., a una
participación personal y directa en la etapa precontractual del referido negocio jurídico
ante la Alcaldía del distrito de Barrancabermeja, la cual se ha entendido como la parte
inicial de un proceso de contratación, que incluye la elaboración de estudios y documentos
previos, y las negociaciones entre las partes; inicia con la identificación de necesidades,
análisis y estudios previos y de sector para su debida y completa definición y finaliza con
el perfeccionamiento del contrato […].

Asimismo, la sentencia expuso que el hecho que el accionado tuviese la condición de
socio en la empresa Transporte San Pablo S.A. tampoco implicaba la configuración de la
inhabilidad invocada y, además, examinó que no estaba demostrado que el accionado,
en su condición de miembro suplente del segundo renglón principal de la junta directiva
de Transporte San Pablo S.A., ejerciera una influencia dominante o poder decisorio en
sus órganos de dirección, y mucho menos que ostentara el control contractual de la
empresa, a lo que añadió que tampoco estaba probado el control conjunto por vínculos
de parentesco (consanguinidad, afinidad matrimonio o unión libre).

Dicho análisis, precisamente resolvió uno de los reproches formulados en el recurso de
apelación que se interpuso el 14 de mayo de 2025 contra la decisión de primera instancia
en el proceso núm. 2025 00138, en el que se alegó que el demandado había incurrido en
la inhabilidad endilgada porque era familiar de los miembros principales de la junta
directiva de Transportes San Pablo S.A. y que dicha sociedad era de carácter familiar,
por lo que se alegaba que el demandado a través de su familia controlaba la empresa.
En efecto, en dicho recurso de apelación se indicó lo siguiente33:

[…] La revelación del vínculo consanguíneo del concejal ANDRES MIGUEL SARMIENTO
CORTES con los miembros principales de la Junta Directiva: (1) MIGUEL ANGEL
CORTES ANGARITA (tío), (2) LUZ ENA CORTES ANGARITA (madre), (3) JESSICA
PAOLA ANGARITA CUEVAS (prima), (4) LIBARDO ENRIQUE ANGARITA SANCHEZ (tío
en 2º), encuentra justificación legal en el Código de Comercio (Título VI Sociedad
Anónima, Capítulo III Dirección y Administración, Sección II Junta Directiva, artículos 434
a 439.

[…]

Para que no quede duda que la sociedad TRANSPORTES SAN PABLO S.A. es una
sociedad anónima reconocida como empresa de familia (artículo 435 del Código de
Comercio), deberá apreciarse que además de los vínculos consanguíneos entre los
miembros de Junta Directiva, también el gerente y representante legal de la empresa,
ingeniero JUAN PABLO CORTES ANGARITA, es familia del concejal SARMIENTO
CORTES, ya que es el tío del concejal.

33
Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001
2333 000 2025 00138 01.

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30

Radicación: 68001 23 33 000 2025 00168 02
Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

[…]

Visto lo anterior, se probó que el concejal ANDRES MIGUEL SARMIENTO CORTES hizo
parte de la Junta Directiva de TRANSPORTES SAN PABLO S.A., sociedad mercantil que
conforme a lo estipulado en el artículo 435 del Código de Comercio, es una sociedad
reconocida como de familia, y por tanto, a través de su familia tiene el control
decisional de la sociedad por tener fuerza dominante o poder decisorio en el órgano
de dirección (Junta Directiva) por la relación de parentesco con los demás
miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. Y también
tiene control decisional en el órgano de dirección (Gerencia y representante legal), por la
relación de parentesco en JUAN PABLO CORTES ANGARITA (tío del accionado).

El concejal SARMIENTO CORTES es una persona que claramente controla la sociedad
TRANSPORTES SAN PABLO S.A. y puede servirse de ella, e innegablemente ostenta el
poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato verdaderamente celebrado con
ella.

[…]

De los vínculos consanguíneos reseñados, se puede concluir que el concejal accionado,
intervino en la etapa precontractual y contractual en el contrato No. 1051 del 22 de marzo
de 2023 otorgado por el Distrito de Barrancabermeja, en cuerpo ajeno (su tío JUAN
PABLO CORTES ANGARITA, gerente y representante legal de TRANSPORTES SAN
PABLO S.A.) […] [Negrillas fuera del texto]

Frente a este reproche de la apelación, consistente en que el demandado suscribió el
contrato núm. 1051 de 2023 por interpuesta persona, debido a que, controlaba la
sociedad Transportes San Pablo S.A. por conducto de su familia, la sentencia proferida
por la Sección Primera explicó, entre otras cosas, lo siguiente:

[…] V.4.2.- Calidad de socio en una empresa contratista del Estado

La anterior conclusión no resulta alterada por la condición de socio del accionado en la
empresa TRANSPORTE SAN PABLO S.A., quien, según acta 043 de 18 de marzo de
2023, -llevada a cabo 4 días después de la celebración del contrato de prestación de
servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, para elegir nueva junta directiva, entre otros
asuntos-, tenía una participación accionaria del 1.36%, equivalentes a 3864 acciones, en
compañía de 42 socios más, cuyas participaciones accionarias eran similares, -entre el
1.04% y el 2.72%-, a excepción de dos socios que ostentaban el 16.86% y 19.20% de
participación accionaria en esa sociedad.

Ello, por cuanto “[…] sólo cuando una persona controla la sociedad de manera que pueda
servirse de ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella […]”; en este pronunciamiento de 31 de marzo de
2011, la Sección discernió así:

[…]

Regresando al caso concreto y aplicados los citados lineamientos tenemos que (i) el
porcentaje de participación accionaria no aplica pues, según quedó expuesto, el
accionado, ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, al momento de la celebración del
contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023, con la Alcaldía del
distrito de Barrancabermeja, solo ostentaba el 1.36% de la participación accionaria de la
empresa contratista TRANSPORTE SAN PABLO S.A., lo que dista del 50% exigido por la
jurisprudencia analizada.

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Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

(ii) En lo que respecta al segundo derrotero se observa que no está demostrado que el
accionado, en su condición de miembro suplente del segundo renglón principal de la junta
directiva de TRANSPORTE SAN PABLO S.A., ejerciera una influencia dominante o poder
decisorio en sus órganos de dirección, y (iii) mucho menos que ostentara el control
contractual de la empresa, con ocasión del contrato de prestación de servicios 1051 de
14 de marzo de 2023, ni se halla acreditado el poder contractual de modo que se observe
la imposición de una compañía o persona natural sobre TRANSPORTE SAN PABLO S.A.

[…]

Y finalmente, (iv) en lo que hace al control conjunto por vínculos de parentesco
(consanguinidad, afinidad matrimonio o unión libre), la Sala no encuentra
demostrada tal condición, pues aun cuando de los testimonios de JÉSSICA PAOLA
ANGARITA CUEVAS, YADIRA ÁLVAREZ NIÑO y JUAN PABLO CORTÉS ANGARITA,
se mencione que tenían un parentesco o relación laboral de años con el accionado,
lo cierto es que permanece sin demostrarse que dichos socios representen un
mayor e imponente porcentaje en el capital social, que, como se estableció antes,
siendo una sociedad anónima era bastante homogéneo para la época de los hechos,
lo que tampoco permite inferir que ostentaran el control de TRANSPORTE SAN
PABLO S.A., así como tampoco se allegaron pruebas que permitieran concluir tal
señalamiento.

No se pierde de vista que, solo cuando una persona controla la sociedad de manera que
pueda servirse de ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con aquella, por lo que, en el caso concreto, no es posible
sostener que el accionado era quien controlaba la sociedad, ni que fuera él el verdadero
contratista del contrato de prestación de servicios 1051 de 14 de marzo de 2023 […].
[Negrillas fuera del texto]

Hasta lo aquí expuesto, se ha indicado que existe identidad en la parte demandada, así
como en el objeto del litigio. Ahora, para determinar la existencia de la identidad de
causa, lo primero que debe tenerse en cuenta es que la inhabilidad endilgada, en este
evento, es la prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, la cual, para
el caso, establece que no podrá ser concejal quien dentro del año anterior a la elección
haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en
el respectivo municipio o distrito.

Al respecto, en el siguiente cuadro se resumen los hechos que fueron invocados en el
proceso 2025 00138, así como, en este proceso 2025 00168, circunscritos a lo que tiene
que ver con el contrato núm. 1051 de 2023:

Proceso núm. 2025 00138 Proceso núm. 2025 00168
En la demanda se invocaron como En la demanda se invocaron como
hechos para la configuración de la causal hechos para la configuración de la causal:
que:

-) El demandado era accionista de la -) El demando era accionista y miembro
sociedad Transportes San Pablo S.A. con de la junta directiva de la empresa
un porcentaje de 1,36% y que era Transportes San Pablo S.A. y que
miembro de la junta directiva como conformó la junta directiva para el 28 de
segundo renglón suplente. febrero de 2023 en la que fungió como
presidente de la asamblea de socios y

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Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

-) El demandado como miembro suplente autorizó al representante legal titular Juan
de la junta directiva de Transportes San Pablo Cortes Angarita [tío materno del
Pablo S.A, suscribió el contrato de accionado] para presentar la oferta y firmar
prestación de servicios núm. 1051 de el contrato adjudicado de selección
2023 con la alcaldía de Barrancabermeja. abreviada – subasta inversa núm. SA – S1
-001-2023, según consta en el acta núm.
A su turno, en el recurso de apelación se 422 de 28 de febrero de 2023.
alegó que:
-) El demandado, siendo integrante de la
-) Con el acta 422 se constató que, el junta directiva de Transportes San Pablo
segundo renglón principal de la junta S.A. celebró el contrato núm. 1051 de
directiva, Luz Ena Cortes Angarita, no 2023.
asistió a la reunión de junta directiva
celebrada el 28 de febrero de 2023 y, en
consecuencia, su suplente personal,
Andrés Miguel Sarmiento Cortés, ocupó el
lugar del principal ante la ausencia
temporal de la principal.

-) Se probó que «el concejal Andrés -) El demandado, para la época de los
Miguel Sarmiento Cortés hizo parte de la hechos, era accionista de la empresa
junta directiva de Transportes San Pablo Transportes San Pablo S.A., al igual que su
S.A., sociedad mercantil que conforme a madre, la señora Luz Ena Cortés Angarita,
lo estipulado en el artículo 435 del Código sus hermanos, David Francisco Sarmiento
de Comercio, es una sociedad reconocida Cortes y Joao Carlos Sarmiento Cortes y
como de familia, y, por tanto, a través de demás familiares con diferentes grados de
su familia tiene el control decisional de la parentesco de consanguinidad y afinidad,
sociedad por tener fuerza dominante o los cuales tenían el control y el mayor
poder decisorio en el órgano de dirección porcentaje del capital social de la empresa.
(junta directiva) por la relación de
parentesco con los demás miembros de la Se agregó que «de un total de 44
junta directiva y de la asamblea general accionistas de la empresa Transportes San
de accionistas, y también tiene control Pablo S.A., para la época de los hechos, 19
decisional en el órgano de dirección son familiares del señor Andrés Miguel
(gerencia y representante legal), por la Sarmiento Cortes, los cuales son el
relación de parentesco en Juan Pablo 43.18% de los accionistas y entre toda su
Cortés Angarita (tío del accionado) // El participación suma un total de 69.72 % del
concejal Sarmiento Cortés es una total de las acciones, con lo cual se tiene la
persona que claramente controla la mayoría de los votos para tomar
sociedad Transportes San Pablo S.A. y decisiones».
puede servirse de ella, e innegablemente
ostenta el poder de interponer a la
sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella ».

-) Que «el concejal Andrés Miguel -) Expuso que, en el acta núm. 042 de 19
Sarmiento Cortés para el año 2022, fue de marzo de 2022, consta que el señor
elegido miembro suplente de la junta Andrés Miguel Sarmiento Cortes fue
directiva de Transportes San Pablo S.A., propuesto dentro de la plancha única para
en una plancha única (confrontar acta no. la conformación de la junta directiva de la
042 del 19.03.22 del libro de asamblea empresa Transporte San Pablo S.A.,

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

general de accionistas), y por sustracción «quedando como suplente de su madre
de materia, su elección en la junta Luz Ena Cortes Angarita […] lo que
directiva tiene el respaldo de los vislumbra que previo a la celebración de las
accionistas que representan el cien por elecciones del pasado 29 de octubre de
ciento (100%) del capital de la empresa». 2023, el acá demandado Andrés Miguel
Sarmiento Cortes gozaba de
posicionamiento dentro de la directiva y
frente a los demás accionistas de la
empresa Transportes San Pablo S.A.».

En ese entendimiento, la conducta que sanciona la inhabilidad invocada es la gestión de
negocios o la celebración de contratos en interés propio o de terceros, ya sea de forma
directa o por interpuesta persona. Por consiguiente, en este caso, la Sala considera que
también existe identidad de causa, por cuanto, la conducta invocada y que sanciona la
inhabilidad es la misma en uno y otro proceso.

En efecto, en los dos procesos se alegó que el demandado incurrió en la inhabilidad
porque Transportes San Pablo S.A celebró, dentro del período inhabilitante, el contrato
núm. 1051 de 2023; que el demandado era socio y miembro suplente de la junta directiva
de la empresa Transportadores San Pablo S.A. y que conformó la junta directiva para el
28 de febrero de 2023 en la que fungió como presidente de la asamblea de socios y
autorizó al representante legal titular Juan Pablo Cortes Angarita [tío materno del
accionado] para presentar la oferta y firmar el contrato adjudicado de selección abreviada
– subasta inversa núm. SA – S1 -001-2023, según consta en el acta núm. 422 de 28 de
febrero de 2023, y, que Transportes San Pablo S.A. era una sociedad familiar y que, por
lo tanto, el demandando, debido a sus vínculos consanguíneos, tenía el control para la
celebración del contrato núm. 1051 de 2023, por lo que suscribió dicho contrato por
interpuesta persona; conductas, todas, que fueron objeto de pronunciamiento, como
quedó visto, en la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sección Primera
de la Corporación, en el proceso con radicado núm. 2025 00138 01.

Ahora, el recurrente alega que en este proceso se invocó como hechos adicionales que
de un total de 44 accionistas que tenía Transportes San Pablo S.A., para la época de los
hechos, 19 son familiares del accionado, lo que representaba el 69,72% de participación
accionaria y que entre los accionistas estaba la madre del accionado y sus dos hermanos.

Lo que debe tenerse en cuenta en este punto, es que dicho hecho lo que buscaba
sustentar era que el demandado incurrió en la inhabilidad porque, con ocasión de su
relación de consanguinidad, tenía el control de la sociedad Trasportes San Pablo S.A. y,
que, en ese sentido, celebró el contrato núm. 1051 de 2023 por interpuesta persona,
conducta que precisamente fue objeto de pronunciamiento en la sentencia proferida por
la Sección Primera a raíz de lo alegado en el recurso de apelación, en la que se indicó
que la inhabilidad endilgada no se configuraba porque no estaba acreditado que el
demandado ostentara el control de dicha sociedad.

Un entendimiento contrario, podría implicar el desconocimiento del principio de non bis
in ídem, el cual ha sido entendido por la jurisprudencia de esta Corporación en el
siguiente sentido34:

34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 julio de
2019. Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2019 01604 00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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[…] En la sentencia C-870 de 2002, la Corte señaló:

«[...] [ E]l constituyente colombiano prefirió una consagración del principio non bis in ídem
según la cual la prohibición no está dirigida exclusivamente a una doble sanción. La
prohibición se dirige a ser "juzgado" dos veces. Considera la Corte, que lo anterior se
ajusta a los fundamentos del principio non bis in ídem ya que la seguridad jurídica y la
justicia material se verían afectadas, no sólo en razón de una doble sanción, sino por el
hecho de tener una persona que soportar juicios sucesivos por el mismo hecho [...]».

Por su parte la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 10 de
noviembre de 2016, se refirió al principio del non bis in ídem de la siguiente manera:

«[...] El principio del non bis ídem está consagrado en la Constitución Política de Colombia
en el artículo 29, inciso 1°, que consagra que el debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas; y en el inciso 4°, señala que quien sea
sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho:

[…]

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-244 de 1996 estableció los elementos
que debe tenerse en cuenta al momento de analizar si se ha violado o no el principio, así
como la importancia en la naturaleza de la sanción:

"Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo
primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que
exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le
hace la imputación.

La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser La misma persona
física en dos procesos de la misma índole. La identidad del objeto está construida por la
del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces
la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual
naturaleza. La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso
sea el mismo en ambos casos" [ ...]».

La Corte Constitucional ha sostenido que el principio del non bis in ídem tiene la dimensión
de derecho fundamental, pues «no es solo una prohibición dirigida a las autoridades
judiciales con el fin de impedir que una persona ya juzgada y absuelta vuelva a ser
investigada, juzgada y condenada por la misma conducta. También es un derecho
fundamental que el legislador debe respetar. Una norma legal viola este derecho cuando
permite que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos».

[…]

En suma, la prohibición del bis in ídem tiene rango constitucional y está prevista en
instrumentos de derecho internacional aplicables en el ordenamiento interno en virtud del
bloque de constitucionalidad. Su finalidad consiste en no someter dos veces a juicio a una
persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta, como
emanación de los valores de justicia material y seguridad jurídica […].

Luego, lo que la Sala advierte es que al demandado ya se le adelantó un proceso por las
conductas que se invocaron para la configuración de la inhabilidad relativas a que
Transportes San Pablo S.A. suscribió el contrato núm. 1051 de 2023; que es miembro
suplente de la junta directiva y autorizó al representante legal para presentar la oferta
para la celebración de dicho contrato y que Transportes San Pablo S.A. era una sociedad
familiar y que, por lo tanto, el demandando, debido a sus vínculos consanguíneos, tenía
el control para la celebración del contrato núm. 1051 de 2023, lo que implicaba que se

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

suscribió el mencionado contrato a través de interpuesta persona, de modo que, juzgar
una nueva causa, por dichas conductas, pondría en riesgo el derecho del demandado al
non bis in ídem.

Por todo lo expuesto, la Sala, en la parte resolutiva, dispondrá revocar el numeral primero
de la sentencia recurrida en la que se declaró el agotamiento de jurisdicción parcial, para
en su lugar, declarar la cosa juzgada parcial respecto del proceso de pérdida de
investidura con radicado núm. 2025 00138 01, en relación con el contrato núm. 1051 de
2023.

Como consecuencia de la declaratoria anterior, la Sala advierte que no estudiará los
reparos relacionados en el recurso de apelación en el título denominado «(v)
Configuración de la inhabilidad en el caso concreto»; toda vez que, se refieren al contrato
núm. 1051 – 2023, respecto del cual es procedente la declaratoria de cosa juzgada parcial.

4.3. «Error en la negación de la solicitud de pérdida de investidura por violación al
régimen de inhabilidades» respecto del contrato de prestación de servicios núm.
1051-23.

En este punto de la apelación, el recurrente expuso como argumentos que en el
expediente estaba probado lo siguiente:

(i) Que el demandado, durante el período inhabilitante, fue accionista de la
sociedad Transportes San Pablo S.A con un porcentaje de 1,36%.
(ii) Que con los registros civiles de nacimiento de los accionistas de la sociedad
Transportes San Pablo S.A se acreditó que los familiares del demandado
tienen un control superior al 51% del total del capital suscrito y pagado.
(iii) Que «conforme al acta 042 de la asamblea general ordinaria de accionistas de
Transportes San Pablo S.A., de fecha 19 de marzo de 2022, se probó que la
señora Matilde Angarita Sánchez (abuela del concejal demandado, accionista
y gerente suplente de Transportes San Pablo S.A.), propuso una plancha única
para conformar la junta directiva de la sociedad, en la cual el señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés fue incluido como miembro suplente del segundo
renglón». [Negrillas por fuera del texto]
(iv) Que se probó con el acta núm. 422 que, en la sesión de la junta directiva de
Transportes San Pablo S.A. del 28 de febrero de 2023, la integrante principal
del segundo renglón, señora Luz Ena Cortés Angarita, no asistió, por lo que
fue reemplazada con el accionado en su condición de miembro suplente del
segundo renglón. Acotó que, en dicha sesión, el demandado autorizó al
gerente de la empresa para presentar la oferta económica dentro del proceso
de selección abreviada – subasta inversa núm. SA - S1 - 001- 202310, el cual
terminó con la adjudicación a Transportes San Pablo S.A del contrato núm.
1051-2023 de 22 de marzo de 2023.

Siendo así, los reproches formulados por el recurrente en el escrito de apelación,
específicamente, en el título denominado «error en la negación de la solicitud de pérdida
de investidura por violación al régimen de inhabilidades», y que en este punto son objeto
de examen, tienen que ver exclusivamente con la sociedad Transportes San Pablo S.A y
la celebración del contrato 1051- 2023; adicionalmente, se advierte que los argumentos
enlistados en precedencia y que tienen que ver con el contrato 1051-2023 fueron objeto de
pronunciamiento en la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sección

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Primera de la Corporación, en el proceso con radicado núm. 2025 00138 01, respecto
de los cuales, como se indicó, operó la cosa juzgada.

Ahora, la Sala debe advertir que la inhabilidad endilgada [numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994] al demandado se fundamentó y tienen relación con la celebración de los
siguientes contratos:

(i) Contrato de prestación de servicios núm. 3315 - 2022
(ii) Contrato de prestación de servicios núm. 1051-23
(iii) Contrato de prestación de servicios núm. 1403-23
(iv) Contrato de prestación de servicios núm. 1602-23

Como se indicó en el acápite de «cuestión previa» de la presente decisión, lo resuelto
por el tribunal frente al contrato núm. 3315 – 2022, en cuanto no se cumplía el elemento
temporal de la inhabilidad, no fue objeto de apelación. Por su parte, en relación con el
contrato núm. 1051-23, la Sala, como se explicó en precedencia, consideró que se
configuraba la cosa juzgada parcial respecto del proceso 2025 00138 01. Luego, los
referidos contratos no integran el objeto de la litis, con el fin de determinar si se configuró
o no la inhabilidad invocada. Por consiguiente, los reproches expuestos por el recurrente
en este acápite de la apelación serán examinados frente a los contratos núm. 1403-23
y 1602 -23.

En el proceso está acreditado que, el contrato de prestación de servicios núm. 1403-23
fue suscrito entre el Distrito de Barrancabermeja y la sociedad Transportadora San
Pablo Limitada, cuyo objeto contractual fue el siguiente35:

[…] Prestación de servicios de transporte fluvial para el fortalecimiento de los procesos de
desarrollo rural en el marco del proyecto del proyecto de fortalecimiento de los procesos
de extensión agropecuaria y asistencia técnica a pescadores artesanales y productores
agropecuarios del Distrito de Barrancabermeja […].

Igualmente, está acreditado que el contrato de prestación de servicios núm. 1602 - 23
fue celebrado entre el Distrito de Barrancabermeja y la sociedad Transportadora San
Pablo Limitada, y el objeto contractual era36:

[…] Prestar servicios de transporte fluvial para la atención, prevención y traslado
de ayudas humanitarias a las veredas y/o corregimientos de acceso vía fluvial
vulneradas por situaciones de emergencia en el Distrito de Barrancabermeja […]

En ese escenario, como los contratos núms. 1403-23 y 1602-23 fueron suscritos por la
sociedad Transportadora San Pablo Limitada y lo reparos expuestos por el recurrente,
en este punto de la apelación, están relacionados con las actuaciones de la sociedad
Transportes San Pablo S.A. y la celebración del contrato 1051- 2023, lo que de suyo
deviene en improcedente por la cosa juzgada. Además, tampoco es posible advertir por la
Sala, en este acápite de la apelación, los motivos por los que la celebración de los contratos
núms. 1403-23 y 1602-23 implican la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, puesto que, precisamente, el recurrente, en este
acápite del recurso, omitió exponer los argumentos por los que la suscripción de los

35 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001

2333 000 2025 00168 01.
36 Ibidem.

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contratos por la sociedad Transportadora San Pablo Limitada implicaba que el accionado
incurriera en la mencionada inhabilidad.

Es de anotar que, la sociedad Transportadora San Pablo Limitada es una persona jurídica
distinta de la sociedad Transportes San Pablo S.A., esta última se identifica con el NIT
800042883-9 y la primera con el NIT 829000329-5. De manera que, al ser sociedades
diferentes, se echa de menos que el recurrente no haya expuesto las actuaciones
adelantadas por la sociedad Transportadora San Pablo Limitada en relación con el
concejal demandado, que dieran cuenta de la configuración de la causal invocada. Por
consiguiente, este reproche de la apelación tampoco tiene vocación de prosperidad.

4.4. «En cuanto a la no valoración del registro civil de nacimiento del señor Miguel
Ángel Cortes Angarita» en cuanto a los contratos núms. 1403-23 y 1602-23

En este acápite de la apelación, el recurrente controvirtió que el tribunal no valoró el
registro civil del señor Miguel Ángel Cortés Angarita, que fue aportado por la parte actora
con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, por
estimar que su presentación fue extemporánea. Reprochó que dicho registro civil fue
decretado como prueba de oficio en el auto de 13 de agosto de 2025, lo que generó la
obligación para el despacho de velar por su práctica y efectiva incorporación al
expediente.

Argumentó que «el registro civil en cuestión acredita el vínculo de consanguinidad entre
el demandado y el señor Miguel Ángel Cortés Angarita, (tío materno) y socio mayoritario
de las sociedades involucradas, elemento central para determinar la existencia de
influencia dominante en el marco del artículo 43, numeral 3 de la Ley 136 de 1994
(modificado por la Ley 617 de 2000)» y añadió lo siguiente:

[…] La omisión probatoria no solo constituye una irregularidad procesal, sino que
compromete la correcta valoración del acervo probatorio. La Sala basó sus conclusiones
en un cálculo incompleto de la participación societaria, ignorando el 19,20 % de
participación del señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ANGARITA, en TRANSPORTES SAN
PABLO S.A., porcentaje que, sumado a los de los demás familiares, eleva la participación
conjunta al 53,72 %, superando así el umbral decisorio del 50 %. Idéntico yerro se
presentó respecto de Transportadora San Pablo Ltda., donde la participación familiar real
asciende al 51,86 %, cifra que desvirtúa la conclusión mayoritaria y demuestra un error
aritmético evidente que afecta de manera sustancial la decisión adoptada […].

En ese contexto, se precisa que, a diferencia de lo examinado en el acápite anterior, en
este punto de la apelación, el recurrente, en su argumentación, sí se refirió a la sociedad
Transportadora San Pablo Limitada y no sólo a la sociedad Transportes San Pablo S.A.
En consecuencia, la Sala examinará la configuración de la inhabilidad respecto de lo
alegado, en este punto, frente a la sociedad Transportadora San Pablo Limitada y los
contratos núm. 1403-23 y 1602-23 que fue los que suscribió, por cuanto, cómo se ha
explicado, de los contratos señalados por el solicitante para alegar la configuración de la
inhabilidad, el contrato núm. 1051-23 fue el suscrito por Transportes San Pablo S.A y
operó la cosa juzgada.

Previo a resolver, la Sala recuerda que, por auto proferido el 6 de febrero de 2026, el
despacho de conocimiento admitió el recurso de apelación y, además, incorporó como
pruebas los registros civiles de nacimiento de los señores Miguel Ángel Cortes Angarita
y Diomedes Cortes Jiménez.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

Aclarado lo anterior, se advierte que en este evento la inhabilidad endilgada al accionado
es la prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que establece:

[…] ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:

[…]

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en
el respectivo municipio o distrito […] [Negrillas ajenas al texto]

Del contenido de la norma se evidencia que la misma establece tres prohibiciones para
ser inscrito candidato y elegido concejal municipal o distrital consistentes en: (i) la
intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas; (ii) la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros; y (iii)
ostentar la representación legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidad que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado. El citado artículo, igualmente, señala un
término para la configuración de las tres inhabilidades de un año anterior a la elección.

Es de anotar que el recurrente no precisó a cuál de las prohibiciones se referirá, esto es,
si a la intervención en la gestión de negocios o a la celebración de contratos con
entidades públicas; sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
señalado que37:

[…] Estos supuestos de inhabilidad tienen características propias y autónomas, que deben
ser examinados de manera diferenciada. Es importante aclarar que, cuando la gestión
de negocios concluya en la celebración de un contrato, la pérdida de investidura
deberá decretarse por esta última. Y, de otra parte, cuando la gestión de negocios no
culmine en la celebración de un contrato, esta debe decretarse por la gestión de
negocios propiamente dicha […] [Negrillas fuera del texto]

La jurisprudencia de la Sección Primera, siguiendo los pronunciamientos de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, ha explicado lo siguiente en cuanto al alcance del
supuesto referente a la celebración de contratos con entidades públicas38:

[…] En lo atinente a la celebración de contratos, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo manifestó que:

[…] 89. Dilucidados los contornos de la gestión de negocios, es necesario explicar el
alcance de la inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos. Lo primero que
debe resaltarse, es que la diferencia de estas dos inhabilidades reside en la existencia de
un contrato. Es así como, la jurisprudencia ha señalado:

37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de octubre de 2019.

Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2018 02417 01. C.P.: Alberto Montaña Plata.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de abril de

2021. Expediente radicación núm. 76001 2333 000 2020 01132 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

“(…) la Corporación partiendo de la existencia del contrato, ha manifestado que la
intervención en la celebración de contratos tiene lugar a través de gestiones o actuaciones
que indiquen una participación personal y activa, directa o indirecta, en los actos tendientes
a su formación, perfeccionamiento y suscripción y de los que se deduzca un interés propio
o de terceros en su realización.”

90. De esta forma, es admisible que la causal se configure de forma directa o indirecta.
Sobre este asunto, la Sala Plena precisó:

“(…) dentro de la prohibición constitucional caben dos situaciones: la primera, la celebración
directa por parte del congresista de contratos con entidades públicas o personas que
administren tributos, y la segunda, la contratación del congresista por interpuesta persona,
que tiene ocurrencia cuando es otra la que celebra el contrato por encargo o en provecho
suyo, pero aparentando obrar en nombre propio.

Así mismo debe precisar que no necesariamente la ‘interpuesta persona’ o ‘testaferro’ debe
ser una persona natural, sino que también puede ser una persona jurídica ya que el artículo
180 de la Carta no hizo distinción alguna al respecto. (…)”.

Pero si bien no puede descartarse de plano la figura del contrato por interpuesta persona
cuando quien contrata es la sociedad de la que es socio el congresista, tampoco puede
afirmarse que en todos los casos en que la persona jurídica actúa se dé dicha figura; por
tratarse de un negocio aparente cuya realidad debe desentrañar el juez, el examen del
negocio contractual no puede detenerse en la simple verificación de quiénes fueron los
firmantes del contrato, o de quiénes conforman el ente societario que lo suscribe, sino que
debe extenderse a todas las circunstancias que develen la conexión entre el congresista y
quien se dice fue su testaferro para llegar a la verdad que ilustre su decisión (…)”.

91. En ese sentido, el juez de la pérdida de investidura deberá examinar de manera
minuciosa la relación que existe entre el congresista y la persona natural o jurídica que
presuntamente lo representa, porque no puede realizarse una simple verificación de los
firmantes del contrato o de quienes conforman el ente societario que lo suscriben […].

De la precitada jurisprudencia, se desprende que la inhabilidad en el supuesto relativo a
la celebración de contratos con entidad pública se puede configurar de forma directa o
indirecta; en relación con la segunda modalidad [indirecta], aquella se verifica cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular actúa por interpuesta persona,
que aparenta obrar en nombre propio y, además, se indica que no necesariamente la
interpuesta persona debe ser una persona natural, sino que también puede ser una
persona jurídica.

Asimismo, la Sala tendrá en cuenta que, la jurisprudencia de la Sección Primera ha
sostenido lo siguiente en relación con la celebración de los contratos por interpuesta
persona, cuando aquella se trata de una persona jurídica39:

[…] Ello, por cuanto “[…] sólo cuando una persona controla la sociedad de manera que
pueda servirse de ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella […]”; en este pronunciamiento de 31 de marzo de 2011,
la Sección discernió así:

[…]

39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de octubre

de 2025. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2025 00138 01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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Solicitante: Carlos Alberto Mora Carrasquilla
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En relación con el primero de los contratos, la Sala considera que la sola circunstancia de
que dicho contrato hubiese sido celebrado con el Municipio de Sahagún dentro del año
anterior a la fecha de la elección del demandado como Concejal de esa misma entidad
territorial, no constituye por sí misma una razón suficiente para despojar de su investidura
al demandado, en tanto y en cuanto no aparece demostrado en el proceso que el Concejal
haya intervenido en la celebración de dicho contrato en interés propio o de terceros.

[…]

A propósito del tema, la Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse con
respecto a la imposibilidad de decretar la pérdida de investidura en tales circunstancias, ha
dicho lo siguiente:

“El criterio de la Sala Plena de la Corporación ha sido que una persona contrata a
través de una sociedad o por intermedio de ella cuando tiene el control de la
misma, bien porque sea socio mayoritario o por otra circunstancia que le habilite
para dominar la sociedad y hacerla aparecer como contratista ocultando la relación
real con el socio dominante.

Solo cuando una persona controla la sociedad de manera que pueda servirse de
ella, tiene el poder de interponer a la sociedad para ocultar un contrato
verdaderamente celebrado con ella. Este ha sido el criterio de la Sala Plena al
sostener que el socio mayoritario controla la sociedad y es el verdadero contratista.

[…]

En providencia de la Sala Plena de esta Corporación, se recogieron las anotadas
consideraciones y se delimitaron los criterios que deben tenerse en cuenta para valorar qué
tan determinante es la participación de un socio en las decisiones ejecutadas en nombre
de una persona jurídica, así:

[…]

De la norma transcrita, conceptualmente el asunto radica en el dominio o poder de
decisión, en el que el legislador se ha visto en la necesidad de consagrar
presunciones de hecho, desvirtuables claro está, mediante prueba en contrario, a
fin de predicar que en realidad el control societario es desplegado por socios que
individualmente no tendrían el poder para hacerlo.

Esas presunciones flanquean en tres aspectos principales: la parte económica o
monetaria materializada en el capital “a más del 50%” que pertenezca a la matriz
(numeral 1°) con el presupuesto de que sólo se cuentan las acciones con derecho
a voto; la parte de determinaciones o “influencia dominante”, esto es, el poder
decisorio propiamente dicho a través de su mayoría en los órganos de
administración: asamblea o junta de socios. En este se desliga del monto
societario a fin de diferenciarse de la anterior y permite entonces que se mire
desde el poder de todos los socios incluso de otras subordinadas (numeral 2°); y,
el control contractual que ya no depende ni del capital a más del 50% ni del poder
decisorio en sus órganos de decisión sino de la imposición de una compañía sobre
otra o de personas naturales sobre la persona jurídica (numeral 3°).

[…]

Por eso es viable afirmar que el control o poder de una entidad comercial no
necesariamente está dado por el porcentaje que individualmente cada uno de sus
integrantes, persona natural o persona jurídica, tengan, sino que también deviene
de factores o presupuestos de otra índole. Como el poder decisorio en sus órganos

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directivos o el control contractual, esto para desvirtuar el argumento del
demandado de su poca capacidad accionaria.

Es más, la situación de control entre entidades comerciales no se detiene solo
para los entes de control en la fría objetividad del capital, la decisión y la
subordinación contractual, sino que trasciende a aspectos tan de las personas
como los vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus accionistas unido al de
sus participaciones en el capital social. En efecto, la Superintendencia de
Sociedades, en este aspecto ha dicho: “[…] el hecho de existir vínculos de
consanguinidad o afinidad entre sus accionistas, unido a que sus participaciones
suman más del 50% del capital social, podría llevar a la conclusión de un control
conjunto […].

En tal contexto, esta Sección ha determinado que “[…] es evidente que la posición de la
Corporación en esta materia ha sido clara al señalar que la sola calidad de socio de una
persona jurídica, cualquiera que sea la forma adoptada, no indica por sí misma que ostente
el control decisional, puesto que para ello se requiere que se acredite la ocurrencia de
cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) que el socio tenga una participación
económica o monetaria en el capital social de más del cincuenta por ciento (50%), (ii)
que el socio tenga influencia dominante o poder decisorio en los órganos de
dirección, (iii) que el socio ostente el control contractual, o (iv) que el socio tenga
vínculos de consanguinidad o afinidad con los demás miembros de la Corporación o
sociedad y que dicho grupo represente un mayor porcentaje en el capital social […]”
[…] [Negrillas en la providencia]

Expuesto el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la inhabilidad endilgada, la Sala
estima pertinente anotar que, por las razones expuestas en los acápites precedentes,
este punto de la apelación también se examinará frente a los contratos núm. 1403-23 y
1602-23, los cuales fueron suscritos por la sociedad Transportadora San Pablo
Limitada.

Para resolver, se advierte que al proceso se aportó el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Transportadora San Pablo Limitada con fecha de
expedición el 9 de febrero de 2025, en el cual se observa que su capital estaba
conformado de la siguiente manera:

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De la precitada información se desprende que, tal como lo señaló el tribunal, el demandado
no es socio directo de la empresa Transportadora San Pablo Limitada; aunado a que, se
debe resaltar que la parte recurrente no explicó ni aportó las pruebas que acreditaran

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que el concejal hubiera intervenido en la celebración de los referidos contratos en interés
propio o de terceros.

Es de precisar que, en el recurso de apelación, la parte actora insistió en que el señor
Miguel Ángel Cortes Angarita era tío del demandado y socio mayoritario de la sociedad
Transportadora San Pablo Limitada. Al respecto, se verifica con el precitado certificado
que dicha sociedad está conformada por un total de 39 cuotas, de las cuales 13
corresponden al señor Miguel Ángel Angarita Cortes, pero dicha circunstancia por sí sola
no permite evidenciar que el accionado haya actuado en la celebración de los contratos
por interpuesta persona, más aún cuando se evidencia que no es socio directo de la
empresa y que, en el recurso de apelación, el recurrente sólo se refirió e identificó la
composición accionaria de Transportes San Pablo S.A., pero no así de Transportadora
San Pablo Limitada.

En consecuencia, la Sala considera que, en este punto, hay lugar a confirmar la decisión
de primera instancia al no estar acreditado el elemento objetivo de la causal, sin que por
ello sea necesario descender al examen del elemento subjetivo.

5. Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 27 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR la
configuración de la cosa juzgada parcial respecto del proceso de pérdida de investidura
con radicado núm. 68001 2333 000 2025 00138 01, en relación con el contrato de
prestación de servicios núm. 1051-23, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó la desinvestidura del señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortes, concejal del distrito de Barrancabermeja, período
constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en precedencia.

TERCERO: Sin condena en costas

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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