Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00079-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2008-00079-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2008-00079-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
2 de marzo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001233100020080007901 (52.768)
Demandante: SOCIEDAD VÍAS SA
Demandada: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN
Síntesis del caso: un oferente vencido demanda la nulidad del acto de adjudicación
de un contrato por considerar que la propuesta del adjudicatario adolecía de una
falencia que imponía su rechazo; el tribunal consideró que la demanda era inepta
porque no se demandó el contrato pese a que para la fecha de presentación de la
demanda ya se había suscrito. Se confirma esa decisión.
Decide la Sala la apelación formulada por la demandante contra de la
sentencia de 8 de julio de 2014 por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión resolvió:
“PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE
INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN, conforme se expuso en
las consideraciones de este proveído.
SEGUNDO: DECLÁRASE INHIBIDA para pronunciarse de fondo en
el presente del asunto (sic) por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.” (resaltado y mayúsculas
sostenidas originales).
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
Nulidad y restablecimiento del derecho
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 16 de enero de 2008 (fl. 7 cdno. 1) la sociedad VÍAS SA promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Departamento de Antioquia con el fin de obtener las siguientes
pretensiones:
“Pido, en ejercicio de la acción de nulidad, que en sentencia
definitiva, se hagan las siguientes o similares declaraciones, a saber:
a. Que es nula la resolución 24023 del 8 de noviembre de 2007,
proferida por la doctora MARGARITA MARÍA ÁNGEL BERNAL,
Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo
de Antioquia. Por la cual se adjudica la Licitación Pública -20-049-
2007, cuyo objeto fue PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA TARSO –
PUNTO INTERMEDIO ENTRE TACAMOCHO Y PUEBLO RICO. Por
vulneración del debido proceso, violación directa de la ley y falsa
motivación, por cuanto la propuesta más favorable era la de VÍAS
S.A.
b. Que en razón de la declaración contenida en el literal a. de
estas pretensiones, LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA pagará a
VÍAS S.A. a título de indemnización, la utilidad dejada de percibir; el
lucro cesante, la pérdida de crecimiento de la capacidad contractual
y en general todos los perjuicios que se prueben en el proceso.
c. Que los valores anteriores se actualicen de acuerdo al IPC
vigente al momento del fallo.
d. Que se condene en costas al demandado.” (mayúsculas fijas
originales).
2. Hechos
El 23 de julio de 2007 el Departamento de Antioquia – Secretaría de
Infraestructura Física convocó la licitación pública no. 20-049-2007 con el fin
de seleccionar al contratista para la pavimentación de una vía y se presentaron
los siguientes oferentes: Vías SA, Engico Ltda. y Pavimentar SA. Dentro del
traslado de las evaluaciones la demandante radicó una observación frente a
la propuesta de Pavimentar SA por el hecho de que en el formulario número 6
no especificó la descripción ni el valor del item 20b y conforme al numeral
1.14.2 del pliego de condiciones dicho formulario no podía ser adicionado,
modificado o alterado, falencia que daba lugar al rechazo del ofrecimiento; sin
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
Nulidad y restablecimiento del derecho
embargo, en contra de las reglas del proceso de selección, la demandada
permitió aclarar el formulario y mejorar la oferta que luego resultó favorecida
con la adjudicación.
3. Cargo
La parte actora consideró violados los artículos 24, 29 y 30 de la Ley 80 de
1993, 13 y 209 de la Constitución, 3 de la Ley 489 de 1998, 2 del Decreto-ley
01 de 1984, 860 del Código de Comercio (sin explicar el concepto de violación)
y el numeral 1.14.2 del pliego de condiciones que según consideró imponía el
rechazo de la propuesta de Pavimentar SA de acuerdo con lo narrado en los
hechos.
4. Contestación de la demanda
En la oportunidad legal el Departamento de Antioquia (fl. 40 cdno 1) se opuso
a las súplicas por considerar que no desconoció las reglas de la licitación sino
que interpretó integralmente la oferta de Pavimentar SA; explicó que pese a la
falencia en el formulario 6 correspondiente a la lista de cantidades de obra,
precios unitarios y valor total de la propuesta, el valor básico ofrecido no
correspondía al valor total de los items relacionados en el formulario y había
una diferencia de $218.963.388 que correspondían precisamente a los costos
del item 20B denominado “concreto clase E” por un valor unitario de $318.724
que, multiplicado por la cantidad de metros cuadrados ofrecidos (687),
correspondía exactamente a esa suma, tal como podía precisarse del
formulario 7 acompañado con la propuesta.
En esa perspectiva sostuvo que no permitió mejoramiento de la oferta, máxime
porque no se aportaron nuevos documentos sino que la interpretó, ya que no
podía rechazarla por un yerro puramente aritmético que podía ser solventado.
Formuló las siguientes excepciones: (i) caducidad de la acción, toda vez que
el contrato se adjudicó el 8 de noviembre de 2007 y el contrato se suscribió el
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
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mismo día; pese a ello la demanda se promovió cuando ya habían transcurrido
los 30 días de que trata el artículo 87 del CCA; (ii) falta de integración del
contradictorio, porque no se citó al proceso a la adjudicataria del contrato
Pavimentar SA; (iii) inexistencia de la obligación, (iv) buena fe y, (v)
cumplimiento de la normatividad.
3. Sentencia de primera instancia
El 8 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Decisión (fl. 188 y ss cdno. ppal.) declaró probada, de oficio, la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda porque el contrato se celebró el mismo día
de la adjudicación y, pese a ello, la demanda solo se dirigió contra el acto
previo sin cuestionar la legalidad del contrato tal como lo exigía el artículo 87
del CCA según el cual “una vez celebrado este, la ilegalidad de los actos
previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta
del contrato”; en todo caso, la caducidad de la acción impedía un
pronunciamiento de fondo porque la demanda se presentó pasados los 30 días
hábiles siguientes a la adjudicación.
4. El recurso de apelación
En el término legal (fl. 194 cdno. ppal.) la sociedad demandante Vías SA
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y lo
sustentó en que para la época de presentación de la demanda no tenía
conocimiento de la suscripción del contrato lo cual no puede ser impedimento
para que se falle de fondo el asunto; el juez tiene el deber de dar prevalencia
al derecho sustancial y remover cualquier obstáculo puramente formal que
conduzca a una decisión inhibitoria.
Respecto de la caducidad de la acción indicó que para el 16 de enero de 2008,
cuando presentó la demanda, solo habían transcurrido 27 días hábiles desde
la adjudicación, porque el término no corrió durante los días de vacancia
judicial, de modo que la demanda fue oportuna.
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
Nulidad y restablecimiento del derecho
5. Alegaciones finales
En la etapa de alegatos de conclusión se pronunció la entidad territorial
demandada quien solicitó que se confirme la decisión apelada por ser acorde
con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la forma en que deben
cuestionarse los actos previos cuando se ha suscrito el contrato (fl. 209 cdno.
ppal.). La actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Objeto de la controversia
La demanda, presentada en vigencia de la Ley 446 de 1998, se dirigió a
obtener la nulidad del acto de adjudicación sin cuestionar la legalidad del
contrato; el tribunal de primera instancia la consideró inepta por estimar que
debió demandarse el contrato que ya había sido suscrito cuando aquella fue
radicada; la apelación se sustenta en que Vías SA no tuvo conocimiento de la
suscripción del contrato y cuestionó en tiempo la adjudicación.
La decisión del recurso impone determinar si el acto precontractual podía
demandarse separadamente una vez suscrito el contrato para efectos de
establecer si había lugar a pronunciarse de fondo, como lo reclama la
apelante.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia por cuanto en vigencia
de la Ley 446 de 1998, una vez suscrito el contrato la ilegalidad del acto de
adjudicación solo podía reclamarse como fundamento de la nulidad del
contrato y, en todo caso, aunque se aceptara la posibilidad de demandarlo
separadamente, la acción fue promovida por fuera de la oportunidad legal.
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
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2. Decisión del recurso
La Ley 446 de 1998 reformó el artículo 87 del Decreto-ley 01 de 19841 y
dispuso que la vía procesal adecuada para pretender la nulidad de los actos
precontractuales era la de nulidad y restablecimiento dentro de los treinta días
siguientes a su notificación; también previó que una vez suscrito el contrato la
ilegalidad de los actos previos solo podía reclamarse como fundamento de la
nulidad absoluta del contrato:
“ARTÍCULO 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las
partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios
y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos
antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los
treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación.
La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la
celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad
de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de
nulidad absoluta del contrato.” (resalta la Sala).
En esas condiciones, la separabilidad de los actos precontractuales para
efectos de su control judicial quedó restringida a que la demanda se promueva
antes de la celebración del contrato; luego de ello, por disposición legal, solo
podía invocarse la invalidez de la adjudicación como fundamento de la nulidad
del contrato.
La disposición en cita fue demandada mediante la acción de
inconstitucionalidad con el argumento de que esa restricción procesal impedía
a los ciudadanos acceder a la administración de justicia y violaba el debido
proceso por el hecho de imponer demandar el contrato cuando ello puede no
ser la intención del afectado, al tiempo que deja la definición de la acción en
manos de quien tiene a su cargo la suscripción del contrato. En sentencia C-
1048 de 2001 la Corte Constitucional la declaró exequible por considerar que
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Las normas procesales aplicables a la controversia son aquellas vigentes en la época de la
presentación de la demanda, razón por la cual la Sala se abstiene de analizar el asunto a la
luz de las normas del CPACA que regulan de forma distinta el asunto.
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
Nulidad y restablecimiento del derecho
no desprotege los intereses de los terceros afectados y deja abierta la
posibilidad de cuestionar los actos precontractuales con base en las reglas
definidas por el legislador. Así lo resolvió:
“La expresión, ‘(u)na vez celebrado éste, la ilegalidad de los
actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de
la nulidad absoluta del contrato’, a juicio de la Corte es
indicativa de la voluntad del legislador de fijar un límite a la
separabilidad de los actos previos, definiendo que a partir de la
firma del contrato tales actos se hacen inseparables del mismo.
De su parte, la interpretación del demandante, si bien es
acertada en cuanto reconoce que la suscripción del contrato
extingue anticipadamente el término de caducidad (como
consecuencia de la extinción de las acciones no contractuales),
resulta equivocada en cuanto afirma que dicha extinción tiene el
alcance de impedir la defensa judicial de los intereses de
terceros participantes en la actividad precontractual. La
disposición no desprotege estos intereses, pues conforme ella
misma lo señala en su tercer inciso, dichos terceros, por tener
un interés directo, pueden pedir la nulidad absoluta del contrato
con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. No quedan
por ende desamparados, pues esta acción satisface sus
pretensiones, amén de que dicha nulidad absoluta, por las
mismas razones, también puede ser invocada por el Ministerio
Público, o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo.
(…).
De esta manera, la Corte entiende que actualmente los terceros
pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato, a través
de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho,
dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su
comunicación, notificación o publicación. Pero que una vez expirado
este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de
incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A
partir de ese momento, los referidos actos previos sólo podrán
ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta, la cual
puede ser incoada, entre otras personas, por los terceros con interés
directo -interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del h.
Consejo de Estado como existente en cabeza de los licitantes o
proponentes-. En este caso, la ilegalidad de los actos previos se
puede alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.”
(se resalta).
En el presente caso el acto de adjudicación demandado fue proferido y
notificado en audiencia pública de 8 de noviembre de 2007 (fl. 61 cdno. 1) y
ese mismo día se suscribió el correspondiente contrato 2007-CO-20-412 (fl.
72 cdno 1) por lo que, tal como lo consideró el tribunal, debió demandarse la
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nulidad del contrato y, además, vincularse al trámite al adjudicatario -
contratista.
Para la Sala no es de recibo el argumento de la sociedad apelante según el
cual no podía exigírsele cuestionar el contrato porque no tenía conocimiento
de su efectiva suscripción, contrario a ello, debido al interés que le asistía para
demandar, tenía la carga de informarse sobre los pormenores relativos a la
firma del contrato, documento que era de libre acceso al público; la parte
demandante conocía los pliegos de condiciones que rigieron la escogencia del
contratista que solo otorgaban 5 días al adjudicatario para aportar los
documentos necesarios para el perfeccionamiento y 5 más para la firma (fl. 56
cdno 1), circunstancia que le imponía verificar lo pertinente antes de promover
el litigio.
En sentencia C-712 de 2005 la Corte Constitucional examinó nuevamente la
constitucionalidad del artículo 87 del CCA y precisó lo siguiente respecto del
conocimiento de la suscripción del contrato por parte del oferente vencido:
“No es cierto que la fecha de celebración del contrato estatal sea,
como afirma el actor, desconocida para todos los interesados
salvo para las partes que lo suscriben. La fecha de celebración
del contrato ha de estar claramente establecida en los términos
de referencia, que son de público conocimiento por mandato del
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y cualquier prórroga introducida por
el jefe o representante de la entidad contratante habrá de efectuarse
mediante acto administrativo sujeto al principio de publicidad que ha
de guiar la actividad administrativa por mandato constitucional (art.
209, C.P.).
Ahora bien, considera la Corte que la disposición en comento
impone una carga procesal mínima a los interesados en ejercer la
acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos precontractuales, a saber, la de estar debida y
oportunamente informados, por medio de los canales públicos
establecidos en la ley, sobre la fecha en que según los pliegos de
condiciones, términos de referencia o actos administrativos pertinentes
habrá de suscribirse el contrato administrativo correspondiente. Se
trata de una carga que no resulta manifiestamente
desproporcionada ni irrazonable, y que -se reitera- es de fácil
cumplimiento, por la naturaleza pública tanto de los pliegos de
condiciones y términos de referencia como de los actos
administrativos mediante los cuales se introduzcan
modificaciones a la fecha de celebración del contrato inicialmente
prevista (art. 24, Ley 80 de 1993)”. (resalta la Sala).
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Además, tal como lo verificó el a quo, cuando se presentó la demanda (16 de
enero de 2008 - fl. 7 cdno 1) ya habían transcurrido en exceso los 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente a la adjudicación del contrato, así:
Notificación acto de adjudicación 8 de noviembre de 2007
(en audiencia)
Inicio de 30 días 9 de noviembre de 2007
30 días hábiles que se contabilizan 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de
2007.
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y
19 de diciembre de 2007.
11, 14 y 15 de enero de 2008.
Así las cosas, descontados los días inhábiles y de vacancia judicial, los 30
días siguientes a la notificación del acto demandado precluyeron el 15 de
enero de 2008 y la demanda se presentó al día siguiente.
Con fundamento en lo expuesto se impone confirmar la sentencia apelada.
3. Costas
No se impondrá condena en costas por cuanto no se advierte conducta
temeraria o de mala fe de las partes como lo exigía el artículo 171 del Decreto-
ley 01 de 1984 aplicable al presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia de 8 de julio de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión por la cual declaró
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Expediente: 05001233100020080007001 (52.768)
Actor: VÍAS SA
Nulidad y restablecimiento del derecho
probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para
decidir de fondo.
2º) Sin costas en la instancia.
3º) Ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente al tribunal de origen
previas las constancias del caso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
magistrados integrantes de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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