Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00214-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2017-00214-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00214-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2017-00214-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandantes: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC–
Demandado: Universidad Nacional de Colombia y otro
Medio de control: Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – la inclusión de salvedades no es
requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, pero sí un presupuesto material
para establecer el alcance del acuerdo / EXCEPCIÓN AL DEBER DE DEJAR
CONSTANCIAS O SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA ACCEDER A LA
JURISDICCIÓN – se configura ante la ocurrencia de hechos nuevos y posteriores a la
suscripción del finiquito de mutuo acuerdo / SUPERVISOR DEL CONTRATO – su labor
está encaminada a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, no
a efectuar un examen formal del mismo
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las súplicas de la demanda.
Se trata de establecer si los supuestos de incumplimiento aludidos por la actora
revelan circunstancias nuevas o posteriores a la suscripción del acta de liquidación
bilateral y que, por tanto, configuran una excepción al deber de los contrayentes de
consignar las reservas concretas en relación con las materias que no quedaron
cubiertas con los efectos vinculantes de dicho acuerdo.
I.LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 23 de enero de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda1.
2. El anterior proveído decidió la controversia formulada el 10 de febrero de
2017 por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios3 (en adelante,
2
USPEC, la demandante, la actora o la unidad) contra la Universidad Nacional de
Colombia4 (en lo sucesivo, UNAL o la universidad) y Seguros Generales
Suramericana S.A. (en adelante, SURA o la aseguradora), cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.
1
El a quo no condenó en costas, toda vez que no advirtió un actuar temerario o con mala fe de la parte que fue derrotada en
el proceso.
2
Fl.255, c.1.
3
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios fue creada, a través del Decreto 4150 de 2011, luego de la escisión del
INPEC, como una unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al
Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo objeto es “gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios,
la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC”.
4
La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación, con régimen especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación (art.1 del Decreto 1210 de 1993).
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
Pretensiones
3. La USPEC solicitó que se declare que la UNAL incumplió el contrato No. 43
de 2013 y, como consecuencia, que se ordene a esta última el pago de los perjuicios
ocasionados a la demandante –los cuales tasó en $498’372.0555–. Asimismo, pidió
que la condena se profiriera de forma solidaria, a cargo de SURA, sociedad que
otorgó la garantía única de cumplimiento que avaló aquel acuerdo.
Hechos
4. La USPEC y la universidad suscribieron el convenio interadministrativo No.
20 de 2013 (en lo sucesivo, el convenio marco), para “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros que permitan contribuir al crecimiento y desarrollo del
sistema penitenciario y carcelario en el territorio Nacional”6.
5. En desarrollo del anterior acuerdo, los referidos sujetos celebraron el contrato
No. 43 de 2013 (en adelante, el contrato), cuyo objeto consistió en “realizar
aplicación del modelo de edificaciones de un sector de mediana seguridad en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón”, por el monto de $711’063.760;
para el efecto, la UNAL se comprometió a realizar el diseño integral y funcional del
mencionado establecimiento, con una capacidad para 700 internos en promedio y
un área estimada de construcción de 9000 m2.
6. El plazo del contrato se extendió inicialmente hasta el 31 de diciembre de
2013, pero fue prorrogado, en siete oportunidades, hasta el 7 de diciembre de 2014.
Este mismo día se recibieron los productos contratados.
7. El 23 diciembre de 2014, las partes firmaron el acta de liquidación bilateral
del negocio, que señaló “… [e]l recibo de los productos hace parte del objeto
contractual y su alcance, fue verificado por el supervisor designado, lo cual no
exime a las partes de las eventuales acciones y actuaciones civiles, penales,
fiscales y administrativas, producto de las actuaciones u omisiones realizadas
durante la ejecución del proyecto …”7 (resaltado de la demanda).
8. Para la construcción de la obra diseñada, la unidad celebró el contrato No.
402 de 2014 con el consorcio CYD-DISICO-PROING. Este último solicitó el ajuste
de los diseños, al advertir problemas en el lote dispuesto para la obra. Las
modificaciones se concretaron mediante la suscripción del otrosí No. 2 a ese
negocio jurídico, en el que se contempló que los ítems no previstos –resultantes de
los ajustes a los diseños– ascendían a $498’.372.055.
9. En atención de los mencionados hallazgos, la actora solicitó iniciar el proceso
de afectación de la garantía única del contrato, así como adelantar un proceso
sancionatorio contra la universidad, dada la deficiente calidad de los productos que
entregó. Por medio de Resolución 467 del 10 de junio de 2016, la USPEC declaró
5
Como se plasmó en la estimación razonada de la cuantía –fl.13, c.1. –.
6
Fl.2, c.1.
7
Fl.4, c.1.
2
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
que no era competente para efectuar la referida actuación administrativa –decisión
confirmada en la Resolución 613 del 21 de julio de 2016–.
Los fundamentos de derecho
10. La universidad desconoció los arts. 2, 6, 121 y 123 de la Constitución Política
y 3, 5, 23, 26, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, así como las cláusulas tercera, cuarta
y quinta del contrato, al no recopilar correctamente la información concerniente al
sitio de obra pues, durante su construcción, se advirtió que el lote escogido era
atravesado por un cauce de agua, estaba invadido por flora y fauna, y parte del
proyecto se implantó en el predio de un tercero, haciendo inviable la edificación en
ese lugar.
Contestaciones de la demanda
11. La UNAL solicitó negar las súplicas de la demanda8. Como medios de
defensa propuso: (i) “cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
interadministrativo No. 43 de 2013”, en tanto la universidad entregó los 19 productos
acordados bajo el acompañamiento y supervisión permanente de la USPEC; el
proyecto diseñado debía ser desarrollado dentro del área de polígono entregado por
la actora; además, indicó que no es cierto que la ejecutora se abstuviera de
considerar el impacto ambiental que la construcción podría tener frente al cuerpo de
agua, puesto que desde el primer informe advirtió su presencia y elaboró un estudio
hidrogeológico, en virtud del cual dispuso de áreas de aislamiento suficientes para
no comprometer su existencia y la vegetación encontrada en el predio, y elaboró un
plan de manejo ambiental y seguridad industrial que lo cobijaba. Señaló que durante
el transcurso del plazo ni en la fase de su liquidación se señalaron los
incumplimientos endilgados al ente de educación superior; (ii) “ejecución de buena
fe por parte de la Universidad Nacional de Colombia”, en tanto observó las
obligaciones y condiciones establecidas por la USPEC; y (iii) “la genérica”.
12. SURA también se opuso a las pretensiones de la actora9. Formuló las
excepciones de: (i) “cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”, por
cuanto la universidad observó la totalidad de sus prestaciones. Ésta implantó el
proyecto en el área que le correspondía designar a la USPEC; (ii) “inexistencia de
obligación solidaria de Seguros Generales Suramericana S.A.”, en tanto la
vinculación de la aseguradora se sustenta en el contrato de seguro, contenido en la
póliza No.0892722-6, cuyo tope indemnizatorio se limita al monto de los amparos;
(iii) “la obligación indemnizatoria a cargo de Seguros Generales Suramericana S.A.
se encuentra sujeta a la demostración de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de
la pérdida, a cargo de la entidad demandante”, ante la falta de demostración de los
defectos atribuidos a los productos entregados por la UNAL, no se probó la supuesta
pérdida patrimonial sufrida por la demandante; (iv) “límite de responsabilidad de
Seguros Generales Suramericana S.A.”, en caso de demostrarse la inobservancia
aludida, la responsabilidad de la aseguradora se ciñe al valor asegurado para el
amparo de calidad del servicio –la cifra de $213’012.704– y, (v) la “genérica”10.
8
Fls.306 a 334, c.1.
9
Fls.543 a 548, c.1.
10
Esto es, cualquier otro medio de defensa que se pruebe en el plenario (art.282 del CGP).
3
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
Alegatos en primera instancia
13. Surtido el debate probatorio11, al alegar de conclusión, la USPEC12 insistió
en los reclamos de su demanda, señaló que, aunque la universidad entregó unos
productos éstos no eran ejecutables13. La UNAL14 y la aseguradora15 ratificaron las
razones de su defensa.
14. El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la sentencia impugnada16
15. El a quo aseguró que la ausencia de salvedades explícitas y suficientes en
el acta de liquidación bilateral suscrita por las partes, impide el examen de las
reclamaciones traídas al juicio. Indicó que el art. 11 de la Ley 1150 de 2007 fija el
deber y la obligación de los contrayentes de formular inconformidades u
observaciones al momento suscribir el finiquito de mutuo acuerdo, excepto en los
casos en que se demuestran circunstancias sobrevinientes que no pudieron ser
advertidas al pactar los términos de la culminación del negocio.
16. Señaló que los supuestos incumplimientos de la universidad no revelan unas
deficiencias inesperadas o imposibles de conocer al finiquitar el acuerdo; de hecho,
la USPEC, en su condición de contratante, designó una funcionaria para ejercer la
supervisión del negocio jurídico, lo cual le permitió constatar las inobservancias
discutidas en este asunto: (a) la presencia de un cauce de agua en el lote escogido
para la intervención; (b) falencias en el levantamiento topográfico; y (c) la existencia
de flora y fauna en el predio, así que las mismas no constituyeron una excepción
frente a la obligación de establecer salvedades en punto a lo convenido en el corte
de cuentas del contrato.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN17
17. La USPEC pide revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, que se
acceda a las pretensiones de la demanda. Indica que fue hasta la etapa pre
constructiva del contrato de obra No. 402 de 2014 que surgieron las deficiencias
advertidas en relación con los estudios y diseños de la ampliación del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón, elaborados por la UNAL, por lo
que al suscribir el acta de liquidación no era posible incluir falencias u observaciones
sobre esos aspectos. Con todo, ello no obsta para reclamar la calidad de los bienes
o servicios al contrayente que los prestó, pues se trata de reclamaciones fundadas
11
En la audiencia inicial, llevada a cabo el 3 de julio de 2019 (fls.586 a 589, c.ppal), el Tribunal decretó las pruebas
documentales aportadas con la demanda y las contestaciones a la misma (fls.16 a 253, 335 a 505 y 553 a 572, c.1.), los
testimonios de los señores Pablo Abrilo Enrique Abril (se aceptó su desistimiento en la audiencia de pruebas celebrada el 1
de noviembre de 2019), Oliverio Caldas Bermúdez (rendido en la audiencia de pruebas) y Juan Carlos Lurdury Alsina (se
aceptó su desistimiento en la audiencia de pruebas celebrada el 1 de noviembre de 2019), así como un informe juramentado
rendido por el director de la USPEC (visible en el EXPEDIENTE DIGITAL: índice 79, SAMAI –Gestión en otras corporaciones,
TA Santander–, archivo: 050RespuestaOficioRequerimiento.pdf”)
12
Índice 127, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–.
13
En atención a las deficiencias en el levantamiento topográfico, ante la falta de certeza de los linderos del predio (cerca del
16.5% de proyecto se estructuró sobre un inmueble contiguo denominado El Naranjal), la presencia de afectaciones
ambientales en el lote.
14
Índice 126, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–
15
Índice 129, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–
16
Índice 133, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–
17
Índice 136, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–
4
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
en circunstancias posteriores o desconocidas para las partes, al firmar el acta de
finiquito.
18. Los documentos allegados al proceso demuestran las irregularidades en que
incurrió la universidad al entregar los productos. Precisó que no basta con el
suministro formal de aquellos, es necesario que los mismos acaten los
requerimientos técnicos y de calidad que les conciernen, para que logren la finalidad
perseguida, esto es, dar solución al problema de hacinamiento carcelario del país.
Trámite en segunda instancia
19. El Tribunal concedió el recurso de apelación18 y esta Corporación lo admitió
en proveído del 22 de abril 202519. Como la alzada se interpuso en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, en
tanto no se decretaron pruebas en segunda instancia20.
20. El Ministerio Público21, al rendir su concepto, pidió confirmar la sentencia
recurrida. Manifestó que no se demostró que las deficiencias alegadas fueran
imposibles de conocer al momento de la liquidación del negocio jurídico, por lo que
a la USPEC le correspondía consignarlas, al efectuar el corte de cuentas. Ante dicha
omisión, el acuerdo liquidatario se presume definitivo y obliga a las partes en los
términos pactados.
21. El 27 de noviembre de 202522, el Consejero de Estado Fernando Alexei
Pardo Flórez manifestó su impedimento para conocer del litigio de la referencia 23,
toda vez que es docente –hora cátedra– en la UNAL. En proveído del 3 de diciembre
siguiente, esta Subsección declaró infundado el impedimento formulado, dado que
no se configuró la causal de interés directo o indirecto en el proceso invocada24.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
22. El centro de la controversia en esta instancia, dados los reproches
formulados por el apelante, consiste en establecer si ¿procede el estudio de las
reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que
exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta
de liquidación bilateral suscrita?
Análisis de la Sala
18
Índice 137, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Santander–
19
Índice 3, SAMAI.
20
El art. 247 del CPACA consagra:
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario
pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”.
21
Índice 9, SAMAI.
22
Índice 15, SAMAI.
23
Fundamentado en la causal del numeral 1 del art.141 del CGP.
24
Esta Sala sostuvo: “… no se advierte que el resultado del proceso en el que se debaten asuntos propios de la actividad
contractual de la Universidad Nacional pueda generarle algún beneficio directo o indirecto como docente -hora cátedra- de la
Universidad Nacional de Colombia, actividad desprovista de cualquier relacionamiento distinto al de la enseñanza a los
educandos del citado centro universitario”.
5
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
• La liquidación bilateral del contrato. Excepción al deber de los
contrayentes de consignar salvedades frente a lo convenido en el
finiquito de mutuo acuerdo.
23. La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva
de éstos. No se limita a un mero cruce de cuentas, sino que comporta un verdadero
ejercicio de verificación de lo que aconteció durante la ejecución a nivel técnico,
económico y administrativo, con miras a establecer un balance económico y jurídico
del pacto concluido. De este ejercicio puede resultar el reconocimiento del
cumplimiento cabal y completo de todas las obligaciones originadas en la relación
negocial con carácter liberatorio, o la existencia de reclamaciones pendientes o
saldos en contra y/o a favor de las partes; de ahí que se predique respecto de tal
acta un carácter declarativo, omnicomprensivo del estado en el que culmina la
relación negocial, con efectos vinculantes y liberador de responsabilidad en los
aspectos en que los contrayentes manifiestan haber logrado un acuerdo frente a las
divergencias presentadas en curso de la ejecución del contrato25.
24. A la misma se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una
prerrogativa del poder público –esta última fase reservada a los contratos regidos
por el EGCAP–. Cuando se arriba a través de un acuerdo de voluntades, por ser
contenedora de los designios de los sujetos negociales y de conformidad con los
efectos asignados por ley, emerge un negocio jurídico al que se le atribuyen las
secuelas derivadas de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602
del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo
que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser
desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas
mismas o por causas legales, respectivamente26.
25.
Dado su alcance definitorio de la relación contractual y su carácter de negocio
jurídico, en el acto de finiquito de mutuo acuerdo deben quedar reflejadas las
salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a
arreglos, pues de lo contrario se entenderá que el contrato se cerró en el estado
que declara el acta, es decir, sin reparo o conflicto sobre los puntos que no fueron
excluidos expresamente de la negociación.
26.
De esta forma, el estudio de las pretensiones está hilado, de forma ineludible,
a la existencia de salvedades, no porque éstas constituyan un requisito de
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino porque revelan un presupuesto
de orden material en punto a establecer cuáles aspectos no fueron objeto de
acuerdo, o respecto de los cuales se mantienen criterios de inconformidad o
autonomía, incidiendo de manera directa en la prosperidad de las pretensiones
formuladas. Por tanto, tales manifestaciones (i) deben quedar expresas en el acta
de liquidación, por estar referidas a un contrato estatal donde la forma escrita es
requisito ad substantiam actus; y (ii) deben tener contenido, esto es, suministrar un
mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2024, radicación
050012333000201301526 01 (68.539), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2025, radicación
150012333000202002306 01 (72.791), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
6
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
quedan comprendidos en el acuerdo bilateral27; en otras palabras, no puede tratarse
de una expresión genérica de salvedad o vacía de contenido. Por ende, si las partes
se declaran a paz y salvo sin manifestación concreta de reserva sobre algún
aspecto, se entiende que no existe inconformidad, por lo que deben acatar al
contenido y efectos del finiquito que suscribieron de mutuo acuerdo.
27. Dicha exigencia de orden material se alza frente a aquellos sucesos o
situaciones que las partes conocían o que, razonablemente, se podían advertir al
suscribir el acta, lo que conlleva que ésta no se precisa en punto de las
circunstancias posteriores, nuevas o desconocidas al celebrar el corte de cuentas
bilateral28.
28. Se configura así una excepción al deber – carga de las partes de consignar
observaciones o salvedades al suscribir el acta de liquidación, como presupuesto
material para el examen de sus reclamaciones en sede judicial, pues no es lógico
exigirles la manifestación particular sobre un suceso o evento posterior y
desconocido por estos, al celebrar el corte de cuentas del negocio jurídico29.
• Bases generales del contrato y contenido del acta de liquidación
29. A la USPEC le corresponde, con base en las atribuciones contempladas en
el Decreto 4150 de 2011, gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación
de los servicios e infraestructura para obtener un óptimo funcionamiento del sistema
penitenciario y carcelario del país.
30. Ante el creciente hacinamiento en las cárceles del país, por el gran aumento
de la población intramural en contraste con la mínima ampliación de la
infraestructura de aquellas, la unidad reconoció que, “no cuenta con las
herramientas, ni el recurso humano suficiente y con la experticia para realizar el
diseño arquitectónico y estudios técnicos de ingeniería en las condiciones y volumen
que demanda la actual contingencia para la generación de cupos para internos
mediante la estructuración simultánea de soluciones arquitectónicas”. También
advirtió la capacidad académica, técnica e interdisciplinar de la UNAL, como entidad
de educación superior que cuenta con profesionales altamente calificados e
infraestructura organizacional, capacidad operacional y técnica, y experiencia en la
realización de consultorías para la solución de la problemática social.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2022, radicación
250002326000201100557 01 (59.773).
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2011, radicación 68001-23-15-000-1997-
00942-01(16246), C.P. Hernán Andrade Rincón.
29
Al respecto, esta Sección ha indicado: “Así, por ejemplo, es claro que un problema de estabilidad en la obra lo podrá exigir
la entidad estatal del contratista después de suscrita el acta de liquidación, puesto que si al momento de firmarla los bienes
se comportaban técnicamente bien no habría razón para dejar constancia en el sentido que estaban mal. Pero si un año
después falla la obra, es perfectamente posible que se haga el reclamo judicial, sin que el acuerdo de entrega a satisfacción
exonere al contratista de la ocurrencia de hechos posteriores que lo hagan responsable de sus actos.
En esta línea de pensamiento, se precisó en la sentencia citada: ‘Del mismo modo aplica la solución si la situación es la
inversa. Es decir, sirviéndose del caso concreto, si el contratista recibe un daño del Estado, por un hecho posterior al acta de
liquidación bilateral, debe permitírsele reclamarlo. De lo contrario se negaría silenciosamente el derecho de acceso a la
administración de justicia. Es el caso de la demora del Departamento en la recepción de las máquinas. En tal situación, si la
entrega no se hizo al momento de la liquidación, sino después, ¿por qué razón se debía reclamar por un daño que no existía
ni era previsible que ocurriera?’”(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencias del 14 de mayo de 2014, radicación 15001-23-31-000-1997-07016-01(23788) y del 20 de octubre de 2014,
radicación 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777), C.P. Enrique Gil Botero).
7
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
31. Lo expuesto, condujo a la actora a vincularse, a través del convenio marco
interadministrativo No. 20 de 201330, con la universidad, en aras de aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros, para contribuir al crecimiento y desarrollo del
sistema carcelario y penitenciario del territorio nacional.
32. En aplicación del convenio marco, la demandante y la UNAL suscribieron el
contrato interadministrativo 43 del 18 de junio de 201331, cuyo objeto consistió en
“[r]ealizar la aplicación del modelo de edificaciones de un sector de mediana
seguridad en el establecimiento penitenciario y carcelario de GIRON”32, propósito
que implicaba la elaboración de los documentos de construcción derivados de la
implantación del proyecto piloto del prototipo de infraestructura para un sector de
mediana seguridad, con capacidad para setecientos internos en promedio y un área
estimada de construcción de 9.000 metros cuadrados (12.85 metros cuadrados por
interno aproximadamente), en un predio entre uno punto cinco (1.5) y dos hectáreas
netas. Su precio final fue de $1.065’063.520 –el valor original se contempló en
$711’063.760, adicionado en $353’297.856, a través de acuerdo del 27 de diciembre
de 2013–.
33. Para el logro del objeto convenido la universidad se comprometió a entregar
los estudios técnicos necesarios y suficientes para adelantar los procesos de
contratación de las obras correspondientes, los cuales comprendían, según se
contempló33:
1) Levantamiento topográfico.
2) Estudio de Suelos
3) Proyecto arquitectónico general y detallado
4) Proyecto de ingeniería estructural
5) Proyecto de ingeniería eléctrica
6) Proyecto de ingeniería hidráulica y sanitaria
7) Proyecto de manejo de aguas lluvias
8) Proyecto de seguridad electrónica, voz y datos
9) Proyecto de plan de manejo ambiental y seguridad industrial para la obra
10) Proyecto de luminotecnia
11) Proyecto de redes contra incendio
12) Proyecto de aire acondicionado
13) Cálculos de movimiento de tierras
14) Proyecto de diseño geométrico de vías
15) Proyecto de señalización de edificios
16) Especificaciones técnicas de construcción
17) Cantidades, presupuesto y programación de obra
18) Recomendación de los estudios de prospección arqueológica
19) Licencia de construcción
34. El negocio jurídico comenzó el 2 de julio de 201334 y se prolongó hasta el 7
de diciembre de 2014, en virtud de la estipulación de siete (7) prórrogas35.
30
Fls.360 a 367, c.1.
31
Fls.24 a 29, c.1. El art.95 de la Ley 1474 de 2011 estableció que los contratos interadministrativos se someten, por regla
general, al Estatuto General de Contratación Pública, aún si la entidad ejecutora está sometida a un régimen especial y
diferente a la Ley 80 de 1993; se exceptúan únicamente los casos en que la entidad ejecutora actúa en régimen de
competencia o cuando el contrato tenga relación directa con su actividad.
32
Cláusula primera.
33
Cláusula cuarta.
34
Fecha de suscripción del acta de inicio, visible a fl.198, c.1.
35
Las partes suscribieron los siguientes acuerdos modificatorios (fls.30 a 37, c.1): (i) adición y prórroga 1, suscrita el 27 de
diciembre de 2013: aumenta el precio y prorroga el plazo en dos meses, es decir, lo extiende al 1 de marzo de 2014; (ii)
prórroga 2, suscrita el 28 de febrero de 2014: prolonga el contrato hasta el 25 de abril de 2014; (iii) prórroga 3, del 25 de abril
de 2014: adiciona el plazo al 15 de mayo de 2014; (iv) prórroga 4, celebrada el 15 de mayo de 2014: extiende el negocio
8
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
35. El 7 de diciembre de 2014, las partes firmaron el acta de entrega y recibo de
productos de consultoría36. Allí la unidad dejó registrado que su alcance comprendía
“... el recibo de los productos de manera de inventario, toda vez que la verificación
de su contenido, numeración, aplicabilidad, cumplimiento normativo y consistencia
corresponde exclusivamente al contratista consultor”
36. Obra en el expediente el acta de liquidación final del contrato37 suscrita el 23
de diciembre de 201438 por el director de Infraestructura de la USPEC, el
representante de la UNAL y la supervisora de apoyo de la unidad, en la cual
plasmaron la información general del contrato, hicieron alusión a su fecha de inicio,
prórrogas y terminación, su precio final, las garantías que lo ampararon, así como
el balance financiero y de ejecución del mismo, indicando que el valor convenido, el
ejecutado y el pagado coincidían en la suma de $1.065’063.520 –sin saldo a favor
de alguno de los contrayentes–. Igualmente, se incluyeron las siguientes
manifestaciones en el texto de esa acta (se transcribe conforme obra, incluyendo
eventuales errores):
“… la Universidad Nacional de Colombia hizo entrega de los productos, planos y
documentos correspondientes al proyecto sector de mediana seguridad en el
establecimiento penitenciario y carcelario de GIRÓN, del contrato interadministrativo
No. 043 de 2013.
(...)
El recibo de los productos hace parte del objeto contractual y su alcance, fue
verificado por el supervisor designado, lo cual no exime a las partes de las eventuales
acciones y actuaciones civiles, penales, fiscales y administrativas producto de las
actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del proyecto, de conformidad
con los artículos 52 y 53 (Modificado por el art.82, Ley 1474 de 2011) de la Ley 80 de
1993.
En consecuencia, la suscripción de la presente acta de liquidación, no releva al
contratista de las responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato,
las correspondientes de ley, de cada disciplina profesional y las establecidas en las
normas legales vigentes, hasta el término de vigencia de la póliza de calidad del
contrato”.
37. Las manifestaciones acabadas de transcribir no revelan la inclusión de una
salvedad frente al corte de cuentas logrado, en tanto no enuncian los problemas
surgidos con ocasión del contrato o los motivos concretos de inconformidad de
alguno de los sujetos negociales de cara al acuerdo plasmado. La nota registrada
no supera el nivel de una afirmación que anuncia que el recibo de los productos
contratados no exime del examen de responsabilidad al contratista que participó en
la relación negocial, aserto que no hace más que reiterar aquel principio, el de
responsabilidad, que orienta la actividad contractual del Estado y que se consagró
en el art. 26 de la Ley 80 de 1993.
hasta 7 de julio de 2014; (v) prórroga 5, del 7 de julio de 2014: prolonga el contrato al 7 de octubre de 2014; (vi) prórroga 6,
suscrita el 6 de octubre de 2014: adiciona el término de ejecución al 7 de noviembre de 2014; y (vii) prórroga 7, celebrada el
6 de noviembre de 2014: extiende plazo hasta el 7 de diciembre de 2014.
36
Fls.376 y 377, c.1.
37
La cláusula vigésima segunda del contrato estipuló: “La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro meses contados a partir de la finalización del plazo de
la ejecución, previo el vito bueno dado por el Supervisor del contrato”.
38
Fls.75 y 76, c.1.
9
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
38. La mencionada normativa determina que la responsabilidad no solo se ve
comprometida con el actuar del Estado, también se proyecta respecto de la
conducta de los servidores públicos y contratistas que participan en las relaciones
negociales. Respecto de estos últimos, así como a los asesores, consultores e
interventores que participen en los procesos contractuales, el Legislador previó que
deben responder, incluso civil y penalmente, por las conductas dolosas o culposas
en que incurran en su actuar contractual o precontractual, específicamente cuando
formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, por
haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por
haber suministrado información falsa39.
39. Los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 –referidos en el acta de finiquito–
consagran la especificidad de la responsabilidad personal en que pueden incurrir
los contratistas, consultores, interventores y asesores en virtud de las obligaciones
derivadas de su vínculo negocial. La exposición de motivos de esta normativa
destacó que de la mano de los principios de eficiencia, autonomía y agilidad que
inspiraron dicho estatuto, se erigió “un cambio en la concepción de la conducta y de
las facultades de los sujetos que intervienen en la contratación, eliminando la
presunción de mala fe que parece informar al estatuto vigente”40, sin que ello los
exima, correlativamente, de la sujeción a un régimen de responsabilidad personal
que verifique el cumplimiento de los cometidos estatales que directa o
indirectamente se les ha encomendado en el devenir de la actividad contractual.
40. Con tal perspectiva, los artículos anunciados ampliaron “el marco de dicha
responsabilidad a cualquier hecho u omisión que, habiendo sido cometido por el
contratista con dolo o culpa grave o con ocasión de su intervención en la
contratación, cause daño”41 y contemplaron la responsabilidad penal y civil que
podía derivar de una negligente conducta de los asesores, consultores e
interventores.
41. De modo que el aserto en punto a la configuración de la responsabilidad de
que tratan los arts. 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, ratifica aquellos mandatos previstos
por el legislador al respecto.
42. La ulterior aseveración en el acta de liquidación consistente en que su
suscripción no libera al contratista de sus obligaciones “hasta el término de vigencia
de la póliza de calidad del contrato”, atañe a la hipótesis de que surjan falencias
posteriores con ocasión de los productos suministrados, lo cual evidencia la
indefinición sobre la posible existencia de discrepancias frente al acto de finiquito
negocial. De modo que este último, al tratarse de un contrato enteramente saldado,
de común acuerdo por las partes, no puede ser desconocido por quienes lo
suscribieron.
43. Sin embargo, la Sala debe precisar que la controversia realmente no se
centra en la ausencia de salvedades en el corte de cuentas o en la inclusión de una
inconformidad genérica y abstracta en éste, toda vez que la unidad fue expresa en
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 28 de mayo de
2012, radicación 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
40
Consultado en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148
41
Ibidem.
10
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
admitir que le fue imposible manifestar, en el acta de liquidación, los defectos que
ahora reclama, en tanto surgieron con posterioridad la suscripción de ésta.
44. Como se explicó en apartes previos, si la causa de la demanda obedece a
circunstancias posteriores y desconocidas para las partes, al momento de firmar el
corte de cuentas, es viable que puedan reclamarse jurisdiccionalmente los derechos
en su favor, siempre que se demuestre que se trató de eventos de tal naturaleza y,
por tanto, que eran imposibles de conocer por la parte que se vio afectada con ellos;
con esta lógica pasan a analizarse las inobservancias reseñadas por la USPEC.
• Examen de las deficiencias de calidad atribuidas a los diseños
entregados por la universidad
45. La actora insistió, a lo largo del sub-lite, que no consignó las reclamaciones
que fundan esta controversia como salvedades en el acta de liquidación de mutuo
acuerdo del negocio jurídico, en tanto que se trata de situaciones posteriores a dicha
fase, y solamente se pudieron evidenciar al momento de la construcción de la obra
derivada de los estudios y diseños elaborados por la UNAL.
46. En virtud de los productos recibidos por la USPEC, la unidad suscribió el ya
referido contrato de obra No. 402 del 26 de diciembre de 2014, con el consorcio
CYD-DISICO-PROING Girón, cuyo objeto consistió en la “construcción de un sector
de mediana seguridad y obras conexas en el Establecimiento Penitenciario de alta
y mediana seguridad EPAMS Girón, Santander, mediante sistema de precios
unitarios fijos de reajuste, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y
especificaciones suministrados por la USPEC”, por valor de $63.673’297.882; éste
inició el 11 de febrero de 2015
47. En el acta No. 3 de seguimiento42, del 24 de julio de ese año, se enunciaron
varios inconvenientes que tanto el constructor como el interventor advirtieron en su
ejecución, evidenciados desde el 16 de febrero de 2015, consistentes en que en el
lote escogido por el diseñador, a) se encontraba en un cauce de agua que
atravesaba el proyecto por una cañada medianamente profunda, b) se halló
bastante flora (árboles y arbustos propios del sector), y c) se observó la presencia
de fauna (alevinos, patos anidando y reptiles). El constructor propuso la contratación
y aprobación de un grupo de especialistas para ajustar los diseños efectuados por
la UNAL, ante tales inconvenientes.
48. Mediante el otrosí 243 al mencionado contrato, las partes convinieron incluir
los ítems no previstos resultantes de los ajustes a los diseños de la obra, de
conformidad con la mencionada acta No. 3 y, mediante oficio CE-165-120-57844, el
consorcio indicó que el valor contratado por concepto de tales ítems ascendió a
$498’372.055.
49. A fin de comprobar el ejercicio del consorcio, la USPEC solicitó a un
contratista por prestación de servicios45 la “revisión de tipo jurídico” del desarrollo
del proyecto que toca este asunto, así como la titularidad del área en la cual se
42
Fls.77 a 82, c.1.
43
Fl.83, c.1.
44
Fl.84, c.1.
45
Al rendir su informe, este contratista no precisó su especialidad.
11
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
planteó su desarrollo. Por medio de escrito 100-DIRGEN-11495 del 24 de junio de
201546, aquel manifestó que la universidad presentó unas posibles deficiencias en
los siguientes productos (se transcribe literal, incluidos eventuales errores):
“a. Posible deficiencia en Levantamiento topográfico (Cláusula tercera y cuarta del
Convenio Interadministrativo): No se realizó un adecuado levantamiento
topográfico, con el cual se había podido verificar que la implantación del proyecto
estaba en un área de propiedad de terceros.
b. Posible deficiencia en la calidad de las labores administrativas, técnicas y
logísticas, relacionadas con las obligaciones Nos. 1 y 13 de que trata la Cláusula
Quinta … de haberse cumplido adecuadamente y con un alto grado de calidad la
obligación anterior, la Universidad hubiera advertido técnica y legalmente que
estaba desarrollando parte del objeto contractual en un área que era de propiedad
de terceros.
c. Posible deficiencia en el Acopio de la información respecto al sitio, normativa
(Propuesta Universidad Nacional): Según la propuesta presentada por la
Universidad en el numeral 2.5 se indica que se realizarán el acopio de la
información respecto al lugar objeto del diseño; de haberse realizado
adecuadamente dicha actividad, la Universidad hubiese podido advertir que
estaba diseñando en un área que no correspondía a los linderos del lote de
propiedad del INPEC”.
50. Con soporte en los anteriores insumos, el 15 de julio de 2015, la unidad, a
través de oficio 170-DIGECO-717947, citó a la universidad y a SURA a la audiencia
de iniciación del procedimiento administrativo tendiente a la afectación del amparo
de calidad del servicio, asegurado mediante la póliza No. 0892722-6. Como
conductas desencadenantes de las presuntas inobservancias endilgadas a la
UNAL, la USPEC señaló: “posibles de deficiencias de tipo legal”, en tanto evidenció
falencias en el acopio de la información y estudio de títulos a cargo de la UNAL,
pues “[d]e acuerdo a las escrituras del predio, parte del área donde la Universidad
diseñó la implantación de la obra son (sic) de propiedad de terceros” y “posibles
deficiencias de tipo técnico”, en atención a las diferencias constatadas en los
levantamientos topográficos efectuados por el diseñador y el constructor48 –relativas
a cambios de alturas del terreno, depresiones del lote, curvas de nivel y
disconformidades sobre la ubicación y envergadura del cauce del cuerpo de agua
presentado en los planos–.
46
Fls.99 a 100, c.1.
47
Fls.106 a 115, c.1.
48
En particular, la USPEC señaló (fls.110 y 111, c.1.):
“Producto de la comparación se observa:
• Se evidencia clara diferencia en el sector 1, en el cual según plano de la Universidad Nacional se presenta una depresión o
elevación de 4 metros aproximadamente, dicho cambio de elevación no se ve reflejada en el plano D/SICO PROING.
• Se evidencia diferencias en altura en el Sector 2, aproximadamente de f metro entre los planos comparados.
• Se evidencia diferencias en altura aproximadamente de 5 metros de altura en el sector 3, el cual en el plano de DISICO
PROING evidencia una depresión importante, mientras que en el plano de la Universidad Nacional se presenta un terreno
relativamente plano.
• Se evidencia diferencias en altura aproximadamente de 7 metros de altura en el sector 4, el cual el plano de DISICO PROING
evidencia una depresión importante, mientras que en el plano de la Universidad Nacional se presenta un terreno con una
depresión bastante leve.
• En general en el sector 5 se evidencia una depresión lineal alargada en forma de caño en los planos entregados por DISICO
PROING, depresión que no se ve reflejada en el plano entregado por la Universidad Nacional.
• En el sector 6 se presentan curvas de nivel totalmente contrariadas entre ambos planos, que establecen pendientes en
distinto sentido en cada uno de los planos.
• El cauce del cuerpo de agua presentado en ambos planos presenta gran diferencia y no coincide entre ellos, en el plano de
DISICO PROING el cuerpo de agua transita por el caño (cuestión lógica) y en el plano de la universidad nacional transita por
una pendiente constante sin evidencia de depresión puntual.
• Dada la amplitud del lote, de acuerdo a visitas de campo por parte del apoyo a la supervisión del contrato de obra No. 402
de 2014, junto con el contratista de obra y el interventor de la misma, se identifican posibles sitios de implantación de! proyecto
con una topografía más suave (más plana), lo que supondría un lugar óptimo desde el punto de vista económico, técnico y
funcional donde desarrollar el proyecto.
• En el informe de levantamiento topográfico de la Universidad Nacional, numeral 2.5.3 se establece un levantamiento de
detalles entre ellos mallas y cercas de cerramiento, sin embargo, en el plano de la Universidad Nacional se evidencia una
línea recta que no se nombra y no tiene convención, sin embargo coincide plenamente con el lindero del lote en el
levantamiento topográfico de DISICO PRO/ÑG, es decir en el plano de la Universidad Nacional no evidencia cerca ni lindero
del lote, sino simplemente una línea sin convención en el plano físico mencionado”.
12
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
51. Dicha audiencia se llevó a cabo el 5 de noviembre de 201549, luego de varias
reprogramaciones. Mediante Resolución 467 de 201650, la USPEC ordenó el cierre
y archivo de dicho procedimiento, indicando que la unidad no era competente para
“...hacer efectivas unilateralmente las cláusulas penales y/o multas, pues carece de
la potestad exorbitante para imponerlas (acto administrativo) pues se encuentra en
igualdad de condiciones con los particulares en materia de contratación”. Al lado de
esta argumentación central, sostuvo que “... de acuerdo a los soportes aportados
por la Universidad y la compañía aseguradora anexos al expediente en la audiencia
de descargos, al informe técnico presentado por la supervisión del contrato
mediante comunicación No. 150-DINFRA-5358 del 30 de marzo de 2016, se tiene
conocimiento de la deficiencia de la calidad de los productos entregados por la
Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con lo establecido en el contrato
interadministrativo No. 043 de 2013, y los documentos integrantes de este (pliego
de condiciones, propuesta, estudios previos, etc.)”.
52. La UNAL recurrió este acto, con el fin de que se revocaran los considerandos
expuestos sobre los presuntos incumplimientos de sus obligaciones. La unidad
confirmó la mencionada decisión, a través de la Resolución 613 de 2016 51, en la
que reiteró las razones de su incompetencia e insistió en que la universidad trató de
minimizar el defecto en el levantamiento topográfico, pese a su magnitud, toda vez
que “no reconoce en la planimetría los límites del predio, no representa la realidad
del terreno en cuanto a su morfología superficial de tal manera que el cauce de la
corriente que alimenta el espejo de agua existente en el terreno es reducido en su
profundidad y desubicado, la altimetría tampoco corresponde a la topografía con
diferencias entre 6 y 7 metros”, razón por la cual afirmó que la topografía en que la
universidad basó el diseño del proyecto no era idóneo y la única manera de
solucionar esa imprecisión era con otro estudio de la misma naturaleza, como el
efectuado por el constructor.
53. El recuento de las falencias advertidas en punto al predio utilizado en el
diseño del centro penitenciario de mediana seguridad muestra que esos defectos
consistieron en: (a) la existencia de un cauce de agua en el terreno que no coincide
en la localización y profundidad aludidos por la universidad, (b) el hallazgo de flora
y fauna en el terreno a intervenir, y (c) la implantación del diseño en un área fuera
de los linderos del lote dispuesto para el efecto. La Sala anticipa que estas falencias
no consistieron en hechos nuevos o que no pudieran ser percatados por la unidad,
al suscribir el acta de liquidación el 23 de diciembre de 2014.
54. Si bien es cierto que la necesidad que motivó a la suscripción del contrato
con la universidad se afincó en que la USPEC carecía del personal y la experiencia
suficiente para adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos de
ingeniería tendientes a ampliar y optimizar la infraestructura de los centros
penitenciarios y carcelarios del país, también lo es que la unidad se comprometió a
“designar el supervisor del contrato, [para] la supervisión y el seguimiento técnico,
administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del mismo, de
acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para la ejecución del mismo”52.
49
Fls.228 a 232, c.1.
50
Cd obrante a fl.664, c.ppal
51
Fls.248 a 251, c.1.
52
Cláusula sexta.
13
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
55. Esa designación no se limitó a un encargo formal o meramente enunciativo.
La tarea del supervisor, a voces del art. 83 de la Ley 1474 de 2011, versa sobre el
seguimiento que la propia entidad contratante efectúa respecto del objeto
convenido, en sus aristas técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, en
aras de proveer una vigilancia permanente a la ejecución del negocio y, con ello,
propender por el logro del propósito perseguido.
56. De modo que el control y verificación de las prestaciones pactadas no se
limita a la simple recepción física o cuantitativa de los productos o servicios
encargados al contratista –contrario a lo manifestado por la USPEC en el escrito
150-DINFRA-5358 del 31 de marzo de 201653– Su revisión implicaba, la
constatación de los aspectos técnicos del objeto pues, de lo contrario, carecería de
razón de ser la existencia de dicha figura en la actividad contractual, en tanto se
reduciría al cotejo superficial de lo contratado, sin comprobar su despliegue
sustancial.
57. Aunque la contratante no cuente con personal de planta suficiente con el nivel
de experticia, en algún área de conocimiento que motivó la contratación efectuada,
sí está llamada a designar un supervisor que cuente con las calidades necesarias
para cumplir adecuadamente con sus labores de control y vigilancia, de cara a la
naturaleza y características del contrato objeto de verificación.
58. Lo anterior no significa que el supervisor deba ostentar la misma calificación
profesional que, por ejemplo, se exige al consultor contratado, pero sí denota que
aquel debe tener la idoneidad suficiente para hacer una valoración del objeto
estipulado, sin que ello constituya una barrera para posteriores reclamaciones
derivadas de la calidad del servicio prestado o la estabilidad de la obra construida,
pues aunque se trata de una revisión cualificada de las prestaciones contempladas,
ello no conlleva que el objeto examinado no sea susceptible de actuaciones frente
a defectos en el futuro, que no eran posibles de apreciar, pese al correcto ejercicio
del control realizado.
59. En el contrato sub-lite, se convino que la supervisión estaba a cargo del
director de infraestructura o del funcionario que éste designara54, razón por la cual
el servidor encargado de la labor de verificación no era ajeno al área relacionada
con el objeto contratado, en tanto la dependencia designada se relaciona con el
diseño de productos arquitectónicos; lo que vislumbra que el funcionario designado
contaba con los conocimientos profesionales que permitían comprender los
avances y gestiones encomendadas y, en caso de requerirlo, pedir información, y
hacer observaciones.
60. A la USPEC, con base en la normativa reseñada, no le correspondía señalar
que recibió los productos elaborados por la universidad a “manera de inventario”55,
como si la tarea del supervisor se ciñera al mero repaso de una lista de chequeo.
53
Fls.101 a 105, c.1. Allí, la unidad indicó:
“Teniendo en cuenta lo verificado en el anexo 2, es claro que a pesar de haber recibido los productos a satisfacción, estos se
recibieron de manera cuantitativa [la universidad entregó los 19 productos acordados en el contrato], ya que la entidad no
posee la capacidad TECNICA para verificar o realizar cada uno de estos diseños (arquitectónico, estructurales, redes,
levantamientos topográficos, comunicaciones, paisajismo, bioclimática, estudios de suelos etc.), dada que esta es la primera
necesidad que estimula a la creación de este contrato interadministrativo, de lo contrario la entidad misma habría desarrollado
los diseños para estos establecimientos (ver justificación de la contratación)” (se subraya).
54
Cláusula vigésima.
55
Fls.376 y 377, c.1.
14
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
Ello muestra que la tarea de vigilancia contractual no acató el contenido que la
comprendía, al limitarse a la llana recepción cuantitativa de los productos, como si
la inclusión de la nota sobre el alcance exclusivamente físico de tal recepción fuera
suficiente para despojarse de sus deberes funcionales asociados al contrato, y
pudieran liberarlo de constatar su contenido.
61. Por ello, la manifestación introducida en el acta de entrega y recibo de
productos –soporte del acta de liquidación de bilateral del negocio–, en punto al
recibo de los productos entregados por la universidad, no se alza como un soporte
suficiente que avale la completa labor del supervisor del acuerdo y que, por tanto,
ostente el mérito requerido para probar que las falencias constitutivas de las
reclamaciones traídas a juicio no eran susceptibles de ser conocidas por la unidad,
al celebrar el finiquito de mutuo acuerdo del contrato.
62. El análisis integral de las piezas probatorias que fueron aportadas al plenario
evidencia que los mencionados defectos de calidad endilgados a los diseños de la
universidad sí podían ser conocidos por la demandante, previo al corte de cuentas
del negocio, como pasa a verse:
63. Respecto del cauce de agua existente en el predio. La USPEC afirmó en la
Resolución 613 de 201656, que el levantamiento topográfico presentado por la
contratista no representa la realidad del terreno en cuanto a su morfología
superficial, dado que el cauce de la corriente que alimenta el espejo de agua
existente en el lote fue reducido en su profundidad y localizado en un lugar que no
le corresponde.
64. Cuando la universidad presentó los descargos a los supuestos de
incumplimiento que la actora le endilgó57 manifestó que desde el primer informe del
proyecto, rendido el 22 de julio de 2013, advirtió la presencia de este cuerpo de
agua y, además, elaboró un estudio hidrogeológico, cuyos resultados mostraron que
tenía un volumen mayoritario artificial, producto de fugas en un reservorio de agua
existente y una escorrentía, para lo cual la UNAL dispuso de áreas de aislamiento
suficientes, en aras de no comprometer su existencia. Asimismo, resaltó que la
unidad no plasmó el contenido de dicho estudio en la citación a la audiencia de
afectación de póliza, identificada con el número 170-DIGECO-7179.
65. El director del proyecto, al rendir su declaración en el asunto de la referencia,
aportó varios insumos que soportaron su testimonio58, los cuales fueron
incorporados al plenario59, entre ellos:
(a) Documento del 20 de enero de 201460, en el que la universidad puso de
presente a la unidad que, para llevar a cabo los diseños completos, se
requería adelantar: 1. Estudio hidrogeológico, 2. Diseño de línea expresa de
56
Fls.248 a 251, c.1.
57
Fls.118 a 141, c.1.
58
Conducta procedente, en los términos del art. 221 del CGP, como se lee a continuación:
“ARTÍCULO 221. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:
(...)
6. El testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos
serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y
reconocer documentos relacionados con su declaración” (resaltado de la Sala).
59
En la audiencia de pruebas del 1 de noviembre de 2019 (fls.658 y 659, cppal).
60
Fl.213, c.ppal.
15
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
acueducto, desde Piedecuesta hasta el centro penitenciario de Girón, 3.
Levantamiento topográfico para diseño de línea expresa de acueducto, y 4.
Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para 2500 internos.
(b) Contrato interadministrativo No. 61 de 201461, celebrado entre la USPEC y la
UNAL, para atender las actividades reseñadas en el escrito del 20 de enero
de 2014, por el monto de $142’728.750.
(c) El estudio hidrogeológico realizado por la universidad para la ampliación de
las instalaciones carcelarias en Girón62, concluyó que, (i) en el predio
evaluado y zonas aledañas, no existen pozos ni manantiales que permitan el
aprovechamiento de agua subterránea. El agua presente en el reservorio
ubicado en el predio proviene de la infiltración que viene desde un reservorio
ubicado en la parte alta, en un predio vecino, (ii) el agua no corresponde a
ningún flujo subsuperficial, por lo que las edificaciones no interfieren en su
conservación, y (iii) el flujo superficial es producto de la infiltración de
escorrentías y una porción proveniente de un pozo artesanal localizado en
una cota mayor, construido con fines agrícolas, cuyo llenado depende del
bombeo de agua de una corriente superficial cercana.
(d) Oficio 150-DINFRA-130038 del 29 de diciembre de 201463, mediante el cual
la actora aseguró que el estudio hidrogeológico fue entregado y revisado,
concluyendo que ante la inexistencia de pozos o manantiales en el predio “...
y que el reservorio artificial es por es por (sic) acumulación de escorrentía
artificial ... la construcción proyectada es viable”.
66. Las piezas relacionadas acreditan que la USPEC sí conocía la existencia del
cuerpo de agua, consintió la elaboración del estudio hidrogeológico y avaló los
resultados derivados de éste, por lo que la presencia del mismo no resultó en un
hecho nuevo o imposible de conocer al suscribir la liquidación como se adujo en la
demanda y en la alzada.
67. Si para la unidad la circunstancia posterior a la liquidación del contrato
consistió en la constatación de la ubicación y profundidad del cauce de agua, en
contraste con lo advertido por la UNAL, lo cierto es que no probó que los argumentos
que sustentan sus reproches controvirtieran los resultados del estudio
hidrogeológico aportado al plenario, ya que sus censuras en este aspecto, no
superaron el estadio de una afirmación en la materia. En esa medida, no acreditó
que tal reclamación evidenciara un supuesto posterior a la firma del corte de
cuentas.
68. En relación con la presencia de flora y fauna en el terreno a intervenir, la
Contraloría General de la República, en la auditoría sobre el hallazgo del contrato
de obra No. 402 de 201464 –derivado de la recomendación de replantear el área
escogida para desarrollar el proyecto– expuso que en la documentación del mismo
no se evidenció el concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) sobre la supuesta improcedencia
de construir en esa área, de cara a la flora y fauna allí ubicadas; además, “[s]egún
el contrato No. 043 de 2013, los permisos ambientales eran de entera
61
Fls.634 a 636, c.ppal
62
Fls.626 a 630, c.ppal.
63
Fl.637, cppal.
64
Insumo incorporado al expediente en la audiencia de pruebas del 1 de noviembre de 2019 (fls.658 y 659, cppal).
16
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
responsabilidad de la USPEC y al respecto no se cuentan con elementos para
corroborar la gestión de los mismos, por el contrario es llamativo que de plano se
rechaza la construcción planificada por la Universidad Nacional, sin que se aprecie
un requerimiento a este contratista para que precise la razón de proyectar la
implantación de la obra en ese sector, ante los presuntos inconvenientes
manifestados en la referida acta de suspensión”65.
69. Lo expuesto en el documento de la Contraloría reafirma la falencia de la
USPEC en punto de la verificación de los productos que le fueron entregados, pues
un examen simple al predio habría advertido la presencia de la flora y fauna
mencionadas, lo que daba lugar, de forma correlativa, al constatar el tratamiento
que el contratista otorgaba a los mismos, sin que resultara, por ende, en una
circunstancia novedosa para la fecha de celebración de la liquidación bilateral.
70. Frente a la implantación de parte del diseño en un predio ajeno al provisto
por la unidad para tal fin, la contratante indicó, en oficio 150-DINFRA-5358 del 31
de marzo de 201666, lo siguiente:
“Técnicamente un polígono ‘sobre escrito en el programa PAINT’ sobre una imagen
de Google earth el cual no contiene ni coordenadas, ni dimensiones, ni ningún tipo
de georreferenciación no es un elemento que DEMARQUE CLARAMENTE Y SIN
LUGAR A DUDAS EL ÁREA A INTERVENIR, como lo expresa la Universidad
Nacional, sin embargo sí es un elemento esquemático que establece el área
aproximada a intervenir con una imprecisión bastante grande por tratarse de un
programa no diseñado para tal fin, si bien en él, al parecer incluyen predios ajenos
al INPEC, el cuerpo del correo expresa la importancia del levantamiento topográfico
el cual es el insumo base para reconocer el área a intervenir …
(…)
Así mismo, es fundamental en un levantamiento topográfico establecer los linderos
del lote, los cuales en este caso eran claramente verificables en el folio de matrícula
inmobiliaria y escrituras los cuales contienen estos linderos o límites de terreno,
máxime cuando la Universidad Nacional decidió implantar el proyecto adyacente o
próximo al predio de un tercero, estos procedimientos son claramente descritos
incluso en el MANUAL DE PRACTICAS DE TOPOGRAFIA, de autoría de la misma
Universidad Nacional.
(…)
Hasta el momento esta Subdirección no conoce ninguna comunicación por parte de
la Universidad en la que se describa que el polígono entregado
ESQUEMATICAMENTE no pertenecía en su totalidad al INPEC, y por tanto era
inviable su implantación, así mismo nunca presento (sic) recomendaciones respecto
a este tema” (se subraya).
71. A su vez, en la citación a la audiencia de afectación de la garantía única de
cumplimiento –radicado 170-DIGECO-717967–, la USPEC señaló que “el plano de
la Universidad Nacional no evidencia cerca ni lindero del lote, sino simplemente una
línea sin convención en el plano físico mencionado”.
72. Las tachas esbozadas por la unidad en punto al levantamiento topográfico
de la UNAL cuestionan expresamente la ausencia de utilización de los
procedimientos esenciales que rigen la materia, ante el uso de un software no
especializado en la materia y la ausencia de una explicación esquemática del
polígono entregado en consonancia con los linderos del lote. Estos asertos llaman
la atención de la Sala, toda vez que se edifican en aspectos que la contratante
considera imprescindibles para el levantamiento topográfico y que, por lo mismo,
65
Fls.614 a 619, cppal.
66
Fls.101 a 105, c.1.
67
Fls.106 a 115, c.1.
17
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
estaba en la tarea de constatar al recibir dicho producto de parte de la universidad,
pues, según su propio dicho, eran aspectos claramente identificables.
73. Como la misma USPEC lo expresó, el recibo de los diseños se limitó a una
tarea cuantitativa, más no sustancial en punto a las prestaciones contratadas. Si
esta hubiere efectuado el control de los elementos que ella misma tiene como
básicos de la práctica en topografía, entre ellos, la especificación de los linderos, se
habría percatado de la ausencia de éstos previo a la liquidación del negocio; por
tanto, no le es dable aducir que esta falencia provino de hechos nuevos y posteriores
al finiquito, comoquiera que, se itera, una diligente labor de vigilancia negocial,
habría podido observar que los productos entregados no contenían la definición de
linderos, según las condiciones básicas de las prácticas en ingeniería.
74. Con todo, la Contraloría General de la República aseveró, a través de la
auditoría ya mencionada, que “no tuvo conocimiento de un documento que certifique
tal situación [la posible invasión de un terreno que se reputa de propiedad privada],
por el contrario la universidad contratista realizo (sic) un estudio de títulos en el cual
se manifiesta que esa área del terreno es propiedad del INPEC, por lo que no se
entiende cuál fue el fundamento jurídico para decidir modificar el sitio donde
finalmente empezó a desarrollarse el proyecto constructivo”68.
75. Ante la evidencia de que las reclamaciones traídas a juicio no se fundan en
hechos nuevos o que las partes no estaban en capacidad de advertir al suscribir el
acta de liquidación del contrato, las mismas debieron ser incorporadas como
salvedades de dicho pacto, a efectos de dar cabida a su examen en sede
jurisdiccional.
76. De modo que la existencia de un finiquito del contrato por mutuo acuerdo de
las partes y sin salvedades expresas y concretas, impide el estudio de las
pretensiones incoadas, como acertadamente lo definió el Tribunal de primer grado,
en atención a la fuerza vinculante del contenido del acta bilateral, “… porque las
expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser
consideradas para producir los efectos que se dicen en él….”69; por consiguiente,
esta Sala confirmará la decisión objeto de apelación, en cuanto negó las súplicas
incoadas, por las razones ya expresadas en esta providencia.
Costas
77. Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de
conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará
en costas a la parte demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo
prosperar. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas
no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a
la cual se le imponen, toda vez que dicha condena se determina con fundamento
en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado
vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
68
Fls.614 a 619, cppal.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de marzo de 2000, expediente 10.778.
18
Expediente 680012333000201700214 01 (72.623)
Demandante: USPEC
Demandados: Universidad Nacional y otro
Referencia: Controversias contractuales
78. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
79. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala fijará las agencias en
derecho para esta instancia, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC– en el monto de un (1) SMLMV y a favor de la Universidad
Nacional de Colombia y Seguros Generales Suramericana S.A.,
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– en el monto de un (1) SMLMV y a favor de
la Universidad Nacional de Colombia y Seguros Generales Suramericana S.A.,
repartido en partes iguales a favor de las demandadas.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el a quo.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.