Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2024-00030-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2024-00030-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2024-00030-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de
Medellín
Llamados en
garantía: Evelyn Tatiana Beltrán y otros
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
TEMAS. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO — es aquel que resulta ficticio, falso,
disimulado, muy reducido o disminuido, pero además que no tiene fundamento alguno en
su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio, se trata
entonces de un valor que no permite el cumplimiento material de las obligaciones derivadas
de la oferta // PRECIO BAJO EN UNA OFERTA ECONÓMICA — no resulta equiparable
con el artificialmente bajo, en la medida que, cuando se encuentra debidamente sustentado,
debe considerarse como una manifestación de competitividad en el mercado, lo cual no
transgrede los principios que rigen la contratación estatal // RECOMENDACIÓN DEL
COMITÉ DE EVALUACIÓN — no resulta vinculante para el representante legal o su
delegado, sin embargo, al apartarse de ella, se debe justificar el fundamento de la decisión
// DICTAMEN PERICIAL — su eficacia probatoria depende de que satisfaga determinadas
condiciones de contenido, en particular la claridad, imparcialidad, precisión y exhaustividad
de sus conclusiones // TACHA DE TESTIGOS — no descarta su valor probatorio, deben
ser apreciados con mayor rigor // RESTITUCIONES MUTUAS O RECÍPROCAS – cuando
la restitución in natura resulta imposible por razones jurídicas, materiales o temporales, se
acude al subrogado pecuniario y a la ficción de compensación entre las prestaciones ya
ejecutadas // LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN — consiste en
la posibilidad de que la entidad pública demandada traiga a juicio a sus servidores o
exservidores públicos, por cuya conducta dolosa o gravemente culposa esta sea
condenada a indemnizar perjuicios a terceros, con el propósito de que, dentro del mismo
proceso judicial, se establezca si surge para ellos la obligación de reembolsar total o
parcialmente el monto de la suma pagada por la administración.
1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, los consorcios Construcciones
C-2023 y Mecamed 2023, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López
Giraldo, en contra de la sentencia del 13 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se declaró la
responsabilidad civil y patrimonial de dos de los llamados en garantía 1.
1 Evelyn Tatiana Beltrán en lo sucesivo, la delegada contractual, la secretaria de servicios y suministros del
Distrito, Beltrán Sierra, la llamada en garantía; y Rubén Dario López Giraldo, en lo que sigue, el ingeniero y/o
funcionario designado, revisor técnico, el llamado en garantía.
1
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
SÍNTESIS DEL CASO
2. El consorcio Génesis2 pretende la anulación de la Resolución n.° SSS
2023500048896 del 20 de junio de 2023 por la cual el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín adjudicó la licitación pública n.°
70007451 al consorcio Construcciones C-2023, cuyo objeto consistió en la
“[c]onstrucción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e
infraestructura asociada” y la Resolución aclaratoria n.° SSS 202350049607 del
21 de junio de ese mismo año, así como la nulidad absoluta del contrato de obra
n.° 4600098664 de 2023, suscrito entre la entidad y el adjudicatario3 y cedido al
Consorcio Mecamed 20234. A su juicio, el ente territorial vulneró los postulados
de selección objetiva, toda vez que su oferta fue rechazada por considerarla
artificialmente baja, sin tener en cuenta que constituía la más favorable. En ese
sentido, alegó que los actos acusados incurrieron en falsa motivación,
desconocimiento de las normas en que debían fundarse, desviación de poder y
violación al debido proceso. Como consecuencia, solicitó condenar a la
accionada a reparar los perjuicios que le fueron ocasionados. Por otro lado, la
demandada llamó en garantía con fines de repetición a tres funcionarios que
intervinieron en el trámite contractual.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta
3. El 28 de noviembre de 20235 el consorcio Génesis presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho6, en contra del Distrito Especial de Ciencia
2 Según documento privado, el consorcio se encuentra integrado por: Estructuras y Pavimentos SAS (60% de
participación), Paecia SAS (participación 30%) y Huargo SAS (participación 10%). Ver Samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Índice 7. Documento denominado
“4_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_REGISTRADO_2024000(.zip)”. En adelante, la
accionante, la demandante, la actora, la apelante, el consorcio, Génesis.
3 Conforme consta en documento de conformación, se encuentra integrado por: Construcciones Diseños y
Obras Civiles SAS (60% participación), Infraestructura de Colombia SAS (30% participación) Liberty
Constructora del Caribe SAS (5% participación) Tecnical Civil SAS (participación 5%). Ver Samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia, índice 177. Archivo remembrado “ACUERDO CONSORCIAL CONSTRUCCIONES
C-2023 (2)”, pp. 1. En lo sucesivo la contratista, la cedente, la apelante, el consorcio Construcciones C-2023.
4 El consorcio Mecamed 2023, se integró por Megaproyecto Vial Siglo XXI SAS (70% participación) y Castellón
Ingeniería SAS (30% participación). Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. Índice 7. Carpeta
denominada “4_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_REGISTRADO_2024000(.zip)”.
Archivo “ACUERDO CONSORCIAL - CONSORCIO MECAMED 2023”, pp. 1 a 2. Denominada en esta
providencia como la cesionaria, la contratista ejecutora, la apelante, la censora, Mecamed 2023.
5 La demanda fue remitida por quien agenció los derechos de la parte actora el 28 de noviembre de 2023 y
recibida a través del correo electrónico des13taanq@cendoj.ramajudicial.gov.co, circunstancia que se acredita
con el mensaje de datos enviado en esa misma fecha, así como con la anotación registrada en el sistema de
gestión judicial. Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177, documento
“006ConstRecepDda”, p. 1. Posteriormente, el asunto fue sometido a reparto el 15 de enero de 2024, según
consta en acta, ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 002, documento denominado
“8REPARTODELPRO_007ACTAREPARTOTAAPDF(.pdf) NroActua 2”, p. 1.
6 Se inadmitió la demanda por medio de auto interlocutorio del 16 de enero de 2024. Ver Samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia Índice 004. Documento denominado “1_AUTOINADMITIENDOLADEMANDA(.pdf)”,
pp. 1 a 3. Una vez subsanado el libelo, a través de providencia del 07 de febrero de 2024 fue admitida la
demanda, se vinculó como litisconsortes cuasi necesarios a los consorcios Construcciones C -2023 y Mecamed
2023, se notificó la decisión a los extremos procesales y al Ministerio Público. Ver Samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Índice 008. Escrito titulado “5_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.pdf)”, pp. 1 a
3.
2
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tecnología e Innovación de Medellín7, para que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Declárese que, en el marco del proceso de selección de contratista
Nº 70007451 de 2023, cuyo objeto fue “Construcción, rehabilitación,
mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada”, la
propuesta más favorable entre las concursantes, que cumplía con todos los
requisitos de elegibilidad, era la presentada por el CONSORCIO GÉNESIS, que
no debió ser rechazado del proceso de selección y que debió haber ocupado el
primer puesto en el orden de elegibilidad y que, en consecuencia, debió
adjudicársele la Licitación Pública Nº 70007451 y celebrara (SIC) con el
CONSORCIO GÉNESIS, el contrato de obra derivado de la licitación
SEGUNDA: En consecuencia, de lo anterior, declárese la nulidad de la
Resolución Nº SSS 2023500048896 del veinte (20) de junio de 2023, por la cual
se adjudica el proceso de licitación pública de obra Nº 70007451 de 2023, cuyo
objeto es “Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la
malla vial e infraestructura asociada” expedida por el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
TERCERA: Así mismo, declárese la nulidad absoluta del contrato de obra Nº
4600098664 de 2023, cuyo objeto es “Construcción, rehabilitación,
mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada”
celebrado entre CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023 y el DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
CUARTA: A título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de las
declaratorias de nulidades anteriores, en forma respetuosa, solicito, se condene
al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN, a pagarle al consorcio GÉNESIS, los daños antijurídicos que le
fueron causados, entre ellos, las sumas de dinero que hubiera percibido el
CONSORCIO GÉNESIS, en caso de haberle sido adjudicado el contrato y
permitido ejecutarlo, a lo que tenía legítimo derecho, en razón de la utilidad
propuesta, esto es la utilidad esperada que corresponde al 5% del valor del
contrato, esto DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENGTA (SIC) Y OCHO MIL ONCE PESOS CON VEINTE (SIC) TRES
CENTAVOS ($2.214.398.011,23).
QUINTA: Que se ordene el pago de las condenas, actualizando las sumas de
dinero a pagar al demandante, desde el momento en que, de conformidad con
la ejecución del contrato, habrían sido pagadas, hasta la fecha en que se
cancele definitiva y totalmente el monto de la condena o acuerdo de pago, de
conformidad con los índices de precios al consumidor IPC, certificados por el
DANE y que se aplique la tasa de interés del 12% anual establecida en la Ley
80 de 1993.
7 En lo sucesivo, el Distrito de Medellín, el Distrito, la entidad, la administración, el ente territorial.
3
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
SEXTA: Condenar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en costas del presente proceso (gastos y
agencias en derecho)”8
4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se mencionaron los
siguientes:
5. El actor indicó que el 31 de marzo de 2023 el Distrito de Medellín publicó en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el aviso de
convocatoria pública, el estudio de mercado, los estudios previos y el proyecto
de pliego de condiciones de la licitación pública n.º 70007451, cuyo objeto
correspondió a la “[c]onstrucción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento
de la malla vial e infraestructura asociada”. Afirmó que el 25 de abril siguiente, a
través de resolución, la entidad ordenó la apertura del proceso licitatorio.
6. Adujo que, conforme al cronograma establecido para el desarrollo del proceso
de selección, el 10 de mayo de 2023 se recibieron 14 ofertas9. Por lo que, la
entidad a través del comité de estructuración y de evaluación de la licitación10
verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los
participantes; documento que publicó en la plataforma SECOP II el 15 de mayo
de 2023 y en el que requirió a los proponentes, con el fin de subsanar los criterios
de habilitación.
7. En ese contexto, la parte actora señaló que los oferentes requeridos allegaron
los soportes correspondientes, los cuales fueron revisados por el comité de
evaluación, y agregó que, de manera seguida, la entidad consideró necesario
efectuar nuevas solicitudes en relación con distintos presupuestos habilitantes
que no fueron advertidos en el informe preliminar.
8
Escrito de la demanda. Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. Índice 001. Documento denominado
“7RADICACIONDEL_001DEMANDAPDF(.pdf)”, pp. 25 a 26. Solicitó decretar como elementos de convicción al
proceso de la referencia: (i) Documentales: el acuerdo consorcial de la sociedad Génesis; poderes y certificados
de la cámara de comercio, antecedentes del trámite licitatorio; comunicación procuraduría; resolución de
adjudicación n° SSS 2023500048896 del 20 de junio de 2023; contrato n.º 4600098664 de 2023; oficio de cesión
del contrato demandado; negocio jurídico de estructuras y pavimentos con el consorcio Santa Juana y acta de
recibo; radicación de solicitud de conciliación extrajudicial; acta de constitución del Consorcio Construcciones
C- 2023 y del Consorcio Mecamed 2023; (ii) testimoniales: Luz Marina López, Alejando Gómez Álvarez, Carlos
Aristizábal, Julio César Sorza, Luisa Fernanda Gómez, Tatiana Beltrán Sierra, Juan Diego Suárez, Carolina
Pabón Gómez, Juan Fernando Vargas; (iii) declaración de parte de los representantes legales del consorcio
Génesis; (iv) solicitó que junto con la contestación de la demanda el Distrito aportara el informe de evaluación
posterior al análisis de la respuesta del Consorcio Génesis y los videos de la audiencia de adjudicación. La
demanda fue reformada. Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 17, documento denominado
“27_MemorialWeb_Otro-202400030REFORMAA(.pdf) NroActua 17”, pp. 1 a 43; ello fue admitido en proveído
del 15 de mayo de 2024. Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 18, documento renombrado
“30Autoque decide_AutoAdmiteReforma202(.pdf)”. La reforma a la demanda consistió en adicionar los
siguientes medios de prueba, (i) dictamen pericial realizado por ingeniero civil; (ii) pruebas testimoniales de
Santiago Lopera, Daniela Henao, Carlos Mauricio Henao, Juan Guillermo Rodríguez, Gustavo Alonso Arenas,
Adrián Alexis Correa, Adriana Katherine Chunza y Mario Vanegas; (iii) prueba por informe a la parte demandada;
(iv) prueba trasladada en la medida que el Distrito indicara la existencia de un proceso penal en curso.
9 Se relacionaron las siguientes propuestas: (i) consorcio Mecamed; (ii) consorcio Malla Vial FCC; (iii) consorcio
Génesis; (iv) consorcio Malla Vial 2023; (v) consorcio Red Vial de Medellín; (vi) CSC Ingespro; (vii) consorcio
MP Medellín; (viii) consorcio Malla Vial Medellín; (ix) consorcio San Guillermo; (x) consorcio Construcciones C-
2023; (xi) consorcio Convitrac Malla Vial; (xii) consorcio Condor EyD; (xiii) consorcio Malla Vial MM 7451; (xiv)
consorcio Mejoramiento Vial 23.
10 En lo sucesivo el comité de evaluación o el grupo evaluador.
4
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
8. Posteriormente, manifestó que el grupo evaluador examinó la documentación
presentada por los interesados en el traslado del informe preliminar, con el fin
de efectuar la evaluación definitiva. En esa medida, señaló que el 1.º de junio de
2023 la entidad publicó en la plataforma SECOP II las respuestas a las
observaciones formuladas frente a las subsanaciones e indicó los oferentes que
fueron habilitados junto con el puntaje asignado — reseñó que no superaron
dicha fase los consorcios Malla Vial FCC, Malla Vial 2023, Red Vial de Medellín
y Malla Vial MM 7451—.
9. Expuso la parte actora que, conforme al itinerario del trámite licitatorio, el 2 de
junio de 2023 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación. Precisó que en el
segundo momento de la diligencia —apertura del sobre económico—, una vez
desencriptado el documento n.º 2, se dio lectura al valor total de las propuestas
de cada uno de los proponentes habilitados y se publicaron los ofrecimientos en
la plataforma SECOP II, quedando registradas del siguiente modo:
N. Proponente Valor AIU
°
1 CONSORCIO MECAMED $66.120.061.759 24.80%
2023
3 CONSORCIO GÉNESIS $63.603.185.199 24.70%
7 CONSORCIO MP MEDELLIN $66.840.426.687 25.60%
8 CONSORCIO MALLA VIAL $66.837.475.084 25.60%
MEDELLÍN
9 CONSORCIO SAN $66.401.148.113 25.60%
GUILLERMO
10 CONSORCIO $65.026.971.827 23.50%
CONSTRUCCIONES C-2023
11 CONSORCIO CONTRAVIC $69.721.629.073 25.60%
MALLA VIAL
12 CONSORCIO CONDOR EYD $69.773.312.001 25.60%
14 CONSORCIO $65.632.022.786 25.60%
MEJORAMIENTO VIAL 23
10. Señaló que, para efectos de determinar el método de ponderación aplicable y
realizar la consecuente calificación de la oferta económica, la entidad tuvo en
cuenta los centavos de la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para
la fecha de la diligencia, equivalente a $4.350,80, adoptando como referencia la
fracción decimal. Adujo que, con fundamento en dicho parámetro, el método de
ponderación utilizado correspondió al de menor valor.
11. Indicó que, en desarrollo de lo anterior y, una vez conocidos los valores ofertados
por cada uno de los proponentes habilitados, la diligencia fue suspendida a
solicitud del comité, con el fin de realizar la valoración y verificación de las
propuestas. Expuso que, una vez publicado el “informe financiero” y antes de la
reanudación de la audiencia de adjudicación, la entidad requirió a las 5:01 p.m.
al accionante para que sustentara el valor de su ofrecimiento económico, al
advertir la posible existencia de un precio artificialmente bajo en su propuesta,
5
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
concediéndole plazo para dar respuesta hasta las 7:00 p.m. del 2 de junio de
2023.
12. Resaltó que, pese al requerimiento formulado por la entidad, la audiencia de
adjudicación se reanudó a las 5:30 p. m. de ese mismo día, circunstancia que
obligó al consorcio Génesis a atender, de manera simultánea, la elaboración de
la respuesta y el desarrollo de la diligencia. Afirmó que dicha actuación
desconoció las directrices contenidas en la guía para el manejo de ofertas
artificialmente bajas11 de Colombia Compra Eficiente12.
13. Manifestó que, teniendo en cuenta la respuesta dada por parte del consorcio, se
suspendió nuevamente la audiencia de adjudicación hasta el 5 de junio de 2023
a las 10:30 a.m., para efectos de analizar la información suministrada. Adujo
que, al reanudarse la diligencia, se resolvió lo concerniente a la aclaración por
el presunto precio artificialmente bajo y, luego de verificar su inexistencia, el
comité publicó el orden de elegibilidad, estableciendo que el consorcio Génesis
se constituía como la propuesta más favorable para la entidad, al haber
acreditado un puntaje total de 100,00.
14. El accionante expuso que, con base en el resultado de la evaluación definitiva,
los integrantes del comité recomendaron a la Secretaría de Suministros y
Servicios del Distrito de Medellín en cabeza de Evelyn Tatiana Beltrán Sierra
adjudicar el contrato derivado de la licitación pública de obra n.º 70007451 de
2023 a Génesis, consorcio que se ubicó en el primer orden de elegibilidad.
15. El censor señaló que, a pesar de lo anterior, la secretaria de suministros y
servicios dispuso la suspensión de la audiencia de adjudicación con el propósito
de examinar la recomendación emitida por el comité. En consecuencia, mediante
oficio n.º 202320070192, solicitó a la Secretaría de Infraestructura Física
liderada por Luisa Fernanda Gómez Villegas la designación de un revisor técnico
para que efectuara la valoración de la propuesta presentada por el consorcio y
emitiera concepto sobre la evaluación técnica practicada, en especial respecto
del componente económico, fue designado para este efecto el ingeniero Rubén
Darío López Giraldo.
16. Explicó que, tanto la Secretaría de Suministros y Servicios, como la Secretaría
de Infraestructura Física del Distrito de Medellín formularon requerimientos
dirigidos exclusivamente al accionante, con el propósito de que aclarara y
justificara el valor de su propuesta económica. Agregó que, en atención a tales
solicitudes, allegó las respectivas respuestas, en las que explicó la inexistencia
de precios artificialmente bajos en su oferta, al tener en cuenta (i) la posibilidad
de los oferentes de ofertar un porcentaje de imprevistos diferente al contemplado
por la entidad en el presupuesto oficial; (ii) el valor de la mezcla tipo MDC-19 y
MSC-19 con adición de RAP; (iii) la participación mayoritaria de uno de sus
consorciados en la empresa Pavimentos Aburrá; (iv) la disponibilidad de equipos
11 En adelante, la guía.
12 En lo sucesivo, CCE.
6
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
por la relación comercial entre Buseticas SAS y Paecia SAS (integrante del
consorcio Génesis); y (v) su capacidad instalada de personal.
17. Afirmó que la Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN) solicitó a la
entidad indicar la norma que facultaba la designación de un revisor técnico y la
formulación de aclaraciones adicionales al oferente con posterioridad a la
promulgación del informe de evaluación definitivo, así como informar si en la
audiencia de adjudicación se permitiría a todos los participantes pronunciarse en
igualdad de condiciones sobre el concepto técnico y las respuestas presentadas
por el oferente.
18. Señaló que, mediante oficio n.º 202330229089 del 16 de junio de 2023, Rubén
Darío López Giraldo rindió informe técnico, en el cual concluyó que el consorcio
Génesis no justificó ni aclaró de manera satisfactoria las razones por las cuales
los valores ofertados no evidenciaban el cumplimiento de las condiciones
necesarias para garantizar la sostenibilidad económica durante la ejecución del
contrato.
19. Refirió que, con fundamento en el informe técnico, la secretaria de suministros y
servicios del Distrito resolvió apartarse de la recomendación emitida por el
comité de evaluación y, en su lugar, determinó que frente a la propuesta
presentada por la parte actora procedía aplicar la causal de rechazo W, prevista
en el numeral 1.15 del pliego de condiciones, relativa a la exclusión de ofertas
artificialmente bajas. Como efecto de dicha decisión, se modificó el orden de
elegibilidad, quedando en primera posición la propuesta del consorcio
Construcciones C-2023, con una calificación total de 100,00 puntos.
20. Manifestó que la entidad, mediante la Resolución n.° 2023500048896 del 20 de
junio de 2023, adjudicó la licitación pública n.° 700074512023 al consorcio
Construcciones C-2023. Derivado de dicha decisión, el 30 de junio de 2023 el
Distrito celebró el contrato de obra n.° 4600098664 con el oferente favorecido,
por un monto de $65.026’971.827, suma que comprendía el AIU y los tributos
correspondientes, con un plazo de ejecución de seis meses contados a partir de
la suscripción del acta de inicio.
21. Adujo que para la misma fecha en la que se celebró el negocio jurídico, el
representante legal del contratista solicitó ante la administración autorización
para realizar la cesión total del contrato de obra n.° 4600098664 al consorcio
Mecamed 2023 —quien se encontraba ubicado en el tercer orden de elegibilidad
del trámite licitatorio primigenio—. Solicitud que la entidad aprobó el 25 de julio
de 2023.
22. La parte actora sostuvo que las actuaciones descritas vulneraron el principio de
selección objetiva consagrado en la Ley 80 de 1993 y viciaron de nulidad por
falsa motivación, desconocimiento de las normas en que debía fundarse y
desviación de poder, la Resolución de adjudicación n.° SSS 2023500048896.
7
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
23. Agregó que (i) el consorcio Génesis presentó su oferta económica conforme al
pliego de condiciones, cumplió con la totalidad de los requerimientos y desvirtuó
la existencia de precios artificialmente bajos dentro de su ofrecimiento
económico, por lo que tenía el mejor derecho para resultar adjudicatario, según
lo recomendó el comité evaluador; (ii) el revisor técnico incurrió en errores al
analizar la propuesta; (iii) resultaba contradictorio rechazar el ofrecimiento
económico del accionante por presuntos valores irrisorios sin aplicar el mismo
criterio a la oferta que le seguía en orden de elegibilidad; y (iv) la sociedad
adjudicataria finalmente cedió el contrato sin iniciar su ejecución, lo que
evidenciaba su falta de capacidad para desarrollar el objeto contractual y, en
consecuencia, la ausencia de una evaluación imparcial y ajustada a los
principios que rigen la contratación estatal.
La contestación de la demanda
24. El Distrito de Medellín se opuso a las pretensiones13. Anotó que (i) el proceso de
selección n.° 70007451 se desarrolló en estricta observancia de las
disposiciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, garantizando
a todos los proponentes la igualdad de trato, la transparencia y las demás
prerrogativas previstas en la normativa aplicable para cada una de sus etapas y
(ii) los actos administrativos expedidos por la entidad correspondieron a una
actuación eminentemente reglada y fundada en un verdadero juicio de legalidad,
razón por la cual no resultaba posible atribuirles vicio de nulidad alguno.
25. Aunado a lo anterior, la entidad expresó la ausencia de una irregularidad al
haberse apartado de la recomendación del grupo evaluador, consideró que la
solicitud de un examen técnico complementario se adoptó dentro del ámbito de
sus competencias y con el propósito de fortalecer el análisis integral de las
propuestas, erigiéndose en un insumo adicional para la decisión final de
adjudicación. Sostuvo igualmente, que los informes emitidos por el comité de
evaluación no poseían carácter vinculante, toda vez que la ley no les asigna la
dirección ni el manejo de la actividad contractual, por lo que la administración
puede ajustarlos o corregirlos cuando resulte necesario, conforme al
ordenamiento que rige los procesos de selección, tal como aconteció en el
trámite licitatorio14.
26. Propuso como excepciones las que denominó (i) ausencia de violación de
normas constitucionales y legales; (ii) inexistencia de causales de nulidad y (iii)
la genérica.
13 Ver SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia. índice 013. Carpeta denominada
“19RECEPCIONMEMOR_CONTESTACIONDEMANDAL(.zip)”, Documento renombrado “CONTESTACIÓN
Dda2024 00030.pdf”, pp. 1 a 23.
14 Solicitó como medios de prueba los siguientes: (i) testimoniales: Carolina Pabón Gómez, Juan Fernando
Vargas Vélez, Juan Diego Suárez Saldarriaga; (ii) documentales: antecedentes del proceso de selección, (link
SECOP ll), solicitó que en caso de no acceder a los llamamientos en garantía se convocara a Evelyn Tatiana
Beltrán Sierra, Luisa Fernanda Gómez Villegas y Rubén Darío López para que se pronunciaran sobre los hechos
de la demanda.
8
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
27. La entidad demandada en escrito separado llamó en garantía15 a Evelyn Tatiana
Beltrán Sierra, en su condición de secretaria de suministros y servicios del
Distrito de Medellín16; a Luisa Fernanda Gómez Villegas, en su calidad de
secretaria de infraestructura física17; y a Rubén Darío López Giraldo, quien para
la época de los hechos ejercía como director técnico de este último despacho 18.
15 Las pretensiones establecidas correspondieron a las siguientes: “se solicita vincular a la Señora EVELYN
TATIANA BELTRÁN SIERRA en calidad de servidora pública en llamamiento en garantía con fines de repetición,
en la demanda identificada con radicado 05001233300020240003000 promovida por el CONSORCIO
GÉNESIS en contra del Distrito Especial de Medellín”, documento denominado “001LlamamientoEvelynBeltran”.
“se solicita vincular a la Señora LUISA FERNANDA GÓMEZ VILLEGAS en calidad de servidora pública en
llamamiento en garantía con fines de repetición, en la demanda identificada con radicado
05001233300020240003000 promovida por el CONSORCIO GÉNESIS en contra del Distrito Especial de
Medellín”, archivo renombrado “001LlamamientoLuisaGomez”. “se solicita vincular al señor RUBÉN DARIO
LÓPEZ GIRALDO en calidad de servidor pública (SIC) en llamamiento en garantía con fines de repetición, en
la demanda identificada con radicado 05001233300020240003000 promovida por el CONSORCIO GÉNESIS
en contra del Distrito Especial de Medellín” documento “001LlamamienyoRubenLopez”. Los llamamientos en
garantía se admitieron en autos del 17 de julio de 2024. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Índice 27. Documentos denominados “35Autoadmitella_AdmiteLlamGrtiaDistr(.pdf)”, pp. 1 a 3. “36Auto
admitella_AdmiteLlamGrtiaDistr(.pdf)”, pp. 1 a 3. “37Auto admitella_AdmiteLlamGrtiaDistr(.pdf)”. Pp 1 a 3.
16 Respecto de Evelyn Tatiana Beltrán el Distrito expuso que en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde el consorcio Génesis demandó a la llamante, era posible avizorar en el
escrito de demanda la existencia de posibles irregularidades en la expedición de la resolución de adjudicación
del proceso de selección de licitación pública n.°7000745 y la suscripción y la cesión del contrato de obra n.°
4600098664, por el desconocimiento de los principios de selección objetiva, debido proceso, economía, falsa
motivación, desconocimiento de las normas en que debía fundarse y desviación del poder, por lo que “(…)
frente a la posibilidad de encontrar algunas irregularidades en la expedición de la Resolución N° SSS
2023500048896 del veinte (20) de junio de 2023, en la suscripción y sesión del contrato de obra N° 4600098664
de 2023, y dadas las presunciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, se encuentra que
es posible la existencia de un comportamiento doloso o gravemente culposo por pate (SIC) del agente estatal,
para lo que se requerirá pronunciamiento en el caso de ser condenada la entidad pública. 7. Se pide analizar
los presupuestos normativos establecidos en la Ley 678 de 2001 y en caso de encontrarse, se condene en la
forma correspondiente a la señora EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA identificada con cédula de ciudadanía
N° 1032414163, quien se encontraba prestando sus servicios en la fecha de ocurrencia de los hechos en calidad
de SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARÍA DE SUMINSITROS Y SERVICIOS, por la expedición de la
Resolución N° Resolución N° SSS 2023500048896 del veinte (20) de junio de 2023 y la suscripción y sesión
del contrato de obra N°4600098664 de 2023”. Solicitó tener como pruebas (i) documentales: la demanda, la
contestación y las pruebas decretadas en el proceso principal, las actas de posesión 331 y 2062, el certificado
laboral con funciones y las resoluciones 202350005436 y 202350004052; (ii) interrogatorio de parte: a la llamada
en garantía con fines de repetición.
17 El Distrito alegó que conforme la demanda interpuesta contra la entidad por el consorcio Génesis en el marco
de la nulidad y restablecimiento del derecho y según el dicho del líbelo, la expedición de la Resolución n.°
2023500048896 del 20 de junio de 2023, la suscripción y la cesión del contrato de obra n.° 4600098664 se
realizó contrariando los principios de la contratación y los de la función pública, por lo que dadas las
presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001 resultaba posible la existencia de un comportamiento doloso
o gravemente culposo por parte de la entonces agente estatal, por lo que en caso de resultar condenado el
Distrito consideraba pertinente el pronunciamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial. Allegó
como elementos de convicción (i) documentales: la demanda, la contestación y las pruebas decretadas en el
proceso principal, acta de posesión 1861, decreto de nombramiento 1017 de 2022 y el certificado laboral con
funciones; (ii) interrogatorio de parte: a la llamada en garantía con fines de repetición.
18 En lo relativo a la conducta del señor Rubén Darío López Giraldo anotó la llamante que durante el proceso
de calificación de la propuesta en la licitación pública objeto de examen el llamado actuó como revisor de la
evaluación realizada por parte del grupo evaluador y sus resultados incidieron en el contenido de la resolución
de adjudicación de forma contraria a los principios de la contratación y a los de la función pública por lo que “6.
Frente a la posibilidad de encontrar algunas irregularidades en la expedición de la Resolución N° SSS
2023500048896 del veinte (20) de junio de 2023, y dadas las presunciones establecidas en los artículos 5 y 6
de la Ley 678 de 2001, se encuentra que es posible la existencia de un comportamiento doloso o gravemente
culposo por parte del agente estatal, para lo que se requerirá pronunciamiento en el caso de ser condenada la
entidad pública. 7. se pide analizar los presupuestos normativos establecidos en la Ley 678 de 2001 y en caso
de encontrarse, se condene en la forma correspondiente al señor RUBEN DARÍO LOPEZ GIRALDO (…) quien
se encontraba prestando sus servicios en la fecha de ocurrencia de los hechos en calidad de DIRECTOR
TÉCNICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, por su participación en la (SIC) la expedición de
la Resolución N° Resolución N° SSS 2023500048896 del veinte (20) de junio de 2023.Por lo anterior, se solicita
vincular al señor RUBEN DARÍO LÓPEZ GIRALDO en calidad de servidor pública (SIC) en llamamiento en
garantía con fines de repetición (…)”. Aportaron como pruebas: (i) documentales la demanda, la contestación
y las pruebas decretadas en el proceso principal, acta de posesión 2127, certificado laboral con funciones,
decreto de nombramiento 0130; (ii) interrogatorio de parte: al llamado en garantía con fines de repetición.
9
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
28. Los consorcios Construcciones C-2023 y Mecamed 2023, no contestaron la
demanda19.
La oposición de los llamados en garantía con fines de repetición
29. Luisa Fernanda Gómez Villegas se opuso tanto a las pretensiones del libelo
introductorio, como al llamamiento en garantía20. Afirmó que no tuvo injerencia
alguna en el trámite licitatorio, toda vez que las funciones de estructuración y
ordenación del gasto fueron ejercidas por la Secretaría de Suministros y
Servicios del Distrito, dependencia que expidió el acta de adjudicación, suscribió
el contrato y aceptó la cesión del negocio. Precisó que, en consecuencia, no se
encontraban demostrados los supuestos fácticos ni jurídicos que permitieran
atribuirle “culpa grave” con miras a su vinculación como llamada en garantía.
30. Propuso como excepciones (i) la caducidad de la acción; (ii) la presunción de
legalidad de los actos administrativos; (iii) la improcedencia del restablecimiento
del derecho y (iv) la inexistencia de los presupuestos necesarios para el
llamamiento en garantía con fines de repetición.
31. Evelyn Tatiana Beltrán Sierra controvirtió el petitum de la demanda y el
llamamiento en garantía formulado en su contra21. Sostuvo que, en su calidad
de delegada contractual, estaba facultada para apartarse de las
recomendaciones del comité evaluador, en tanto el ordenamiento jurídico así lo
permitía. Añadió que, conforme al análisis efectuado por Rubén Darío López, la
oferta presentada por el consorcio Génesis carecía de respaldo probatorio
suficiente y contenía precios artificialmente bajos, circunstancia que el oferente
no logró desvirtuar dentro del término concedido. Concluyó que la decisión
adoptada se encontraba debidamente sustentada en la resolución de
adjudicación, la cual, a su juicio gozaba de plena legalidad.
32. En relación con su actuación dentro del proceso de selección, manifestó que
cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo, empleando los recursos y
conocimientos propios de su función y atendiendo las exigencias normativas
aplicables. Sostuvo que, en su calidad de delegada contractual, le correspondía
ejercer las facultades propias, entre ellas, la posibilidad de apartarse de las
recomendaciones del comité evaluador, toda vez que la ley así lo permitía y
19 Fueron vinculados formalmente al proceso judicial a través del auto admisorio de la demanda, donde se
dispuso: “[e]n atención a la regulación normativa dispuesta en el artículo 62 del Código General del Proceso,
aplicable al caso concreto por remisión expresa del artículo 227 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 85 de la Ley 2080 de 2021, se tendrán como terceros
vinculados en calidad de Litisconsortes cuasi necesarios de la parte pasiva del Litigio, los CONSORCIOS
CONSTRUCCIONES C-2023 y MECAMED 2023 (…) [n]otifíquese personalmente a los representantes legales
de los Consorcios Construcciones C-2023 y MECAMED 2023, conforme a lo establecen los artículos 197, 198
y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
48 de la Ley 2080 de 2021”. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 08. Documento
denominado “5_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.pdf)”, pp. 1 a 3. Fueron notificados el 15 de febrero de
2024. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 11. Documento denominado
“11RECEPCIONMEMOR_CONSTANCIASDENOTIFICACIONPDF(.pdf)”, pp. 1 a 43.
20 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 37, documento denominado
“40_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 37”, pp. 1 a 15.
21 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 38, documento denominado “44Recepcion
Memor_CONTESTACIONDELLLAMA(.pdf)”, pp. 1 a 114.
10
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
existían fundamentos fácticos y jurídicos que justificaban tal decisión. Agregó
que, de acuerdo con el análisis realizado por Rubén Darío López, la oferta
presentada por el consorcio Génesis carecía de respaldo probatorio suficiente y
contenía precios artificialmente bajos, aspecto que el oferente no logró desvirtuar
en el término concedido. Propuso como excepciones de mérito: (i) la ausencia
de violación de normas constitucionales y legales, y (ii) la inexistencia de
causales de nulidad.
33. Rubén Darío López Giraldo se opuso a las pretensiones de la demanda y al
llamamiento en garantía22. Sostuvo que la licitación pública se adelantó
conforme a las normas que rigen la contratación estatal, aplicando las
herramientas de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de CCE.
Indicó que el consorcio Génesis no logró justificar de manera satisfactoria los
precios ofertados, pues su propuesta se encontraba por debajo del valor mínimo
aceptable, presentaba inconsistencias en los ítems más representativos
presupuestalmente y no acreditó la sostenibilidad económica del contrato, por lo
cual la decisión de rechazo resultó ajustada a derecho.
34. En cuanto al llamamiento en garantía, adujo la inexistencia de los presupuestos
materiales exigidos por el artículo 225 del CPACA, dado que, si bien fue
designado como revisor técnico dentro del proceso de selección, dicha función
no implicó la toma de decisiones ni la integración del comité de estructuración y
evaluación. Precisó que su labor se limitó a emitir un concepto técnico sin
capacidad decisoria, por lo que no intervino en la expedición del acto
administrativo demandado ni en determinaciones que comprometieran la
responsabilidad patrimonial del Distrito. En consecuencia, no podía atribuírsele
una conducta dolosa o gravemente culposa al no configurarse nexo causal
alguno entre su actuación y una eventual condena que pudiere recaer sobre la
entidad.
35. Propuso las excepciones de (i) caducidad; (ii) presunción de legalidad de los
actos administrativos; (iii) existencia de ofertas artificialmente bajas en la
propuesta del consorcio génesis; (iv) improcedencia del restablecimiento del
derecho23; y (iv) carencia de los presupuestos necesarios para el llamamiento
en garantía con fines de repetición
La sentencia de primera instancia 24
36. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en los términos que se indican a continuación25:
22 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 40. Documento denominado
“48_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)”, pp. 1 a 19.
23 Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 43. Documento denominado
“54Autoqueresuel_AutoPronunciaExcepci(.pdf)”, pp. 1 a 3.
24Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 153. Documento denominado
“159Sentencia_NulidadAdjudyAbsolCt(.pdf)”, pp. 1 a 66. Fue notificada el día 13 de mayo de 2025. Ver samai
del Tribunal Administrativo de Antioquia. Documento denominado “Soporte notificación Sentencia de fecha
1(.pdf)”, pp.1 a 24.
25 La transcripción se realiza de manera literal.
11
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
“PRIMERO. Se declara no probada la excepción de caducidad formulada
por dos de los llamados en garantía, acorde con los razonamientos
expuestos con antelación.
SEGUNDO. Se niega la tacha formulada por la apoderada de la llamada en
garantía Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, respecto de la declaración del señor
Carlos Mario Carlos Marío (SIC) Henao Urrego, por las razones indicadas
previamente.
TERCERO. Se declara la nulidad de la Resolución No. SSS 2023500048896
del 20 de junio de 2023, expedida por la Secretaría de Suministros y Servicios
del Distrito de Medellín, mediante la cual se adjudicó el proceso de licitación
pública No. 70007451 de 2022 y de la Resolución aclaratoria No. SSS
202350049607 del 21 de junio de ese mismo año, teniendo en cuenta los
argumentos plasmados en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, se condena al Distrito de
Medellín, pagar al Consorcio Génesis, la suma de $2.358.935.200,80,
correspondiente a la utilidad que esperaba obtener del contrato, ya indexada
conforme a lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y con fundamento en lo fórmula indicada en la parte motiva.
QUINTO. Se declara la nulidad absoluta del Contrato No. 4600098664 del 30
de junio de 2023, suscrito por la señora Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, en
calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín y el
representante legal del Consorcio Construcciones C-2023, de conformidad con
las consideraciones esbozadas en precedencia.
SEXTO. Se ordena al Distrito de Medellín, que restituya al Consorcio
Mecamed 2023, ejecutor del contrato en virtud de la cesión del negocio, los
costos en que este incurrió durante la ejecución del mismo y hasta el momento
en que hizo entrega de las obras -26 de febrero de 2024-, sin que haya lugar a
incluir la utilidad, previo descuento de los valores que fueron pagados por ese
mismo concepto.
De haberse efectuado la totalidad de los pagos debidos, el consorcio contratista
deberá efectuar el reintegro debidamente indexado, de la suma recibida a título
de utilidad por la ejecución del contrato, según lo pactado en el acuerdo
celebrado.
SÉPTIMO. Se niega el reconocimiento de intereses moratorios clamado[s]
por la parte demandante, con fundamento en lo indicado en la parte motiva de
la decisión.
OCTAVO. Se declara civil y patrimonialmente responsables a los llamados
en garantía, señores Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López
Giraldo, a título de dolo. Por tanto, el Distrito de Medellín queda facultado
para exigir el reembolso del 45% del pago indexado que realice al
[c]onsorcio Génesis.
12
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
NOVENO. Se niega la pretensión de responsabilidad civil y patrimonial
formulada contra la también llamada, señora Luisa Fernanda Gómez Villegas,
en consideración de los argumentos plasmados en la motivación precedente.
DÉCIMO. Se condena en costas de primera instancia, al Distrito de Medellín y
a los señores Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López Giraldo, en el
mismo porcentaje de la condena que a cada uno se asignó.
DÉCIMO PRIMERO. Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de
los artículos 189 y 192 del CPACA.
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez ejecutoriada la presente decisión, archívese el
expediente” (negrilla propia del texto).
37. El a quo señaló que el término para ejercitar la acción encaminada a la
declaratoria de nulidad de la Resolución n.° SSS 2023500048896 del 20 de junio
de 2023 (mediante la cual se adjudicó la licitación pública n.° 70007451 al
consorcio Construcciones C-2023) comenzó a correr a partir del 21 de junio de
2023 y debía culminar el 21 de octubre de ese año. Sin embargo, advirtió que la
parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 19 de octubre de
2023, lo que suspendió el cómputo hasta el 27 de noviembre de 2023, día en
que se expidió la constancia de no acuerdo, señaló que a partir del 28 de
noviembre reanudó su curso el remanente del término —dos días—, que fenecía
el 29 siguiente. Indicó que la demanda fue instaurada el 28 de noviembre de
2023, dentro del término dispuesto por el legislador en el artículo 164, numeral
2. ° literal c) del CPACA. En lo que atañe a la pretensión de anulación absoluta
del contrato de obra n.° 4600098664 de 2023, precisó que igualmente se respetó
el plazo fijado en el literal j) del artículo 164 ibidem, puesto que al momento de
la presentación de la demanda no habían transcurrido los dos años contados
desde el día siguiente a su suscripción.
38. En cuanto a la pretensión de nulidad de la Resolución de adjudicación n.° SSS
202350048896 del 20 de junio de 2023 y su aclaratoria la Resolución n.° SSS
202350049607 del 21 de junio del mismo año, el Tribunal señaló que del examen
conjunto del acervo probatorio se desprendía que: (i) el análisis técnico
elaborado por el revisor designado para sustentar el apartamiento de la
recomendación del comité evaluador adoleció de deficiencias sustanciales, que,
aun cuando fueron advertidas, se emplearon como fundamento nuclear para
rechazar su oferta y adjudicar el contrato al consorcio Construcciones C-2023,
en tanto (a) la revisión comparó los precios de la mezcla asfáltica densa tibia tipo
semidensa MSC-19 con RAP utilizando una unidad de medida no prevista en el
pliego —metros cúbicos—, pese a que el presupuesto oficial fijó su valoración
exclusivamente en toneladas, (b) la utilización de referencias provenientes de
una licitación adelantada por la Gobernación de Antioquia, cuyos insumos no
eran homologables, pues la mezcla asfáltica en caliente tipo 19 empleada en
dicho proceso contenía un 5.6 % de asfalto, en contraste con el 5% incorporado
en la mezcla correspondiente al Distrito de Medellín, y (ii) si bien la Secretaría
de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín no estaba jurídicamente
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
obligada a acoger la recomendación del grupo evaluador, sí le era exigible
motivar de manera suficiente, razonada y acorde con el ordenamiento su
decisión de separarse de ello.
39. Por lo anterior, el a quo concluyó que la oferta presentada por el accionante
debió ser objeto de evaluación y ubicada en el primer orden de elegibilidad,
conforme lo había determinado el comité, por cuanto satisfacía los requisitos
jurídicos, técnicos y financieros exigidos. En consecuencia, declaró la nulidad de
los actos acusados al haberse desatendido las normas que debían orientar la
decisión y vulnerado los principios de igualdad y selección objetiva,
configurándose el vicio de falsa motivación26.
40. En esa línea, el juez de primera instancia consideró que, al haberse acreditado
que el consorcio Génesis debió ser el adjudicatario de la licitación pública de
obra n.° 70007451 de 2023, dado que, de no haber sido rechazado
indebidamente, habría ocupado el primer orden de elegibilidad, procedía el
reconocimiento de la utilidad dejada de percibir. Luego de analizar la
estructuración económica de la propuesta consignada por el accionante se
estableció que el AIU se había calculado en un 24,70% del valor total ofertado
($63.603´185.199), correspondiendo el 19,60% a gastos de administración, el
0,1% a imprevistos y el 5,00% a la utilidad esperada. En consecuencia, se
condenó al Distrito de Medellín a pagar la suma de $2.214.398.011,23 27,
concepto que, actualizado a la fecha de la sentencia, ascendió a
$2.358.935.200,80. Negó la procedencia de intereses moratorios.
41. En cuanto a la pretensión de nulidad absoluta del contrato n.° 4600098664 del
30 de junio de 2023, el a quo sostuvo que, conforme a lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 80 de 1993, dicha causal se configura cuando resultan inválidos los
actos administrativos que sirven de soporte a los negocios jurídicos estatales.
Consideró que tal circunstancia se presentaba en el caso sub judice, dado que
el acto de adjudicación contenido en la Resolución n.° SSS 202350048896 del
20 de junio de 2023 y su aclaratoria n.° SSS 202350049607 del 21 de junio del
mismo año fueron declarados nulos. En consecuencia, al quedar desprovisto de
un fundamento jurídico válido, el contrato de obra pública celebrado con
posterioridad al proceso licitatorio n.° 70007451 de 2023 se encontraba afectado
26 Expuso que a pesar de haberse alegado como causales de anulación de las Resolución sub examine la
desviación de poder y la violación al debido proceso. La primera no fue acreditada y en lo concerniente a la
violación al debido proceso indicó que si bien no se trasgredió si resultaron vulnerados otros principios como el
de la igualdad. Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 153. Documento denominado
“159Sentencia_NulidadAdjudyAbsolCt(.pdf)”.
27 El Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que, “[a]unque en la oferta económica el Consorcio actor no
especificó el costo directo del proyecto, en la demanda se clamó el reconocimiento de la suma de
$2.214.398.011,23, afirmando que correspondía a la utilidad esperada del 5% de ese costo directo. Suma que
resulta ser inferior, al resultado se extractar el 5% del valor de la Utilidad ofertada (Utilidad = $63.603.185.199
x 5% = $3.180.159.259,95). En consecuencia, la Sala condenará al Distrito de Medellín, a pagar al Consorcio
Génesis, la suma de $2.214.398.011,23, que es lo que parte demandante afirmó corresponde al 5% de utilidad
esperada de haber ejecutado las obras, obtenido del costo total”. En consecuencia, la Sala condenó al Distrito
de Medellín a pagar al Consorcio Génesis la suma de $2.214.398.011,23, valor que la parte demandante afirmó
correspondía a la utilidad esperada del 5 % de haber ejecutado las obras, calculada sobre el costo total del
contrato. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 153. Documento denominado
“159Sentencia_NulidadAdjudyAbsolCt(.pdf)”, pp. 58.
14
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
por el mismo vicio que invalidó la adjudicación. Por ello, el Tribunal declaró la
nulidad absoluta del negocio jurídico.
42. En lo referente a las restituciones mutuas, el juez de primera instancia señaló
que, encontrándose finalizado el contrato de obra n.° 4600098664 de 2023 al
momento de proferirse la sentencia que dispuso su nulidad, correspondía
ordenar al Distrito de Medellín restituir al consorcio Mecamed 2023 los costos en
que este había incurrido durante la ejecución del contrato, por las obras
efectivamente realizadas y recibidas el 26 de febrero de 2024. Indicó que no
procedía incluir la utilidad esperada y que debían descontarse los valores ya
cancelados por ese mismo concepto, según los registros del contrato en la
plataforma SECOP II, en los cuales constaban nueve pagos efectuados entre
los meses de julio y diciembre de 2023, y enero y febrero de 2024. Agregó que,
de haberse efectuado tales desembolsos, el consorcio contratista debía efectuar
el reintegro —debidamente indexado — a la entidad de la suma recibida a título
de utilidad por la ejecución del contrato, según lo pactado en el acuerdo
celebrado.
43. Respecto de la responsabilidad de los llamados en garantía, el Tribunal
consideró que, conforme al artículo 5 de la Ley 678 de 2001, modificado por el
artículo 39 de la Ley 2195 de 2022, se presume el dolo del agente estatal cuando
el acto administrativo es declarado nulo por falsa motivación. Al haberse
configurado dicha causal en la nulidad de la Resolución n.° SSS 202350048896
del 20 de junio de 2023, mediante la cual se adjudicó la licitación pública n.°
70007451 a un consorcio distinto del demandante, el a quo concluyó que Evelyn
Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López Giraldo eran civil y patrimonialmente
responsables del perjuicio causado al Distrito de Medellín, a título de dolo. En
consecuencia, consideró que “el Distrito de Medellín estará facultado para exigir
a cada uno de los señores Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López
Giraldo, el 45% del valor total de la condena que se le impondrá en esta
sentencia”28.
44. Por último, señaló que la pretensión de responsabilidad formulada contra la
también llamada en garantía, Luisa Fernanda Gómez Villegas, no prosperaba,
por cuanto su actuación no se enmarcó en los supuestos de dolo o culpa grave,
dada la limitación de sus funciones en el desarrollo del proceso contractual.
45. Condenó en costas al Distrito Especial de Medellín y a los llamados en garantía,
Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López Giraldo, en el mismo
porcentaje de la condena asignado a cada uno.
28 El Tribunal señaló que se constató la calidad de agentes del Estado teniendo en cuenta las certificaciones
emanadas de la Unidad de Administración de Personal del Distrito de Medellín, los actos de nombramiento y
encargos y las actas de posesión aportadas al acervo probatorio.
15
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Los recursos de apelación
46. El Distrito de Medellín impugnó la sentencia de primer grado y en sus cargos de
disenso argumentó que la entidad poseía el derecho al reembolso total de la
condena, por cuanto el perjuicio se originó directamente en la actuación dolosa
por “desviación de poder” de los exfuncionarios llamados en garantía, quienes,
sin justificación, desatendieron la recomendación del comité evaluador que
había considerado la oferta del consorcio Génesis como la más favorable, tal
como se acreditó en el dictamen pericial. Agregó que el proveído no ofreció
motivación suficiente para reducir dicho reintegro del 100 % al 45 %29.
47. En esa línea, estableció que la conducta de los llamados en garantía fue
determinante en la imposición de la condena resarcitoria a cargo del Distrito, en
tanto quedó acreditado en el proceso que la entonces secretaria de suministros
y servicios, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, otorgó un término precario de dos
horas para que el consorcio Génesis sustentara su oferta, se apartó
injustificadamente de la recomendación del comité de evaluación y solicitó a la
secretaria de infraestructura la designación de un revisor técnico. Respecto de
Rubén Darío López Giraldo, señaló que su actuación incidió de manera decisiva
en la configuración de dicha obligación indemnizatoria, en tanto se limitó a tomar
información de otras licitaciones no acordes con el proceso adelantado por el
Distrito y omitió realizar la conversión de cm³ a toneladas30. Por su parte, en lo
que atañe a la actuación de Luisa Fernanda Gómez Villegas indicó que "[s]i bien
existe una mayor responsabilidad por parte de la Secretaría de Suministros y
Servicios, también existe responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura
Física", para luego afirmar que "[c]omo puede observarse, existió una omisión
por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, quien (sic)"31.
48. El consorcio Mecamed 2023 expuso como reproches contra la sentencia de
primera instancia (i) defecto sustantivo del proveído por inadecuada motivación;
(ii) improcedencia de las restituciones mutuas; (iii) buena fe contractual de la
estructura asociativa; (iv) enriquecimiento sin causa del distrito; (v) ausencia de
prueba del monto de la utilidad percibida por parte del consorcio, en tanto la
consignada en la propuesta económica correspondía a un mero estimativo; y (vi)
29 Señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo solicitado en el llamamiento en garantía con fines de repetición, a lo
probado dentro del proceso, y al perjuicio generado por los exfuncionarios al Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, el reembolso a que se tiene derecho debe ser del 100% del valor de la
condena y no del 45% del valor de la misma. En el presente caso, dentro del proceso se probó y así lo señaló
la sentencia que los funcionarios actuaron con desviación de poder, por lo que se presume el dolo de
conformidad con el numeral 1º del artículo 5 de la ley 678 de 2001”
30
Indicó literalmente lo siguiente: “El señor López Giraldo se limitó a tomar información de otras licitaciones,
que no eran acordes a la del Distrito y que como quedó demostrado por los peritos, no realizó la conversión de
cm3 en toneladas. Adicionalmente, las actividades desplegadas por el señor López Giraldo, no fueron acordes
a lo que debía hacer, porque lo que se debía analizar como lo hizo el Comité Evaluador del Distrito y el perito
fijado por el despacho, era determinar si los argumentos que señaló el Consorcio Genesis eran suficientes para
aclarar que el precio de la oferta no era artificioso o falso, sino acorde a la realidad. Y no realizar comparaciones
con los precios del mercado”.
31
Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 161. Documento denominado
“166_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-ENVIOSUJETOSAPELAC(.pdf)”, pp. 1 a 7.
16
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
violación del principio de congruencia, en la medida que el fallo contiene
decisiones que superan los efectos que legalmente produce la nulidad32.
49. En lo atinente a las restituciones mutuas, expuso que, si bien las providencias
citadas en la decisión de primera instancia contenían aportes valiosos para la
comprensión de la institución, no resultaban vinculantes frente a las
particularidades del caso, configurándose, un yerro sustantivo por inadecuada
aplicación del precedente judicial33. Sostuvo que en ninguno de los fallos
referidos el Consejo de Estado dispuso la devolución de la utilidad percibida por
el contratista que ejecutó las obras, motivo por el cual la providencia impugnada
incurrió en un desacierto, al atribuir a la nulidad del contrato consecuencias
ajenas a las providencias judiciales invocadas. Añadió que, por el contrario, en
el caso concreto las restituciones se tornaban improcedentes, según lo previsto
en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, toda vez que las prestaciones ejecutadas
se encontraron encaminadas a satisfacer un interés público y adicionalmente no
resultaba posible materialmente restituirlas in natura34.
50. Agregó que el consorcio Mecamed 2023 obró como un tercero de buena fe ajeno
a las circunstancias que motivaron la nulidad de la resolución de adjudicación.
Señaló que durante la ejecución del contrato cumplió cabalmente con las
especificaciones técnicas y bajo la supervisión de la interventoría, la cual certificó
el cumplimiento integral de sus obligaciones como cesionario. Precisó que,
conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, cuando el contratista actúa de
buena fe y ejecuta las prestaciones pactadas, tiene derecho al reconocimiento y
pago de lo efectivamente realizado, sin deducciones ni sanciones. En tal sentido,
sostuvo que ordenar la restitución de la utilidad constituiría una medida
improcedente, reservada para supuestos de causa y/o objeto ilícito, condiciones
que no se encontraban acreditadas en el caso sub examine, lo cual
indefectiblemente se constituirá en un enriquecimiento sin causa para la entidad
a expensas del patrimonio del contratista ejecutor y de los llamados en garantía.
51. El consorcio Construcciones C-2023 arguyó que el a quo incurrió en (i) un yerro
en la motivación de la nulidad de la Resolución de adjudicación n.° SSS-
202350048896 del 20 de junio de 2023, toda vez que la propuesta económica
presentada por el consorcio Génesis adolecía de inconsistencias, errores y
contradicciones en el intento de sustentar una oferta ostensiblemente irrisoria.
En particular, sostuvo que (a) la justificación del precio carecía de objetividad,
circunstancia que imponía el rechazo de la propuesta; (b) no existía
32
Ver samai del tribunal administrativo de Antioquia, índice 162. Documento denominado
“167_MemorialWeb_Recurso-RecursodeApelacion(.pdf)”, pp. 1 a 25.
33
Los fallos judiciales referenciados correspondieron a los siguientes: 76001-23-31-000-2012-00171-
01(62250); 08001-23-31-000-2008-00248-01 (61720); 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55102). Ver samai del
Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 162, pp. 1 a 25.
34
Citó como sustento jurisprudencial la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A. C. P: Fernando Alexei Pardo Flórez. Providencia del once de octubre de 2024.
Rad: 52001-23-33-000-2018-00468-01 (71.105). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A. C.P: José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia del dieciocho de noviembre de
dos mil veinticuatro (2024). Expediente: 63001233300020190025201 (69.233); Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P: José Roberto Sáchica Méndez. Providencia
del cuatro de abril de dos mil veinticinco (2025). Rad. 63001233300020200042101 (70.045).
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
correspondencia entre los documentos aportados y la oferta económica; y (c) se
omitió el análisis de los precios unitarios (APU); (ii) además, controvirtió el
contenido del dictamen pericial, al considerar que este desconoció elementos
estructurales del proceso de selección; (iii) agregó, que las respuestas emitidas
por el comité evaluador, en ejercicio de su función técnica frente al examen de
los precios artificialmente bajos, resultaban insuficientes, razón por la cual el
ordenador del gasto contaba con fundamentos determinantes para apartarse de
dicha recomendación, habida cuenta de que la ecuanimidad exigida no podía
suplirse mediante escritos carentes de valor probatorio, en abierta contravención
de lo previsto en la guía de CCE35.
52. Evelyn Tatiana Beltrán en su alzada estableció que la providencia recurrida se
encontró inmersa en (i) error de derecho por indebida interpretación normativa,
en la medida que el tribunal comprendió inadecuadamente la naturaleza y
finalidad del requerimiento por precios artificialmente bajos; (ii) yerro de hecho
por omisión en la valoración de piezas procesales, las cuales obraban en el
expediente y resultaban imprescindibles para la correcta resolución del caso,
particularmente por el análisis erróneo del dictamen pericial, al atribuirle efectos
jurídicos y legales a un informe elaborado por profesionales de la ingeniería; y
expuso que (iii) el tribunal desconoció el precedente judicial vinculante en
materia de falsa motivación36, en abierta contravención de los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que no valoró las
razones que dieron lugar al rechazo de la propuesta, omitiendo analizar si ello
era determinante para viciar el acto administrativo.
53. Sostuvo que el a quo interpretó de manera restrictiva el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en la medida que el análisis del requerimiento por
presuntos precios artificialmente bajos se redujo a una actuación de mero
trámite, sin efectuar una ponderación integral de los documentos y de las
razones expuestas por el consorcio Génesis para justificar su propuesta
económica. Afirmó que la decisión cuestionada se circunscribió al examen de
los aspectos técnicos abordados en el dictamen pericial, soslayando los
elementos de orden jurídico que fundamentaban el rechazo de la oferta y
legitimaban el distanciamiento frente a la recomendación del comité evaluador.
Precisó que dentro de dichos factores se encontraban manifestaciones
unilaterales sin respaldo probatorio, la transgresión del principio conforme al cual
no es admisible la creación de prueba en favor propio, deficiencias en la
acreditación del personal operativo, aseveraciones inexactas relacionadas con
la titularidad de la maquinaria y la imposibilidad material de constatar la
información suministrada. Concluyó que la omisión en el examen de tales
aspectos comprometió los principios de legalidad, debido proceso y
congruencia, pues el requerimiento exigía un escrutinio de carácter jurídico
orientado a establecer la solidez efectiva de la propuesta y la factibilidad del
35
Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 165. Documento denominado
“170Recepcionmemor_RecursodeApelacionCD(.pdf)”, pp. 1 a 31.
36
Realizó alusión a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
C.P Milton Chaves García, 26 de julio de 2017. Rad: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326).
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
negocio contractual, mientras que la actuación del Tribunal se limitó a una
constatación estrictamente técnica.
54. En relación con lo resuelto frente al llamamiento en garantía, sostuvo que el a
quo incurrió en error de hecho por indebida valoración probatoria, al omitir el
análisis de los elementos de convicción allegados al proceso, los cuales
desvirtuaban la presunción de dolo. En particular, afirmó que el tribunal
desconoció como elemento idóneo para enervarla, el análisis realizado por la
PGN, en el que se evaluó si la llamada en garantía incurrió en alguna conducta
constitutiva de falta disciplinaria, así como la motivación jurídica que respaldó su
apartamiento del concepto del comité evaluador37.
55. Rubén Darío López Giraldo sustentó su recurso de apelación en torno a cuatro
aspectos: (i) alegó que la sentencia de primera instancia erró al no haber
realizado una valoración probatoria guiada por la sana crítica y la persuasión
racional, particularmente en lo atinente a su declaración, el contrainterrogatorio
practicado a los peritos, y las declaraciones decretadas a solicitud de los
llamados en garantía; (ii) señaló que el Tribunal omitió analizar si la oferta
económica del consorcio Génesis se encontraba incursa en precio artificialmente
bajo, pues ello quedó demostrado en los términos del Decreto 1082 de 2015
disposición 2.2.1.1.2.2.4, dado que la demandante no acreditó la calidad de
accionista mayoritario de la planta productora de mezclas pavimento Aburrá, la
propiedad de los equipos necesarios, ni las razones técnicas que justificaran un
menor valor ofertado; (iii) precisó que el concepto técnico emitido por él conforme
al artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, podía ser acogido o descartado por la
Secretaría de Suministros y Servicios en virtud de la colaboración entre
dependencias, por lo que no era acertado atribuirle un “direccionamiento” y (iv)
afirmó que en su proceder no concurrieron “dolo ni culpa grave”, en tanto el
concepto rendido se ciñó a la documentación elaborada por la entidad en la
etapa precontractual y no comportó decisión alguna sobre la adjudicación.
Sostuvo que la presunción de dolo no le era predicable, dado que no intervino
en la expedición del acto administrativo de adjudicación —cuya emisión
correspondía de manera exclusiva a la delegada contractual—, ni ostentaba
competencia para adjudicar o rechazar la propuesta del Consorcio Génesis38.
37 Respecto de este elemento señaló: “Dicho auto, emitido por la Procuraduría General de la Nación, contiene
un análisis exhaustivo sobre las competencias funcionales de la Dra. Tatiana Beltrán, concluyendo de manera
categórica que no se encontró ninguna conducta que configurara falta disciplinaria ni extralimitación de sus
funciones o deberes. Esta decisión se encuentra debidamente motivada y respaldada por un estudio probatorio
riguroso, lo que le otorga plena validez dentro del marco de la valoración probatoria en sede judicial”. Ver samai
del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 158. Documento denominado
“163Recepcionmemor_Correo_RecepcionMemo(.pdf)”, pp. 1 a 21.
38 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 166. Documento denominado
“170_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACIoN(.pdf)”, pp. 1 a 13.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Trámite relevante en segunda instancia 39
56. Mediante auto del 8 de septiembre de 2025, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por el Distrito de Medellín, los consorcios Construcciones
C-2023 y Mecamed 2023, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López
Giraldo contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 13 de mayo de 202540.
57. El consorcio Génesis en la oportunidad para alegar se opuso a lo censurado por
los apelantes, solicitó confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia,
en la medida que el proveído se encuentra ajustado a derecho y soportado en
una debida valoración del plexo probatorio41. Sostuvo que la condena impuesta
al Distrito no podía ser objeto de modificación a través de impugnación en
atención al principio de congruencia por cuanto la entidad demandada aun
cuando interpuso recurso de apelación no controvirtió los fundamentos ni la
declaratoria de responsabilidad derivados de la relación jurídico procesal
principal, sino que únicamente se limitó a discurrir lo resuelto respecto del
porcentaje a pagar por parte de los llamados en garantía.
58. Agregó, que los recursos formulados por los llamados en garantía y por los
consorcios Construcciones C-2023 y Mecamed 2023 se dirigieron
exclusivamente a controvertir su propia imputación subjetiva o a plantear reparos
frente a las consecuencias contractuales derivadas de la nulidad del negocio
jurídico suscrito en virtud del trámite licitatorio, sin que se hubiere desvirtuado la
falsa motivación del acto de adjudicación ni los elementos que demostraron que
la oferta del consorcio Génesis era viable, económicamente favorable y
respaldada por la recomendación técnica del comité de evaluación.
59. El Ministerio Público emitió concepto y solicitó confirmar parcialmente la decisión
de primera instancia42. Su intervención se orientó a indicar que la Resolución n.°
SSS 2023500048896 se encontraba viciada por falsa motivación, por cuanto la
Secretaría de Suministros y Servicios se apartó de la recomendación emitida por
el comité de evaluación sin sustento técnico suficiente, desconociendo los
criterios objetivos que regían la verificación del presunto precio artificialmente
bajo y sustituyendo el análisis especializado por apreciaciones aparentes,
defectuosas y carentes de rigor metodológico.
39 A través del auto del 04 de junio de 2025 se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación. Ver
samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 169. Documento denominado
“172Autoconcedere_AutoConcedeApelacion(.pdf)”, pp. 1 a 2. Se notificó el 05 de junio de 2025. Ver samai del
Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 171. Documento denominado “Soporte comunicación Auto concede
recurso(.pdf)”, pp. 1 a 10.
40 Auto que admite recurso de apelación, ver samai del Consejo de Estado, índice 4. Documento denominado
“197Autoqueadmite_73079Admiteapelacion(.pdf)”, pp 1 a 3. Se notificó el 9 de septiembre de 2025. Ver samai
del Consejo de Estado, índice 7 y 9. Documentos denominados “Soporte comunicación POR ESTADO de fecha
(.pdf) y Soporte notificación PERSONAL de fecha 09(.pdf)”.
41 Alegatos de conclusión de la accionante. Ver samai del Consejo de Estado, índice 10. Documento
denominado “202_MemorialWeb_Alegatos-IV202400030ALEGAT(.pdf)”, pp. 1 a 50.
42 Concepto n.° 109 del 2025 de la Procuraduría General de la Nación. Ver samai del Consejo de Estado, índice
12. Documento denominado “Memorial_CHM_Concepto 109-2025(.pdf)”, pp. 1 a 33.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
60. Indicó que la nulidad del acto acarreaba, como efecto directo, la nulidad absoluta
del contrato de obra derivado de aquel, ante la desaparición del soporte jurídico
que le otorgaba validez; solicitó modificar la decisión de primera instancia en lo
relativo a las restituciones mutuas, por cuanto la sentencia aplicó de manera
rígida la regla del artículo 1746 del Código Civil, desconociendo lo previsto en el
artículo 48 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, precisó que dichas
restituciones debían limitarse a los costos efectivamente ejecutados y útiles para
la entidad contratante, con descuento de los pagos ya realizados y exclusión de
la utilidad reconocida al contratista ejecutor.
61. Finalmente, sostuvo que la participación funcional y decisoria de Evelyn Tatiana
Beltrán Sierra resultó determinante en la configuración del vicio de falsa
motivación, por lo que debía mantenerse la responsabilidad patrimonial
declarada respecto de ella, en aplicación de la presunción de dolo establecida
en la Ley 678 de 2001 artículo 5 (modificada por la Ley 2195 de 2021), la cual
no fue desvirtuada en el proceso; sin embargo, señaló que la actuación realizada
por parte de Rubén Darío López Giraldo no habría resultado determinante en la
producción del daño, por lo que era factible revocar el fallo de primera instancia,
en torno a ese aspecto.
62. El Distrito de Medellín, los consorcios Construcciones C-2023 y Mecamed 2023,
Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López Giraldo no se pronunciaron
en esta instancia.
CONSIDERACIONES
63. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial
y verificados los requisitos de la demanda en forma, la Sala procede a decidir la
segunda instancia de la presente litis.
64. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el objeto de los
recursos de apelación y los problemas jurídicos para resolver la controversia; (ii)
el régimen jurídico aplicable al proceso de selección, la naturaleza de las
Resoluciones SSS 2023500048896 y SSS 202350049607 del 2023 y del
negocio jurídico n.° 4600098664 de 2023; (iii) el caso concreto y (iv) la condena
en costas.
El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos que
se resolverán
65. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados en los recursos de apelación en contra de la sentencia
de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa.
66. La Subsección ha reconocido43 que el marco fundamental de competencia del
juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se
hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse
del debate en la instancia superior.
67. En esa línea, se advierte que el Distrito de Medellín no dirigió su inconformidad
contra la declaratoria de nulidad de la Resolución de adjudicación n.° SSS
2023500048896 ni de su acto aclaratorio n.° SSS 202350049607 de 2023, ni
frente a los efectos jurídicos derivados de dichas decisiones (restablecimiento
del derecho, nulidad absoluta del contrato y restituciones mutuas); el ente
territorial contrajo su inconformidad a cuestionar el quantum de la obligación
resarcitoria que, en sede del llamamiento en garantía con fines de repetición, fue
radicada en cabeza de los exfuncionarios, al estimar que la incidencia de su
conducta en la configuración del fallo condenatorio justificaba que el porcentaje
de reembolso se fijara en su integridad, esto es, en el 100%, y no en el 45% al
que se circunscribió la decisión del a quo.
68. De manera particular, en lo que atañe a la conducta de Luisa Fernanda Gómez
Villegas, el ente territorial se limitó a señalar, en punto de su incidencia en la
configuración de la condena, que "[s]i bien existe una mayor responsabilidad por
parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, también existe responsabilidad
de la Secretaria de Infraestructura Física", para acto seguido afirmar que "[c]omo
puede observarse, existió una omisión por parte de la Secretaria de
Infraestructura Física, quien (SIC)"
69. En ese contexto, la Sala advierte que según el ordenamiento procesal44 y la
jurisprudencia consolidada de esta Subsección, se ha sostenido de forma
invariable que, por regla general45, la competencia de segunda instancia se halla
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.
25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
44 Código General del Proceso – Artículo 328: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley”.
45De acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera: “dicha regla general no es absoluta, puesto
que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las
normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el
Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la
protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas
legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas
procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no
hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión
censurada”. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.
Sentencia del 9 de febrero de 2012. Rad. 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060). C.P. Mauricio Fajardo
Gómez) A estas excepciones, cabe añadir la nulidad absoluta del contrato decretada de oficio, cuando se reúnen
las condiciones establecidas por la ley, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2011. Rad. 08001-23-31-000-1997-02967-01 (17555) C.P. Enrique Gil
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
enmarcada por los cargos que el apelante interpone en contra de la decisión
recurrida. Ello está intrínsecamente relacionado con la carga de sustentación del
recurso de apelación en cabeza de quien ejerce ese medio de impugnación,
porque su desconocimiento conduce a la imposibilidad de establecer con certeza
las razones de inconformidad respecto del pronunciamiento que se persigue
corregir, y con ello, se desdibuja el marco competencial del ad quem.
70. Sobre la carga de sustentación, se ha precisado que no se satisface con una
simple manifestación de desacuerdo con la decisión de primer grado, sino que
debe postular verdaderos motivos de disenso frente a las fundamentaciones
fácticas y jurídicas de la providencia. Asimismo, se ha estimado que dicha carga
tampoco se satisface con la petición de que se revoque o modifique algún
aspecto puntual de la providencia que se apela pues lo que la ley exige es que
se ataquen los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento a
la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no
solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino
porque en realidad existen razones o motivos —y así se indiquen en el
respectivo escrito — que conduzcan a considerar que lo decidido en primera
instancia no fue acertado46.
71. Bajo esa óptica, más allá de que la sentencia haya sido desfavorable a la parte
que formula la alzada, el ordenamiento exige que sea ésta de manera expresa,
y no el juzgador, quien deba plantear las razones concretas que indiquen el
desacierto del fallo del inferior jerárquico47.
72. Con fundamento en lo expuesto y en el análisis del recurso de apelación
interpuesto por el Distrito de Medellín, la Sala advierte que la entidad no cumplió
con la carga mínima de sustentación que impone el artículo 322 del CGP48,
frente a la censura relacionada con la incidencia determinante de la actuación
de Luisa Fernanda Gómez Villegas, en su calidad de secretaria de
infraestructura física, en la configuración de la condena resarcitoria a cargo del
ente territorial, en tanto lo alegado no comporta un verdadero ejercicio de
contradicción frente a la providencia impugnada, pues la censora no identificó la
razón concreta de su inconformidad con la decisión de primera instancia ni
estructuró reproche alguno dirigido a desvirtuar su motivación.
73. Lo anterior encuentra sustento en que el único razonamiento ofrecido frente a
este extremo del recurso fue la afirmación "[c]omo puede observarse, existió una
omisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, quien", sin que el
Botero; y Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2019. Rad. 11001-03-26-000-2018-00111-00(62002).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P Fernando
Alexei Pardo Flórez. Sentencia del 26 de septiembre de 2025. Rad: 76001-23-33-000-2023-00856-01 (72.875)
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
22 de abril de 2022. Rad. 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66550), y del 29 de julio de 2022. Rad.
250002336000201700600 01 (68115). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024. C.P Fernando
Alexei Pardo Flórez. Rad: 130012333000201500015-01 (70.692).
48 “para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad
con la providencia apelada”.
23
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
planteamiento fuera desarrollado, lo que resulta manifiestamente insuficiente
para satisfacer el deber propio de la alzada, el cual exige la postulación de
verdaderos motivos de disenso frente a las fundamentaciones fácticas y jurídicas
de la providencia, correspondiendo a la parte recurrente —y no al juzgador—
plantear de manera expresa las razones que evidencien el desacierto del fallo
impugnado.
74. En consecuencia, al no haberse identificado los fundamentos de hecho y de
derecho que, en criterio del apelante, evidenciaban que el actuar de Luisa
Fernanda Gómez Villegas resultó determinante en la configuración de la
condena a cargo del ente territorial, la Sala se encuentra imposibilitada para
realizar la confrontación que le es propia en sede de segunda instancia respecto
de ese extremo en particular, debiendo precisarse que tal limitación se contrae
exclusivamente a la censura relacionada con dicha exfuncionaria. Lo anterior,
sin comprometer el principio de imparcialidad ni el derecho al debido proceso de
la contraparte.
75. Ahora bien, en lo que respecta a los recursos interpuestos por Evelyn Tatiana
Beltrán y Rubén Darío López, se advierte que las impugnaciones se encuentran
orientadas, entre otros aspectos, a cuestionar de manera integral la declaratoria
de responsabilidad civil y patrimonial que les fue atribuida con ocasión del
llamamiento en garantía con fines de repetición. En esa línea, conforme con lo
dispuesto en el artículo 328 del CGP49 y de acuerdo con la jurisprudencia de
esta corporación “si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más
general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos” 50 por lo que le
asiste plena competencia al ad quem para pronunciarse en torno a cada una de
las aristas que integran dicho elemento del fallo que se recurre, lo que
comprende el examen integral de los presupuestos del llamamiento en garantía
con fines de repetición.
76. Así, en relación con el contenido y alcance de los recursos de apelación, el
análisis se restringirá en esta instancia a los motivos y cargos formulados en
ellos, esto es, a partir del siguiente derrotero: deberá la Sala determinar si (i) ¿el
a quo incurrió en error al declarar la nulidad de la Resolución de adjudicación n.°
SSS 2023500048896 y su aclaratoria la n.° SSS 202350049607 de 2023, lo cual,
según alegaron los apelantes51 tuvo como fundamento una indebida
49 Su tenor literal corresponde a: “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones (…)”.
50 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de
abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”. Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
51 Reproche establecido por el Consorcio Construcciones C 2023, Evelyn Tatiana Beltrán y Rubén Dario López.
24
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
interpretación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en la medida
que el consorcio Génesis no sustentó la sostenibilidad de su oferta, así como
por una errónea valoración del plexo probatorio, en particular del dictamen
pericial al haber omitido elementos estructurales del proceso de selección y
haberle atribuido efectos de carácter jurídico52?; si la respuesta es negativa,
habrá la Subsección de analizar si (ii) ¿resultaba procedente que el juez de
primera instancia, en el marco de las restituciones mutuas derivadas de la
nulidad absoluta del contrato estatal, ordenara la devolución de la utilidad
percibida por el consorcio Mecamed 2023?.
77. Igualmente, se examinará lo correspondiente a las censuras respecto de la
declaratoria de responsabilidad civil y patrimonial de los llamados en garantía,
concretamente para determinar si (iii), ¿le asiste razón a Rubén Darío López al
afirmar que no era factible por parte del juez de primera instancia haberle
atribuido la presunción de dolo descrita en la Ley 678 de 2001 artículo 5 numeral
primero, en la medida en que la competencia para adjudicar o rechazar la
propuesta presentada por el consorcio Génesis correspondía exclusivamente a
la delegada contractual?, en la misma línea, deberá la Sala estudiar si (iv)
¿resultó desvirtuado el elemento subjetivo de la conducta respecto de la
conducta de Evelyn Tatiana Beltrán Sierra en tanto reprochó una indebida
valoración probatoria por parte del a quo? de constarse, deberá la Sala
determinar si (v) ¿resultó procedente la decisión del a quo de fijar en un 45 %
el monto del reembolso a cargo de los llamados en garantía, o, por el contrario,
debió ordenarse su reintegro total (100 %), en atención a la incidencia
determinante de su conducta en la causación del daño?
El régimen jurídico del proceso de selección de licitación pública n.° 70007451
de 2023, la naturaleza de las resoluciones y del negocio jurídico n.°
4600098664 de 2023
78. Con el propósito de abordar los cargos de disenso planteados, la Sala estima
necesario efectuar, de manera preliminar, la determinación del régimen jurídico
aplicable al proceso de selección que culminó con la expedición de la Resolución
de adjudicación n.° SSS 2023500048896 del 20 de junio de 2023 y de la
Resolución aclaratoria n.° SSS 202350049607 del 21 de junio de ese mismo
año. Este examen resulta indispensable para delimitar el marco normativo de la
licitación pública objeto de controversia, establecer la naturaleza de las
resoluciones cuestionadas en el sub lite y, a su vez, precisar las reglas que
gobiernan el contrato estatal de obra n.° 4600098664, celebrado como
consecuencia del trámite licitatorio.
79. En el caso sub examine el Distrito de Medellín ostenta la condición de entidad
territorial53 motivo por el cual, su marco contractual en principio se rige por lo
52 Censura alegada por parte de Evelyn Tatiana Beltrán y el consorcio Construcciones C 2023, en tanto arguyen
además de una errónea valoración del dictamen pericial, una falta de correspondencia en los documentos
allegados como soporte para solventar los precios artificialmente bajos por parte del consorcio Génesis.
53 Según la Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el régimen para los Distritos Especiales se establece que
son entidades de orden territorial de conformidad por lo previsto en la constitución política. Su tenor literal indica:
25
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(EGCAP) y sus normas concordantes54.
80. El proceso de selección de licitación pública n.° 70007451 de 2023, adelantado
por el Distrito de Medellín, cuyo objeto correspondió a la “Construcción,
rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura
asociada”55; se estructuró con fundamento, entre otros documentos, en los
estudios previos, donde se dispuso que el trámite licitatorio se regiría por lo
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y 2022 de 2022,
así como en el Decreto 342 de 2019 y la Resolución 240 de 2020 de CCE56. De
igual manera, en el pliego de condiciones se estableció que el procedimiento se
desarrollaría conforme a lo dispuesto en los documentos tipo aplicables a la
licitación de obras públicas de infraestructura de transporte, que se guían en
todo caso bajo las disposiciones del EGCAP.
81. Con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad demandada, en su
régimen sustantivo y en los documentos que soportaron el procedimiento
licitatorio y el negocio jurídico suscrito, se concluye que al proceso de selección
sub examine le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 80 de
1993, así como las reglas previstas en las Leyes 1150 de 2007, 1882 de 2018 y
2022 de 2020, el Decreto 342 de 2019 y la Resolución 240 de 2020 de CCE.
Por otro lado, se colige que la Resolución n.° SSS 2023500048896 de 2023 —
mediante la cual se adjudicó la licitación pública n.° 70007451 de 2023 al
consorcio Construcciones C-2023 y se ordenó la suscripción del negocio jurídico
de obra pública de transporte n.° 4600098664 de 2023 — y la Resolución
“Artículo 2°. Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo
previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual sus
órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen
ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales
establecidas dentro de la estructura político-administrativa del Estado colombiano”. En esa medida, por medio
del Acto Legislativo 01 de 2021 se otorgó la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a
la ciudad de Medellín. Se indicó lo siguiente: “Art. 1. La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes
especiales que para el efecto se dicten (…).
54 Ley 80 de 1993. “Artículo 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que
rigen los contratos de las entidades estatales”.
“Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.
55 Aviso de convocatoria pública proferido y publicado el 31 de marzo de 2023. Ver samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “1. Aviso de Convocatoria Pública”, pp. 1 a 4.
56 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Estudios Previos.
Pdf), pp. 3 y 27 De manera textual indica: “Ahora bien, de acuerdo con las actividades, y teniendo en cuenta la
directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra pública de
infraestructura de transporte, en ese sentido se da aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo
adoptados por el Decreto 342 de 2019 y expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley
2022 de 2020 mediante la resolución 240 de 2020, la cual actualizó la versión de los Pliegos tipo” (…) “aplicará
los principios de economía, transparencia y responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados
que rigen la función administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 1882 de 2018 y al
decreto 342 de 2019 por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional que reguló los documentos tipo de licitación de obra de infraestructura de transporte”.
26
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
aclaratoria n.° SSS 202350049607 del 21 de junio de ese mismo año —a través
de la que se dilucidó un error de tipo mecanográfico— constituyeron una
manifestación unilateral de voluntad de la administración, revestida de fuerza
vinculante, ostentando la naturaleza de actos administrativos de carácter
precontractual y, como tal, se encuentran sometidas al control de legalidad
conforme a las disposiciones del EGCAP y del CPACA.
82. En lo que respecta al contrato n.° 4600098664 de 2023, celebrado con ocasión
del proceso de licitación pública entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín y el consorcio Construcciones C-2023 —
posteriormente cedido al consorcio Mecamed 2023—, su naturaleza jurídica
corresponde a la de un contrato de obra pública de transporte, en los términos
del artículo 32 inciso primero de la Ley 80 de 199357. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el conocimiento de las
controversias derivadas de contratos en los que sea parte una entidad pública
—cualquiera sea su régimen jurídico— corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo58.
Caso concreto
83. Atendiendo a los cargos formulados por los censores, y en la medida en que los
problemas jurídicos se contraen a determinar si el a quo incurrió en una errónea
valoración del acervo probatorio, en particular, el dictamen pericial y en una
indebida interpretación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, al
haber declarado la nulidad de las resoluciones n.° SSS 2023500048896 y n.°
SSS 202350049607 de 2023 toda vez que según arguyen el consorcio
Construcciones C-2023, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López, la
propuesta del consorcio Génesis no logró ser sustentada satisfactoriamente
habida cuenta de (i) la falta de correspondencia entre los documentos aportados
en los requerimientos y la oferta económica allegada por el consorcio Génesis,
específicamente (a) la calidad de accionista mayoritario de la planta asfaltadora
Pavimentos Aburrá SAS, (b) la capacidad instalada de personal y de maquinaria
(c) las razones técnicas que justificaron un menor valor ofertado y (ii) la
57 En el análisis del sector la entidad, determinó lo siguiente: “Igualmente, es preciso indicar que, el presente
contrato se entiende como contrato de obra, ya que de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de obra son los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. Ver samai del Tribunal Administrativo de
Antioquia, índice 177. Documento denominado “2. Estudios previos. Pdf”, pp. 35 a 36. El tenor literal del artículo
es el siguiente: “1. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación (…), la interventoría deberá ser contratada
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”
58“De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…) 2. Los relativos a los contratos, cualquiera
que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias
del Estado”.
27
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
reducción de los imprevistos en la propuesta económica, por lo cual resultaba
factible ordenar su rechazo.
84. De igual forma, de resolverse negativamente lo anterior, la Subsección
examinará si, en el marco de las restituciones mutuas derivadas de la nulidad
absoluta del contrato estatal, la decisión del juez de primera instancia de ordenar
la devolución de la utilidad percibida por el consorcio desconoció que la nulidad
del negocio jurídico se fundó en la anulación de los actos administrativos que le
servían de sustento, y no en la configuración de una causa u objeto ilícito.
Asimismo, se deberá examinar si en el caso concreto conforme alega el censor,
no era factible ordenar las restituciones mutuas en tanto retrotraer las cosas al
estado anterior comporta una imposibilidad material y no es viable su restitución
in natura.
85. Ahora bien, en cuanto a los reproches de la alzada respecto del llamamiento en
garantía con fines de repetición, corresponde examinar a la Sala si le asiste
razón a Rubén Darío López al afirmar que el Tribunal incurrió en error al haberle
endilgado la presunción de dolo descrita en la Ley 678 de 2001 artículo 5,
numeral primero, en la medida que la competencia para adjudicar o rechazar la
propuesta presentada por el consorcio Génesis correspondía exclusivamente a
la delegada contractual, argumento que esbozó aduciendo que el concepto
emitido por él no poseía efectos de carácter vinculante. Asimismo se analizará
si conforme lo alegado por Evelyn Tatiana Beltrán Sierra el a quo incurrió en una
indebida valoración de los elementos de convicción, en particular por la alegada
omisión del análisis del archivo del proceso disciplinario IUS E2023-402335 –
IUC D2023-3039731, proferido por la PGN, así como de la motivación que
justificó el apartamiento del pronunciamiento del comité evaluador, piezas
procesales que según arguyó la censora enervan la presunción de dolo en la
que se enmarcó su conducta conforme a lo estipulado en sede de primera
instancia.
86. Por último, de no resultar desvirtuado el elemento subjetivo de la conducta, la
Subsección abordará la censura formulada por el Distrito de Medellín en torno al
monto de la condena objeto de devolución por parte de los entonces servidores
públicos. Lo anterior, por cuanto sostuvo que, de conformidad con lo solicitado
en el llamamiento en garantía con fines de repetición, con lo acreditado en el
proceso y con la incidencia determinante de la conducta de los exfuncionarios
en la causación del daño, el reintegro debía corresponder al 100 % del valor de
la condena y no al 45 % fijado en la sentencia.
87. En ese contexto, la Sala considera necesario examinar el iter del trámite
licitatorio, a partir de lo acreditado en el proceso, con el propósito de resolver de
manera integral los cuestionamientos formulados en la alzada.
88. El Distrito de Medellín a través de aviso de convocatoria proferido el 31 de marzo
de 2023 invitó a los interesados a participar en el proceso de selección de
licitación pública n.° 70007451, cuyo objeto correspondió a la “[c]onstrucción,
rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
asociada”. Dicho proceso se ejecutaría en un plazo de seis meses contados a
partir de la suscripción del acta de inicio, con un presupuesto estimado de
$70.000’000.000 —incluido el AIU59— y bajo la modalidad de pago por precios
unitarios reajustables60. En desarrollo de lo anterior, se publicaron en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP): (i) el estudio de mercado; (ii)
los documentos previos; y (iii) el proyecto de pliego de condiciones con sus
respectivos anexos61.
89. El 25 de abril de 2023, mediante Resolución n.° SSS 202350032235, se ordenó
la apertura del proceso de selección n.° 70007451 de 2023, se publicó el pliego
de condiciones definitivo y se fijó el cronograma correspondiente al trámite
licitatorio de obra pública62.
90. En el pliego de condiciones definitivo, se establecieron las previsiones relativas
al valor total del presupuesto oficial y el AIU, los requisitos habilitantes, los
factores de evaluación, la presentación de la propuesta económica y el método
para la ponderación de la oferta, los criterios metodológicos para la
determinación de precios artificialmente bajos y las causales de rechazo.
91. En relación con el AIU, el acápite 4.1.1 precisó que el proponente debía
calcularlo como un porcentaje, el cual debía discriminarse en la propuesta
económica, sin que la entidad estuviera facultada para exigir el desglose de sus
componentes internos, salvo respecto del adjudicatario. En ese sentido, el
documento indicó de manera textual que “el [p]roponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la [e]ntidad en el
Formulario 1”, tanto por ciento que el Distrito estableció en “el 26,68% de la
oferta”.
92. En punto de los precios artificialmente bajos, el Distrito, en el numeral 4.1.3 del
pliego de condiciones, dispuso que, en caso de advertirse una propuesta que no
garantizara la correcta ejecución del contrato, con base en la información
obtenida en la etapa de planeación, especialmente en el estudio del sector,
debía aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, junto con los lineamientos de la guía de CCE, como
referente metodológico63.
59 Se determinó que los gastos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) equivalían al 26,68% de la
propuesta. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “2. Estudios
previos. Pdf”.
60 Se estableció que al componente de Administración del contrato que se derivara del proceso de selección se
le debería aplicar reajuste de precios a las actas de pago. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia,
índice 177. Documento denominado “2. Estudios previos. Pdf”.
61 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “1. Aviso de
convocatoria pública.pdf”, pp. 1 a 4. Se indicó además que al proceso de selección sub examine le resultaban
aplicables los acuerdos comerciales del triángulo norte (únicamente con Guatemala) Israel y la Decisión 439 de
1998 de la secretaria de la CAN.
62 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “8. Resoluci¢n de
Apertura.pdf”, pp. 1 a 4.
63 Su tenor literal es el siguiente: “4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO. En el evento en el que el precio
de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del
contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
29
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
93. En el numeral 1.15 del documento referido, la entidad consignó 29 causales de
rechazo de las propuestas, dentro de las cuales se incluyó la siguiente: “X.
Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de
acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3.”
94. En lo concerniente al anexo del presupuesto oficial, particularmente en el ítem
n.° 2 “[o]bras de pavimentación”, la entidad definió que las actividades relativas
a las mezclas asfálticas se remunerarían bajo la unidad de medida tonelada, de
conformidad con las especificaciones técnicas previstas en la norma INVIAS
2022. En ese marco, para el mantenimiento puntual con mezcla asfáltica densa
tibia MDC-19 y/o MDC-25 con RAP entre el 20 % y el 30 %, certificada conforme
al artículo 450-22 (asfalto de penetración 60-70), se establecieron los siguientes
rangos de intervención: (i) el rango 1, atinente a intervenciones entre 9.1 y 12.5
toneladas por jornada en horario diurno con una cantidad estimada de 17,424,00
toneladas y un precio unitario de $827.370, para un valor total de $
14.416’094.880,00 y rango de 1 de 9.1 a 12.5 toneladas, horario nocturno con
una cantidad de 2,904,00 y precio unitario de $872.505 para un valor total de
$2.533´754.520,00 y (ii) el rango 2, entre 12.51 y 16 toneladas por jornada, con
una estimación de 1.848 toneladas, a un precio de $771.836 por tonelada, para
un total de $1.426’352.928,00. Adicionalmente, para el mantenimiento puntual
con mezcla asfáltica de idénticas características técnicas, pero sin incluir corte
de mitigación, se dispusieron 3 rangos en m3. El conjunto de estos ítems
conformó un subtotal general de $56.203´694.832,00, valor que integró el
presupuesto oficial del proceso de selección. Se estableció de la siguiente
manera:
N.° ÍTEM DE ESPECIFICACIONES
PAGO
2 OBRAS DE GENERAL PARTICUL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID VALOR VALOR
PAVIMENT AR AD UNITARI TOTAL
ACIÓN O
2.1 INVIAS 2022 450-22 Mantenimiento puntual con mezcla
asfáltica densa tibia MDC-19 y/o
MDC-25 con RAP entre el 20% y
30% que cumpla con los artículos
462 y 450.2.4 de la norma INVIAS
2022, con asfalto normalizado y
certificado por el proveedor que
cumpla con lo estipulado en el
artículo 450-22 (Asfalto de
penetración 60-70) de dicha norma.
(…). Su pago será por tonelada,
medido en los siguientes rangos de
intervención:
2.1.1 Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton 17,424,0 $827.370 $14.416
Ton/Jornada, Horario diurno. 0 ,00 .094.88
0,00
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico”.
30
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2.1.2 Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton 2,904,00 $872.505 $2.533.
Ton/Jornada. Horario nocturno. ,00 754.520
,00
2,1,3 Rango 2: De 12.51 a 16 Ton 1.848,00 $771.836 $1.426.
Ton/Jornada. ,00 352.928
,00
2.2 INVIAS 2022 450-22 Mantenimiento puntual con
mezcla asfáltica densa tibia
MDC-19 y/o MDC-25 con RAP
entre el 20% y 30% que cumpla
con los artículos 462 y 450.2.4 de
la norma INVIAS 2022, con
asfalto normalizado y certificado
por el proveedor que cumpla con
lo estipulado en el artículo 450-
22 (Asfalto de penetración 60-
70) de dicha norma. (…)
Rango 1: De 9.1 a 12.5
Ton/Jornada. No incluye corte
(mitigación)
2.2.1 Rango 3: De 8 a 19.99 m3 1.848 $1.751.1 $3.236.
m3/Jornada. 66,00 154.768
,00
2.2.2 Rango 4: De 20 a 50 m3 6.283,00 $1.735.9 $10.906
m3/Jornada. Horario diurno. 12,00 .735.09
6,00
2.2.3 Rango 4: De 20 a 50 m3 2.660,00 $1.769.9 $4.708.
m3/Jornada. Horario nocturno. 92,00 178.720
,00
(…)
Subtotal $
obras 56.203.
694.832
,00
95. Los interesados presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo (i)
solicitaron la modificación del presupuesto oficial, respecto de los costos directos
de los ítems 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 “mantenimiento puntual con mezcla asfáltica
densa tibia MCDC- 19 con RAP entre el 20% y el 30% (..)” con rangos 1: de 9.1
a 12.5 ton/jornada, horario diurno; de 9.1 a 12.5 ton/jornada, horario nocturno;
rango 2: de 12.51 a 16 ton/jornada. Expusieron que la recomendación se
realizaba teniendo en cuenta que el transporte de la mezcla bituminosa y de los
escombros había disminuido considerablemente con la modificación de la
proyección económica inicial64 y (ii) formularon observación en relación con los
ítems del presupuesto que podrían dar lugar a imprevistos, así como respecto
del porcentaje establecido para su estimación.
64 Los interesados que presentaron observaciones correspondieron a Estructuras y Pavimentos SAS, Leandro
Batista Olivera y Daniela Henao.
Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Respuesta a
observaciones al pliego definitivo”, pp. 1 a 10.
31
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
96. En respuesta a las observaciones formuladas, la entidad a través de adenda (i)
acogió la modificación del presupuesto oficial, en la medida que en los APU´s de
los pliegos definitivos no se había tenido en cuenta el concepto de “stand by” de
las volquetas y (ii) explicó que, conforme al anexo n.° 1 y a la experiencia
derivada de contratos de obra previamente suscritos por la entidad, en la gran
mayoría de estos no se generaron pagos por dicho concepto, razón por la cual
estimó razonable reducirlo al 1%. Precisó, además, que se trataba de un
componente susceptible de estructuración deliberada por el proponente, dentro
del margen de configuración económica permitido por el pliego de condiciones y
sin exceder el tope allí fijado.
97. Por lo anterior, mediante adenda n.°1, la entidad ajustó el presupuesto del pliego
definitivo de condiciones en los ítems 2.1.1, 2.1.2. y 2.1.3 de la siguiente manera:
ITEM DESCRIPCIÓN UND VALORES VALOR
PLIEGOS AJUSTADO
DEFINITIVOS
2.1.1 Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton $827.370 $851.273
Ton/Jornada. Horario
diurno.
2.1.2 De 9.1 a 12.5 Ton $872.505 $896.382
Ton/Jornada. Horario
nocturno.
2.1.3 De 12.51 a 16 Ton $771.836 $786.025
Ton/Jornada.
98. Los precios unitarios de los ítems 2.1.1, 2.1.2. y 2.1.3 relativos a la mezcla
asfáltica densa tibia MDC-19 y/o MDC-25 con RAP entre el 20 % y el 30 %,
cuyos rangos de producción se ubicaban entre 9.1 y 12.5 ton/jornada; 9.1 y 12.5
ton/jornada sin corte de mitigación; 9.1 y 13 ton/jornada; y 12.51 y 16 ton/jornada,
se consignaron de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR
UNITARIO UNITARIO
Mezcla asfáltica Ton 1,0 $404.970 $404.970
Densa tibia (MDC-19
y/o MDC-25) con
RAP entre el 20% y
30%.
Emulsión asfáltica gal 1,30 $9.082 $11.807
SUBTOTAL $416.777
99. La audiencia de cierre del trámite licitatorio se realizó el 10 de mayo de 2023. De
acuerdo con el acta, en dicha diligencia se recibieron 14 propuestas — se
relacionan según el orden de llegada— presentadas por: (i) consorcio Mecamed
2023; (ii) consorcio Malla Vial FCC; (iii) consorcio Génesis; (iv) consorcio Malla
Vial 2023; (v) consorcio Red Vial de Medellín; (vi) CSC Ingespro; (vii) consorcio
32
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Mp Medellin; (viii) consorcio Malla Vial Medellín; (ix) consorcio San Guillermo; (x)
consorcio Construcciones C 2023; (xi) consorcio Contravic Malla Vial; (xii)
consorcio Cóndor EyD; (xiii) consorcio Malla Vial MM 7451; (xiv) consorcio
Mejoramiento Vial 23.
100. El 15 de mayo de la misma anualidad, la entidad por medio del comité de
evaluación65 profirió informe preliminar de evaluación; en lo correspondiente a
los requisitos habilitantes se determinó que, de los 14 proponentes, únicamente
el consorcio Mecamed 2023, el consorcio MP Medellín y el consorcio
Mejoramiento Vial 23 resultaban habilitados. En lo correspondiente a la
valoración de los criterios de ponderación se estableció lo siguiente66:
No. PROPONENTE Calidad Apoyo a Vinculación Emprend. Mypim Reducción TOTAL
la de personal y es puntaje
industria con empresas
nacional discapacida de
d mujeres
1 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
MECAMED
2 CONSORCIO 19 20 0 0,25 0,25 0 39,5
MALLA VIAL FCC
3 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
GENESIS
4 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0 0 40,25
MALLA VIAL 2023
5 CONSORCIO RED 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
VIAL DE MEDELLIN
6 CSC INGESPRO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
7 CONSORCIO MP 19 20 1 0 0,25 0 40,25
MEDELLIN
8 CONSORCIO 19 20 0 0,25 0,25 0 39,5
MALLA VIAL
MEDELLIN
9 CONSORCIO SAN 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
GUILLERMO
10 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
CONSTRUCCIONE
S C-2023
11 CONSORCIO 19 20 1 0 0,25 0 40,25
CONTRAVIC
MALLA VIAL
12 CONSORCIO 19 20 0 0 0,25 0 39,25
CÓNDOR EYD
65 En lo sucesivo, el comité, el grupo evaluador.
66Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Informe de
evaluacion.pdf”, pp. 1 a 38.
33
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
13 CONSORCIO 19 20 0 0,25 0,25 0 39,5
MALLA VIAL MM
7451
14 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
MEJORAMIENTO
VIAL 23
101. Para esa misma fecha, la entidad dispuso el traslado a los proponentes del
informe preliminar de evaluación, a efectos de que allegaran la subsanación de
los documentos habilitantes. Para tal fin, se fijó como plazo máximo el 23 de
mayo de 2023. Al consorcio Génesis se le solicitó (i) remitir los antecedentes
disciplinarios de HUARGO SAS y (ii) la documentación para acreditar la
experiencia de contratos entre particulares, según lo definido en el pliego.
102. Los días 16 y 18 de mayo de 2023, el accionante atendió los requerimientos
formulados por la entidad en torno a la acreditación de experiencia en contratos
celebrados entre particulares. Para el efecto, aportó el documento actualizado
sobre antecedentes disciplinarios de Huargo SAS, junto con los soportes de
facturación relativos a los contratos n.° 476 de 2018 y G.H.V.-002-2020,
ejecutados por Estructuras y Pavimentos SAS, expedidos con posterioridad a su
terminación por el revisor fiscal. Asimismo, allegó la tarjeta profesional y la
constancia de antecedentes vigentes de dicho profesional, emitidas por la Junta
Central de Contadores.
103. El 24 de mayo de 2023, el grupo evaluador, como requerimiento adicional,
solicitó al consorcio Construcciones C-2023 allegar el acuerdo consorcial
debidamente autenticado. Asimismo, solicitó explicación del por qué no se
incluyó al director de recursos humanos dentro del personal de nivel directivo,
circunstancia que implicaría que el porcentaje de participación de mujeres fuera
inferior al 50 %67.
104. El 1.º de junio de 2023, el comité emitió respuesta a las observaciones
formuladas y efectuó la evaluación definitiva de los requisitos habilitantes
(jurídicos, técnicos, de experiencia, capacidad financiera y organizacional);
resultaron rechazados los proponentes: (i) consorcio Malla Vial FCC; (ii)
consorcio Malla Vial 2023; (iii) consorcio Red Vial de Medellín; y (iv) consorcio
Malla Vial MM 745168. Igualmente se realizó la calificación de los criterios de
ponderación, donde se determinó lo siguiente:
N PROPONENTE Calidad Apoyo a la Vinculación Emprend. Mypim Reducci TOTAL
o. industria de personal y es ón
nacional con empresas puntaje
discapacida de
d mujeres
67 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Requerimiento. Pdf”,
pp. 1 a 4.
68 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Respuesta a
observaciones al informe (1).pdf”, pp. 1 a 81.
34
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
1 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
MECAMED
3 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
GENESIS
6 CSC 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
INGESPRO
7 CONSORCIO 19 20 1 0 0,25 0 40,25
MP MEDELLIN
8 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
MALLA VIAL
MEDELLIN
9 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
SAN
GUILLERMO
10 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
CONSTRUCCI
ONES C-2023
11 CONSORCIO 19 20 1 0 0,25 0 40,25
CONTRAVIC
MALLA VIAL
12 CONSORCIO 19 20 1 0 0,25 0 40,25
CÓNDOR EYD
14 CONSORCIO 19 20 1 0,25 0,25 0 40,5
MEJORAMIENT
O VIAL 23
105. Para la misma fecha, los oferentes presentaron observaciones al informe
final, las cuales fueron atendidas y resueltas por la entidad el 2 de junio de
202369.
106. En la misma calenda, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación; se instaló
la diligencia por parte de la secretaria de suministros y servicios del Distrito de
Medellín, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra70. En el curso de la diligencia se delimitó
el derrotero procedimental aplicable, el cual comprendió: (i) la verificación de la
presencia de los organismos de control; (ii) la lectura de los antecedentes del
proceso de selección; (iii) la inscripción de los proponentes interesados en
intervenir; (iv) las exposiciones y réplicas relativas a la evaluación de los
requisitos habilitantes; (v) la respuesta a las observaciones formuladas por los
oferentes durante la audiencia; (vi) la apertura de los sobres económicos de las
propuestas habilitadas y la lectura integral de sus ofertas; (vii) la comprobación
de TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y la
aplicación de la fórmula correspondiente para valorar el factor precio; (viii) la
elaboración de la evaluación económica; (ix) el traslado a los oferentes para que
69 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “- Observacion
Informe final.pdf”, pp. 1 a 110.
70 Con la participación de los miembros del comité de estructuración y evaluación contractual Juan Fernando
Vargas, Carolina Pabón Gómez, Juan Diego Suárez y el equipo de apoyo técnico, jurídico y logístico, Julio
César Sorza Ubaque, Carlos Aristizábal, Adriana García Romero, y Alejandro Gómez Álvarez.
35
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
se pronunciaran exclusivamente sobre los aspectos económicos; (x) las
intervenciones efectuadas en ejercicio del derecho a ser oídos; (xi) la respuesta
del Distrito a las observaciones presentadas; (xii) la recomendación del comité
evaluador; y (xiii) la adjudicación o, en su defecto, la declaratoria de desierto de
la licitación71.
107. En relación con la apertura del sobre n.° 2, correspondiente a la oferta
económica de los proponentes habilitados, una vez efectuado el proceso de
desencriptación, se dio lectura a los valores totales ofertados. De conformidad
con lo previsto en el pliego de condiciones, la TRM aplicable para efectos de la
ponderación era la correspondiente al día hábil siguiente, razón por la cual el
comité evaluador ordenó la suspensión de la audiencia hasta las 5:30 p. m. de
la misma fecha. Reanudada la diligencia, se dejó constancia de que la tasa
representativa del mercado ascendía a $4.350,80, por lo que la base de
evaluación se fijó en 80 puntos y se aplicó el método aleatorio de ponderación
por menor valor, correspondiente al rango de 0,75 a 0,99.
108. Surtidas las actuaciones precedentes, el comité evaluador procedió al
análisis de las propuestas económicas y a la publicación de los resultados en la
plataforma SECOP ll. Posteriormente, en el curso de la audiencia de
adjudicación, se dio lectura al informe respectivo, del cual se derivó el siguiente
orden de elegibilidad:
Orden Proponente Propuesta Puntaje Total
económica
1 CONSORCIO GÉNESIS integrado por ESTRUCTURAS Y $63.603.185.199 100,0000
PAVIMENTOS S.A.S (60%), PAECIA S.A.S. (30%) y HUARGO
S.A.S. (10%)
2 CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023 integrado por: $ 65.026.971.827 98,6972
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S
(60%), INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S (30%),
LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S (5%) y
TECNICAL CIVIL S.A.S (5%)
3 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 23 integrado por: $65.632.022.786 98,1607
EXPLANAN S.A.S (45%), INGENIERIA Y VIAS S.A.S
(INGEIVAS S.A.S) (45%) y DELTA PROYECTOS CIVILES
S.A.S (DELRPO S.A.S) (10%)
4 CONSORCIO MECAMED 2023 integrado por: $66.120.061.759 97,7351
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S (70%) y
CASTELLÓN INGENIERIA S.A.S (30%)
5 CONSORCIO SAN GUILLERMO integrado por: HARINSA $66.401.158.113 97,4928
NAVASFALT INSFRAESTRUCTURA S.A.S (6%), GAMA
INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S (37%), JOSE
GUILLERMO GALAN GOMEZ (10%) e INGENIERA
71 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “1. 70007451
(MALLA VIAL)- AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN-20230602_095952-Grabación de la reunión”. Duración
3:17:24.
36
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S (INTRAMAQ S.A.S)
(47%)
6 CONSORCIO MALLA VIAL MEDELLIN Integrado por: $66.837.475.084 97,1208
MINCIVIL S.A. (80%) SP INGENIEROS S.A.S (10%) y U.GM.
INGENIERIA S.A. (10%)
7 CONSORCIO CONTRAVIC MALLA VIAL integrado por: $66.721.629.073 96,9691
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S (CONYTRAC
S.A.S) (50%) VIAS S.A.S (40%) y URVIMAC S.A.S (10%)
8 CONSORCIO MP MEDELLIN Integrado por: PAVIMENTAR $66.840.426.687 96,8683
S.A. (90%) y MAGNA S.A. (10%)
9 CONSORCIO CÓNDOR- EYD integrado por: $ 69.773.312.001 94,4884
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A (90%) y ESTUDIOS Y
DISEÑOS EL CONDOR S.A.S (10%)
109. Concluida la evaluación económica, la entidad, por conducto del comité,
requirió al consorcio Génesis, ubicado en el primer orden de elegibilidad, para
que sustentara los valores consignados en su oferta económica. Dicha solicitud
se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de
2015 y en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas expedida por
CCE, al advertirse que la propuesta del consorcio ascendía a $63.603’185.199,
esto es, un 9,14 % inferior al presupuesto oficial y por debajo del precio mínimo
aceptable ($64.735’417.763), valor mínimo que fue determinado mediante la
aplicación de la metodología de mediana y desviación estándar de la guía en
cita.
110. En consecuencia, se solicitó al proponente que “(…) hasta las 7:00 p. m. del
día 2 de junio de 2023, explicara por escrito y de manera detallada su oferta, a
fin de permitir el análisis integral de esta y de su sostenibilidad durante la
vigencia del contrato, con la correspondiente desagregación de los costos,
conforme a lo previsto en la Guía”. Para tales efectos, se dispuso la suspensión
de la audiencia de adjudicación72.
111. El 2 de junio a las 7:17 p.m., el consorcio demandante atendió el
requerimiento formulado por la administración y expuso que su estructura
asociativa presentaba una configuración técnica y financiera favorable, en tanto:
(i) Estructuras y Pavimentos SAS era socio mayoritario de la planta productora
de mezclas Pavimentos Aburrá, lo que le otorgaba plena capacidad instalada y
permitía disminuir los costos del ítem más representativo del contrato (las
mezclas asfálticas); (ii) los consorciados contaban con equipos propios de
pavimentación, entre ellos fresadora, finishers y vibrocompactadores, elementos
que incrementaban su eficiencia operativa; y (iii) el porcentaje de imprevistos
fijado en 0,1 % en su propuesta obedecía a los procesos internos estandarizados
por la figura asociativa.
72 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Requerimiento
Posible Precio Artificialmente Bajo-1”, pp. 1 a 4.
37
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
112. Añadió que, atendiendo a su experiencia, capacidad instalada y estructura
de costos, su propuesta reflejaba ventajas competitivas reales derivadas de
economías de escala, relaciones consolidadas con proveedores y una cadena
de suministro optimizada. Indicó que, aunque el valor ofertado pudiera ubicarse
por debajo del precio mínimo aceptable calculado con base en lo dispuesto en
la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de CCE, tal circunstancia
no comportaba una distorsión del mercado ni configuraba un valor irrisorio
habida cuenta de los fundamentos técnicos y económicos que lo respaldaban73.
Allegó la disgregación de los precios unitarios de su propuesta económica.
113. Para la misma fecha, se reanudó la audiencia de adjudicación, se concedió
el traslado para que los proponentes habilitados se pronunciaran exclusivamente
sobre los aspectos económicos de la evaluación. El consorcio Génesis reiteró lo
expuesto en su respuesta al requerimiento; por su parte, Construcciones C-2023
solicitó dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 842 de 2003,
aduciendo que Huargo SAS, el consorciado de Génesis, en el formato de
capacidad técnica, no acreditaba la vinculación de profesional alguno en
ingeniería.
114. El comité de evaluación absolvió las observaciones y señaló que: (i) el
consorcio Génesis, conforme a la fórmula establecida para la desagregación de
la oferta económica, podía allegar los documentos que estimara pertinentes para
sustentar cada uno de los ítems requeridos, verbigracia, el análisis de los APU’s;
(ii) se indicó al consorcio Construcciones C-2023 que el Distrito no era
competente para efectuar la verificación solicitada y menos, para adelantar
actuaciones de naturaleza sancionatoria. Finalmente, el comité de evaluación
dispuso suspender la audiencia de adjudicación hasta el 5 de junio a las 10:30
a. m.
115. El 5 de junio de 2023 a las 9:53 a.m., el consorcio Génesis remitió, a través
de la plataforma SECOP II, la ampliación de la justificación de su precio ofertado,
subrayó elementos relacionados con la producción directa de insumos
esenciales, la optimización de su cadena de suministro, la dimensión de su
planta de personal y la suficiencia de su parque automotor y maquinaria,
aspectos que (según afirmó) explicaban la posibilidad de presentar precios más
favorables sin comprometer la correcta ejecución del objeto contractual.
Concretamente, señaló lo siguiente:
“La sociedad Estructuras y Pavimentos S.A.S integrante del CONSORCIO
GÉNESIS es la mayor accionista de la planta de mezcla asfáltica Pavimentos
Aburrá, ubicada en la ciudad de Medellín, lo cual de manera evidente le otorga
al Consorcio, a través de uno de sus integrantes, una ventaja competitiva, en
términos de costos y calidad, lo cual se representa en una mejor oferta
económica. En tal sentido, el CONSORCIO GÉNESIS puede producir su propia
materia prima a un costo menor, asegurando la disponibilidad y calidad del
73Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “RESPUESTA
REQUERIMIENTO CONSORCIO GENESIS”, pp. 1 a 2.
38
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
asfalto necesario para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de
selección, lo cual explica la posibilidad de ofrecer precios más competitivos, al
eliminar intermediarios en la cadena de suministros que otros proponentes no
podrían brindar (…) los ítems asociados con suministro, transporte e instalación
de mezclas asfálticas representan el 90% del subtotal de las obras, por lo que
las economías logradas en este apartado, se evidencian en una mejor oferta
económica. Es importante destacar que el Consorcio estructuró su oferta
económica considerando los análisis técnicos y financieros inicialmente
realizados por la Administración, no obstante, ante las peticiones realizadas por
algunos oferentes, diferentes al CONSORCIO GÉNESIS, el Distrito accedió a
aumentar el valor inicialmente estipulado, por esta razón, consideramos
importante comparar nuestra oferta con los costos que han sido establecidos
durante todo el proceso de selección. Así las cosas, el CONSORCIO GÉNESIS
al comparar su oferta con el valor inicialmente considerado por la
[a]dministración, presenta un descuento del 3.8% y un descuento del 12.1%
respecto del presupuesto finalmente contemplado en el presupuesto final (…)
[l]as empresas consorciadas cuentan con personal activo en las áreas
administrativas y operativas que en total suman 815 personas, conforme a los
certificados que se anexan se acredita la importante capacidad en punto al
personal que será puesto a disposición de las obras y actividades del proyecto.
Además, las empresas integrantes del Consorcio cuentan con equipo y
maquinaria propios, suficientes para atender en especificaciones, cantidad y
oportunidad todas las actividades incluidas en el alcance del contrato objeto del
presente proceso de selección”74
116. En el mismo documento, el accionante afirmó que su oferta
representaba ventajas competitivas, en la medida que se encontraba
respaldada en economías de escala y contaba con experticia en procesos
análogos. En tal virtud, sostuvo que los parámetros de su propuesta se
ajustaban plenamente a las condiciones objetivas del mercado. Estableció
como elemento conclusivo:
(i) La oferta económica del CONSORCIO GÉNESIS representa ventajas
competitivas y economías de alcance, atendiendo a que uno de los integrantes
del Consorcio es accionista de una planta de mezcla asfáltica y además, dos de
los integrantes del mismo Consorcio cuentan con equipo y maquinaria propios,
suficientes para atender en especificaciones, cantidad y oportunidad todas las
actividades incluidas en el alcance del proyecto. (ii) El descuento del 12% que
se aplica a la mezcla asfáltica, que propone el CONSORCIO GÉNESIS parte
no sólo de las economías de alcance antes mencionadas, sino de la experiencia
de sus integrantes en la ejecución directa o a través de subcontratos por más
de 15 años, de este tipo de obras en la ciudad de Medellín. Esta experiencia le
permite al Consorcio establecer metodologías de logística ya probadas, que
posibilitan de manera inmediata acometer las labores de un contrato como el
del presente proceso de selección. A la experiencia reciente, sumamos el apoyo
y la experticia de los equipos administrativo, técnicos y operativos en este tipo
de contratos. (iii) La capacidad para cumplir en el contrato se sustenta además
en el tráfico comercial. Una reciente experiencia, esto es, el referenciado
74Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Vf 5 de junio
Ampliación respuesta a requerimiento”, pp. 1 a 10.
39
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
contrato Nro. 4600095101 de 2022 celebrado por esta misma Administración,
finalizado apenas hace unas semanas y del cual el integrante del consorcio,
empresa Estructuras y Pavimentos SAS fue subcontratista, contempló valores
unitarios menores en los ítems más representativos respecto de los mismos
ítems de este proceso de selección, lo cual le da tranquilidad a la Administración
sobre la posibilidad real de ejecución bajo condiciones de calidad e
idoneidad”.75
117. Para sustentar lo anterior, el consorcio allegó dos cotizaciones relativas al
insumo de mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20 % y el 30
%, cuya unidad de medida, tonelada, presentaba los siguientes valores (IVA
incluido): (i) Pavimentos Aburrá SA expedida el 3 de mayo de 2023 con un precio
unitario de $362.652 y; (ii) Comercial Pavimentar SAS, de la misma fecha con
un valor unitario de $353.980. Adicionalmente, aportó la desagregación de los
análisis de precios unitarios correspondientes a los ítems 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3,
relativos, en su orden, a la mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre
el 20 % y el 30 % en los rangos de 9,1 a 12,5 ton/jornada (horario diurno), 9,1 a
12,5 ton/jornada (horario nocturno) y 12,51 a 16 ton/jornada, en los cuales se
consignaron los valores unitarios de los materiales en los términos que se
exponen a continuación:
ITEM DESCRIPCIÓ UNIDAD CANTIDA PRECIO Vr.
N D UNITARIO
2.1.1. Mezcla Ton 1.0 $360,000 $360,000
asfáltica Densa
2.1.2 tibia MDC-19
con RAP entre
2.1.3 el 20% y 30%
Emulsión gal 1.30 $9,082 $11,807
asfáltica
SUBTOTAL $371,807
118. El 5 de junio de 2023, a las 10:30 a.m., se reanudó la audiencia de
adjudicación, la cual fue suspendida por un término de dos horas, con el fin de
analizar la información allegada por parte del proponente requerido. Según
consta en la grabación de la diligencia y en su acta, una vez reinstalada, el
comité de evaluación sostuvo que, a partir de lo dispuesto en el artículo
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, de los lineamientos contenidos en la
Guía para la determinación de ofertas artificialmente bajas de CCE, así como
del estudio de mercado, el análisis del histórico de procesos contractuales
análogos76 y los descuentos registrados, se infería que la oferta presentada por
el consorcio Génesis “solo presenta un descuento del 9.14% que está por debajo
del 20% que indica la guía de Colombia Compra Eficiente y por debajo de los
75 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Ampliación
respuesta a requerimiento 5-6-23”, pp. 1 a 10.
76 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Acta de audiencia
de adjudicación.pdf”, pp. 22 a 23.
40
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
descuentos obtenidos en procesos de obra de infraestructura de transporte que
ha adjudicado la Entidad”. Los descuentos obtenidos se relacionaron de la
siguiente manera77:
Contrato Objeto Presupuesto Valor %
oficial Adjudicado Descuent
o
4600088556 Construcción de $5.210.239.090 $4.642.324.191 -10,90%
obras de
infraestructura
pública en sitios
neurálgicos viales
y obras
complementarias
4600088553 Construcción y $12.995.364.00 $11.637.547.553 -10,45%
mantenimiento de 0
obras de
espacio público e
infraestructura
complementaria
de la malla vial
4600088561 Mantenimiento de $7.998.789.654 $7.190.000.000 -10,11%
vías y demás
obras
complementarias
en los
corregimientos
del
municipio de
Medellín, plan vial
rural
4600088522 Obras para la $10.039.042.02 $9.047.502.851 -9,88%
construcción y el 3
mejoramiento de
puentes y obras
complementarias
en varios sitios de
Medellín
4600094372 Conservación y $3.000.000.000 $2.659.667.567 -11,34%
mantenimiento
del ciclo
infraestructura y
obras
complementarias
4600094137 Mantenimiento de $5.200.000.000 $4.652.510.815 -10,53%
vías y demás
obras
77 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. índice 177. Documento denominado “Acta de audiencia
de adjudicación.pdf”, pp. 21 a 23. Se relacionan únicamente los valores arrojados en negativo y por encima del
9.14%
41
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
complementarias
en los
corregimientos
del
municipio de
Medellín, Plan
Vial Rural
4600094656 Obras de $3.239.757.430 $2.901.954.449 -10,43%
construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
espacios públicos
de
encuentro y
esparcimiento de
la Ciudad.
119. Añadió el grupo evaluador que, del examen de los argumentos expuestos por
el consorcio Génesis, particularmente los relativos a la propiedad de los equipos
de pavimentación y a la participación mayoritaria de uno de sus integrantes en
la planta productora de mezclas Pavimentos Aburrá, se evidenciaba la especial
relevancia de tales condiciones, atendiendo a que los ítems asociados a las
obras de pavimentación representaban aproximadamente el 90% del valor
estimado del contrato. Además, señaló que “el proponente argumenta en su
respuesta que el valor de su propuesta obedece también a la larga experiencia
que ha adquirido el integrante Estructuras y Pavimentos SAS, ya sea como
contratista directo o como subcontratista en la ejecución de los contratos de
mantenimiento de la malla vial en el Distrito de Medellín, situación que ha podido
ser verificada por la entidad”.
120. El comité evaluador concluyó en el curso de la diligencia que: (i) el consorcio
Génesis presentó la aclaración de su oferta en los términos fijados por la entidad
y conforme a los lineamientos de la guía para el manejo de ofertas artificialmente
bajas de CCE, justificando de manera adecuada el costo del bien; (ii) en el
trámite licitatorio no se advirtieron prácticas que permitieran inferir la existencia
de conductas colusorias o anticompetitivas atribuibles al proponente; (iii) las
condiciones técnicas y de ejecución propuestas se ajustaban a las
especificaciones exigidas por la administración; (iv) el accionante acreditó la
capacidad necesaria para ejecutar el contrato y su oferta resultaba, la más
favorable para la entidad desde la perspectiva económica; y (v) la propuesta
respondía a circunstancias objetivas propias del oferente, sin que se evidenciara
riesgo alguno para la adecuada ejecución del objeto contractual. Por lo anterior,
coligió que la propuesta del actor debía continuar habilitada. De manera posterior
absolvió las observaciones presentadas por Génesis y Construcciones C-2023,
una vez decantadas, el grupo evaluador recomendó adjudicar el proceso de
selección al consorcio Génesis, al considerarla como la mejor propuesta78.
78 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Acta de audiencia
de adjudicación.pdf”, pp. 25.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
121. En el marco de la audiencia de adjudicación y una vez trasladada la
recomendación emitida por el comité de evaluación en torno a la adjudicación
del trámite licitatorio, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra en su calidad de Secretaria
de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín, indicó: “la secretaria de
Infraestructura [f]ísica como ordenadora del gasto y la secretaria de suministros
y servicios como delegada contractual deciden, en atención al deber de
responsabilidad suspender la audiencia para la verificación de la recomendación
del CEEC y proceder con total certeza a la adjudicación del proceso de
contratación”.
122. En ese contexto, el 5 de junio de 2023, y con fundamento en el artículo
2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, Beltrán Sierra, mediante radicado n.°
202320070192, solicitó a la secretaría de infraestructura física en calidad de
ordenadora del gasto “la designación (…) de un revisor técnico para que
verifique y conceptúe sobre la evaluación técnica que se realizó en el proceso,
principalmente es el aspecto relacionado con las ofertas económicas, teniendo
en consideración el menor valor, el cual fue definido por la TRM aplicable al
momento del cierre, que correspondió al menor valor”79.
123. La secretaria de infraestructura física, Luisa Fernanda Gómez Villegas,
designó al ingeniero industrial Rubén Darío López Giraldo, en su condición de
director técnico de esa dependencia “para realizar la revisión técnica y emitir un
concepto sobre dicha revisión realizada al proceso”80.
124. El 7 de junio de 2023 a las 4:06 p.m. la secretaria de suministros y servicios
del Distrito de Medellín a través de SECOP requirió al consorcio Génesis para
que, antes de las 11:59 p.m. de esa misma fecha sustentara documentalmente:
(i) la participación mayoritaria en la planta asfaltadora; (ii) la disponibilidad de los
equipos ofrecidos; (iii) la capacidad instalada de su planta de personal; además,
le solicitó pronunciarse sobre la observación formulada por el consorcio
Construcciones C-2023 relativa a la presunta falsedad de la cotización emitida
por Pavimentar SA81.
125. En idéntico plazo, la secretaria de infraestructura física solicitó al consorcio
informar respecto de: (i) las estrategias orientadas a mitigar el riesgo al que se
exponía el contratante —derivado de la eventual insuficiencia del presupuesto
oficial—, así como el alcance de la garantía de protección prevista en su favor;
(ii) justificar el porcentaje del 0,1 % asignado al costo indirecto de imprevistos en
su propuesta económica; (iii) verificar los precios unitarios de la mezcla asfáltica
incluidos en el capítulo 2 de la oferta, ítems 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3, por cuanto los
valores registrados no coincidían con la cotización de Pavimentos Aburrá del 3
de mayo de 2023 ni con los precios publicados por esa misma empresa,
79 En el oficio se dispuso expresamente: “[s]e solicita que el informe presentado y/o recomendación venga
acompañado de la firma de la ordenadora del gasto”. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice
177. Documento denominado “20230607155506567 Designación componente técnico”, pp. 1 a 4.
80 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “202320075234 Respuesta
Revisor (1).pdf”, pp. 1 a 2.
81 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “REQUERIMIENTO
CONSORCIO GÉNESIS”, pp. 1 a 9.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
actualizados a agosto de 2022 antes de IVA e incremento del IPC, los cuales
superarían los $400.000 por tonelada. Por lo anterior, ordenó al consorcio
“aclarar cu[á]les son las garantías documentales de sus proveedores de las
diferentes mezclas asfálticas, en los que se garantice la sostenibilidad del precio
en sus cotizaciones durante la vigencia del contrato”82. Anexó la copia de la lista
de los precios de Pavimentos Aburrá, publicada en su página web.
126. Génesis dio respuesta a los requerimientos; en primer término, reprochó la
legalidad y la oportunidad de las solicitudes adicionales formuladas por parte de
la administración argumentando que tales actuaciones desconocían los
principios de selección objetiva, transparencia, moralidad, publicidad, preclusión,
así como la garantía fundamental al debido proceso; luego, adujo que la solicitud
de designar un nuevo revisor técnico y la reapertura de una etapa ya superada
carecían de fundamento normativo y vulneraban la competencia del comité
evaluador, conforme a lo reglado en los Decretos 1082 de 2015 y 724 de 2021
del Distrito de Medellín. Agregó que la entidad estaba creando una instancia
evaluadora paralela, improcedente y contraria a los principios de responsabilidad
y a las reglas del proceso.
127. Respecto del porcentaje del imprevisto de su propuesta económica señaló
que de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo y con la respuesta
brindada a la observación formulada por Leandro Batista Olivera, los
proponentes podían “ofertar un porcentaje de imprevistos (I) distinto al
contemplado por la entidad en el AIU el presupuesto oficial”, en ese sentido,
expuso que la reducción del tanto por ciento de imprevistos era compatible con
las reglas del proceso y respondía a su “amplia experiencia” desarrollada en
contratos con objetos similares; en lo referente a la aclaración de las garantías
documentales de los proveedores de las mezclas asfálticas, señaló lo siguiente:
“Es importante tener en cuenta que estos precios señalados en el oficio son
para mezclas asfálticas sin adición de RAP (Recycling asphalt pavement). Es
de conocimiento técnico y comercial que las mezclas adicionadas con RAP
tienen un precio menor, ya que permiten aprovechar el asfalto y los agregados
residuales de este material, la administración es conocedora de esto y lo incluye
en sus presupuestos en aras de tener un mejor presupuesto. b) Respecto al
comentario “presenta precios a agosto de 2022, antes de IVA e incremento del
IPC que le aplique al 2023, si estos se aplican, el valor unitario de esta mezcla
superaría los $ 400.000 por tonelada”, nos permitimos aportar una factura del
presente año en la cual se evidencia el precio de la mezcla tipo MDC-19 y MSC-
19, sin adición de RAP, por un valor de $304.750 + IVA, es decir, un valor total
de $362.652,5. De acuerdo con lo expresado anteriormente el valor de la mezcla
con RAP como lo contempla el presente proceso, es menor.(…) c) Sobre las
garantías documentales de proveedores es importante señalar que el pliego de
condiciones no exige la presentación de cotizaciones o “garantías
documentales” de proveedores, a efectos de corroborar la “sostenibilidad del
precio”. No obstante, lo anterior, en las explicaciones dadas el pasado 5 de junio
82 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado
“REQAclaracionTecnica70007451.pdf”
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
se adjuntó soporte documental sobre el particular, con la finalidad precisamente
de mostrar que los precios ofrecidos no podían ser calificados como
artificialmente bajos. Las condiciones locales, el mercado de mezclas asfálticas,
los productores y proveedores de las mismas, circunstancias que son
suficientemente conocidas por la Administración y esas certificaciones que se
presumen veraces y auténticas, no pueden ser desconocidas, salvo que se
consideren falsas, en cuyo caso deberán proceder a presentar la respectiva
denuncia (…)” 83.
128. En relación con los soportes documentales atinentes a la participación
mayoritaria en la planta productora de mezclas asfálticas, el consorcio manifestó
que, en atención al limitado plazo concedido, no resultaba posible allegar la
documentación solicitada; no obstante, aportó constancia del trámite
correspondiente. Añadió que no podía desconocerse la certificación previamente
remitida por el representante legal de Estructuras y Pavimentos S AS, la cual,
conforme a las previsiones legales, gozaba de presunción de autenticidad.
129. En cuanto a la disponibilidad de la maquinaria, sostuvo que el anexo técnico
del proceso de selección dispuso que dicha verificación debía efectuarse con
posterioridad a la adjudicación, razón por la cual no podía exigirse durante la
etapa de selección ni como requisito habilitante ni para efectos de asignación de
puntaje; precisó que en el primer escrito de aclaraciones había aportado un
inventario de equipos. Agregó que la relación comercial existente entre
Buseticas SAS y el integrante del consorcio Paecia SAS obedecía a la identidad
de socios, circunstancia que permitía comprometer la disponibilidad de los
activos bajo un esquema de colaboración empresarial. Respecto del
componente de personal, explicó que las variaciones advertidas respondían a la
dinámica propia del sector de la construcción y no incidían en el cumplimiento
de los requisitos habilitantes. Frente a la observación formuladas por el
consorcio Construcciones C-2023, rechazó la imputación de falsedad
documental, al afirmar que las certificaciones allegadas reflejaban condiciones
comerciales reales y verificables84.
130. Para la misma fecha, la Personería Municipal de Medellín inició una vigilancia
administrativa especial, a raíz de la denuncia presentada por el representante
legal del consorcio Mecamed 2023, mediante la cual se puso en conocimiento
presuntas irregularidades en el trámite licitatorio. En consecuencia, el Ministerio
Público solicitó remitir distintos documentos y suspender el proceso de selección
por cinco días85.
83 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “VF 7 de junio
Respuesta Aviso y requerimientos.docx”.
84 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “Respuesta aviso y
requerimientos (1)”, pp. 1 a 14.
85Los documentos solicitados por la Personería Municipal de Medellín fueron los siguientes: (a) copia de los
informes de evaluación emitidos en el trámite licitatorio y un recuento detallado de los sucesos acontecidos
dentro del mismo; (b) datos personales de quienes constituyeron el comité de evaluación; (c) cronograma del
proceso de selección; (d) precisión de las razones de inconformidad respecto de la oferta económica del
consorcio Génesis con la fecha de propiedades del archivo. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia,
índice 177. Documento denominado “3 SOLICITUD DE INFORMACION 859225145 FIRMADA (1)”, pp. 1 a 2.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
131. El 15 de junio de 2023, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó
informar la disposición precisa de los pliegos de condiciones, del reglamento o
de la ley que facultaba a la administración para proceder a la “designación de un
revisor técnico para que verifique y conceptúe sobre la evaluación técnica que
se efectuó en el proceso”, y para solicitar aclaraciones adicionales al oferente,
con posterioridad a la publicación del informe de evaluación técnica de las
ofertas; igualmente, solicitó informar si en la audiencia de adjudicación se
otorgaría oportunidad en condiciones de igualdad para referirse al “informe
técnico”86.
132. El 16 de junio de 2023, la secretaria de infraestructura física, mediante oficio
remisorio n.° 202320075234, dio respuesta a la solicitud de la secretaria de
servicios y suministros n.° 202320070192 del 5 de junio de 2023 para lo cual
allegó el concepto emitido por el revisor técnico designado87.
133. A través de documento n.° 202330229089 el funcionario asignado, sustentó
la “conclusión de la revisión técnica a la evaluación del presunto precio
artificialmente bajo”, en la que recomendó rechazar la propuesta económica del
consorcio Génesis, teniendo en cuenta que:
“1. El capítulo de mayor peso y representación en valor en el presupuesto oficial
es el de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN que, con respecto al subtotal obras del
presupuesto oficial, es el 91.21 % de la inversión equivalente a $
56.204’400.858, mientras que en la propuesta del CONSORCIO GENESIS, es
del 91.02 % equivalente a la suma de $ 50.266’506.000, presentando una
diferencia de $ 5.937’894.858. 2. la propuesta económica del proponente
CONSORCIO GENESIS está por debajo del presupuesto oficial en un 9.14 %,
equivalente a la suma de $ 6.396’814.801 y, por debajo del valor del mínimo
aceptable en $ 1.132’232.564. 3. Que el valor subtotal de la propuesta del
oferente CONSORCIO GENESIS, se encuentra por debajo del valor
correspondiente en el presupuesto oficial, en un 11.58 %, equivalente a la suma
de $ 6.396’814.801. Valor que guarda su importancia en el presupuesto general,
ya que es realmente el que corresponde a los costos ejecutables o a la inversión
en costos directos e indirectos, es el valor que se afecta con cualquier variación
de precios del mercado durante la ejecución del contrato o ante cualquier
imprevisión que se presente, es el que garantiza o no la ejecución del objeto del
contrato. Que la mayoría de los valores de los ítems de la propuesta del oferente
CONSORCIO GÉNESIS, presentan un porcentaje superior al del mínimo
aceptable que es del 9.14 %, excepto los ítems 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.5,
3.2, 5.4, 7.1.1, 7.1.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.12 y 9.13, que son
los de menor peso en el presupuesto, lo que hace muy sensible el presupuesto
ante cualquier variación de precios en el mercado. 5. Que los ítems con mayor
afectación por su peso en el presupuesto y el valor en porcentaje por debajo del
86 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “MI 012 2023
responde petición Distrito Med - formula solicitudes (2)”, pp. 1 a 2.
87 En nota aclaratoria, la Secretaria de Infraestructura, Luisa Fernanda Gómez Villegas, estableció que: “El señor
Rubén Darío López Giraldo cuenta con los siguientes títulos profesionales que avalan su concepto: Ingeniero
Industrial – MP 091239-0634698 CMD- Contador Público- Tecnólogo en Obras Civiles – TP 05535-0083- Master
(SIC) en Infraestructura e Ingeniería Civil- Especialista en Gerencia de Proyectos”.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
precio correspondiente al del presupuesto oficial, son los que contienen mezclas
asfálticas en sus recursos, los que se resaltan en la matriz de evaluación del
presupuesto menor y se presenta un análisis comparativo de este material,
respecto a la cantidad que demanda el contrato.
Observando (SIC) en el cuadro anterior, como anexo a la conclusión 5, como
solo en un producto, como es el asfalto para 7 ítems, se presenta una diferencia
significativa en el valor, respecto al presupuesto oficial, llegando la diferencia a
la suma de $ 2.810’000.000. De igual manera en el mismo cuadro, se muestra
la diferencia del precio del asfalto base para 3 ítems, con la diferencia, de que
los precios de Pavimentos Aburra, de la licitación 14844 de la Gobernación de
Antioquia y de INVIAS, no contienen RAP, es decir, sería más económico; se
ha de tener en cuenta que la mencionada licitación de la Gobernación de
Antioquia, Lic. 14844 se encuentra en estos momentos en etapa precontractual
en el secop II y los precios de INVIAS, se toman de la página web vigentes para
el segundo semestre de 2022, como se señaló arriba. Estas diferencias de
precios indican que la oferta del proponente CONSORCIO GENESIS es la más
baja, por tanto, muestra un alto grado de incertidumbre en la garantía del precio
de los productos asfalticos necesarios para el proyecto. 6. El proponente
CONSORCIO GENESIS omitió la información solicitada respecto al
presupuesto general, en relación con la sustentación del valor ofrecido por el
ítem de improvistos (SIC), por tanto, su oferta en este sentido no es satisfactoria
ni es garantía para superar las imprevisiones que puedan acaecer durante la
ejecución del contrato. 7. El proponente CONSORCIO GENESIS omitió o no
allegó la totalidad de la información que permitiera aclarar el precio de los ítems
más representativos, que permitiera garantizar la tranquilidad en la
sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del objeto contractual, por tanto,
las aclaraciones del proponente no fueron satisfactorias. (…)”88.
Recurso Unidad Cantid PRESUPUESTO CONSORCIO PAVIMENTOS Lic. 14844 Gob. INVIAS 2022
Ítem ad OFICIAL GÉNESIS ABURRÁ Antioquia
Vr. Vr. total Vr. Vr. Vr. Vr. Vr. Vr. Total Vr. Vr.
Unitari Unitari Total Unitari Total Unita Unitari Total
o o o rio o
del APU del APU Lista precios De ítem 7,1,6,1. Producto
2022 y se aplica Sin RAP, B0014502,
IPC e IVA. febrero/2023 regional Antioquia,
Mezcla sin RAP sin RAP
2.1.1 Mezcla tonelada 21.058 404.97 8.527.8 360.00 7.580.8 410.48 8.64 466. 9.829.41 688.50 14.498.
2.1.2 asfáltica 0 58.260 0 80.000 5 3.98 778 1.124 9 622.52
2.1.3 densa tibia 8.66 2
MDC con 6
RAP entre
el 20% y
30%
2.2.1 Mezcla metro 10.791 958.48 10.343. 865.00 9.334.2
2.2.2 densa tibia cúbico 8 044.00 0 15.000
2.2.3 tipo 8
88 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “6.
RptaInformeEvaluacion07-junio70007451”, pp. 1 a 4.
47
Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Semidensa
MSC 25,
MSC-19
con RAP
entre el
20% y 30%
2,1,2 Mezcla metro 5.017 1.170.3 5.871.6 1.000.0 5.017.0
asfáltica en cúbico 43 10.831 00 00.000
caliente de
alto
módulo
MAM-19 y/o
MAM-25
SUMAS 24.742. 21.932.
513.09 095.00
9 0
134. Para sustentar su informe, el revisor técnico aportó como anexos: (i) la
evaluación del presupuesto, en la que se comparó el presupuesto oficial con la
propuesta económica presentada por el consorcio Génesis; (ii) un cuadro
comparativo entre el valor estimado del contrato, la propuesta del accionante, la
lista de precios 2022 de Pavimentos Aburrá SA, la licitación n.° 014844 de la
Gobernación de Antioquia y la lista de precios del INVIAS 2022; (iii) el listado de
análisis de APU’s de referencia regionalizados del INVIAS (2022); (iv) los análisis
de precios por unidad correspondientes a la licitación n.° 014844; y (v) la lista
oficial de valores de las mezclas asfálticas en caliente de Pavimentos Aburrá SA.
135. La audiencia de adjudicación se reanudó el 20 de junio de 2023, a las 10:00
a.m. En el curso de la diligencia, la secretaria de suministros y servicios concedió
el uso de la palabra al revisor técnico designado por la secretaria de
infraestructura física del Distrito, con el fin de que sustentara el informe remitido;
posteriormente, se dio traslado a Génesis para que se pronunciara sobre lo
expuesto por el funcionario asignado, oportunidad en la cual reiteró los
argumentos presentados en respuesta a los requerimientos formulados.
136. A su turno, Beltrán Sierra, en su condición de secretaria de suministros y
servicios de la entidad, dio respuesta a lo expuesto por el consorcio Génesis, y
señaló que: (i) conforme a la ley, el Distrito se encontraba facultado para
apartarse de la recomendación emitida por el comité evaluador; (ii) no se
acreditaron, mediante soporte documental, las ventajas competitivas y
económicas del consorciado Estructuras y Pavimentos SAS, derivadas de su
condición de socio mayoritario de la planta asfáltica Pavimentos Aburrá; (iii) si
bien se demostró la relación entre los integrantes del consorcio y la empresa
propietaria de la flota de vehículos, Buseticas SAS, la documentación aportada
no permitió establecer el impacto de dicha relación en los precios de los distintos
ítems de la oferta; y (iv) existían inconsistencias en la información relativa a la
capacidad instalada de personal, así como ausencia de sustentación sobre su
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
incidencia en el componente económico de la propuesta presentada por el
proponente requerido.
137. La secretaria de suministros en representación de la entidad concluyó que, a
la luz de las aclaraciones allegadas, el consorcio Génesis no logró justificar de
manera satisfactoria el valor de su propuesta económica, por lo que no se
encontraba garantizada la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del
contrato. En tal virtud, del examen del concepto técnico, de los documentos
obrantes en el expediente, de la guía para el manejo de ofertas artificialmente
bajas de CCE y de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de
2015, se estimó procedente aplicar, respecto del proponente ubicado en el
primer orden de elegibilidad, la “causal de rechazo w del numeral 1.15 del pliego
de condiciones”.
138. Como consecuencia del rechazo de la propuesta presentada por el consorcio
Génesis, el orden de elegibilidad quedó establecido de la siguiente manera:
“ Orden Proponente Total
1 CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023 100,00
2 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 23 99,45
3 CONSORCIO MECAMED 2023 99,02
4 CONOSRCIO (SIC) SAN GUILLERMO 98,77
5 CONSORCIO CONTRAVIC MALLA VIAL 98,24
6 CONSORCIO MALLA VIAL MEDELLÍN 98,39
7 CONSORCIO MP MEDELLIN 98,14
8 CONSORCIO CONDOR Y DISEÑOS 95,70 “
139. Mediante Resolución n.° SSS 202350048896 del 20 de junio de 2023, el
Distrito de Medellín adjudicó el proceso de selección n.° 70007451 al consorcio
Construcciones C-2023, por un valor de $65’026.971.827, incluido el AIU, y con
un plazo de ejecución de seis (6) meses, contado a partir de la suscripción del
acta de inicio. El 21 de junio de 2023, mediante Resolución n.° SSS
202350049607, la entidad aclaró el acto de adjudicación al advertir un error
formal en la identificación de la causal de rechazo aplicada, precisando que la
correspondiente era la prevista en el literal X del numeral 1.15 del pliego de
condiciones89.
140. El 30 de junio de 2023 se suscribió el contrato de obra n.° 4600098664 entre
el Distrito de Medellín y Construcciones C-202390. En esa misma fecha, el
contratista elevó solicitud de cesión del negocio jurídico a favor de la sociedad
Megaproyecto Vial Siglo XXI, aduciendo que los integrantes de su consorcio se
encontraban ejecutando otros contratos de obra pública aún vigentes. Asimismo,
manifestó que habían sido preseleccionados en un proceso de contratación
89 Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documentos denominados “Resolución de
adjudicación” y “Resolución Aclaratoria. Pdf.”
90 Cfr. SECOP ll. Enlace del proceso.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE. Documento denominado “Anexo 5- Minuta del Contrato
Malla Vial (2)”, pp. 1 a 26.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
privada de cuantía superior, cuya eventual adjudicación comprometería la
totalidad de su capacidad física y financiera, circunstancias que los llevó a
considerar la cesión integral de los derechos y obligaciones derivados del
contrato.
141. El 18 de julio de 2023, el consorcio Construcciones C-2023 allegó otra
petición y expresó su voluntad de ceder el contrato al consorcio Mecamed 2023.
Sostuvo que, al revisar la planificación del proyecto y el presupuesto oficial,
advirtió que el contrato requería un porcentaje elevado de mezclas asfálticas
tibias (equivalente al 53% del valor de los pavimentos) y que, al iniciar las
gestiones con los proveedores, se evidenciaron dificultades significativas para
garantizar el suministro de dichos materiales, dada la limitada disponibilidad de
plantas certificadas y la incapacidad de los productores para atender la demanda
exigida por el objeto contractual.
142. El 21 de julio de 2023, el consorcio Vías de Colombia, en su condición de
interventor del contrato n.° 4600098664 de 2023, emitió concepto favorable
respecto de la solicitud de autorización de cesión presentada por el contratista.
Posteriormente, el 24 de julio de 2023, mediante acta n.° 57 del Comité Interno
de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín,
y acta n.° 063 del 25 de julio de 2023 de la Secretaría de Suministros y Servicios,
se concluyó que la referida solicitud se encontraba ajustada a derecho,
avalándose su procedencia jurídica. Por lo anterior, “la Secretaría de
Infraestructura Física, como ordenadora del gasto, solicitó a la Secretaría de
Suministros y Servicios la modificación contractual”91. La cesión del contrato fue
perfeccionada a través del otrosí n.°1.
143. Conforme a lo reseñado, se advierte que uno de los ejes centrales de las
impugnaciones se dirige a controvertir la declaratoria de nulidad por falsa
motivación de la Resolución de adjudicación n.° SSS 202350048896 del 20 de
junio de 2023 y su aclaratoria, en la medida en que los recurrentes sostienen
que la entidad estaba obligada a rechazar la propuesta presentada por el
consorcio Génesis, por estimar que su ofrecimiento económico se encontraba
incurso en un precio artificialmente bajo, circunstancia que, a juicio del consorcio
Construcciones C-2023, Evelyn Tatiana Beltrán y Rubén Darío López, resultó
debidamente acreditada por los elementos de convicción aportados al proceso.
144. En ese contexto y a la luz de lo expuesto, resulta pertinente delinear el marco
normativo relativo a los precios artificialmente bajos, cuyo origen se remonta a
la Ley 80 de 1993. El artículo 26, numeral 692, de dicho estatuto edificó, como
91 Documento denominado “Anexo MOD5 4600098664”. Consultado en el enlace de Secop ll del proceso de
selección, el cual fue decretado como prueba.
92 Artículo 26, numeral 6 de la Ley 80 de 1993, cuya literalidad establece que: “Los contratistas responderán
cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P José Roberto Sáchica Méndez. 9 de diciembre de 2025.
Rad: 680012333000201700214 01 (72.623). “la responsabilidad no solo se ve comprometida con el actuar del
Estado, también se proyecta respecto de la conducta de los servidores públicos y contratistas que participan en
las relaciones negociales. Respecto de estos últimos, así como a los asesores, consultores e interventores que
participen en los procesos contractuales, el Legislador previó que deben responder, incluso civil y penalmente,
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
expresión del principio de responsabilidad, el deber de los contratistas de
responder frente a la administración cuando formularan propuestas que
establecieran condiciones económicas o contractuales artificialmente bajas con
el propósito de obtener la adjudicación93. En la misma línea, la Ley 1150 de 2007,
en el artículo 5 numeral segundo, reafirmó la relevancia de los precios del
mercado como un criterio determinante para la comparación de los ofrecimientos
presentados, en aras de garantizar la observancia del principio de selección
objetiva94.
145. En concordancia con lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 impone a la
entidad estatal el deber de activar un juicio de verificación cuando advierta la
posible existencia de una oferta con valor artificialmente bajo, para lo cual debe
requerir al oferente a fin de que exponga las razones que sustentan el precio
ofertado. Analizadas dichas explicaciones, el comité evaluador deberá
recomendar el rechazo de la propuesta o la continuación de su evaluación,
según corresponda95.
146. En concreto, el precitado decreto en el numeral 2.2.1.1.2.2.4, dispone que,
cuando en ejercicio de su deber de análisis la entidad estatal advierta esta
situación debe: (i) requerir al oferente para que exponga las razones que lo
sustentan; (ii) examinar las explicaciones brindadas, a fin de verificar si estas
justifican los valores propuestos y resultan suficientes para la adecuada
ejecución del contrato conforme a los documentos del proceso; y, (iii) una vez
valoradas dichas explicaciones, el comité evaluador —o quien tenga a su cargo
la evaluación de las ofertas— recomendará el rechazo de la propuesta o la
continuación de su análisis dentro del proceso de evaluación, siempre que el
por las conductas dolosas o culposas en que incurran en su actuar contractual o precontractual, específicamente
cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa”.
93 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P Myriam
Guerrero, 4 de junio de 2008. Rad: 17783. “Tal previsión normativa guarda directa relación con la valoración
económica del bien, obra o servicio licitado y tiene como finalidad, de una parte, exonerar a la administración
de toda responsabilidad frente al contratista cuando quiera que haya ofertado con precios inferiores a los
acostumbrados en el mercado y que por tal razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la administración
en virtud de reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio de la ecuación
económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del contrato, con los consecuentes perjuicios
para la entidad contratante que no tendría por qué soportar”.
94 Ley 1150 de 2007, artículo 5: “ARTÍCULO 5. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes (…) 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el
menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello (…)”.
95 Su contenido literal es el siguiente: “[s]i de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de análisis (…) el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la [e]ntidad [e]statal debe requerir al
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité
evaluador (…), o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con
el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad
Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen
en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con
su análisis en el proceso de evaluación de ofertas (…)”.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
menor precio ofertado obedezca a circunstancias objetivas propias del
proponente y de su oferta y no comprometa el cumplimiento adecuado del
negocio jurídico.
147. Ahora bien, cabe advertir que la sola circunstancia de que una propuesta
exhiba un valor reducido no comporta, per se, la configuración de un precio
artificialmente bajo96. Ello únicamente se predica de aquella oferta cuyo monto,
además de ser ostensiblemente inferior e irrisorio frente los parámetros
ordinarios del mercado aplicables al ítem o actividad correspondiente, carece de
una explicación técnica, económica, operativa y/o financiera que la sustente, de
modo que su aceptación implicaría para la administración desconocer los
principios de la contratación estatal y poner en riesgo la ejecución de los
negocios jurídicos
148. Por su parte, esta Corporación ha establecido que este tipo de precio es
aquel “que resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero
además que no encuentre sustentación o fundamento alguno en su
estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio, es
decir, que dicho precio no pueda ser justificado, por tanto, la [a]dministración
estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los
principios de transparencia, equilibrio, responsabilidad e imparcialidad que
gobiernan la actividad contractual del Estado” 97.
149. En esa medida, para la Sala las ofertas con precios artificialmente bajos
comprometen de manera directa la viabilidad económica del contrato, pues un
precio sin sustento real en la estructura de costos del mercado impide garantizar
el cumplimiento material de las obligaciones contractuales y la satisfacción del
interés general que subyace a toda contratación estatal. Por ello, la identificación
oportuna de este fenómeno constituye un deber ineludible de la administración,
cuya finalidad no se agota en la protección del equilibrio económico del negocio
jurídico, sino que se extiende a preservar la integridad del proceso de selección
frente a prácticas colusorias y a impedir que la contratación pública sea
empleada como canal para la introducción de recursos de origen ilícito, en
salvaguarda de los principios de transparencia, selección objetiva e
imparcialidad que lo rigen.
150. Así, no podrá reputarse como tal la propuesta cuyo valor se derive de
circunstancias objetivas, comprobables y propias del proponente, las cuales,
lejos de comprometer la correcta ejecución del contrato, garantizan su viabilidad
y no erosionan la integridad del proceso licitatorio ni los fines de la gestión
96 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P Danilo
Rojas Bethancourt, 6 de abril de 2011. Rad: 16385.
97 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P Myriam
Guerrero, 4 de junio de 2008. Rad: 17783. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 27883, 9 de julio de 2014. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P, Hernán Andrade Rincón,
1 de octubre de 2014. Rad: 34778; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P Ramiro Pazos Guerrero, 2 de marzo
de 2020. Rad: 25000-23-26-000-2007-00449-01(43738).
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
contractual. En tal hipótesis, la entidad se encuentra obligada a continuar con el
examen de la oferta, preservando la legalidad y la selección objetiva dentro del
proceso de selección.
151. De lo anotado, se desprende que no resulta equiparable un precio bajo a un
precio artificialmente bajo, en la medida en que el primero puede encontrarse
razonablemente sustentado y constituir una legítima manifestación de
competitividad dentro del procedimiento de selección, sin que ello comporte
vulneración de los principios que rigen la contratación estatal. Por el contrario, el
precio artificialmente bajo se caracteriza por su carácter irrazonable o irrisorio y
por la ausencia de una justificación económica, técnica, operativa y/o financiera
que permita explicar de manera suficiente las fuentes de su determinación.
152. En esa medida no le es dable a la entidad contratante calificar una oferta
como ficticiamente reducida cuando su valor se halla razonablemente
sustentado en circunstancias objetivas atribuibles al proponente, suficientes
para descartar la configuración de riesgos para la transparencia e integridad del
procedimiento de selección o para el adecuado cumplimiento de las obligaciones
contractuales en caso de resultar adjudicatario. Corolario de ello, una vez
valoradas las explicaciones allegadas por el oferente, el comité de contratación
—o quien haga sus veces— está llamado a exponer de manera expresa, clara y
suficiente las razones que fundamentan su recomendación, ya sea en el sentido
de aceptar o de rechazar la oferta sometida a análisis.
Respecto de la alegada indebida interpretación de los precios artificialmente
bajos y el reproche a la errónea valoración probatoria por parte del a quo
153. Expuestos los hechos que resultaron probados, el marco normativo y
jurisprudencial que rige los precios artificialmente bajos, la Sala advierte que uno
de los reparos formulados por el consorcio Construcciones C-2023, Evelyn
Tatiana Beltrán y Rubén Darío López Giraldo se encamina a controvertir la
hermenéutica acogida por el a quo respecto del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015, así como el presunto yerro en la valoración del acervo probatorio
que condujo a la declaratoria de nulidad, por falsa motivación, de la resolución
de adjudicación y su aclaratoria. En esa línea argumentativa, los recurrentes
sostienen que una apreciación adecuada de los elementos de convicción habría
llevado al Tribunal a concluir que tanto el rechazo de la oferta del consorcio
Génesis como la adjudicación del proceso de selección al consorcio
Construcciones C-2023 se encontraban plenamente ajustados al ordenamiento
jurídico.
154. En el caso sub judice, el pliego de condiciones previó expresamente, en el
numeral 4.1.3, que al llegar a advertirse la presentación de una oferta
potencialmente irrisoria que no garantizara la correcta ejecución del contrato,
debía activarse el procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015, así como atenderse los lineamientos contenidos en la guía para
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
el manejo de ofertas artificialmente bajas expedida por CCE, en calidad de
referente metodológico para el análisis correspondiente.
155. Como se decantó, el Decreto 1082 de 2015 delimitó el procedimiento que
debe observar la entidad estatal cuando una oferta presenta aspectos indicativos
de ser artificialmente baja. A su turno, la guía para el manejo de ofertas
artificialmente bajas expedida por CCE98 desarrolló un conjunto de criterios
técnicos orientadores, dirigidos a la identificación de este tipo de propuestas, en
virtud de lo cual la administración está llamada a examinar el contexto específico
del proceso de contratación mediante la aplicación de criterios objetivos —
incluidos parámetros de naturaleza matemática— que permitan valorar la
razonabilidad del precio ofertado.
156. La referida guía recomienda a la entidad tener en cuenta la siguiente
información como datos de referencia para el análisis: (i) el promedio del valor
de las ofertas; (ii) la mediana del valor de las propuestas; (iii) la desviación
estándar del valor de los ofrecimientos económicos; (iv) la diferencia entre el
costo estimado del contrato y el promedio o mediana del valor de las ofertas; (v)
la diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el
promedio del valor de las propuestas financieras y (vi) la diferencia entre el valor
de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado del contrato.
157. En ese marco, la herramienta metodológica establece que la entidad dispone
de distintos métodos orientadores para identificar ofertas que pudieran ser
artificialmente bajas: (i) la comparación absoluta y (ii) la comparación relativa. A
estas se suma la información histórica de ofertas y contratos relacionada con el
objeto del proceso de contratación, como elemento de contexto que
complementa el análisis. Su alcance es el siguiente:
1. Métodos de comparación
1.1 Comparación absoluta 1.2 Comparación relativa
Herramientas que suponen que las ofertas son independientes y competitivas.
Para menos de cinco ofertas: Para más de cinco ofertas:
La entidad estatal debe El ente debe confrontar la información que obtiene
contrastar el valor de cada oferta a partir del universo de ofertas que presentan los
con el costo estimado de la proponentes en el proceso de selección y sugiere
provisión del bien y del servicio utilizarlo cuando la entidad recibe más de cinco
de acuerdo con el estudio del ofertas.
sector elaborado, para
determinar si la propuesta es Para obtener el valor mínimo aceptable se debe
significativamente inferior al calcular la mediana y la desviación estándar.
valor estimado.
98 Cuya versión corresponde a la relacionada con la V3 de los pliegos tipo, código CCE-EICP-GI-01 y anterior
a la actualización del 12 de diciembre de 2024, para el caso concreto.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Para lo cual, se utiliza la La mediana: se calcula al ordenar los valores de
siguiente fórmula: mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la
mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, se
𝑃−𝑂 debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos
𝑉𝑜 = 𝑋 100%
𝑃 y dividirlo en 2.
Desviación estándar: se obtiene con la
Donde: aplicación de la fórmula sucesiva:
Vo: variación de la oferta del
∑𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖−𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠) 2
proveedor con respecto al precio √ 𝑖=1
𝑛
estimado por la entidad
P: es el precio estimado por la
Valor mínimo aceptable: una vez establecidas la
entidad
mediana y la desviación estándar, se procede a
O precio ofrecido por la entidad
determinar el valor mínimo aceptable conforme al
siguiente procedimiento:
Se debe solicitar aclaración a los
proponentes cuyas ofertas sean
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
menores en un 20% o un mayor = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
porcentaje al costo total
estimado por la entidad. La entidad puede identificar como posibles
ofertas artificialmente bajas, a todas las
propuestas que cuenten con valores por debajo
del valor mínimo aceptable.
2. Información histórica de ofertas y contratos relacionados
La autoridad contratante podrá incorporar, como insumo complementario, el historial
de porcentajes de ahorro obtenidos en procesos de selección con objeto, presupuesto
y plazo análogos.
Para efectos de identificar los porcentajes de ahorro se sugiere a la entidad analizar
las variaciones que se presentan entre el presupuesto oficial estimado para el proceso
respecto del valor adjudicado, aplicando la siguiente fórmula:
𝑃−𝐶
𝑉𝐶 = 𝑋 100%
𝑃
Donde,
Vc es la variación del valor contratado respecto del precio estimado por la entidad
P es el precio estimado por la entidad estatal (presupuesto oficial)
C precio contratado por la entidad.
Si se advierte que el promedio de ahorro excede el 20% del valor estimado, ello
habilita para: (i) contar con parámetros adicionales para valorar la justificación
presentada por el oferente en caso de haber sido requerido; y (ii) que el comité
evaluador examine la viabilidad de abstenerse de formular requerimiento alguno,
incluso cuando la propuesta supere dicho umbral.
158. En esa línea, la guía en cita establece que, una vez identificada una oferta
con posibles precios artificialmente bajos mediante la aplicación de las
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
herramientas y métodos previamente expuestos y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe
aplicar el siguiente procedimiento: (i) requerir al proponente para que exponga
las razones que expliquen el valor ofertado; (ii) examinar las sustentaciones
allegadas a fin de verificar si respaldan el monto propuesto y si resultan
materialmente idóneas para garantizar la adecuada ejecución del contrato; (iii)
definir si procede continuar con el estudio de la oferta, por acreditarse la
capacidad del oferente para cumplir las obligaciones derivadas del contrato, o
si, por el contrario, corresponde su rechazo ante la insuficiencia de la justificación
presentada99.
159. En lo relativo a la solicitud de aclaraciones, el referido documento determina
que la administración, en el marco del requerimiento formulado al oferente,
puede exigir la desagregación del precio de la oferta, así como la identificación
del costo marginal de las unidades ofrecidas, con apoyo en el estudio del sector
y en la información disponible del mercado. Para tal efecto, prevé: (i) la
posibilidad de requerir la misma información a los demás proponentes, con el fin
de contar con elementos comparativos que permitan adelantar un análisis
objetivo y (ii) la facultad de solicitar aclaraciones tantas veces como resulte
necesario, evento en el cual “deberá otorgarse a los proponentes un plazo
suficiente para responder, el cual habrá de ser proporcional a la complejidad del
objeto contractual”.
160. En ese contexto, y como quedó plenamente decantado, en el marco de la
audiencia de adjudicación del trámite licitatorio sub examine, llevada a cabo el 2
de junio de 2023, el comité de evaluación, una vez realizada la desencriptación
del sobre económico n.° 2 y definido que el método de ponderación aplicable
correspondía al de menor valor, procedió a evaluar las ofertas económicas de
los proponentes habilitados, de lo cual se derivó que el accionante ocupó el
primer orden de elegibilidad. En ese escenario, durante el desarrollo de la
diligencia, la entidad, por conducto del grupo evaluador, requirió en dos
oportunidades al consorcio Génesis para que sustentara el precio ofertado
desagregando el valor de los costos unitarios de su ofrecimiento, otorgándole
para ello un plazo inferior a hora y media.
161. El primer requerimiento tuvo como sustento el cálculo de la mediana y de la
desviación estándar (elementos metodológicos reseñados en la guía de CCE),
herramientas empleadas para determinar el valor mínimo aceptable de la
propuesta, ejercicio a partir del cual se estableció que el ofrecimiento económico
ascendía a $63.603’185.199, esto es, un 9,14 % inferior al presupuesto oficial y
por debajo del precio mínimo aceptable, fijado en $64’735.417.763, conforme se
ilustra a continuación:
99 Al valorar las explicaciones ofrecidas por el proponente, la administración debe considerar los factores que
pueden incidir en la conformación del valor ofertado, tales como: (i) las técnicas particulares de producción del
bien o de prestación del servicio; (ii) la proximidad al lugar de ejecución o a las fuentes de abastecimiento de
insumos; (iii) las condiciones contractuales más favorables con los proveedores; y (iv) la mayor diversificación
en la oferta de bienes o servicios conexos. Asimismo, cuando el oferente acredite economías de escala o de
alcance, la administración deberá incorporarlas en el juicio de valoración de las aclaraciones presentadas.
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
Presupuesto oficial $70.000.000.000
Promedio ofertas $66.328.471.392
Mediana $66.401.158.113
Desviación estándar $1.665.740.350
Valor mínimo aceptable (promedio- desviación $64.735.417.763.
estándar)
162. Para tal efecto, conforme a la prueba documental obrante en el expediente,
resulta acreditado que el consorcio Génesis, dentro del término concedido,
allegó documento con las aclaraciones respectivas, lo que gravitó sobre el eje
de la existencia de economías de escala en su estructura societaria, lo cual
sustentó en los siguientes aspectos: (i) la participación de Estructuras y
Pavimentos SAS como socio mayoritario en la planta productora de asfalto
Pavimentos Aburrá SAS; (ii) la disponibilidad de capacidad instalada en
maquinaria destinada a labores de pavimentación (iii) la solidez y amplitud de su
planta de personal; (iv) el conocimiento especializado del sector de mezclas
bituminosas y (v) la fijación de un porcentaje de imprevistos del 0,1 %, atribuible
a procesos productivos estandarizados; elementos que fueron respaldados
mediante la desagregación de los APU’s de la propuesta económica, donde lo
correspondiente a obras de pavimentación en los ítems 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
ascendió a $750,000.00, $770,000.00 $ 749,000.00 donde se disgregó que el
valor correspondiente al material (mezcla bituminosa) ascendía a $371,808 por
tonelada, así como las cotizaciones relativas al insumo de la mezcla asfáltica
densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20 % y el 30 %, cuya unidad de medida,
tonelada, presentaba los siguientes valores (IVA incluido): (a) Pavimentos
Aburrá SA con un precio unitario de $362.652 y; (b) Comercial Pavimentar SAS,
con un valor unitario de $353.980.
163. Para sustentar de manera integral los elementos invocados en sus escritos
de aclaración, el consorcio aportó certificaciones y constancias documentales
encaminadas a demostrar la solidez técnica y operativa de su estructura. En
particular, allegó certificación expedida por la representante legal de Estructuras
y Pavimentos SAS, en la que se acreditó su participación mayoritaria en la planta
productora de asfalto Pavimentos Aburrá, así como la disponibilidad efectiva de
producción y suministro de mezcla asfáltica para la ejecución del objeto
contractual. Igualmente, incorporó certificaciones de disponibilidad de
maquinaria y equipo —entre ellos fresadoras, vibrocompactadores,
pavimentadoras (finisher), volquetas y demás maquinaria especializada— que
daban cuenta de la capacidad instalada para atender simultáneamente las
actividades de fresado, extendido, transporte y compactación. De otro lado,
allegó constancias relativas a la conformación y suficiencia de su planta de
personal técnico, profesional y operativo, junto con soportes de experiencia en
la ejecución de contratos de pavimentación y producción de mezclas
bituminosas, así como la disgregación de los APU’s.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
164. Luego, para la misma fecha, alrededor de las 7:30 p. m., la entidad formuló
un segundo requerimiento, concediendo un margen de respuesta inferior a tres
horas hábiles, en el cual instó al accionante a allegar la documentación que
estimara pertinente.
165. En respuesta al segundo requerimiento, el consorcio Génesis reiteró que la
viabilidad de su oferta económica se encontraba respaldada en ventajas
competitivas derivadas de economías de escala, concretadas en: (i) la
participación accionaria de uno de sus integrantes en una planta de mezcla
asfáltica lo que permitía eliminar la cadena de suministros, lo cual admitía que la
propuesta fuera más competitiva habida cuenta de la representatividad de los
ítems asociados a la mezcla asfáltica del contrato, así como la disponibilidad de
equipos y maquinaria propia suficientes para la ejecución integral del proyecto;
(ii) la implementación de metodologías logísticas previamente probadas y el
soporte de equipos administrativos, técnicos y operativos con experiencia
especializada; y (iii) la demostración de capacidad real de ejecución a partir de
antecedentes contractuales en el tráfico comercial, en particular del contrato n.°
4600095101 de 2022, lo cual soportó mediante certificaciones. Agregó que los
precios presentados por el consorcio se hallaban acordes al análisis del mercado
determinado en los estudios previos, lo cual varió considerablemente con la
adenda n.° 1 del pliego definitivo.
166. Con el propósito de sustentar lo anterior, el consorcio allegó dos cotizaciones
correspondientes al insumo de mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP
entre el 20 % y el 30 %, cuya unidad de medida —la tonelada— arrojó los
siguientes valores (IVA incluido): (i) Pavimentos Aburrá SA, con un precio
unitario de $362.652; y (ii) Comercial Pavimentar SAS, con un valor unitario de
$353.980.
167. Adicionalmente, remitió la desagregación de los precios unitarios de su
propuesta, respecto de los ítems 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3, relativos a la provisión de
mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20 % y el 30 % con
distintos rangos de producción diaria, tanto en jornada diurna como nocturna. En
dicha desagregación se consignaron los subtotales de cada ítem,
particularmente en los costos asociados a los materiales, esto es, mezcla
asfáltica y la emulsión, los valores unitarios ascendieron a $371,807 por
tonelada:
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA PRECIO Vr.
D UNITARIO
2.1.1. Mezcla asfáltica Ton 1.0 $360,000 $360,000
Densa tibia
2.1.2 MDC-19 con
RAP entre el
2.1.3 20% y 30%
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Emulsión gal 1.30 $9,082 $11,807
asfáltica
SUBTOTAL $371,807
168. Con fundamento en lo señalado, los integrantes del comité de evaluación,
en el marco de la diligencia de adjudicación, arribaron a la conclusión de que la
propuesta presentada por el consorcio Génesis no se encontraba incursa en un
supuesto de precio artificialmente bajo, ilación que se sustentó en la valoración
integral de los estudios de mercado, el análisis del comportamiento histórico de
procesos contractuales similares y la confrontación de los descuentos esperados
frente a aquellos efectivamente obtenidos en procedimientos con objetos
similares adelantados previamente por la entidad.
169. Lo anterior, por cuanto (conforme la prueba documental del acta de la
audiencia de adjudicación) el ofrecimiento económico, lejos de revelar una
subvaloración desproporcionada presentó “un descuento del 9.14% que está por
debajo del 20% que indica la guía de Colombia Compra Eficiente y por debajo
de los descuentos obtenidos en procesos de obra de infraestructura de
transporte que ha adjudicado la Entidad”, lo cual tuvo como sustento (i) la
existencia de economías de escala objetivamente acreditadas, elementos que
hallaban fundamentación en la disponibilidad de los equipos requeridos, la
participación mayoritaria de uno de los consorciados en una planta asfaltadora,
la capacidad instalada de personal idóneo, la especialidad y operatividad de los
consorciados en el mercado de mezclas bituminosas, máxime si se considera
que el rubro de pavimentos —componente preponderante del presupuesto
oficial— representaba cerca del 90% del valor total del contrato; (ii) la
disgregación de los APU’s de la propuesta de Génesis y (iii) la experiencia
específica del proponente en la ejecución de contratos de mantenimiento de la
malla vial con el Distrito de Medellín.
170. En ese sentido, del análisis del acervo probatorio se desprende que la
decisión del comité de evaluación de mantener habilitada la propuesta del
consorcio Génesis obedeció a un ejercicio metodológico y coherente.
171. En esa línea, aunque en el acta de la audiencia de adjudicación se hizo
referencia al “descuento del 9,14 %, inferior al 20 %”, criterio asociado al método
de comparación absoluta, de los testimonios rendidos por los integrantes del
grupo evaluador del proceso licitatorio, Carolina Pabón, quien ejerció el rol
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logístico100; Juan Diego Suárez Saldarriaga, responsable del análisis jurídico101;
y Juan Fernando Vargas Vélez, encargado del componente técnico 102—
(pruebas solicitadas y decretadas conjuntamente al accionante y al Distrito de
Medellín) los cuales cuentan con plena validez probatoria y son susceptibles de
valoración dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 del
CGP103, se desprende que la metodología efectivamente aplicada fue la de
comparación relativa —sustentada en el cálculo de la mediana y la desviación
estándar para la determinación del valor mínimo aceptable fijado en
$64.735’417.763—, la cual fue complementada con el análisis de la información
histórica de contratos similares en objeto y presupuesto, y con la ponderación
de los factores que incidieron en la conformación del valor ofertado, entre ellos
las condiciones de negociación directa del consorcio Génesis con sus
proveedores de insumos.
172. A la luz de lo anterior, se deduce, que (i) la aplicación de la metodología
prevista en la guía de CCE tuvo un carácter meramente orientador, en tanto la
identificación de una oferta situada por debajo del umbral estadístico no condujo
de manera directa a su exclusión, sino que activó un análisis posterior de
razonabilidad y viabilidad económica; (ii) el requerimiento formulado al consorcio
Génesis obedeció al deber de verificación inherente a este tipo de procesos,
pues cuando se aplica el método de ponderación de menor valor, la oferta de
menor cuantía quedará (eventualmente) por debajo del umbral estadístico, lo
que hace imperativa la solicitud de justificación del precio ofertado; (iii) la
valoración de este incorporó variables reales del mercado, tales como las
condiciones de negociación con proveedores y las ventajas competitivas
100 En su testimonio, una vez se le interrogó respecto de los criterios que tomó el comité para determinar si
existían o no precios artificialmente bajos en la propuesta del consorcio Genesis señaló que “existe una guía
que la expide Colombia Compra Eficiente que dice cómo determinar si los precios de una oferta son
artificialmente bajos, en esa guía dice que si se presentan 5 proponentes, si la propuesta supera el 20%,
entonces podría determinar que ese se encuentra en esa situación de precios artificiales bajo, y que si hay más
de 5 proponentes, se debe aplicar una fórmula, esa fórmula básicamente es la mediana menos una desviación
estándar, y quienes estén por debajo de ese cálculo podrían representar un precio artificialmente bajo, ahora
bien, eso también tiene que ir fundamentado con ese estudio de presupuesto que haga la entidad, los históricos
y todo lo demás y lo que haya determinado como entre posibles rangos de precio, en el método que obedeció
ese día, que es menor valor, pues el proponente que presente la oferta más barata siempre va a caer en el
cálculo que le acabo de mencionar sobre precio artificialmente hago que corresponde a la mediana menos una
desviación, es decir, nosotros usualmente cuando cae menor valor, según la TRM corresponde llamar a
solicitarle al proponente que aclare la oferta que está presentando de acuerdo con la realidad y que la justifique,
y eso fue lo que nosotros hicimos (…)por lo que solicitó al consorcio Génesis el análisis de precios unitarios y
el porqué de los valores”. Agregó que el comité de evaluación, y él particularmente en su rol jurídico al analizar
los documentos allegados por parte del consorcio Genesis tuvo en cuenta tres puntos importantes (i) el histórico
de los descuentos que ya se tenían de otros contratos vs el descuento que estaba presentando el proponente,
lo cual se acredita en el acta de adjudicación; (ii) los precios de las cotizaciones que iba a ejecutar el contrato
si bien era distinta a los precios de la asfaltadora, se comprendió que las dinámicas del mercado así lo permitían
en la medida que permitían que uno de los proponentes podían tener una negociación directa con una
asfaltadora y tener precios distintos, lo cual llevaba a que se pudiera desarrollar el contrato incluso con utilidad,
por lo que se consideró viable la propuesta presentada por el consorcio Genesis.
101 Respecto de los criterios para determinar si la propuesta del consorcio Génesis se hallaba incursa en un
precio artificialmente bajo, señaló que: “(…) para eso había que hacer una fórmula y esa fórmula, ya era más
del rol técnico y eso era lo que arrojaba de acuerdo a uno incluir todas las ofertas, eso genera como una
desviación estándar y a partir de cierto monto, era que ya se consideraba artificialmente baja (…)”.
102 Cuando se le cuestionó lo correspondiente a cómo se determinaba si una propuesta era artificialmente baja
señaló: “las propuestas más bajitas casi siempre las va a marcar como que pueden ser artificialmente bajos, el
siguiente paso del procedimiento es requerir al proponente para que presente la justificación del precio y ya
después, cuando los proponentes le hacen la justificación del precio, ya se decide si eso no es artificialmente
baja la propuesta (…)”.
103 Respecto de dicha prueba documental, el censor tuvo la oportunidad procesal descrita en el artículo 181
del CPACA, por lo que es dable realizar su respectiva valoración.
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legítimas derivadas de su estructura organizacional; (iv) la justificación
presentada por el proponente fue objeto de un examen técnico sustantivo por
parte del comité, con apoyo del presupuestador de la entidad y (v) la decisión de
mantener el orden de elegibilidad se sustentó en un juicio de razonabilidad
técnica apoyado en la experiencia institucional y en el conocimiento del mercado
de obra pública, sin que se advirtiera que el precio ofrecido comprometiera la
adecuada ejecución del contrato.
173. Lo anterior recobra especial relevancia, en la medida que resulta contrario a
lo sostenido tanto en el recurso de apelación como en el interrogatorio de parte
de quien fungió como secretaria de suministros y servicios durante el proceso
de licitación pública n.° 70007451, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra104. Si bien
afirmó en la audiencia de pruebas que el análisis adelantado por el comité
evaluador se habría limitado a la verificación del umbral del veinte por ciento (20
%), propio de los ejercicios de comparación absoluta, y calificó tal proceder como
una “ligereza” metodológica por no corresponderse con la regla aplicable a
procesos con más de cinco ofertas habilitadas, lo cierto es que del acervo
probatorio se desprende que la decisión adoptada no se fundó de manera
exclusiva en dicho umbral, sino que incorporó la aplicación del método de
comparación relativa, mediante el cálculo de la mediana y la desviación
estándar, así como el análisis del comportamiento histórico de ofertas y
contratos relacionados con el objeto del proceso de selección.
174. En tal escenario, es menester precisar que los métodos de comparación
previstos en la guía de CCE son criterios de naturaleza orientadora que deben
ser aplicados de manera contextualizada, a partir de la confrontación entre los
estudios de mercado, las ofertas presentadas y las condiciones propias del
sector. En tal medida, ni el umbral del veinte por ciento (20 %), propio de los
ejercicios de comparación absoluta, ni el valor mínimo aceptable derivado de la
comparación relativa operan como estándares rígidos o inmutables, sino que su
alcance debe modularse conforme al análisis del comportamiento histórico de
ofertas y contratos análogos, a las dinámicas de competencia y a las
104 En la audiencia de pruebas, la llamada en garantía señaló que “la metodología del 20% era para los procesos
de selección en los que hay menos de cinco proponentes, caso en el cual, no cumplía con la regla, pues, la
regla para cuando habían más de 5 propuestas correspondía a la de la desviación estándar a la media y en
consecuencia se evidenció una ligereza en el análisis del comité pues estaban aplicando una metodología que
no correspondía”. Del análisis del interrogatorio de parte rendido por la llamada en garantía no se persigue
extraer una confesión en los términos de los artículos 191 a 195 del CGP, sino valorar dicha declaración como
elemento de convicción autónomo, conforme a las reglas generales de apreciación probatoria previstas en el
ordenamiento jurídico. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. C.P María Adriana Marín. Sentencia del 7 de marzo de 2025. Rad: 76001-23-33-000-2016-
00958-01 (69635) “se advierte que el Código General del proceso introdujo modificaciones significativas en
materia de declaración de parte, consolidándola como un medio probatorio autónomo, superando así la postura
tradicional del antiguo Código de Procedimiento Civil, que limitaba su utilidad exclusivamente a la confesión. En
efecto, el artículo 191 del CGP que regula los requisitos para la confesión, establece que “la simple declaración
de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, permitiendo
al juez considerar todas las manifestaciones realizadas por la parte, incluso aquellas que no constituyen
confesión. Esta disposición amplía la función probatoria de la declaración de parte, equiparándola en ciertos
aspectos al testimonio, ya que ofrece un relato sobre los hechos relevantes del proceso. No obstante, al provenir
de una de las partes interesadas, el juez debe valorarla con especial rigor, verificando su coherencia y
confrontándola con los demás medios probatorios, considerando la tendencia natural del declarante a favorecer
su propia posición”.
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particularidades del mercado, con el propósito de efectuar una valoración
objetiva y razonable de la eventual configuración de precios artificialmente bajos.
175. En ese orden y como quedó acreditado en el proceso sub examine, el grupo
evaluador, tras concluir que la propuesta presentada por el consorcio Génesis
se encontraba habilitada y una vez culminada la evaluación de la oferta
económica, recomendó a la delegada contractual la adjudicación del proceso de
selección, al ser la mejor propuesta. Sin embargo, Evelyn Tatiana Beltrán,
decidió separarse de tal recomendación, manifestando actuar “en atención al
deber de responsabilidad (…) para la verificación de la recomendación del CEEC
y proceder con total certeza a la adjudicación del proceso de contratación”. En
tal contexto, el 7 de junio de 2023, a las 4:06 p. m., se formuló requerimiento al
consorcio Génesis por parte de la secretaria de suministros y la secretaria de
infraestructura física. Asimismo, se designó un revisor técnico para verificar y
conceptuar sobre la evaluación técnica.
176. En el marco del apartamiento de la recomendación y tal como fue decantado
por el tribunal de primera instancia, si bien, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015105, la entidad estatal, en
cabeza de la delegada contractual, se encontraba facultada para separarse de
la recomendación formulada por el comité de evaluación, el ejercicio de dicha
atribución debía sustentarse en razones objetivas, verificables y debidamente
justificadas, acordes con los principios que rigen la actividad contractual, por lo
que no bastaba el dicho de actuar con base en el deber de “responsabilidad”,
sino que la decisión adoptada exigía distinguir con rigor las causas que
condujeron la determinación de la administración, máxime cuando esta se
apoyó, además, en las conclusiones del informe técnico rendido con
posterioridad, para sostener que la propuesta del consorcio Génesis presentaba
precios artificialmente bajos y, por ende, debía ser rechazada.
177. Del examen del plexo probatorio se desprende que dicha exigencia no fue
satisfecha en el proceso de selección sub lite. Por el contrario, la fundamentación
de la decisión cuestionada presenta inconsistencias de entidad suficiente para
confirmar el juicio de ilegalidad al que arribó el a quo, conforme se expondrá a
continuación.
178. Lo anterior encuentra sustento en la valoración de los medios de convicción,
en particular, del examen del dictamen pericial practicado a solicitud de la parte
demandante, el cual, contrario a lo manifestado por el consorcio Construcciones
C-2023, Evelyn Tatiana Beltrán y Rubén Darío López, fue elaborado por
expertos en la materia, con base en criterios técnicos y satisface las exigencias
legales para desplegar plena eficacia demostrativa.
105 La literalidad del artículo 2.2.1.1.2.2.3 es la siguiente: “la [e]ntidad [e]statal puede designar un comité
evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto de evaluar las
ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de contratación por licitación, selección abreviada y
concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva ciñéndose exclusivamente
a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la [e]ntidad [e]statal no acoja la
recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión”. (subrayado fuera de texto).
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179. De conformidad con el artículo 226106 y 232107 del CGP108, los dictámenes
para su eficacia probatoria deben reunir ciertas condiciones de contenido, como
son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea
competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del encargo; que
no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad y que sus conclusiones
sean precisas, sólidas, exhaustivas y detalladas. Adicionalmente, la prueba debe
surtir la contradicción y no existir motivo retracto del perito o que sus
afirmaciones sean desvirtuadas por la parte contraria109.
180. De manera concordante, debe resaltarse que, conforme lo ha precisado esta
Subsección110, el dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y
de calidad. Asimismo, debe analizarse en conjunto con lo acontecido durante el
interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos
o artísticos de las conclusiones, so pena de carecer de eficacia probatoria111.
181. En virtud de lo expuesto, encuentra sustentación el dictamen pericial rendido
por el ingeniero Ricardo Agustín Smith Quintero112, en el que realizó hincapié en
106 En particular, en el inciso quinto de este precepto se señala que: “Todo dictamen debe ser claro, preciso,
exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas,
lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones”.
107 “Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo
en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y
su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.
108 Aplicable en el asunto por la remisión consagrada en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18
de febrero de 2015, expediente. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
110 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13
de septiembre de 2024. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, ad. 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205),
cuyo tenor indica “Sobre dicho tópico, esta Subsección ha indicado que el dictamen pericial debe ser claro,
preciso, exhaustivo, sólido y de calidad. Asimismo, debe analizarse en conjunto con lo acontecido durante el
interrogatorio del perito# y la explicación de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, so pena de carecer de eficacia
probatoria.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del 21 de febrero de 2025, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad. 41001-23-33-000-2017-00626-
01 (71.583), donde se refirió textualmente que: “Como lo ha indicado esta Subsección, con fundamento en los
artículos 226 y 232 del CGP, la eficacia probatoria de los dictámenes periciales depende de que satisfagan
determinadas condiciones de contenido, en particular, la nitidez, firmeza y justificación de sus conclusiones.
Estas deben apoyarse indefectiblemente en el “estudio técnico o científico basado en el análisis objetivo de
fuentes mediante un método o secuencia lógica que le otorgan la connotación de una verdadera declaración de
ciencia. Como prueba técnica debe partir por la definición clara y precisa de su objeto, transitar por la
demostración rigurosa de que sus cálculos se fundan en información cierta y corroborable, y acreditar el rigor
de un método científicamente válido que lleve a los mismos resultados si el ejercicio se repitiera”. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 25 de noviembre
de 2025, C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad: 25000233600020200032902 (72351).
111 Estas deben apoyarse indefectiblemente en el “estudio técnico o científico basado en el análisis objetivo de
fuentes mediante un método o secuencia lógica que le otorgan la connotación de una verdadera declaración de
ciencia. Como prueba técnica debe partir por la definición clara y precisa de su objeto, transitar por la
demostración rigurosa de que sus cálculos se fundan en información cierta y corroborable, y acreditar el rigor
de un método científicamente válido que lleve a los mismos resultados si el ejercicio se repitiera” Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 31 de julio de
2024. Rad. 25000233600020170146201 (65210). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
112 El dictamen fue elaborado por Ricardo Agustín Smith Quintero, ingeniero civil de la Universidad Nacional de
Colombia, Master of Science Civil Engineering Colorado State University y PhD. Doctor Civil Engineering de la
misma universidad. Se ha desempeñado como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Secretario
de Tránsito y Transporte del Municipio de Medellín, miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín y
presidente de la Junta Directiva de Metro Plus. Su experiencia académica: director de la escuela de Geociencias
y Medio Ambiente de la Facultad de Minas, director del programa del doctorado en ingeniería y del programa
en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Asesor y
consultor. En la elaboración del dictamen pericial también se contó con la participación de Rafael Andrés
Nanclares Ospina, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia en
construcción de la misma institución pública, se desempeñó como secretario de infraestructura del
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
que la entidad no debió apartarse de la recomendación emitida por el comité
evaluador para, en su lugar, fundar el rechazo de la oferta del consorcio Génesis
en el informe elaborado por el revisor designado. Lo anterior, teniendo en cuenta
que dicho documento adoleció de inconsistencias metodológicas sustanciales,
toda vez que sus conclusiones se sustentaron en fuentes de información que
carecían de parámetros técnicos equivalentes a las condiciones propias del
proceso de contratación sub judice. En particular, el perito determinó que el
informe acudió como referentes a: (i) la licitación pública n.° 14884 adelantada
por el departamento de Antioquia; (ii) los análisis de precios unitarios
“actualizados” del INVÍAS; y (iii) una lista de precios de la sociedad Pavimentos
Aburrá SAS, insumos que —según explicó el experto— no resultaban
homologables, dadas las diferencias fundamentales en aspectos determinantes
como la especificación del tipo de mezcla asfáltica exigida, la extensión de las
obras, las distancias de acarreo y las condiciones logísticas y operativas
involucradas en cada uno de esos escenarios. Así como en la errónea
determinación respecto del porcentaje de los imprevistos dispuestos por el
consorcio Génesis en la estructuración de su propuesta.
182. En punto de la licitación 14844 desarrollada por el departamento de
Antioquia, el perito expuso lo siguiente:
“el objeto de esta licitación corresponde (…) a una labor similar al del proceso
desarrollado por el Distrito de Medellín, pero al hacer una revisión (…) se puede
fácilmente encontrar discrepancias insalvables entre estos dos procesos.
En primer lugar, la ubicación de las obras de intervención de que trataba la
licitación Lic-14844 correspondían a labores predominantemente en zona
rural del departamento de Antioquia en regiones diferentes al Valle de
Aburrá. Para ilustrar, uno de los frentes de obra incluso se ubicaba en la
subregión de URABÁ en la vía 62AN02 denominada "El Tres - San Pedro de
Urabá"; el tramo a intervenir era de 50,1 kilómetros. Esta consideración de
distancias del lugar a intervenir y la fuente de suministro de los pavimentos
resulta fundamental para determinar el valor de la mezcla o las mezclas
asfálticas indispensables para atender el objeto del contrato (…) [e]sta
condición particular de la licitación de la Gobernación de Antioquia hace que
una comparación como la realizada por el revisor técnico resulte forzada. El
segundo punto que pasó por alto el técnico es la especificación técnica de
mezcla de asfalto con la que pretendió comparar la mezcla incluida en el
proceso desarrollado por el Distrito de Medellín. La mezcla asfáltica en cuestión
para el proceso LIC-1484 resulta ser una “Mezcla asfáltica MDC-19 (rodadura
¾ al 5,6%- INVIAS) con la que existe una discrepancia insalvable y es la carga
de asfalto al 5,6, (el material más costoso de la mezcla) (…) comete un error al
establecer esta comparación ya que no tiene en cuenta que la mezcla descrita
Departamento de Antioquia donde lideró la estructuración técnica y contractual del proyecto “Túnel del Toyo”,
fue secretario de transporte y tránsito del Distrito de Medellín, y subsecretario de control y asesor de la secretaria
de transporte del mismo Distrito. Juan David Naranjo Sierra, ingeniero administrador de la Universidad Nacional
de Colombia, especialista en Gerencia del Centro de Investigaciones CEIPA, magister en gerencia de proyectos
del Centro de Estudios Financieros de Madrid, España. Con experiencia en la formulación de proyectos de
infraestructura del sector público, su experiencia también abarcó específicamente el análisis, procesamiento y
recolección técnica para peritajes de ingeniera civil, financiera y administrativa en contratos de infraestructura.
Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento denominado “110DictamenPericial.
Pdf”, pp. 5 a 8.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
para la licitación de la Gobernación de Antioquia no tenía RAP, es decir, no
eran los mismos asfaltos”.
183. En relación con este aspecto, del examen integral del dictamen pericial se
desprende que el informe técnico que sirvió de fundamento para el rechazo de
la oferta del consorcio Génesis incurrió en un error de apreciación de carácter
metodológico, al efectuar una comparación entre mezclas asfálticas con
características fisicoquímicas disímiles (materiales diferenciados) y condiciones
de producción sustancialmente distintas, lo que desvirtúa la solidez del ejercicio
comparativo realizado.
184. Tal como lo puso de presente el perito, la licitación pública n.° 14844
adelantada por la Gobernación de Antioquia y el proceso de selección sub
examine no resultaban técnicamente análogos, no solo por las diferencias en las
especificaciones de la mezcla asfáltica utilizada, sino también por las
condiciones materiales de ejecución de las obras (extensiones y zonas a
intervenir). Así, mientras en el proceso del Distrito de Medellín el ítem de mayor
incidencia presupuestaria, esto es, el relativo a los materiales asfaltados, se
estructuró sobre la provisión y aplicación de mezclas asfálticas densas tibias
MDC-19 y/o MDC-25 con incorporación de material reciclado (RAP) en
porcentajes que oscilaban entre el 20 % y el 30 %y con una carga de asfalto del
5%, en la licitación de la Gobernación de Antioquia el referente correspondía a
una mezcla MDC-19 sin inclusión de RAP y con una carga de asfalto del 5,6 %,
lo que, según explicó el experto, incide de manera determinante en el costo del
insumo, al tratarse este último del componente de mayor preponderancia dentro
de la mezcla.
185. Aunado a ello, como también lo destacó el experto, las condiciones de
localización y logística de ejecución de las obras diferían sustancialmente, en
tanto la licitación adelantada por la Gobernación de Antioquia comprendía
intervenciones en zonas rurales alejadas del Valle de Aburrá (incluso en la
subregión de Urabá), lo que incide directamente en variables como las distancias
de acarreo, las condiciones logísticas de suministro, los volúmenes, los costos
de transporte, la disponibilidad de materiales y la conservación de la temperatura
de la mezcla asfáltica durante trayectos prolongados, factores todos ellos
determinantes en la estructuración del valor de la oferta económica.
186. Se le adscribe otro yerro al referido informe, consistente en haber
equiparado, sin la conversión requerida, metros cúbicos con toneladas al cotejar
los precios del proceso licitatorio con el listado de precios del INVIAS 2022-2
para mezclas asfálticas en caliente. Dicho proceder entrañó no solo un defecto
de carácter aritmético, sino también metodológico y conceptual, en tanto asimila
como magnitudes equivalentes unidades de medida físicamente disímiles (una
de volumen y otra de masa), pretermitiendo variables técnicas, como el factor de
densidad del material.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
187. Así lo precisó el perito, quien ilustró que para la industria del asfalto la relación
de conversión entre metros cúbicos y toneladas es de 1:2,5 o 1:2,4 teniendo en
cuenta el alto grado de estandarización de los procesos productivos, y que de
haberse aplicado dicho factor, el valor por tonelada para la mezcla asfáltica
MDC-19 sin RAP, conforme al listado de precios del INVIAS para el primer
semestre de 2022, habría arrojado una cifra de $286.887, inferior al valor
establecido en la disgregación de los APU´s del consorcio Génesis en punto de
la mezcla asfáltica, esto es $371.807. Así lo explicó el perito:
“El ingeniero en sus tablas de comparación comete un grave error es el
pretender establecer una relación 1:1 entre toneladas (unidad de medida con lo
que se cuantifica el peso de algo) y metros cúbicos (unidad de medida con lo
que se cuantifica el volumen ocupado por algo). En su análisis el revisor técnico
(…) omite incluir el debido factor de conversión necesario para establecer la
relación entre las toneladas de mezcla MDC- 19 con RAP del proceso licitatorio
del Distrito de Medellín y los metros cúbicos en que se consignaban la mezcla
de asfalto MDC sin RAP listado por el INVIAS. En primer lugar, lo que salta a la
vista es que la mezcla descrita en el listado de referencias de INVIAS es sin
RAP y además está listado en metros cúbicos. Para establecer una relación
aritmética entre unidades distintas se debe utilizar un FACTOR DE
CONVERSIÓN, al punto que para la industria del asfalto la relación entre metros
cúbicos y toneladas es de 1:2,5 o 1:2,4, dado el alto grado de estandarización
de los procesos. De haber realizado un análisis adecuado, la relación hubiese
demostrado lo siguiente:
1 METRO CÚBICO =2,4 TONELADAS
Así, lo que se requiere para poder establecer la relación aritméticamente era
llevar el valor al metro cubico listado por INVIAS a valor por tonelada aplicando
el factor de conversión así:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑀𝐷𝐶 − 19 𝑒𝑛 𝑚3 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐴𝑆 1 𝑚3
𝑋
1 𝑚3 2,4 𝑇𝑜𝑛
= $688.506 1 𝑚3
𝑋
1 𝑚3 2,4 𝑇𝑜𝑛
= $ 286.877, 5 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
Así el (…) valor por tonelada para la mezcla de asfalto MDC -19 sin RAP según
la lista de precios INVIAS para el primer semestre de 2022 es de $286.887 un
valor menor consignado en la propuesta de los proponentes” (Negrillas por la
Sala).
188. En tales condiciones del dictamen pericial es factible determinar que el
ejercicio comparativo contenido en el informe técnico se apoyó en una premisa
aritmética incorrecta, al prescindir del factor de conversión exigido entre
unidades de volumen y de masa. Esta omisión alteró la lectura real del precio de
referencia, puesto que, al aplicar la relación técnica entre metros cúbicos y
toneladas, el valor resultante de la mezcla asfáltica MDC-19 sin RAP consignado
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
en el listado de precios del INVIAS no superaba el precio ofertado por el
consorcio Génesis, sino que incluso resultaba inferior al propuesto por el
accionante.
189. Adicionalmente, es imperativo señalar que la mezcla bituminosa empleada
como referente no compartía características fisicoquímicas equivalentes a las
previstas en el proceso sub examine, en tanto correspondía a la referencia
B0014502 —mezcla asfáltica densa en caliente sin incorporación de recycling
asphalt pavement—.
VALOR POR TONELADA DE MEZCLA ASFÁLTICA
MDC- 19.
Consorcio Génesis. Listado de precios del INVIAS
MDC-19 con RAP 2022-2 para mezclas asfálticas en
caliente (aplicando regla de
conversión de m3 a ton)
MDC 19 sin RAP.
$371,807 $ 286.877,5
190. Así las cosas, la Sala advierte que uno de los aspectos centrales del informe
técnico que condujo a desestimar la viabilidad económica de la propuesta
presentada por el consorcio Génesis no solo desconoció parámetros
elementales relativos a la conversión de unidades entre metros cúbicos y
toneladas, sino que además condujo a una conclusión abiertamente contraria a
los datos objetivos que se desprendían del propio proceso de selección.
191. Por el contrario, una vez aplicada la conversión técnicamente adecuada entre
unidades de volumen y masa, el precio propuesto por el accionante resultaba
ampliamente superior al valor de referencia contenido en el listado oficial, con
una diferencia de $84.929,5 por tonelada, equivalente aproximadamente al 29,6
% por encima del valor de referencia. Lo que indefectiblemente permite colegir
que el análisis técnico que sirvió de soporte para rechazar la propuesta y
apartarse de la recomendación del comité evaluador invirtió indebidamente la
conclusión económica derivada de la comparación, pues calificó como
sospechosamente bajo un valor que, en realidad, excedía de manera
significativa el precio de referencia obtenido del propio listado del INVIAS, tal
como se ilustra a continuación:
Consorcio Listado de precios del INVIAS DIFERENCIA
Génesis. 2022-2 para mezclas asfálticas
MDC-19 con RAP en caliente (aplicando regla de
conversión de m3 a ton)
MDC 19 sin RAP.
$371,807 $ 286.877,5 $84.929, 5
(29,6%)
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Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
192. Ahora bien, en la misma medida, del interrogatorio de parte practicado en
audiencia de pruebas a Rubén Darío López113, es posible constatar que una vez
se le pidió realizar la explicación del informe técnico por él elaborado, señaló que
mantuvo el precio de la mezcla asfáltica según la lista de precios de INVIAS
2022-2 y con base en la unidad de medida allí consignada, esto es, metros
cúbicos, sin efectuar su conversión a toneladas. Ello, bajo el argumento de que
se trataba de un “precio institucional”, razón por la cual manifestó que no se
“atrevió” a realizar dicha operación, pese a que esta exigía la aplicación de
un factor técnico de equivalencia objetivamente determinable.
193. La anterior guarda correspondencia además con lo testificado por parte de
Juan Fernando Vargas Vélez 114—rol técnico del comité de evaluación del
proceso de selección — y Carlos Mario Henao Urrego, —integrante del área
técnica de Estructuras y Pavimentos SAS, consorciado de Génesis—115. En
cuanto señalaron que los ítems principales del proceso de selección se
encontraban expresados en toneladas y que, por consiguiente, cualquier
ejercicio comparativo con precios referenciados en metros cúbicos imponía, de
manera ineludible, la aplicación del correspondiente factor de conversión.
194. En ese contexto, los elementos probatorios referidos (dictamen pericial,
interrogatorio de parte y testimonios) permiten concluir que el informe técnico
que sustentó el rechazo de la propuesta del consorcio Génesis adoleció de un
error aritmético derivado de la omisión del factor de conversión de metros
cúbicos a toneladas, pese a tratarse de magnitudes físicamente distintas.
Conforme a los estándares del sector, dicha operación exigía la aplicación de un
factor de conversión aproximado de 2,4 y, en esa medida, al realizar la operación
adecuada sobre la lista de precios del INVIAS 2022-2, el valor unitario por
tonelada de la mezcla asfáltica MDC-19 sin RAP (la cual, además, no compartía
113 Previamente a la valoración del siguiente elemento probatorio, la Sala estima necesario precisar que del
interrogatorio de parte practicado a Rubén Darío López no se pretende extraer confesión alguna en los términos
de los artículos 191 a 195 del Código General del Proceso. Dicha declaración se valora, en cambio, como
elemento de convicción autónomo conforme a las reglas generales de apreciación probatoria previstas en el
ordenamiento —en los términos del inciso final del artículo 191 del CGP—. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P María Adriana Marín. Sentencia del 7 de
marzo de 2025. Rad: 76001-23-33-000-2016-00958-01 (69635).
114 Respecto de la conversión dijo lo siguiente: “PREGUNTA: ¿usted conoció el informe técnico presentado por
el señor Rubén? RESPONDE: yo lo conocí el último día de la audiencia de adjudicación, al final cuando se
reanuda la última etapa de la audiencia de adjudicación (…) donde Evelyn Tatiana acoge la recomendación del
Dr. Rubén en el sentido de que la propuesta del consorcio Génesis sí debía ser considerada artificialmente baja
y en ese sentido le adjudicó a otro proponente. (…) PREGUNTA: ¿en el concepto del Dr. Rubén se hace una
comparación de los precios de la licitación con los precios de lista del INVIAS y en esos precios se establece
que se compara precios por metro cúbicos vs precio por tonelada, usted le podría decir a este despacho si el
valor del proceso de selección estaba expresado en metros cúbicos o en toneladas? RESPONDE: en toneladas,
los ítems principales estaban expresados en toneladas (…) PREGUNTA: ¿es posible realizar una comparación
en grado de igualdad de un valor en metro cúbico y un valor expresado en tonelada? RESPONDE: la
comparación se podría hacer siempre y cuando se realice la conversión correspondiente, si usted tiene un precio
en metros cúbicos tiene que hacer la equivalencia o la conversión de esos metros cúbicos a cuántas toneladas
equivaldrían para poder hacer la comparación o viceversa (…) pero no puede comparar tonelada vs metros
cúbicos directamente, se debe hacer la conversión”.
115 Si bien dicho medio de convicción fue objeto de tacha por sospecha, la objeción no prosperó en primera
instancia y, en todo caso, tal circunstancia no comporta la pérdida de su eficacia demostrativa, sino que impone
su valoración con mayor rigor, conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo ha reiterado esta Subsección.
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del 14 de julio de 2016, Rad. 41001-23-31-000-1999-00987-01 (36932), C.P Hernán Andrade
Rincón; y del 24 de abril de 2023, Rad. 85001-23-33-000-2015-00330-01 (60187). C.P. María Adriana Marín.
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características fisicoquímicas equivalentes) no superaba el precio ofertado, sino
que incluso resultaba inferior al propuesto por el consorcio Génesis.
195. Es decir, del análisis del dictamen pericial se acredita que, al corregir la
inconsistencia metodológica advertida mediante la aplicación del factor de
conversión correspondiente, el valor ofertado por el consorcio Génesis resultaba
razonable y económicamente sustentable conforme a los referentes técnicos y
de mercado aplicables.
196. Ahora bien, además de las falencias previamente expuestas, se observa que
el informe, además de haber acudido a referentes como la licitación pública n.°
14844 del departamento de Antioquia y a la lista de precios de INVIAS 2022-2,
consultó los valores publicados en la página web de la planta de asfaltos
Pavimentos Aburrá SAS, fijando como parámetro de comparación el importe
unitario de $410.485.
197. Sin embargo, la Sala advierte que obraban en el expediente del trámite
licitatorio dos cotizaciones allegadas por el consorcio Génesis, emitidas por los
proveedores Pavimentos Aburrá SAS y Comercial Pavimentar SA, para la
mezcla asfáltica MDC-19 con RAP, cuyos precios unitarios correspondían a
$362.652 y $353.980, respectivamente, circunstancia que evidencia una
diferencia sustancial frente al valor publicado en la página web, incluso
tratándose de uno de los mismos proveedores.
Mezcla asfáltica MDC-19 con RAP
Valores cotizaciones Precios unitarios Precios página web
propuesta económica Pavimentos Aburrá
consorcio Génesis SAS
(mezcla bituminosa y
emulsión)
Pavimentos Comercial $371,807 $410.485
Aburrá SAS Pavimentar SA
a $362.652 $353.980
198. En ese contexto, no resultaba adecuado prescindir de las cotizaciones
allegadas y restarles valor demostrativo, en cuanto reflejaban condiciones reales
y actuales del mercado ajustadas a los parámetros del proceso de selección,
para acudir, en su lugar, a precios meramente referenciales obtenidos de una
fuente informativa. Máxime cuando dichas cotizaciones fueron aportadas por el
consorcio Génesis a solicitud de la propia entidad, en el marco del tercer y cuarto
requerimiento formulado por la Secretaría de Suministros y Servicios, y la
Secretaria de Infraestructura Física, en donde se le solicitó “aclarar cu[á]les son
las garantías documentales de sus proveedores de las diferentes mezclas
asfálticas, en los que se garantice la sostenibilidad del precio en sus cotizaciones
durante la vigencia del contrato”.
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199. Como lo explicó el perito en audiencia de pruebas, dicho indicador carecía
de idoneidad para efectos comparativos, pues no incorporaba variables
determinantes como descuentos por volumen, condiciones comerciales
particulares ni acuerdos vigentes, propios de negociaciones específicas y no de
precios generales ofrecidos al público, lo cual se encuentra acreditado en el
expediente con las cotizaciones aportadas, incluso de la misma empresa cuyo
valor web fue utilizado como referente. En esa medida, la utilización de dichos
valores condujo a una inconsistencia adicional en la valoración técnica, al
desconocer las prácticas propias del mercado de mezclas bituminosas.
200. En ese sentido, para la Sala es dable colegir que los parámetros empleados
en el informe técnico como referentes no compartieron variables homogéneas ni
reflejaron condiciones equiparables frente a las dispuestas en el proceso de
selección adelantado por el Distrito de Medellín, cuyo componente de mayor
incidencia económica se estructuró sobre mezclas asfálticas densas tibias con
incorporación de RAP con diferentes rangos definidos de producción diaria. Bajo
tales condiciones, el ejercicio comparativo adelantado desconoció elementos
determinantes para la adecuada formación del precio ofertado y, por
consiguiente, careció de idoneidad técnica no solo para sustentar la
configuración de un precio artificialmente bajo en la propuesta del consorcio
Génesis, sino también para justificar el apartamiento de la recomendación
emitida por el comité evaluador. Las inconsistencias se sintetizan de la siguiente
manera:
Parámetros a los que acudió Características específicas
el revisor técnico del proceso de selección
Características fisicoquímicas de las mezclas asfálticas y
unidades de medida
● Lic. Gobernación de ● mezcla asfáltica densa
Antioquia 14844, ítem tibia MDC-19 y/o MDC-
7.1.6.1. Mezcla asfáltica 25 con incorporación
MDC-19 sin RAP, 5,6 %. de RAP entre el 20 % y
DISYUNTI Unidad de medida: el 30% en distinto rangos
VA DE LAS tonelada de producción diaria
MEZCLAS (jornada diurna y
BUTUMIN ● Inconsistencias: nocturna)
OSAS naturaleza fisicoquímica
del asfalto distinta a la ● Unidad de medida:
empleada por el distrito y tonelada.
distancias de acarreo no
asimilables. ● Valor mezcla asfáltica
MDC 19 con RAP entre el
● Valor de comparación: 20% y 30%, propuesta
$466.778 consorcio Génesis:
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● Invias 2022-2 $371,807 (incluye
emulsión asfáltica)
● Producto B0014502,
regional Antioquia, sin
RAP. (mezcla asfáltica
en caliente).
● Unidad de medida:
metros cúbicos.
● Yerro: se desconoció el
factor de conversión (m3
a ton), así como la
naturaleza de la mezcla,
al no contener recycling
asphalt pavement.
● Valor de comparación:
$688.509 (sin
conversión)
● Precio página web,
Pavimentos Aburra SAS
● Mezcla asfáltica
normalizada 60/70 MDC
19. Unidad de medida:
tonelada.
● Falencia: comportaba un
valor de referencia, lo
cual desconoce las
dinámicas del mercado.
● Valor de comparación:
$410.485
201. De otro lado, una de las aristas en las que se concentró el informe técnico
fue la relativa al valor asignado al componente de imprevistos dentro de la oferta
presentada por la accionante. Sin embargo, a diferencia de lo señalado en el
referido documento, dicho rubro no se encontraba sujeto a un parámetro fijo,
sino que podía ser definido libremente por el proponente, siempre que se
respetaran los límites establecidos en el pliego de condiciones, (acápite 4.1.1 )
donde se estableció expresamente que el “[p]roponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la
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sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la [e]ntidad en el
Formulario 1”. Adicionalmente, se precisó que la desagregación de tales
componentes podía ser exigida únicamente al proponente adjudicatario del
proceso de selección.
202. En ese orden, lo referente al componente de imprevistos para justificar el
apartamiento de la decisión del comité de evaluación, y así rechazar la propuesta
del consorcio Génesis no encuentra sustentación. Atendiendo a que el pliego
de condiciones, eje axial del proceso, habilita expresamente al proponente para
definir de manera autónoma la distribución de los porcentajes correspondientes
a la A, la I y la U, dentro del límite global fijado por la entidad.
203. En suma, las inconsistencias advertidas en el concepto técnico que sirvió de
fundamento para apartarse de la recomendación del comité de evaluación y
rechazar la oferta del consorcio Génesis pueden sintetizarse en los siguientes
aspectos:
CONTEXTUALES: ● Efectuó una comparación entre un proceso de
licitación adelantado por la Gobernación de
Antioquia —caracterizado por acarreos de
hasta 300 km— y el proceso objeto de análisis
del Distrito de Medellín, en el cual dichas
distancias no superaban los 20 km, pese a
tratarse de contextos logísticos claramente
disímiles.
MATEMÁTICOS: ● Incurre en una confusión sobre la naturaleza
física de las magnitudes de masa y volumen,
al equiparar indebidamente un metro cúbico
de asfalto con una tonelada, pese a tratarse de
unidades de medida no equivalentes.
CONOCIMIENTO ● Compara unas mezclas de asfalto con unas
DEL SECTOR: características fisicoquímicas diferentes a las
requeridas por el Distrito de Medellín dentro
del proceso.
● Establece que el valor de la tonelada del
asfalto según un listado de precios
encontrados en la web, sin considerar
condiciones de descuentos de volumen, y
desconociendo que uno de los integrantes del
consorcio génesis era socio de una planta de
asfalto (lo cual no logró ser desacreditado en
el marco del proceso judicial)
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ASIGNACIÓN DE ● Consideró insuficiente el valor de los
LOS imprevistos contemplado por parte del
IMPREVISTOS: accionante por estimarlo inusualmente bajo,
sin tener en cuenta que, conforme a la
normativa aplicable y al pliego de condiciones,
su determinación correspondía a la autonomía
del proponente, siempre y cuando no superara
el porcentaje dispuesto por la entidad.
204. Del análisis integral del acervo probatorio y en concreto del dictamen pericial,
se advierte que, en contravía de lo sostenido por los censores, Construcciones
C-2023, Evelyn Tatiana Beltrán y Rubén Darío López, dicho medio de convicción
no solo se ajustó a las reglas del proceso, sino que explicó, con apoyo en
criterios objetivos, matemáticos y científicos, las falencias en las que incurrió el
informe técnico que sirvió de fundamento para desestimar la recomendación del
comité evaluador y rechazar la propuesta presentada por el accionante.
205. En esa medida, se colige que la entidad no contaba con un sustento sólido
para apartarse de la recomendación de adjudicar el proceso de selección al
consorcio Génesis emitida por parte del comité técnico de evaluación del
proceso licitatorio, pues como quedó acreditado, el informe que le sirvió de
soporte para arribar al rechazo de la propuesta del accionante estuvo inmerso
en falencias técnicas116. Queda demostrado para la Sala que tal como lo
determinó el a quo la propuesta del consorcio Génesis se encontraba en primer
orden de elegibilidad conforme a la evaluación realizada por el comité y además
se hallaba ajustada a las condiciones del mercado y no se encontraba inmerso
en un precio artificialmente bajo.
206. La anterior conclusión encuentra respaldo en la evaluación de la propuesta
(requisitos habilitantes y de ponderación) y en el análisis adelantado por el grupo
evaluador en virtud del requerimiento por un posible precio artificialmente bajo,
el cual, en ejercicio de sus competencias, efectuó un examen detallado de la
estructura de costos de la propuesta, con fundamento en los soportes allegados
y en las explicaciones rendidas por el proponente en el marco de los
requerimientos formulados. A partir de ello, estableció que: (i) no se evidenciaron
116 En lo correspondiente al sustento para apartarse de la recomendación del comité de evaluación la secretaria
de infraestructura indicó lo siguiente, según consta en la grabación de la audiencia de adjudicación y en su
respectiva acta “la decisión de apartarse del informe de evaluación del CEEC se basa en lo descrito, y en que
se debe tener en consideración el análisis del experto técnico sobre el proceso y la oferta presentada por el
Consorcio Genesis, el cual a su vez dista de la recomendación hecha por el comité de evaluación en el proceso,
y afianza la seguridad de la entidad, en cuanto la falta de soporte y justificación de por qué los precios ofertados
por el proponente dentro de su oferta económica son sustancialmente inferiores a los del presupuesto. Por las
anteriores conclusiones, en especial las enumeradas 6 y 7 en las que señala la omisión de documentos
solicitados para la aclaración, se recomienda rechazar la propuesta del CONSORCIO GENESIS y proseguir
con la evaluación de las demás ofertas habilitadas para la toma de la decisión final que conlleve a la elección
de la oferta, de acuerdo a la norma y al pliego del proceso. Así, una vez aplicado el proceso descrito en el
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y acudiendo a los parámetros definidos en la Guía para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, se concluye
que respecto de la oferta presentada por el Proponente Consorcio Génesis procede la aplicación de la causal
X. del numeral 1.15”. Ver SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia. índice 177. Documento denominado
“Actadeaudienciadeadjudicación”, pp. 65.
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Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
elementos que permitieran inferir la configuración de prácticas colusorias o
conductas contrarias a la libre competencia; y (ii) la propuesta obedecía a
circunstancias objetivas propias del oferente, sin que se advirtiera riesgo alguno
para la adecuada ejecución del objeto contractual, en la medida en que las
condiciones técnicas y de ejecución se ajustaban plenamente a las
especificaciones definidas por la administración y la estructura de costos
respondía a economías de escala, sustentadas en: (a) la participación de
Estructuras y Pavimentos SAS como socio de la planta asfaltadora Pavimentos
Aburrá; (b) la disponibilidad de capacidad instalada en maquinaria destinada a
labores de pavimentación; (c) la solidez y amplitud de su planta de personal; (d)
el conocimiento especializado del sector de mezclas bituminosas; (e) la
estandarización de sus procesos; y (f) la experiencia específica del proponente
en la ejecución de contratos de mantenimiento de la malla vial con el Distrito de
Medellín.
207. Tales consideraciones, sustentadas en criterios técnicos verificables y en la
información aportada por el oferente, no fueron desvirtuadas por los censores.
Por el contrario, como lo advirtió el juez de primera instancia y se confirma en
esta sede, la decisión de apartarse de dicha recomendación se apoyó en un
análisis con falencias metodológicas, basado en referentes no comparables y en
la omisión de variables determinantes del sector, lo que condujo a una inferencia
errada sobre la configuración de un precio artificialmente bajo.
208. Aunado a las falencias previamente expuestas, llama la atención de la
Subsección los términos concedidos por parte de la administración al consorcio
Genesis, para atender los requerimientos formulados en torno a la presunta
configuración de precios artificialmente bajos, esto en la medida que del análisis
del proceso de selección se determina que en razón de la cuantía, la complejidad
técnica del objeto contractual, y la necesidad de recaudar soportes financieros,
comerciales y técnicos dirigidos a justificar la estructura económica de la
propuesta, la entidad debía otorgar un plazo razonable y suficiente que
permitiera ejercer de manera efectiva el derecho de contradicción117.
209. Por consiguiente, no resulta admisible que la administración fundamente
posteriormente el rechazo de la oferta en la supuesta insuficiencia de soportes
documentales, cuando fue la propia entidad la que, mediante la concesión de un
término exiguo o insuficiente, limitó materialmente la posibilidad del proponente
de recopilar y allegar la información requerida para acreditar la viabilidad
económica de su propuesta.
210. En esa línea, la Sala advierte que otro de los ejes de disenso planteados por
Evelyn Tatiana Beltrán se orientó a cuestionar la supuesta omisión por parte del
Tribunal respecto del análisis de los elementos jurídicos que condujeron al
117 Respecto del plazo razonable la Subsección ha indicado: “La razonabilidad del plazo se establece en cada
caso particular y ex post, teniendo en cuenta criterios tales como la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente, y la situación jurídica de la persona interesada”. Cfr.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de
febrero de 2024. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 13001-23-31-000-2005-00139-01 (63.746). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de enero
de 2026. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 25000-23-26-000-2011-00491-01 (69.090).
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
rechazo de la propuesta, bajo el argumento de que los soportes documentales
allegados por el consorcio Génesis carecían de autenticidad, pues existía
imposibilidad material de constatar la información suministrada, argumento que
el consorcio Construcciones C-2023 en su escrito de apelación iteró, al argüir
que hubo ausencia de correlación entre los documentos allegados en el
requerimiento y la propuesta de la accionante. Lo anterior, por cuanto los
censores sostuvieron que no se encontraba acreditado que el accionante
ostentara la condición de socio mayoritario de la planta asfaltadora Pavimentos
Aburrá, la titularidad de la maquinaria ofrecida, ni la suficiencia del personal
operativo, afirmaciones que —según adujeron— se sustentaron en meras
inferencias subjetivas, desprovistas de respaldo probatorio suficiente.
211. Para dirimir la precitada alegación, es imprescindible auscultar que conforme
a lo establecido en el artículo 244 del CGP118, los documentos en el marco de
los procesos judiciales se reputan auténticos siempre que se tenga certeza de
quien lo suscribe. Aun cuando los censores alegaron una supuesta falta de
correspondencia entre el contenido de la documentación aportada y la realidad
fáctica que pretendía acreditarse, lo cierto es que no allegaron prueba alguna
que respaldara tales afirmaciones.
212. Según lo dispuesto en el artículo 167 del CGP 119, incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen. En el sublite, dicha carga probatoria recaía en los censores,
quienes omitieron allegar elementos de convicción que acreditaran la supuesta
falsedad o inexactitud de los documentos que soportaron la respuesta a los
requerimientos del consorcio Génesis y se limitaron a establecer afirmaciones
de carácter genérico, lo que impide tener por demostrado el supuesto fáctico
alegado y, por ende, desestimar dicha censura, pues no basta con enrostrar una
supuesta irregularidad, sino que resulta indispensable acreditarla mediante
soporte probatorio.
213. En ese orden y según lo abordado previamente, se colige que, contrario a lo
argüido en los recursos de apelación interpuestos por el consorcio
Construcciones C-2023, Evelyn Tatiana Beltrán y Rubén Darío López, el a quo
interpretó de manera adecuada el alcance de lo dispuesto en el artículo
118 Artículo 244 del CGP “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. (…)”.
119 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el
juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre
en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de
recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba,
la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para el análisis de precios
artificialmente bajos de CCE. Ello, en tanto, como quedó decantado a partir de
una valoración integral y detallada del acervo probatorio, la propuesta económica
presentada por el consorcio Génesis, aun cuando se situaba por debajo del
denominado valor mínimo aceptable hallado a través de las metodologías
dispuestas en la guía de CCE, contaba con respaldo técnico y económico
suficiente para desarrollar el objeto contractual, por lo que su ofrecimiento no
debió ser sujeto a la causal de rechazo, literal “X” del pliego de condiciones. A
lo anterior se suma que no se demostró la alegada falta de correspondencia
entre la información allegada por dicho oferente en respuesta al requerimiento y
su propuesta, de modo que los cuestionamientos formulados en tal sentido
carecen de sustento probatorio.
214. En ese contexto, si bien la delegada contractual se encontraba jurídicamente
facultada para apartarse de la recomendación del comité evaluador, dicha
atribución exigía una motivación suficiente, objetiva y técnicamente fundada,
apreciada a partir de los elementos de juicio disponibles al momento de adoptar
la decisión (evaluaciones, recomendación del comité, respuesta a los
requerimientos e informe técnico). Sin embargo, se advierte que el elemento que
adoptó como criterio para el rechazo de la oferta, el informe técnico, presentó
deficiencias relevantes desde su propia estructuración metodológica, las cuales
eran susceptibles de advertirse con base en la información obrante en el trámite
de selección.
215. En consecuencia, se confirma la nulidad de las Resoluciones n.° SSS-
2023500048896 y SSS-202350049607 de 2023 por falsa motivación. En esa
medida, resulta decantado el primer problema jurídico, donde se colige por parte
de la Sala que el juez de primera instancia no interpretó indebidamente el
alcance del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no se acreditó la
alegada falta de correspondencia entre la documentación allegada en el marco
del requerimiento al consorcio Génesis y su propuesta económica, por lo que se
constata además que la valoración del acervo probatorio se ajustó a los
parámetros legales, en ese sentido los argumentos de disenso planteados en
este punto no se encuentran llamados a prosperar.
216. Definido lo anterior, y comoquiera que el aspecto relativo al restablecimiento
del derecho reconocido a favor del consorcio Génesis no fue objeto de reproche
por parte de los censores120, se mantendrá incólume, sin perjuicio de su
actualización por parte de la Subsección.
120 Los apelantes en sus alzadas no formularon cuestionamiento en concreto respecto del restablecimiento del
derecho, de su análisis se determina lo siguiente: Distrito de Medellín: únicamente discrepó respecto de la
declaratoria de responsabilidad civil y patrimonial de los llamados en garantía y el quatum que deben reembolsar
en virtud de la condena impuesta en primera instancia. Rubén Darió López: se centró en cuestionar la
declaratoria de responsabilidad en su contra a título de dolo, enmarcando lo anterior en la errónea valoración
probatoria realizada por el Tribunal y la falta de vinculatoriedad del concepto emitido por él. Evelyn Tatiana
Beltrán: sus disensos giraron en torno a cuestionar la nulidad del acto de adjudicación controvirtiendo la
valoración probatoria del Tribunal, alegando: omisión en el análisis de pruebas, indebida valoración del dictamen
pericial y, la imputación de responsabilidad en su contra. Consorcio Mecamed 2023: se concentró en discurrir
lo correspondiente a las restituciones mutuas. Se cuestiona que la sentencia haya ordenado la devolución de la
utilidad al contratista, insiste en su improcedencia, especialmente tratándose de contratos de tracto sucesivo.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
217. En ese orden, corresponde a la Sala indexar la condena impuesta en primera
instancia por concepto de restablecimiento del derecho, de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 del CPACA121. Para el efecto, se tomará como valor
histórico la suma de $2.358.935.200,80 —monto al que ascendió la actualización
realizada en primera instancia sobre los $2.214’398.011,23122 reconocidos al
actor—, y como índice inicial el correspondiente a la fecha de la sentencia
apelada —13 de mayo de 2025—, aplicándose la siguiente fórmula:
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑃 = 𝑉𝐻 𝑥
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
En donde:
-VP: Valor presente
-Vh: Valor histórico o inicial.
-Índice final: último IPC vigente para la fecha de la presente decisión, esto
es, el del mes de mayo de 2026 (158,91), teniendo en cuenta que se
publica mes vencido.
-Índice inicial: IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia,
esto es, mayo de 2025 (150,14).
158,91
Vp = 2.358.935.200,80 x ------------ = $ 2.496.725.674,43
150,14
218. En consecuencia, el monto actualizado que, por concepto de
restablecimiento del derecho, resulta a cargo del Distrito de Medellín y a favor
del consorcio Génesis asciende a la suma de $ 2.496.725.674,43
Consorcio Construcciones C-2023: su censura gravitó en reprochar la declaratoria de nulidad de la resolución
de adjudicación, porque considera que existió ausencia de objetividad en la justificación de los precios de
propuesta del CG, insuficiencia de correlación entre los documentos presentados (en respuesta a los
requerimientos) y su propuesta económica, la valoración del dictamen pericial. La Sala advierte que el
restablecimiento del derecho reconocido en la sentencia de primera instancia no fue objeto de impugnación,
razón por la cual se abstendrá de emitir pronunciamiento adicional al respecto y la decisión se mantendrá
incólume en ese extremo.
121 “las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor”.
122 El Tribunal de primera instancia cuantificó el perjuicio, tomando como base el 5% correspondiente a la utilidad
consignada en la propuesta económica del consorcio accionante, suma que ascendió a $3’180.159.259,95. Sin
embargo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 281 del CGP se reconoció el monto solicitado por el actor:
$2.358’935.200,80. Artículo 281 del CGP “(…) Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último (…)”.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Sobre la alegada improcedencia de las restituciones mutuas derivadas de la
nulidad del negocio jurídico de obra n.° 4600098664 de 2023
219. Otra de las aristas de la alzada, se centró en el reparo formulado por el
consorcio Mecamed 2023, quien sostuvo que la providencia impugnada incurrió
en una incongruencia al disponer, en el marco de las restituciones mutuas, que
dicho consorcio en su condición de contratista ejecutor del contrato de obra
debía realizar la devolución al Distrito de Medellín de las sumas recibidas por
concepto de utilidad debidamente indexadas.
220. Al respecto, expuso que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 80 de
1993, dicha determinación resultaba improcedente, por cuanto la anulación del
contrato no se sustentó en la existencia de objeto o causa ilícita, sino en la
nulidad de los actos administrativos que le sirvieron de fundamento. Añadió que,
aun en los supuestos fácticos previamente referidos, conforme a distintos
precedentes judiciales123, no hay lugar a ordenar restituciones cuando retrotraer
las cosas al estado anterior comporta una imposibilidad material y no es viable
su restitución in natura. Agregó que el alcance dado a la figura jurídica en
mención por parte del Tribunal desconoció el principio de congruencia interna y
podría conllevar a un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad a
expensas del consorcio Mecamed 2023.
221. Previo a abordar el reparo concreto, es imperativo acotar que el a quo, como
efecto consecuencial de la anulación de las resoluciones n.° SSS
2023500048896 y SSS 202350049607 de 2023 —decisión que se confirma en
esta instancia— y conforme a las pretensiones del accionante, declaró la nulidad
absoluta del contrato n.° 4600098664 de 2023 (negocio jurídico que se derivó de
la adjudicación del proceso de selección, celebrado entre el Distrito de Medellín
y el consorcio Construcciones C-2023, cedido posteriormente al consorcio
Mecamed 2023) con fundamento en lo preceptuado en el artículo 44 numeral 4
de la Ley 80 de 1993124. Aspecto, que no fue censurado por los apelantes, por
lo que permanecerá incólume125.
123 Señaló expresamente lo siguiente: “[e]n múltiples pronunciamientos del Tribunal supremo de la jurisdicción
se puede encontrar una línea de decisión consolidada en cuanto a la improcedencia de las restituciones mutuas
en los eventos en que volver las cosas al estado en que se encontraban como si el contrato nunca hubiese
existido puede ser un imposible material, que es muy fácil de observar en los contratos de tracto sucesivo”.
Realizó referencia a los siguientes pronunciamientos judiciales: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2024. C.P José Roberto Sáchica Méndez.
Rad: 63001233300020190025201 (69.233); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021. C.P Marta Nubia Velásquez Rico.25000232600020040163103
(64.908); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C. Sentencia del 13 de marzo
de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sentencia del 11 de octubre
de 2024. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad: 52001-23-33-000-2018-00468-01 (71.105). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2025. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Rad: 63001233300020200042101 (70.045).
124 Dicho precepto establece que: “ARTÍCULO 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del
Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1o. Se celebren
con personas incur[s]as en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2o.
Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; (…)”.
125 El consorcio Mecamed 2023 no formuló cuestionamiento alguno frente a la declaratoria de nulidad del
contrato. Antes bien, expresó de manera explícita que “no se discuten las facultades oficiosas del juez
administrativo para declarar la nulidad absoluta del contrato, pero sí nos oponemos a los efectos dados a la
misma en la sentencia, pues no se compadecen con lo que está efectivamente probado”, lo que evidencia que
su inconformidad se limitó estrictamente a las consecuencias jurídicas derivadas de dicha decisión y no a su
declaratoria en sí misma. Por su parte, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López Giraldo, si bien
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
222. En punto de las restituciones mutuas el tribunal de primera instancia
determinó que “lo propio es ordenarle al Distrito de Medellín, que restituya al
Consorcio Mecamed 2023, los costos en que este incurrió durante la ejecución
del contrato por las obras realizadas y que fueron recibidas el 26 de febrero de
2024 y hasta el momento en que hizo esa entrega, sin que haya lugar a incluir
la utilidad, descontando claro está, los valores que ya hayan sido pagados por
ese mismo concepto, en tanto en los documentos del contrato insertos en la
plataforma SECOP II, se encuentran 9 pagos efectuados en los meses de julio
a diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024. De haberse efectuado tales
pagos, el consorcio contratista deberá efectuar el reintegro debidamente
indexado, de la suma recibida a título de utilidad por la ejecución del contrato,
según lo pactado en el acuerdo celebrado”.
223. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de auscultar lo reprochado, debe
puntualizarse que tanto en el derecho común (aplicable por remisión expresa a
los contratos del Estado126) como en el régimen de contratación estatal se
consagran efectos específicos de cara a la declaratoria de nulidad absoluta de
un negocio jurídico127.
224. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 uno de los efectos de
la declaratoria de anulación del contrato corresponde al de las restituciones entre
los extremos contratantes. Particularmente, el artículo 1746 del Código Civil,
establece el derecho que les asiste a las partes afectadas con la decisión de
nulidad de un contrato, de restituirse entre sí aquello recibido como prestación
de ese acto jurídico anulado, o de repetir lo pagado, salvo que se trate de la
prestación o ejecución de un contrato con objeto o causa ilícita 128.
225. En tratándose de contratos de carácter estatal de ejecución sucesiva, el
artículo 48 de la Ley 80 de 1993 dispone que la declaratoria de nulidad absoluta
no impide, en principio, el reconocimiento y pago de las prestaciones que el
contratista haya ejecutado a satisfacción o de manera idónea antes de que
aquella sea declarada (si bien se aparta del régimen general previsto en el
Código Civil en materia de nulidades, no lo hace de manera absoluta). No
obstante, la misma disposición introduce una limitación relevante: cuando la
nulidad tenga como fundamento la existencia de objeto o causa ilícito, ese
controvirtieron la nulidad de la resolución de adjudicación, no plantearon censura concreta respecto del contrato
cuya invalidez fue declarada como efecto consecuencial de aquella. En cuanto al consorcio Construcciones C-
2023, tampoco se advierte reparo específico frente a la nulidad contractual decretada en primera instancia. En
tales condiciones, la Sala constata la ausencia de impugnación en relación con la declaratoria de nulidad del
contrato, circunstancia que la releva de emitir pronunciamiento adicional sobre ese extremo y determina que la
decisión adoptada por el a quo permanezca en los mismos términos respecto de ese aspecto.
126 Artículo 13 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o.
del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta ley”.
127 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 20 de junio de 2023. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 050012333000201300295 01 (52.804).
128 “Artículo 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes
derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo;
sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse
los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o
de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose
en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes;(…)”.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
reconocimiento solo será procedente en la medida en que se demuestre que la
entidad estatal obtuvo un beneficio derivado de la ejecución contractual129. Su
tenor literal es el siguiente:
“ARTÍCULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad
de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de
las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato
nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha
beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere
obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las
prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”.
226. En ese orden de ideas, es dable inferir que conforme lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993 y en armonía con lo dispuesto en el Código Civil, la nulidad
absoluta de un acuerdo de voluntades retrotrae las cosas al estado anterior de
su celebración y cuando el negocio -de tracto sucesivo- está sometido a las
normas del EGCAP -que incluyen el derecho privado-, la anulación no impide,
en principio, el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el
momento de su declaratoria.
227. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que existen
eventos en los cuales no es posible efectuar las restituciones in natura desde el
punto de vista material, jurídico o temporal “(…) en el caso de contratos de tracto
sucesivo en los que la obligación material se ha cumplido verbi gracia, la
ejecución de obras, es inviable ordenar que se restablezcan los patrimonios al
estado de cosas anterior a la celebración del negocio, máxime cuando se
encuentra que la finalidad que se perseguía ya se ha satisfecho y ésta ya ha
sido debidamente retribuida por la entidad”130.
228. En este contexto, en el ordenamiento jurídico, se ha comprendido que las
restituciones mutuas operan en doble sentido (i) in natura, o en su defecto
cuando ello resulte imposible por razones jurídicas, materiales o temporales, (ii)
mediante el subrogado pecuniario y la ficción de compensación entre las
prestaciones ejecutadas, en línea con el mandato del artículo 48 de la Ley 80 de
1993. En ese orden, se alude a la denominada resciliación por nulidad en esta
clase de contratos (ejecución sucesiva) 131, con efectos limitados hacia el futuro,
en tanto se atenúa la regla de la retroactividad y se acude a una ficción de
129 Tal regulación persigue, entre otras cosas, “que no se configure un enriquecimiento sin justa causa para
ninguna de las partes”. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-207 de 2019.
130 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25
de octubre de 2019. C.P. María Adriana Marín. Rad: 25000232600020070067701(39.945); Consejo de Estado,
Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021. C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico. Rad: 25000232600020040163103 (64.908). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023, C.P.
Fredy Ibarra Martínez. Rad. 15001233300020180069302 (69.655), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A. Sentencia del 11 de octubre de 2024. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad:
52001233300020180046801 (71.105).
131 El artículo 1714 del código civil establece lo siguiente: “Cuando dos personas son deudoras una de otra,
se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas (…)”.
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Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
compensación entre las prestaciones ejecutadas132. Así lo ha señalado la
subsección:
“De acuerdo con lo expuesto, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no contradice
el principio según el cual las partes deben ser restituidas al estado en que se
hallarían si el acto o contrato nulo no hubiera existido. Tampoco ordena que la
entidad estatal asuma obligaciones dinerarias pendientes de pago, como si el
contrato siguiera produciendo efectos jurídicos. Lo que realmente establece es
que, para restablecer hasta donde sea posible el statu quo ante y frente a la
imposibilidad de efectuar la restitución in natura, la entidad pague el subrogado
pecuniario de las prestaciones ejecutadas por el contratista que no hubieran
sido remuneradas antes de la declaratoria de nulidad”133.
229. En atención a lo previamente expuesto, el artículo 48, inciso primero, de la
Ley 80 de 1993 resulta, aplicable al caso sub judice, toda vez que el negocio
jurídico anulado (decisión que tuvo como sustento lo previsto en el numeral 4 del
artículo 44 ejusdem) corresponde a un contrato estatal de tracto sucesivo. En tal
sentido, la declaratoria de nulidad conlleva, como regla general, el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria. No obstante, como sucede en el sub lite, cuando la restitución in
natura no resulta posible por razones jurídicas, materiales o temporales, dicha
imposibilidad no excluye las restituciones, sino que estas se satisfacen mediante
el subrogado pecuniario y la compensación de las prestaciones efectivamente
ejecutadas por las partes, tal como se expone a continuación:
230. De acuerdo con los elementos de convicción allegados al caso sub judice, de
la revisión del acta de terminación y recibo final de la obra suscrita el 26 de
febrero de 2024, se desprende que: (i) el valor total del contrato ascendió a
$65.026’971.827; (ii) el presupuesto ejecutado por el consorcio Mecamed 2023
fue de $61.574’359.826; y (iii) la entidad recibió a satisfacción las obras públicas
desarrolladas en virtud del contrato n.° 4600098664 de 2023134.
COMPONENTES Área construida (m2) Valores ejecutados
Vía vehicular 364.970,86 $61.499.360.136
Vía peatonal 83,01 $74.999.691
Valor total $ 61.574’359.826
132 En sentencia del 7 de febrero de 2025 con radicado 25000-23-36-000-2017-00575-02 (67.547) el C.P José
Roberto Sáchica Méndez, expuso “De otro lado, en los contratos de tracto sucesivo cuya ejecución se ve diferida
en el tiempo, la restitución puede resultar problemática. Tal es el caso, por ejemplo, de la entrega de bienes
consumibles no fungibles, la transferencia de derechos de uso y disfrute o la ejecución de una obra; en esos
eventos debe hacerse un razonamiento más complejo, en donde la imposibilidad de restitución en especie da
lugar a un equivalente y/o hace viable la compensación entre las prestaciones ejecutadas. Ello explica porque
en nuestro ordenamiento jurídico se hace referencia a la resciliación por nulidad de dichos contratos, limitando
sus efectos hacia el futuro, pues se prescinde normalmente del efecto retroactivo y se acude a la ficción de
compensación entre las prestaciones ya ejecutadas. En ese orden de ideas, las obligaciones derivadas del
contrato nulo que aún no se han ejecutado se extinguen, y las que ya se hubieren realizado o comenzado a
ejecutar serán objeto de restituciones mutuas hasta donde sea física, material y económicamente posible”.
133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P José
Roberto Sáchica Méndez. Rad: 63001233300020200042101 (70.045).
134 Acta de terminación y recibo de obra pública. Ver SECOP ll. Link.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE. Documento denominado “Acta de recibo y terminación”. Pp. 1
a 10.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
231. En esa línea se acredita, por una parte, que el Distrito de Medellín recibió a
satisfacción la obra pública y efectuó el pago correspondiente, mientras que el
contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas y
percibió la contraprestación pactada. En tales condiciones, aun cuando el
contrato n.° 4600098664 de 2023 adolece de nulidad absoluta, las prestaciones
ejecutadas —en particular, las obras realizadas y recibidas por la entidad—
generaron efectos materiales consolidados que configuran una situación
irreversible, de manera que su restitución in natura no resulta material, temporal
y jurídicamente viable, lo que impone su reconocimiento mediante el subrogado
pecuniario y la correspondiente compensación entre las prestaciones
ejecutadas.
232. Ahora bien, comoquiera que sí hay lugar a las restituciones bajo las reglas
indicadas con precedencia y habida cuenta de la operancia de la compensación
entre las prestaciones ejecutadas, en el caso concreto el a quo no debió ordenar
la devolución de la utilidad recibida por el consorcio Mecamed 2023, ello por
cuanto esa regla no es aplicable a la causal configurada bajo el sub-lite, que
corresponde a la del artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993135.
233. Así las cosas, el cargo bajo examen está llamado a prosperar, toda vez que
no era viable que el juez de primera instancia ordenara la devolución de la
utilidad derivada del negocio jurídico ejecutado por el consorcio Mecamed 2023,
en el marco de las restituciones, por lo que se impone revocar dicho aspecto de
la decisión impugnada. En consecuencia, el segundo problema jurídico se
resuelve en sentido negativo.
234. De cara a lo expuesto, resulta imprescindible señalar que la prosperidad de
la censura, en lo correspondiente a la improcedencia de la devolución de la
utilidad percibida por parte del consorcio Mecamed 2023 al Distrito de Medellín
en el marco de las restituciones mutuas en el caso sub examine, no incide en el
restablecimiento del derecho reconocido, por cuanto se trata de instituciones
jurídicas ontológicamente disímiles. En efecto, la restitución persigue retrotraer
a las partes al estado anterior a la celebración del contrato —como si este no
hubiese existido— y evitar que, con ocasión de la declaratoria de nulidad se
configure un enriquecimiento y correlativo empobrecimiento en el patrimonio de
los excontratantes. En cambio, el restablecimiento del derecho responde al
perjuicio ocasionado al oferente que debió resultar adjudicatario y no lo fue, daño
que, por regla general, se concreta en la pérdida de la oportunidad de percibir la
utilidad que razonablemente habría obtenido de haberse perfeccionado y
ejecutado el contrato en su favor.
135Por el contrario, “si el vicio declarado consistió en la ilicitud del objeto o causa, solo procede el referido
reconocimiento si se prueba que la entidad estatal ha obtenido beneficio, y únicamente hasta el monto de él
(artículo 48 de la Ley 80 de 1993)”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Sentencia del 20 de abril de 2026. Rad: 63001-23-
33-000-2022-00058-01 (72. 477).
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En lo referente a la imputación subjetiva y a la valoración del acervo probatorio
en la declaratoria de responsabilidad civil y patrimonial de los llamados en
garantía con fines de repetición
235. Otro de los puntos de disenso se contrae a reprochar lo decidido en primera
instancia por el a quo en torno a la declaratoria de responsabilidad civil y
patrimonial de Rubén Darío López y Evelyn Tatiana Beltrán, en tanto determinó
que las conductas desplegadas por los llamados en garantía acreditaron un
actuar doloso que se encuadró en la presunción descrita en el artículo 5 numeral
primero de la Ley 678 de 2001 modificado por el artículo 39 de la Ley 2195 del
2022136. En ese entendido, y conforme al alcance de las impugnaciones,
corresponde a la Sala abordar su examen integral a la luz de los reparos
formulados en la alzada.
236. En desarrollo de lo anterior, Rubén Darío López controvirtió la imputación de
responsabilidad subjetiva que le fue endilgada, al sostener que el concepto por
él emitido se elaboró con fundamento en la documentación precontractual y
dentro del ámbito de sus competencias funcionales. Precisó que dicho
pronunciamiento tuvo el alcance previsto en el artículo 28 del CPACA, esto es,
el de un concepto de carácter no vinculante, de manera que la decisión de
acogerlo o apartarse de él correspondía exclusivamente a la secretaria de
suministros y servicios, en cabeza de la delegada contractual, quien ostentaba
la facultad para adoptar la decisión de adjudicación o rechazo de las ofertas.
237. Por su parte, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra sustentó su inconformidad en la
indebida valoración del acervo probatorio, al señalar que el Tribunal omitió
examinar elementos de convicción que, en su criterio, desvirtuaban la imputación
subjetiva efectuada en su contra. En particular, adujo que no se valoró la
decisión de archivo proferida por la Procuraduría General de la Nación, mediante
la cual se descartó la configuración de una falta disciplinaria en el ejercicio de
sus funciones. Asimismo, señaló que tampoco fue objeto de examen la
motivación que sustentó su apartamiento de la recomendación del comité
evaluador, circunstancia que evidenciaba la existencia de razones objetivas que
excluían la configuración de una conducta dolosa.
238. Reseñado lo anterior, corresponde delimitar los fundamentos legales y
constitucionales de la institución del llamamiento en garantía con fines de
repetición.
136 Lo señaló en los siguientes términos: “En consecuencia y dado que el artículo 5 de la Ley 678 de 2001,
modificado por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022, determina que se presume que existe dolo en la conducta
del agente cuando el acto administrativo haya sido declarado nulo por, entre otras causales, la de falsa
motivación, y habiendo sido esa la que derivó en la nulidad de la Resolución No. SSS 2023500048896 del 20
de junio de 2023, mediante la cual se adjudicó el proceso de licitación pública No. 70007451, a un consorcio
diferente al demandante, estima la Sala que quienes deben resultar declarados civil y patrimonialmente
responsables por parte del perjuicio patrimonial que deberá asumir el Distrito de Medellín, bajo la figura del
llamamiento en garantía, a título de dolo, son los señores Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y Rubén Darío López
Giraldo, al haber desplegado conductas que encuadran en la presunción de dolo descrita”.
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239. En desarrollo del mandato previsto en el artículo 90 de la Constitución Política
se dispone que, en aquellos eventos en los cuales el Estado sea condenado a
la reparación de un daño antijurídico causados por la acción o la omisión de las
autoridades, deberá repetir contra su agente y/o exagente cuando la condena
sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de este137.
240. En ese contexto, la figura del llamamiento en garantía se halla regulada por
distintas fuentes normativas, por una parte, se encuentra: (i) el llamamiento en
garantía con fines de repetición que se rige, entre otras disposiciones, por las
Leyes 678 de 2001 y 2195 de 2022138, de otro lado, (ii) el llamamiento en garantía
previsto por el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011139.
241. La institución procesal en comento se fundamenta en la existencia de un
derecho legal o contractual en virtual del cual se vinculan llamante y llamado, y
por esa razón, permite traer al último como tercero a un proceso para que haga
parte de él, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare
a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de
carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita,
con el fin de que responda por la obligación que surja en virtud de una eventual
condena en contra del llamante140.
242. En esa línea, la Ley 678 de 2001 en el artículo 19 (modificado por el artículo
44 de la Ley 2195 de 2022) establece que en los procesos relativos a
controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del
derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público se
encuentran facultados para solicitar el llamamiento en garantía del agente
identificado como aquel que hubiere desplegado la acción u omisión generadora
del daño cuya imputación se atribuye al Estado, con el propósito de que en el
mismo trámite se defina tanto la responsabilidad de la administración como la
del servidor.
137 Constitución Política de Colombia, artículo 90 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el
evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
este”.
138 La Ley 2195 de 2022 modificó el artículo 19 de la Ley 678 de 2001, el cual quedó así: “Artículo 19.
Llamamiento en Garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a
controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública
directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente
identificado como aquel que desplegó la acción u omisión causa del daño respecto del cual se reclama la
responsabilidad del Estado, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y
la del funcionario.”
139 El artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente: “Quien afirme tener derecho legal o contractual
de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del
pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el
mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamado, dentro del término de que disponga para responder
el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma
que el demandante o el demandado (…) El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las
normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 25 de noviembre del 2015. C.P
María Adriana Marín. Rad: 25000233600020230052301 (72867).
140 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia
del 15 de julio de 2022. C.P María Adriana Marín. Rad: 05001-23-33-000-2020-02567-01 (67.300).
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243. Los artículos 5 y 6 ejusdem (modificados por los artículos 39 y 40 de la Ley
2195 del 2022) en punto del elemento subjetivo de la conducta, consagraron
unas presunciones legales141 con incidencia en la carga probatoria dentro del
proceso. Asimismo, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del
Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio.
Igualmente, los artículos en cita, disponen que se presume que existe dolo del
agente y/o exagente del Estado por las siguientes causas: (i) obrar con
desviación de poder; (ii) haber expedido el acto administrativo con vicios en su
motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de
la norma que le sirve de fundamento; (iii) haber expedido el acto
administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u
ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la
administración; (iv) haber sido penal o disciplinariamente responsable a título
de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado; y, (v) haber expedido la resolución, el
auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial
(subrayado propio de la Sala).
244. Sin embargo, es importante precisar como reiteradamente lo ha hecho esta
Subsección que dichas presunciones son legales, es decir, que admiten prueba
en contrario142 con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Por
lo tanto, quien las invoque en el llamamiento en garantía con fines repetición
debe acreditar el hecho base que las sustenta, sin perjuicio de que la parte
contraria desvirtúe la conclusión que se presume, en garantía del derecho de
defensa143.
245. Es decir, en punto del elemento subjetivo de la conducta, la entidad
demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de
los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o
141
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P María
Adriana Marín. Sentencia del 08 de noviembre de 2021. Rad: 05001-23-33-000-2014-02032-01 (66.876) “Las
presunciones tienen como finalidad tener como cierto o probable un hecho que se infiere a través de un juicio
lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a las máximas generales de la experiencia y la sana crítica,
de ahí que se considere que tiene por virtud invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en favor
de quien la invoca”.
142
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. José Roberto Sáchica
Méndez. Rad: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70.456)
143
Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejo de Estado. C.P Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Rad: 11001-03-
06-000-2012-00056-00(2110). “El Estado deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la
presunción que alega, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de
eximirse de responsabilidad”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2025. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad:
13001233300020150060201 (72.639). Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A. C.P María Adriana Marín. Sentencia del 08 de noviembre de 2021. Rad: 05001-23-33-
000-2014-02032-01 (66.876) en punto de la carga de la prueba señaló lo siguiente: “El establecimiento de estas
presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la acción de repetición e invertir la carga de la prueba, ya
que el demandado debe desacreditar el hecho que le da origen a aquella. (…) [E]l legislador debe facilitar el
debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales de
presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición
sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de
la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para
la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con
dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no
se configuró”
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
gravemente culposa144; en esa línea una imputación de responsabilidad
patrimonial a título de dolo requiere que el juez de la repetición constate que el
servicio del Estado fue transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir,
con conocimiento de la irregularidad del comportamiento y con la intención de
producir las consecuencias nocivas que ello implica, pues “está prohibida la
posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado
contenidas en la providencia condenatoria a la administración”145.
246. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia de unificación 354
de 2020 indicó que la presunción legal de dolo, contemplada en el artículo 5 de
la Ley 678 de 2001, no releva a la entidad actora de probar ante el juez
contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción
u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de
los supuestos legales, toda vez que la determinación de la responsabilidad del
agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso, en el
cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de
defensa146.
247. En el caso bajo estudio, los hechos que suscitan la presente controversia se
presentaron entre el 31 de marzo de 2023 y el 20 de junio de la misma anualidad,
de ahí que la Sala deberá tener como referente la Ley 2195 de 2022
(normatividad vigente desde el 18 de enero de 2022). En el sub judice, el Tribunal
de primera instancia tuvo por acreditada la condición de servidores públicos de
los llamados en garantía y declaró civilmente responsables, a título de dolo con
base en la presunción dispuesta el artículo 5, numeral primero, de la Ley 678 de
2001 (modificado por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022) a Rubén Darío López
Giraldo y Evelyn Tatiana Beltrán Sierra 147.
144 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P Fernando Alexei Pardo
Flórez. Sentencia del 21 de febrero de 2025. Rad: 52001233300020190043001 (71440).
145 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P Fernando Alexei Pardo
Flórez. Sentencia del once de julio de 2025. Rad: 13001-23-33-000-2015-00602-01 (72.639).
146
En el mismo sentido ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P
María Adriana Marín. Sentencia del 28 de agosto de 2019. Rad: 41001-23-31-000-2005-00883-01 (51162)
señala lo siguiente en punto de la determinación del supuesto que se endilga a los demandados: “la parte que
busca la declaratoria de responsabilidad patrimonial del demandado en repetición o en el llamamiento en
garantía con fines de repetición debe aportar las pruebas que demuestren el hecho que sirve de sustento a la
presunción que se pretende hacer operar frente al demandado. Desde esta perspectiva, la Sala advierte tres
posibles escenarios en los cuales la entidad estatal demandante puede imputarle una conducta dolosa o
gravemente culposa al agente estatal, con la finalidad de comprometer su responsabilidad patrimonial (…) (i)
en el libelo el Estado estructura la responsabilidad del demandado con base en uno de los supuestos
consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en los cuales se presume el dolo o la culpa grave que
le es imputable al agente público en nexo con el servicio, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.(…) (ii)
Pueden existir situaciones en las cuales, aunque en la demanda no se identifica expresamente uno de los
supuestos que hacen presumir el dolo o la culpa grave del demandado, los argumentos esbozados por el
extremo activo de la litis son suficientes para que el juez pueda enmarcar su motivación en uno de los
mencionados supuestos; (iii)Por último, pueden presentarse muchos más casos en los cuales, pese a que no
se encuentran consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, dan lugar a que el Estado repita contra
el agente por haber obrado con dolo o culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un
tercero por el cual se haya visto en la necesidad de indemnizar”. En efecto, las denominadas presunciones son
solo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del agente público que pueden invocarse y, por
ende, demostrar en las demandas de repetición. Criterio reiterado en sentencia 76001-23-33-000-2015-00594-
01 (70.456). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
147 Se acreditó la condición de servidores públicos mediante los actos de nombramiento y encargos y las actas
de posesión aportadas. Se acreditó que la señora Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, fungió como secretaria de
suministros y servicios del Distrito de Medellín desde el 16 de diciembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2023
y Rubén Darío López Giraldo, se desempeñó como director técnico de la Secretaría de Infraestructura Física
del Distrito de Medellín, entre el 07 de marzo y el 31 de diciembre de 2023.
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248. Parte la Sala por señalar que, en lo que atañe a la responsabilidad civil y
patrimonial declarada en primera instancia respecto de Rubén Darío López, la
decisión del a quo habrá de revocarse, por cuanto la presunción legal de dolo
consagrada en el artículo 5, numeral primero, de la Ley 678 de 2001 (modificado
por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022) que le fue atribuida no resultó
acreditada, habida cuenta que su intervención en el trámite licitatorio se
circunscribió a la elaboración de un informe técnico, cuya valoración y
acogimiento correspondía de manera exclusiva a la delegada contractual, en
quien residía la competencia para adoptar la decisión de adjudicación, conforme
se expondrá a continuación.
249. A efectos de examinar lo indicado con anterioridad, se impone delimitar el
marco funcional dentro del cual se desarrolló su actuación. Conforme se
desprende del acervo probatorio (certificado laboral con funciones148), las
obligaciones a cargo de Rubén Darío López comprendían, entre otras, la
revisión, análisis y aprobación de las evaluaciones de propuestas en los
procesos de contratación adelantados en la Secretaría de Infraestructura, la
asesoría al secretario de despacho en los asuntos de su competencia y las
demás que le fueran asignadas por su superior.
250. En ese orden, la elaboración del informe técnico relativo al presunto precio
artificialmente bajo de la oferta del consorcio Génesis no constituyó una
actuación extralimitada ni discrecional, sino el cumplimiento de las cargas
funcionales inherentes a su cargo, frente a las cuales la abstención injustificada
habría comportado, en sí misma, un desconocimiento de los deberes propios del
servidor 149.
251. Teniendo en cuenta que la elaboración del informe técnico se enmarcó en el
cumplimiento de las funciones propias del cargo, debe precisarse que, si bien no
le asiste razón al apelante en la invocación del artículo 28 del CPACA 150
(disposición que regula los conceptos emitidos en respuesta a consultas y que,
por tanto, no resulta aplicable al informe técnico elaborado en el marco del
proceso de selección), se esgrime que dicho documento no revestía carácter
vinculante, en tanto constituía un insumo de naturaleza orientadora, cuya
valoración, acogimiento o apartamiento correspondía a quien ostentaba la
competencia para adoptar la decisión de adjudicación, sin que su contenido
tuviera la virtualidad de determinar de manera imperativa el sentido de la
decisión administrativa.
148 Elemento de convicción aportado por la entidad llamante y decretado por el a quo. Ver samai. Índice 177.
Documento denominado “051ActaAudInicial.pdf. pp. 7.
149 Según el manual de funciones (elemento allegado y decretado como prueba documental) las funciones
principales del cargo denominado “director técnico”, código 00901010, se circunscribe entre otros elementos a
(i) revisar, analizar, y aprobar los pliegos, la evaluación de las propuestas, la respuesta a las observaciones,
etc., (ii) y las demás que le fueran asignadas por su superior jerárquico de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área cargo del desempeño. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Documento
denominado “001LlamamientoRubenLopez”, pp. 11 a 14.
150 El tenor literal de la disposición es el siguiente: “ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en
contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio
del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
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252. En esa medida, aun cuando dicho documento (el informe) presentaba
inconsistencias metodológicas debidamente acreditadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, tales deficiencias no pueden
extrapolarse al plano de la responsabilidad subjetiva del llamado en garantía, en
tanto, su elaboración se enmarcó en la órbita de sus funciones.
253. En ese orden de ideas, la presunción legal de dolo consagrada en el artículo
5, numeral primero, de la Ley 678 de 2001 (modificado por el artículo 39 de la
Ley 2195 de 2022) que le fue endilgada al censor, resulta desvirtuada a partir de
la concurrencia de los siguientes elementos: (i) su intervención se enmarcó en
el cumplimiento inexcusable de las cargas funcionales inherentes a su cargo,
frente a las cuales no le era factible sustraerse; (ii) el informe técnico por él
elaborado no revestía carácter vinculante, en tanto constituía un insumo de
naturaleza orientadora cuya valoración y acogimiento correspondía a quien
ostentaba la competencia decisoria; (iii) las deficiencias metodológicas
acreditadas en el informe no configuran per se el elemento volitivo de la
conducta; (iv) la decisión de fundar el rechazo de la propuesta del consorcio
Génesis en dicho informe y de apartarse de la recomendación del comité
evaluador fue adoptada de manera autónoma por la delegada contractual.
254. A lo anterior, resulta importante agregar que, del análisis del acervo
probatorio es factible determinar que la entidad omitió allegar al proceso judicial
prueba idónea que sustentara el hecho base de la presunción que se endilgó al
llamado en garantía, por lo que se reitera que la nulidad de la resolución de
adjudicación no acredita per se la realización de una conducta dolosa. En
adición, en materia del llamamiento en garantía con fines de repetición y en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso151, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que se invocan como fundamento de sus pretensiones.
255. Por lo expuesto ut supra y teniendo en cuenta que prosperaron las
alegaciones del censor y como no fue acreditado el elemento subjetivo de la
conducta que se le endilgó a Rubén Darío López, se revoca la declaratoria de
responsabilidad civil y patrimonial, los efectos que de ella se derivan y se
resuelve positivamente el tercer problema jurídico.
256. Ahora, en lo correspondiente al llamamiento en garantía con fines de
repetición de Evelyn Tatiana Beltrán y teniendo en cuenta lo alegado en su
censura (i) falta de valoración probatoria, en particular, el archivo definitivo del
proceso disciplinario IUS E2023-402335 – IUC D2023-3039731, proferido por la
Procuraduría General de la Nación y (ii) la omisión del examen de la motivación
que sustentó su apartamiento de la recomendación del comité evaluador, lo cual
—a su juicio— desvirtuaba la presunción de dolo que se le endilgó en primera
instancia, corresponde a la Sala delimitar el marco estructural de sus funciones
y el ámbito de su intervención dentro del proceso de selección.
151 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)”.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
257. Conforme obra en los elementos de convicción, Evelyn Tatiana Beltrán
Sierra actuó en calidad de delegada contractual y directora del trámite
correspondiente a la licitación pública n.° 70007451 de 2023152. La exfuncionaria
se desempeñaba como secretaria de suministros y servicios del Distrito de
Medellín, cargo que comportaba la dirección y coordinación de los procesos
contractuales en sus componentes logístico, jurídico, administrativo, financiero y
contable, así como la gestión integral de las etapas de planeación, selección y
ejecución contractual. De conformidad con el (certificado laboral con
funciones153), el acceso a dicho cargo exigía conocimientos especializados en
materia de contratación estatal y una experiencia profesional mínima de treinta
y seis meses.
258. Su participación dentro del proceso de selección se concretó en las
siguientes actuaciones: (i) dispuso la apertura del proceso licitatorio; (ii) el 2 de
junio de 2023, durante la audiencia de adjudicación y con ocasión del primer
requerimiento dirigido a que el consorcio Génesis desvirtuara la presunta
configuración de precios artificialmente bajos en su oferta, concedió un término
inferior a tres horas para atender lo solicitado por conducto del grupo evaluador;
(iii) ese mismo día, a las 7:30 p. m., formuló una segunda solicitud a través del
grupo evaluador, mediante la cual requirió ampliar la información previamente
allegada y otorgó nuevamente un plazo inferior a tres horas hábiles para su
respuesta; (iv) el 5 de junio de 2023, en el marco de la diligencia de adjudicación
adujo que en atención “al deber de responsabilidad” se apartó de la
recomendación emitida por el comité evaluador, ordenando “suspender la
audiencia para la verificación de la recomendación del CEEC y proceder con
total certeza a la adjudicación del proceso de contratación”; (v) para la misma
fecha, solicitó la designación de un revisor técnico “para que verifique y
conceptúe sobre la evaluación técnica que se realizó en el proceso,
principalmente es el aspecto relacionado con las ofertas económicas, teniendo
en consideración el menor valor” y adicional a ello requirió que dicho concepto
y/o recomendación fuera suscrito por la ordenadora del gasto; (v) a las 4:06 p.
m., del mismo día efectuó un tercer requerimiento, concediendo plazo hasta las
11:59 p. m. para allegar la información solicitada; (vi) fundamentó el rechazo de
la propuesta del consorcio Génesis en el informe técnico rendido por Rubén
Darío López; (vii) adjudicó el trámite licitatorio al consorcio Construcciones C-
2023; (viii) avaló la solicitud de cesión del contrato n.° 4600098664 de 2023 por
parte del consorcio Construcciones C-2023 al consorcio Mecamed 2023.
259. Visto lo anterior, corresponde abordar el reproche formulado en sede de
apelación relativo a la presunta omisión del a quo en la valoración de los medios
de convicción en particular, la prueba documental contentiva del archivo
152 En este sentido, la Corte Constitucional toma nota de que, a fin de comprobar que una conducta es atribuible
a título de dolo o culpa grave, pueden ser determinantes aspectos propios de la gestión administrativa, tales
como (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le
sea atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la
escala organizacional o la retribución económica recibida por el servicio prestado tengamos en cuenta esto.
Corte Constitucional, SU 354 de 2020. C.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
153 Elemento de convicción aportado por la entidad llamante y decretado por el a quo. Ver samai. Índice 177.
Documento denominado “051ActaAudInicial.pdf. pp. 7.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
definitivo del proceso disciplinario IUS E2023-402335 – IUC D2023-3039731,
proferido por la Procuraduría General de la Nación —Delegada Disciplinaria de
Instrucción Cuarta para la Contratación Estatal—, decisión que la recurrente
invocó como fundamento para desvirtuar la presunción de dolo que le es
atribuida en su contra.
260. Examinado el fallo de primera instancia, la Sala advierte que, en efecto, el a
quo omitió incorporar un análisis expreso de la referida decisión disciplinaria. No
obstante, dicha omisión no tiene incidencia en el sentido de la decisión que habrá
de adoptarse, por cuanto, aun valorada la prueba integralmente por esta
corporación, el archivo carece de la virtualidad de enervar el elemento subjetivo
de la conducta por las razones que se exponen a continuación.
261. En ese contexto, la Sala estima necesario examinar: (i) la naturaleza
autónoma y diferenciada del proceso disciplinario frente al llamamiento en
garantía con fines de repetición, particularmente en lo que atañe a sus
finalidades y reglas de distribución de la carga probatoria; y (ii) el contenido
concreto de la decisión de archivo, a fin de establecer si las conclusiones allí
adoptadas tienen o no incidencia vinculante en la presente litis, o si, por el
contrario, se circunscriben a un ámbito jurídico diverso.
262. El proceso disciplinario está dirigido principalmente a encauzar la conducta
de quienes desempeñan funciones públicas, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de los deberes propios del cargo y comporta una naturaleza de
carácter sancionatorio y preventivo154; en este ámbito el elemento subjetivo no
se presume, corresponde al órgano de control, con fundamento en el acervo
probatorio recaudado, acreditar la existencia de una conducta consciente y
voluntaria del servidor público encaminada a vulnerar la Constitución o la ley. En
tal sentido, la decisión de archivo comporta la inexistencia de prueba suficiente
que permita tener por configurada la infracción disciplinaria.
263. Distinto es el escenario del llamamiento en garantía con fines de repetición,
el cual posee naturaleza eminentemente civil y de carácter patrimonial
resarcitorio155. En este ámbito, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001 (modificado
por la Ley 2195 de 2022) consagra una presunción legal de dolo cuando el daño
antijurídico tiene origen en la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
por las causales allí previstas. Esta disposición incorporó una regla especial de
distribución de la carga probatoria, en armonía con el artículo 167 del CGP,
conforme al cual incumbe a las partes demostrar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que invocan156.
154 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P Alfonso
Vargas Rincón. Sentencia del 13 de febrero de 2014. Rad: 11001-03-25-000-2011-00710-00(2701-11). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P William Hernández
Gómez. Sentencia del 11 de julio de 2020. Rad: 25000-23-42-000-2016-03623-01(2838-19).
155 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad: 05001-23-31-000-2011-01583-01(53008).
156 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P
Fernando Alexei Pardo Flórez. Sentencia del 11 de julio de 2025. Rad: 13001-23-33-000-2015-00602-01
(72.639).
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Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
264. En consecuencia, prima facie, las decisiones adoptadas en sede disciplinaria
carecen de incidencia directa y vinculante en el llamamiento en garantía con
fines de repetición, pues se trata de regímenes jurídicos autónomos, con
presupuestos, estándares probatorios y finalidades diversas. Mientras el
disciplinario persigue la imposición de sanciones por infracciones funcionales, el
llamamiento en garantía con fines de repetición tiene naturaleza patrimonial
resarcitoria y está orientada a que el Estado recupere las sumas pagadas en
virtud de condenas originadas en conductas dolosas o gravemente culposas de
sus agentes. De ahí que la ausencia de reproche disciplinario no enerve, por sí
sola, la presunción legal que opera en esta sede, ni releve al servidor de la carga
de desvirtuarla.
265. En ese contexto, conforme quedó acreditado en prueba documental, la
apertura del proceso disciplinario a la entonces delegada contractual tuvo como
objeto “única y exclusivamente determinar si el Consorcio Construcciones C-
2023 a quien se le adjudicó el respectivo contrato de obra, también debía ser
rechazado por no cumplir con la capacidad residual requerida157”. Así, el ámbito
de análisis del órgano de control se circunscribió a la verificación del requisito
habilitante relativo a la capacidad residual del proponente adjudicatario,
conforme a lo previsto en el numeral 3.10 del pliego de condiciones.
266. Con base en ello, la PGN concluyó que el consorcio Construcciones C-2023
había acreditado una capacidad residual de $136.699´492.532,37, suma que
superaba de manera significativa el umbral exigido en el pliego definitivo, fijado
en $70.000´000.000. A partir de dicha constatación, la autoridad disciplinaria
estimó inexistente el hecho que dio origen a la actuación, por lo que ordenó la
terminación y el archivo definitivo de la actuación en los siguientes términos:
“Lo anterior, demuestra que el proponente Consorcio Construcciones C-2023,
al momento de presentar su oferta al proceso de licitación pública nro. 70007451
de 2023, contaba con una capacidad residual de $136.699.492.53237, la cual
era superior a la requerida en el pliego de condiciones definitivo, que equivalía
a $70.000.000.000.
En consecuencia, no existía razón alguna para que la propuesta del Consorcio
Construcciones C-2023 fuera rechazada por falta de capacidad residual, como
se señalaba en la noticia periodística que dio origen a la presente actuación
disciplinaria. En ese orden de ideas y comoquiera que se encuentra plenamente
demostrado que el hecho atribuido no existió, impera para esta Delegada dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 90 del Código General Disciplinario; y en
157 El inicio de la actuación de la PGN tuvo como fundamento: “en noticia publicada en el sitio web de Caracol
Radio, el pasado 8 de junio de 2023, se pusieron en conocimiento de la opinión pública, posibles irregularidades
en la evaluación de las ofertas allegadas al proceso de licitación pública, adelantada por la Alcaldía Distrital de
Medellín- Secretaría de Suministros y Servicios, para contratar las obras de mejoramiento de la malla vial de la
ciudad” Con base en ello, la PGN estableció que la conductas objeto de investigación se delimitaban a
“establecer la existencia de presuntas irregularidades en la evaluación y adjudicación del proceso de licitación
pública nro. 70007451 de 2023 tramitado por la Alcaldía Distrital de Medellín, ya que dicho proceso le fue
adjudicado al Consorcio Construcciones C-2023, quien al parecer no contaba con la capacidad residual o ‘k de
contratación’ necesario para cumplir de manera oportuna con el objeto del respectivo contrato”
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consecuencia, se ordenará la terminación y archivo definitivo de la actuación en
favor de los investigados Evelyn Tatiana Beltrán Sierra (…)” 158.
267. De lo anterior se infiere que la conclusión derivada de la providencia
disciplinaria se estructuró sobre la verificación del cumplimiento de un requisito
habilitante (la capacidad residual), cuya acreditación fue considerada suficiente
para descartar la configuración de la falta investigada. Sin embargo, ese aspecto
no constituye el eje del debate en el presente llamamiento en garantía. En esta
sede, la presunción iuris tantum de dolo no se origina en la inobservancia de
dicho factor (que, en todo caso al ser un requisito habilitante, fue evaluado por
el comité evaluador), sino en la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación
por falsa motivación, derivada del apartamiento por parte de la llamada en
garantía respecto de la recomendación del grupo evaluador.
268. Se trata, por tanto, de planos jurídicos distintos: mientras la decisión
disciplinaria examinó la suficiencia de la capacidad residual del adjudicatario
como presupuesto habilitante, el análisis en el marco del llamamiento con fines
de repetición versa sobre la presunción legal del artículo 5 numeral primero de
la Ley 678 de 2001 (modificado por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022), que
se endilga a Evelyn Tatiana Beltrán por la falsa motivación del acto
administrativo de adjudicación del proceso de selección de licitación pública n.°
70007451 de 2023. En consecuencia, las conclusiones adoptadas por la PGN
no tienen fuerza demostrativa para desvirtuar el elemento subjetivo que aquí se
enrostra, es decir, la prueba que se aportó no resultó pertinente e idónea para
rebatir la presunción.
269. Ahora bien, se advierte que otro de los reproches formulados por la censora
se centró en la alegada omisión de valorar las razones que sustentaron el
apartamiento de la recomendación emitida por el comité evaluador. Tal
argumento no está llamado a prosperar, pues del examen integral del acervo
probatorio se concluye que la llamada en garantía se separó de manera
injustificada de dicha recomendación. No obstante, las pruebas obrantes en el
expediente no permiten inferir que ese proceder hubiese estado acompañado de
la voluntad deliberada de producir las consecuencias lesivas derivadas de él,
elementos necesarios para estructurar el dolo.
270. Aunque la entidad reprocha el actuar de Evelyn Tatiana Beltrán bajo la
imputación de una conducta dolosa, durante el trámite procesal no aportó
elementos de convicción que permitieran acreditar los componentes
cognoscitivo y volitivo propios de esa modalidad subjetiva de responsabilidad.
Así, omitió demostrar el hecho base que sustentaría la presunción iuris tantum
invocada, pues no basta con afirmar la configuración del supuesto que da lugar
a la presunción, sino que resulta indispensable acreditar los hechos que le sirven
de fundamento, conforme a lo consagrado en el artículo 167 del CGP 159.
158
Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 177. Carpeta renombrada “llamamiento en
garantía”, archivo denominado: “0913.HAQS ARCH INV E-2023-402335 D-2023-3039731.pdf”, pp. 1 a 14.
159 Al respecto ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 354 de 2020 respecto de la
carga de la prueba cuando se endilgan las presunciones de dolo o culpa grave, ha señalado: “(i) No relevan a
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271. Sin perjuicio de lo anterior, la ausencia de prueba suficiente para atribuir una
conducta dolosa no impide al juez establecer si los hechos acreditados en el
proceso revelan la configuración de otro grado de imputación subjetiva. En el
presente asunto, los elementos probatorios permiten concluir que la actuación
de Evelyn Tatiana Beltrán se apartó gravemente de los deberes funcionales que
le eran exigibles, en la medida en que desconoció postulados esenciales del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP),
particularmente el principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de
la Ley 1150 de 2007 y sus demás normas concordantes, circunstancia que
permite encuadrar su conducta en el ámbito de la culpa grave (artículo 6 de la
Ley 678 de 2001, modificada por el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022).
272. Lo anterior resulta acorde con el deber del juez contencioso administrativo
de esclarecer la responsabilidad subjetiva del agente estatal a partir de los
hechos efectivamente demostrados en el proceso, de modo que la atribución de
responsabilidad no dependa exclusivamente de la calificación jurídica propuesta
por la entidad demandante, sino de la verificación material de los elementos que
permitan establecer el grado de culpabilidad realmente acreditado. En
consecuencia, corresponde a la Sala efectuar el análisis concreto de la conducta
desplegada por la llamada en garantía para determinar si esta satisface los
presupuestos de la culpa grave.
273. En esa línea, del análisis de los elementos obrantes en el expediente se
desprende que, durante la audiencia de adjudicación, Evelyn Tatiana Beltrán,
señaló como fundamento para (i) apartarse de la recomendación del comité de
evaluación; (ii) suspender la diligencia de adjudicación; y, (iii) solicitar la
designación de un revisor técnico, la necesidad de actuar en observancia del
deber de responsabilidad que le asistía como delegada contractual; señaló lo
siguiente:
“la secretaria de Infraestructura [f]ísica como ordenadora del gasto y la
secretaria de suministros y servicios como delegada contractual deciden,
en atención al deber de responsabilidad suspender la audiencia para la
verificación de la recomendación del CEEC y proceder con total certeza
a la adjudicación del proceso de contratación”.
274. No obstante, para la Sala dicha motivación resulta insuficiente para justificar
la decisión adoptada, toda vez que la sola invocación genérica del “deber de
responsabilidad” no constituye una razón objetiva que la habilitara para
apartarse de la recomendación emitida por el comité evaluador, suspender el
trámite de adjudicación y promover una revisión técnica adicional. Lo anterior,
en la medida en que la entonces funcionaria no expuso inconsistencias
la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que (a) el daño antijurídico tuvo su origen en
una acción u omisión atribuible al demandado, y que (b) tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos
legales (i.e. desviación de poder o infracción manifiesta e inexcusable de una norma de derecho); y (ii) Ante la
demostración de que la actuación del agente se enmarca en alguno de los supuestos legales, eximen a la
entidad de acreditar que la acción u omisión estuvo dirigida a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades
del Estado”, o es calificable como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o “una inexcusable omisión
o extralimitación en el ejercicio de las funciones”
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específicas en la evaluación realizada, errores técnicos identificables,
circunstancias sobrevinientes relevantes o irregularidades concretas que
razonablemente permitieran descalificar o desvirtuar las conclusiones
alcanzadas por el comité evaluador.
275. En esa misma línea, se infiere que una vez se reanudó la audiencia de
adjudicación, el día 20 de junio de 2023, la llamada en garantía ya habiéndose
apartado de la recomendación emitida por el comité evaluador, sustentó el
rechazo de la propuesta del consorcio Génesis, en un informe técnico que
presentaba deficiencias metodológicas relevantes, aun cuando el iter
precontractual existían distintos elementos de carácter técnico y jurídico para
arribar a una decisión sustancialmente distinta.
276. Se colige por parte de la Sala entonces que la decisión no se soportó en
criterios que explicaran el distanciamiento frente a la recomendación del comité
evaluador, circunstancia que, a la luz del estándar de diligencia exigible en el
ejercicio de la función contractual, no encuentra justificación razonable. En
efecto, según consta en los elementos de convicción, la llamada en garantía
indicó de manera general lo siguiente:
“la decisión de apartarse del informe de evaluación del CEEC se basa en lo
descrito, y en que se debe tener en consideración el análisis del experto técnico
sobre el proceso y la oferta presentada por el Consorcio Genesis, el cual a su
vez dista de la recomendación hecha por el comité de evaluación en el proceso,
y afianza la seguridad de la entidad, en cuanto la falta de soporte y justificación
de por qué los precios ofertados por el proponente dentro de su oferta
económica son sustancialmente inferiores a los del presupuesto. Por las
anteriores conclusiones, en especial las enumeradas 6 y 7 en las que señala la
omisión de documentos solicitados para la aclaración, se recomienda rechazar
la propuesta del CONSORCIO GENESIS y proseguir con la evaluación de las
demás ofertas habilitadas para la toma de la decisión final que conlleve a la
elección de la oferta, de acuerdo a la norma y a (SIC) pliego del proceso. Así,
una vez aplicado el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015 y acudiendo a los parámetros definidos en la Guía para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia
Compra Eficiente, se concluye que respecto de la oferta presentada por el
Proponente Consorcio Génesis procede la aplicación de la causal X. del
numeral 1.15” 160.
277. En esa línea, si bien dicho insumo carecía de carácter vinculante, su
valoración correspondía a la delegada contractual, quien poseía la facultad de
acogerlo o apartarse de él. No obstante, a pesar de sus inconsistencias, lo
adoptó como fundamento para el rechazo de la propuesta del consorcio Génesis,
pretermitiendo un análisis integral de los demás insumos del proceso de
selección, entre ellos, las evaluaciones preliminar y definitiva practicadas, la
recomendación del comité evaluador, las respuestas a los requerimientos
allegados por el consorcio y las disposiciones del pliego de condiciones,
160 Ver SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia. índice 177. Documento denominado
“Actadeaudienciadeadjudicación”, pp. 65.
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elementos que en conjunto ofrecían un panorama técnico y económico
sustancialmente distinto al reflejado en el informe acogido.
278. Con fundamento en lo anterior, se infiere que el apartamiento de la
recomendación emitida por el comité evaluador y el posterior rechazo de la
propuesta del consorcio Génesis carecieron de una motivación objetiva y
sustentada. Puesto que, la decisión se soportó, esencialmente, en una
invocación genérica del "deber de responsabilidad" y en la necesidad de
"afianzar la seguridad de la entidad", razones que, por su carácter abstracto e
indeterminado, no satisfacen la carga argumentativa que el ordenamiento
jurídico exige cuando la delegada decide apartarse de la recomendación del
comité evaluador, esto es, la identificación de errores sustanciales,
inconsistencias técnicas o irregularidades específicas en la evaluación
adelantada. Por consiguiente, no le asiste razón a la censora al sostener que el
a quo omitió valorar la motivación que sustentó dicho apartamiento.
279. Así las cosas, la Sala advierte que la actuación de la llamada en garantía no
puede entenderse como una simple diferencia de criterio técnico o jurídico frente
a la recomendación del comité evaluador. Por el contrario, el acervo probatorio
demuestra que la decisión fue adoptada sin que existieran razones objetivas que
justificaran el apartamiento de dicha recomendación y prescindiendo de una
valoración diligente e integral de los elementos de juicio disponibles. En tales
condiciones, la decisión de rechazar la propuesta del consorcio Génesis no
obedeció al ejercicio razonado de una facultad discrecional, sino a una
apreciación insuficiente de los antecedentes relevantes del procedimiento
contractual.
280. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta desplegada por Evelyn
Tatiana Beltrán evidenció una inobservancia grave de los deberes funcionales
que le correspondía cumplir como delegada contractual. En efecto, pese a contar
con información suficiente para advertir las deficiencias del informe técnico
acogido y con múltiples elementos que conducían a una conclusión distinta,
decidió apartarse de la recomendación emitida por el comité evaluador y
fundamentar el rechazo de la propuesta en un análisis que no consultaba
integralmente los antecedentes del proceso. Tal proceder revela una falta de
diligencia y cuidado significativamente alejada de los estándares mínimos
exigibles en el ejercicio de la función contractual y, por ende, permite concluir
que su actuación se encuadra en el ámbito de la culpa grave.
281. En este escenario, la presunción legal de dolo prevista en el numeral 1 del
artículo 5 de la Ley 678 de 2001, modificado por el artículo 39 de la Ley 2195 de
2022, no logró acreditarse, en tanto la entidad demandante no demostró los
elementos cognoscitivo y volitivo necesarios para estructurar dicha modalidad
subjetiva de responsabilidad. No obstante, el material probatorio sí permite
concluir que la conducta desplegada por Evelyn Tatiana Beltrán se enmarcó en
el ámbito de la culpa grave, en tanto se evidenció la inobservancia de los deberes
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
de diligencia, cuidado y verificación que le eran exigibles en el ejercicio de sus
funciones como delegada contractual.
282. En consecuencia, se modificará lo correspondiente a la causal de imputación
por las razones ya expuestas, lo cual igualmente conduce a confirmar la
responsabilidad civil y patrimonial respecto de Evelyn Tatiana Beltrán en el
proceso de selección sub examine.
Respecto del monto de la condena
283. Otra vertiente de la inconformidad en sede de apelación se refiere al monto
de la condena. El Distrito de Medellín sostuvo que tenía derecho al reembolso
íntegro de la suma reconocida en su contra, por cuanto el perjuicio —a su juicio—
se originó de manera directa en la actuación de los exservidores públicos
llamados en garantía, toda vez su conducta fue determinante en la configuración
del daño. Añadió que la sentencia careció de una motivación suficiente que
justificara la reducción del reembolso del 100 % al 45 %.
284. La censura, únicamente se desarrollará en torno al monto de la condena que
debe asumir Evelyn Tatiana Beltrán quien fungió como secretaria de suministros
y servicios del Distrito, teniendo en cuenta que resulta inane referirse al monto
llamado a reembolsar por parte de Ruben Dario López y Luisa Fernanda Gómez,
puesto que la pretensión de responsabilidad civil y patrimonial formulada en su
contra no prosperó.
285. Teniendo en cuenta lo expuesto y constatada la responsabilidad civil y
patrimonial de Evelyn Tatiana Beltrán a título de culpa grave161, corresponde
dilucidar conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 la
cuantificación de la condena del llamamiento en garantía, disposición que
determina lo siguiente: “cuando la autoridad judicial que conozca de la acción
de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio causado al
Estado lo fue por el dolo a la culpa grave de uno de sus agentes, aquella
cuantificará el monto de la condena correspondiente atendiendo al grado de
participación del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo (…) y a la
valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de
repetición”.
286. En esa línea la Subsección ha establecido que “si el detrimento patrimonial
de la entidad demandante tuvo como génesis una culpa grave del funcionario, la
condena deberá reducirse proporcionalmente, pues resulta claro que, en estos
casos, aquel no «quería» realizar el hecho ajeno a la finalidad del servicio” 162.
161 El artículo 90 constitucional, así como la Ley 678 de 2001, precisan que el dolo y la culpa grave constituyen
fundamento suficiente para ordenar a un agente o exagente estatal a reembolsar una suma de dinero pagada
como indemnización de un daño causado por éste, pero imputado a la entidad a la cual estaba adscrito, lo cual
quiere decir, prima facie, que ambas instituciones tienen el mismo alcance o efecto en el escenario de la
repetición.
162 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 8 de noviembre de 2021. C.P María Adriana Marín. Rad: 05001-23-33-000-2014-02032-01 (66.876). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P José Roberto Sáchica
Méndez. Sentencia del 28 de octubre de 2021. Rad: 8001-23-31-000-2008-00334-01 (55893).
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
287. En igual medida ha señalado el alto tribunal constitucional en punto de la
proporcionalidad de la condena que se debe reembolsar por parte del funcionario
y/o exfuncionario como resultado de una repetición que “Los jueces de lo
contencioso administrativo deben adoptar las previsiones correspondientes para
que la condena que se imponga como producto de una acción de repetición en
los términos del artículo 90 superior, no se convierta en una decisión que, debido
a su desproporción, vulnere los derechos fundamentales a la dignidad humana
y a la igualdad por resultar una obligación excesiva, irredimible o contraria a la
distribución de las cargas públicas. En particular, debe tenerse en cuenta que no
siempre todo el monto al que haya sido condenado el Estado como
consecuencia de un daño antijurídico derivado de la conducta dolosa o
gravemente culposa de sus agentes puede serle atribuido a éstos, en atención
a la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la potencialidad dañosa
de la actuación del Estado y la responsabilidad que cabe exigir a sus agentes”163.
288. Expuesto lo anterior, se observa que, si bien la intervención de la llamada en
garantía resultó determinante en la configuración del vicio que dio lugar a la
declaratoria de nulidad del acto de adjudicación, la actuación contractual en la
que se produjo el daño no dependió exclusivamente de su gestión individual,
sino que se desarrolló en el marco de un procedimiento administrativo complejo
en el que intervinieron distintas dependencias de la entidad.
289. Aunado a lo anterior, la Sala destaca que en el expediente no obra prueba
que permita inferir que la llamada en garantía actuó con el propósito de favorecer
indebidamente a determinado proponente, obtener un beneficio particular o
causar un perjuicio deliberado a la administración.
290. Entonces, advierte la Sala que la condena impuesta a la entidad obedeció a
la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación del proceso de selección n.°
70007451, escenario en el cual parte de las consecuencias económicas no
pueden ser atribuidas exclusivamente a la conducta desplegada por la llamada
en garantía.
291. En atención a tales circunstancias, la Sala considera que la condena en
repetición debe establecerse de manera proporcional al grado de participación
acreditado en el proceso, sin que resulte procedente trasladar a la demandada
163 En la misma línea, la Corte Constitucional dispuso unas reglas de proporcionalidad para establecer el valor
objeto de reintegro al Estado: “(i) Valorar el grado de participación del demandado en los hechos que dieron
lugar al daño y las circunstancias objetivas de las relaciones entre los funcionarios y la administración, pues
puede ocurrir que: (a) la responsabilidad sea atribuible a múltiples personas debido a la distribución de funciones
y jerarquías dentro de la institución pública; (b) el perjuicio causado se derive en parte del riesgo inherente a la
actividad de la entidad; o (c) el menoscabo se origine, entre otras razones, por fallas estructurales en los diseños
de los procesos misionales de la administración; (ii) Tener en cuenta circunstancias atenuantes que, a pesar de
no tener la entidad para modificar la calificación de la actuación del agente como dolosa o gravemente culposa,
sí influyen en el monto del reintegro que debe efectuar el servidor, como sucede en los casos en que las
acciones u omisiones que causaron el daño persiguieron un fin legítimo y no se realizaron de mala fe; (iii)
Precaver que el monto a reintegrar no sea mayor a la obligación impuesta al Estado, con lo cual, por ejemplo,
el funcionario no debe asumir los intereses que se causen desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria
hasta su efectivo pago por parte de la administración; e (iv) Identificar el verdadero valor del daño atribuible al
agente, ya que, en algunas ocasiones, la condena al Estado puede verse seriamente incrementada por factores
ajenos a la voluntad del servidor y que, por ello, no le resultan imputables”. Cfr. Corte Constitucional SU 354 de
2020. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
la totalidad de las consecuencias patrimoniales asumidas por la entidad, por lo
que no resulta factible acceder a la alzada de la entidad. Por lo anterior, el
quantum a favor del Distrito y a cargo de Evelyn Tatiana Beltrán se mantendrá
en el 45% del monto que se condena a la entidad territorial.
292. Dado que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 678 de 2001, debe
establecerse un plazo para que el demandado pague la condena, la Sala
considera razonable, en atención al criterio pacífico adoptado por esta
Subsección, otorgar el término de 6 meses para que se proceda a la cancelación
de la condena aquí impuesta.
Condena en costas
293. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del
Código de Procedimiento Civil, actualmente CGP. Según lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 ibidem, la Sala impondrá condena en costas en esta
instancia al consorcio Construcciones C-2023 y a Evelyn Tatiana Beltrán Sierra,
en razón de que sus respectivos recursos fueron resueltos de manera
desfavorable.
294. No así para el Distrito de Medellín, conforme a lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA, en tanto el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de
llamamiento en garantía con fines de repetición es uno de aquellos en los que
se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio
público.
295. El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una nulidad y
restablecimiento del derecho y un llamamiento en garantía con fines de
repetición, procesos que comportaron la intervención efectiva de los sujetos
procesales en la segunda instancia. En esa línea la actuación desplegada por la
accionante (consorcio Génesis) y el llamante (Distrito de Medellín) comprendió
la interposición, sustentación y contradicción de los recursos de apelación y la
designación de apoderados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses,
gestiones que generan agencias.
296. En el presente asunto, las agencias en derecho se fijan con observancia de
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016164 en consideración a la fecha de presentación de la
demanda. En consecuencia, para esta instancia se determinan: (i) a cargo del
consorcio Construcciones C-2023 y a favor del consorcio Génesis, un (1) salario
mínimo legal mensual vigente al momento de la ejecutoria de esta providencia;
y (ii) a cargo de la llamada en garantía Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y en favor
164
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que las agencias en derecho en segunda instancia
causadas en procesos declarativos serán “entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
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Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
del Distrito de Medellín, un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento
de la ejecutoria de esta providencia.
297. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
298. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, cuya parte resolutiva queda así:
“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad
formulada por dos de los llamados en garantía, acorde con los
razonamientos expuestos con antelación.
SEGUNDO: NEGAR la tacha formulada por la apoderada de la llamada
en garantía Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, respecto de la declaración del
señor Carlos Mario Henao Urrego, por las razones indicadas
previamente.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución n.° SSS
2023500048896 del 20 de junio de 2023, expedida por la Secretaría de
Suministros y Servicios del Distrito de Medellín, mediante la cual se
adjudicó el proceso de licitación pública n.° 70007451 de 2022 y de la
Resolución aclaratoria n.° SSS 202350049607 del 21 de junio de ese
mismo año, teniendo en cuenta los argumentos plasmados en la parte
motiva de la sentencia.
CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, al
Distrito de Medellín, a pagar al consorcio Génesis, por el perjuicio
causado, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $2.358.935.200,80,
correspondiente a la utilidad que esperaba obtener del contrato, ya
indexada conforme a lo previsto en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con
fundamento en la fórmula indicada en la parte motiva.
QUINTO: DECLARAR la nulidad absoluta del Contrato n.° 4600098664
del 30 de junio de 2023, suscrito por la señora Evelyn Tatiana Beltrán
Sierra, en calidad de secretaria de suministros y servicios del Distrito de
Medellín y el representante legal del consorcio Construcciones C-2023,
de conformidad con las consideraciones esbozadas en precedencia.
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Radicación: 05001233300020240003001 (73.079)
Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
SEXTO: DISPONER que las restituciones mutuas derivadas de la
declaratoria de nulidad operan mediante el subrogado pecuniario y la
compensación de las prestaciones efectivamente ejecutadas entre las
partes, atendiendo a que la causal de nulidad del negocio jurídico
correspondió a la descrita en el artículo 44 literal 4 de la Ley 80 de 1993,
por lo que no hay lugar a realizar la devolución de la utilidad percibida por
parte del consorcio Mecamed 2023 al Distrito de Medellín.
SÉPTIMO: NEGAR el reconocimiento de intereses moratorios solicitado
por la parte demandante, con fundamento en lo indicado en la parte
motiva de la decisión.
OCTAVO: DECLARAR civil y patrimonialmente responsable a la llamada
en garantía, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, a título de culpa grave, por el
perjuicio ocasionado al consorcio Génesis cuya indemnización fue
impuesta al Distrito de Medellín, en los términos del restablecimiento del
derecho reconocido en esta providencia.
NOVENO. CONDENAR a Evelyn Tatiana Beltrán Sierra a reembolsar a
favor del Distrito de Medellín el 45% del valor que esta entidad deba
reconocer y pagar al Consorcio Génesis por concepto del
restablecimiento del derecho, en los términos dispuestos en esta
providencia.
DÉCIMO: FIJAR para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral
NOVENO de esta providencia, el plazo de seis (6) meses contados a
partir del día siguiente en que el Distrito de Medellín efectúe el pago al
Consorcio Génesis, plazo dentro del cual Evelyn Tatiana Beltrán Sierra
deberá reembolsar a dicha entidad el 45% del valor efectivamente
pagado por concepto del restablecimiento del derecho aquí decretado.
DECIMO PRIMERO: NEGAR la pretensión de responsabilidad civil y
patrimonial formulada contra Luisa Fernanda Gómez Villegas y Rubén
Darío López en consideración de los argumentos plasmados en la
motivación precedente.
DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR en costas de primera instancia, al
Distrito de Medellín a favor del consorcio Génesis y a Evelyn Tatiana
Beltrán Sierra a favor de la entidad, en el mismo porcentaje de la condena
que se le asignó.
DÉCIMO TERCERO: Désele cumplimiento a esta sentencia en los
términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.
DÉCIMO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, archívese
el expediente’’.
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Demandante: Consorcio Génesis
Demandado: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
SEGUNDO: ACTUALIZAR la condena impuesta al Distrito de Medellín a título de
restablecimiento del derecho y a favor del consorcio Génesis por el valor de DOS
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($2.496.725.674,43).
TERCERO: CONDENAR en costas en la segunda instancia (i) a cargo del consorcio
Construcciones C-2023 y a favor del consorcio Génesis, y (ii) a cargo de la llamada
en garantía Evelyn Tatiana Beltrán Sierra y en favor del Distrito de Medellín, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias
en derecho en la segunda instancia, se fija, en cada caso, la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia.
CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador .
igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el
código QR que aparece a la derecha.
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