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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2019-00252-01

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2019-00252-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 1 de septiembre de 2022, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 90 El proceso inició con posterioridad al 2 de julio de 2012. Por tanto, se rige por el CPACA de acuerdo con su artículo 206. 29 Radicación: 63001233300020190025201 (69.233) Actor: Municipio de Armenia Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y otros Referencia: Controversias contractuales TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-33-000-2019-00252-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 63001233300020190025201 (69.233)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y otro
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - las obligaciones que emanan del negocio jurídico deben
tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora – NULIDAD DE CONTRATOS ESTATALES - El artículo
44 de la Ley 80 de 1993 establece causales especiales de nulidad absoluta para los contratos estatales y,
además, indica que serán nulos en los casos previstos en el derecho común – EFECTO DE LA NULIDAD DE UN
CONTRATO ESTATAL - La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impide el pago de
las prestaciones ejecutadas. Además, cuando la causal de nulidad del contrato es objeto o causa ilícita, el
reconocimiento de esas prestaciones procede siempre que la entidad estatal contratante se hubiera beneficiado

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

La controversia versa sobre la validez de un contrato interadministrativo en virtud del
cual se contrató a una empresa industrial y comercial del Estado para efectuar la
determinación de una contribución de valorización.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 1 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió la
siguiente decisión:

“Primero: Declarar de oficio la nulidad absoluta del Contrato Interadministrativo No. 014
de 2015 celebrado entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano,
EDUA, por las razones expuestas.

Segundo: Niéguese las pretensiones de la demanda.

Tercero: Se compulsan copias de estas actuaciones a la Procuraduría General de la
Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para los efectos descritos en la parte
considerativa de esta decisión.

Cuarto: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, archívese oportunamente el expediente y
déjense las anotaciones correspondientes en el Sistema SAMAI”1.

1
Exp. digital, doc. 039.

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada2 por el municipio de
Armenia en contra de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. (“EDUA”)
y la Aseguradora Solidaria de Colombia (la “aseguradora”)3, cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: DECLARAR administrativamente responsable en el ámbito contractual a la
entidad estatal con razón social Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA
EDUA, identificada con NIT. 890001424-3 por el título de imputación jurídica de
incumplimiento en la no ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato
interadministrativo No 014-2015, suscrito con el Municipio de Armenia, identificado con
NIT. 890000464-3.

SEGUNDA: CONDENAR como consecuencia de la imputación por el daño antijurídico
de naturaleza contractual, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA,
identificada con NIT. 890001424-3, y al garante Aseguradora Solidaria de Colombia,
identificado con NIT. 860.524.654-6 póliza N° 300-47-994000007794, haciendo efectiva
para pago la cláusula penal pecuniaria contenida en la cláusula décimo quinta del
negocio jurídico, a título de tasación anticipada del perjuicio, equivalente al 10% del valor
total del contrato estatal, es decir, la suma de SEISCIENTOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON OCHO CENTAVOS ($605.496.338,8).

TERCERA: Solicito se sirva proceder a efectuar o realizar la liquidación judicial del
contrato toda vez que no se ha producido una liquidación previa bilateral o unilateral”4.

Hechos

4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante relató los siguientes hechos5:

5. El 25 de mayo de 2015, el municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia (“EDUA”) suscribieron el contrato interadministrativo No. 014,
cuyo objeto era la “operación del proceso administrativo para la determinación de la
contribución de valorización autorizada mediante acuerdo No. 020 del 23 de octubre
de 2014”. El contrato tuvo un plazo inicial de siete meses y seis días, el cual fue
prorrogado en tres ocasiones, por lo que su ejecución se prolongó hasta el 31 de
marzo de 2017.

6.El valor total del contrato fue de $6.054’963.388. Inicialmente, se pactó que (i) el
50% se entregaría a título de anticipo, (ii) el 45% una vez se demostrara la “ejecución”
de la mitad del anticipo y (iii) el 5% restante tras la presentación del informe final que
detallara el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. No obstante, las
partes modificaron la forma de pago y acordaron que el valor se cancelaría contra
actas parciales de ejecución, dejando un saldo de $72’364.034 que se pagaría a la
entrega del informe final.

2
La demanda se presentó el 5 de diciembre de 2019 (Exp. digital, doc. 06).
3
Esta compañía aseguradora fue la que expidió la garantía única de cumplimiento del contrato interadministrativo
014 de 2015 (Exp. digital, 3.CD (Folio 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, pp. 161-171).
4
Exp. digital, doc. 03, p. 3.
5
Exp. digital, doc. 03, p. 3-24.

2

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

7. Las obligaciones a cargo de la EDUA se dividieron en varios componentes:

8. El componente jurídico comprendía la elaboración de actos administrativos e
informes relacionados con la reglamentación, distribución y liquidación de la
valorización; la entrega de un software de liquidación de la valorización; la defensa
jurídica frente a recursos judiciales o administrativos relacionados con la contribución;
y la creación de un archivo físico y electrónico de los documentos relacionados con
la determinación de la contribución.

9. El componente de participación ciudadana abarcaba actividades de divulgación y
atención al ciudadano sobre el proceso de liquidación individual de la contribución.

10. El componente técnico estaba integrado por un subcomponente catastral y el plan

de obras. El primero incluía el análisis de usos del suelo, el censo de predios y
propietarios y la determinación de la zona de influencia de la valorización. El plan de
obras comprendía la entrega de avalúos al municipio para adelantar la gestión
predial, el seguimiento al avance del plan de obras y la divulgación de su progreso a
la ciudadanía.

11. El componente predial incluía la entrega de informes sobre el proceso de gestión,

la estrategia para la adquisición de predios y soportes del cumplimiento de la promesa
de valor en lo referente al pago de indemnizaciones. Asimismo, abarcaba la
elaboración de la estrategia para un plan de desarrollo territorial.

12. El componente de marketing y publicidad incluía la creación de una marca y la

implementación de una campaña de expectativa sobre todos los aspectos inherentes
a la valorización. Adicionalmente, el contratista tenía a su cargo obligaciones
generales como realizar una mesa de trabajo técnica mensual con el secretario de
infraestructura y el supervisor del contrato, velar por la correcta utilización de los
recursos, rendir el informe final de ejecución y liquidar el contrato.

13. El demandante afirmó que la EDUA cumplió defectuosamente sus obligaciones, lo

que resultó en un saldo pendiente de pago cuyo giro no fue autorizado por el
supervisor. Al respecto, indicó que aunque hay informes que reflejan las actividades
desarrolladas, el contratista desatendió parcial o totalmente varias de las
prestaciones de los diferentes componentes del contrato interadministrativo. El
municipio planteó que la ausencia de soportes sobre el desarrollo de ciertas
actividades demuestra el incumplimiento de la EDUA.

14. En relación con el componente jurídico, el demandante señaló que el elevado

número de recursos de reconsideración, así como de facturas revocadas y
reliquidadas, evidencian que el contratista no realizó adecuadamente sus labores
respecto a los actos administrativos de distribución o liquidación individual de la
valorización. Además, expresó que aunque se entregó un modelo financiero para la
liquidación de las contribuciones, la obligación del contratista era proporcionar un
software. Asimismo, el municipio aseveró que la EDUA incumplió sus prestaciones
de defensa jurídica y administrativa, por no haber atendido la totalidad de derechos
de petición y recursos contra los actos de liquidación de la contribución. Finalmente,

3

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

manifestó que el contratista no cumplió la obligación de archivar la documentación
relacionada con los procesos de valorización.

15. Frente al componente técnico, el demandante alegó que la EDUA incumplió sus

obligaciones de determinación de los aspectos físicos, catastrales y normativos de
los suelos y sus diferentes usos. También mencionó que no realizó adecuadamente
el censo de la población en la zona de influencia. Además, indicó que el contratista
ejecutó defectuosamente la entrega de los avalúos y el cálculo de las contribuciones.

16. Elmunicipio afirmó que el contratista tampoco cumplió correctamente con el
componente predial. Puntualmente señaló que la EDUA no oficializó ni implementó
un plan de desarrollo territorial, ni definió la estrategia de adquisición de predios. Esto
implicó que el municipio no hubiera culminado la compra y expropiación de los
predios necesarios para la construcción de las vías financiadas con la valorización.

17. Por último, el demandante indicó que la EDUA tampoco ejecutó adecuadamente

sus obligaciones de implementación de una campaña publicitaria en diferentes
medios de comunicación.

Contestación de la demanda

18. La EDUA se opuso a todas las pretensiones6, contestando una a una las
imputaciones de incumplimiento del municipio, exponiendo razones fácticas que
desvirtúan el incumplimiento de cada obligación. En línea con esto, propuso la
excepción de cumplimiento de las obligaciones, señalando que en el expediente
reposan actas parciales de cumplimiento y pago suscritas por ambas partes y por el
supervisor, las cuales certifican el cumplimiento de las obligaciones y la aceptación
de los productos entregados, reflejando así la aprobación de su ejecución contractual.

19. El contratista planteó la excepción de caducidad de la acción, argumentado que

transcurrieron más de dos años entre la fecha de la última actuación contractual y la
demanda. Asimismo, se defendió señalando que el municipio no expidió un acto
administrativo que declarara el incumplimiento, lo que contradice la conducta del
demandante, ya que durante el desarrollo del contrato aceptó los productos
entregados por la EDUA. En esta línea, planteó que si el municipio estaba
insatisfecho con su comportamiento contractual, debió ejercer sus prerrogativas
legales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
Finalmente, la entidad ejecutora sostuvo que no se acreditaron los elementos de la
responsabilidad y pidió que se declare de oficio cualquier excepción que aparezca
probada.

20. La aseguradora demandada también se opuso a las pretensiones 7 alegando la

prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. El argumento se basó en
que el contratante no hizo efectiva la póliza de cumplimiento dentro de los dos años
siguientes al momento en el que se evidenció el incumplimiento. Adicionalmente,
invocó la caducidad de la acción.

6
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA.
7
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, AseguradoraSolidaria.

4

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

21. Por otra parte, la compañía de seguros invocó como excepción la proporcionalidad

de la cláusula penal, solicitando ajustar la eventual sanción al porcentaje de
incumplimiento. Asimismo, alegó la culpa del demandante, argumentando que todo
el tiempo tuvo supervisores que aprobaron los pagos por el avance parcial, lo que
denota aquiescencia y satisfacción por parte de la entidad durante la ejecución del
contrato. En este sentido, la aseguradora sostuvo que el demandante pretende
beneficiarse de su propia culpa al no haber utilizado sus prerrogativas de apremio y,
posteriormente, alegar el incumplimiento tras el vencimiento del plazo.
Adicionalmente, señaló la falta de acreditación del siniestro por parte del
demandante, aclarando que la póliza no implica un pago automático por parte del
asegurador, sino que el municipio debía acreditar el monto efectivo del perjuicio, lo
que no realizó.

22. Finalmente, la compañía aseguradora planteó como excepción la obligación del

contratista de reembolsarle cualquier suma que tuviera que pagar al municipio, en
virtud de la subrogación pactada en la póliza de cumplimiento8. Además, afirmó que
el amparo de cumplimiento tenía un límite de $605’496.338, monto máximo por el
que debería responder la aseguradora.

Alegatos en primera instancia

23. Surtida la etapa probatoria9, el demandante presentó sus alegatos de conclusión10,

en los que reiteró sus argumentos. Planteó que no operó la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro, debido a que se percató del incumplimiento en la
etapa de liquidación. Además, afirmó que aunque se estimara que el incumplimiento
ocurrió desde el inicio del contrato, la acción en todo caso sería oportuna bajo el
término de prescripción extraordinaria (cinco años).

24. Por otra parte, el demandante planteó que el hecho de haber realizado pagos

parciales, previamente aprobados por el supervisor, no desvirtúa los incumplimientos
de la EDUA. Señaló que el pago final se sujetó al cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones, por lo que fue sólo hasta el vencimiento del plazo del contrato cuando
el municipio tuvo certeza de la ejecución defectuosa de varias obligaciones, lo que
condujo a que se abstuviera de pagar la última cuota. Según el municipio, esto
demuestra que los pagos previos no constituyeron una aceptación del cabal
cumplimiento del contratista.

8
Se anota que, aunque la asegurada solicitó el reembolso por vía de la subrogación, no llamó en garantía al
contratista (tomador).
9
En la audiencia inicial del 31 de agosto de 2021 (Exp. digital, doc. 048) se decretaron como pruebas las
documentales aportadas con la demanda y las contestaciones de la EDUA y de la Aseguradora Solidaria de
Colombia, así como las aportadas en el traslado de las excepciones por el municipio. Por solicitud de la EDUA se
ofició al municipio para que informara si había utilizado el software “impuestos plus” para la liquidación de la
contribución de valorización (Exp. digital, doc. 050, 39.1) y a la empresa SMART TMT S.A.S. para que rindiera
información sobre los contratos celebrados con el municipio entre 2005 y 2016 (doc. 050, 39.3). Adicionalmente,
se decretaron los siguientes testimonios por solicitud de la EDUA: (i) Carlos Alberto Hurtado Plazas (no se
presentó a la audiencia), (ii) César Ovidio Rodríguez Gil (no se presentó a la audiencia) y (iii) Jorge Fernando
Ospina Gómez (no se presentó a la audiencia).
10
Exp. digital, doc. 053, Carpeta Alegatos, 50.2Demandante.

5

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

25. El demandante señaló que la teoría de los actos propios no es aplicable a los

contratos estatales, debido a que las entidades públicas tienen el deber legal de
actuar y reaccionar frente a los incumplimientos de sus cocontratantes en defensa
del interés general, al margen de la conducta que hubieran adoptado previamente.
Por último, puso de presente que el municipio cumplió todas sus obligaciones y que
la cláusula penal lo releva de probar el monto de los perjuicios sufridos.

26. La aseguradora presentó alegatos en los que reiteró los argumentos esbozados

en su contestación de la demanda11. Adicionalmente, manifestó que no se
acreditaron los elementos de la responsabilidad y que las valoraciones del
demandante son apreciaciones subjetivas sobre el comportamiento del contratista,
pero no se demostró el incumplimiento.

27. La EDUA y el Ministerio Público guardaron silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada12

28. El Tribunal declaró de oficio la nulidad del contrato aduciendo que tiene objeto

ilícito y contraviene la “prohibición legal expresa” contenida en el numeral 4 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación directa13. La decisión se
fundamentó en dos razones: (i) la falta de idoneidad de la entidad ejecutora para
prestar los servicios contratados y (ii) el vaciamiento de la competencia administrativa
del municipio en relación con la contribución de valorización.

29. El Tribunal afirmó que el objeto de la entidad ejecutora consiste en el desarrollo de

proyectos urbanísticos, de ordenación del espacio público y de seguridad y movilidad
vial, así como en apoyar la gestión de entes públicos y privados en el desarrollo de
programas y proyectos. Sin embargo, el Tribunal estimó que estas actividades no se
relacionan con las actividades de elaboración de estrategias de publicidad, diseño de
software, defensa jurídica, archivo y atención al ciudadano, entre otras comprendidas
por el contrato. Asimismo, manifestó que la “reglamentación y liquidación” de la
contribución de valorización no se vincula con el objeto social de la EDUA. En
consecuencia, concluyó que la entidad carecía de la idoneidad técnica y la
experiencia necesarias para ejecutar el negocio jurídico, lo que se demuestra con el
hecho de que tuvo que subcontratar gran parte de las obligaciones a su cargo.

30. Adicionalmente, el Tribunal afirmó que el municipio no solo se apoyó en el
contratista, sino que le transfirió la totalidad de la función administrativa. Sobre este
punto, indicó que la EDUA debía realizar labores como elaborar los actos

11
Exp. digital, doc. 053, Carpeta Alegatos, 50.1Solidaria.
12
Exp. digital, doc. 039.
13
Ley 1150 de 2007, art. 2: “(…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa,
solamente procederá en los siguientes casos: (…) c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto
de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen
en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2
del presente artículo. (…)”

6

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

administrativos de determinación del monto distribuible de la valorización. Además,
se le encargó defender a la entidad frente a los recursos interpuestos en vía
gubernativa e, inclusive, asumir su defensa en sede judicial.

31. En concordancia con lo anterior, el Tribunal expresó que la EDUA actuó como

intermediaria de intereses privados, toda vez que subcontrató gran parte de las
obligaciones del contrato y desarrolló toda la función administrativa que le
correspondía al municipio en materia de la contribución de valorización.

32. El Tribunal no ordenó las restituciones mutuas, aduciendo que no se probó que las

prestaciones cumplidas por el contratista hubieran servido para satisfacer el interés
público.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

33. El municipio pidió que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las

pretensiones de la demanda14. En primer lugar, expresó que el objeto de la EDUA
comprende la ejecución de proyectos urbanos en el espacio público que permiten
implementar los programas de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
asociados a la provisión de infraestructura social y vial. Agregó que los acuerdos
municipales 017 de 2012 y 019 y 020 de 2014 aprobaron una contribución de
valorización para la ejecución de un proyecto de desarrollo urbano, que comprendía
un plan de obras viales y la intervención del espacio público. Por ende, adujo que el
objeto del contrato debió analizarse a la luz del concepto de desarrollo urbanístico
definido en la Ley 9 de 1989, lo que lleva a concluir que la EDUA sí era una persona
jurídica idónea para su ejecución.

34. Por otra parte, indicó que el análisis respecto al vaciamiento de las funciones

administrativas tiene una connotación distinta cuando las dos partes del contrato son
entidades públicas. Sobre este punto, afirmó que el Tribunal no consideró esta
característica del contrato interadministrativo, ya que resolvió el caso como si se
hubieran delegado funciones a un particular.

35. En relación con la reglamentación y liquidación del tributo, el demandante adujo

que la contribución de valorización fue decretada mediante el Acuerdo Municipal No.
20 de 2014, donde se determinaron los elementos del tributo. En razón de lo anterior,
el municipio argumentó que la ejecución del contrato no tuvo ningún tipo de incidencia
en la determinación de los elementos que componen la contribución.

36. El municipio también señaló que el alcalde delegó a la Secretaría de
Infraestructura las funciones de reglamentar la contribución y resolver los recursos
de reconsideración. Esta delegación se realizó en consonancia con las potestades
del alcalde y cumplió los requisitos legales, ya que el acto administrativo fue
debidamente firmado por la alcaldesa y revisado por los secretarios del despacho y
directores de departamentos de la administración municipal. En consecuencia, el
ente territorial indicó que la Secretaría de Infraestructura fue la que expidió las
facturas de liquidación de la valorización y las decisiones que resolvieron los recursos

14
SAMAI Tribunal, índice 054.

7

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

de reconsideración. Además, destacó que el Departamento Administrativo Jurídico
del municipio fue el que llevó a cabo la defensa de los actos administrativos, tanto
generales como particulares, asociados a la contribución.

37. El municipio planteó que ninguna de las obligaciones del contrato implicó para el

contratista ejercer las funciones de cobro coactivo, recaudo o devolución de los
dineros asociados a la contribución, labores que estuvieron en cabeza del
Departamento Administrativo de Hacienda. Por último, alegó que un gran número de
obligaciones del contrato no fueron analizadas por el Tribunal ―sin precisar cuáles―,
lo que era necesario para adoptar una decisión de nulidad total o parcial.

38. La EDUA también pidió que se revoque la sentencia argumentando que el contrato

cumplió con las normas vigentes al momento de su celebración15. En relación con el
objeto de la entidad ejecutora, explicó que desde la constitución la sociedad fue
creada para contribuir al desarrollo urbano de la ciudad y su área de influencia,
desarrollar proyectos urbanísticos y trabajar en la ejecución de políticas públicas en
materia de movilidad, aspectos sobre los cuales tiene vasta experiencia.

39. El contratista afirmó que los Acuerdos Municipales 017 de 2012 y 019 y 020 de

2014 se expidieron para que la administración implementara medidas de desarrollo
urbano. En este sentido, argumentó que, dado que el proyecto de valorización es un
“macroproyecto urbano” que requiere múltiples acciones técnicas en diversos
campos, la EDUA sí contaba con la experiencia para brindar el acompañamiento
institucional en la estructuración técnica, administrativa, financiera y legal del
proyecto a financiar con la valorización.

40. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

41. Corresponde a la Sala determinar si el contrato interadministrativo está viciado de

nulidad absoluta, para lo cual deberá verificar el acierto de las razones que llevaron
a tal declaración por parte del Tribunal16.

42. La Sala confirmará la decisión del Tribunal de declarar la nulidad absoluta del

contrato interadministrativo 014 de 2015. Como ruta de análisis para arribar a la
conclusión indicada, la Sala (i) reseñará los hechos probados relacionados con la
contribución de valorización decretada por el Concejo Municipal de Armenia; (ii)
examinará el contenido obligacional del contrato interadministrativo y el objeto de la
entidad ejecutora; (iii) determinará si las obligaciones derivadas del negocio jurídico
tienen relación directa con el objeto de la EDUA; y, (iv) establecerá la causal de
nulidad absoluta que se configuró.

15
SAMAI Tribunal, índice 053.
16
Conforme al artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse únicamente sobre los
argumentos del apelante. No obstante, cuando ambas partes apelan toda la sentencia, el superior tiene la facultad
de resolver sin limitaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las decisiones que el fallador deba adoptar de oficio,
como las atinentes a la caducidad o a la nulidad del contrato estatal.

8

Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

43. El literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado
parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, autoriza la celebración
de contratos interadministrativos mediante la modalidad de contratación directa,
siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora. La autorización para contratar directamente no
opera frente a contratos de obra, suministro, evaluación de conformidad técnica,
encargos fiduciarios o fiducia pública ejecutados por instituciones públicas de
educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria
estatal, asociación de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes
territoriales17. Antes de determinar si las obligaciones del contrato interadministrativo
guardan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, es necesario analizar
la naturaleza de la contribución de valorización, aspecto central del objeto
contractual.

La contribución de valorización decretada por el Concejo Municipal de Armenia

44. El 23 de octubre de 2014, el Concejo Municipal de Armenia promulgó el Acuerdo

No. 20, mediante el cual decretó una contribución de valorización para financiar un
plan que incluía doce (12) obras de infraestructura de transporte, como vías,
intersecciones y conexiones, por un costo aproximado total de $126.107’810.133 18.
Según el artículo 1º del Acuerdo, este plan de obras estaba contemplado en el Plan
de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015,
adoptado mediante el Acuerdo No. 019 de 201419.

45. En el capítulo II del Acuerdo No. 20 de 2014, el Concejo Municipal determinó el

hecho generador del gravamen, señalando que consistía en la realización del plan
de obras de interés público descrito anteriormente. Por otro lado, estableció que el
sujeto activo de la contribución era el municipio de Armenia. Asimismo, por remisión
al Acuerdo 017 de 2012 —mediante el cual se adoptó el estatuto de rentas del
municipio— y a la Ley 1607 de 2012, determinó que los sujetos pasivos de esta
contribución especial eran las personas naturales y jurídicas que tenían la calidad de
propietarios, poseedores o usufructuarios de los bienes que recibirían el beneficio
derivado de la construcción de las obras.

17
Ley 1150 de 2007, art. 2: “(…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa,
solamente procederá en los siguientes casos: (…) c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto
de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen
en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2
del presente artículo. (…)”
18
Las obras objeto de financiación se identificaron en el Acuerdo de la siguiente manera: Vía Montecarlo tramo
II, intersección vial Los Kioscos, Avenida de Occidente tramo III, Vía de Yulima, intersección Mercaderes del
Norte, Vía La Colonia, Avenida Centenario, intersección vial Puente Constitución, Conexión Castellana – Coinca,
Avenida 19 Norte tramo II, conexión carrera 15 tramos I y II, y Proyecto Estratégico Detonante Estación Terminal
Turística.
19
Si bien no se trata de una norma de alcance nacional, el Acuerdo está publicado en la página web de la entidad,
por lo que no es necesaria su aportación al proceso por las partes (art. 177 CGP). El Acuerdo 020 de 2014 puede
consultarse en el siguiente enlace: https://www.armenia.gov.co/wp-
content/uploads/valorizaci%C3%B3n/3_ACUERDO_020_DE_2014.pdf

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otros
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46. En el artículo 7º del Acuerdo, el Concejo Municipal estableció que la base gravable

o monto inicial de la valorización era de $126.107’810.133. Sin embargo, indicó
expresamente que este valor debía ser actualizado y ajustado por el Consejo de
Valorización Municipal, conforme a los estudios de factibilidad del proyecto, mediante
una resolución que fijara el monto final distribuible y estableciera los lineamientos
generales para la liquidación del tributo en cada predio. Por otro lado, en el artículo
8º se estableció que, para determinar el beneficio económico derivado de la ejecución
de las obras, se adoptaba el método de comparación con obras similares y avalúo
simple.

47. En el artículo 9º del Acuerdo, el Concejo Municipal estableció que, para estimar

las “contribuciones individuales (tarifa)”, se adoptaría el método de los factores de
beneficio, previsto en el artículo 28 del Acuerdo 022 del 2000 y en el artículo 131 del
estatuto de rentas del municipio. Además, se determinó que la Secretaría de
Infraestructura de la Alcaldía Municipal sería responsable de liquidar la contribución
con base en factores o coeficientes que evaluaban las características de cada predio:
(i) factor del valor del beneficio, (ii) factor socioeconómico, (iii) factor de destinación
económica y (iv) factor de altura o pisos.

48. El artículo 11 del Acuerdo dispuso que antes de la liquidación individual de la

contribución, la Secretaría de Infraestructura sería responsable de identificar las
características físicas, jurídicas, económicas y cartográficas de los inmuebles
beneficiados. Además, el artículo 12 otorgó al alcalde municipal la facultad de expedir
un decreto para reglamentar la convocatoria, elección y competencias de una junta
que representaría a los propietarios y asociaciones gremiales beneficiadas por la
valorización. Los artículos 16 y 17 del Acuerdo establecieron que el acto
administrativo de liquidación individual de la contribución podría expedirse mediante
factura, contra la cual procedería el recurso de reconsideración. Finalmente, el
artículo 28 del Acuerdo autorizó al alcalde municipal para reglamentar “todo lo que
deba ser objeto de regulación por la expedición del presente Acuerdo” dentro de los
180 días siguientes a su publicación.

49. La revisión de las principales disposiciones del Acuerdo No. 20 de 2014 permite

considerar que la decisión del Concejo Municipal de decretar el cobro de la
contribución para financiar doce obras de infraestructura de transporte no era
suficiente para que la Alcaldía Municipal pudiera proceder con su recaudo,
administración y cobro. Por un lado, era necesario realizar operaciones
administrativas previas, como la definición de las características físicas, jurídicas,
económicas y cartográficas de los inmuebles beneficiados. Por otro lado, debían
llevarse a cabo actuaciones jurídicas adicionales: (i) la reglamentación del acuerdo
que decretó la contribución, (ii) la determinación definitiva del monto distribuible de la
valorización y (iii) la liquidación individual de la contribución correspondiente a cada
predio beneficiado.

50. Lanecesidad de desarrollar estas actuaciones administrativas se imponía por
razón de la naturaleza particular de un régimen impositivo y la contribución vinculada
al mismo.

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51. En términos generales, la contribución de valorización refiere a una prestación

impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o
actividad de interés colectivo. En este sentido, si bien la realización de la obra no
depende de la solicitud del contribuyente, le reporta un beneficio; por ello, se liquida
en función de dicho beneficio con el fin de financiar sus costos20. Dado que los costos
directos e indirectos de la obra así como el beneficio que aporta su ejecución, no
pueden determinarse ex ante, el principio constitucional de predeterminación de los
elementos del tributo se atempera.

52. El artículo 338 de la Constitución Política autoriza que los acuerdos faculten a las

autoridades administrativas municipales para fijar la tarifa de las contribuciones
cobradas como recuperación de los costos de los servicios prestados o como
participación en los beneficios proporcionados. Sin embargo, también establece que
el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, así como la forma de
distribuirlos, deben fijarse en el acuerdo correspondiente21. En este sentido, el
principio de legalidad tributaria impone la predeterminación de los criterios básicos
para (i) fijar el costo de la obra, (ii) calcular el beneficio que ella reporta y (iii)
establecer la distribución de ambos entre quienes resultan beneficiados, siendo estos
factores los que podrían asimilarse a la tarifa del tributo22. Así, el artículo 338 de la
Constitución permite a las autoridades administrativas, como el alcalde municipal,
desempeñar un papel decisivo en la configuración del tributo, siempre que los
órganos de representación popular (concejos) hayan establecido previamente el
sistema y el método para ello23.

53. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala centrará su análisis en

los estudios previos y el contrato celebrado entre el Municipio de Armenia y la EDUA.
Como se verá a continuación, en virtud de este negocio jurídico, además de las
actuaciones materiales necesarias para determinar el monto distribuible de la
valorización —integrado por los costos directos e indirectos de las obras y el beneficio
que estas reportaban—, la EDUA se obligó a ejecutar una serie de prestaciones
directamente relacionadas con las actuaciones jurídicas mencionadas previamente:
(i) la reglamentación del acuerdo que decretó la contribución, (ii) la determinación
definitiva del monto distribuible y (iii) la liquidación individual de la contribución
correspondiente a cada predio beneficiado.

20
C.E., Secc. Cuarta, exp. 19872, sep. 17/2014. Al respecto, ver: Plazas V., Mauricio, Los tributos vinculados
(2000), Estud. Socio-Juríd vol.2 no.1 Bogotá, ISSN 0124-0579. Disponible en: Los tributos vinculados.
21
Constitución Política, art. 338: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y
los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten
o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”
22
Corte Constitucional, Sent. C-155 de 2003.
23
Ibid.

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El contenido obligacional del contrato interadministrativo

54. Los estudios previos indicaron que el origen del proceso de contratación se
encontraba en el programa de modernización física contemplado en el plan de
desarrollo del municipio de Armenia y en el Acuerdo 020 de 2014, que decretó la
contribución de valorización como mecanismo de financiación de doce obras viales24.
Dado que era necesario realizar una serie de actividades materiales y jurídicas para
implementar la contribución, el Municipio señaló que su necesidad se concretaba en
contratar la “operación del proceso administrativo para la determinación de la
contribución de valorización autorizada mediante Acuerdo No. 020 del 23 de octubre
de 2014”25. A raíz de ello, la Secretaría de Infraestructura expidió la Resolución 090
de 2015, en la que justificó el uso del mecanismo de contratación directa para cubrir
esta necesidad. Según la parte resolutiva de este acto administrativo, se cumplían
los requisitos exigidos en el artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007 para proceder con la
contratación directa26.

55. El 25 de mayo de 2015, las partes suscribieron el contrato interadministrativo No.

014 de 2015, con el siguiente objeto: “para la operación del proceso administrativo
para la determinación de la contribución de valorización autorizada mediante Acuerdo
No. 020 del 23 de octubre de 2014”. Inicialmente, se pactó que el contrato tendría un
valor de $4.060’944.000, un plazo de siete meses y seis días, y que el pago se
realizaría en 3 cuotas: un 50% a título de anticipo, un 45% tras la ejecución de la
mitad del anticipo y el 5% restante al momento de la entrega del informe final de
cumplimiento27.

56. Según la cláusula segunda, el municipio se obligó a transferir al contratista los

recursos y la información necesarios para la ejecución del contrato, ejercer funciones
de seguimiento y control, y liquidar el negocio jurídico. Por su parte, la EDUA asumió
unas obligaciones generales consistentes en ejecutar el contrato dentro del plazo
establecido, disponer del personal necesario para cumplir eficazmente las
actividades a su cargo y entregar informes sobre los avances de las actividades.
Adicionalmente, el contrato asignó múltiples obligaciones específicas a la EDUA
orientadas a la determinación de la contribución, las cuales se agruparon en cinco
componentes asociados a la naturaleza de las actividades.

57. En el componente jurídico, el contratista debía elaborar los siguientes actos: (i) el

decreto reglamentario del Acuerdo 20 de 2024 que el Alcalde del Municipio estaba
autorizado a emitir, (ii) el acto de determinación definitiva del monto distribuible de la
valorización y (iii) los actos administrativos de carácter particular y concreto mediante
los cuales se efectuaba la liquidación individual de la contribución correspondiente a
cada predio beneficiado. Además, la EDUA debía imprimir, distribuir, notificar y
publicar los actos de liquidación individual; desarrollar un software para la liquidación
de la contribución; llevar a cabo la defensa jurídica de los actos relacionados con la

24
“Dentro de las estrategias planteadas por la Administración Municipal para este cuatrienio (…) se encuentra el
proceso de modernización física del territorio (…) En este contexto, la infraestructura vial es de particular
importancia como plataforma para el desarrollo económico y la competitividad (…)”. Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A)
Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, pp. 2-3.
25
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, p. 10.
26
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, pp. 113-124.
27
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, pp. 145-159

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Referencia: Controversias contractuales

adopción, determinación y liquidación de la contribución; proyectar informes sobre la
estrategia de publicidad y atención al ciudadano en el proceso de distribución,
liquidación y discusión de la valorización; y organizar un archivo físico y electrónico
de los documentos que se produjeran en virtud de las anteriores actuaciones.

58. En el componente técnico, las obligaciones del contratista se dividieron, a su vez,

en dos grupos: actividades catastrales y plan de obras. En cuanto a las primeras, la
EDUA se comprometió a (i) analizar la normativa frente a los usos del suelo; (ii)
actualizar el censo de predios y propietarios; (iii) verificar sistemas y métodos de
valorizaciones en otros municipios, especialmente frente a los cálculos del beneficio
por la construcción de vías; (iv) analizar la zona de influencia de la valorización y
caracterizar los predios y propietarios; (v) determinar la contribución de cada predio;
y (vi) elaborar una prueba piloto. En relación con el plan de obras, las actividades a
cargo del contratista fueron (vii) entregar avalúos para facilitar la gestión predial de
las obras y la distribución de la contribución, (viii) efectuar el seguimiento y
divulgación del plan de obras y (ix) acompañar a la Secretaría de Infraestructura en
la socialización de las obras.

59. En el componente predial, la EDUA se obligó a (i) elaborar un informe sobre el

proceso de gestión que debía seguirse para la adquisición de los predios afectados
por el proyecto, (ii) remitir evidencias de la estrategia de adquisición y formalización
de los “derechos inmobiliarios” a favor del “patrocinador”28 y (iii) entregar soportes al
municipio del cumplimiento de la promesa de valor en el pago de indemnizaciones.

60. En el componente de participación ciudadana, la EDUA asumió el deber de realizar

gestiones de convocatoria, participación y apoyo frente a los representantes de los
propietarios, de asociaciones gremiales y comunales. Además, se comprometió a
desarrollar actividades de atención al ciudadano en el proceso de liquidación
individual de la contribución de valorización.

61. En el componente de marketing y publicidad, el contratista debía crear un modelo

de comunicación, diseñar y ejecutar una campaña de expectativa y desarrollar un
plan de publicidad en diferentes canales físicos y digitales, todo ello en relación con
la determinación de la valorización.

62. En este punto, la Sala considera pertinente señalar que, según los documentos

que reposan en el expediente, las partes suscribieron cuatro adiciones al contrato,
en virtud de las cuales: (i) se aumentó el valor en $1.994’019.388 (49.1% del valor
inicial), con lo cual el contrato llegó a un valor total de $6.054.963.388; (ii) se prorrogó
el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2017; (iii) se solicitaron nuevos
servicios a la EDUA en los componentes jurídico29 y de marketing y publicidad30, así

28
Términos no definidos en el contrato.
29
En el componente jurídico, los nuevos servicios incluyeron: responder los recursos de reconsideración
interpuestos por los contribuyentes, actividades concernientes a la atención al contribuyente y defensa judicial,
identificar englobes y desenglobes en la zona de influencia, generar información para elaborar nuevas
notificaciones y facturas, elaborar resoluciones modificatorias, responder a PQRS de los ciudadanos, brindar
asesoría financiera, técnica y jurídica para la atención de reclamos de los contribuyentes, entre otras (Exp. digital,
3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo 2, pp. 234-235)
30
En el componente de marketing y publicidad, el nuevo servicio solicitado se basó en la elaboración de un plan
de medios como herramienta para establecer canales de comunicación. Este plan debía incluir un medio escrito,

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como funciones específicas de archivo31; y (iv) se modificó la forma de pago, que
pasó a realizarse mediante actas parciales de ejecución y un último pago tras la
entrega del informe final de cumplimiento32.

63. La revisión del contenido obligacional del contrato permite concluir que las distintas

prestaciones a cargo de la EDUA se ordenaron para un fin principal: determinar la
contribución de valorización autorizada por el Concejo Municipal para que el
municipio recaudara estos ingresos tributarios y financiara doce obras de
infraestructura vial. Las actuaciones materiales previstas en el contrato, como la
caracterización de los predios afectados por las obras, la elaboración de estrategias
de gestión predial y la divulgación del cobro del gravamen entre los ciudadanos,
constituían medios o actividades auxiliares para alcanzar dicho fin.

64. Por esta razón, tanto los estudios previos como la cláusula primera del contrato

establecieron que su objeto principal era la “operación del proceso administrativo
para la determinación de la contribución de valorización”. A tono con esta finalidad,
en la enunciación de las obligaciones generales, se dispuso que la EDUA debía
“[h]acer entrega de los siguientes documentos: - Informe del proceso administrativo
relacionado con la reglamentación, gestión predial, realización de avalúos,
socialización del proyecto, seguimiento a los avances de los proyectos del plan de
obras, convocatoria y elección del proceso de participación ciudadana, previos a la
determinación de la contribución de valorización”33 (Énfasis añadido).

65. Como ya explicó la Sala, para la determinación de la contribución de valorización

eran requisitos sine qua non la elaboración de: (i) el decreto reglamentario del
acuerdo que decretó la contribución, (ii) el acto que establecía el valor definitivo del
monto distribuible y (iii) los actos de liquidación individual de la contribución
correspondiente a cada predio beneficiado. La EDUA asumió estas obligaciones junto
con otras prestaciones adicionales orientadas a la expedición de dichos actos o a su
defensa. La Sala analizará si estas obligaciones del contrato interadministrativo se
relacionan directamente con su objeto, lo cual exige revisar los estatutos de la
entidad.

El objeto de la entidad ejecutora

66. Según la escritura pública de constitución 0031 del 16 de febrero de 1976, la EDUA

es una sociedad de responsabilidad limitada establecida como empresa industrial y
comercial del Estado34. Al momento de celebración del contrato objeto de este litigio,

un medio radial, un medio televisivo local, un medio de gran formato y un medio virtual. (Exp. digital, 3.CD (Foleo
16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo 2, pp. 234-235)
31
Se asignó al contratista el deber de administrar, conservar, custodiar y entregar al municipio los archivos
documentales producidos en desarrollo del contrato, utilizando las tablas de retención documental en los términos
de la Ley 594 de 2000. (Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo 2, pp.
234-235)
32
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo 2, pp. 176-210; Tomo 2, 215-
245; Tomo 6, 235-265; Tomo 6, 266-280.
33
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, expediente contractual, Tomo I, p. 154.
34
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 0331 de 1976.

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sus socios eran Empresas Públicas de Armenia S.A. E.S.P (69% de las cuotas
sociales) y el Municipio de Armenia (31% de las cuotas)35.

67. Los estatutos de la EDUA vigentes al momento de celebración del contrato se

encontraban en la escritura pública 1118 del 29 de junio de 2012. En la cláusula
quinta de los estatutos, relativa al objeto social, se enunciaron tres grupos de
actividades36.

68. El primero grupo de actividades es el siguiente:

“Formular, diseñar, promover, gestionar, y ejecutar proyectos urbanísticos y/o
inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de
expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o macro
proyecto urbano, a nivel local departamental y nacional, que incluyan entre otros
aspectos: gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, enajenación,
desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, integración y reajuste de predios,
buscando auto sostenibilidad, mediante el aprovechamiento económico que garantice
la viabilidad económica y financiera de las intervenciones en la prestación de
servicios”37.

69. Expresiones como zona de renovación urbana, espacio público o actuación
urbanística son propias de la legislación sobre ordenamiento territorial municipal, por
lo que es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 para
interpretar el objeto de la EDUA. Esta ley, promulgada con el objetivo de establecer
mecanismos que permitan a los municipios promover el ordenamiento de su territorio
y el uso equitativo y racional del suelo, distingue los conceptos de acción urbanística
y de actuación urbanística.

70. El artículo 8º establece que la acción urbanística es el medio por el cual el
municipio ejerce la función pública de ordenamiento del territorio municipal e
interviene en los usos del suelo. Asimismo, señala que esta acción se materializa en
actos administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido particular
y concreto. Estos actos incluyen, entre otros, la clasificación del territorio en suelo
urbano, rural y de expansión urbana; la determinación de zonas no urbanizables; la
calificación de terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria; y la
dirección de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos.

71. El artículo 36 de la Ley 388 de 1997 define la actuación urbanística como
actividades materiales de “parcelación, urbanización y construcción de inmuebles”,
cuyos procedimientos de gestión y ejecución dependen de las decisiones
administrativas de acción urbanística. Asimismo, establece que los actos
administrativos que autorizan estas actuaciones sí consolidan situaciones jurídicas
particulares, siendo estos las licencias de parcelación, urbanización, construcción y
otras establecidas por la normativa nacional. Finalmente, el artículo 114 de la norma
estableció que los macroproyectos urbanos constituyen el medio para ejecutar

35
Si bien en el expediente reposa la escritura pública de constitución, no se observa que se haya aportado el
acto administrativo que autorizó al alcalde de la época a constituir la sociedad. (Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A)
Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012).
36
Ibid.
37
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, pp. 7-8.

15

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actuaciones urbanas integrales, esto es, un conjunto de acciones definidas y
evaluadas técnicamente que, orientadas a la implementación de una operación
urbana de gran escala, buscan generar impactos en la estructura urbana y orientar
el crecimiento general de la ciudad.

72. El Decreto 1469 de 2010, reglamentario de la Ley 388 de 1997, establece que las

licencias urbanísticas comprenden las de urbanización, parcelación, subdivisión,
construcción e intervención y ocupación del espacio público38. Respecto de las
licencias de urbanización, indica que estas constituyen la autorización para la
creación de espacios públicos y privados, vías públicas y la infraestructura de
servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de
estos terrenos para la futura construcción de edificaciones destinadas a usos
urbanos. En cuanto a las licencias de construcción, establece que estas son la
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios, conforme a lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el artículo 11 del Decreto 1469 de 2010
precisó que no se requeriría licencia urbanística en ninguna de las modalidades
anteriores para la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional,
regional, departamental y/o municipal.

73. De conformidad con lo anterior, el objeto de la EDUA abarca un conjunto de
actividades que se despliegan en diferentes momentos (formulación, diseño y
ejecución) y que tienen como objetivo principal el desarrollo de lo que la Ley 388 de
1997 denomina actuaciones urbanísticas. Estas actividades se concretan en
intervenciones materiales planificadas en el espacio público, en zonas de renovación
y expansión urbana, así como en centros históricos y áreas sin desarrollar, con el fin
de satisfacer necesidades colectivas, como la provisión de soluciones de vivienda,
en cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.

74. El segundo grupo de actividades que se menciona en los estatutos como parte

del objeto de la EDUA es el siguiente:

“Participar con las autoridades de tránsito del nivel local, departamental o nacional en el
desarrollo de políticas públicas de seguridad vial y movilidad, operando las Zonas de
Estacionamiento Regulado o Zonas Azules, generadas para brindar movilidad, logrando
con ello el uso regulado y controlado del espacio público y generando un proceso de
cultura ciudadana”39.

75. Finalmente, el tercer grupo de actividades que se menciona en los estatutos

como parte de del objeto de la EDUA es el siguiente:

“Apoyar la gestión de las entidades públicas y/o privadas en la ejecución de actividades
para el desarrollo de políticas, programas, acciones y proyectos que adelanten estas
entidades, para lo cual podrá celebrar los convenios o contratos necesarios”40.

76. Como se observa, se trata de un enunciado marcadamente vago y general. A

primera vista, podría considerarse que habilita a la EDUA para realizar cualquier tipo

38
El Decreto 1469 de 2010 fue incorporado al Decreto Único Reglamentario del del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio 1077 de 2015.
39
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 8.
40
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 8

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de actividad que constituya gestión de apoyo a todo tipo de entidades. Sin embargo,
por las razones que se exponen a continuación, este apartado de los estatutos de la
entidad no debe interpretarse como una autorización indeterminada para ejecutar
cualquier actividad, pues, a no dudarlo, debe enmarcarse en su objeto y las fortalezas
y eficiencias que ellas representan para la gestión pública.

77. El inciso final del artículo 115 de la Constitución Política indica que las empresas

industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva del poder
público. Por otro lado, el artículo 121 establece que ninguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. En
el nivel municipal, el numeral sexto del artículo 313 de la Constitución determina que
corresponde a los concejos municipales, a iniciativa del alcalde, la creación de
empresas industriales o comerciales. En línea con estas disposiciones
constitucionales, el artículo 50 de la Ley 489 de 1998 exige que los actos de creación
de una entidad administrativa determinen plenamente su objeto y estructura
orgánica41, garantizando que se ajusten a las disposiciones legales y
constitucionales42.

78. En consecuencia, las disposiciones de los estatutos de una empresa industrial y

comercial del Estado, que adopta la forma de una persona jurídica societaria, no
pueden interpretarse de manera que se diluya el objeto para el cual fue constituida,
volviéndolo indeterminado. Aunque estas entidades desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
derecho privado43, también forman parte de la rama ejecutiva del poder público. Esto
implica que deben acatar los principios establecidos en los artículos 121 y 209 de la
Constitución Política, los cuales, por regla general, no son aplicables a las actividades
de los particulares44.

79. En segundo lugar, desde el punto de vista de las reglas jurídicas que gobiernan la

constitución y funcionamiento de las sociedades de responsabilidad limitada —forma
jurídica que se adoptó para la constitución legal de la entidad—, tampoco puede
interpretarse este apartado de los estatutos de la EDUA como una autorización para
desarrollar cualquier clase de actividad. En el derecho colombiano, solo las
sociedades por acciones simplificadas pueden tener un objeto social indeterminado45.

80. En los demás tipos societarios, los socios o accionistas deben definir “la empresa

o negocio de la sociedad”, enunciando de forma clara y completa las “actividades
principales”46. En concordancia con este requisito, la legislación mercantil dispone

41
Ley 489 de 1998, art. 50: “Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la creación de un organismo
o entidad administrativa deberá determinar sus objetivos y estructura orgánica, así mismo determinara el soporte
presupuestal de conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…)”.
42
Ley 489 de 1998, art. 68: “Entidades descentralizadas. (…) Parágrafo 1°. De conformidad con el inciso segundo
del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas
es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y
la ley a las autoridades del orden territorial”.
43
Ley 489 de 1998, art. 85
44
Corte Constitucional, Sent. 691 de 2007.
45
Ley 1258 de 2008, art. 5.5.
46
Código de Comercio, art. 110: “La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se
expresará: (…) 4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara

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que será ineficaz la estipulación que extienda el objeto social a “actividades
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con
aquél”47.

81. Así, en virtud de (i) una interpretación conforme con las normas superiores y (ii)

del principio de efecto útil de las cláusulas del contrato de sociedad, debe entenderse
que el tercer grupo de actividades mencionado en los estatutos de la EDUA incluye
el apoyo a la gestión de entidades públicas y/o privadas en la implementación de
políticas, programas y proyectos, siempre que estén relacionados con las otras dos
actividades que están debidamente determinadas. Este grupo comprende, por un
lado, intervenciones materiales planificadas en el espacio público, en zonas de
renovación y expansión urbana, centros históricos y áreas sin desarrollar, con el fin
de satisfacer necesidades colectivas como la provisión de soluciones de vivienda; y,
por otro lado, la operación de zonas de estacionamiento regulado. Interpretada de
una forma distinta, esta estipulación resultaría ineficaz de pleno derecho y debería
considerarse como no escrita (fórmula pro non scripta)48.

82. Habiendo descrito el contenido del contrato interadministrativo y el objeto de la

entidad ejecutora, corresponde a la Sala establecer si las obligaciones derivadas del
mismo tenían relación directa con el objeto de la EDUA.

Análisis de la validez del contrato interadministrativo

83. De acuerdo con lo señalado anteriormente, la revisión del contenido obligacional

del contrato interadministrativo No. 014 de 2015 pone de presente que las distintas
prestaciones a cargo de la EDUA se subordinaban a un fin principal: determinar la
contribución de valorización autorizada por el Concejo Municipal para financiar la
construcción de doce obras viales. Para la determinación de la contribución de
valorización, eran requisitos sine qua non la elaboración de: (i) el decreto
reglamentario del acuerdo que decretó la contribución, (ii) el acto que establecía el
valor definitivo del monto distribuible y (iii) los actos de liquidación individual de la
contribución correspondiente a cada predio beneficiado.

84. Las principales obligaciones derivadas del contrato interadministrativo no guardan

relación directa con el primer grupo de actividades que hace parte del objeto de la
EDUA ya que estas no corresponden al desarrollo de labores propias de la hacienda
pública municipal. En cambio, su objetivo central es el desarrollo, en diferentes etapas
(formulación, diseño y ejecución), de lo que la Ley 388 de 1997 denomina
actuaciones urbanísticas: intervenciones en el espacio público, en zonas de
renovación y expansión urbana, en centros históricos y en áreas sin desarrollar. De
hecho, cuando los estatutos de la EDUA enumeran las actividades características de
los proyectos urbanísticos (promoción, construcción, administración, enajenación,
desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, integración y reajuste de
predios) y de los proyectos inmobiliarios (gestión de vivienda), no hacen mención

y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se
extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél”.
47
Ibid.
48
Código de Comercio, art. 897: “Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se
entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.

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alguna a la valorización, ni a ningún otro aspecto directamente relacionado con
gravámenes sobre los inmuebles.

85. Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tampoco tienen
relación directa con el segundo grupo de actividades enunciado en el objeto de la
EDUA. No existe ningún vínculo, ni siquiera mediato, entre las actividades de operar
zonas de estacionamiento (actividad prestacional) y las de reglamentar un acuerdo
municipal que decreta un tributo vinculado, establecer de forma definitiva en un acto
general el monto distribuible de la valorización y elaborar los actos de liquidación
individual de la contribución correspondiente a cada predio beneficiado (actividades
de producción jurídica).

86. Finalmente, las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tampoco

tienen una relación directa con el tercer grupo de actividades que delimitan el objeto
principal de la EDUA. Como se indicó anteriormente, este grupo incluye actividades
de apoyo a la gestión de entidades públicas y/o privadas en la implementación de
programas y proyectos que constituyan actuaciones urbanísticas o de operación de
zonas de estacionamiento regulado o zonas azules. La reglamentación y
determinación de los elementos de la contribución por valorización no puede
considerarse como tal por las razones ya explicadas.

87. La Sala no desconoce que puede haber un vínculo entre la contribución por
valorización y el desarrollo de una actuación urbanística, como la construcción de
equipamientos públicos. Esto se debe a que este tributo es un gravamen que se
causa por la realización actual o potencial de una obra pública que le reporta un
beneficio al propietario o poseedor del predio que está bajo su área de influencia.

88. Sin embargo, la Sala considera fundamental distinguir entre medios y fines o entre

fuentes y usos. Una cosa es la fuente de financiación de una actividad, esto es, la
forma en que se obtienen los ingresos para financiar su ejecución. Otra cosa son los
usos, o sea, las actividades en que se consumen los fondos. En este caso, la
contribución de valorización era un medio (fuente) para financiar la ejecución de obras
viales. La construcción de estas infraestructuras (usos) era el fin último que se
perseguía con la autorización de este tributo.

89.El contrato interadministrativo entre el municipio de Armenia y la EDUA no se
celebró para que la entidad ejecutora “formulara, diseñara, promoviera, gestionara, o
ejecutara” las doce obras viales que se financiaban con la contribución especial.
Como dice textualmente la cláusula que enuncia su objeto, éste consistía en “la
operación del proceso administrativo para la determinación de la contribución de
valorización”. Esta “operación” se concretaba en la expedición de diversos actos: el
reglamento del acuerdo que decretó el tributo, el acto de determinación definitiva del
monto distribuible y las facturas mediante las cuales se liquidaba individualmente la
contribución por cada predio. Por lo tanto, la Sala concluye que las obligaciones
derivadas del contrato interadministrativo no tienen una relación directa con el objeto
de la entidad ejecutora.

90. La regla del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que exige que las

obligaciones derivadas de un contrato interadministrativo tengan una relación directa

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con el objeto de la entidad estatal ejecutora, no solo previene la elusión de las normas
de la Ley 80 de 1993, especialmente en los casos en que el régimen jurídico aplicable
a la actividad contractual de dicha entidad está exceptuado. Esta regla también
asegura que sea una persona idónea y capacitada para satisfacer la necesidad de la
entidad estatal que demanda el servicio.

91. Las pruebas que reposan en el expediente demuestran que la EDUA celebró
subcontratos para ejecutar gran parte de las actividades de los diferentes
componentes. En cuanto al componente jurídico, la Sala encuentra probado que la
EDUA subcontrató a la sociedad Montaña & Consultores Asociados S.A.S. Los
informes presentados por la entidad “ejecutora” al municipio precisaron que las
actividades de este componente fueron realizadas por dicha compañía49. Asimismo,
en los anexos de estos informes, se incluyeron los documentos elaborados por el
subcontratista, evidenciando la realización de las actividades subcontratadas50.
Finalmente, en las notas al pie de los actos administrativos firmados por funcionarios
de la Alcaldía Municipal se indica que la proyección de los documentos fue
responsabilidad del subcontratista51.

92. En definitiva, de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente,
Montaña & Consultores Asociados S.A.S. fue el que materialmente elaboró (i) el
Decreto 082 del 23 de julio de 2015, mediante el cual se reglamentó el acuerdo
municipal que decretó la contribución52; (ii) la Resolución 003 de 2015 del Consejo
de Valorización que fijó el valor definitivo del monto distribuible de la contribución 53;
y (iii) el Decreto 075 del 2 de julio de 2015 que reglamentó la conformación y
funcionamiento de la junta representativa de los propietarios y asociaciones
gremiales y comunales54.

93. En cuanto al componente técnico, la Sala encuentra probado que la EDUA también

subcontrató sus obligaciones. El primer informe entregado por el contratista indica
que la EDUA celebró el contrato de consultoría No. 05 de 2015 con el objeto de que
se realizara el “Estudio de Factibilidad para el cobro de valorización para la
financiación de proyectos que hacen parte del plan de obras a financiar a través de
la contribución de valorización (…)”55. Los anexos a este informe incluyeron la
documentación elaborada por el Consorcio de Factibilidad EDUA, que refleja las
actividades que elaboró56. El informe expresa que la entidad también suscribió el

49
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, primer informe, p.
3.
50
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, componente jurídico,
Anexos, documento jurídico.
51
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, componente jurídico,
Anexos, Decreto 082 de 2015, p.17 – Decreto 075 de 2015, p. 5.
52
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, componente jurídico,
documento Jurídico, Anexos, D. 082.
53
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, segundo informe y anexos, informe junio
2016, anexos componente jurídico, Resolución Distribuidora, Res. 003.
54
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, componente jurídico,
Anexos, D. 075.
55
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, primer informe, p.
11.
56
Entre las actividades del informe presentado por el Consorcio de Factibilidad EDUA se encuentran: entrega de
base datos con información catastral y cartográfica, actualización del censo predial, divulgación y socialización
del proyecto, límites de la zona de influencia, estudio socioeconómico, determinación del monto a distribuir,

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contrato de consultoría No. 07 de 2015 para las obligaciones del componente técnico,
cuyo objeto fue “asesorar el proceso de distribución del cobro de valorización en los
predios que hacen parte de la zona de beneficio (…)” 57. Los anexos a este informe
incluyeron los documentos elaborados por Borrero Ochoa y Asociados Ltda. en
cumplimiento de las actividades subcontratadas58.

94. En relación con el componente predial, también se encuentra probado que fue

subcontratado por la EDUA. El primer informe de actividades pone de presente que
para el efecto se celebró el contrato de consultoría No. 03 de 2015, con el siguiente
objeto: “gestión inmobiliaria para la adquisición de los derechos inmobiliarios,
diagnósticos jurídicos y catastrales” de los terrenos requeridos para ejecutar el plan
de obras”59. Los anexos del informe incluyen el reporte de actividades realizadas por
el subcontratista VL Asesoría Legal S.A.S60.

95. Frente a las obligaciones del componente de marketing y publicidad también está

probada su subcontratación. El primer informe refleja que para el efecto se celebró el
contrato de consultoría 06 de 201561. Igualmente, los anexos al informe incluyen los
soportes de las actividades elaboradas por el subcontratista CNX – Agencia
Conexión62. El componente de participación ciudadana es el único respecto del cual
no hay evidencia de subcontratación 63.

96. De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, las obligaciones derivadas del
contrato interadministrativo no tienen una relación directa con el objeto de la entidad
estatal ejecutora descrito en el artículo quinto de sus estatutos. Ahora bien, la Sala
considera necesario señalar que el artículo séptimo de los estatutos sociales de la
EDUA enumeró cuarenta y cinco (45) funciones, introducidas con la siguiente

distribución de la contribución, asignación de contribuciones, entre otros. (Exp. digital, Carpeta
16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, Catastral, informe No. 1).
57
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, primer informe, p.
11.
58
Los documentos elaborados por el subcontratista Borrero Ochoa y Asociados Ltda. comprendieron: delimitación
de la zona de influencia o citación, determinación de la muestra y la prueba piloto, identificación de unidades
prediales específicas, descripción de factores de valor de beneficio y socio económico, contribución de
valorización individual, entre otros. (Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer
informe y anexos, Catastral, BORRERO).
59
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, primer informe, p.
19.
60
Las actividades ejecutadas por el subcontratista VL Asesoría Legal S.A.S. comprendieron: análisis de la gestión
predial, estudios previos, decretos de utilidad pública, constancia de repartos de minuta, CDPs, solicitudes antes
diferentes autoridades, solicitudes de inscripción de ofertas de compra, planos de linderos, resoluciones de
expropiación, ofertas, notificaciones, minutas y justificación para adquirir un inmueble por contratación directa,
entre otros. (Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, Gestión
Predial).
61
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, primer informe, p.
44.
62
Hay soportes de que el subcontratista CNX – Agencia Conexión elaboró: piezas gráficas, plan de medios,
videos promocionales y comerciales, fotos del lanzamiento de la campaña, jingles, constancia de las piezas
publicitarias de gran escala instaladas (pendones, vallas y eucoles), piezas publicitarias para el cobro persuasivo
y para la apropiación de obras, entre otros (Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas,
primer informe y anexos, marketing).
63
En el componente de participación ciudadana, la EDUA entregó al municipio: invitación para participar en
asamblea de representantes de propietarios y/o asociaciones gremiales y/o comunales, presentación para esa
primera asamblea, edicto para comunicar elección de representantes, formato de inscripción, aviso de
convocatoria en edicto y página web, inscripciones junta de representantes, certificación de lectura de edicto de
convocatoria en emisora, certificación publicación web de convocatoria en emisora, edicto de segunda
convocatoria para integración de junta de representantes en pagina web y otros medios, edicto de elección de
representantes, publicación web de edicto de elección de representantes, entre otros (Exp. digital, Carpeta
16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primero, segundo, tercero y cuarto informe con anexos).

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oración: “En desarrollo de su objeto, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA LTDA (EDUA) podrá ejecutar las siguientes funciones”64 (Énfasis
agregado).

97. Estas funciones hacen parte de lo que se conoce como el objeto secundario de la

sociedad. Esta clasificación se fundamenta en el artículo 99 del Código de Comercio,
el cual establece lo siguiente: “la capacidad de la sociedad se circunscribirá al
desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos
en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”. Así, las
actividades principales que la sociedad se propone desarrollar, que pueden tener o
no conexión entre sí, constituyen su objeto principal; mientras que en el objeto social
secundario se incluyen todos aquellos actos tendientes al desarrollo de ese objeto
principal65.

98. Dado que la Sala concluyó que las principales obligaciones derivadas del contrato

interadministrativo no tienen relación directa con el objeto principal de la EDUA, una
consecuencia lógica y necesaria es que las funciones “para el desarrollo” de dicho
objeto tampoco satisfacen este requisito. Esto se debe a que el Código de Comercio
(art. 110) dispone que “será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social
se extienda a actividades enunciadas en forma (...) que no tengan una relación directa
con aquél”. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procede a hacer el análisis individual
de las funciones enumeradas en el artículo séptimo de los estatutos que fueron
mencionadas por el municipio de Armenia en los estudios previos para justificar la
idoneidad de la entidad ejecutora.

99. La primera función es la siguiente: “1. Constituirse en operador urbano en los

proyectos urbanísticos, de espacio público y/o inmobiliarios que deban formularse,
diseñarse, promoverse, gestionarse, ejecutarse por iniciativa pública, privada o mixta
que se adelanten a nivel local, departamental y nacional”66.

100. La expresión operador urbano no está definida en el ordenamiento jurídico
nacional67. No obstante, es una figura que se ha desarrollado a partir de la Ley 388
de 1997 como un gestor de proyectos urbanísticos, el cual funge como facilitador de
la planificación, gestión y desarrollo del territorio68. Sus funciones se enfocan en
proyectos que fomentan el mejoramiento de las estructuras y componentes urbanos,
los cuales deben ceñirse a los límites impuestos en los planes de ordenamiento

64
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, Estatutos EDUA 2012, pp. 8-12.
65
C.E., Secc. Primera, sent. 2009-01037, ene. 26/2023. Al respecto, ver también: Superintendencia de
Sociedades, Concepto 220-75567.
66
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 8.
67
En el ámbito internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) definió los
operadores urbanos como: “un ente gestor y ejecutor de las políticas de planeación urbana planteadas a escala
local. Fue creado para garantizar los principios de la función social de la propiedad, la prevalencia del interés
general sobre el particular y la materialización del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios”. Los
operadores urbanos públicos: lecciones para el desarrollo de ciudades más inclusivas,
justas y sostenibles (2023). Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/df83b219-b8a6-
4c44-8900-c6d3f8cd320f/content
68
Ley 388 de 1997, arts. 1, 5 y 6.

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territorial69. En este sentido, la función de operador urbano consiste en ayudar y
posibilitar la formulación, diseño, promoción, gestión y ejecución de proyectos que
mejoren las estructuras urbanas.

101. Las actividades necesarias para elaborar los actos administrativos de
determinación de la contribución de valorización difieren de las tareas de facilitación
que efectúan los operadores urbanos para la planificación, gestión y desarrollo del
territorio, por lo que las actividades del contrato no se acompasan con esta función.

102. La segunda función a la que se hizo referencia fue la siguiente: “3. Celebrar los
convenios y contratos para la Gestión y Administración de recursos a nivel local,
departamental y nacional de entidades públicas y/o privadas para la formulación
diseño, promoción y ejecución de proyectos urbanísticos, inmobiliarios, espacio
público, infraestructura social, infraestructura vial y demás que estén relacionadas
con el objeto de la entidad”70.

103. En virtud de esta función, la EDUA podía celebrar contratos con entidades
privadas o públicas, cuyo objeto fuera realizar, por cuenta de estas, actos de gestión
y administración de recursos de su propiedad para diseñar o ejecutar proyectos de
diversa naturaleza. Estas prestaciones son similares a las de un contrato de mandato,
en el que una “persona [la entidad pública o privada] confía la gestión de uno o más
negocios [diseño o ejecución de proyecto urbanístico o inmobiliario] a otra [la EDUA],
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera [con los recursos de la
entidad pública o privada]”71.

104. En este caso, sin embargo, el municipio de Armenia no contrató a la EDUA para
que, por cuenta suya, adelantara los actos de administración y gestión de recursos
del ente municipal provenientes del cobro de la valorización con el fin de diseñar o
ejecutar un proyecto urbanístico o inmobiliario. El objeto del negocio jurídico se situó
en un momento anterior: la reglamentación del acuerdo que autorizó una contribución
de valorización, así como la elaboración del acto general que definió el monto
distribuible y la expedición de las facturas individuales por cada uno de los predios
beneficiados.

105. Otras funciones estatutarias de la EDUA que se citaron fueron las siguientes:
“13. Realizar estudios de títulos necesarios para la ejecución de actuaciones
urbanísticas que se pretendan formular como propuestas de intervención urbana //
34. Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos necesarios para el desarrollo de
las acciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997 o en cumplimiento de su
objeto”72.

106. En estos dos numerales se enunciaron dos actividades —realizar estudios de
títulos y celebrar contratos— seguidas de la preposición “para”, que indica una
finalidad o propósito. Esta finalidad era “la ejecución de actuaciones urbanísticas”.

69
Ibid.
70
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 8.
71
Código Civil, art. 2142.
72
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 11.

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Como se analizó previamente, según la Ley 388 de 1997, esta expresión denota las
actividades materiales de parcelación, urbanización y construcción de inmuebles,
cuyos procedimientos de gestión y ejecución dependen de decisiones administrativas
de acción urbanística. La determinación de un tributo territorial mediante reglamentos
y actos administrativos de carácter general y particular no constituye una actuación
urbanística.

107. El artículo 7 de los estatutos de la EDUA también enunció las siguientes
funciones: “19. Adelantar convenios y contratos con otras entidades del sector público
o privado que persigan fines similares. // 44. Celebrar los convenios y contratos
requeridos para el apoyo a la gestión de las entidades públicas y/o privadas en la
ejecución de actividades para el desarrollo de políticas, programas, acciones y
proyectos”73.

108. Estas funciones están enunciadas en términos tan vagos y generales como el
tercer grupo de actividades del objeto principal de la EDUA. Esta autorización debe
interpretarse en consonancia con la actividad principal de la sociedad. La Sala ya
concluyó que las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo no guardan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. En consecuencia, su
celebración tampoco se enmarca dentro de esta función de la entidad.

109. En los antecedentes del contrato también se mencionaron las siguientes
funciones de la EDUA: “33. Cobrar por los servicios que preste // 45. Celebrar los
contratos requeridos para el cumplimiento de los convenios y contratos celebrados,
que incluye entre otros, la contratación del personal, a través de contratos laborales
o contratos de apoyo a la gestión y/o profesionales o cualquiera que sea su forma de
vinculación”74. Estas son actividades generales del giro ordinario de cualquier
sociedad y no permiten inferir que, dentro de su objeto, se encuentra la elaboración
de los actos necesarios para la determinación de un tributo municipal.

110. Por último, en el numeral 37 del artículo séptimo de los estatutos de la EDUA
se enunció la siguiente función: “37. Administrar y recaudar los gravámenes
necesarios concebidos como instrumentos de gestión para promover, gestionar y
ejecutar el desarrollo de proyectos urbanísticos, dentro del perímetro urbano y
rural”75.

111. Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tampoco quedan
cubiertas por esta función. En este punto, la Sala considera importante distinguir entre
(i) el establecimiento y determinación de los tributos municipales (que comprende
actividades jurídicas, generales y particulares) y (ii) el recaudo y administración de
los ingresos tributarios. Esta distinción aparece claramente enunciada en el numeral
3 del artículo 287 de la Constitución Política, que fija las competencias de las
entidades territoriales:

“ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán

73
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 12.
74
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 12.
75
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Documentos EDUA, EP 1118 de 2012, p. 12.

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los siguientes derechos: (...) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

112.Basándose en esta distinción, la Corte Constitucional, en la sentencia C-517 de
2007, señaló que:

“la autonomía [territorial] constituye un límite a la legislación, pues el Congreso no
puede intervenir en la administración del tributo que, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 362 superior, una vez decretado, se convierte en renta de propiedad exclusiva
del municipio, goza de las mismas garantías que la propiedad privada y rentas de los
particulares y no puede ser trasladado a la Nación".
(…)

“la autorización para gravar con el impuesto predial a las entidades mencionadas en
el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 se inscribe dentro de las competencias del
legislador que, se reitera, también puede desarrollar aspectos atinentes al sujeto
pasivo, en cuanto elemento del tributo, sin que por ello se desconozca la
autonomía de los municipios. En consecuencia, por el aspecto examinado, este
artículo no contradice la Constitución, debiéndose añadir que su contenido en
nada alude a la administración o al recaudo del impuesto predial”76 (Énfasis
añadido).

113. Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo no estaban
orientadas a que la EDUA cobrara, recaudara o administrara los fondos generados
por la contribución de valorización; de hecho, el contrato terminó antes de que se
completara el cobro del gravamen, el cual no era una obligación de la entidad
ejecutora. Su objetivo principal era el establecimiento y la determinación de la
contribución, mediante la elaboración de: (i) el decreto que reglamentaba el Acuerdo
20 de 2024, (ii) el acto general de determinación definitiva del monto distribuible de
la valorización y (iii) los actos administrativos de carácter particular y concreto para
la liquidación individual de la contribución correspondiente a cada predio beneficiado.
Por ende, no hay concordancia entre esta función estatutaria de la EDUA y las
obligaciones derivadas del contrato interadministrativo.

La causal de nulidad del contrato

114. El literal c) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado
parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, establece la siguiente
regla: solo si las obligaciones de un contrato interadministrativo tienen relación directa
con el objeto de la entidad estatal ejecutora, se puede contratar aplicando la
modalidad de contratación directa. El inciso segundo introduce una excepción, según
la cual, en el caso de contratos de obra, suministro, prestación de servicios de
evaluación de conformidad, encargos fiduciarios y fiducia pública, esta modalidad de
contratación no aplica cuando las entidades ejecutoras son instituciones de
educación superior públicas, sociedades de economía mixta con participación estatal
mayoritaria o personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por asociaciones de
entidades públicas o federaciones de entidades territoriales. En tales situaciones, la

76
Corte Constitucional. Sent. C-517 de 2007.

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modalidad de selección aplicable es la licitación pública o la selección abreviada,
según corresponda.

115. La excepción antes indicada versa sobre sobre la modalidad de selección
aplicable, aunque independientemente de ésta, las obligaciones del contrato siempre
deben tener una relación directa con el objeto de la entidad estatal ejecutora. Esta es
una condición sine qua non establecida en el literal c) del numeral 4° del artículo 2 de
la Ley 1150 de 2007, disposición de carácter imperativo77. En el caso concreto, es
manifiesto que las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo celebrado
entre el Municipio de Armenia y la EDUA no tienen relación directa con el objeto de
esta última entidad pública. Por lo tanto, se contravino una norma imperativa que
disciplina el régimen al que se someten los contratos interadministrativos.

116. Los artículos 16 y 1519 del Código Civil, que se integran al régimen de nulidades
del contrato estatal, establecen respectivamente que no podrán derogarse por
convenios particulares las leyes en cuya observancia está interesado el orden público
y que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación.
Con fundamento en estas disposiciones legales, la vulneración de normas
imperativas y de orden público, como las relativas a los procedimientos de selección
y las condiciones para la celebración de contratos interadministrativos, conllevan la
configuración de un objeto ilícito. Esta Subsección ha explicado que esto se debe a
que este conjunto de normas, por estar íntimamente relacionadas con el
cumplimiento de los fines de la contratación pública, integran el orden de público de
la Nación y, por ello, son de perentoria y obligatoria observancia, sin que puedan ser
objeto de inaplicación ni disposición por pacto de los contratantes78.

Las restituciones mutuas

117. El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece que la declaración de nulidad de
un contrato de ejecución sucesiva no impide el pago de las prestaciones ejecutadas.
Además, cuando la nulidad es por objeto o causa ilícita, la norma dispone que
procede el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas y no pagadas al momento

77
La Sala de Consulta y Servicio Civil se refirió a tal exigencia de la siguiente manera: “La Sala aclara que, en
todo caso y aún en los eventos de licitación pública o selección abreviada, el contrato debe tener relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora; en ese sentido, el inciso segundo de la norma en cita, no puede ser
interpretado como una autorización para celebrar contratos que no tengan relación con el objeto de la entidad
ejecutora. La excepción que consagra dicho inciso se refiere solamente a que los contratos allí referidos no
pueden celebrarse por contratación directa sino que requieren agotar un proceso previo de licitación pública o
selección abreviada”. C.E., SCSC, exp. 2092, jun. 28/2012.
78
En este sentido, en sentencia del 20 de julio de 2023 (Exp. 52.804), la Subsección señaló: “En este punto es
importante advertir que no le asiste razón a la demandada al señalar que la falta de elaboración de estudios
previos no daría lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato por no encuadrar este aspecto en ninguna de
las causales de nulidad previstas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en la media que, si bien el régimen de
contratación estatal es especial respecto del derecho común, lo cierto es que se integra con aquél, por lo que, si
un vicio no se encuadra en una de las causales enlistadas en esa norma, se debe acudir, por vía de integración,
a las causales de nulidad que establece el derecho privado // La jurisprudencia reciente de esta Corporación se
ha decantado por señalar que cuando se eluden los procedimientos de selección cuyo agotamiento es obligatorio
por mandato legal o cuando se vulneran las reglas imperativas asociadas al cumplimiento de dichos
procedimientos, tales como la elaboración de estudios previos —artículo 25.12 de la Ley 80 de 199353— o la
expedición de ciertos actos necesarios para adjudicar un contrato, el contrato estatal que se celebre estará viciado
de nulidad absoluta por objeto ilícito de conformidad con los artículos 1519 y 1741 del Código Civil. Esta causal
de nulidad se sustenta en que dichas normas, por estar íntimamente relacionadas con el cumplimiento de los
fines de la contratación pública, que incluyen “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados” —artículo 3º de la Ley 80 de 1993—, integran el
orden público de la Nación”.

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Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

de tal declaración en los casos en que la entidad estatal contratante se hubiera
beneficiado, es decir, cuando tales prestaciones le hubieran servido para satisfacer
un interés público79. Por otra parte, el artículo 1746 del Código Civil establece que un
efecto de la nulidad son las restituciones mutuas de las prestaciones ejecutadas por
las partes80.

118. En el expediente reposan las actas de los pagos parciales que el municipio
realizó a la EDUA, junto con los correspondientes recibos de caja81. De acuerdo con
estos documentos, el ente territorial pagó $5.982’599.354 a la entidad ejecutora por
la realización de sus prestaciones.

119. Ahora bien, las actividades desarrolladas por la EDUA le permitieron a la
administración municipal reglamentar el acuerdo del concejo que autorizó la
contribución de valorización, expedir el acto administrativo que fijó de forma definitiva
el monto distribuible de la valorización y expedir los actos de carácter individual y
concreto de liquidación de la contribución de cada predio82. En el expediente reposan
el (i) el Decreto 082 del 23 de julio de 2015 que reglamentó la contribución 83, (ii) la
Resolución 003 de 2015 del Consejo de Valorización que definió el monto global de
la contribución84 y (iii) un documento de la Secretaría de Infraestructura del municipio
de Armenia con fines de “notificación y ejecutoria” que da cuenta de las
“Liquidaciones Factura” que asignaron la contribución de valorización para cada
predio85.

120. En el expediente no hay información de que alguno de estos actos hubiera sido
anulado en sede judicial. Además, de acuerdo con el cuarto informe presentado por
la EDUA, que no fue glosado u objetado por el municipio de Armenia, al 31 de enero
de 2016, el municipio ya había recaudado $39.131’160.331 por concepto de la
valorización, dinero que se destinaría exclusivamente a la financiación de las obras
viales86.

121. La ejecución de estas prestaciones en beneficio de la entidad contratante
contribuyó a la satisfacción del interés público. Esta afirmación no se basa
únicamente en que se hayan cumplido las actividades a cargo de la EDUA, sino en

79
Al respecto, ha dicho la jurisprudencia de la Corporación: “De esta norma se deriva la necesidad de que el
decreto de las prestaciones ejecutadas y, se entiende, no reconocidas al momento de declarar la nulidad del
contrato, sea demostrada en dos aspectos: cualitativo, esto es, que haya significado un beneficio representado
en la satisfacción de un interés público, y sin el cual no habrá lugar a decisión alguna en este sentido; y otro
cuantitativo, en tanto la declaración de restituir lo ejecutado debe ir hasta el monto efectivamente acreditado”
(C.E., Secc. Tercera, exp. 48.242, oct. 15/2020).
80
Código Civil, art. 1746: “EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD. La nulidad pronunciada en sentencia
que tiene fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían
si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.”
81
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, documento “pago, actas y certificado de
pagos”.
82
En relación con el cumplimiento de las actividades inherentes a los demás componentes del contrato, ver pies
de página 56 a 63.
83
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, primer informe y anexos, componente jurídico,
Anexos, p.3
84
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, segundo informe y anexos, informe junio
2016, anexos componente jurídico, Resolución Distribuidora.
85
Exp. digital, 3.CD (Foleo 16A) Demanda y Pruebas, Expediente contractual, Tomo 4, pp. 1-187 – Tomo 5, pp.
1-148.
86
Exp. digital, Carpeta 16.ContestaciónDemanda, EDUA, Pruebas, cuarto informe y anexos, pp. 22-23.

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Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

que estas efectivamente sirvieron como medio para satisfacer intereses compartidos
por un conjunto amplio e indeterminado de miembros de la comunidad —en
contraposición a intereses meramente particulares—, ya que permitieron establecer
y posteriormente recaudar un gravamen con el que se financió la ejecución de obras
viales al servicio de todos los ciudadanos del ente territorial87.

122. Además, las prestaciones ejecutadas por la EDUA ayudaron a materializar dos
mandatos de origen constitucional: el que ordena a los ciudadanos contribuir al
financiamiento de las inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y
equidad (art. 95.9), y el que impone a los particulares que se benefician
económicamente con ejecución de obras al servicio de la comunidad contribuir a la
recuperación de los costos de su realización (art. 338).

123. Según el artículo 1746 del Código Civil, la declaratoria de nulidad del contrato
les da a ambas partes el derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían
si no hubiese existido el contrato nulo88. Sin embargo, en este caso no procede
ordenar restituciones mutuas entre el municipio y la EDUA. Esto no se debe a que
las prestaciones ejecutadas por la entidad contratista no beneficiaron al municipio de
Armenia, como afirmó el Tribunal. La razón de esta decisión es que, tratándose de
servicios inmateriales (obligaciones de hacer), es imposible que la entidad
contratante los restituya in natura a su prestador89. Además, carece de sentido
ordenarle al municipio que pague en dinero una restitución equivalente a la EDUA
por el valor asignado a sus servicios en el contrato y, a su vez, exigir a la EDUA que
restituya las sumas recibidas, ya que las obligaciones se extinguirían por
compensación.

87
El concepto de interés público está jurídicamente indeterminado (Corte Constitucional. Sentencia C-053 de
2001). Sin embargo, a partir de los elementos semánticos y jurídicos, se puede considerar que hay un núcleo
duro de significado: el interés público se define por contraposición al particular; en consecuencia, este tipo de
interés designa aquel que es compartido por un número más o menos amplio e indeterminado de miembros de la
comunidad, el cual prevale sobre los intereses individuales y privados que se le contrapongan. En este sentido,
se ha dicho que el interés público es “el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y
coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de
esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido
concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer
en él su propio querer y su propia valoración prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o
lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos”. Héctor Jorge Escola. El Interés
Público como Fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1989, págs. 249 y 250.
Este concepto también se ha definido como el “Conjunto de aspiraciones surgidas de las necesidades colectivas
de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”.
https://dpej.rae.es/lema/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico
88
Hay una excepción a este presupuesto cuando se demuestra que se verificó un objeto o causa ilícita “a
sabiendas”, situación ante la cual el artículo 1525 del Código Civil preceptúa que no es procedente la restitución.
En este caso, no es aplicable esa regla por dos razones: (i) no hay prueba de que las partes tuvieran conocimiento
de la ilicitud, de considerar que esa fue la causal de nulidad que se configuró; y (ii) según un criterio ya reconocido
por la Corporación, la regla del artículo está diseñada para los eventos en que son las partes las que solicitan la
nulidad, y no cuando esta es declarada oficiosamente por el juez. Sobre esto último, ver: C.E., Secc. Tercera,
exp. 27315, abr. 24/2013.
89
Sobre al particular, la Sección Tercera ha manifestado: “En otras palabras, aun cuando el contrato n°. 427 de
1989 se encuentre afectado de nulidad absoluta, en manera alguna procederían las restituciones mutuas, pues
materialmente no se puede retrotraer el contrato a tal punto que el contratista pueda deshacer o devolver el uso
y disfrute del bien, para que, a su vez, la entidad estatal restituyera los valores recibidos por cánones de
arrendamiento.” C.E., Secc. Tercera, exp. 21699, abr. 30/2012. En similar sentido, se pronunció de antaño la
Corporación: “ante el vacío de la ley sobre el particular, y en aras de consultar la realidad jurídica y social que
impone el comportamiento antijurídico derivado de un contrato nulo, [opta por]que se analicen y confronten, de
manera distinta, los efectos cuando versa la relación negocial en un contrato de ejecución instantánea, que como
tal, permite volver las cosas al estado en que se encontraba antes de su formación, a los que giran alrededor de
un contrato de tracto sucesivo, en los que no siempre se podrán imponer esos alcances, puesto que las
prestaciones causadas, las más de las veces, impedirán el restablecimiento al estado anterior al aniquilamiento
del negocio, por los factores fácticos que se pueden apreciar”. C.E., Secc. Tercera, exp. 3071, jun. 21/1984.

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Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
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124. Por último, se anota que el numeral 6 del artículo 1625 del Código Civil
establece que las obligaciones derivadas de un contrato se extinguen por su
declaración de nulidad. En este sentido, no procede pronunciarse sobre las
obligaciones de pagar la pena pactada en el contrato, que el municipio reclamó en su
demanda, ni sobre el saldo final de $72’364.034 que se debía pagar a la EDUA al
momento de entregar el último de los informes, el cual no fue abonado por el
municipio debido a los presuntos defectos de algunas de las prestaciones ejecutadas.
Si la Sala se pronunciara sobre estos asuntos, le estaría dando efectos a un negocio
jurídico que, por disposición de Ley, desaparece del mundo jurídico con efectos
retroactivos o ex tunc (desde siempre) debido a la declaratoria de nulidad.

Costas

125. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP90.

126. Según el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a la
parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Además, el
numeral 3 establece que, cuando la sentencia de segunda instancia confirme en su
totalidad la de primera instancia, se debe condenar al recurrente en costas de la
segunda instancia. No obstante, en este caso, ambas partes apelaron y a ambas se
les negó la impugnación. El numeral 1 también establece que se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso; sin embargo, en este caso no puede considerarse
que haya una parte vencida, ya que la fuente de derechos y obligaciones alegada por
las partes —el contrato interadministrativo— fue declarado nulo. Además, si se
interpretara que la entidad demandada fue la vencedora en el proceso, por no
haberse accedido a la condena pedida por el demandante, lo cierto es que ésta no
impugnó la decisión del Tribunal que se abstuvo de condenar en costas. Por las
anteriores razones, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío el 1 de septiembre de 2022, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

90
El proceso inició con posterioridad al 2 de julio de 2012. Por tanto, se rige por el CPACA de acuerdo con su
artículo 206.

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Radicación: 63001233300020190025201 (69.233)
Actor: Municipio de Armenia
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y
otros
Referencia: Controversias contractuales

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

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