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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00594-01

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00594-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. - Sin condena en costas. TERCERO. - Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-00594-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

Temas: REPETICIÓN - DOLO– Ley 678 de 2001– no se demostró que la conducta
del agente fuera dolosa

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

La demandante pretende el reembolso del valor pagado por una condena con
ocasión de la nulidad de un acto administrativo que declaró insubsistente un
nombramiento, decisión que obedeció a una conducta que califica como dolosa del
entonces Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC-.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda de repetición instaurada el 29 de mayo de 2015, cuyos sustentos
fácticos y de derecho fueron los siguientes.

2. Como soporte fáctico de las pretensiones se indicó que, mediante Resolución DG
0007 del 2 de enero de 2007, el señor José William Garzón Solís, en su calidad de
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC,
declaró insubsistente el nombramiento de la señora Esperanza Cruz Moreno, quien
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra tal acto. Al
obtener una sentencia favorable (del 1° de agosto de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca), la CVC pagó la suma de cuatrocientos un
millones quinientos treinta y seis mil trescientos setenta pesos ($401´536.370).

3. La CVC manifiesta en la demanda que el exservidor antes referido incurrió en
desviación de poder al expedir la Resolución DG 0007 del 2 de enero de 2007, tal
como lo consideró el tribunal en la sentencia que resolvió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por estos mismos supuestos1. Como base

1
Folios 22-31 Cppal.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

de su argumentación propuso la presunción contenida en el numeral 3 del artículo
5 de la Ley 678 de 2001 por haber expedido el acto con desviación de poder.

La defensa

4. José William Garzón Solís se hizo presente al proceso y, por intermedio de su
apoderado, contestó la demanda2, quien se opuso a las pretensiones sosteniendo
la ausencia de soporte probatorio que sustente los requisitos de procedibilidad del
medio de control, así como de la conducta dolosa del accionado; para estos efectos
formuló las excepciones que denominó:

(i) Inepta demanda por falta de requisitos sustanciales de procedibilidad. Aseguró
que no se allegó prueba de la calidad de agente o ex agente del Estado 3. Agregó
que así como no se probó que en efecto se haya realizado el pago de la condena,
tampoco se aportó el acta del comité que dispusiera la viabilidad de la demanda en
contra del accionado.

(ii) Imposibilidad de defensa por parte del accionado dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Esperanza Cruz contra la
CVC.

(iii) Inexistencia de una conducta dolosa por parte del señor Garzón Solís, en
tanto que el proceso se encuentra huérfano de material probatorio que demuestre
la existencia de dolo o culpa grave en la actuación del demandado que generó la
condena en contra de la actora. Señaló que el hecho de haberse declarado la
nulidad del acto administrativo por desviación de poder no indica que la conducta
del demandado haya sido dolosa.

5. Surtido el debate probatorio4, la parte demandada reiteró los argumentos
plasmados en la contestación5. La demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio6.

La sentencia de primera instancia

6. Mediante sentencia proferida el 7 de julio de 20237, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda tras considerar que los
medios probatorios arrimados al expediente daban fe de la actuación dolosa del
demandado en perjuicio de la CVC. En esa medida, encontró cumplidos los

2
Folios 82-113 Cppal.
3
Se aclara que en la contestación de la demanda no se niega la condición del demandado sino que se alega que el actor no
haya aportado la documentación para acreditar la misma.
4
En la audiencia inicial celebrada el 8 de marzo de 2018 (folios 320-323 Cppal), el Tribunal decretó las siguientes pruebas:
A. De la parte demandante: documentales: 1) las obrantes a folios 7-34 del cuaderno ppal, esto es, sentencia de primera
instancia del 31 de mayo de 2012 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, sentencia de
segunda instancia del 1 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle y certificación del pago de la
condena expedida por el Coordinador del Grupo de Tesorería y Gestión de Capitales de la Dirección Financiera de la CVC.
B. De la parte demandada: documentales: 1) las obrantes a folios 113-254 del cuaderno ppal, esto es, publicación periódico
El País de enero de 2007 que se titula “Polémica por remoción de funcionarios en CVC” y cuadernillo con varias publicaciones
realizadas por periódicos locales de Cali relacionadas con la gestión del funcionario Garzón Solís.
5
Folios 325-351 Cppal.
6
Folio 352 Cppal.
7
Samai T 21

2

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

requisitos de procedibilidad relacionados con la condena contra el Estado, el pago
efectivo de la misma y la condición de servidor público del demandado.

7. Expuso que la desviación de poder es un vicio que afecta el objeto del acto
administrativo y se configura cuando se está ante la intención particular de un sujeto
que actúa en nombre de la administración en la búsqueda de una finalidad contraria
a la establecida en el ordenamiento. En sentir del tribunal, el demandado actuó
motivado por fines personales o por causas contrarias al buen servicio de los
deberes públicos, lo cual evidenció su actuar doloso; para sostener esto, indicó que
el dolo se presume en la desviación de poder.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

8. En su recurso de apelación8, el demandado expuso que la sentencia de primera
instancia ignoró pronunciarse suficientemente respecto de todas las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda.

9. Aseguró que el documento expedido por la tesorería de la CVC no resulta idóneo
para demostrar el pago efectivo de la condena a cargo de la entidad, porque no fue
suscrito por la persona a la cual debía hacerse el respectivo desembolso, ni
tampoco obra un paz y salvo con firma de la beneficiaria que permita aseverar que
la misma en efecto recibió la indemnización.

10. Señaló que tampoco se probó la calidad de servidor público del demandado,
porque el tribunal no debió acreditar la calidad de exfuncionario del demandado
sustentado en las notas periodísticas aportadas bajo el argumento de ser un hecho
notorio, en la medida en que esa es carga del actor.

11. De otro lado, advirtió que tampoco hubo pronunciamiento acerca de la
imposibilidad de defensa por parte del accionado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues de haberlo vinculado, habría podido defender su
gestión y demostrar las razones que tuvo para desvincular a la citada servidora, lo
cual no significó desmejorar el servicio ya que nombró una persona con mejores
calidades y ello permitió que la CVC obtuviera mejores resultados en su gestión.

12. En la misma línea, advirtió que no se aportó el acta de comité de conciliación
que dispusiera la viabilidad de la demanda en contra del señor Garzón Solís y ante
su ausencia absoluta, se configuró la ineptitud de la demanda. En aquella, además,
se habría señalado la calificación de la conducta por la cual procedería la repetición,
puesto que no siempre que haya una condena a una entidad pública ésta tiene la
obligación de iniciar repetición.

13. Finalmente, frente a la acreditación de la conducta dolosa, dijo que ni el actor ni
el tribunal pueden darla por acreditada con fundamento en los argumentos que se
analizaron en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual nada
se dijo respecto de tal conducta.

8
Folios Samai T 26.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

II. CONSIDERACIONES

14. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

15. Los puntos argumentativos del recurso de apelación se centran en cuestionar
que se acreditó i) la calidad de servidor público del demandado, ii) el pago efectivo
de la condena, iii) si se allegó el acta del comité de conciliación que avalara la
repetición contra el señor Garzón Solís y, iv) si la conducta del demandado fue
dolosa, de cara al acervo probatorio arrimado al expediente.

La calidad de servidor público del demandado

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios,
quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en
la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

17. Se encuentra completamente probado que el demandado fue quien profirió
el acto administrativo declarado nulo y respecto del cual se condenó a la CVC. Si
bien no se allegó copia de la resolución que fue anulada, para la Sala como lo fue
para el Tribunal, tal actuación se surtió por el hoy demandado ostentando la calidad
de servidor público, quien por demás no lo cuestiona.

18. En relación con la prueba de la calidad de servidor o exservidor público del
demandado en el medio de control de repetición, no obra exigencia legal que
requiera un específico medio probatorio, de ahí que no hay restricción que excluya
la posibilidad de que tal calidad sea probada “por confesión”,9. Por esta razón, la
confesión por apoderado tiene pleno valor probatorio10.

19. Sobre la calidad de agente del estado, en la contestación de la demanda se
elevaron distintas manifestaciones que evidencian que el señor José William Garzón
Solis ostentaba el cargo de Director General de la CVC como pasa a verse:

“Este tema que no atañe, tiene una gran importancia para este representado
judicial, pues claramente mi representado, JOSE WILLIAM GARZON SOLIS, en
punto al acto administrativo demandado por la señora ESPERANZA CRUZ
MORENO y que fuera nulitado por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, no tuvo otro fin que la de mejorar el servicio, máxime que
cuando fue elegido como Director de la C.V.C., por parte de su Consejo
Directivo, venía precedido de noticias sobre la deficiente y precaria
administración que le antecedió, las cuales fueron de público conocimiento a

9
Art 193 CGP “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la
cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la
audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
10
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 193 del Código General del
Proceso, pues consideró que no desbordaba la libertad de configuración del legislador y, además, estimó que la figura de la
presunción de confesión por apoderado perseguía “fines legítimos y constitucionalmente importantes, en razón a que
promueve intereses públicos valorados por la Carta. Adicionalmente, tal decisión no infringe ninguna prohibición expresa que
haya consagrado el constituyente en el texto constitucional”.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

través de los medios de comunicación, por lo que una de las misiones y
compromisos adquiridos con su cargo, era la de depurar los males que traía y
mejorar el servicio y, para demostrar lo anterior, claramente el apoderado de la
Corporación en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la
señora CRUZ MORENO, había podido allegar al proceso, el acta de la sesión
del Consejo Directivo de la Corporación que eligió al doctor GARZON
SOLIS, en donde se puede constatar, además de su currículo vitae, su
programa y compromisos para con la Corporación; igualmente podría
haber arrimado al proceso los informes anuales de ejecución presentados
por el Doctor JOSE WILLIAM GARZON SOLIS durante su periodo de
labores (1 de enero de 2007 al 11 de febrero de 2008) y confrontarlo con el
periodo de su antecesor doctor JULIAN ARIAS, correspondiente, por lo menos,
al año 2006 y poder ver si con la gestión realizada en el periodo del dr. GARZON
se mejoró o no el servicio.

Es evidente que nada de eso fue utilizado por el representante de la
Corporación en ejercicio de defensa de la entidad ante la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho incoado por la señora ESPERANZA CRUZ
MORENO, dejando desprovista la entidad de una aducada defensa y desde
luego poder demostrar que no existió desviación de poder y mucho menos
que el Director General que emitió el acto administrativo demandado,
hubiera actuado de manera dolosa ajeno a las finalidades del buen
servicio público. Para demostrar lo anterior, es pertinente que esa Honorable
Corporación pueda conocer de manera directa los informes antes mencionados,
así como las multiples publicaciones que los medios de comunicación local
realizaron en torno a la gestión del doctor JOSE WILLIAM GARZON SOLIS,
como Director General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA "C.V.C.", durante el periodo que funció como tal, es
decir, entre el 1° de enero de 2007 y el 11 de febrero de 2008; tanto así, que
luego que saliera de la Corporación, por sentencia judicial del H. Consejo de
Estado que nulitó su elección, fue reelegido en el mes de mayo del mismo año
(2008) para un nuevo periodo, por parte del Consejo Directivo de la
Corporación, quienes de no conocer del mejoramiento del servicio de la Entidad
durante los 13 meses que estuvo como Director General, obvio sería que no
habría sido nuevamente elegido para dirigir las riendas de la Corporación”.

20. En consecuencia, el hecho de aceptar en la contestación la calidad de Director
General de la entidad, es suficiente para entender que se demostró su condición de
agente del Estado.

Pago efectivo de la obligación

21. En cuanto a la acreditación del pago de una condena, reciente jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que no existe en el ordenamiento jurídico una
disposición legal que establezca para su prueba un requisito ad solemnitatem o ad
probationem, motivo por el que se cuenta con plena libertad probatoria para
acreditar su efectivo cumplimiento. Por ello, frente a la prueba del pago, será el juez,
en cada caso, quien está llamado a considerar con fundamento en la sana crítica y
la lógica de lo razonable, si de los medios de prueba que obran en el expediente se
desprende la demostración del pago de la obligación cuya repetición se reclama
principal.

22. Contrario a lo dicho por el recurrente, las certificaciones de pago expedidas
por las entidades públicas son documentos de carácter público y vinculantes, que
contienen y reflejan la propia manifestación de la voluntad de la entidad condenada,

5

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. Así, en tanto los
documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las
declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, cuentan con plena
capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o desconocimiento que
en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen.

23. Siguiendo el anterior derrotero, dentro del expediente reposa certificación
expedida por el coordinador del grupo de Tesorería y Gestión de Capitales de la
Dirección Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
CVC, en la cual se indica a la señora Esperanza Cruz Moreno le fue pagado el valor
de $401´536.370, menos los respectivos descuentos de ley, en virtud de la
sentencia condenatoria 01/08/2013, según orden de pago 268866 del 10 de junio
de 2014 y cancelado con giro 20896 del 11 de junio de 201411.

24. El documento referido demuestra que la entidad demandante programó y
efectuó el pago de una suma de dinero, la cual corresponde en su integridad a la
señalada en la sentencia del 1° de agosto de 2013. Con base en ello, el documento
referido acredita el pago.

Acta del comité de conciliación

25. La exigencia probatoria que se reclama no constituye un presupuesto de la
demanda, como tampoco un requisito objetivo del medio de control que se ha
exigido. Sin embargo, a folios 288-303 del cuaderno principal obra el referido
documento donde se decidió demandar en repetición al hoy accionado, dado que
en su condición de Ex Director de la CVC expidió la resolución por medio de la cual
se declaró insubsistente a la arquitecta Esperanza Cruz, acto administrativo que fue
declarado nulo por considerarse que fue expedido con desviación de poder.

La conducta dolosa imputada en la demanda -desviación de poder-

26. Para que haya lugar a condenar en sede de repetición debe determinarse la
responsabilidad subjetiva de quien con su acción u omisión propició una sentencia
condenatoria en contra del Estado.

27. No se trata de probar cualquier equivocación o error de conducta; menos
aún, basta que se acredite la trasgresión del orden jurídico, pues en uno y otro
evento debe comprobarse la gravedad de la falta sea porque medió la intención de
cometerla o porque ni aún un funcionario poco diligente hubiera incurrido en ella.
Es precisamente en este sentido que el inciso segundo del artículo 90 constitucional
dispuso que la repetición solo opera en la medida en que se pueda imputar culpa
grave o dolo, lo que en términos del constituyente ofrece garantías en el ejercicio
de la función a cargo de los servidores públicos, ya que se reconoce que no
cualquier error en los que estos puedan incurrir podrá ser fuente suficiente para
imputarles una responsabilidad patrimonial por afectación al patrimonio del Estado.

11
Folio 34 Cppal.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

28. En el caso bajo estudio, los hechos que suscitan la presente controversia se
presentaron el 2 de enero de 2007, de aquí que la Sala deberá tener como referente
la Ley 678 de 2001 (normatividad vigente desde el 4 de agosto de 2001).

29. En los términos del artículo 5° de la referida norma, la desviación de poder
consiste en aquel motivo de ilegalidad en el que pueden recaer los actos
administrativos luego de que la autoridad competente decide apartarse de los fines
que se pretenden satisfacer con su competencia.

30. Según jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la desviación de poder
está intrínsecamente relacionada con el elemento teleológico del acto administrativo
pues las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar
un acto deben dirigirse principalmente, al cumplimiento de los fines del Estado, el
interés general, la satisfacción de necesidades colectivas y la garantía y efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y las normas
jurídicas; por ende, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que
la ley le ha otorgado, pero con una finalidad extraña al interés general, ese acto
sería ilegal por desviación de poder.

31. Pero no siempre que se esté frente a un vicio por desviación de poder se está
ante una finalidad personal, extraña al interés público, o que se quiera actuar con el
fin de beneficiar a un tercero o a un grupo de terceros, pues en determinadas
hipótesis tal vicio también estará presente de cara a situaciones en las que se quiera
beneficiar a la misma administración o cuando el fin perseguido, si bien es coherente
con el interés general, se aparta del fin específico contemplado en la ley para el
respectivo acto, esto en tanto es factible que un acto persiga fines de interés público
pero distintos a los previstos en la norma que establece la competencia.

32. Así, si bien lo que determina la desviación de poder son los fines, no siempre
media la intención de adoptar una decisión que persiga un fin diferente al previsto
por el ordenamiento jurídico, pues, como se dijo, el propósito no siempre será
particular, personal o arbitrario, pues podrá beneficiar a la misma administración.

33. De lo anterior sobresale que si bien la desviación de poder representa la
discordancia entre los fines buscados por el titular de la competencia y los fines
buscados por el legislador al conferirla, no siempre conlleva un factor volitivo que
entrañe una actuación deliberadamente ilegal o ilícita.

34. A quien alega este vicio se le impone demostrar con total certidumbre el “iter”
de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus
prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no
consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar en el campo volitivo de los
funcionarios que disponen de la titularidad del poder; cuestión que no se acredita
únicamente con la sentencia que analizó la legalidad del acto administrativo.

35. La Sala recuerda que la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos
sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción,

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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, además, al tratar el
presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente,
consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de “presunciones legales”, con incidencia
en la carga de la prueba12, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en
vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones corresponden a las
denominadas iuris tantum, esto es, pueden ser desvirtuadas probatoriamente, por
lo que no constituyen un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad
patrimonial del demandado.

36. Sobre este tópico, la Corte Constitucional, además de estimar que las
presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a
la prueba, ha recabado acerca de que en su apreciación no pueden comprometer
el debido proceso, razón por la cual no implican por sí misma una atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado13.

37. En línea con lo anterior, esa misma Corporación, en sentencia de unificación
SU-354 de 2020, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en
cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre
ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y al margen del
análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la
atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de
dolo o culpa grave”.

38. Además, la referida corporación judicial indicó que para efectos de garantizar
el derecho al debido proceso del demandado, “está prohibida la posibilidad de
extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la
providencia condenatoria a la administración”, pues la determinación de la
responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados
al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de
ejercer su derecho de defensa.

39. Así las cosas, es deber de la entidad que pretende la repetición de lo pagado,
no solo expresar la causal que consagra la presunción de dolo o culpa grave en que
se basa su demanda, sino también la de probar los supuestos de hecho que
estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos,
para lo cual no basta la sentencia que impuso la condena cuyo pago se persigue.

40. Se reitera que el hecho que le da sustento a la presunción debe estar
completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna; para ello podrá acudirse
a una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente sin que pueda
tenerse a la sentencia del proceso antecedente como única prueba del sustento
fáctico que se persigue acreditar.

41. En el caso concreto, valorado en conjunto el material probatorio y de
conformidad con la fijación de litigio, se encuentra acreditado que mediante
12
Preceptos de suyo más rigurosos que lo previsto en las normas anteriores aplicadas en esta materia (artículos 63 y 2341
del Código Civil).
13
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

resolución DG-0007 de 2007, el director general de la CVC, señor José William
Garzón Solís, declaró insubsistente el nombramiento hecho a la señora Esperanza
Cruz.

42. El 1° de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle declaró la nulidad
de la referida resolución, porque fue expedida por razones ajenas al servicio público.
Para adoptar su decisión, el a quo consideró que el acto administrativo no fue
motivado en razón del mejoramiento del servicio.

43. La desviación referida no está respaldada en el acervo probatorio, de manera
tal que los supuestos de la presunción no están completamente acreditados. En
relación con la conducta dolosa del demandado, solo obra en el expediente la
sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. Esta Corporación ha señalado reiterativamente que la sentencia judicial que
condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al
tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe
acreditarse la existencia de los supuestos que configuran la presunción de culpa
grave o el dolo, sin que tal exigencia sea contraria a lo ya definido por el juez de la
legalidad que impuso la condena, pues el fallo de responsabilidad patrimonial o en
sede de legalidad no ata al juez de la repetición, ya que como lo ha sostenido esta
Sección14, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones
distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del
Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta
del agente estatal.

45. En otras palabras, la declaración judicial de la afectación de un derecho o la
antijuridicidad de un daño, no es prueba de la conducta dolosa o culposa del agente
estatal que lo hubiere propiciado.

46. Así, como no fue probada la conducta dolosa supuestamente desplegada por el
demandado, no resulta necesario estudiar las justificaciones esgrimidas por la
defensa, esto es, las referidas a los resultados positivos que se dieron en la entidad
tras el cambio de personal.

47. En ese orden de ideas y como en el caso no se acreditó el aspecto volitivo
del demandado, se revocará la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no
está demostrado el vicio referido.

Costas

51. El artículo 188 del CPACA preceptúa que la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos.

14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, radicado 41001233100019980000101, interno
29.222.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00594-01 (70456)
Actor: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Demandado: José William Garzón Solís
Referencia: Medio de control de repetición

52. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno
de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la
protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha
señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es
la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para
la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como
lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”.

53. Así, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es
decir, a la parte actora.

III. PARTE RESOLUTIVA

24. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, NEGAR las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO. - Sin condena en costas.

TERCERO. - Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF

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