RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2017-00001-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00001-00

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00001-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor del demandado por la suma correspondiente al 5% de lo pedido en este medio de control. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2017-00001-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos
Medio de control: Repetición

Tema 1: Elemento subjetivo del medio de control de repetición. Subtema 1.1. Juicio autónomo de
responsabilidad del agente del Estado. Subtema 1.2. Presunción de la conducta dolosa. Subtema
1.3. Obligación de probar el hecho base de la presunción. Subtema 1.4. Obrar con desviación de
poder – no acreditado

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección resuelve1, en única instancia, con fundamento en lo decidido en
sesión documentada por acta número 15 del cinco (5) de mayo de dos mil cinco
(2005), la demanda que, en ejercicio del medio de control de repetición, formuló el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra del señor Juan
Ángel Isaac Llanos.

I. SÍNTESIS

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el curso de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Ingrid Isabel Romero
Ávila, funcionaria que fue declarada insubsistente por el entonces director general,
Juan Ángel Isaac Llanos, fue condenado al pago de una suma de dinero por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. Una vez efectuado el pagamento
correspondiente, la entidad ejerció el medio de control de repetición en contra del
señor Isaac Llanos, con fundamento en que fue el quien suscribió el acto
administrativo que fue declarado nulo por desviación de poder. Pretende que esta
Corporación lo declare responsable y le ordene reintegrar el valor que fue
desembolsado por el organismo demandante.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda y el trámite relevante

2.1.1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de repetición, el diecinueve (19) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), con la que pretende que esta jurisdicción
declare la responsabilidad del señor Juan Ángel Isaac Llanos3, a título de dolo, por
los perjuicios causados a dicha entidad con ocasión de la condena que le fue
impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del cuatro (4) de
abril de dos mil catorce (2014), dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del

1 La Sección Tercera, en acta número 15 del cinco (5) de mayo de dos mil cinco (2005), aprobó que los procesos

de repetición podrían fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de
ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2 Folio 1 a 9, cuaderno principal.
3 Entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

1

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

derecho. Además, como consecuencia de ello, solicitó que se le condene al pago
total de la suma de dinero que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses tuvo que desembolsar para pagar la condena a la señora Ingrid Isabel
Romero Ávila, quien demandó al organismo y obtuvo una decisión favorable.

Como sustento de sus pretensiones, aseguró que en el presente caso se cumplen
los requisitos para que proceda el medio de control de repetición, así: (i) el señor
Isaac Llanos desempeñó el cargo de director general del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y fue quien, mediante Resolución número
000861 del tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010), declaró insubsistente el
nombramiento de Ingrid Isabel Romero Ávila; (ii) el anterior acto administrativo fue
declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que
halló probado el vicio de desviación de poder que determinó su expedición, y
condenó a la entidad a pagar ciento cuarenta y dos millones novecientos quince mil
quinientos sesenta y dos pesos ($142.915.562); (iii) el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses canceló la suma de ciento cuarenta y dos millones
novecientos quince mil quinientos sesenta y dos pesos ($142.915.562) a la señora
Romero Ávila; y (iv) la conducta del señor Isaac Llanos se presume dolosa, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y con fundamento
en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró
probada la desviación de poder con la que actuó el nominador al momento de decidir
la insubsistencia.

2.1.2. Esta Corporación, en auto del trece (13) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)4, admitió la demanda; decisión que fue notificada al demandado5.

2.2. Posición del demandado

El señor Juan Ángel Isaac Llanos, en escrito del diecisiete (17) de julio de dos mil
diecisiete (2017) 6 , contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones formuladas por la actora.

Adujo que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que la parte actora
invoca como prueba del dolo, no puede servir de título para ejercer el medio de
control de repetición, no solo porque la discusión en dicho proceso era distinta, sino
que, además, aquella puso fin a un litigio entre dos sujetos determinados, dentro
de los que no se encontraba el aquí demandado, por lo que lo allí decidido no le es
inoponible.

En su criterio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no logró
probar el supuesto fáctico que da lugar a la presunción contenida en el numeral 1
del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pues no puede pretender trasladar
automáticamente los argumentos expuestos en un proceso independiente y
tenerlos por ciertos. Explicó que no hay discusión acerca de la presunción dispuesta
en el artículo 5 ibidem, pero que aquella no exime al demandante de la
demostración de la actuación dolosa y, ante todo, de la ocurrencia del evento sobre
el que se edifica la presunción.

Alegó que el estándar probatorio para juzgar el desvío de poder en un litigio contra
la Administración no puede ser equivalente a lo que es exigible en relación con el
agente contra el que se repite, ya sea por llamamiento en garantía o, como en el
presente caso, a través de un proceso autónomo de naturaleza civil entre partes

4 Folio 52 a 55, cuaderno principal.
5 Folio 58 a 70 y 76, cuaderno principal.
6 Folio 78 a 113, cuaderno principal.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

diferentes y con presupuestos probatorios propios. En otras palabras, en su opinión,
que esté probado el desvío de poder de la Administración no implica que esté
acreditada la conducta dolosa del agente, que no fue llamado en garantía y que
debe ser vencido en un proceso con todas las garantías procesales.

Manifestó que, a efectos de establecer la responsabilidad personal de los agentes
o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones demanda una verificación de
las funciones a su cargo y si, respecto de ellas, hubo un incumplimiento grave;
adicionalmente, afirmó que el juez debe establecer si la inobservancia de sus
atribuciones se dio con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y
con la intención de producir las consecuencias nocivas, o si, al actuar, pudo prever
la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así
consumó su actuación. Al respecto, añadió que la demandante no acreditó la
manera como se violaron las normas del manual de funciones, de ahí que resulte
imposible examinar si su actuación acató la ley, ni probó que con la expedición del
acto posteriormente anulado por la jurisdicción se vulneró el derecho de defensa y
de contradicción de Ingrid Isabel Romero Ávila, que haya estado su extensión
determinada por intenciones al margen de la finalidad del buen servicio o que haya
perseguido con ello un fin distinto al prescrito en la norma rectora de su materia.

2.3. Audiencia inicial y fijación del litigio

El entonces magistrado ponente celebró la audiencia de que trata el artículo 180
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018). En el curso de esta fijó el litigio en
torno a la discusión del elemento subjetivo del medio de control, esto es, la
calificación dolosa o gravemente culposa de la conducta de Juan Ángel Isaac
Llanos. Concretamente, indicó que la controversia estaría circunscrita a probar el
dolo en el proceder del aquí demandado, calificación a la que aludió el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su escrito de demanda y ratificó
durante la audiencia7.

Posteriormente, a solicitud de las partes y de oficio, decretó las siguientes pruebas:
(i) todos los documentos aportados junto a los escritos de demanda y de
contestación; (ii) los testimonios de Ingrid Isabel Romero Ávila, demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Jorge Almario Torres y Roberto
Tarazona Urrego, personas que participaron en la proyección o elaboración de la
Resolución número 000861 del tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010); (iii)
oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que
remitiera el acta de comité de conciliación y defensa judicial del trece (13) de enero
de dos mil dieciséis (2016) y copia auténtica del manual de funciones del director
de dicha entidad y de la estructura vigente para el año dos mil diez (2010); (iv)
oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que
proporcionara información sobre los funcionarios que participaron en la protección
o elaboración de la Resolución número 000861 de tres (3) de septiembre de dos
mil diez (2010); y (v) oficiar al Tribunal Administrativo del Atlántico y/o al Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla para que

7 “Magistrado ponente: el argumento del Estado es que el fallo del tribunal dijo que había habido dolo, o sea

que hubo desviación de poder, o sea que ¿ustedes lo ubican en el dolo y no en la culpa grave? Apoderado del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: sí, su señoría. Magistrado ponente: ¿seguro?
Apoderado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: seguro. Magistrado ponente:
si porque estamos definiendo el litigio, entonces, la discusión del litigio si usted me está diciendo que es dolo,
eso es lo que vamos a discutir, no vamos a discutir culpa grave. Apoderado del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses: correcto, su señoría (…)”. Audiencia inicial, minuto 23:00 a 23:30. Folio 157,
cuaderno principal.

3

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

allegara copia íntegra y auténtica del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho número 08001-33-31-007-2011-00071-01.

2.4. La audiencia de pruebas

2.4.1. La audiencia de pruebas fue celebrada el diecisiete (17) de abril de dos mil
dieciocho (2018). En esta diligencia, la magistrada auxiliar comisionada8 procedió a
recibir las declaraciones de los señores Ingrid Isabel Romero Ávila y Jorge Almario
Torres.

La deponente Romero Ávila relató su recorrido profesional en el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las circunstancias que rodearon la
declaración de insubsistencia cuando se desempeñaba en un cargo al interior de
dicho organismo. Por su parte, el testigo Almario Torres, entonces jefe de personal
de la entidad demandante, explicó el procedimiento que se seguía en esa época
para declarar la insubsistencia de los nombramientos, y, específicamente, cómo fue
la expedición del acto administrativo que desvinculó del servicio a Ingrid Isabel
Romero Ávila. Particularmente, hizo referencia a que en el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses los cargos eran provistos en ejercicio de la
facultad discrecional, siempre en busca del mejoramiento del servicio.

2.4.2. La audiencia de pruebas fue continuada el dos (2) de septiembre de dos mil
veintidós (2022) 9 , y en dicha diligencia la magistrada auxiliar comisionada 10
incorporó los documentos enviados por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Barranquilla.

2.4.3. El magistrado ponente, en proveído del seis (6) de septiembre de dos mil
veintidós (2022)11, dio por terminada la etapa probatoria, prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento, y corrió traslado a las partes que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

2.5. Manifestación de impedimento

El magistrado Nicolás Yepes Corrales, en escrito del cinco (5) de julio de dos mil
diecinueve (2019)12, con fundamento en el numeral 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso, expresó impedimento para conocer el proceso de la referencia
por haber rendido concepto como agente del Ministerio Público ante esta
Corporación; impedimento que, en auto del treinta y uno (31) de enero de dos mil
veinte (2020)13, fue declarado fundado por la Sala.

2.6. Los alegatos de conclusión

2.6.1. La parte demandada14 sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo
del Atlántico, decisión que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, prueba que el señor Isaac Llanos actuó dolosamente, no indicó cuál fue
la causal de anulación del acto administrativo acusado, de manera que no es posible
afirmar que tal declaración estuviera fundada en una desviación de poder.

8 Folio 301 del cuaderno principal.

9 Índice 138 de SAMAI.
10 Índice 133 de SAMAI.
11 Índice 139 de SAMAI.
12 Folio 342, cuaderno principal.
13 Folios 359 y 360, cuaderno principal.
14 Índice 143 de SAMAI.

4

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Insistió en que no es suficiente alegar la presunción contenida en el artículo 5 de la
Ley 678 de 2001, sino que el interesado debe demostrar el hecho que la sustenta,
cuestión que no acreditó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.

Reiteró que el señor Isaac Llanos no incurrió en una conducta que pueda calificarse
como dolosa o gravemente culposa, ya que, por el contrario, su proceder se rigió
por el acuerdo que regulaba los empleos públicos de la entidad. Adicionó que, al
ser director nacional del organismo, era competente para dictar ese acto
administrativo, que, además, fue motivado de acuerdo con los requisitos de la
jurisprudencia para ese momento.

Finalmente, expuso las razones por las que, a su juicio, la motivación del acto
administrativo de insubsistencia fue adecuada y conforme a la ley vigente en la
época de los hechos, así como los móviles que fundamentaron la desvinculación
del servicio y el procedimiento que antecedió a la expedición del acto administrativo.

2.6.2. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses15 recalcó que
el demandado no logró desvirtuar la presunción contenida en el numeral 1 del
artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y, por tanto, debe tenerse por cierto que el señor
Isaac Llanos actuó dolosamente al expedir el acto administrativo de insubsistencia.

2.6.3. La Procuraduría General de la Nación, en concepto del veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintidós (2022) 16 , solicitó negar las pretensiones de la
demanda. Expresó que la demandante atribuyó una conducta dolosa al señor Isaac
Llanos apoyándose únicamente en lo consignado en la sentencia que anuló la
resolución de insubsistencia de Ingrid Isabel Romero Ávila. Opinó que, si bien la
decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico representa un juicio de análisis que
se fundó en la evaluación del acerco probatorio del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de ninguna manera dichas conclusiones pueden guiar
o atar al juez del presente proceso; y que, en ese orden, al interior del medio de
control de repetición, no estaba probado el elemento subjetivo requerido para
proferir un fallo favorable.

III. PROBLEMA JURÍDICO

La prosperidad de las pretensiones planteadas en el medio de control de repetición
pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i)
la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite;
(ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación;
y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público.
Los primeros tres elementos son de carácter objetivo y el último de carácter
subjetivo.

Entonces, comoquiera que los dos extremos que concurren a este proceso
estuvieron de acuerdo en que los elementos objetivos – la condición de ex servidor
público de Juan Ángel Isaac Llanos, la sentencia condenatoria dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y el pago realizado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses – están probados, y así quedó ratificado en la
fijación del litigio, la Subsección procederá a dar respuesta al siguiente problema
jurídico:

15 Índice 146 de SAMAI.
16 Índice 144 de SAMAI.

5

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

¿Está demostrado que Juan Ángel Isaac Llanos, entonces director del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo
de insubsistencia de la señora Romero Ávila, incurrió en una conducta dolosa,
específicamente, por obrar con desviación de poder?

Ha de precisarse que el estudio que hará la Sala estará restringido a la calificación
que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hiciere en la
demanda, es decir, únicamente se analizará si Juan Ángel Isaac Llanos puede ser
responsable a título de dolo. La culpa grave quedó excluida del debate 17, tal como
quedó delimitado el asunto en la audiencia inicial.

IV. HECHOS PROBADOS

4.1. El director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en Resolución 000861 del tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010) 18, declaró
insubsistente el nombramiento de Ingrid Isabel Romero Ávila como asistente, clase
III, grado 3, destinado al Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de la
Regional Norte de ese instituto.

4.1.1. En las consideraciones de dicho acto administrativo, quedó consignado que:
(i) la señora Romero Ávila estaba nombrada en provisionalidad y no aparecía
inscrita en carrera administrativa; (ii) según informe rendido el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil diez (2010) por el director de la Regional Norte, Ingrid Isabel
Romero Ávila incurrió en una serie de imprecisiones administrativa que afectaban
la debida y la oportuna defensa de los intereses de la entidad; (iii) las conductas
desplegadas por Romero Ávila contrariaron las funciones específicas del cargo, las
competencias comunes a los servidores públicos y las competencias
comportamentales del empleo comunicadas a través del oficio del catorce (14) de
mayo de dos mil ocho (2008); (iv) la Administración, en ejercicio de la facultad
discrecional y en observancia de los principios de igualdad, de moralidad, de
eficacia, de economía, de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, por razones
del buen servicio y con el fin de cumplir con los fines del Estado, puede reemplazar
a sus funcionarios por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se
adecuen a los requerimientos de la institución para el cabal cumplimiento de su
misión; y (v) pese a que le fueron otorgadas las oportunidades del caso a Ingrid
Isabel Romero Ávila, continuó con falencias sustanciales que afectaban el propósito
principal del empleo, el cual era “elaborar los documentos, informes, manuales,
instructivos y conceptos en materia jurídica, administrativa, financiera, presupuestal
y contable, en el área de su especialidad, de acuerdo con las normas legales,
presupuestales y financieras”.

4.2. Ingrid Isabel Romero Ávila presentó demanda19 de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
a efectos de que la jurisdicción declarara la nulidad de la Resolución 000861 del

17 Decisión que guarda consonancia con la jurisprudencia de esta Corporación, que ha sido enfática al indicar

que una imputación en la que la entidad alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera
concomitante no es procedente. Al respecto, consultar: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno
(2021), radicación número 18001-23-31-000-2009-00001-01; reiterada en las sentencias del siete (7) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021), del dieciocho (18) de marzo y del veintiuno (21) de noviembre de dos mil
veintidós (2022) y del tres (3) de febrero dos mil veintitrés (2023), radicación números 05001-23-33-000-2013-
00810-01, 76001-23-33-000-2014-01466-01, 11001-03-26-000-2018-00177-00 y 68001-23-31-000-2013-
00748-01.
18 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 442D8466D6308CEF
5F70FEF0DB50F35B 1E3C36C9D7598E89 F8510A3A7E74A4BD, ubicado en el índice 111 de SAMAI.
19 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 85 a 97.

6

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010) y ordenara su reintegro al cargo que
venía desempeñando o a uno de superior categoría. Además, solicitó el pago de
todos los salarios, las primas y las prestaciones sociales que dejó de percibir desde
cuando se produjo su retiro y hasta que fuera reintegrada a la entidad.

4.2.1. Como sustento de sus pretensiones, la demandante adujo haber tenido
múltiples inconvenientes laborales con el señor Juan Ángel Isaac Llanos, y que él,
en represalia, quería desvincularla del organismo, lo que constituye una desviación
de poder. Alegó que el acto de insubsistencia de un empleado en provisionalidad
no se expide en ejercicio de la facultad discrecional cuando en él existe una
motivación clara y expresa, y sobre esta es que debe recaer el control jurisdiccional.
En su criterio, un funcionario provisional solo puede ser removido de su cargo por
motivos disciplinarios o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de
manera definitiva.

4.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Barranquilla, en sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013) 20, negó
las pretensiones de la demanda. Tal decisión fue objeto de apelación 21.

4.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión, en fallo
del treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014)22, revocó el proveído del Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barranquilla, y, en
su lugar, declaró la nulidad de la Resolución 000861 del tres (3) de septiembre de
dos mil diez (2010) y condenó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses a reintegrar a Ingrid Isabel Romero Ávila y al pago de unas sumas de
dinero.

4.4.1. El cuerpo colegiado esgrimió que las consideraciones contenidas en el acto
censurado no tenían soporte fáctico alguno, y que, si en gracia de discusión, se
admitieran tales “inconsistencias administrativas”, tampoco habría lugar a tenerlas
como causal de mala conducta en contra de la actora, toda vez que, luego del
proceso de contratación, no se vio lesionado el patrimonio de la entidad. Así pues,
a su juicio, no era factible observar una violación sustancial a los deberes que como
funcionaria de la entidad tenía la demandante. Asimismo, indicó que el hecho de
que el acto de insubsistencia se produjera tan solo tres (3) días después del informe
develaba violación del debido proceso.

Concluyó que no era necesario contrastar la hoja de vida de la actora y su
reemplazo, pues “desde ya se advierte que las razones para desvincularla del cargo
plasmadas en el acto demandando, no iban encaminadas a la mejora del servicio”.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos procesales

20 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 324 a 339.
21 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 342 a 347.
22 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 469 a 490.

7

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La Sala procede a resolver el objeto al que quedó circunscrita la litis, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello 23 , y al oportuno
ejercicio 24 que del medio de control hizo la parte demandante, presupuestos
procesales que fueron estudiados y definidos por el despacho sustanciador en el
auto admisorio de la demanda25, proveído que no fue censurado por alguno de los
extremos de la controversia.

La decisión que en este proceso de única instancia se adopte tendrá tal alcance
respecto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien
está legitimado en la causa por activa, por ser el ente de derecho público que
realizó el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico26,
y del señor Juan Ángel Isaac Llanos, quien está legitimado en la causa por
pasiva al ser quien expidió el acto administrativo27 que fue declarado nulo por la
jurisdicción.

5.2. Sobre el problema jurídico

5.2.1. En el presente asunto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses pretende la declaración de responsabilidad del señor Isaac Llanos, a título
de dolo, por los perjuicios causados a la entidad como consecuencia de la condena
impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Específicamente, edificó sus
súplicas en la presunción dispuesta en el numeral primero del artículo 5 de la Ley
678 de 2001, ya que, en su criterio, en la mentada sentencia quedó probada la
desviación de poder con la que actuó el aquí demandado.

Con relación a esa presunción, la Sala encuentra pertinente señalar que, aun
cuando la Ley 678 de 200128 establece unas presunciones que inciden directamente
en la carga de prueba, la entidad demandante soporta, en sede de repetición, la
carga de demostrar que el servidor del Estado cometió alguno de los supuestos de
hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa grave 29 . Debe probar el
supuesto de hecho de la presunción que invoca.

En este caso, el referido supuesto de la presunción, tal cual fue invocada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reside en la expedición
por el nominador de un acto en ejercicio de sus atribuciones, que honró las
formalidades prescritas en la ley y respetó las normas superiores a las que estaba
sometido, pero obró en consideración a motivos distintos de aquellos para los que
se le confirió la función y en procura de un fin diferente del establecido en la ley y
contrario al buen servicio público.

Debía, entonces, la parte demandante, conforme lo ha decantado esta
Corporación30, demostrar con total certidumbre los reales motivos que determinaron
23 La jurisdicción contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o ex agentes

del Estado que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad
pública, conforme al artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En ese orden, y en razón a que el medio de control de
repetición se ejerció contra el señor Juan Ángel Isaac Llanos, ex representante legal de una entidad del orden
nacional, el Consejo de Estado es competente para decidir, en única instancia, el presente proceso, al tenor del
numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.
24 La demanda fue radicada dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se hizo el pago total de la

obligación, desembolso que fue efectuado dentro del término que tiene el Estado para pagar.
25 Auto del trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
26 Folios 24 y 25, cuaderno principal.
27 Folio 10 a 13, cuaderno principal.
28 Como los hechos ocurrieron en el año dos mil diez (2010), y esta normativa entró a regir el cuatro (4) de

agosto de dos mil uno (2001), aquella es aplicable al caso concreto.
29 Corte Constitucional, Sentencias C-374 de 2002 y C-778 de 2003.
30 Al respecto, consultar: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera –

Subsección A, sentencias del primero (1) de marzo y del veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024),
radicación números 76001-23-33-000-2015-00594-01 y 2001-23-36-000-2016-02615-01, respectivamente.

8

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

la expedición del acto, o el camino de desviación seguido por el funcionario del
Estado que despliega sus prerrogativas en beneficio propio o de un tercero, para lo
que debía develar elementos que forman parte del campo volitivo del funcionario y
ahora demandado. Estas circunstancias no son susceptibles de prueba con la
providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, como único
sustento.

Es pertinente recordar que la condena en contra del Estado no demuestra,
automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario involucrado en el hecho o
la actuación que dio lugar al fallo condenatorio, pues el criterio de la autoridad
judicial de esa causa no ata al juez de la repetición 31 . El medio de control de
repetición abre paso a un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal
del servidor, al que no pueden ser extrapoladas las consideraciones, ni las
conclusiones, que motivaron la condena en contra de la entidad, en tanto aquellas
estuvieron fundadas en medios de prueba que no ha podido controvertir el servidor,
y cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron en el proceso judicial que
sustentó la pretensión de reembolso32.

Recientemente, la Corte Constitucional 33 se pronunció en el mismo sentido, y
recordó la existencia de unos presupuestos constitucionales de procedencia de la
pretensión de reembolso que, en lo atinente al elemento subjetivo, implican que el
agente, en el marco de la normatividad vigente para la época en que se presentó el
daño antijurídico, hubiera pretendido o querido “la realización de un hecho ajeno a
las finalidades del Estado” (dolo), o hubiera incurrido en una actuación calificable
como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o como “una inexcusable
omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave).

Luego, para que la presunción de dolo produjera sus efectos en este contencioso,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debía acreditar que el
señor Isaac Llanos actuó con falsa motivación o desviación de poder al dictar la
Resolución 000861 del tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010).

Si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico, en fallo del treinta (30) de mayo de
dos mil catorce (2014), consideró que el acto administrativo de insubsistencia del
nombramiento de la señora Romero Ávila estuvo viciado por desviación de poder,
lo cierto es que esa sola conclusión no permite tener por probado el hecho que
deriva en la presunción del dolo. Es más, esta Sala no encuentra que dicha
corporación haya realizado un ejercicio claramente orientado a demostrar que Juan
Ángel Isaac Llanos actuó con desviación de poder al desvincular a Ingrid Isabel
Romero Ávila.

Así, es esta Sala la que, a partir del estudio de los elementos probatorios allegados
a este medio de control, resolverá si la desviación de poder – hecho base – está
demostrada y, por ende, le correspondería al demandado derruir la referida
presunción.

5.2.2. Pues bien, luego de revisar los medios de convicción que obran en el
expediente, este fallador encontró lo siguiente:

31 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del tres (3) de

diciembre de dos mil siete (2007), radicación número 41001-23-31-000-1998-00007-01.
32 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del

veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), radicación número 25000-23-26-000-2002-01123-
01.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2020.

9

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

5.2.2.1. Ingrid Isabel Romero Ávila, en escrito del diecinueve (19) de enero de dos
mil diez (2010)34, instauró queja ante el Comité de Convivencia y Conciliación para
la Resolución de Conflictos de Acoso Laboral del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. En ella, puso de presente que, sin justificación, sus
superiores la amenazaban constantemente, específicamente, le indicaban que la
cambiarían de puesto. Manifestó que, debido a comentarios y rumores, su imagen
profesional se vio afectada.

5.2.2.2. En acta35 del Comité de Convivencia y Conciliación para la Resolución de
Conflictos de Acoso Laboral suscrita el veintidós (22) de febrero de dos mil diez
(2010) por, entre otras personas, la señora Ingrid Isabel Romero Ávila, quedó
consignado que, una vez escuchadas las partes y habiendo aclarado todos los
puntos contenidos en la queja, mediante la optimización de los canales de
comunicación, se eliminaría la posibilidad de incurrir en malinterpretaciones.

5.2.2.3. El director de la Regional Norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en oficio del treinta (31) de agosto de dos mil diez (2010) 36,
dirigido al director general, informó que encontró algunos procedimientos irregulares
al interior del área administrativa. Particularmente, mencionó a los funcionarios Gian
Carlo Mejía e Ingrid Romero.

5.2.2.4. La Resolución 000861 del tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010)37,
acto administrativo en el que el director general del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, Juan Ángel Isaac Llanos, declaró insubsistente el
nombramiento realizado a la señora Romero Ávila fue motivado en razones del
servicio. La decisión fue proyectada por Roberto Tarazona Urrego, entonces
coordinador de registro y control, y revisado por Jorge Almario Torres, entonces jefe
de personal de la entidad.

5.2.2.5. En testimonio rendido en el curso de este medio de control, la señora
Romero Ávila relató que se sintió acosada laboralmente por todos los “comentarios”
que referían que, apenas pudiera, el señor Isaac Llanos la iba a “sacar” de la entidad
por haber declarado en su contra en una investigación preliminar. Afirmó que el aquí
demandado nunca le manifestó personalmente sobre dicha intención o siquiera le
insinuó la posibilidad de su desvinculación del organismo, sino que todo fue
producto de rumores.

5.2.2.6. Al comparecer como deponente en este proceso, el señor Jorge Almario
Torres indicó que era el encargado de refrendar – revisar los asuntos jurídicos y
fácticos – los actos administrativos que se proyectaban para la firma del director
general, especialmente los atinentes a las situaciones administrativas de los
servidores públicos del instituto. Indicó que, en los casos de insubsistencia, como
no existía la carrera administrativa, no era necesario motivar los actos
administrativos, pero con la evolución de la jurisprudencia empezaron a justificarse,
tal como ocurrió en el caso bajo análisis. Refirió que siempre se actuó bajo el
principio de buena fe, y con el fin de mejorar el servicio.

34 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, páginas 31 y 32.
35 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 40 a 43.
36 Folio 14 del cuaderno principal.
37 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 442D8466D6308CEF
5F70FEF0DB50F35B 1E3C36C9D7598E89 F8510A3A7E74A4BD, ubicado en el índice 111 de SAMAI.

10

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

5.2.3. Analizado en conjunto el material probatorio, y al margen de lo que haya
aparecido probado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, esta Subsección
considera que no está probado que el señor Juan Ángel Isaac Llanos, al declarar
insubsistente el nombramiento de Ingrid Isabel Romero Ávila, tuviera intenciones
distintas a mejorar el servicio público de la entidad, por lo siguiente: (i) pese a que
hubo una queja por el proceder de los superiores de la señora Romero Ávila, en la
que estuvo involucrado el señor Isaac Llanos, lo cierto es que la perjudicada
reconoció ante esta Corporación que sus molestias fueron producto de los
comentarios que realizaban distintas personas, y que el aquí demandado nunca le
expresó directamente lo que en los pasillos de la entidad se decía; (ii) tales rumores
no han sido respaldados por otros medios de convicción en este proceso; (iii) no
está probado que el señor Isaac Llanos quisiera desvincular a Ingrid Isabel por
retaliaciones personales; (iv) el director de la Regional Norte puso en conocimiento
del director general la existencia de unas posibles irregularidades en procesos de
contratación, “hallazgos u observaciones” que, según Albenis Judith Cervantes
García, coordinadora administrativa y financiera de la Regional Norte, quien
atestiguó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dieron lugar a la
implementación de un plan de mejoramiento; (v) según el Manuel de Funciones y
Competencias Laborales38, el director general tenía la responsabilidad de dirigir y
coordinar la administración de los recursos humanos del instituto y de nombrar,
remover y definir las situaciones administrativas de los servidores; (vi) el acto
administrativo de insubsistencia fue proyectado y revisado, respectivamente, por los
funcionarios competentes, quienes dieron su visto bueno en los aspectos jurídicos
y fácticos; y (vii) el acto de insubsistencia incluyó las razones por las que era
procedente desvincular a la señora Romero Ávila, así: las inconsistencias
mencionadas por el director de la Regional Norte y las funciones específicas que
estaban siendo inobservadas.

Aunado a ello, no existen suficientes elementos en el expediente para acreditar que
con el nombramiento de la persona que remplazó a la señora Romero Ávila se haya
producido una desmejora en el servicio. Únicamente está probado que quien llegó
a ocupar el cargo se encontraba en el mismo nivel de estudios de la entonces
demandante 39 , es decir, tenía una carrera profesional y una especialización 40 ,
mientras que en lo atinente a la experiencia laboral sí contaba con menos recorrido.
El hecho de vincular a alguien con menor experiencia no necesariamente repercute
en un deterioro de la misión encomendada, máxime cuando, de acuerdo con el
Manual de Funciones y Competencias Laborales 41 , los requisitos del cargo
correspondían a ser bachiller y a contar con ocho (8) meses de experiencia
relacionada; además, inicialmente, el nombramiento del sustituto fue por un término
de tres (3) meses42, prorrogado por un tiempo igual43, lo que permite inferir no solo
que el propósito era revisar el rendimiento antes de proveer definitivamente la
vacante, suceso que no ocurrió hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil once

38 Folio 166 a 170 del cuaderno principal.
39 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.2”, páginas 111 y 157.
40 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 411 a 420.
41 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 437 a 440.
42 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 435.
43 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 441.

11

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(2011) 44 , sino que su desempeñó llevó a que lo vincularan con vocación de
permanencia.

No huelga mencionar que, cuando se invoca la desviación de poder, la prueba de
ese vicio ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se
censura, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que
expidió el acto, que es precedente a la toma de decisión45.

Nótese como más allá de especulaciones respecto de un plan ideado por Juan
Ángel Isaac Llanos para desvincular a la señora Ingrid Isabel Romero Ávila, en el
transcurrir de la controversia no pudo corroborarse que la declaración de
insubsistencia persiguiera un motivo distinto a mejorar el servicio. De las pruebas
que obran en el expediente, lo único que puede concluirse es que las
particularidades del caso movieron al entonces director del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses a suscribir el acto de insubsistencia
correspondiente en busca de una optimización en los procedimientos de la entidad.

Todo lo planteado hasta aquí autoriza a este fallador a afirmar que, al no estar
probada la desviación de poder, no puede, en aplicación de la presunción contenida
en el numeral primero del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, tenerse por cierto que
el señor Isaac Llanos actuó dolosamente.

Por tal razón, le correspondía al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses probar que Juan Ángel Isaac Llanos, al proferir el acto administrativo de
insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, carga que no cumplió46.

De suerte que, como la parte demandante no acreditó el elemento subjetivo
requerido para que prospere el medio de control de repetición, esta Sala negará las
pretensiones de la demanda.

VI. COSTAS

El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 47 y 36648

44 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4FAD1EA554299B3E
ABB8FCCCFB91E340 3CD60FCE12AC3413 4213ECA211A39969, ubicado en el índice 108 de SAMAI,
archivo “2011-00071-00 C.1”, página 443.
45 Sobre el particular, por ejemplo, consultar: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –

Sección Segunda – Subsección A, sentencia del tres (3) de mayo de dos mil siete (2007), radicación número
25000-23-25-000-1996-42758-01.
46 Código General del Proceso. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”.
47 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe. (…)”.
48 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.

12

Radicado: 11001-03-26-000-2017-00001-00 (58510)
Demandante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 49 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.

Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. La Secretaría de la
Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo
considerar que se fijarán agencias en derecho por el 5% de lo pedido de
conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 1 del artículo quinto 50 del
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 51 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante, que serán liquidadas,
en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en
cuenta en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor del demandado por la
suma correspondiente al 5% de lo pedido en este medio de control.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP

49 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
50 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En Única

instancia: a) cuando en la demandante se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15%
de lo pedido. (…)”.
51 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.