Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2013-00748-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2013-00748-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2013-00748-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD – condena proferida en un proceso
tramitado en vigencia del CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago
o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad /
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – la suscripción del acto que fue declarado
nulo y que dio origen a la condena, pese a que fue suscrito por el secretario de gobierno
encargado de las funciones de alcalde, no implica que contra el exalcalde no pueda
adelantarse la acción de repetición, pues, según la jurisprudencia de esta Corporación, el
encargo por desplazamiento del funcionario titular por necesidades del servicio a territorio
fuera de su sede no permite sostener que se presenta delegación, vacancia temporal o
definitiva, situaciones en las cuales el encargado sí asumiría la plenitud de las atribuciones
propias de la investidura / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe
a los cargos formulados contra el fallo del a quo por el apelante único – el recurso de
apelación no puede utilizarse para alterar la causa petendi / PRESUNCIÓN DE CULPA
GRAVE DEL EXAGENTE – Ley 678 de 2001 – violación manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho – no se probó el hecho base de la presunción alegada / COSTAS –
resulta improcedente su imposición.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia del 21 de octubre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Santander denegó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El municipio de Barrancabermeja demandó en repetición al ex alcalde Julio César
Ardila Torres, con el fin de que se le ordenara reintegrar la suma que pagó en
cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2002-1291, a través de la cual se declaró nulo el acto
administrativo que ordenó la supresión del cargo que ocupaba la señora Lilia
Rebeca Torres Niz y, a título de restablecimiento del derecho, se dispuso el
reconocimiento y pago de los emolumentos laborales que esta dejó de devengar
durante su desvinculación, así como su reintegro.
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 8 de noviembre de 2006 (fl. 37 del c.1), el municipio de Barrancabermeja, por
conducto de apoderado judicial (fls. 1 del c.1), presentó demanda de repetición
contra el exalcalde Julio César Ardila Torres, a fin de que se le condenara a
rembolsar la suma de $119’350.441, que tuvo que pagar en cumplimiento de la
condena impuesta el 31 de enero de 2005 por la Sala de Descongestión para los
Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2002-1291.
En concreto, la entidad demandante pidió que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas (fls. 29 – 30 del c.1):
1. Que el señor Julio César Ardila Torres, en su calidad de ex alcalde del municipio
de Barrancabermeja, es administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales causados al municipio de Barrancabermeja por su
conducta dolosa y gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones públicas,
durante el período que se desempeñó en dicho cargo.
2. Condenar al señor Julio César Ardila a pagar al municipio de Barrancabermeja
(…), los perjuicios (…), los cuales se estiman como mínimo en la suma de
$119’350.441, más los intereses moratorios.
3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual
del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos
hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo (…).
Del escueto escrito de la demanda, se extrae que el señor Julio César Ardila Torres
fue elegido como alcalde del municipio de Barrancabermeja para el período
comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, mandato
en el que expidió el Decreto 237 del 27 de noviembre de 2001, mediante el cual se
estableció la estructura administrativa del municipio.
A través de Decreto 4 del 14 de enero de 2002, el demandado nombró al secretario
de gobierno Abelardo Rueda Tobón como alcalde encargado, quien, por medio de
Decreto 5 de esa misma fecha, adoptó la nueva planta de personal de la
administración central y suprimió algunos cargos, entre estos, el ocupado por la
señora Lilia Rebeca Torres Niz, razón por la cual esta presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mencionados y se le reconocieran y pagaran sus sueldos y
prestaciones sociales, además de que se ordenara su reintegro al cargo que
ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía.
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
En sentencia del 31 de enero de 2005, la Sala de Descongestión para los Tribunales
Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar “concluyó que el alcalde
infringió la ley en función del tiempo para expedir los actos demandados, es decir,
incurrió en causal de incompetencia”, por manera que condenó al municipio de
Barrancabermeja a pagar $119’350.441 a favor de la demandante en ese proceso
y ordenó su reintegro al cargo que desempeñaba.
En criterio del accionante, el señor Julio César Ardila Torres actuó con “dolo y con
culpa grave” por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, dado
que existió “negligencia y descuido para reestructurar la planta de personal (…),
aduciendo que se fundamentaba en un estudio técnico sin tenerlo y que pretendía
mejorar el servicio (Ley 443 de 1998)”.
2. Trámite de primera instancia
2.1. El 16 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó surtir las notificaciones de ley1 (fls. 183 – 184 del c.1)
2.2. El señor Julio César Ardila Torres contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas en su contra. Para tal efecto, manifestó que el Decreto 5
del 14 de enero de 2002, mediante el cual se suprimió el cargo de la señora Lilia
Rebeca Torres Niz y fue declarado nulo, no fue suscrito por él, sino por el secretario
de gobierno, a quien le había encargado sus funciones mientras se desplazaba a
atender otras actividades fuera del municipio.
Sostuvo que el fundamento para imponer la condena por la que se repite estuvo
relacionado con la aparente incompetencia para expedir el acto administrativo
referido, en la medida en que se dijo que la autorización temporal que le había
otorgado el Concejo Municipal para reestructurar la planta de personal no estaba
vigente para la fecha que en la que se dictó el mismo; sin embargo, destacó que
esa conducta no fue reprochada en el escrito inicial y, en todo caso, la jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha definido que los alcaldes y
gobernadores no necesitan tal aval para suprimir cargos.
Destacó que la entidad territorial no se esforzó en recurrir la sentencia dictada en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho para así verificar si sus actuaciones
fueron o no contrarias a la ley, pero resaltó que, con independencia de ello, el
1
El 2 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Santander remitió el asunto a los Juzgados
Administrativos de Barrancabermeja (fls. 38 – 41 del c.1), por tanto, el 26 de agosto de 2007, el
Juzgado Único de Barrancabermeja admitió la demanda (fl. 52 del c.1), pero, el 13 de marzo de
2013, declaró su falta de competencia para conocer el asunto y envió el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander (fls. 174 – 176 del c.1).
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
proceso de reestructuración administrativa contó con el estudio técnico de la
Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–.
Por último, formuló las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; (ii) ausencia de culpa grave del demandado; y (iii) culpa exclusiva de la
víctima (fls. 217 – 225 del c.1).
2.3. Concluido el período probatorio, en decisión del 30 de septiembre 20212, el a
quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto (anexo 3 del expediente
digital).
2.4. El demandado expresó que suscribió un convenio interadministrativo con la
ESAP para la elaboración del estudio técnico exigido por la Ley 443 de 1998 y los
Decretos 1572 y 2504 de 1998 y, con fundamento en el mismo, se expidieron los
actos administrativos que establecieron la estructura administrativa, fijaron la escala
salarial y adoptaron la nueva planta de personal de la entidad territorial, con miras
a cumplir las necesidades del servicio y la modernización requerida.
Destacó que, si bien la ESAP entregó los proyectos de los actos administrativos
para modificar la estructura administrativa, lo cierto era que, antes de suscribir los
decretos respectivos, solicitó la aprobación del Comité Ejecutor de la Alcaldía,
conformado por los secretarios jurídico, general, privado y de gobierno, es decir,
que no se trató de un actuar apresurado.
Aseguró que su obrar no fue constitutivo de culpa grave ni dolo, apoyado en los
siguientes razonamientos (anexo 4 del expediente digital):
(…) En ningún momento existió la intención por parte del exalcalde de realizar
un hecho ajeno a las finalidades del servicio y por el contrario el funcionario
actuó con suma diligencia, cuidado, eficiencia y transparencia al efectuar el
convenio interadministrativo de cooperación 0342-01 con la única institución del
Estado experta en el tema y la cual recomienda la ley, como lo es la ESAP
(Artículo 41 ley 443 de 1998). La expedición del Decreto 237 del 27 de
noviembre de 2001 se fundamentó en el estudio técnico (…) por ello no obró
con desviación de poder ni la motivación de estos contiene vicios, ni falsa
motivación, pues el estudio si se realizó y con fundamento en el mismo se
expidió el Decreto 237 de 2001.
(…) El interés no era sacar funcionarios ni transgredir la ley, solamente se
buscaba adecuar la estructura administrativa con el fin de garantizar la
eficiencia y la racionalidad de la gestión pública, de evitar duplicidad de
funciones y actividades, y, asegurar la unidad en la concepción y ejercicio de la
función, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la necesidad de
modernización de la institución
2
Se observa que en el proceso se formuló una adición frente a las pruebas decretadas en primera
instancia, así como que el expediente fue enviado varias veces a despachos de descongestión.
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
(…) Los actos administrativos (Decreto 237 de 2001 y Decreto 005 de 2002)
son fruto del estudio técnico realizado por la ESAP. Por ello, es que la verdad
establecida en este proceso no es otra, sino que para la fecha en que nacieron
a la vida jurídica ya existían los estudios técnicos.
(…) Al realizar los estudios técnicos, proyectar, elaborar y presentar para la
firma del alcalde los Decretos y que su contenido obedecía a las necesidades
del servicio y modernización, llevando al alcalde a cooperar mediante su firma.
Muy pocas personas conocen sobre las formalidades, requisitos, normatividad
y actuaciones que se requiere para efectuar reestructuraciones administrativas,
de allí que la ley menciona a la ESAP, reconociendo su idoneidad y capacidad
para elaborar el estudio técnico y cooperar en las actuaciones que conllevan
una reestructuración administrativa. (…) el demandado asesorado, aconsejado
y guiado por la ESAP en aspectos que aquel no conoce, es lógico que se atenga
o deposite su confianza, suscribiendo los actos que le exija la entidad con miras
a lograr el objetivo de modernizar la Administración Municipal. Tampoco existe
falta de competencia pues para la reestructuración administrativa se actuó
acorde a las facultades pro témpore que le otorgó el Concejo Municipal al
alcalde y la modificación de la planta de personal era una función propia del
alcalde.
2.5. La parte actora radicó memorial de “alegaciones finales”, pero no se tuvo en
cuenta, porque se presentó de manera extemporánea3. El Ministerio Público guardó
silencio.
3. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander
negó las súplicas de la demanda, al estimar que, aunque se acreditaron los requisitos
objetivos de la acción de repetición, no se probó el presupuesto subjetivo.
En primer término, consideró que había lugar a analizar la conducta del demandado
a partir de la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2011,
esto es, “falsa motivación”, –pese a que está no fue invocada en la demanda–, en
consideración a lo siguiente:
(…) La referida presunción se configura en el presente caso, tal y como se
deduce de lo expuesto en la sentencia de condena, mediante la cual, la Sala de
Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de
Santander y Cesar declaró la nulidad del decreto por el cual se reestructuró la
planta de personal de la Alcaldía de Barrancabermeja, concluyendo que el
mencionado acto había sido proferido en ausencia del estudio técnico en que
debía sustentarse. Existe certeza que el Decreto 005 del 14 de enero de 2002,
que suprimió el cargo que ocupaba la Lilia Rebeca Torres Niz, se sustentó en
el Decreto No. 237 de 2001, decreto este que a su vez fue declarado nulo por
el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 20 de mayo de
2004 por haber incurrido en falsa motivación, decisión que fue confirmada por
el Consejo de Estado con providencia del 17 de abril de 2008.
3
Se allegó dos días antes de expedirse el fallo de primera instancia, esto es, cuando la etapa
procesal pertinente había culminado.
5
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
En segundo término, después de valorar las pruebas aportadas al plenario, concluyó
que estaba “desvirtuada la presunción de dolo”; no obstante, sus argumentos
estuvieron dirigidos más a desdibujar una conducta culposa del demandado. Esto
fue lo único que puso de presente (anexo 8 del expediente digital):
(…) Los actos administrativos que dispusieron de la supresión del “empleo de
la señora Ruth Aurora Fiallo Mármol [persona que no fue la demandante del
proceso de nulidad y restablecimiento], esto es, los Decretos 005 del 14 de
enero de 2002 y 010 del 15 de enero del mismo año -declarados nulos por esta
jurisdicción y que dieron lugar al pago de la condena por cuyo reembolso se
repite en esta oportunidad- fueron proferidos contando con los estudios técnicos
exigidos por el artículo 41 de la Ley 443 de 1998.
4. Recurso de apelación
El municipio de Barrancabermeja apeló la anterior decisión y expresó que, contrario
a lo sostenido por el juez de primer grado, la conducta del demandado se
enmarcaba en las presunciones contempladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678
de 2001, las cuales no fueron desvirtuadas por aquel.
Resaltó que de las pruebas obrantes al plenario se podía inferir que el señor Julio
César Ardila Torres expidió el acto administrativo que originó la condena en su
contra con “desviación de poder” y “violación manifiesta e inexcusable de las normas
de derecho”, por cuanto modificó la planta de personal de la administración central
ignorando lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y su Decreto
Reglamentario 1562 de 1998, así como lo previsto en el artículo 149 del Decreto
1572 de 1998, modificado por el artículo 7 del Decreto 2504 de 1998, preceptos que
regulaban el procedimiento para la modificación de las plantas de personal, en
especial, la elaboración de los estudios técnicos y la justificación del mejoramiento
del servicio (anexo 10 del expediente digital).
5. Trámite de segunda instancia
En autos del 12 de julio y del 29 de agosto de 2022, esta Corporación admitió el
recurso de apelación y dio traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto,
respectivamente (anexos 16 y 22 del expediente digital), oportunidad en la que la
entidad estatal formuló el mismo escrito del recurso de apelación (anexo 24 del
expediente digital), mientras que el Ministerio Público y la parte actora no
intervinieron en esta etapa procesal.
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
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Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dado que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 129 del CCA4 y el pronunciamiento de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5, los procesos de repetición
se tramitarán ante el juez o Tribunal que hubiera conocido del proceso antecedente,
con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior
jerárquico.
2. Oportunidad de la acción
La norma aplicable de caducidad, para la época en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a este proceso, era el numeral 9 del artículo 136 del CCA, conforme a
la cual “la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la
entidad”.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-832 de 20016, declaró exequible de
forma condicionada el texto transcrito, bajo el entendido de que el término de
caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente
se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses
previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, plazo que empezaría a
contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago.
A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispuso que la acción de repetición
caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día
siguiente al de la fecha de pago total efectuado por la entidad pública (…)”, como
esta norma reiteró el contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA,
la Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 20027, precisó que lo
señalado en la providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior
disposición normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material.
4
“Conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los Tribunales Administrativos (…)”.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009,
expediente 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-832 del 8 de abril de 2001, expediente D-3388, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, expediente D-3773,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Así las cosas, lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la
fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra
primero.
En el sub lite, la condena que sirve de causa a las pretensiones de repetición debía
cumplirse en los términos previstos por los artículos 176 y 177 del CCA, lo que indica
que el municipio de Barrancabermeja tenía un plazo de 18 meses para efectuar el
pago correspondiente, contados a partir de la ejecutoria del fallo del 31 de enero de
2005, dictado por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de
Santander, Norte de Santander y Cesar, pero, como no obra constancia de
notificación, se tendrá en cuenta la expedición de la citada providencia.
Está probado que el pago total de la condena se efectuó el 2 de junio de 2006 (fls.
78 – 80 del c.1), esto es, antes del vencimiento del plazo de 18 meses referido –1°
de agosto de 2006–, por tal razón, el término para acudir ante esta jurisdicción se
extendió hasta el 3 de junio de 2008.
Y como la demanda se radicó el 8 de noviembre de 2006 (fl. 37 del c.1), se concluye
que la acción de repetición se ejerció dentro de la oportunidad prevista en la ley.
4. Legitimación en la causa
4.1. Legitimación por activa
El municipio de Barrancabermeja está legitimado en la causa por activa, en los
términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho
público directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por la Sala
de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de
Santander y Cesar.
4.2. Legitimación por pasiva
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con
lo previsto en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, quien ostente la calidad de agente
o ex agente estatal y que, además, su conducta haya causado la condena
patrimonial contra el Estado es quien puede ser llamado al juicio de repetición8.
Lo anterior denota dos elementos: uno subjetivo, que atiende a la calidad de la
persona vinculada, y otro fáctico, referido al aspecto volitivo de su conducta, último
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 3 de agosto de 2020, expediente 50.489, M.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz.
8
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punto que demanda un análisis entre la acción u omisión y el deber legal frente a la
responsabilidad que se le imputa al demandado para establecer cuándo un daño le
es atribuible. Por tal razón, la acción u omisión del agente o ex agente del Estado
debe estar ligada al hecho que le da base al proceso que finalmente produce la
condena patrimonial al Estado.
En el caso examinado, el señor Julio César Ardila Torres afirmó que no suscribió el
acto administrativo que suprimió el cargo que ocupaba la señora Lilia Rebeca Torres
Niz; que dicho acto fue expedido por el secretario de gobierno del municipio, a quien
él encargó de las funciones de alcalde municipal para la fecha en la que fue proferido
el mismo, por ende, no estaba llamado a comparecer en el sub lite como
demandado.
En criterio de la Subsección, el hecho de que el exalcalde demandado no hubiera
firmado el acto que se anuló en un proceso de nulidad y restablecimiento y que dio
lugar a la condena patrimonial, no lo libera automáticamente de conformar el
extremo pasivo en el medio de control de repetición, ya que es claro que (i) participó
en todo el proceso de reestructuración que se gestó durante su administración9; y
(ii) encargó a un empleado de sus funciones, mientras se desplazaba fuera de su
sede territorial10, convalidando con posterioridad sus actuaciones, de ahí que resulta
procedente analizar su responsabilidad personal a la luz de esas actuaciones, con
el fin de establecer si estas tuvieron injerencia en la causación del daño por el que
se repite.
De otra parte, conviene mencionar que, al igual que en esta oportunidad, la
Subsección B de esta Sección del Consejo de Estado, en asuntos con supuestos
fácticos y jurídicos semejantes al analizado, ha determinado que el señor Julio
César Ardila Torres se encuentra legitimado en la causa por pasiva y es procedente
9
Esta acreditado que para ese momento ostentaba la condición de alcalde del municipio de
Barrancabermeja.
10
En relación con esta modalidad de encargo, la Sección Primera del Consejo de Estado ha
señalado: (…) Es claro que cuando un Gobernador tiene que desplazarse de su sede por razones
del servicio, puede encargar a alguno de sus secretarios para que asuma las cuestiones urgentes
que surjan durante su ausencia, pero él continúa en ejercicio de su cargo, puesto que no se ha
producido una vacante ni definitiva ni temporal.(…) El encargo en comento no es el que se surte
cuando se presenta vacancia, ya sea temporal o definitiva, situaciones en las cuales el encargado sí
asume la plenitud de las atribuciones propias de la investidura. En el presente caso no se dieron las
dos formas de vacancia, puesto que en sí mismo el desplazamiento del funcionario titular por
necesidades del servicio a territorio fuera de su sede no da lugar a ellas. Dicha circunstancia no
constituye causal de vacancia del cargo de Gobernador, de suerte que aún dentro de ésta se
entiende que se encuentra ejerciendo su destino, y que el encargado ejerce las funciones del
Despacho en relación con asuntos urgentes, atendiendo las voces del artículo 93 del decreto 1222
de 1986, disposición similar al artículo 124 de la ley 4ª de 1.913. El encargado en este evento actúa
en representación y no en lugar o sustitución del titular de las competencias. (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de septiembre de 2005,
expediente 2001-00257-01, M.P. María Claudia Rojas).
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
analizar su conducta en relación con el hecho por el cual resultó condenada la
entidad territorial11.
Finalmente, la Sala no puede dejar de mencionar que, en los procesos de repetición,
la habilitación para el reembolso es potestativa de la entidad que resultó afectada
con la condena, es decir, es discrecional en cuanto a que el ente estatal decide
frente a qué y a quiénes pretende iniciar el juicio patrimonial; por tanto, si en este
caso no se demandó al ex secretario de gobierno ni se intentó su vinculación como
litisconsorte, ello no es óbice para que no se analice la conducta del señor Ardila
Torres.
De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a estudiar la responsabilidad
personal del demandado, previo a la consideración sobre la delimitación del aspecto
a examinar en esta instancia.
5. Causa petendi y alcance del recurso de apelación
La Sala estima necesario analizar la causa petendi invocada en la demanda y
después poner de presente lo decidido por el a quo, así como los cuestionamientos
planteados en el recurso de apelación.
El municipio de Barrancabermeja señaló que le asistía responsabilidad al señor Julio
César Ardila Torres por incurrir en “dolo y culpa grave”, en tanto vulneró manifiesta
e inexcusablemente las normas que establecen el procedimiento “para reestructurar
la planta de personal (…)”, porque no dispuso de los estudios técnicos exigidos ni
respondió al mejoramiento del servicio, lo que, en su sentir, provocó el daño por el
cual fue condenado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander
denegó las pretensiones invocadas, habida cuenta de que el demandando desvirtuó
la presunción de “dolo (…) por falsa motivación” que pesaba en su contra, cargo
que, a su modo de ver, se deducía de la providencia en la que se declaró la nulidad
del Decreto 5 del 14 de enero de 2002, y, además, del fallo del Consejo de Estado
que confirmó la declaratoria de nulidad del Decreto 237 de 2001, acto que sirvió de
sustentó para suprimir el cargo que ocupaba la señora Lilia Rebeca Torres Niz.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 3 de agosto de 2020, expediente 50.489, M.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz y
sentencia del 8 de septiembre de 2021, expediente 55.968, M.P. Alberto Montaña Plata. En el primer
pronunciamiento, la Sala reflexionó de manera explícita sobre el encargo y no declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. En la segunda decisión, si bien no existió
análisis de la legitimación, lo cierto es que se tuvo por superada, al punto de que se emitió decisión
de fondo.
10
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Como soporte de su decisión, argumentó de manera muy general que “los actos
administrativos que dispusieron de la supresión del empleo (…), esto es, los
Decretos 005 del 14 de enero de 2002 y 010 del 15 de enero del mismo año -
declarados nulos por esta jurisdicción y que dieron lugar al pago de la condena por
cuyo reembolso se repite en esta oportunidad- fueron proferidos contando con los
estudios técnicos exigidos por el artículo 41 de la Ley 443 de 1998”.
La parte actora en su recurso de apelación subrayó que el señor Julio César Ardila
Torres actuó con “dolo y culpa grave”, porque expidió el acto administrativo que
ocasionó la condena en su contra con “desviación de poder” y “violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho”, al desconocer varias disposiciones
normativas que regulan lo atinente a la modificación de las plantas de personal de
las entidades públicas.
La Subsección considera oportuno señalar que (i) el a quo desconoció el principio
de congruencia12 cuando dictó la sentencia que ahora es objeto de apelación; y (ii)
el recurrente intentó modificar la causa petendi en la alzada, como pasa a
explicarse:
(i) La Sala advierte que, si bien en principio se afirmó que el demandado incurrió en
“dolo y culpa grave”, lo cierto es que realizar una imputación en la que se aleguen
dichos aspectos de manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible
que el funcionario o exfuncionario, al mismo tiempo, quiera el resultado ajeno a las
finalidades del servicio y, a su vez, no busque desmejorarlo. Por tanto, se ha
sostenido que, si el caso concreto permite una doble atribución de la conducta
respecto de cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias
imputaciones de ese tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones de manera
subsidiaria, porque, de esa forma, el demandado podrá ejercer su derecho de
defensa debidamente13.
Así pues, como no se estructuró la demanda con pretensión principal y subsidiaria,
la imputación de la demandante sólo podía analizarse bajo una conducta de culpa
grave del demandado, pues sólo se sustentó la presunción de violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho, de ahí que el análisis del tribunal debía
circunscribirse a dicho aspecto.
12
El artículo 305 del CPC establece: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 62.110, M.P. María Adriana Marín.
11
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Empero, el juez de primera instancia centró su estudio en establecer si el
demandado actuó o no con “dolo (…) por falsa motivación”, cuando ni esa ni otra de
las causales del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 fue invocada o sustentada y
tampoco se podía extraer del fallo que impuso la condena patrimonial, pues el acto
de administrativo de supresión se anuló por falta de competencia.
Igualmente, no era acertado edificar la presunción de responsabilidad del
demandado a partir de un fallo que al parecer dictó con posterioridad el Consejo de
Estado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho similar al sub
judice, mediante el cual se confirmó la nulidad del Decreto 237 de 2001, sino que
debía hacerlo conforme con lo resuelto por la Sala de Descongestión para los
Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, comoquiera
que esa fue la determinación que dio lugar a la presente controversia, decisión en
la que ni siquiera se abordó el análisis de ese decreto por encontrar configurada la
caducidad –se verá más adelante– y, en cualquier caso, esa sentencia no fue
apelada, por manera que no tuvo revisión ante esta Corporación.
Es decir, el tribunal no estaba habilitado para evaluar la conducta del demandado
por un actuar doloso y menos por la causal aludida -aspecto que, por cierto, esta
Subsección tampoco puede analizar, en virtud del principio de congruencia-, en la
medida en que, se reitera, en la demanda no se fundamentó esa imputación ni
correspondía a las bases de la providencia que anuló el acto administrativo que
ocasionó la condena patrimonial contra el Estado, esto es, el Decreto 4 del 14 de
enero de 2002.
A pesar de que el juez de primer grado erró en definir la causal de la calificación de
la conducta del demandado, la Sala observa que, extrañamente, los argumentos
para eximirlo de responsabilidad en realidad demarcan una ausencia de culpa
grave, pues señaló “los actos fueron proferidos contando con los estudios técnicos
exigidos por el artículo 41 de la Ley 443 de 1998”, aspecto que sí fue cuestionado
en la alzada y, por ende, permite que la Sala se pronuncie al respecto en esta
instancia.
(ii) En el recurso de apelación, la parte actora, entre otras cosas, aseguró que el
demandado actuó con dolo, en particular, con “desviación de poder”; sin embargo,
la Subsección no puede estudiar esa presunción, en la medida en que implicaría
modificar la causa petendi de la demanda, pues es claro que no se pidió una
declaratoria de responsabilidad por este concepto y tampoco puede deducirse de la
sentencia del 31 de enero de 2005, dictada por la Sala de Descongestión para los
Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar.
12
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que esta
jurisdicción, en las actuaciones que conoce, carece por completo de facultades para
variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de
esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si
hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los
antecedentes fácticos descritos en la demanda o su modificación y a los medios de
convicción regular y oportunamente agregados al plenario.
Por tanto, cualquier variación del marco fáctico implicaría un desconocimiento
flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte
demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los
hechos presentados en la demanda y jamás tendría opción de ejercer en ese caso
el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los
elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y
consecuencial condena en su contra, por lo que el juez debe resolver sobre las
pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con sustento en
la prueba regular y oportunamente aportada al proceso conforme con el artículo 305
del CPC14.
En línea con lo anterior, la Sala no tiene competencia para estudiar una conducta
dolosa del demandado por desviación de poder, porque la alzada no tiene por objeto
que se adicionen o incluyan cargos no esgrimidos en la demanda15.
Así que, atendiendo al principio de congruencia y, de acuerdo con el reparo concreto
de la apelación, a la Sala le corresponde realizar el juicio de responsabilidad
personal contra el señor Julio César Ardila Torres por una eventual culpa grave. Los
demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición se encontraron
acreditados en primera instancia y no fueron objeto de discrepancia.
6. Culpa grave en cabeza del señor Julio César Ardila Torres
Antes de verificar si la conducta que se le atribuyó al demandado puede o no
calificarse de gravemente culposa, la Sala expondrá unas consideraciones
generales acerca de la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley
678 de 2001, norma que es la que resulta aplicable al sub lite, puesto que el hecho
que dio origen a la condena ocurrió el 14 de enero de 2002.
14
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente 34.357, M.P. Hernán
Andrade Rincón, reiterada en decisión del 19 de febrero de 2021, M.P. María Adriana Marín,
expediente 54.320.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente 54.407.
13
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
6.1. Presunción de culpa grave contemplada en el artículo 6 de la Ley 678 de
2001
Las presunciones tienen como finalidad tener como cierto o probable un hecho que
se infiere a través de un juicio lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a
las máximas generales de la experiencia y la sana crítica16, de ahí que se considere
que tiene por virtud invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en
favor de quien la invoca. Aquellas, pueden considerarse como de tipo legal (iuris
tantum), cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de iure), cuando
se considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el contrario, no
es posible desacreditarlo. Así se encuentra plasmado en el artículo 66 del Código
Civil:
Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no
existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los
antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma
rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o
circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende
que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o
circunstancias.
Ahora bien, conviene señalar que cuando el Estado ha sido condenado a la
reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las
hipótesis consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó
una serie de presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a
tornar efectiva la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz
la responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u
omisión generen.
La Sala encuentra que las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de
2001 tienen naturaleza de legales17 y, por tanto, la entidad demandante tiene la
carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas
16
Francesco Carnelutti, La prueba civil, (Buenos Aires: Arayú, 1955), 19.
17
El profesor Betancur Jaramillo cuestiona el nomen iuris adoptado por el legislador de 2001, y afirma
que “vistas las definiciones y los eventos que los ponen de presente, habrá de concluir que lo que
quiso el legislador fue señalar o calificar unos hechos como dolosos en su artículo 5 y otros, como
equivalente a culpa grave, en el siguiente. En otras palabra, cuando la primera norma enuncia cinco
hechos (…) no lo hace a título de antecedentes para que de él se infiera o presuma el dolo, sino que
está dando a entender que cuando ocurra cualquiera de los hechos enunciados y probados no es
que se presuma el dolo, sino que existe éste (…) Corrobora la idea de que el artículo 5 no establece
presunciones sino que enuncia casos de dolo, la definición misma que sobre éste hace en su inciso
1º, al señalar que el agente actúa con dolo cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno
a la finalidad del servicio del Estado”. Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho Procesal Administrativo,
Medellín, Seña Editora, 2013, p. 124 y 125.
14
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
normas, puesto que “la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga
de probar el hecho contrario”18. Así también lo ha considerado esta Subsección:
Las presunciones de culpa grave y de dolo contenidas en la Ley 678 de 2001
son legales. Esto se debe a que así lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia C-374 de 2001 al decidir acerca de la constitucionalidad de los
artículos 5 y 6 de esa normativa (…). Concluyó la Corte Constitucional que las
presunciones que contempla la Ley 678 de 2001 son legales, pues, de haberlas
calificado de derecho, la acción de repetición carecería de sentido.
Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en contra, por
fundarse en el orden público], el demandado en una acción de repetición no
tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no
ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se encontraría en una
posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría
la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a
“presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”19.
De tal manera que se comparten las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional acerca de que la Ley 678 de 2001 incorporó presunciones
legales, toda vez que de esta manera se garantiza el ejercicio del derecho de
defensa, como vía para hacer valer la presunción de inocencia en desarrollo de
una demanda de repetición, escenario judicial que se instauró precisamente
para definir la responsabilidad o no del servidor o ex servidor del Estado20.
En efecto, en los antecedentes legislativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27
del Código Civil (voluntas legislatoris), se mencionó que el establecimiento de estas
presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la acción de repetición e invertir
la carga de la prueba, ya que el demandado debe desacreditar el hecho que le da
origen a aquella. Así fue narrado en la ponencia para primer debate en el Senado:
[E]l legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de
repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la
culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de
repetición sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la
presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la
acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente
para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para
presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte
demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se
configuró21.
Asimismo, la Corte Constitucional lo precisó al estudiar la constitucionalidad, entre
otros, del artículo 6 la Ley 678 de 2001, pues indicó que, para hacer efectivo el
precepto del artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger la
moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la
18
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II (Bogotá: Temis, 2017),
681.
19
Original de la cita: “El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 6 de julio de 2017, expediente 45.203, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada en
decisión del 4 de diciembre de 2020, expediente 65.086, M.P. María Adriana Marín.
21
Congreso de la República, Gaceta del Congreso 14 del 10 de febrero de 2000, página 16.
15
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba en su favor una presunción,
como por ejemplo, de culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda
desvirtuarla mediante prueba en contrario, ya que aquella no constituye un juicio
anticipado que desconozca la presunción de inocencia:
(…) Con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca
hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el
Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el
supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere,
correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin
de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de
defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse
en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta
circunstancia se vulnera el debido proceso22.
Es claro que, en estos casos, no se compromete el derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que el agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición
siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil23.
Así, por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario,
la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta
sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de
las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la presunción “no impide
que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la finalidad de desvirtuar
aquella y demostrar que en realidad esos hechos no han ocurrido. Si se consigue
este objetivo o, por lo menos, que el juez estime inciertos aquellos hechos, no podrá
aplicar la presunción”24.
Ahora, su previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad
en cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, ya que, si este
puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de
la acción de repetición, el juez -en estos casos- está en el deber de realizar una
nueva evaluación de la conducta del agente. Por esta razón, el simple hecho de que
el legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex
funcionario estatal, no impide que esta presunción pueda ser destruida con la
presentación de pruebas de descargo.
La Sala ha sostenido que la previsión del citado artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no
entraña que las causales ahí enunciadas sean las únicas respecto de las cuales
puede calificarse una conducta como gravemente culposa, puesto que el juez de la
acción de repetición podrá deducir otros supuestos de hecho que puedan calificarse
22
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.
23
Ibidem.
24
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, 689.
16
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
como tales al apreciar el caso puesto a su consideración25, pero en relación con
estos últimos no podrá aludirse a la aplicación de una presunción y, por tanto, la
entidad estatal estará obligada a probar no solamente el supuesto de hecho de
aquella sino, también, la conducta de la actuación del funcionario público.
6.2. Imputación de la responsabilidad
Para resolver este punto, lo primero que se debe tener en cuenta es que el municipio
de Barrancabermeja mencionó que la conducta del demandado era gravemente
culposa, en los términos del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, dado
que el señor Julio César Ardila Torres violó de forma manifiesta e inexcusable
aquellas normas de derecho que le eran exigibles, puesto que modificó la planta de
personal y suprimió el cargo de la señora Lilia Rebeca Torres Niz, sin contar con los
estudios técnicos y con los motivos necesarios para mejorar el servicio, presunción
que, a juicio del Tribunal Administrativo de Santander, quedó desvirtuada –aunque
a partir de conclusiones descontextualizadas y ligeras–.
En el recurso de apelación, la entidad territorial insistió en la configuración de la
culpa grave del demandado, en atención a que de la valoración de los elementos
de juicio obrantes al plenario era posible deducir que omitió lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y su Decreto Reglamentario 1562 de 1998, así
como lo establecido en el artículo 149 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el
artículo 7 del Decreto 2504 de 1998.
Como se expuso con antelación, quien alegue a su favor una presunción deberá
probar plenamente y, a través de medios conducentes, pertinentes y eficaces, los
hechos que le dan su origen, puesto que resulta claro que el legislador no pugnó
por una suerte de tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico.
En efecto, las presunciones establecidas en la ley sólo serán procedentes y se
tendrán por ciertas cuando los hechos en que se funden estén debidamente
probados, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.
Para la Subsección resulta necesario dejar claro que el hecho que le da sustento a
la presunción debe estar completamente probado y no debe dar lugar a duda
alguna, para ello podrá acudirse a una valoración integral de las pruebas que obran
en el expediente26.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de mayo de 2014, expediente 40.755, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
26
Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto
de 2006, expediente 28448. M.P Ruth Stella Correa Palacio.
17
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Bajo ese contexto, se enunciarán los hechos que se encuentran probados, en
atención a las únicas pruebas obrantes al expediente:
• El 8 de junio de 2001, el municipio de Barrancabermeja y la ESAP suscribieron un
convenio interadministrativo, cuyo objeto fue que la última entidad elaborara el
estudio técnico para la reestructuración de la planta de personal de la administración
central, “fundamentado en necesidades del servicio o en razones que propendan
por la modernización de la institución” (fls. 226 – 228 del c.1).
• Pasados cinco meses, la señora Elsa Peñaloza Bueno, en calidad de coordinadora
de asesorías de la ESAP, remitió al demandado, en su condición de alcalde del
municipio de Barrancabermeja, el proyecto de los actos administrativos mediante
los cuales se proponía la estructura administrativa de la entidad y se fijaba la escala
salarial de los empleos, en razón de que el estudio técnico se encontraba en su
etapa final.
En esa oportunidad, se indicó que los modelos recomendados estaban
“proyectados de acuerdo al desarrollo legal, político e institucional que le permita al
municipio cumplir con los principios constitucionales, legales y al plan de desarrollo
que recoge su programa de gobierno” (fls. 229 – 266 del c.1).
• El 27 de noviembre de 2001, el equipo ejecutor designado por el municipio de
Barrancabermeja y el equipo técnico de la ESAP sostuvieron una reunión para
discutir sobre los avances del estudio técnico de reestructuración y ajustar el
proyecto de los actos administrativos para establecer la nueva planta de personal
del municipio. En el acta se registró (fls. 257 – 268 del c.1):
(..) Se reunieron en el despacho de la alcaldía municipal, el equipo ejecutor
designado por el doctor Julio Cesar Ardila Torres, Alcalde Municipal, para la
ejecución del convenio interadministrativo 0342-01, conformado por el
Secretario de Gobierno, Secretario Jurídico, Secretario Privado y el Secretario
General quien actúa como supervisor y por parte del equipo técnico de la
Escuela Superior de Administración Pública, las doctoras Elsa Peñaloza Bueno,
Coordinadora de Asesorías y Leicy Muñoz Ulloa, Profesional de Apoyo. El fin
de la presente reunión es dar a conocer al equipo ejecutor, por parte del equipo
técnico conformado para la elaboración del estudio técnico para la
reestructuración administrativa del nivel central de la administración municipal,
del primer avance del convenio en mención, para las consideraciones que
estimen pertinentes acotar. Este primer avance consiste en entregar a la
administración central los proyectos de los actos administrativos por los cuales
se establece la estructura administrativa del Municipio de Barrancabermeja y se
dictan otras disposiciones y por el cual se fija la escala salarial de la planta de
personal de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. La doctora Elsa
Peñaloza Bueno, Coordinadora del Proyecto, hizo una presentación clara y
precisa de la nueva estructura que se recomienda al ejecutivo municipal, la cual
es el resultado de un diagnóstico y responde a las necesidades de la
administración municipal y al cumplimiento de su misión constitucional y se
encuentra sustentado en el documento de estudio técnico que será entregado
una vez finalice el proceso.
18
Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
La nueva estructura se diseñó con el fin de garantizar la eficiencia y la
racionalidad de la gestión pública, de evitar duplicidad de funciones y
actividades y asegurar la unidad en la concepción y ejercicio de la función
pública (…). La nueva estructura se diseñó con el fin de garantizar la eficiencia
y la racionalidad de la gestión pública, de evitar duplicidad de funciones y
actividades y asegurar la unidad en la concepción y ejercicio de la función
pública.
• Mediante Decreto 237 del 27 de noviembre de 2001 2001, el señor Julio César
Ardila Torres definió la estructura administrativa de la entidad territorial (cargos,
funciones, misiones, obligaciones, etc.) (fls. 269 – 302 del c.1) y, por medio del
Decreto 5 del 2002, se suprimió, entre otros cargos de la planta de personal, el
ocupado por la señora Lilia Rebeca Torres Niz, considerando que, en virtud del
artículo 7 del Decreto 2504 de 1998, existía la necesidad de mejoramiento del
servicio; igualmente, porque se habían adelantado los estudios técnicos
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 443 de 1998 y el Decreto
1572 de 1998 (fls. 148 – 152 del c.1).
• En decisión del 30 de octubre de 2003, la Fiscalía General de la Nación se inhibió
para iniciar una investigación penal contra el aquí demandado por los punibles de
prevaricato por acción y omisión y celebración indebida de contratos, conductas que
se relacionaron con la reestructuración administrativa. Sobre el particular, se expuso
(fls. 153 – 158 del c.1):
(…) El prevaricato supone la existencia de una relación lógica y causal entre la
contradicción de la ley, con la decisión tomada y el ánimo perverso y torcido. En
el caso examinado, únicamente se realizaba un estudio con una entidad
autorizada como era la ESAP y al establecer que para disminuir el personal
debía indemnizar a esas personas, eso tenía que hacerse con cargo al
presupuesto, se obró con la prudencia debida y se determinó reubicar el
personal, por tanto, no se pagaron indemnizaciones de tal manera que el
alcalde actuó con base en las facultades que le permitían actuar como lo hizo.
Cosa distinta hubiera sido que hubiera comprometido de manera irresponsable
los dineros del municipio, para ello sí requería autorización del Concejo, no
existió disponibilidad presupuestal y no existe, porque no se hizo erogación (…)
el procedimiento tenía que hacerse en cumplimiento de la Ley 617 de 2002, que
debía acatar el alcalde y lo hizo contando con la ESAP, que merece credibilidad
en materia de administración pública.
La celebración indebida de contratos va referida a contratos sin el cumplimiento
de los requisitos legales y la condición es que exista un estudio. Este se hizo,
pero si el estudio se hace relacionado al convenio no tendría sentido, porque no
se puede solicitar un análisis en estas condiciones. Para la reestructuración se
necesitaba el estudio.
Solo hubo un procedimiento administrativo que redistribuye la misma planta de
personal para lograr una mejor prestación del servicio y esas funciones la ley
136 se las asigna al alcalde, haciéndolo con base en la ley y no el acuerdo que
era para suprimir o indemnizar.
• El 31 de enero de 2005, la Sala de Descongestión para los Tribunales
Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar resolvió la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Lilia Rebeca Torres
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Niz contra el municipio de Barrancabermeja, decisión en la que declaró (i) la
caducidad de la acción respecto de los Decretos 237 de 2001 y 238 de 2001; y (ii)
la nulidad del Decreto 5 del 14 de enero de 2002, por medio del cual se suprimió el
cargo ocupado por la mencionada persona y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó el reconocimiento y pago de los emolumentos laborales dejados
de percibir desde que se produjo su retiro, así como su reintegro al cargo que
ocupaba o a uno similar.
Lo anterior, porque estimó que respecto del tal acto administrativo se configuró la
causal de nulidad de incompetencia, teniendo en cuenta que cuando el alcalde
encargado firmó el decreto ya se había vencido la facultad extraordinaria que le
había otorgado el Concejo Municipal para reformar la planta de personal, situación
que, a su parecer, vulneró el artículo 121 de la Constitución Política y las Leyes 136
de 1994 y 617 de 2001. Así planteó sus razonamientos (fls. 15 – 28 del c.1):
(…) El acuerdo 03 del 28 de febrero de 2001 del Concejo Municipal de
Barrancabermeja le concede una autorización y facultades extraordinarias al
alcalde municipal basándose en la Constitución y las Leyes 136 de 1994 y 617
de 2001; durante el término de seis meses contados a partir de la vigencia de
dicho acuerdo. Por consiguiente, es sólo dentro de ese término que el alcalde
podía expedir los Decretos tendientes a realizar las reformas necesarias para
tal fin que se había encomendado, y no como se hizo, después de haber vencido
el lapso determinado.
Razón por la cual el alcalde, por transcurrir el tiempo, ya no era competente
para proferir el Decreto 05 de 2001 y al hacerlo realizó un acto para el cual la
ley no le otorgaba capacidad jurídica, con ello, además de violar la ley, contrarió
el artículo 121 de la Carta Magna.
(…) En el caso sub examine, es claro que la administración al expedir el acto
administrativo contenido en el decreto, infringió la ley, toda vez que el alcalde
municipal de Barrancabermeja era incompetente, en función del tiempo para
expedir el acto administrativo demandado, así las cosas, la Sala advierte que
se configura la causal de incompetencia como causal de nulidad de los actos
administrativos (…).
• El municipio de Barrancabermeja cumplió con las obligaciones impuestas el 4 de
mayo y el 2 de junio de 2006 (fls. 75 – 79 del c.1).
• La señora Elsa Peñaloza Bueno, quien para la época de los hechos era la
coordinadora del convenio interadministrativo suscrito con la ESAP, rindió
declaración ante el a quo, diligencia en la que narró (fls. 306 – 312 del c.1):
(…) PREGUNTADO. Sírvase hacer un relato pormenorizado de lo que le conste
en relación a los hechos de la demanda. CONTESTÓ. Trabajaba en la Escuela
Superior de Administración Pública y el alcalde Julio César Ardila Torres firmó
un convenio con la ESAP para hacer un estudio técnico en aras de modificar la
planta de personal y hacer una reforma a la estructura administrativa de la
entidad. En desarrollo de este convenio yo fui parte de un equipo de
profesionales que conformó la institución para desarrollar ese estudio y de
hecho coordinaba la actividad. En desarrollo de ese convenio la ESAP desplazó
su equipo a la ciudad de Barrancabermeja y allá trabajamos durante largo rato.
Quiero dejar en claro que si alguna cosa dijo el alcalde fue que quería que ese
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Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
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estudio fuera absolutamente técnico, que no tenía compromisos con nadie. Hicimos un estudio técnico y considero que la escuela es la entidad rectora en
esos temas de lo público, es la entidad encargada de orientar a los gobernantes. La escuela organizó un equipo especializado en el tema para abordar el proceso
y considero que se hizo un estudio totalmente técnico y estuve pendiente
siempre con lo que sucedía. Cuando me enteré del proceso que cursaba de
nulidad contra los actos administrativos que se profirieron con ocasión de esa
reestructuración. El municipio nunca llamó a la escuela, toda vez que ella debió
convocarse pues fue la que llevó a cabo los estudios que dieron origen a los
actos administrativos demandados y el municipio incurrió en irresponsabilidad
en la defensa. El municipio pudo contratar con un particular el estudio, pero no
lo hizo, contrató con una entidad experta en el tema y quiero dejar en claro eso
(…) PREGUNTADO. En su calidad de coordinadora del Convenio
Interadministrativo suscrito entre la ESAP y el municipio de Barrancabermeja
en el año 2001 para la elaboración del estudio técnico para la nueva estructura
y la nueva planta de personal, por favor informe si el mismo se cumplió en su
totalidad. CONTESTÓ. Sí se cumplió en su totalidad, los estudios fueron
eminentemente técnicos realizados por profesionales idóneos y la ESAP era la
entidad más competente para hacer ese estudio. PREGUNTADO. La Escuela
ESAP cumplió con toda la normatividad vigente para el proceso de
reestructuración administrativa y proyectar el decreto. CONTESTÓ. Absolutamente, sí había una institución que conociera las normas se llama
ESAP, porque una de sus tareas era hacer la divulgación de las normas a nivel
territorial y que afectaban las estructuras y plantas de personal. PREGUNTADO. En qué se sustentó la ESAP para proyectar el Decreto de
reestructuración y que recibió el radicado 237 de 2001. CONTESTÓ. En los seis
meses estando en el municipio, el estudio se llevó a cabo entrevistando las
personas, evaluando la parte financiera del municipio, el diseño de la estructura
no fue una improvisación, no fue un estudio a distancia. La idea era optimizar el
recurso financiero y el recurso humano, ese era el propósito que se le planteó
al municipio para el cumplimiento de sus funciones. PREGUNTADO. Para
expedir el Decreto 005 de 2002, por el cual se adopta la planta de personal se
requería hacerlo dentro del término de facultades que otorgó el Concejo
Municipal al alcalde para modificar la estructura administrativa, o por ser una
función propia del alcalde únicamente se requería del estudio de la modificación
de la planta de personal y el rubro presupuestal necesario. CONTESTÓ. Para
la época de los hechos el facultado para modificar la estructura administrativa
es el Concejo del municipio y por eso otorgó unas facultades mediante un
acuerdo y por eso el decreto de la estructura salió dentro del tiempo de las
facultades, pero para la planta de personal era facultad del alcalde del municipio
y el requerimiento era un estudio técnico el cual fue realizado y documentado. PREGUNTADO. La intención de la modificación de la estructura no era hacer
despidos, sino ajustar la misma a las necesidades del servicio. CONTESTÓ. Era estrictamente ajustar la planta a las necesidades del servicio, a cumplir con
sus funciones de la categoría del municipio de Barrancabermeja y que también
que estuviera con la capacidad financiera del municipio. PREGUNTADO. La
declaratoria de nulidad del Decreto 237 de 2001 se debió a un error de la ESAP
que realizó el estudio y proyectó el Decreto 237 o fue ocasionado por el alcalde
Julio César Ardila Torres o fue por falta de defensa del municipio en el proceso
de nulidad. CONTESTÓ. Mi percepción fue falta de defensa, además el alcalde
Julio César Ardila Torres expidió el decreto tal y como lo proyectó la escuela
(…) PREGUNTADO.
Sírvase decir al despacho cómo aplicó el estudio realizado
por el alcalde del municipio de Barrancabermeja. CONTESTÓ. El alcalde
profirió el decreto estrictamente del estudio que se realizó por la ESAP, él no
hizo modificaciones. Pero por supuesto en todo el proceso durante los seis
meses el equipo siempre estuvo al tanto del proceso y el alcalde profirió los
actos tal cual como fueron proyectados. PREGUNTADO. El alcalde durante el
estudio tuvo contacto con la ESAP. CONTESTÓ. El alcalde estuvo
permanentemente al tanto del estudio. Nos dejó una sala alterna al despacho y
siempre estuvo muy atento a las reuniones que programamos para mostrar
avances y presentar informes alrededor del tema, con relación a avances,
estando pendiente del proceso realizado (…).
Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala advierte que no se acreditó el hecho
base de la presunción alegada contra el demandado.
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En efecto, el municipio de Barrancabermeja señaló que se presumía la conducta
gravemente culposa del señor Julio César Ardila Torres, pues con la expedición del
acto administrativo que ocasionó la condena se vulneraron de forma manifiesta e
inexcusable las normas de derecho –numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001–
, especialmente, las relativas al procedimiento para la modificación de la planta de
personal (estudios técnicos y necesidades del servicio), es decir, el artículo 41 de la
Ley 443 de 1998 y su Decreto Reglamentario 1562 de 1998, así como el artículo
149 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el artículo 7 del Decreto 2504 de
1998, imputación que defendió a lo largo del proceso y que confirmó en el recurso
de apelación.
No obstante, se tiene que la nulidad del Decreto 5 del 14 de enero de 2002 no devino
de la falta de estudios técnicos o de la ausencia de motivos para mejor el servicio,
sino por incompetencia, toda vez que cuando el exalcalde expidió el acto
administrativo la facultad pro tempore otorgada por el Concejo Municipal ya había
fenecido, lo que, desde la perspectiva de la Sala de Descongestión para los
Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, desconoció
el artículo 121 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2001.
Así pues, el hecho que la entidad adujo para que se aplicara a su favor la presunción
invocada no guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por manera que a partir de esa
decisión no puede tenerse por acreditado, conclusión que también se predica de los
demás elementos de prueba obrantes al plenario, debido a que no dan cuenta de
ello.
Podría pensarse en el hipotético de aplicar la causal del numeral 2 del artículo 6 de
la Ley 678 de 2001, que prevé la presunción del actuar gravemente culposo del
agente estatal cuando el daño es producto de una “carencia o abuso de
competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable”,
evento por el cual sí se anuló el acto de supresión del cargo de la señora Lilia
Rebeca Torres Niz; empero, la parte actora circunscribió su imputación,
exclusivamente, a otra causal y la fundamentó en argumentos aislados a los del
juez del proceso primigenio, lo que no da lugar a interpretación y, por ende, la Sala
no puede suplantar la voluntad del municipio.
En todo caso, al margen de que no se hubiera acreditado el supuesto de hecho que
daba lugar a aplicar la presunción, la Subsección tampoco observa de las pruebas
obrantes al plenario una falta de diligencia y descuido del demandado para expedir
el decreto que establecía la nueva estructura administrativa del municipio por
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
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ausencia de estudios técnicos que lo soportaran o de motivos para mejorar el
servicio, en los términos de las normas citadas por la accionante.
Por el contrario, salta a la vista que el acto administrativo fue expedido contando
con dichos documentos, los cuales fueron elaborados por la ESAP, en virtud del
convenio interadministrativo que se suscribió para tal fin, además, que el proyecto
final fue sometido a discusión por parte de los comités designados para esos efectos
y no tuvo modificaciones adicionales por parte del exalcalde, sino que su contenido
se replicó tal cual en los actos que integraron el proceso administrativo; asimismo,
que el propósito fue “optimizar el recurso financiero y el recurso humano para el
cumplimiento de las funciones que demandaba el municipio”.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, a través de la
cual se denegaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí
expuestas.
7. Costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila
un asunto de “interés público”.
Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de
repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad
es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es
uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, en esta instancia, no
hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso, pese a que se
le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, expediente 63.519, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia
del 3 de octubre de 2019, expediente 49.865 y sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente
64.790.
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Radicación número: 68001-23-31-000-2013-00748-01 (68.569)
Actor: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado: JULIO CÉSAR ARDILA TORRES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2021, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander denegó las pretensiones de la
demanda, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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