Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2018-00082-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2018-00082-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2018-00082-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2018-00082-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
27 de abril de 2026
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (CPACA)
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00082-02 (74070)
Demandantes: CONSTRUCCIONES JE S.A.S. Y OTRO
Demandados: ECOPETROL S.A. Y OTRO
TEMAS: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – En
los términos del artículo 164 del CPACA, por regla general se cuenta a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento – sin embargo, varía
según si el contrato fue liquidado o no, si dicho corte de cuentas fue unilateral o bilateral y/o si se
hizo mediante acto administrativo o acto de derecho privado. RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA – En su actividad contractual aplicarán el derecho privado cuando desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector público y/o privado, nacional o internacional o
en mercados regulados, en los términos del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. MERCADOS
REGULADOS – Son aquellos en que no cuentan con libertad de oferentes y consumidores, debido
a limitantes y/o restricciones impuestas por el Estado sobre la manera en que se transan
determinados bienes y servicios. ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS – Se lleva a cabo en un
contexto de mercado regulado. CONDENA EN COSTAS – No se decide con fundamento en el
capricho del juez, sino en virtud de los criterios objetivos fijados por el CPACA y el CGP. Las costas
están conformadas por las agencias en derecho y las expensas. PROCEDENCIA DE LA CONDENA
EN COSTAS - Procede si se derrotó totalmente a una parte y en la medida en que se hayan causado.
Cuando la parte ganadora acudió con abogado e intervino en el proceso se generan agencias en
derecho en su favor.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos S.A.S. contra la sentencia del 20 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda y el a quo se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandante.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 17 de junio de 2015, la sociedad Ecopetrol S.A., obrando como representante de
la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., asignó a la unión
temporal J & J cuartos de control el contrato No. 8000000839, que tuvo por objeto
la realización de obras para el traslado de un cuarto de control y facilidades para la
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
infraestructura del despacho en la planta Santiago de la segunda empresa en
comento.
El objeto contractual no fue satisfecho en el plazo negocial, lo que llevó a que,
mediante decisión del 29 de septiembre de 2015, se terminara anticipadamente el
acuerdo de voluntades, tras lo cual, el 17 de diciembre de 2015, Ecopetrol S.A., en
representación de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.,
lo liquidó unilateralmente.
Inconformes, los miembros de la unión temporal J & J presentaron demanda de
controversias contractuales contra las sociedades Ecopetrol S.A. y Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos S.A.S., con el fin de que se declarara el incumplimiento
del contrato No. 8000000839 por parte de aquellas, así como la ruptura del equilibrio
económico del contrato, por considerar que el objeto negocial no pudo concretarse
por la falta al deber de planeación, así como en omisiones de los deberes negociales
de las demandadas.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 15 de marzo de 20181, los señores Juan de Jesús Amaris Mejía y la sociedad
Construcciones JE S.A.S. -en reorganización- presentaron demanda, en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales, contra las sociedades Cenit
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. -en lo sucesivo se la denominará
Cenit- y Ecopetrol S.A. -en adelante se la llamará Ecopetrol-, con el fin de que se
declarara el incumplimiento y/o desequilibrio económico del contrato No.
8000000839.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“2.1. DECLARACIONES Y CONDENAS
1 Archivos 2 a 13 de la carpeta “01-Cuaderno principal” del índice 3 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
2
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
2.1.1.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PLANEACIÓN
CONTRACTUAL DEFICIENTE. Se declare probado que la
CONTRATANTE, con relación al CONTRATO No. 8000000839
desconoció el principio de la planeación contractual, ya que no respetó en
su esencia lo pactado en los DPS (Documentos del Proceso de Selección)
y en especial lo dispuesto en las CEC, Especificaciones Técnicas.
2.1.2.- OMISIÓN AL DEBER DE INFORMAR. Se declare probado que la
CONTRATANTE, con relación al CONTRATO No. 8000000839, violentó
su deber de informar al demandante; ya que no cumplió lo dispuesto en
el Anexo 2 del Manual de Contratación de ECOPETROL S.A., que
dispone el deber de informar el análisis de riesgo del CONTRATO No.
8000000839 y quien los asumiría.
2.1.3.- MALA FE CONTRACTUAL. Se declare probado que la
CONTRATANTE., con relación al CONTRATO No. 8000000839 vulneró
el principio de la buena fe contractual del demandante, al que estaba
obligada inexcusablemente.
2.1.4.- Se declare que el comportamiento real y efectivo de la
CONTRATANTE., no fue ajustado al ordenamiento legal ni al CONTRATO
No. 8000000839. No respetó en su esencia lo pactado, no cumplió con
las obligaciones derivadas del acuerdo.
2.1.5.- RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL. Se declare la
ruptura del equilibrio económico del CONTRATO No. 8000000839, y se
condene administrativa y contractualmente a los demandados, a pagar a
i) CONSTRUCCIONES JE S.A.S. EN REORGANIZACION y ii) JUAN DE
JESUS AMARIS MEJÍA, el valor de los perjuicios: (a) Por Daño
Emergente la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (COP$596,436,225) o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso; monto que ha de
ser actualizado conforme el último inciso del artículo 187 del CPACA.
2.1.6.- Se condene a la demandada al pago de costas y agencias en
derecho”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Adujo que Cenit es una filial del 100% de Ecopetrol conformada en 2013 para
administrar los activos de transporte de su matriz, incluidos varios ductos y
oleoductos.
1.3.2. Consideró que, el 13 de abril de 2015, Ecopetrol profirió el acto de apertura
del procedimiento de selección No. 74000000218, mediante el cual dio inicio a la
invitación para celebrar un contrato para la realización de varias obras.
3
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
1.3.3. Aseveró que, el 23 de abril de 2015, el señor Juan de Jesús Amaris Mejía y
la sociedad Construcciones JE S.A.S. suscribieron el “contrato de acuerdo de
conformación de la unión temporal J&J cuartos de control” -en adelante se la
denominará unión temporal J & J-, esquema que presentó oferta mercantil a la
convocatoria.
1.3.4. Argumentó que, el 17 de junio de 2015, Ecopetrol asignó el contrato No.
8000000839, cuyo objeto consistió en la realización de “obras para el traslado del
cuarto de control y facilidades para la infraestructura de despacho en la planta
Santiago de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”.
1.3.5. Indicó que, el 7 de julio de 2015, suscribió el acta de inicio del contrato No.
8000000839.
1.3.6. Anotó que, el 11 de agosto de 2015 Ecopetrol dirigió una carta a la unión
temporal J&J, manifestando el retraso en las obras.
1.3.7. Señaló que, el 29 de septiembre de 2015, se dio la terminación anticipada del
contrato No. 8000000839.
1.3.8. Puntualizó que, el 17 de diciembre de 2015, Ecopetrol, obrando en nombre y
representación de Cenit, emitió el acta de liquidación unilateral del contrato No.
8000000839.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que Cenit
y Ecopetrol desconocieron los artículos: i) 1, 2, 6, 13, 29, 31, 83 y 90 de la
Constitución; ii) 23 a 31 de la Ley 80 de 1993; iii) 141 a 268 del CPACA; iv) 1502 a
1757 del Código Civil; y v) 822 a 902 del Código de Comercio, por haber incumplido
el contrato No. 8000000839 y propiciado el retraso del objeto negocial y un
desequilibrio económico.
En ese sentido, manifestó que Cenit y Ecopetrol omitieron el deber de informar que
el campo Santiago, ubicado en el municipio de Maní, del departamento del
Casanare, no estaba bajo el control directo de aquellos, pues estaba concesionado
4
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
a la unión temporal Skanska San Antonio Internacional, lo que a su juicio incidió en
demoras de trámite y permisos para laborar, dada la intermediación en comento con
dicha sociedad y, además, la entidad Tecnicolor S.A.
Igualmente, adujo que Cenit y Ecopetrol omitieron señalarle que el campo Santiago
tenía compromisos de carácter social como incorporar mano de obra local y alquilar
los vehículos de empresarios de la región, todo lo cual le generó sobrecostos, pues
estos estaban muy por encima de los precios del mercado.
También consideró que Cenit y Ecopetrol incumplieron el contrato No. 8000000839,
por haber modificado de manera unilateral su anexo No. 9., que era el documento
base para la construcción del contenedor objeto del acuerdo de voluntades, así
como por no otorgarle al contratista “toda la información requerida que sea
necesaria para la ejecución de las actividades, dentro de estas, los planos de
construcción aprobados”, por la entrega tardía de las rutas de construcción del ducto
eléctrico y por falencias en la gestión del “hot tap”.
A partir de las consideraciones que anteceden estimó que, aunque tenía la
obligación de entregar el contenedor objeto del acuerdo de voluntades el 18 de
agosto de 2015, no pudo cumplir dicho plazo porque, además de las falencias
anteriormente descritas, hubo dilaciones por trámites administrativos no previstos.
A lo anterior adicionó que se vio sometido a efectuar mayores cantidades de obras
que no le fueron reconocidas.
Finalmente, estimó la cuantía en $596’436.225.
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. El 1° de diciembre de 20222, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la
demanda, por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada
debidamente.
2 El 23 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Casanare avocó conocimiento del asunto e
inadmitió la demanda, la cual fue subsanada y, con todo, el 20 de febrero de 2019 se rechazó.
Empero, tal decisión fue objeto de apelación y, mediante proveído del 30 de agosto de 2022, el
magistrado sustanciador dispuso revocarla. Carpeta “01-Cuaderno principal” del índice 3 del
expediente digital de primera instancia en SAMAI.
5
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
2.2. Ecopetrol contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar
que no fue parte del contrato No. 8000000839 y, en cualquier caso, quien lo
incumplió fue el contratista. Como consecuencia, formuló las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud de la demanda por falta de
cumplimiento de los requisitos formales3.
Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, consideró que
Cenit es una empresa con personería jurídica propia y Ecopetrol solo actuó frente
al contrato No. 8000000839 como representante legal de esa primera sociedad “en
virtud del mandato con representación conferido” y no como contratante.
En cuanto a la excepción de ineptitud de la demanda por falta de cumplimiento de
los requisitos formales, anotó que frente a varias de las pretensiones no se agotó el
requisito del agotamiento de la conciliación extrajudicial.
Por otro lado, consideró que, de cualquier modo, quien incumplió el contrato No.
8000000839 fue el contratista, por cuanto, pese a que se le pidió un plan de
contingencia ante los atrasos presentados, nunca tomó medidas dirigidas a quedar
al día en sus obligaciones, lo que devino en un “abandono de la obra”, lo que
fundamentó que Cenit diera por terminado el acuerdo de voluntades y lo liquidara
unilateralmente, tras agotar el trámite para el corte de cuentas bilateral.
Por lo demás, adujo que el extremo pasivo de la litis no desconoció el principio de
planeación y, de haber sido así, la responsabilidad comenzaba por la parte actora,
que debió advertir cualquier irregularidad desde que acudió a participar al
procedimiento de selección.
Finalmente, anotó que no les causó perjuicios a los demandantes.
2.3. Cenit contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con sustento en que
cumplió a cabalidad el contrato No. 8000000839 y fueron los aquí demandantes
quienes desconocieron sus obligaciones. Como consecuencia, formuló las
3 Índice 16 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
6
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
excepciones de “Cenit cumplió con lo pactado en el contrato suscrito con la UT”, “la
UT incumplió con las obligaciones a su cargo”, “el demandante no prueba la
presunta ruptura del equilibrio contractual” y “la demandante debió prever todos los
costos de la ejecución del contrato”4.
Al efecto, indicó que en el procedimiento de selección la unión temporal J & J no
participó en la audiencia de precisión, ni advirtió falencias en la planeación, así
como, durante la etapa de ejecución, le entregó al contratista toda la información
requerida para la ejecución del acuerdo de voluntades y, con todo, desde el primer
momento este desatendió sus deberes negociales, al punto que no atendió los
requerimientos efectuados y, posteriormente, abandonó la obra a su cargo.
Por otra parte, consideró que la parte actora no probó la existencia de un
desequilibrio económico del contrato, sino que se restringió a enunciarlo, sin
sustento alguno, lo que en su criterio tuvo como único fin confundir al juez de
primera instancia como producto de una mala fe, en virtud de la cual se pretende
achacar el incumplimiento del contratista a la entidad contratante.
Por último, explicó que la demandante debió asumir todos los gastos que la
ejecución del negocio jurídico le demandaría, pues era un aspecto de su entero
resorte, dada la responsabilidad de ejecutar la obra a su cargo.
3. Trámite de primera instancia
3.1. El 27 de abril de 20235, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró no
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de sus
requisitos formales, propuesta por Ecopetrol, con apoyo en que no debía haber una
identidad exacta entre lo pretendido y lo puesto a consideración para el agotamiento
del trámite de la conciliación extrajudicial.
3.2. El 26 de septiembre de 20236 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que no
se encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento. Seguidamente se
4 Índice 17 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
5 Índice 29 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
6 Índice 47 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
7
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
fijó el litigio, en el entendido de resolver si es procedente declarar el incumplimiento
del contrato No. 8000000839 por parte de las demandadas, debido a un
desconocimiento del principio de planeación, de la buena fe y la legalidad, y si dicha
circunstancia devino en un desequilibrio económico del contrato. Finalmente, se
decretaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, y se
decretaron de oficio otras pruebas documentales.
3.3. El 7 de mayo de 20247 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en las que se
incorporaron los documentos pendientes de ser aportados y, seguidamente, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.
3.3.1. La parte demandante, en sus alegatos, reiteró los argumentos de su escrito
inicial y manifestó que Cenit y Ecopetrol incumplieron el contrato No. 8000000839
por una falta al principio de planeación y por desatender los deberes a su cargo una
vez comenzó la ejecución del acuerdo de voluntades, todo lo cual repercutió en la
realización del objeto negocial y ocasionó un desequilibrio económico por la
existencia de mayores cantidades de obra no reconocidas8.
3.3.2. Ecopetrol alegó de conclusión y reafirmó que, a su juicio, se debían negar las
pretensiones de la demanda, no solo porque a su juicio no está legitimada en la
causa por pasiva, sino porque, en cualquier caso, el extremo pasivo de la contienda
no desconoció el principio de planeación y le ofreció toda la información a la unión
temporal J & J para que ejecutara debidamente el contrato, no obstante lo cual fue
desatendido en su totalidad, tanto así que la obra fue abandonada 9.
3.3.3. Cenit ratificó que, a su juicio, el contrato No. 8000000839 fue incumplido por
la unión temporal J & J que, desde un comienzo, estructuró inadecuadamente su
oferta y, al momento de la ejecución negocial, desatendió sus obligaciones,
mientras que la contratante satisfizo sus deberes negociales y pagó por los servicios
efectivamente prestados. Como consecuencia, adujo que se vio obligada a terminar
7 Índice 59 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8 Índice 61 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
9 Índice 62 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
y/o liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades. Finalmente, sostuvo que no
se acreditó la existencia de un desequilibrio económico10.
3.3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4. Sentencia de primera instancia
El 20 de noviembre de 202511, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y negó las
pretensiones de la demanda, por evidenciar que no se demostró que Ecopetrol y
Cenit hubieran incumplido el contrato No. 8000000839, ni la existencia de un
desequilibrio económico.
Previo a la resolución de los cargos de la demanda, el a quo señaló que Ecopetrol
sí estaba legitimada en la causa por pasiva, habida cuenta que suscribió el contrato
No. 8000000839 “en nombre y representación de la empresa Cenit”, lo que
evidencia que actuó como mandataria de aquella y, en tal orden, era dable que
compareciera al proceso como demandada.
Superado lo anterior, manifestó que no se demostró que la contratante hubiera
incurrido en faltas al deber de planeación o modificado unilateralmente el plan de
trabajo realizado por la unión temporal, sino que la requirió para que lo
complementara y/o enmendara y, en el marco de dicho trámite, no se aceptaron
modificaciones en la fecha de entrega de los ítems del contrato. Al punto, argumentó
que no se evidenciaron falencias en la información a la que debía acceder la unión
temporal J & J y, en cualquier caso, de haberse configurado tal circunstancia, no
tenía la vocación de impedirle cumplir sus obligaciones.
También aseveró que no correspondía estudiar el “desequilibrio económico”
alegado bajo los criterios previstos en la Ley 80 de 1993, sino que correspondía
verificarlo a la luz de la figura de la imprevisión del artículo 868 del Código de
Comercio, a partir del cual no se configuró excesiva onerosidad alguna, por cuanto
10 Índice 63 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
11 Índice 66 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
9
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
no se estaba ante prestaciones cuya ejecución estuviera pendiente y, en cualquier
caso, las circunstancias alegadas por la parte actora no eran extraordinarias,
imprevistas e imprevisibles, así como tampoco se advirtieron a la contratante
durante la ejecución.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante en primera
instancia, ya que, si bien en principio habría correspondido dictar tal declaración “no
está probado que las entidades accionadas hayan incurrido en las mismas”.
5. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
5.1. El 9 de diciembre de 202512, Cenit presentó recurso de apelación, que fue
concedido el 22 de enero de 202613 y admitido el 13 de febrero de 202614. En su
escrito, el recurrente solicitó revocar parcialmente la sentencia apelada, únicamente
en lo atinente a la negativa a la condena en costas.
Como fundamento de lo anterior, la demandada sostuvo que el artículo 365 del
Código General del Proceso previó que se condenaría en costas a la parte vencida
en el proceso, lo que a su juicio quiere decir que, en el asunto de estudio, debió
procederse de ese modo, amén de la derrota de los señores Juan de Jesús Amaris
Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -en reorganización-, otrora miembros
de la unión temporal J & J en el contrato No. 8000000839.
También consideró que, aunque es cierto que se debe efectuar un análisis para la
procedencia de la condena en costas, consistente en una identificación y/o
estimación realizada por el despacho respectivo, en el marco de lo previsto por el
Consejo Superior de la Judicatura, el a quo se abstuvo de tener en cuenta que
incurrió en costos de representación judicial, de suerte que tales circunstancias
debieron considerarse para fijar agencias en derecho a cargo de la parte vencida.
Por todo lo expuesto, la apelante solicitó que se condenara en costas a la parte
demandante y se estimaran las agencias en derecho que habría de asumir.
12 Índice 71 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
13 Índice 73 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
14 Índice 3 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
10
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
5.2. Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó
para fallo, pues no se solicitaron ni se decretaron pruebas en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por Cenit, la Sala analizará los
siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para
conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3) oportunidad
de la demanda, (4) legitimación en la causa, (5) problema jurídico, (6) solución al
problema jurídico y (7) costas en segunda instancia.
1. Jurisdicción y competencia
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA15, pues el contrato No.
8000000839 fue suscrito por Cenit16, representada por Ecopetrol17, en el marco de
15 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -15 de marzo de 2018- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos
no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer
estatuto procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. //
Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que
sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
16 Según los estatutos de Cenit, dicha entidad es una sociedad por acciones simplificadas y, a la vez,
sociedad de economía mixta, cuyo objeto social es el “transporte y/o almacenamiento de
hidrocarburos, sus derivados, productos o afines, a través de sistemas de transporte y/o
almacenamiento propios o de terceros en la república de Colombia o en el exterior”. Bajo el anterior
contexto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que, dado que el único propietario
de Cenit accionariamente hablando es Ecopetrol, su capital público es superior al 50%, de suerte
que sea una auténtica entidad pública. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 1° de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-36-000-2020-00156-01 (70.814).
17 Por su parte, según la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol es una sociedad de economía mixta de carácter
comercial del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con domicilio en Bogotá,
con al menos un 80% de capital público. “Artículo 1°. Naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. Autorizar
a Ecopetrol S. A., la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser
adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente las
acciones de que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada como una Sociedad de
Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y
Energía; se denominará Ecopetrol S. A., su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, D. C., y
podrá establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el territorio nacional y en el exterior. […]. //
Artículo 2°. Capitalización de Ecopetrol S.A. En el proceso de capitalización autorizado en el
11
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
su actividad contractual, siendo ambas entidades sociedades de economía mixta
con un capital público superior al 50%.
1.2. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, según el artículo 15018 y el numeral 5 del artículo 15219 del CPACA, dada
la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión
mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV20.
2. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14121 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
artículo 1o de esta ley, se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento
(80%) de las acciones, en circulación, con derecho a voto, de Ecopetrol S. A. […]”.
18 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
19 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
20 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de
controversias contractuales por la suma de $596’436.225, monto que excedió 500 veces la suma de
$781.242 (781.242 x 500 = 390’621.000), que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente
para la fecha de presentación de la demanda -2018-.
21 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado al
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo,
el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de
mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del
término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con
ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138
de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
12
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual de Ecopetrol y Cenit por la desatención a sus deberes
de planeación e información, que según la demandante le causaron un desequilibrio
económico, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
3. Oportunidad de la demanda
3.1. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
22 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
13
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente. A su vez, cabe precisar que la
caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998, 640
de 2001 y/o 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada,
debe ser declarada de oficio por el juez.
Aterrizando los anteriores criterios al caso de estudio, cabe destacar que, en línea
con lo previsto en el inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA24, en las pretensiones relativas a contratos los 2 años para ejercer el
derecho de acción se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento y, en línea con lo
dispuesto en el ordinal iv) del literal j) del numeral 2 del referido artículo 16425, en el
evento en que se liquida unilateralmente el acuerdo de voluntades mediante un acto
administrativo, el plazo en cuestión correrá a partir del día siguiente a su ejecutoria.
3.2. Lo expuesto torna en imperativa la definición del régimen del contrato No.
8000000839 suscrito por Ecopetrol, en representación de Cenit, ya que, como dicho
acuerdo de voluntades se terminó anticipadamente26 y, posteriormente, se liquidó
24 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […].
25 “Artículo 164. […] iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por
la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe”.
26 Al respecto, conviene señalar que las partes pactaron en la cláusula vigésima sexta del contrato
No. 8000000839 que el acuerdo de voluntades podría ser terminado anticipada y unilateralmente por
Ecopetrol, representante de Cenit: "CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN DEL
CONTRATO. El Contrato terminará de manera ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecución o,
una vez satisfecho el objeto del mismo, y de manera extraordinaria en cualquiera de los siguientes
eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las Partes, y 2) Por declarar ECOPETROL la terminación
anticipada del Contrato. Terminado el Contrato se procederá con la liquidación definitiva del mismo".
Archivo denominado “Prueba No. 1” de la carpeta “Contestación de demanda UT VS CENIT” del
índice 17 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
14
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
unilateralmente27 mediante decisión del 17 de diciembre de 201528, todo ello en
ejercicio de las potestades otorgadas por las propias partes en virtud de la
autonomía de la voluntad29, la naturaleza de la referida actuación determina si el
criterio a tener en cuenta para contabilizar la demanda en tiempo es el general de
los motivos de hecho o de derecho, o el especial de la ejecutoria del acto
administrativo que, eventualmente, se haya proferido.
En tal virtud, la Sala advierte, de entrada, que el régimen del contrato No.
8000000839 y de la liquidación unilateral efectuada el 17 de diciembre de 2015 por
Ecopetrol, en representación de Cenit, es el derecho privado, debido a que:
i) Frente a Cenit, que fue la suscribiente del acuerdo de voluntades, el artículo 14
de la Ley 1150 de 200730 estableció que a las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% no les aplicaría la Ley 80 de 1993 cuando desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional
o internacional o en mercados regulados.
27 A la vez, las partes convinieron en la cláusula trigésima cuarta del contrato que, de no concurrir el
contratista a la liquidación, o en caso de no haber acuerdo al respecto, Ecopetrol, representante de
Cenit, la realizaría de manera unilateral dentro de los 2 meses siguientes: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA
CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. […] Las Partes realizarán la liquidación de mutuo
acuerdo del Contrato dentro de los SETENTA Y CINCO (75) días calendario contados a partir del
día siguiente de finalización del plazo de la ejecución del Contrato. En caso de que el CONTRATISTA
no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término
antes citado, aquél faculta expresamente a ECOPETROL para que proceda a realizar la liquidación
de manera unilateral en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto
para la liquidación de mutuo acuerdo […]". Archivo denominado “Prueba No. 1” de la carpeta
“Contestación de demanda UT VS CENIT” del índice 17 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
28 Archivo 8 de la carpeta “contestación de la demanda UT Vs Cenit” del índice 17 del expediente
digital de primera instancia en SAMAI.
29 Es del caso señalar que esta Sección, en sede de unificación, reconoció que, tratándose de
contratos sometidos al derecho privado, es posible que los cocontratantes convengan, en favor a
uno de aquellos, potestades como la liquidación unilateral, siempre que ello se haga con estricto
apego a la autonomía de la voluntad, en cuyo caso, tal decisión constituirá un acto de derecho
privado. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de
mayo de 2024. Radicado 76001233100020060332003 (53.962).
30 “Artículo 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado.
[Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011]. Las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29
de 1990 y las disposiciones normativas existentes”.
15
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
De ello se sigue que, en la medida en que el objeto social de Cenit es el “transporte
y/o almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos o afines, a través
de sistemas de transporte y/o almacenamiento propios o de terceros en la república
de Colombia o en el exterior”, dicha actividad se encuentra normada por el Decreto
Ley 1056 de 1953 y sus reformas, en virtud del cual puede ser ejercida por personas
públicas y/o particulares31 en el marco de las limitantes allí establecidas, de suerte
que es una auténtica labor ejercida en el mercado, aunque de forma regulada y
restringida por los parámetros establecidos en la normativa en comento.
Ello considerando que según la doctrina económica, el mercado perfecto es aquel
en el que hay una libertad de oferentes y consumidores de un bien y servicio, sin
barreras fijadas por el Estado o fallas del mercado y/o el Estado y con la debida
información del comprador para la toma de decisiones racionales32, lo cual no se
cumple en el caso concreto, por cuanto la exploración, extracción, transformación
y/o comercialización de hidrocarburos está restringida en la manera en que se lleva
a cabo, pues requiere contrato de concesión33, genera regalías a favor del Estado34,
e, inclusive, el precio base de productos derivados del petróleo como la gasolina es
fijado por el Gobierno Nacional35, lo que dista de los supuestos del mercado perfecto
31 “Artículo 21. Toda persona natural o jurídica puede presentar propuestas para contratar la
exploración con taladro y la explotación de petróleo de propiedad nacional. En el caso de que varias
personas presenten propuestas para contratar la exploración y explotación de un mismo terreno, el
Gobierno escogerá entre las que acrediten tener capacidad financiera suficiente […]”.
32 NIETO POTES, Mauricio. Fundamentos de economía: Una aplicación de las teorías y su análisis
crítico. Bogotá: 2022. Ecoe Ediciones S.A.S. P. 124-129.
33 Decreto Ley 1056 de 1953. “Artículo 22. Con el proponente que reúna las condiciones exigidas
por este Código celebrará el Gobierno un contrato de exploración y explotación de petróleos de la
Nación, por no menos de cinco mil (5.000) ni más de cincuenta mil (50.000) hectáreas, excepto en
los casos en que determinado terreno que haya disponible para contratar no alcance a la extensión
de cinco mil (5.000) hectáreas […]”.
34 “Artículo 360. [Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011]. La explotación de un
recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. // Mediante otra ley, a
iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema
General de Regalías”.
35 En efecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que la expedición del Decreto 1056
de 1953 y sus posteriores reformas representaron la regulación de la forma en que se lleva a cabo
la actividad petrolera en Colombia, dada la “utilidad pública de la industria del petróleo y el respeto
de los derechos de los particulares sobre el petróleo de propiedad privada”. A su turno, la sentencia
C-424 del 29 de septiembre de 1994 de la Corte Constitucional argumentó que “En nuestro
ordenamiento jurídico, se ha establecido un régimen especial de la propiedad particular sobre el
subsuelo y en especial sobre el petrolero, que implica que ella ha sido conferida por el Estado, y que
16
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
y, por tanto, lleva a concluir que tal actividad, aunque se ejerza en el marco de la
competencia económica, es regulada36 y, en el caso de Cenit, por desempeñar
dicha labor, su régimen contractual es el de derecho privado, en los términos del
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
ii) En cuanto a Ecopetrol, si bien su actuar fue únicamente como representante de
Cenit, dado que en todo caso la parte actora le atribuyó responsabilidad contractual
en la demanda, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 dispuso que
los contratos suscritos por aquella estarían sometidos al derecho civil y mercantil37.
En ese orden de ideas, el régimen contractual aplicable a las demandadas es el
derecho privado, lo que en concordancia con la jurisprudencia de unificación de esta
Sección tiene incidencia en la naturaleza de la decisión del 17 de diciembre de 2015
mediante la cual Ecopetrol, en representación de Cenit, liquidó unilateralmente el
contrato No. 8000000839, pues no es un acto administrativo, sino una decisión
se halla condicionada a las exigencias legales en cuanto a la continuidad del derecho de dominio;
además, se encuentra que dicha propiedad no es extraña a las exigencias que sobre su ejercicio
haga el legislador, ya que comporta buena parte de la riqueza pública de la Nación y del Estado, que
debe ser aprovechada en beneficio de la sociedad. Por ello resulta razonable la interpretación
contenida en la ley demandada, que señala que las excepciones reconocidas por la Ley 20 de 1969
son aquéllas en las que los derechos particulares estaban vinculados a la existencia de yacimientos
descubiertos, al momento de la expedición de la mencionada ley”.
36 Sobre la regulación de la actividad económica, el economista Joseph Stiglitz argumenta que puede
tener como fin reducir brechas sociales, la protección del patrimonio público en sectores estratégicos
-como sucede con los recursos no renovables- o la gestión de fallas del mercado. Así, el tratadista
considera que: “Even when markets are efficient, they may fail to produce socially desirable
outcomes. The wealthy and powerful may “exploit” others in an “efficient” way: the gains to one are
offset by the losses to others, and in traditional economic parlance, so long as that is the case,
markets are efficient. No one can be made better off without making someone else worse off. But
such outcomes are socially unjust, and unacceptable. Governments impose regulations to prevent
such exploitation and to pursue a number of other social goals”. Ello se traduce en que: “Incluso
cuando los mercados son eficientes, pueden no lograr resultados socialmente deseables. Los ricos
y poderosos pueden “explotar” a otros de una manera “eficiente”: las ganancias de unos se
compensan con las pérdidas de otros, y en el lenguaje económico tradicional, mientras ese sea el
caso, los mercados son eficientes. Nadie puede mejorar su situación sin empeorar la de alguien más.
Pero esos resultados son socialmente injustos e inaceptables. Los gobiernos imponen regulaciones
para prevenir esa explotación y para perseguir una serie de otros objetivos sociales”. STIGLITZ,
Joseph. Regulation and failure. In: MOSS, David and CISTERNINO, John [Eds.]. News perspectives
on regulation. Cambridge: 2009. The Tobin Project. P. 11-23.
37 “Artículo 6. Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y
desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta,
se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte
estatal dentro del capital social de la empresa”. Al respecto véase: Consejo de Estado, Sección
Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. Radicado 25000-23-41-000-2024-01938-01.
17
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
privada desprovista de la presunción de legalidad y de los atributos de ejecutoriedad
y ejecutividad de los actos administrativos38.
3.3. Bajo lo expuesto, el criterio para contabilizar el plazo de 2 años para demandar
respecto a la presente controversia contractual es el contenido en el inciso primero
del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA 39, a cuyo tenor se estableció
que este comenzaría a correr a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, criterio que, aterrizado al caso
concreto, evidencia que el interregno para demandar transcurrió en principio entre
el 18 de diciembre de 2015 y el 18 de diciembre de 2017, es decir, un día después
de la fecha en que se efectuó el cruce de cuentas del acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el término para demandar se vio interrumpido con ocasión del
agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 15 de
diciembre de 2017 -cuando faltaban 3 días para que operara la caducidad- y el 13
de marzo de 201840, por lo que el plazo para ejercer el derecho de acción se
extendió hasta el 16 de marzo de 2018 y, como la demanda se presentó el 15 de
marzo de 2018, no cabe duda de que fue radicada en tiempo.
4. Legitimación en la causa
Los señores Juan de Jesús Amaris Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -
en reorganización- se encuentran legitimados en la causa por activa, por haber
conformado la unión temporal J & J, que suscribió el contrato No. 8000000839 cuyo
incumplimiento y desequilibrio económico se demanda. Correlativamente: i) Cenit
se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por haber obrado como suscribiente
del negocio jurídico en calidad de contratante, y ii) Ecopetrol está legitimado en la
38 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de 2024. Radicado
76001233100020060332003 (53.962). Aunque la decisión se enmarcó en las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, esta Subsección ha extendido los efectos de la unificación a toda
entidad estatal sometida al derecho privado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 23 de septiembre de 2024. Radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351).
39 Así las cosas, no se estima necesario acudir al criterio del numeral iv) del literal j) del artículo 164
del CPACA, según el cual “En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente
por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la
apruebe”, ya que, tal y como quedó visto, no estamos en presencia de un acto administrativo.
40 Archivo No. 5 de la carpeta “01-Cuaderno principal” del índice 3 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
18
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
causa por pasiva, por haber obrado como representante de Cenit al suscribir y/o
ejecutar el referido acuerdo de voluntades, ente al cual la demandante le atribuye
un actuar negligente41.
5. Problema jurídico
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP42, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”43.
En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado44.
41 Documento No. 1. De la carpeta “contestación de demanda UT Vs Cenit” del índice 17 del
expediente digital de primera instancia en SAMAI.
42 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
43 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018
(radicado 05001233100020010306801 (46005)), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente
el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
19
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
Precisado lo anterior, y en línea con lo formulado en el recurso de apelación,
corresponde determinar si hay lugar a modificar parcialmente la sentencia recurrida,
en el sentido de condenar en costas en primera instancia al señor Juan de Jesús
Amaris Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -en reorganización-, y a fijar
las agencias en derecho respectivas, amén de la derrota del extremo activo de la
contienda y considerando que, a juicio de Cenit, intervino en el proceso en calidad
de demandada e incurrió en gastos de representación por cuenta de ello.
Por último, la Sala advierte que, comoquiera que la apelación solamente gira en
torno a la condena en costas, no se hará referencia a los hechos probados, so pena
de desbordar el alcance de la impugnación de Cenit, y de desconocer el principio
de congruencia, que aterrizado al asunto de estudio revela que no hubo
cuestionamiento alguno en torno al fondo del asunto, de suerte que no pueda
emitirse pronunciamiento sobre ese punto en segunda instancia.
6. Solución al problema jurídico
En el asunto de estudio, el Tribunal Administrativo de Casanare negó, mediante
sentencia del 20 de noviembre de 2025, las pretensiones de la demanda formuladas
por Juan de Jesús Amaris Mejía y Construcciones JE S.A.S. -en reorganización-,
por considerar que no se demostró un incumplimiento y/o desequilibrio económico
del contrato No. 8000000839. También se abstuvo de condenar en costas a los
demandantes en primera instancia, con apoyo en que, aunque reconoció que habría
correspondido hacerlo, no se demostró que se hubiera “incurrido en las mismas”.
Lo anterior fue objeto de reproche por Cenit, por considerar que la condena en
costas en primera instancia contra el extremo activo de la contienda sí procedía,
dado que intervino en el proceso en calidad de demandada y, por tanto, se causaron
agencias en derecho en su favor.
6.1. En esa medida, vale comenzar por señalar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18845 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena
45 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
20
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
en costas se sujetará a las reglas del Código General del Proceso -CGP-. En ese
sentido, el artículo 361 del CGP46 estableció que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho. A su turno, el artículo 365 ejusdem47 dispuso en su
numeral 1° que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”48.
Al respecto, la doctrina ha sostenido que las costas son una carga económica que
debe afrontar quien no tenía la razón en la contienda, y están conformadas por: i)
las expensas, consistentes en los gastos realizados y necesarios para adelantar el
proceso, como el pago de peritos, los costos de desplazamiento de los testigos, las
copias documentales y las erogaciones por concepto de publicación de los
emplazamientos, entre otros; y ii) las agencias en derecho, que constituyen el pago
de los honorarios del abogado que la parte ganadora efectuó y a la que le deben
ser reintegrados, lo que trae consigo que debe salir indemne del proceso49.
Sin perjuicio de la condena en costas, la imposición del reconocimiento de agencias
en derecho y/o de expensas está sujeto a que se encuentre demostrada su
causación y en la medida de su comprobación, en los términos del numeral 8 del
artículo 365 del CGP50, de suerte que, en caso de que no estén demostradas, no
procederá imponerlas a la parte vencida.
6.2. A partir de las consideraciones en comento, la Subsección encuentra
demostrado que en el trámite de la primera instancia, una vez Cenit fue vinculada
al proceso, acudió con apoderado, contestó la demanda en tiempo, oponiéndose a
46 “Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. // Las costas serán tasadas
y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado
en los artículos siguientes”.
47 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […]”.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2022. Radicado
25000-23-36-000-2017-00564-01 (67937).
49 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Bogotá: 2016. Editorial Dupre. P.
1.043 a 1.061.
50 “Artículo 365. Condena en costas. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
21
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
lo pretendido por la parte actora (antecedente No. 2.3.) y, a su vez, formuló alegatos
de conclusión (antecedente No. 3.3.3.), circunstancia que evidencia que, contrario
a lo concluido por el Tribunal Administrativo de Casanare, sí se encuentra
demostrada la causación de gastos de representación que debían ser reconocidos
a dicha demandada por concepto de agencias en derecho, dada la derrota de la
parte demandante en primera instancia.
Sobre ello, hay que tener en cuenta que, en el régimen del CPACA, la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a
la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de
su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” 51.
Bajo ese derrotero, el CPACA y el CGP otorgan al juez contencioso administrativo
la carga de determinar, en caso de que se cumplan los supuestos para la condena
en costas, si se causaron agencias en derecho y/o expensas y, de estar acreditadas,
no puede abstenerse de atribuir su pago a la parte vencida, so pena de desconocer
la normativa expuesta sobre la materia. Así las cosas, la imposición de condena en
costas no es producto de un actuar discrecional o caprichoso del juez, sino que es
resultado de la concurrencia de los criterios contenidos en la normativa referida.
En ese orden de ideas, dado que Cenit intervino mediante apoderado durante todo
el trámite de la primera instancia, contestando en consecuencia la demanda y
formulando alegatos de conclusión, le asiste razón en su alzada en que el Tribunal
Administrativo de Casanare debió condenar en costas, por concepto de agencias
en derecho, al señor Juan de Jesús Amaris Mejía y la sociedad Construcciones JE
S.A.S. -en reorganización-, por cuanto resultaron derrotados en primera instancia,
producto de la total improsperidad de las pretensiones de la demanda.
51 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
22
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
En tal sentido, en cuanto a la fijación de las agencias en derecho en primera
instancia, aquellas se determinarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP52. Para ello deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de
esas tarifas.
Como ya se explicó, en el sub lite Cenit adelantó gestiones de manera activa, pues
acudió al proceso con apoderado, contestó la demanda y presentó alegatos de
conclusión, motivo por el cual la Sala procederá a fijar las agencias en derecho
atendiendo a los parámetros que para el efecto establece el Acuerdo PSAA16-
10554, del 5 de agosto de 201653, el cual dispuso que, en los procesos declarativos
en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido
pecuniario, las agencias en derecho en primera se establecerán según la cuantía,
así: i) en casos de menor cuantía, entre el 4 y el 10% de lo pedido y ii) en asuntos
de mayor cuantía, entre el 3 y el 7,5% de lo pretendido54.
En virtud de lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en primera instancia
en el 3% de las pretensiones pecuniarias de la demanda, que ascienden a
$596’436.225, equivalentes a $17’893.087, en favor de Cenit, considerando que, en
52 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
53 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 15 de marzo de 2018,
cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en
derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
54 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.
[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía,
entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]”.
23
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
concordancia con el artículo 25 del CGP55, el asunto es de mayor cuantía56, y
partiendo de la base de que se aplica el valor mínimo posible porque el único
beneficiario es Cenit, las cuales serán asumidas por el señor Juan de Jesús Amaris
Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -en reorganización- en partes iguales.
Finalmente, esta Subsección advierte que no corresponde emitir condena en costas
y agencias en derecho en favor de Ecopetrol, pues si bien acudió al proceso y
también contestó la demanda y formuló alegaciones conclusivas, lo cierto es que no
apeló la decisión de primera instancia, de suerte que asintió la totalidad de la
providencia aquí recurrida y, por ende, no corresponde modificarla en su favor.
A partir de todo lo expuesto la Sala accede al recurso de apelación presentado por
Cenit y, por tanto, modificará la sentencia del 20 de noviembre de 2025, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de emitir condena en costas contra la parte demandante, para pasar
a condenar en costas al señor Juan de Jesús Amaris Mejía y la sociedad
Construcciones JE S.A.S. -en reorganización-, quienes deben asumir, por concepto
de agencias en derecho, la suma de $17’893.087, que deberá ser pagada en favor
de Cenit. En lo demás, la sentencia de primera instancia se mantendrá incólume.
7. Costas en segunda instancia
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA57 y en los numerales
1 y 8 del artículo 365 del CGP58, referenciados en precedencia, procede la condena
55 “Artículo 25. Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de
mayor, de menor y de mínima cuantía. […] Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones
patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (150 smlmv). // El salario mínimo legal mensual a que se refiere este artículo, será el vigente
al momento de la presentación de la demanda. // Cuando se reclame la indemnización de daños
extrapatrimoniales se tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón
de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la
demanda”.
56 Vale destacar que las pretensiones pecuniarias de la demanda ascendieron a $596’436.225,
monto que superó 150 veces la suma de 781.242 (781.242 x 150 = 117’186.300), correspondientes
al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda -2018-.
57 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en
los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
58 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
24
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
en costas a cargo de la parte vencida en el proceso, siempre y cuando “en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia al señor Juan
de Jesús Amaris Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -en reorganización-
, pues resultaron derrotados en segunda instancia, y su liquidación la hará de
manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del CGP.
Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no
se fijarán agencias en derecho, dado que ninguna de las partes intervino en
segunda instancia59, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por
ECOPETROL S. A. por lo señalado en las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda atendiendo las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR en costas en primera instancia al señor Juan de
Jesús Amaris Mejía y la sociedad Construcciones JE S.A.S. -en
reorganización-. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de
$17’893.087”, que deberá ser pagada a la sociedad Cenit Transporte y
Logística de Hidrocarburos S.A.S.”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
25
Radicado: 850012333000201800082-02 (74070)
Demandantes: Construcciones JE S.A.S. y otro.
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
26
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.