Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2000-02166-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2000-02166-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2000-02166-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-31-000-2000-02166-02 (1422-2025)
Demandante: Margarita Ofelia Builes Pérez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Tema: Decreto 01 de 1984. Vinculación trabajadora oficial – Decreto 1214 de 1990.
Primacía de la realidad sobre las formas. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La señora Margarita Ofelia Builes Pérez instauró demanda, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del
Decreto 01 de 1984, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio n.° 1094 del 22 de noviembre de 1999, por
medio del cual la entidad le comunicó que no le renovaría el contrato de trabajo.
3. A título de restablecimiento, se ordene el reintegro al cargo y el pago de todos los
salarios y prestaciones sociales que debió percibir como servidora pública durante
el tiempo que prestó el servicio y los que dejó de recibir desde la fecha de
separación del servicio y hasta que se haga efectivo el reintegro.
4. Que, cancele dos mil gramos oro o su equivalente en pesos, como indemnización
por los perjuicios morales derivados de su retiro.
5. De manera subsidiaria, solicitó declarar la nulidad del contrato de trabajo suscrito,
al tratarse de una fachada de su vinculación ordinaria como empleada pública y del
oficio a través del cual le comunicaron la no renovación del contrato, porque en
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realidad fue una destitución o una insubsistencia.
6. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que su vinculación en la
Policía Nacional fue como empleada pública y se ordene el reintegro y el pago de
los salarios y prestaciones sociales que debió percibir durante todo el tiempo.
7. Que se reajusten e indexen las sumas reconocidas y se condene en costas a la
parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
8. Que se vinculó a la Policía Nacional como abogada mediante un contrato de
trabajo a término fijo del 5 de junio de 1996 hasta el 31 de diciembre de igual año.
Que se prorrogó por tres años consecutivos, esto es, entre el 1 de enero de 1997 y
el 31 de diciembre de 1999.
9. Que se encargaba de la representación legal de la entidad ante los tribunales
administrativos y el Consejo de Estado y su lugar de trabajo era en el Comando de
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
10. Que también le exigían que cumpliera otras funciones, como brindar asesoría
jurídica en las diferentes áreas del derecho, dictar clases de derecho administrativo
a miembros de la institución y, asistir a reuniones y seminarios con los demás
abogados de la entidad.
11. Que su vinculación con la entidad era propia de una empleada pública y no de
una trabajadora oficial, como lo quiso hacer ver la entidad con la suscripción de un
contrato de trabajo, porque ella no realizaba actividades relacionadas con la
construcción o el mantenimiento de obras públicas.
12. Que tampoco existió un contrato de prestación de servicios profesionales, ya
que la naturaleza de esa vinculación es temporal y, especifica, para labores que no
puede ejecutar el personal de planta.
13. Que por medio del oficio n.° 1094 del 22 de noviembre de 1999 le comunicaron
la terminación del contrato de trabajo, debiéndose entender que se trató de una
desvinculación del servicio.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
14. Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 6, 9, 25,
29, 53, 90, 91, 122 y 125 de la Constitución Política, artículos 2, 36, 84, 85, 78, 131,
136, 176 y 206 del Decreto 01 de 1984, Ley 446 de 1998, Decreto 1214 de 1990 y
Decreto 3135 de 1968.
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15. En el concepto de la violación se señaló que se transgredieron los artículos
constitucionales, al desconocer las formas de vinculación y la clasificación de los
empleos en la administración pública; que se pretendió disfrazar o darle una
apariencia distinta a su relación con la entidad, por cuanto ostentó la condición de
servidora pública y no de trabajadora oficial.
16. Que el acto demandado incurrió en el vicio de falsa motivación, porque su
vinculación no fue como trabajadora oficial y, por tanto, la notificación de la
terminación o no prórroga del contrato de trabajo encierra, en la realidad, una
declaración de insubsistencia.
17. Que, tampoco estuvo dentro del marco del contrato de prestación de servicios
ni se rigió por la Ley 80 de 1993, toda vez que las funciones que atendió no fueron
esporádicas o temporales.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
18. La demanda se admitió mediante auto del 2 de octubre del 2000 y la demandada
indicó que en su planta de cargos no tenía el personal adecuado para la asistencia
jurídica y, por esa razón, en virtud de lo previsto en el artículo 132 del Decreto 1214
de 1990 vinculó a la demandante para el desempeño de labores técnicas.
19. Que no se trató de una prestación de servicios profesionales sino de una
vinculación contractual amparada en la norma antes citada, en la que, de común
acuerdo se definió que la señora Builes era una trabajadora oficial. Que el contrato
de trabajo reguló y reconoció las prestaciones procedentes y, con base en dicha
vinculación, prescindió de los servicios de la demandante a la culminación del plazo
pactado, sin necesidad de trámites adicionales.
20. Que ese tipo de vinculación estaba permitida en los estatutos de la Policía
Nacional, por lo cual operaba la excepción normativa definida en el inciso 1.º del
artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sin que pueda concluirse que se intentó darle
una apariencia distinta.
21. Propuso como excepciones la de falta de jurisdicción y competencia, inepta
demanda, caducidad de la acción e indebida acumulación de pretensiones.
22. A través del auto del 31 de julio de 2001, se abrió a pruebas el proceso,
decretándose las documentales, exhortos y prueba testimonial.
23. Los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia manifestaron su
impedimento para continuar con el trámite procesal, el cual fue aceptado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda en providencia del 9 de octubre de 2008, en
la que dispuso la designación de conjueces.
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Agotado el período probatorio por auto del 30 de julio de 2012, se ordenó correr
traslado para alegar.
24. Mediante auto del 1 de febrero de 2019 la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el proceso
a los juzgados laborales del Circuito de Medellín. El 17 de septiembre de 2019 el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín promovió el conflicto negativo de
competencia y el 27 de abril de 2022 la Corte Constitucional determinó que la
competencia para conocer del asunto era del Tribunal.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
25. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 26 de marzo de 2025, declaró la nulidad del acto demandado y la existencia de
una relación laboral entre las partes desde el 5 de junio de 1996 hasta el 31 de
diciembre de 1999.
26. A título de restablecimiento, ordenó pagar las prestaciones sociales legales que
debió percibir en ese lapso, esto es, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, prima de servicio, auxilio de cesantías e interés a las cesantías y las demás
que correspondan a un abogado de planta de la entidad demandada. Además,
calcular las diferencias pensionales de todos los periodos sin prescripción y
computar todo el tiempo laborado para efectos pensionales.
27. Consideró que la labor desarrollada por la demandante en la Policía Nacional
como asesora jurídica no se enmarcaba en ninguna de las actividades propias de
los trabajadores oficiales, por lo que, se infería que ostentó la condición de
empleada pública.
EL RECURSO DE APELACIÓN
28. La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia incluida la condena en costas, esto último, porque
no actuó con temeridad y, debió esperar más de veinte años el fallo de primera
instancia por las demoras e inactividad en el proceso.
29. Que el acto administrativo demandado no está viciado, porque entre las partes
no existió una relación laboral, sino que se suscribió un contrato de trabajo con un
término fijo de ejecución.
30. Que debe tenerse en cuenta el contexto legal de la época de los hechos y, que,
para ese momento, no existía en la planta de personal de la Policía Nacional
vacantes técnicas para el desempeño de funciones de asistencia legal.
31. Que podía suscribir el contrato de trabajo a término fijo con la actora, en virtud
de la excepción prevista en el inciso 1.º del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968,
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según el cual los establecimientos públicos en sus estatutos pueden precisar qué
actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante esta
modalidad.
32. Que el artículo 132 del Decreto 1214 de 1990 facultaba a la institución a celebrar
contratos de trabajo para realizar tareas técnicas propias de los profesionales.
33. Que, en todo caso, la demandante suscribió el contrato de manera libre y
voluntaria y debido a su formación profesional en derecho conocía los alcances del
acuerdo y no manifestó su oposición sobre la modalidad contractual.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
34. Por auto del treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025) se admitió el
recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y
se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que esto
ocurriera.
Las partes guardaron silencio.
35. El Ministerio Público conceptuó, solicitando revocar la sentencia de primera
instancia, en la medida en que no es procedente estudiar la legalidad del acto
demandado y el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales bajo el sustento
de mutar un contrato de trabajo a un empleo público.
36. Que la demandante no ostentó la calidad de empleada pública como
erradamente lo calificó el tribunal y, lo que se discute en el caso, es un contrato
laboral y las condiciones estipuladas en este, siendo un tema de competencia de la
jurisdicción ordinaria.
37. Que, en caso de considerar el asunto, no puede perderse de vista que, en 1996
para la época de los hechos, no existía en la planta de personal de la entidad un
empleo público con funciones de abogado litigante y, que, en caso de ordenarse el
pago de prestaciones se estaría ordenando un pago doble sobre emolumentos que
ya se cancelaron según se pactó en el contrato de trabajo.
38. Que se concedieron pretensiones que no se pidieron, la sentencia carece de
motivación y se omitió la valoración de los supuestos fácticos y probatorios del caso.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
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39. En aras de dilucidar el caso, se advierte que la demandante solicitó la anulación
del oficio n.º 1094 del 22 de noviembre de 1999, mediante el cual la entidad le
comunicó la no prórroga del contrato de trabajo. Derivada de esa nulidad, pidió, de
manera principal, el reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones dejadas
de percibir.
40. Subsidiariamente, solicitó declarar la nulidad del contrato de trabajo suscrito, al
tratarse de una fachada de su vinculación ordinaria como empleada pública y del
oficio a través del cual le comunicaron la no renovación del contrato, porque era en
realidad una destitución o una insubsistencia. Y, que, como consecuencia de lo
anterior, se declare que su vinculación en la Policía Nacional fue como empleada
pública y ordene el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales que
debió percibir durante todo el tiempo.
41. La Sala advierte que la demandante no solicitó previamente a la entidad la
concesión de lo aquí pretendido, sin embargo, tal situación no puede considerarse
suficiente para inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, porque deben
considerarse diferentes aspectos.
42. El primero, relativo a la labor interpretativa del juez, consagrada en el numeral
5 del artículo 42 del Código General del Proceso, en el sentido de que al juez le
corresponde «[…] adoptar las medidas […] para […] interpretar la demanda de
manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar
el derecho de contradicción y el principio de congruencia. […]».
43. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia1 ha señalado que: «[…] Al
encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de
desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus
súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre
una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración
de quien procura una tutela efectiva de sus derechos […]».
44. En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación2, al indicar que dicho
deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo
materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para
tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se
le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.
45. De esta forma, a partir de un análisis detenido de la demanda y en consonancia
con el contexto legal vigente al momento de su interposición –año 2000–, es posible
constatar que lo que se pretende es que se revise la relación contractual de las
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL
960-2019.
2 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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partes a la luz del principio de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política.
46. En virtud de tal principio, la existencia y naturaleza de las relaciones laborales,
no depende de los pactos realizados por las partes, ni de la apariencia contractual,
ni de las relaciones jurídicas subjetivas, sino, de la situación real en que se halla el
trabajador respecto del empleador, de la realidad de los hechos a que aquél se
encuentra vinculado y de las situaciones objetivas que surgen indistintamente de la
nomenclatura utilizada para definir la relación.
47. En efecto, lo que la parte actora plantea en el escrito introductorio es que, a
pesar de la apariencia que le quiso dar la entidad a su vinculación como abogada
y el tratamiento como una trabajadora oficial con un contrato de trabajo a término
fijo, en realidad, detentó la condición de empleada pública.
48. Como consecuencia de lo anterior, surge el segundo aspecto a considerar, esto,
el contexto jurídico que, para la época de los hechos y de la presentación de la
demanda, gobernaba lo relativo a la declaración de la primacía de la realidad sobre
las formas o contrato realidad.
49. Así, aunque a hoy es claro que para reclamar la existencia de una relación
laboral subyacente y las prestaciones de orden económico derivadas de esta, es
necesario acudir previamente a la administración y, ante su negativa, solicitar la
anulación del acto derivado de esa solicitud, para el año 2000 –fecha de
presentación de la demanda—, tal situación no estaba clara, pues no existía un
criterio jurisprudencial unívoco sobre cuál era la acción adecuada para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo a reclamar la declaratoria del
contrato realidad.
50. Esto pues, en un primer momento, la jurisprudencia del Consejo de Estado
sostenía que la acción procedente era la acción contractual, contenida en el artículo
87 del CCA.
51. En la sentencia del 18 de noviembre de 20033 la Sala Plena del Consejo de
Estado sostuvo que el argumento del encubrimiento de una relación laboral de
derecho público bajo la anotada modalidad contractual es «más armónico con una
pretensión encaminada a que se desate una controversia mediante el ejercicio de
acción contractual, la cual podría servir, además, para que se condene al
resarcimiento de perjuicios y para que se hagan otras declaraciones y condenas».
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Nicolás Pájaro
Peñaranda, sentencia de 18 de noviembre de 2003, radicado: 17001-23-31-000-1999-0039-01(IJ), actor: María
Zulay Ramírez Orozco.
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52. Posteriormente, la Sección Segunda, Subsección B4 expresó que el interesado
podía incoar a su elección la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o la
de controversias contractuales. Al respecto, manifestó lo siguiente:
«De otro lado y sin perjuicio de lo anterior, se precisa que si bien es cierto el
reconocimiento de derechos laborales simulados a través de contratos de
prestación de servicios es factible a través de la acción contractual que se
contempla en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo formulando
el petitum de nulidad del contrato de prestación de servicios o en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a elección del demandante,
para la segunda opción, es necesario agotar previamente la vía gubernativa a
tenor del artículo 135 del mismo Código, con la finalidad de obtener un
pronunciamiento expreso o presunto, presupuesto para acudir a la jurisdicción».
(Resaltado dentro del texto).
53. Luego, la Sección Segunda, Subsección A5 indicó que la acción idónea para
invocar la existencia de un contrato realidad era la de nulidad y restablecimiento del
derecho, en consideración a que lo que pretendía el administrado era el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales que, en su sentir, la entidad
demandada le adeudaba por la relación laboral que alega haber mantenido en los
mismos términos de un empleado público.
54. En este contexto, y teniendo en cuenta la incertidumbre existente sobre el
mecanismo idóneo para acudir a la jurisdicción a reclamar la existencia de una
relación laboral encubierta, así como la prevalencia del principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formas previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política, no resulta razonable exigir a la demandante la previa expedición de un acto
administrativo que deba ser anulado.
55. En consecuencia, el análisis judicial debe centrarse directamente en la
verificación material de la relación laboral alegada. Por ello, se procederá a verificar
la acreditación de los elementos configurativos del vínculo laboral.
56. Superada esta cuestión, teniendo en cuenta únicamente los reparos expuestos
en el recurso de apelación, la Sala se limitará a analizar si el oficio acusado está
falsamente motivado y, en ese sentido, si como lo enuncia la parte demandante la
decisión de no prorrogar el contrato a término fijo transgredió el ordenamiento
jurídico que le resultaba aplicable.
57. En caso de una respuesta negativa y, atendiendo las pretensiones subsidiarias,
corresponderá resolver si le era posible a la entidad vincular a la actora como
trabajadora oficial a través de un contrato de trabajo como lo justificó en el recurso
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero
ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 19 de julio de 2007, radicado: 25000 23 25 000 2002
06813 01 (6813-05), actora: Nelly Amparo Acosta Arias.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 10 de octubre de 2013, radicado: 05001 23 31 000 2004
00287 01 (0486-2013), actor: Pedro Guillermo Moreno Cuesta.
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de apelación o, si, por el contrario, en virtud de la primacía de la realidad sobre las
formas, se configuró una vinculación de otra naturaleza.
Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
58. Esta causal de nulidad tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa6.
59. En esa misma línea, se ha precisado que para la prosperidad de la pretensión
de nulidad cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»7.
60. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente8.
Resolución al caso concreto frente a la pretensión principal.
61. La Sala advierte que la demandante se vinculó a la Policía Nacional a través del
contrato de trabajo n.º 011, con un término fijo de seis meses a partir del 5 de junio
y hasta el 31 de diciembre de 1996. Que se prorrogó en tres oportunidades y estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 1999.
62. Posteriormente, mediante el oficio n.º 1094 del 22 de noviembre de 1999, la
entidad le comunicó la no prórroga del contrato, para lo cual invocó la cláusula
segunda del acuerdo suscrito entre las partes. Decisión que fue notificada
personalmente el 23 de noviembre de 1999.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Exp. 11001-03-27-000-2018-00006-
00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Exp. 52001-23-
33-000-2015-00155-01 (3093-2016). C.P. William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
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63. Ahora, al revisar la cláusula segunda del contrato de trabajo n.º 011, se
encuentra lo siguiente:
«SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO Y JORNADA DE TRABAJO. El
presente contrato de trabajo rige por el termino de 6 (seis) meses 26 días
comprendidos entre el 5 de junio de 1996 y el 31 de diciembre/96 y podrá ser
prorrogado por escrito a voluntad de ambas partes por periodos sucesivos hasta
de un año, por necesidades del servicio. Cuando alguna de las partes no esté
interesada en prorrogar el contrato, deberá comunicarlo por escrito a la otra
parte con una antelación no inferior a treinta días (30) calendario a la fecha en
que se pretenda darlo por terminado. (Resaltado de la Sala)»
64. Según esto, bastaba con que una de las partes no quisiera continuar con la
ejecución del contrato y, que, comunicara por escrito su decisión a la otra, con una
antelación de por lo menos treinta días, para darlo por terminado.
65. Bajo este entendimiento, la entidad a través del oficio n.° 1094 de 1999 cumplió
con lo estipulado en el contrato y, en ese orden, enteró a la señora Margarita Ofelia
Builes Pérez la no prórroga del contrato con una antelación de más de treinta días,
teniendo en cuenta que la finalización de la última extensión tuvo lugar el 31 de
diciembre de 1999.
66. Significa lo anterior que el acto demandado no se encuentra falsamente
motivado, contrario a lo que aduce la parte demandante, ya que, la entidad fundó
su decisión en lo establecido previamente en la cláusula segunda del contrato
suscrito entre las partes. Así, la fundamentación de la decisión no resulta contraria
a la situación fáctica del caso.
67. En consecuencia, se revocará el numeral primero de la sentencia del veintiséis
(26) de marzo de dos mil veinticinco (2025), en cuanto a la declaración de nulidad
del oficio 1094 del 22 de noviembre de 1999, de conformidad con lo expuesto.
68. Ahora, como se indicó previamente, dada la respuesta negativa al primer
cuestionamiento del caso, se seguirá con el análisis de las pretensiones subsidiarias
relativas a la modalidad de vinculación y la relación laboral subyacente y de los
argumentos justificantes propuestos por la entidad en el recurso de apelación.
Vinculación al servicio público
69. Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, existen tres formas de
vinculación al servicio público con sus características o elementos que las tipifican
y su régimen jurídico propio, a saber: i) la vinculación legal y reglamentaria; ii) la
laboral contractual; y iii) la contractual o de prestación de servicios.
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70. La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a
cargos públicos. De acuerdo con la jurisprudencia9, los elementos que deben
concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado
público son i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la
determinación de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos
para proveer el cargo.
71. La relación laboral contractual por su parte es la forma de vinculación de los
trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo. El Decreto
3135 de 1968 dispone que son trabajadores oficiales aquellos que se dedican a la
construcción y sostenimiento de obras públicas y quienes prestan sus servicios en
empresas industriales y comerciales del Estado, salvo que realicen actividades de
dirección y confianza y los estatutos los clasifiquen como empleados públicos.
72. Por otro lado, el contrato estatal de prestación de servicios es uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 199310.
73. Al margen de la anterior clasificación, el trabajo goza de especial protección con
independencia de las formas que se hayan adoptado para la prestación del servicio,
ya que el artículo 53 de la Carta Política exaltó el principio de «primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales» como parte del núcleo esencial del derecho al trabajo. Dicho derrotero
también se encuentra ligado a la prevalencia del derecho sustancial previsto en el
artículo 228 Superior.
Régimen laboral personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional
74. El artículo 3 del Decreto Ley 1214 de 1990 clasifica al personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional en empleados públicos y trabajadores oficiales,
por su parte el artículo 4 define al empleado público: «Denominase empleado
público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, la persona natural a quien
legalmente se le nombre para desempeñar un cargo previsto en las respectivas
plantas de personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o de la
Policía Nacional y tome posesión del mismo, sea cual fuere la remuneración que le
corresponda».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de mayo de 2016, expediente n.º
85001233100020120003202 (2119-14).
10 «3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable»
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75. A su vez, el artículo 7 define al trabajador oficial como: «Denominase trabajador
oficial la persona natural que preste sus servicios en el Ministerio de Defensa, en
las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, cuando su vinculación se opere
mediante contrato de trabajo».
76. En la referida norma, específicamente, en los artículos 9 al 14, se prevé la
clasificación de los empleados, según la naturaleza general de las funciones, esto
es: (i) especialistas de primer grupo, (ii) especialistas de segundo grupo, (iii)
adjuntos y auxiliares y (iv) profesionales universitarios y otros empleados del
despacho (los asesores jurídicos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
técnicos en presupuesto, analistas de sistemas y programadores de sistemas),
estos últimos en aplicación de las categorías y nomenclaturas previstas en el
Decreto 1042 de 1978 y asignaciones establecidas en el Decreto 50 de 1990.
77. Por otro lado, el artículo 132 determina que el Ministerio de Defensa podrá
vincular laboralmente, mediante contrato de trabajo a: «personas naturales para el
desempeño de labores técnicas, docentes, científicas, de construcción y
mantenimiento de obras y equipos, de confecciones y talleres, cuando la actividad
o labor no está contemplada para ser desempeñada por empleados públicos».
78. Seguidamente el artículo 133 establece las clases de contratos para la
vinculación de trabajadores oficiales, a saber: «contratos de trabajo, a término fijo u
ocasional o transitorio. Se entiende por contrato a término fijo aquel cuya duración
no sea inferior a tres (3) meses ni superior a doce (12) meses, y podrá ser
prorrogado por períodos sucesivos hasta de un (1) año, por necesidades del
servicio. Se entiende por contrato ocasional o transitorio aquel cuya duración no
exceda de tres (3) meses»
79. Finalmente, el artículo 137 expone que la ejecución, efectos y terminación del
contrato de trabajo a que se refiere ese estatuto se regirán por las normas
especiales aplicables a cada clase de vinculación.
Resolución al caso concreto frente a la pretensión subsidiaria.
80. En el caso, se probó que la señora Margarita Ofelia Builes Pérez se vinculó a la
Policía Nacional a través del contrato de trabajo n.º 011 del 5 de junio de 1996: «EL
TRABAJADOR se COMPROMETE para con la POLICIA NACIONAL SECRETARIA
GENERAL durante el tiempo de duración de este contrato a prestar sus servicios
como Abogado […]».
81. Que el plazo inicial del acuerdo fue de seis meses, esto es, del 5 de junio hasta
el 31 de diciembre de 1996 y, mediante las actas de modificación n.º 01 de 1997,
01 de 1998 y 02 de 1999, se prorrogó el plazo inicial entre el 1 de enero al 31 de
enero de 1997, 1 de enero al 31 de enero de 1998 y el 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.
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82. Que las actividades a cargo de la trabajadora, según se desprende del contrato,
consistieron en: (i) litigio ante los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado;
(ii) manejo jurídico de asuntos específicos, tales como, acciones de repetición,
acciones de tutela y cumplimiento de sentencias y (iii) asistencia y representación
en procesos penales que se adelantaran contra la Institución.
83. Por su parte, como deberes y obligaciones específicas de la trabajadora se
enlistaron las siguientes:
• No elevar peticiones conjuntas ni pretermitir los conductos regulares.
• Mantener reserva de todos los asuntos que tenga conocimiento por
razón de sus labores y cuya divulgación no le sea expresamente
autorizada, sin perjuicio de denunciar los hechos delictuoso y anomalías
que tenga conocimiento.
• Responder conforme a los reglamentos por los equipos muebles,
enseres y materiales que se confíen para el desarrollo de sus labores.
• Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño
de sus deberes y rendir cuando sea requerido el informe de sus
actividades.
• Igualmente, el TRABAJADOR queda sometido al Régimen Disciplinario
previsto para los empleados públicos de la Policía Nacional de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 138 del Decreto Ley
1214 de 19900 o disposiciones que lo modifiquen o deroguen.
• Presentarse a la Sanidad respectiva para los exámenes psicofísicos de
retiro dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de
terminación del presente contrato o de sus prorrogas si a ello hubiera
lugar y si no lo hiciere el Tesoro Público queda exonerado de pagar las
indemnizaciones correspondientes.
84. Bajo este panorama, la labor para la cual fue contratada la demandante no se
encuadra en ninguna de las actividades definidas en el artículo 132 del Decreto
1214 de 1990, norma habilitante que invocó la entidad como fundamento de su
vinculación a través de contrato de trabajo, que le son propias al personal civil no
uniformado vinculado a la Policía Nacional en calidad de trabajador oficial.
85. En efecto, las actividades de representación y defensa jurídica de la entidad,
que sintetiza el objeto del contrato suscrito entre las partes, no corresponden a
labores técnicas, de docencia, científicas, de construcción, de mantenimiento de
obras y equipos o de confecciones y talleres, de que trata el citado artículo. De ahí,
que no sea jurídicamente posible aplicar la excepción a la regla general de
vinculación al servicio público.
86. Tampoco es de recibo el argumento de la entidad apelante relativo a que podía
suscribir el contrato de trabajo a término fijo con la actora, en virtud de lo previsto
en el inciso 1.º del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, según la cual los
establecimientos públicos en sus estatutos pueden definir cuáles actividades
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pueden desempeñarse por personas vinculadas mediante esta modalidad bajo el
entendido de que la Policía Nacional no es un establecimiento público, sino que es
una entidad desconcentrada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Defensa y
con funciones constitucionalmente definidas11.
87. Para la Sala la entidad tiene un mal entendimiento de esa disposición, pues
aquella habilita exclusivamente a los establecimientos públicos, para contratar bajo
dicha modalidad en los términos definidos en sus respectivos estatutos.
88. En consideración a lo expuesto, la Sala encuentra que se desnaturalizó el
vínculo de la demandante a través del contrato laboral a término fijo como
trabajadora oficial, porque sus actividades no se ajustan a las definidas en las
normas antes mencionadas.
89. Esto también lleva a concluir que, a pesar de la apariencia que se quiso dar a la
vinculación por parte de la entidad, en aplicación del artículo 53 de la Constitución
Política, la realidad demostrada, por encima de las formas, es que la demandante
tuvo con la Policía Nacional una relación de carácter laboral disfrazada en otras
formas jurídicas.
90. Resulta pertinente, indicar que se encuentran acreditados los elementos de la
relación laboral, en tanto que la señora Margarita Ofelia Builes Pérez estuvo
vinculada a la Policía Nacional entre el 5 de junio de 1996 y el 31 de diciembre de
1999 como abogada y, en el contrato, se acordó el pago de una remuneración
habitual. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración.
91. Frente a la subordinación, se destaca que esta se desprende de la naturaleza
misma del vínculo suscrito entre las partes, siendo evidente que la demandante
atendió las órdenes e instrucciones de la entidad y estuvo supeditada en la
ejecución de su labor jurídica al direccionamiento y control de parte de esta.
92. De esta forma, queda zanjado el reparo propuesto en el recurso de apelación y
deberá confirmarse en este punto la sentencia de primera instancia, pero por las
razones aquí expuestas, es decir, que el consecuente restablecimiento no se deriva
de la nulidad del acto administrativo demandado, sino de la prosperidad de la
pretensión subsidiaria relativa a la desnaturalización del vínculo contractual y, la
primacía de la realidad sobre las formas.
Prescripción
93. Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas12:
11 En los términos del artículo 218 de la Constitución Política la Policía Nacional es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil, cuya finalidad es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas y asegurar la convivencia ciudadana.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
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94. El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.
95. En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.
96. En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 13, esta Sección
adoptó el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución
de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
97. Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, según los plazos de ejecución del contrato y de las actas de modificación,
los periodos en que la actora prestó el servicio son:
Contrato o Acta Objeto del Servicio Duración Remuneración
de Modificación
Contrato de 6 meses y 26 días Asignación básica:
trabajo 011 de 5-jun-1996 $ 800.000
1996 31-dic-1996
Acta 1-ene-1997 Asignación básica:
Modificación 01 31-dic-1997 $ 900.000
de 1997 Prestar sus servicios como abogado
Acta de 1-ene-1998 Asignación básica:
Modificación 01 31-dic-1998 $ 1.076.480
de 1998
Acta de 1-ene-1999 Asignación básica:
Modificación 02 31-dic-1999 $ 1.227.187
de 1999
98. De acuerdo con esto, se puede determinar que no se presentaron interrupciones
en la vinculación del demandante, por lo que, para efectos de la prescripción, hay
una sola relación laboral y no debe revisarse el término individual o parcializado y,
como la demanda fue presentada el 9 de mayo del 2000, es claro que no se presentó
prescripción alguna.
De las prestaciones a reconocer
99. El Tribunal ordenó que se cancelen a la actora las prestaciones sociales legales
a que tenía derecho, esto es, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, prima de servicios, auxilio de cesantías e intereses a las cesantías;
además, aquellas devengadas por un empleado de la planta de la entidad con la
misma labor a la desempeñada.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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100. Para la Sala, la inclusión de las prestaciones devengadas por un empleado de
planta de la entidad plantea serias dificultades de ejecución y genera incertidumbres
respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni bajo qué
criterios cuál sería el servidor público con el que debe equipararse la demandante
y, si tal determinación se delega a la entidad demandada, surgen inmediatamente
unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar
el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía funciones similares?
¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional de la actora? ¿Deberá
tener en cuenta únicamente la formación del beneficiario de la orden, su
experiencia, o solo el monto de lo que devengaba?
101. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación. En esas condiciones, cualquier decisión
en ese sentido devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
102. Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia se
encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se superó
el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad.
103. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
104. De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
105. Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la administración
tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de no ser
compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál
cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para
completar la sentencia.
106. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el
conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo, en el sentido de reconocer únicamente
las prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo dispuesto en los Decreto
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1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados
públicos.
107. Estas, corresponden a aquellas a las que tiene derecho un servidor público
vinculado a una entidad pública del orden nacional, por ser la demandada de este
orden, según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, bonificación por servicios prestados, la prima de servicios; auxilio
de transporte, subsidio de alimentación y familiar.
108. Ahora bien, en el caso, según se estipuló en la cláusula tercera del contrato n.°
011 de 1996, la remuneración de la demandante fue: (i) salario básico mensual de
$ 800.000; (ii) subsidio familiar equivalente de $ 15.690, por dos hijos menores de
edad; (iii) prima de navidad, equivalente a la totalidad del salario devengado el 30
de noviembre de cada año y proporcional al tiempo de servicio; (iv) prima de servicio
anual equivalente al 50% de la totalidad del salario devengado y (v) prima
vacacional equivalente al 50% del salario mensual por cada año de servicio y
solamente por un periodo dentro de cada año fiscal.
109. Además, en las actas modificatorias n.° 01 de 1997, 01 de 1998 y 02 de 1999,
se modificó el valor de la asignación básica y del subsidio familiar así: (i) 1997 en la
suma de $ 900.000; (ii) 1998 en la suma de $ 1.076.480 de asignación básica y $
10.323 por el subsidio familiar; (iii) 1999 en la suma de $ 1.227.187 de asignación
básica y $ 5.547 por el subsidio familiar, por cada hijo menor de edad.
110. A pesar de que no se cuenta con la totalidad de los desprendibles de pago de
cada uno de los periodos laborados, la parte no aludió en ninguna instancia del
proceso al incumplimiento de las obligaciones remunerativas adquiridas por la
entidad derivadas del contrato suscrito. Claro esto, la Sala entiende que a la
demandante le fueron pagadas las vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, prima de servicios y el subsidio familiar por todo el tiempo en que prestó el
servicio.
111. Así las cosas, no hay lugar a reconocer esas prestaciones, pero los montos
recibidos por esos conceptos se tendrán en cuenta en el cálculo de la liquidación de
las prestaciones sociales, porque tienen incidencia directa en algunos de los
factores a reconocer, según se define en los decretos citados anteriormente, pero
para efectos de no incurrir en un doble pago, su valor se restará de la sumatoria del
total de la indemnización.
112. Sin embargo, no es procedente reconocer el auxilio de transporte y subsidio
de alimentación, por cuanto la asignación que la demandante percibió durante las
anualidades en que tuvo lugar su vinculación excedió el equivalente a dos salarios
mínimos mensuales legales vigentes, limite definido en la Ley 15 de 1959 y los
Decretos 2310 de 1995, 2334 de 1996, 3106 de 1997 y 2560 de 1998, que
reglamentaron los mentados beneficios.
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113. Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 31.680.052.
Nùmero de dìas co rrespo nde al
35%, pero
LIQUIDACIÒN DE PRESTACIONES SOCIALES CON FACTORES SALARIALES EN CONTRATO REALIDAD -SECTOR PÙBLICO calendario de hasta 2 smmlv,
disfrute escriba 50%
LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2026 0 2026-0 15 35%
PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE
Desde IPC IPC CESANTIA VACACION BONIFICA-CIÓN POR SERVICIO
# SERVICIO NAVIDAD VACACION
# mese SALARIO AUXILIO INTERES
AUXILIO AUXILIO AUXILIO DE TOTAL BONIFICA-
Dias s PROMED. DE SOBRE LA PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE
DE DE ALIMENT ANUAL CESANTIA VACACION CIÒN POR
por compl MENSUAL TRANSPT. CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACION
TRANSPT. ALIMENT INDEXADO SALARIOS SERVICIO
año por POR AÑO INDEXADO INDEXADA
año
Año FINAL INICIAL INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADA
1996-6 155,73 24,87 207 6,9 0 0 0 $ 0,00
800.000 5.520.000 516.074 3.231.532 222.976 276.288 1.730.046 492.476 3.083.768 240.477 1.505.808 240.477 1.505.808 161.000 1.008.144
1997-1 155,73 26,96 365 12 0 0 0 $ 0,00
900.000 10.950.000 1.118.308 6.459.722 785.933 607.500 3.509.124 1.018.143 5.881.138 495.221 2.860.565 495.221 2.860.565 315.000 1.819.546
1998-1 155,73 31,77 365 12 0 0 0 $ 0,00
1.076.480 13.097.173 1.337.596 6.556.619 797.722 726.624 3.561.761 1.217.790 5.969.356 592.329 2.903.474 592.329 2.903.474 376.768 1.846.839
1999-1 155,73 37,23 365 12 0 0 0 $ 0,00
1.227.187 14.930.775 1.524.859 6.378.358 776.034 828.351 3.464.924 1.388.280 5.807.062 675.255 2.824.534 675.255 2.824.534 429.515 1.796.627
CONSOLIDADO
INTERES
AUXILIO DE TRANSPTE AUXILIO DE ALIMENT CESANTIA PRIMA DE SERVICIO PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE VACACIONES
INDEXADO INDEXADO CESANTIAS INDEXADA INDEXADO INDEXADA INDEXADA VACACIONES INDEXADAS INDEXADA BONIFICACIÒN POR SERVICIO INDEXADA
$0 $0 $ 22.626.232 $ 2.582.664 $ 12.265.856 $ 20.741.324 $ 10.094.380 $ 10.094.380 $ 6.471.156
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 84.875.992
TOTAL APORTES EN SALUD (8% ): $0
TOTAL APORTES EN PENSIÓN (12% ): $0
TOTAL $ 84.875.992
PRESTACIONES PAGADAS QUE DEBEN DESCONTARSE $ 53.195.940
GRAN TOTAL A PAGAR $ 31.680.052
114. Por su parte, se revocará el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, a través del cual se ordenó a la demandada indexar las sumas que debe
pagar a la demandante. Lo anterior, porque la liquidación realizada previamente ya
incluye la corrección monetaria.
De la condena en costas en ambas instancias.
115. El Tribunal de primera instancia condenó en costas a la parte demandada, en
atención al criterio fijado en el artículo 188 del CPACA; condena que fue apelada
por la parte demandada.
116. Frente a esto, es importante recordar que, la norma que rige el presente asunto
es el Decreto 01 de 1984 de conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de
201114, de manera que, debe atenderse lo definido en esa disposición frente al
tema.
117. Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la actividad de las partes se ciñó a los parámetros
de buena fe y lealtad procesal, sin que se observe actuación temeraria ni maniobras
dilatorias del proceso. En consecuencia, no debió el juez de primera instancia
condenar en costas, por lo que se revocará en ese punto la decisión apelada.
Por las mismas consideraciones, no hay lugar a condenar en costas en esta
instancia.
14 «ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.»
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Radicación: 05001-23-31-000-2000-02166-02 (1422-2025)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR el numeral TERCERO la sentencia del veintiséis (26) de
marzo de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que quedará así:
«TERCERO: Condenar a la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL-, a reconocer y pagar a la señora
OFELIA MARGARITA BUILES PÉREZ una indemnización equivalente a treinta
y un millones seiscientos ochenta mil cincuenta y dos pesos
($31.680.052), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia».
Segundo. REVOCAR los numerales PRIMERO, SEXTO y OCTAVO de la sentencia
apelada, conforme con lo expuesto en la parte resolutiva.
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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