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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2001-04033-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2001-04033-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 4 de julio de 2012 que denegó las súplicas de la demanda. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0919 del 13 de julio de 2001, proferida por el ministro de defensa nacional, en cuanto dispuso el retiro del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad del gobierno, del señor Hayden Yesid Santoyo Atuesta. 35 Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12) Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta Tercero. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación, Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a reintegrar al actor, sin solución de continuidad para todos los efectos legales, al cargo que venía desempeñando en el momento de su retiro del servicio o su equivalente, según las reglas de carrera de personal de la institución, y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento del retiro hasta la fecha en que complete 15 años de servicio, dando aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. De los valores que resulten de la condena, la entidad deberá descontar, debidamente indexadas, las sumas percibidas por el señor Santoyo Atuesta por cualquier concepto laboral en el sector público. Quinto. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo Sexto. Sin condena en costas. Séptimo. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-31-000-2001-04033-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-2012)
Demandante: Hayden Yesid Santoyo Atuesta
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Tema: Retiro del servicio por voluntad del Gobierno Nacional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 4 de julio de dos mil doce 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión, que denegó
las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del CCA,2 el señor Hayden Yesid Santoyo Atuesta, por medio de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare: i) la excepción de
inconstitucionalidad de los artículos 54, 55 —numeral 6— y 62 del Decreto 1791
de 14 de septiembre de 2000, por cuanto el Gobierno nacional no estaba
expresamente facultado para derogar el Decreto 573 de 1995; ii) la nulidad parcial

1 Folios 1 al 74.
2 Código Contencioso Administrativo.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

de la Resolución 0919 del 13 de julio de 2001, proferida por el ministro de defensa
nacional, por la cual se dispuso su retiro del servicio; iii) como pretensión
subsidiaria única, pidió declarar la nulidad parcial de la Resolución 0919 del 13
de julio de 2001.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la demandada a: i) reintegrarlo al grado, cargo y antigüedad
que ostenten sus compañeros de promoción, como si no hubiese existido
solución de continuidad en la prestación del servicio, junto con la indemnización
correspondiente; ii) pagarle todos los haberes, prestaciones sociales, cesantías
y vacaciones, con los reajustes legales dejados de devengar, desde la fecha de
su retiro hasta el reintegro del servicio activo, incluidos los intereses legales y
moratorios; iii) cumplir la sentencia en los términos de los artículos 177 a 178 del
CCA.

1.1.2. Hechos

Como hechos de la demanda, el apoderado del actor expuso los siguientes:

i) El señor Santoyo Atuesta fue seleccionado el 26 de enero de 1995 para prestar
servicio militar obligatorio como bachiller de la Policía Nacional y posteriormente
ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía «General Santander» a realizar el
curso de oficial, el cual aprobó satisfactoriamente; el 15 de enero de 1998 fue
ascendido al grado de alférez por su buen desempeño y el 5 noviembre del
mismo año adquirió el rango de subteniente.

ii) El 19 de septiembre de 2000 fue asignado a la Estación de Policía Villa
Guadalupe en la ciudad de Medellín; por esa época le presentaron un señor
dueño de un taller automotriz que reparaba los vehículos de la Policía y
comercializaba los siniestrados obtenidos a través de compañías de seguros.

iii) El 15 de febrero de 2001 le otorgaron un crédito en una entidad bancaria para
la compra de vehículo, por lo que acudió al taller del mencionado señor, quien le
ofreció el automóvil del estudiante universitario Luis Velázquez, con quien celebró

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

el contrato de compraventa, previa verificación en la SIJIN de los antecedentes
del vehículo; pagó una parte en efectivo y el resto a plazos según lo convenido.
El carro permaneció por más de quince (15) días en el taller y él realizaba
constantes visitas al lugar para supervisar la reparación.

iv) El 4 de junio de 2001, el secretario del capitán Teodoro Avendaño Bocanegra
le comunicó sobre la anotación que se había hecho en su folio de vida, en la que
constaba que a la fecha estaba siendo investigado por la SIPOL, por su presunta
vinculación a una banda de hurto de automotores, en la que participaba el dueño
del taller.

v) Por no estar de acuerdo con dicha anotación, recurrió la determinación ante el
capitán Teodoro Avendaño Bocanegra, quien, previa recomendación del teniente
coronel Adolfo León Gómez, resolvió omitirla y reponer la hoja donde se realizó,
por no haberse notificado en debida forma la apertura de la investigación y porque
las indagaciones realizadas por la SIPOL sirven al mando institucional para tomar
decisiones discrecionales, mas no para iniciar una investigación penal o
disciplinaria.

vi) Mediante la Resolución 0919 del 13 de julio de 2001 fue retirado del servicio
activo de la Policía bajo los supuestos legales de los artículos 55 numeral 6 y 62
del Decreto 1791 de 2000, previa actuación de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional, mediante Acta 492 de 4 de julio de
2001.

vii) En el procedimiento de retiro no se tuvo en cuenta la doctrina constitucional
prevista en las sentencias C-175 de 1993 y C-525 de 1995 que tratan el tema de
la discrecionalidad y las razones del servicio a tener en cuenta al disponer el retiro
por voluntad del Gobierno.

viii) La Resolución 0919 de 13 de julio de 2001 se fundamentó en los artículos 55
numeral 6 y 62 del Decreto 1791 de 2000; no obstante, el Congreso Nacional al
emitir la Ley 578 del 14 de marzo de 2000, no facultó en forma expresa al
presidente de la República para derogar, modificar o adicionar el Decreto 573 de

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

1995, lo que significa que el fundamento de la resolución es contrario a la
mencionada ley y a la Constitución Política.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas se citaron los artículos 1, 3, 7, 8, 23 y 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 4, 6, 13, 15, 16, 21, 25, 29,
53, 58, 83, 121 a 123, 125, 130, 216, 228, 230 y 243 de la Constitución Política
de Colombia; 54, 55 —numeral 6— y 62 del Decreto 1791 de 2000; 34, 35, 36 y
84 del CCA; 55, 57, 59 y 60 del Decreto 1512 de 11 de agosto de 2000.

El concepto de violación se desarrolló, en esencia, con los siguientes
argumentos:

i) El acto de retiro fue expedido irregularmente, con falsa motivación y desviación
de poder, por cuanto la administración no tuvo en cuenta su excelente trayectoria
profesional, la cual refleja la imagen que proyectaba de la institución y el servicio
que le prestaba a la comunidad; como tampoco se consideró el hecho de que
durante el tiempo de permanencia en la entidad solamente tuvo una anotación
negativa que posteriormente fue omitida, por recomendación del teniente coronel
Adolfo León Gómez Parada, comandante del Distrito Oriente de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá. No obstante, al parecer, dicha recomendación
no fue tenida en cuenta, y por esta circunstancia se pidió a la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa que propusiera su retiro.

Seguramente, la Junta solo recibió la información de que se encontraba
involucrado en presuntas actividades delictivas y no los documentos de
aclaración y procedió en forma arbitraria a recomendar su retiro. Si bien la Junta
estaba en libertad de valorar razones de conveniencia y oportunidad para
disponer el retiro por voluntad del gobierno, no podía prescindir del folio de vida
donde se registró la anotación negativa, los recursos interpuestos contra esta y
la decisión de derogarla.

ii) La administración no respetó el procedimiento legal, reglado, establecido para

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

aplicar la causal de retiro denominada «por voluntad del Gobierno» prevista en el
Decreto 1791 del 2000, por cuanto la utilizó inadecuadamente, a título de sanción
disciplinaria, como consecuencia de la anotación negativa en su hoja de vida, por
presuntas irregularidades.

iii) No existió una verdadera recomendación previa de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, como lo ordena la ley y, por ende,
la administración se extralimitó en su facultad discrecional.

1.2. Contestación a la demanda

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones del libelo con el argumento de
que la expedición del acto acusado obedeció al cumplimiento de las disposiciones
legales que así lo autorizan y que no existen fundamentos de hecho o de derecho
que demuestren que existió desviación de poder, falta de motivación, expedición
irregular, ni violación al debido proceso.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 4 de julio de 2012,
denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:3

i) No es dable inaplicar por inconstitucionalidad el Decreto 1791 de 2000, pues si
bien el Gobierno nacional no fue facultado para derogar el Decreto 573 de 1995,
como lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 2003, lo cierto
es que el retiro del servicio por voluntad del Gobierno nacional «se encuentra
regulado desde la Ley (sic) 573 de 1995 y en las normas que lo han modificado
con posterioridad».

3 Folios 575 al 596.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

ii) El buen desempeño de un empleado es una obligación legal y constitucional
y, por ende, las felicitaciones, la buena conducta y la ausencia de sanciones
disciplinarias no generan un factor de inamovilidad o garantía de estabilidad.

iii) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el acto de retiro de
los miembros activos de la Fuerza Pública, proferido en ejercicio de la facultad
direccional, no debe ser motivado, y que el buen desempeño en el ejercicio de
las funciones no es impedimento para proceder al retiro del servicio, dependiendo
de las particularidades de cada situación.

iv) La afirmación del accionante sobre la injerencia de la investigación de la
SIPOL en su acto de retiro carece de respaldo probatorio, ya que por medio de
la comunicación de 8 de junio de 2001 se le informó que la anotación negativa
había sido borrada, lo que da cuenta de que con suficiente antelación a la
realización de la Junta Asesora, el 4 de julio de 2001, ya ese reporte negativo no
obraba en su historial, como se ratificó con la copia del folio de vida allegada al
expediente.

v) No se demostró que el supuesto error en que incurrió la entidad demandada,
con la referida anotación negativa en el folio de vida, fuera determinante o que
constituyera la causal de su desvinculación, pues aparte de que la corrección
operó con la debida inmediatez, así hubiera mediado solicitud de parte, tal
circunstancia no garantizaba la estabilidad absoluta del actor, ni impedía el
ejercicio de la facultad discrecional utilizada.

1.4. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la
sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Presentó
las siguientes razones de inconformidad:4

4 Folios 598 al 618.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

i) La Ley 578 del 14 de marzo de 2000 no facultó en forma expresa al presidente
de la República para derogar, modificar, o adicionar el Decreto 573 de 1995; por
ende, la decisión del ministro de defensa, plasmada en la Resolución 0919 de 13
de junio de 2001, adolece de un vicio de fondo porque se sustentó en el Decreto
1791 de 2000, violando la Constitución Política.

ii) La Resolución 0919 de 13 de julio de 2001, al fundamentarse en la causal de
retiro «por voluntad del Gobierno» y al ser expedida por el ministro de defensa
nacional, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto de
Delegación 684 del 16 de abril del 2001, incurrió en causal de nulidad por falta
de competencia, por cuanto el presidente de la República no tenía la facultad
constitucional y legal para delegar en el ministro de defensa la función de retirar
a oficiales de la Policía Nacional.

iii) El Tribunal fundamentó su decisión en la Ley 857 de 2003, norma que no
estaba vigente para el momento de los hechos y por lo tanto no le era aplicable,
por lo que debió acudir al Decreto 573 de 1995, norma que recobró vigencia con
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 95 del Decreto 1791 de 2000; con
su actuar la demandada excedió la interpretación y la aplicación de la ley,
poniendo en evidencia que en el presente asunto se eligió un referente normativo
al azar sin tener en cuenta el referente factual.

iv) No aparece en el procedimiento de retiro del servicio la participación
procedimental reglada que ordena el artículo 12 del Decreto 573 de 1995, en el
sentido de que se debe contar con la previa recomendación del Comité de
Evaluación de Oficiales Superiores. Este vicio origina una nulidad absoluta del
acto de retiro, por expedición irregular y por infringir las normas en que debía
fundarse.

v) La Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional no emitió
concepto previo, vicio que origina una nulidad absoluta del acto administrativo de
retiro, por infringir las normas en que debería fundarse y haberse expedido en
forma irregular.

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Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

vi) El Tribunal no apreció en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica el
material probatorio obrante en el proceso, pues solo se refirió al hecho
relacionado con la anotación registrada en el folio de vida del actor, sin
contemplar la totalidad de los hechos y evidencias probatorias, que dan cuenta
de su idoneidad y excelente trayectoria profesional y que demuestran que su
retiro no se inspiró en razones del servicio, sino que obedeció a razones
extralegales, porque es inadmisible y contradictorio que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, a solo 13 días de haber sido
llamado a curso para ascenso, hubiera aprobado su retiro y a los pocos días se
causara este.

Procede la Sala a decidir el asunto previas las siguientes

2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, debe advertir la Sala que el estudio
respectivo se limitará a los cargos que formuló la parte actora en la demanda y a
los motivos de inconformidad de estos con el fallo del Tribunal y no a la nueva
censura que expone en su escrito de alzada, respecto de la falta de competencia
del ministro de defensa para expedir el acto de retiro, pues tal etapa procesal no
puede ser utilizada para sanear omisiones o deficiencias de la demanda, o para
alegar hechos nuevos.

Aceptar el examen del nuevo cargo planteado en el recurso atentaría contra el
derecho de defensa de la parte demandada, que se vería sorprendida por el
cambio de rumbo de la demanda, sin haber tenido la oportunidad para controvertir
la nueva censura que se formula. Además, es sabido que el marco de la
resolución judicial en esta instancia, lo establece únicamente los motivos en que
fundamenta la parte su inconformidad contra la sentencia recurrida, frente a lo
planteado en la demanda, dados los límites que tiene el sentenciador ad quem.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

Al respecto, esta corporación ha dicho que, en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de esta, al apelante le está vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad
quem no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la
contraparte en el proceso.5

2.2. Problema jurídico

Se trata de determinar, en primer lugar, si la Resolución 0919 de 13 de julio de
2001, por la cual se retiró del servicio al actor por voluntad del Gobierno Nacional,
continuó vigente pese a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 55 —
numeral 6— y 62 del Decreto 1791 de 2000, normas que sirvieron de fundamento
para su expedición.

En segundo lugar, en caso de que la Resolución 0919 de 2001 no hubiera visto
afectados sus fundamentos jurídicos con ocasión de la declaratoria de
inexequibilidad parcial del Decreto 1791 de 2000, se deberá establecer si la
demandada, Nación, Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, ejerció
correctamente la facultad discrecional al retirar al actor del servicio activo de la
institución, o si, por el contrario, desvió los motivos que justifican la adopción de
esta medida.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Del retiro del servicio de los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional

5 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de diciembre

de 2017. Radicación 08001-23-31-000-2009-01122-01. Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1791 de 2000 «Por el cual se modifican
las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional», con el cual reguló, entre otros aspectos, lo
concerniente al retiro del servicio activo, así:

Artículo 54. Retiro. Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder
el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel
ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de
Oficiales Generales y en los demás grados en los casos de destitución,
incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no superar la escala de
medición del Decreto de evaluación del desempeño o muerte.

Artículo 55. Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.
2. Por llamamiento a calificar servicios.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica.
4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
5. Por destitución.
6. Por voluntad del Gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa
Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para
el nivel ejecutivo, los suboficiales y los agentes.
7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del
Desempeño Policial.
8. Por incapacidad académica.
9. Por desaparecimiento.
10. Por muerte.

( . . . ).

El artículo 62 ibidem en su redacción inicial, disponía:

Artículo 62. Retiro por voluntad del gobierno, o de la dirección general de la
policía nacional. Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno
Nacional para el caso de los oficiales o la Dirección General de la Policía Nacional
por delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo, los
suboficiales, y agentes podrán disponer el retiro del personal con cualquier
tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional para los oficiales o de la Junta de Evaluación y
Clasificación respectiva para los demás uniformados.

Sobre la vigencia del Decreto 1791 de 2000, en el artículo 95 se indicó:

Art. 95. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga los Decretos 041 de 1994, con excepción de lo dispuesto en el artículo

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

115, relacionado con los Títulos IV, VI y IX y los artículos 204, 205, 206, 210, 211,
213, 214, 215, 220, 221 y 227 del Decreto 1212 de 1990; 262 de 1994 con
excepción de lo dispuesto en el artículo 47, relacionado con los Títulos III, IV y
VII y los artículos 162, 163, 164, 168, 169, 171, 172, 173 y 174 del Decreto 1213
de 1990; 132, 573 y 574 de 1995 y demás normas que le sean contrarias.

Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-253 de 25 de marzo de 2003,6 en lo que se refiere a los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en el entendido de que el presidente
de la República no podía derogar, modificar o adicionar la regulación contenida
en el Decreto 573 de 1995, pues no tenía facultades para ello.

En relación con los efectos de la sentencia proferida por la Corte Constitucional
respecto de los actos administrativos expedidos en vigencia del Decreto 1791 de
2000, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 17 de agosto
de 2006, rectificó el criterio jurisprudencial de interpretación aplicado en casos
anteriores, y señaló:7

[…]

La Sala en esta oportunidad, rectifica el criterio expuesto en la sentencia cuya
parte pertinente antes se transcribió por las razones que a continuación se
exponen:

El Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000, «por el cual se modifican las
normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional”, fue expedido por el Presidente de la República,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 578 de 2000.

Tal decreto fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en
sentencia C-253 del 25 de marzo de 2003 donde declaró inexequible la expresión
“573” contenida en el Art. 95 del D. 1791 de 2000, y las expresiones “el Gobierno
Nacional para el caso de los oficiales o”; “los suboficiales” “ de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional para los oficiales o” y “para los
demás uniformados” contenidas en el art. 62 del Decreto 1791 de 2000.

La declaratoria de inexequibilidad obedeció a que el Presidente de la
República rebasó las facultades extraordinarias que le otorgó el legislador
en la Ley 578 de 2000 pues en la lista de decretos sobre los cuales podía
ejercer la facultad legislativa no se encontraba el Decreto 573 de 2000 (sic),
que regula lo relacionado con los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional.

6 Magistrado ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.
7 Con ponencia del consejero de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

En este caso podría predicarse la inaplicación por inconstitucionalidad de los arts.
62 y 95 del Decreto Ley 1791 de 2000 a partir de la fecha en que este empezó a
regir y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad prenombrada, sin embargo la misma decisión de la
Corte nos da la solución en la medida que no quedó derogado el Decreto 573 de
1995 que contempla en su art. 12 el retiro de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional por parte del Gobierno Nacional o del Director de la Policía Nacional
con fundamento en la facultad discrecional, es decir que el acto acusado que se
expidió con fundamento en el art. 62 del Decreto 1791 de 2000 se encuentra
ajustado a derecho porque el Ministro de Defensa tenía facultades legales para
ello.

En efecto, el acto acusado fue expedido por la autoridad competente de
conformidad con el Decreto 573 de 1995, el cual rigió la materia aún en vigencia
del Decreto 1791 de 2000, en virtud de la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, conforme a las razones anotadas y con mayor razón
después de la declaratoria de inexequibilidad de este último decreto que recobró
vigencia formalmente.

Lo anterior quiere decir que, en efecto, no desapareció el fundamento jurídico del
acto acusado, sino que con la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1791
de 2000, volvió a tener vigencia en el ordenamiento jurídico la norma que
regulaba la materia antes de este, esto es, el Decreto 573 de 1995 y, por ende,
el presidente de la República conservó la facultad para retirar del servicio al
personal de oficiales y suboficiales por voluntad del Gobierno.

2.3.2. Del ejercicio de la facultad discrecional

2.3.2.1. Posición de la Corte Constitucional

En relación con el retiro del servicio por voluntad del Gobierno nacional o de la
Dirección General de la Policía Nacional, la Corte Constitucional, en sentencia C-
525 de 16 de noviembre de 1995,8 precisó que las razones del servicio están
básicamente señaladas en la propia Constitución Política (art. 218), a saber: el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz,
y que, con ese fin, el Comité Evaluador debe verificar si, dentro de estos

8 Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

parámetros, los oficiales, suboficiales y agentes están cumpliendo correctamente
con su deber, si están en condiciones psíquicas, físicas y morales para prestar el
servicio y en actitud para afrontar todas las situaciones que en razón de su
actividad de salvaguarda del orden se presenten.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional9 ha establecido que «la facultad
discrecional de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la
Policía Nacional o por razones del servicio de los miembros de la Fuerza Militar
y de la Policía Nacional no puede convertirse en arbitrariedad, teniendo en cuenta
que subyace en los principios de racionalidad y proporcionalidad.
Adicionalmente, la decisión de retiro se encuentra sujeta al concepto dado por la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa o la Junta de Evaluación o Calificación
respectiva, según la institución y el grado que ostenta el funcionario».10

En relación con el papel que desempeñan las mencionadas juntas, la Corte
Constitucional apuntó que «tienen a su cargo el examen exhaustivo de los cargos
o razones que inducen a la separación -el primero- de oficiales o suboficiales, o
de agentes, el segundo. En dichos comités se examina la hoja de vida de la
persona cuya separación es propuesta, se verifican los informes de inteligencia
o contrainteligencia, así como del "Grupo anticorrupción" que opera en la Policía
Nacional; hecho este examen, el respectivo comité procede a recomendar que el
implicado sea o no retirado de la institución. De todo ello se levanta un acta, y en
caso de decidirse la remoción se le notifica al implicado. No se trata pues de un
procedimiento arbitrario, sino de una decisión fundamentada en la evaluación
hecha por un Comité establecido legalmente para el efecto (Arts. 50 y 52 del
Decreto 041 de 1994), y motivada en las razones del servicio».11

Y frente a la facultad discrecional, en Sentencia T- 995 de 2007,12 señaló que:

[…] no se cansará de repetir que es imposible, a la luz de la Constitución Política
actual de la República de Colombia, confundir la discrecionalidad con la
arbitrariedad antojadiza. […]. Como quedó expuesto en las consideraciones

9 Sentencias C-525 de 1995, C-368 de 1999, C-942 de 2003, C-1173 de 2005 y C-179 de 2006.
10 T-437-16.
11 Sentencias C-525 de 1995, en la cual declaró exequibles el artículo 12 del Decreto-Ley 573 de 1995 y el

artículo 11 del Decreto 574 de 1995, que dispone por razones del servicio y en forma discrecional el retiro
de los miembros de la Policía Nacional previa recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales.
12 Sentencia del 21 de noviembre de 2007. Magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

generales de esta sentencia, la recomendación de retiro por voluntad del
gobierno, está orientada, por la norma misma, a las necesidades del servicio. Es
desde esta perspectiva desde la cual –acorde con lo dicho por la Corporación al
estudiar la constitucionalidad de la norma- se justifica la facultad de retiro
concedida por la ley al gobierno y la que impone la carga a la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional de realizar un examen de fondo,
completo y preciso de los cargos que se invocan para el retiro de miembros de
esa institución, con fundamento en las pruebas que se alleguen, y en todos los
elementos objetivos y razonables que permitan sugerir el retiro o no del servicio
de un funcionario. Este examen, que la Corte entendió incorporado a la norma
misma (al artículo 4º de la Ley 857 de 2003), fue el que echó de menos la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en su sentencia
y lo que extraña también esta Sala. Y es también esa carga que le impone la ley
a la Junta, la que marca la línea divisoria entre la discrecionalidad, que es
aceptable desde la perspectiva constitucional, y la arbitrariedad, que no lo es.

La omisión arriba señalada constituye una verdadera vía de hecho en sede
administrativa, violatoria –como se dijo ya- del derecho fundamental al debido
proceso del actor. Mediante la expedición del decreto 3909 de 7 de noviembre de
2007, con fundamento en una recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de la Defensa Nacional que ignoró los requisitos que se entienden incorporados
al artículo 4º de la Ley 857 de 2003, el gobierno nacional, actuando a través del
Ministerio de la Defensa Nacional y de la Policía Nacional, incurrió en un defecto
sustancial, cuyas consecuencias repercuten aún más allá de la violación de los
postulados del artículo 29 de la Carta, implicando –como lo entendió el juez de
segunda instancia- la vulneración de otros derechos de rango fundamental, como
el derecho al mínimo vital.

Luego, en sentencia T-1168 de 2008,13 la Corte encontró vulnerado el derecho al
debido proceso de tres miembros de la Policía, retirados de manera discrecional,
por cuanto «ni en los Decretos por medio de los cuales el Presidente de la
República dispuso el retiro de los mencionados accionantes, ni en las
Actas emitidas por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional, por medio de la cual se propuso retirar del servicio activo a cada uno
de los accionantes, se manifestó el motivo que los condujo a determinar que con
el retiro de los hoy gestores del amparo se cumplía el fin para el cual fue instituida
la Policía Nacional, es decir, nunca se explicaron las razones del servicio».

Y estableció que es un elemento indispensable que el acto administrativo que se
emita en uso de la facultad discrecional «contenga, aunque sea, un mínimo de
motivación producto de un debido proceso que implica el examen objetivo y

13 26 de noviembre de 2008. Magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

razonable14https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-437-16.htm por
parte de la respectiva junta del supuesto de hecho que permita concluir que la
recomendación de retiro y el acto de retiro propiamente dicho contribuyen al
cumplimiento de la finalidad de la Policía Nacional, requisito que no se satisface
con la mención de la norma que le atribuyó la competencia discrecional, sino que
debe obedecer a la adecuación de que trata el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, es decir, a un mínimo de motivación que permite la garantía del
derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, derechos
constitucionales que el Estado tiene el deber de garantizar».

Posteriormente, en sentencia T-111 de 2009,15 la Corte advirtió que «el acto no debe
ser motivado en el sentido de relatar los motivos y hechos que justifican la
desvinculación, lo cual le quitaría al informe su carácter reservado ante terceros»,
sino que «la decisión debe estar precedida de un concepto objetivo por parte de la
Junta, la cual debe hacer un examen de la hoja de vida del afectado, así como de
los informes de inteligencia respectivos y de ello levantar un acta. En caso de optar
por el retiro se debe aludir en el acto de desvinculación al informe respectivo, el cual
no puede ser reservado para el afectado, salvo en casos excepcionalísimos y de
manera temporal, en aras de garantizarle el debido proceso y permitirle conocer
dicho informe para defenderse controvirtiéndolo».

Después, en la sentencia T-638 de 2012,16 la Corte indicó que el retiro de un miembro
de la Policía Nacional se ajusta a la Constitución cuando se establece:

(1) El respeto por los principios de proporcionalidad y razonabilidad;
(2) la debida motivación del acto de retiro que, en últimas, se expresa en la
suficiencia y fundamento del concepto previo de las juntas asesoras y
comités de evaluación que cumplen funciones en este sentido, así como en
la exposición de motivos efectuada en el acto administrativo respectivo;
(3) la correspondencia necesaria entre dicha motivación y el cumplimiento de los
fines constitucionales de la Policía Nacional; y
(4) en las hipótesis en las cuales el retiro discrecional del servicio tenga sustento
en informes de carácter reservado, la reserva de éste operara frente a terceros,
pero no ante el eventual afectado.

14 «La recomendación de la respectiva junta debe estar precedida y sustentada en un examen de fondo,

completo y preciso de los cargos invocados, en las pruebas que se alleguen, en el examen de la hoja de
vida y en todos los elementos objetivos y razonables que permitan concluir que con el retiro del funcionario
se cumple el fin para el cual fue instituida la Policía Nacional».
15 20 de febrero de 2009. Magistrada ponente: Clara Elena Reales Gutiérrez.
16 16 de agosto de 2012. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

16
Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

En ese marco, en la sentencia SU-053 de 2015, reiterada en la SU-172 del
mismo año, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció el «estándar de
motivación de los actos de retiro» de los miembros activos de la Policía Nacional
en uso de la facultad discrecional, y señaló las pautas mínimas de motivación,
en los siguientes términos:

[…] los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional no
necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones en el cuerpo
del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén sustentados en
razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de motivación
justificante es plenamente exigible; ii. La motivación se fundamenta en el
concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el
cual debe ser suficiente y razonado; iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos
de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y
coherencia entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto
es, el mejoramiento del servicio; iv) El concepto emitido por las juntas asesoras
o los comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento
administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad discrecional
que legalmente está instituida para la Policía Nacional, en razón de función
constitucional. No obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí
debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores […]
v). El afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron
lugar a la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora,
una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o
informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de
fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe
analizar, entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la
información adicional pertinente de los policiales; vi). Si los documentos en los
cuales se basa la recomendación de retiro del policía, tienen carácter reservado,
los mismos conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del
afectado. El carácter reservado de tales documentos se mantendrá, mientras el
acto administrativo permanezca vigente […].

2.3.2.2. Posición del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, de tiempo atrás, consideró que los actos de retiro
expedidos en ejercicio de la facultad discrecional no requerían de motivación, lo
cual no implicaba que el retiro no estuviera fundado en razones objetivas. En
efecto, a partir de la sentencia C-525 de 1995, por la cual se declaró la
exequibilidad del artículo 12 del Decreto ley 573 de 1995,17 esta Corporación

17 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 41 del 10 de enero de 1994, normas de carrera del personal

de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
«Artículo 12. Retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional. Por razones
del servicio y en forma discrecional el Gobierno Nacional o la Dirección General, según el caso, podrán

17
Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

entendió que para el ejercicio de la facultad de retiro discrecional de miembros
de la Policía Nacional, bastaba con que la Institución cumpliera los requisitos
formales de la expedición del acto, previstos en tal decreto y en la sentencia C-
525 de 1995. En esa medida, bastaba con verificar la existencia de la
recomendación previa del Comité o Junta de Evaluación, sin que fuera necesario
que se explicaran los motivos del retiro.

En ese orden, se precisó que los actos de retiro discrecionales no podían
equipararse a una sanción por parte de la Institución y, por ende, no era necesario
probar una mala conducta del uniformado para ejercer la facultad discrecional,
pues la buena conducta no implicaba inamovilidad de los miembros de la Fuerza
Pública.

Esta tesis fue plasmada en innumerables fallos, entre ellos el del 21 de mayo de
1998, en donde se discurrió así:18

El retiro del servicio del demandante en forma absoluta por voluntad del
Gobierno, contó con el concepto previo del comité de Evaluaciones de Oficiales
Subalternos, conforme a las disposiciones antes reseñadas. Las normas que se
acusan en la demanda no tienen el carácter de sanción porque la desvinculación
tiene como origen un acto discrecional plenamente justificado sin que haya lugar
a controversias con el empleado, y sin que se exija prueba alguna sobre delitos
o faltas, asunto que es ajeno a esta causal de retiro por voluntad del Gobierno.
[…]

De otro lado, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, en los
eventos en que se alega la desviación de poder corresponde a la parte probarlo,
supuesto fáctico que no se cumplió en el presente caso, pues el demandante no
demostró los fines torcidos en que incurrió la administración al adoptar la decisión
acusada.

[…]
El Director General de la Policía Nacional ejerce discrecionalmente sobre el
personal de Suboficiales de la Policía Nacional según los reglamentos, la facultad
de retirarlos del servicio activo sin que requiera explicitar de otro modo sus
móviles. Estos decretos se asumen como proferidos en ejercicio de sus
potestades sobre la Fuerza Pública y en beneficio de su misión constitucional.

disponer el retiro de los Oficiales y Suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del
Comité de Evaluación de Oficiales Superiores, establecido en el artículo 50 del Decreto 41 de 1994».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de mayo con radicado 16833, C.

P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

18
Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

Dicha posición fue reiterada en posteriores oportunidades,19 entre ellas en la
sentencia del 15 de agosto de 2002,20 en la que la Subsección A de la Sección
Segunda insistió en que no era necesario motivar el acto administrativo expedido
en uso de la facultad discrecional y que el acta del Comité de Evaluación, por
medio de la cual se emite el concepto previo, no era un acto enjuiciable ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Así razonó la Sala:

El retiro del actor del servicio activo de la Policía Nacional se produjo mediante la
Resolución Nº 01109 del 4 de abril de 1997, expedida por el Director General de
la Policía Nacional, en uso de las facultades que le confieren los artículos 6 y 12
del Decreto 573 de 1995, por razones del servicio y por voluntad de la Dirección
General.

Como se aprecia en el texto del acto acusado, fue en ejercicio de la potestad
conferida al Director de la Institución, que se retiró en forma absoluta del servicio
activo de la Policía Nacional al actor, atribución ésta que sólo está condicionada
a la recomendación previa del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores.

Obra en el plenario copia del acta N° 153 correspondiente a la sesión celebrada
por el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores el día 17 de marzo de 1997,
que recomienda a la Dirección General el retiro del servicio activo de la Policía,
entre otros agentes, del demandante, por razones del servicio. Aparece
igualmente a folio 178 la recomendación de retiro de los agentes relacionados en
el acta N° 153 de 1997, hecha por el citado Comité al Director de la Institución,
cumpliéndose así los requisitos exigidos por el Decreto 573 de 1995.

Por otra parte, el concepto de buen servicio no se ciñe sólo a las calidades
laborales del servidor, sino que comporta circunstancias de conveniencia y
oportunidad que corresponde sopesar al nominador. La consideración
discrecional compendia múltiples razones de satisfacción general, distintas de las
de naturaleza disciplinaria, ya que lo que se persigue con el ejercicio discrecional
para el retiro por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, no es
la penalización de unas faltas, lo que explica que no se den las razones que
motivaron su retiro del servicio, ni es requisito el que se haya probado una
conducta irregular. 21

Posteriormente, la Subsección B varió tal postura,22 al indicar que «la hoja de
vida cumple un papel de importancia especial en la valoración que corresponde
efectuar al juez contencioso administrativo en materia del ejercicio de las

19 Entre otras, las siguientes sentencias:

Del 31 de julio de 1997, con radicado 14608, Subsección B, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Del 21 de mayo de 1998, con radicado 16833, Subsección B, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Del 30 abril de 1998, con radicado 15257, Subsección A, C. P. Dolly Pedraza de Arenas.
Del 17 de junio de 1999, con radicado 14686, Subsección B, C. P. Silvio Escudero Castro.
20 Radicado 05001-23-31-000-1997-1860-01(0346-02), C. P. Ana Margarita Olaya Forero.
21 Dicha postura fue reiterada en la sentencia del 12 de septiembre de 2002, radicado 25000-23-25-000-

1997-3608-01(3769-01), C. P. Ana Margarita Olaya Forero.
22 Radicado 05001-23-25-000-1997-1223-01(2366-02), C. P. Jesús María Lemos Bustamante.

19
Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

facultades discrecionales por la Administración», ya que la proporcionalidad y
razonabilidad del acto discrecional no pueden ser evaluadas en abstracto, y
deben estar atadas a elementos objetivos de juicio, como las hojas de vida, las
evaluaciones de desempeño o los registros de los agentes.23

En este sentido, señaló que:24

[…] el poder discrecional no es un atributo omnímodo que le permita a las
autoridades actuar soberanamente, puesto que no obstante que emana del
privilegio que ostenta la administración de hacer efectivos los principios de
ejecutoriedad y ejecutividad de sus decisiones, la autoridad debe tener presente
que los poderes estatales no son un fin en sí mismo sino un medio al servicio de
la sociedad y que sus decisiones surgen de la ordenación de unos hechos para
lograr llegar a una finalidad.

[…]

No se trata de exigir la motivación del acto sino la justificación de los motivos, la
primera es un aspecto formal propio de algunas decisiones que implica la
expresión en el texto del acto de las razones de su expedición, la segunda es un
elemento de su entraña, de su esencia y formación, por ende, es la parte
sustancial del acto.

Ahora, comoquiera que la Sección Segunda modificó su posición, otrora
formalista, la Corte Constitucional, en la citada sentencia SU-172 de 2015,25
reconoció que si bien en principio no existió una posición unificada entre la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos
administrativos, sus estándares eran sustancialmente similares, debido a que
ambos tribunales entienden que la facultad discrecional debe estar encaminada
a cumplir proporcionalmente el fin propuesto (el mejoramiento del servicio) y, en
tal medida, estimó necesario delimitar el estándar de motivación de los actos de
retiro de los miembros activos de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad
discrecional.

23 Postura reiterada en sentencias del 27 de marzo de 2003, radicado 08001-23-31-000-1999-2295-01(5003-

01), Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; del 8 de mayo de 2003, radicado 25000-23-25-000-
1998-7979-01(3274-02), Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; del 3 de agosto de 2006,
radicado 25000-23-25-000-2000-04814-01(0589-05), Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado;
del 25 de noviembre de 2010, radicado 25000-23-25-000-2003-06792-01(0938-10), Subsección B, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 21 de noviembre de 2013, radicado 05001-23-31-000-2002-04567-
01(0254-12), Subsección A, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
24 Sentencia del 3 de agosto de 2006, radicado 25000-23-25-000-2000-04814-01(0589-05), Subsección B,

C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
25 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

Ante ese panorama, el Consejo de Estado consideró que era «menester
armonizar el criterio de esta Corporación a la luz de los postulados
constitucionales» y, con ese fin, decidió unificar su jurisprudencia, labor que
solamente se concretó en el año 2022, por medio de la sentencia CE-SUJ-SII-
26-2022 de 7 de abril,26 en la que se fijaron las siguientes reglas, que deben
aplicarse para decidir controversias pendientes de solución, tanto en sede
administrativa como de competencia de esta jurisdicción:

i) La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o
de evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo
definitivo, deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de
arbitrariedad o capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y
completo que fundamente la sugerencia de desvinculación, de
acuerdo con los documentos que permitan entrever su correlación con los
principios de proporcionalidad y razonabilidad.

ii) En la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al
interesado, la correspondiente institución deberá entregarle copia de la
referida recomendación y sus soportes; y de comportar carácter
reservado, de igual modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con
la obligación de preservar tal condición. Lo anterior no habilita al
retirado para recurrir la decisión en sede administrativa.

iii) En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez
administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se
satisfacen las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la
decisión administrativa, que le permitan conservar su presunción de
legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica en la valoración
probatoria de los documentos relevantes que despejen cualquier
duda de arbitrariedad.27 (Se resalta).

2.4. Hechos probados

De las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

26 Radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).
27 Consejo de Estado, sentencia del 7 de abril de 2022, Rad. 2009-00349-01 (4288-2016), CE-SUJ-SII-26-

2022 C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

• En la copia del folio de vida obrante en el plenario se observa que el actor
ingresó el 23 de enero de 1996 como alumno de la Escuela de Cadetes de Policía
«General Santander».28

El documento registra, entre el 10 de febrero de 1996 y el 21 de octubre de 1988,
anotaciones positivas y felicitaciones. Solamente se advierten dos anotaciones
negativas por su mala presentación personal y por su falta de interés en las
actividades colectivas. Además, durante el mencionado periodo ostentó los
grados de cadete y alférez, nombrado por el director general de la Policía
Nacional, por medio de las Resoluciones 01295 del 5 de marzo de 1996 y 00043
del 9 de enero de 1998, respectivamente.29

• El 22 de octubre de 1998, por Resolución 3676, el ministro de defensa nacional
lo nombró subteniente de la Policía Nacional, en el ramo de vigilancia, a partir del
5 de noviembre de 1998.30

• Los formularios de evaluación correspondientes a los periodos 1999 y 2000
registran anotaciones positivas y felicitaciones. Solamente se advierte una
anotación negativa al encontrar que la minuta de vigilancia no se estaba llevando
en debida forma.31

• El 4 de junio de 2001, se realizaron las siguientes anotaciones en el folio de vida
del actor:32

ANOTACIÓN: En la fecha se deja constancia que el señor Oficial, está
siendo investigado por la SIPOL, por presunta vinculación a la banda
de hurto de automotores.

ANOTACIÓN: En vista de la anterior anotación inscrita en la presente
hoja, el señor Oficial se abstuvo de confirmar la anotación mediante su
firma, para los (sic) cual se le notifica verbalmente.

28 Folios 207 al 212.
29 Folios 151 y 152.
30 Comprobante de nombramiento suscrito por el jefe administrativo de Hojas de Vida y Base de Datos.
31 Folios 130 al 138 y 154 al 161.
32 Folio 257.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
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• El 5 de junio de 2001, el actor interpuso recurso de apelación contra la anterior
anotación,33 en el cual indicó que no existía fundamento alguno para registrar
dicha anotación en su folio de vida, puesto que en ningún momento se le notificó
la apertura de una investigación disciplinaria y solicitó que le explicaran el motivo
de tal anotación, así como la anulación de esta en su hoja de vida.

• El 6 de junio de 2001, el capitán Teodoro Avendaño Bocanegra, comandante
de la Estación Villa de Guadalupe, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en
respuesta al recurso de apelación, le manifestó al subteniente que la anotación
se mantendría por cuanto «el Decreto de Evaluación del Desempeño policial [no]
es un instrumento sancionatorio, por el contrario se le está dando a conocer un
evento que es objeto de investigación por la institución, de acuerdo a lo dispuesto
por el mando».34

• El 7 de junio de 2001, por medio del Oficio 1253, dirigido al capitán Avendaño
Bocanegra, el teniente coronel Adolfo León Gómez, comandante del Distrito
Oriente, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó:35

[…] es recomendable omitir dicha anotación del evaluado en su hoja de
seguimiento, por cuanto el evaluado como puede apreciar no ha sido legalmente
notificado.

Además debemos tener en cuenta que las investigaciones realizadas por la Sipol,
sirven al mando institucional para tomar decisiones discrecionales, mas no sirven
para iniciar una investigación disciplinaria o penal.

Por lo anterior considero que lo más acertado es omitir tal anotación y reponer la
hoja en la que se hizo dicha anotación.

• El 8 de junio de 2001, el capitán Avendaño Bocanegra le comunicó al
subteniente Santoyo Atuesta que la anotación en su folio de vida, motivo de
apelación, sería derogada, de acuerdo con lo consignado en el Oficio 1253, cuya
copia le fue entregada.36

33 Folio 258.
34 Folio 261.
35 Folio 262.
36 Folio 263.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

• El 21 de junio de 2001, el jefe de Talento Humano MEVAL le notificó al actor que
la Dirección General de la Policía Nacional dispuso su llamamiento a curso de
capacitación para ascenso a partir del 30 de julio de 2001, en la Seccional de
Estudios Superiores de Policía.37

• En el mes de julio de 2001,38 según Formulario de Evaluación del Desempeño
Policial, el subteniente fue evaluado, por ascenso, y obtuvo un puntaje de 1200
puntos, correspondiente a una calificación SUPERIOR, con la cual se declaró
conforme.39

• El 4 de julio de 2001, según Acta 492, se reunió la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para la Policía Nacional y, entre otras determinaciones, se propuso
retirar del servicio activo, por voluntad del Gobierno, al subteniente Hayden Yesid
Santoyo Atuesta, entre otros oficiales.40

• El 13 de julio de 2001, por medio de la Resolución 0919, el ministro de defensa
nacional, «en uso de las facultades que le confiere el artículo 1 del Decreto de
delegación 684 del 16 de abril de 2001, y previo concepto de la Honorable Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional», resolvió retirar del
servicio activo de esta institución, por voluntad del Gobierno, de conformidad con
los artículos 55 —numeral 6— y 62 del Decreto 1791 de 2000, a varios oficiales,
entre ellos al subteniente Hayden Yesid Santoyo Atuesta.41

• El 20 de julio de 2001, el comandante de la Estación Villa de Guadalupe, capitán
Teodoro Avendaño Bocanegra, le notificó al señor Santoyo Atuesta el retiro de la
Institución, «en cumplimiento al Poligrama 0385 emanado de Recursos Humanos
MEVAL».42

37 Folio 264.
38 No se consignó el día.
39 Folios 265 y 266.
40 Folios 78 al 81.
41 Folio 76.
42 Folio 268.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

• El 14 de noviembre de 2023, por medio del Oficio GS-2023-031465 /DIPOL-
ASJUR-13,43 en respuesta al requerimiento efectuado por esta Sala,44 para que
remitiera copia de la investigación que se adelantó por la SIPOL, por la presunta
vinculación del señor Santoyo Atuesta a una banda dedicada al hurto de
automotores, según la anotación realizada en su folio de vida el 4 de junio de
2001, el director de Inteligencia Policial (e) manifestó que «de conformidad a lo
informado por el Área de Contrainteligencia y Seccional de Inteligencia Policial
MEBOG, con fundamento en la Resolución No. 0261 del 25 enero de 20231, no
se encontró información relacionada con la solicitud en mención».

2.5. Análisis de la Sala

Tanto en la demanda como en el recurso de apelación se resalta que el retiro del
actor como subteniente de la Policía Nacional no respetó los límites de la facultad
discrecional, comoquiera que no se le indicaron al demandante las razones
objetivas del retiro, y que resulta inadmisible y contradictorio que la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, a solo 13 días de haber sido
llamado a curso para ascenso, hubiera aprobado su retiro y a los pocos días se
causara este, bajo supuestos de ineficiencia policial, cuando para ser
seleccionado para el curso de ascenso se requiere de las mayores calidades.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, procede la Sala a
verificar si la conducta del señor Santoyo Atuesta, como oficial de la Policía
Nacional, justificó el ejercicio de la facultad discrecional, mediante la cual se
dispuso su retiro del servicio, pues este alega que tanto los actos previos al retiro
como el acto que lo dispuso desbordaron todo límite de razonabilidad, pues no
resulta aceptable que teniendo una excelente hoja de vida y un desempeño
sobresaliente en la institución policial haya sido retirado sin una mínima
justificación.

El demandante fue retirado del servicio mediante la Resolución 0919 del 13 de
julio de 2001. Este acto discrecional no fue expresamente motivado, en la medida

43 Adjuntado a SAMAI.
44 Auto para mejor proveer dictado el 22 de junio de 2023 (folio 675).

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

que solo indicó como fundamento normativo la facultad discrecional regulada en
el Decreto 1791 de 2000 y mencionó el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, como se trascribe a continuación:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 0919 DE 2021
13 JUL 2001
Por la cual se retira a un personal de Oficiales del servicio activo de la
Policía Nacional

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 1 del Decreto de
delegación 684 del 16 de abril de 2001, y previo concepto de la Honorable
Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional,
RESUELVE
Artículo 1. Retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por Voluntad del
Gobierno, a partir del 19 de julio de 2001, al siguiente personal de oficiales,
de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 6 y 62 del
Decreto 1791 de 2000.

[…]

Subteniente HAYDEN YESID SANTOYO ATUESTA 13957193

[…]

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Por su parte, el acta de la Junta Asesora mencionada en el acto de retiro es
del siguiente tenor literal:

Bogotá, D.C., 4 de julio de 2001

Acta No. 492/2001

En Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de julio de dos mil uno (2001)
siendo las 17:00 horas se reunió en la sala de Juntas de la Dirección General, la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, en
concordancia con los artículos 55,56,57,58,59 del Decreto 1512 del 11 de agosto
de 2000.

ASISTEN:

[…]

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

A la hora señalada en la Sala de Juntas de la Dirección General, el señor Ministro
de Defensa Nacional declara abierta la sesión y acto seguido se procede a
considerar la agenda de la fecha presentada por el señor General Director
General de la Policía Nacional, en el siguiente orden:

I
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se da lectura y aprobación de del Acta No. 491 correspondiente a la sesión
celebrada el 14 de mayo de 2001.

II
RETIROS

a) Por solicitud propia. El señor General Director General de la Policía Nacional
presenta ante el señor Ministro de Defensa Nacional y demás miembros de la
Junta Asesora, las solicitudes de retiro formuladas por cada Oficial relacionado,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 55 numeral 1 y 56 del
Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000.

[…]

Se somete a consideración de la Junta Asesora y al no haber objeción alguna se
aprueba por unanimidad.

b) Por llamamiento a calificar servicios. El señor General Director General de
la Policía Nacional informa al señor Ministro de Defensa Nacional sobre la
conveniencia para la administración de personal de la Policía Nacional, el
llamamiento a calificar servicios del oficial relacionado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 54, 55 numeral 2 y 57 del Decreto 1791 del 14 de
septiembre de 2000.

[…]

Se somete a consideración de la Junta Asesora y al no haber objeción alguna se
aprueba por unanimidad.

c) Por voluntad del Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
54, 55 numeral y 62 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, se propone
retirar del servicio activo por voluntad del Gobierno al siguiente personal de
Oficiales:

[…]

ST. HAIDEN YESID SANTOYO ATUESTA 13957193

Sometido a consideración este aspecto, por los miembros de la Junta Asesora lo
aprueban por unanimidad.

III
REINCORPORACIÓN AL SERVICIO ACTIVO

El señor General Director General de la Policía Nacional presenta ante el señor
Ministro de Defensa Nacional y demás miembros de la Junta Asesora de las
solicitudes de reincorporación al servicio activo de la Policía Nacional, del

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

siguiente personal de oficiales retirados:

[…]

Una vez estudiado cada caso y sometidos a consideración, se aprueba por
unanimidad no acceder a las pretensiones de los solicitantes.

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se
firma por los que en ella intervinieron.

[…]
Ministro de Defensa Nacional

[…]
Director General Policía Nacional

[…]
Subdirector General Policía Nacional

[...]

Como puede observarse, el acta de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa no contiene las razones reales y objetivas por las cuales se dispuso
la desvinculación del servicio del actor, como lo señala la primera regla de
unificación, en el sentido de que la recomendación de retiro debe basarse en
un estudio pertinente; respaldada en razones objetivas, plasmadas en la
respectiva acta, previamente conocidas por el interesado. Tampoco se
demostró que en la diligencia de notificación del acto de retiro al interesado
se le entregó copia de la referida recomendación y sus soportes, de acuerdo
con la segunda regla de unificación.

En este orden, comoquiera que ni el acto de retiro ni el acta de la Junta dan
cuenta de las razones que llevaron a la administración a disponer el retiro del
demandante del servicio activo de la Policía Nacional, la corresponde a la
Sala determinar si se satisfacen las condiciones de proporcionalidad y
razonabilidad de la decisión administrativa, que le permitan conservar su
presunción de legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica en la
valoración probatoria de los documentos relevantes, que despejen cualquier
duda de arbitrariedad, como lo dispone la tercera regla de unificación.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

Sobre el particular, advierte la Sala en el folio de vida aportado al proceso, el
cual comprende la totalidad del período durante el cual estuvo vinculado a la
Policía Nacional, que su desempeño durante ese tiempo no solo estuvo
exento de sanciones disciplinarias, sino que le hizo merecedor de múltiples
felicitaciones. Así mismo, en la evaluación por ascenso, por el periodo
comprendo entre el 10 de marzo y el 30 de julio de 2001, obtuvo un puntaje
de 1200, clasificado en el rango SUPERIOR,45 que abarcó los siguientes
aspectos:

Condiciones personales
3.1.Comportamiento
Comportamiento personal
Compromiso institucional
Disciplina policial
Acatamiento de normas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales

Factores de desempeño profesional
3.6. Actividades de servicio y apoyo
Dominio y conocimiento de su trabajo
Disposición al servicio
Efectividad en el cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los procesos
Capacitación y actualización
Destreza en el empleo y conservación de los bienes a su cargo
Eficiencia en el empleo de los recursos

De igual manera, en el FORMULARIO 2 DE SEGUIMIENTO se registran las siguientes
anotaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio

45 El Decreto 1800 de 2000, «Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal

uniformado de la Policía Nacional», establece en su artículo 42 —numeral 5— la escala de medición
SUPERIOR al evaluado «que en su desempeño personal y profesional, además de obtener los resultados
esperados dentro de los procesos asignados, realiza actividades o hechos sobresalientes. Su calificación
se ubica entre mil uno (1.001) y mil doscientos (1.200) puntos y su rendimiento oscila entre ochenta y cuatro
por ciento (84%) y cien por ciento (100%). El personal que sea clasificado en este rango, amerita ser tenido
en cuenta para participar en los planes de estímulos que determine la Dirección General de la Policía
Nacional».
Y en el artículo 45 establece: CLASIFICACIÓN PARA ASCENSO. Es el promedio de las evaluaciones anuales
durante el tiempo de permanencia en el grado respectivo; determina la nueva ubicación del evaluado dentro
de la disposición para ascenso y, por consiguiente, su posición dentro del escalafón en el nuevo grado.
[…]
PARAGRAFO 2. Cuando el personal sea clasificado para ascenso y sus clasificaciones anuales
correspondan a las listas de que trata el anterior decreto de Evaluación y Clasificación en su artículo 50, su
clasificación se hará con base en el presente decreto y para efectos del promedio se establecen las
siguientes equivalencias:
1. Lista Uno (1): Equivale al rango SUPERIOR con mil doscientos (1.200) puntos
[…].

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

de 2001:

01-01-01. APERTURA: En la fecha se abre el presente folio de vida por inicio de
periodo de evaluación según Decreto 1800 del 14 de Septiembre de 2001.
12-01-01. ANOTACIÓN POSITIVA Al recuperar el vehículo CHEVETTE, de placa
TAH-499, modelo1987 el cual había sido hurtado el 11 01 01.
13-01-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al recuperar el vehículo Dodge 300, de placa
HAF- 607 y capturados Fredy Paniagua y Elkin Agudelo.
16-01-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al incautar un arma de fuego calibre 12,
fabricación casera, la calle 106 con carrera 49.
26-01-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al recuperar mercancía de la Nacional de
Chocolates y dar captura a un sujeto en flagrancia en la carrera 42 con calle 101
A.
18-02-01. ANOTACIÓN POSTIVA: Al capturar con posesión de licor adulterado
a Rosalía Ocampo. Hechos ocurridos en la carrera 49C Nro. 111-67.
18-02-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al recuperar un vehículo marca FORD, de
placa RIA- 722 hurtado en la carrera 65 con calle 91 cuando se encontraba
entregando mercancía.
19-02-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al recuperar el vehículo CHEVROLET de
placa EWS- 954, hurtado en la calle 79 con carrera 52, el día 020201.
19-03-01. ANOTACIÓN POSITIVA Al retener a FERNANDO OSORIO: quien
portaba un arma de fuego, tipo changón, calibre 12 sin permiso para porteo
tenencia.
10-03-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al recuperar partes de una motocicleta en la
carrera 37 con calle 84.
12-03-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al retener a la Señora CHARLY VASQUEZ,
por tentativa de hurto, además se le incautó un arma de fuego pistola calibre 32,
el día 270101 en la calle 100 con carrera 47.
14-03-01. ANOTACIÓN POSITIVA: Al dar captura a HERNAN CARDONA y
DANIEL HERRERA, los cuales portaban armas de fuego calibre 38 largo y
pretendía cometer un homicidio en la carrera 47 con calle 106.
16-03-01. FELICITACIÓN: Mediante orden interna 008 del Comando del Distrito
Oriente, por su excelente servicio, mística y profesionalismo, demostrados el
020301, al lograr la captura del sujeto alias "PETETE" sindicado de varios
homicidios en la jurisdicción de la estación Villa de Guadalupe.
30-03-01. FELICITACIÓN: Mediante orden interna 007 mediante la cual
Comando de la estación Villa de Guadalupe, concede una felicitación, por su
actividad operativa, al realizar un procedimiento de Policía el día 13 de Enero de
2001, en la carrera 46 con calle 103, donde se retuvo a FREDY PANIAGUA
AVENDAÑO: 21años de edad, ELKIN
AGUDELO HERREÑO de 24 años, quienes habían hurtado el vehículo mama
DODGE 300, placa HAF- 607, modelo 1976, el cual había sido hurtado en el
Parque de Aranjuez, al Señor OSCAR PATIÑO RESTREPO, a quien tenían en
calidad de secuestrado los antes mencionados.
12-04-01. FELICITACIÓN: Mediante orden interna 007, mediante la cual el
Comando de la estación Villa de Guadalupe le concede una felicitación, por su
actividad operativa al realizar un procedimiento de Policía el día 26 de Enero de
2001, en la carrera 42 con calle 101A, donde se retuvo a WILMAR ATEHORTUA
de 21 años de edad, a quien se sorprendió descargando una mercancía
consistente en chocolates del vehículo marca Chevrolet placa MLB- 757, de
propiedad de la Compañía Nacional de Chocolates, la cual había sido hurtada
momentos antes.
14-04-01. FELICITACIÓN: Orden interna 007, mediante la cual el Comando de la
estación Villa de Guadalupe le concede una felicitación, por su actividad operativa

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

al realizar un procedimiento de Policía el día 13 de Febrero de 2001, en la carrera
47 con calle 106, donde se retuvo a HERNAN CARDONA CATAÑO de 22 años
de edad y DANIEL HERRERA ROJAS ALIAS Monin de 17 años de edad, quienes
portaban un arma de fuego revólver calibre 38 largo, marca Smith Wesson,
número 36236, y un revólver MARITAL con número interno 57, sin permiso para
porte... quienes pretendían
cometer un homicidio en dicha dirección de retención.
30-04-01. CONCEPTO: El oficial para el primer trimestre del año en curso,
no ha sido objeto de llamados de atención, ha cumplido a cabalidad su
desempeño policial, demostrando su espíritu de colaboración y entrega a
la comunidad. Su gestión operativa es eficiente, contribuyendo a la
reducción de los índices delincuenciales que afectan la jurisdicción.
30-06-01. ANOTACIÓN: El evaluado, ha demostrado resultados positivos, de
acuerdo a la gestión, según su cargo operativo, en el cual se desempeña
satisfactoriamente,
cumpliendo con las órdenes y planes estipulados por los mandos superiores,
dando resultados positivos.
30-07-01. CONCEPTO: Se emite el presente correspondiente al segundo
trimestre del año en curso, donde el oficial ha demostrado sus funciones
de acuerdo con lo anotado en la concertación de la gestión, desde el punto
de vista cuatitativo (sic) y medible, cumpliendo con las diferentes
estrategias y planes ordenados por los mandos superiores, contribuyendo
de esta manera a la gestión operativa reduciendo así los índices
delincuenciales de mayor impacto social.
30-07-01. CIERRE: EN LA FECHA SE CIERRA EL PRESENTE FOLIO DE VIDA
POR SER LLAMADO EL SEÑOR OFICIAL A CURSO DE ASCENSO. (Destaca
la Sala).

Como se observa, durante los últimos meses, inmediatamente anteriores al retiro
del servicio del demandante, esto es, entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2001,
en su hoja de vida solo constan anotaciones y felicitaciones positivas por sus
logros y cumplimiento cabal de los compromisos en virtud del grado que
ostentaba como subteniente de la Policía Nacional.

En efecto, todas las anotaciones positivas registradas a favor del señor Hayden
Yesid Santoyo Atuesta en el período referido destacan su capacidad de trabajo
dentro de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, así como
las felicitaciones durante todo el tiempo que permaneció vinculado a la
institución, sin que se registraran anotaciones o sanciones de carácter
disciplinario.

Al margen de lo anterior, la Sala no pasa por alto la anotación negativa registrada
en su hoja de vida el 4 de junio de 2001, relacionada con una investigación
adelantada en su contra por la SIPOL, por presunta vinculación a la banda de

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

hurto de automotores. Sin embargo, como quedó visto en el acápite de hechos
probados, en respuesta a la apelación presentada por el afectado, por considerar
que no existía fundamento alguno para registrar dicha anotación y que no se le
había notificado la apertura de una investigación disciplinaria, el comandante del
Distrito Oriente, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, consideró que lo más
acertado era omitir tal anotación y reponer la hoja correspondiente, teniendo en
cuenta que, en efecto, el evaluado no había sido legalmente notificado de
ninguna actuación.

Así, en cumplimiento de tal directriz, el 8 de junio de 2001, el capitán Avendaño
Bocanegra le comunicó al subteniente Santoyo Atuesta que la anotación en su
folio de vida sería derogada. Y el 21 de junio siguiente, el jefe de Talento Humano
MEVAL le notificó al actor que la Dirección General de la Policía Nacional dispuso

su llamamiento a curso de capacitación para ascenso a partir del 30 de julio de
2001.

Ahora, esta Sala, por auto del 22 de junio de 2023, con el objeto de determinar
la responsabilidad del actor en el presunto hecho, requirió a la Policía Nacional
para que enviara copia de la investigación adelantada por la SIPOL, de acuerdo
con la mencionada anotación, pero la entidad respondió que «de conformidad a
(sic) lo informado por el Área de Contrainteligencia y Seccional de Inteligencia
Policial MEBOG, con fundamento en la Resolución No. 0261 del 25 enero de
20231, no se encontró información relacionada con la solicitud en mención».

Así pues, como resultado del análisis de las evaluaciones de desempeño del
actor, es claro que el acto administrativo que lo retiró del servicio, con
fundamento en la facultad discrecional, desconoce los principios de razonabilidad
y proporcionalidad. Efectivamente, el hecho de que durante el lapso en que
estuvo vinculado a la Policía Nacional solamente fue merecedor de anotaciones
positivas en su hoja de vida y felicitaciones da cuenta de que su permanencia en
la citada institución no resultaba inconveniente y mucho menos que se hubiera
afectado su normal funcionamiento. Por consiguiente, la decisión de retirarlo del
servicio no estuvo conforme a los hechos que supuestamente le servían de causa
ni fue proporcional a las normas que contemplaban dicha medida.

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Radicación No.: 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-12)
Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

En este orden, fuerza concluir que la decisión de retiro del servicio del señor
Santoyo Atuesta no tuvo por fin el mejoramiento del servicio, como lo supone el
ejercicio de la facultad discrecional. Esta circunstancia vicia el acto acusado por
desviación de poder y conlleva su nulidad. Por consiguiente, la prosperidad de
este cargo exime a la Sala de examinar las demás censuras planteadas en el
recurso.

Bajo estos supuestos, debe decirse que la parte demandante logró desvirtuar la
presunción de legalidad que le asistía al acto administrativo acusado, razón por
la cual la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
declarará la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad parcial de la Resolución 0919 del 13 de julio de 2001 y se
ordenará a la Nación, Ministerio de Defensa-Policía Nacional, reintegrar al
demandante al cargo que ocupaba en el momento de su retiro, advirtiendo que
no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

No habrá lugar a decretar el ascenso solicitado, teniendo en cuenta que,
conforme lo ha sostenido de tiempo atrás la Sala, no es posible librar una orden
judicial en ese sentido por carecer de competencia, pues es la Dirección General
de la Policía Nacional la que debe comprobar si el actor cumple con los requisitos
para acceder al grado correspondiente.

En cuanto al restablecimiento del derecho, relativo al pago de salarios y demás
emolumentos laborales dejados de percibir por el demandante, se ordenará su
reconocimiento a partir del día en que fue retirado del servicio hasta la fecha en
que complete 15 años de servicio, pues es sabido que los miembros de la Policía
Nacional tienen certeza de permanencia en la Institución por este lapso, ya que
a partir de ese momento podrán llamados a calificar servicios.

De los valores que resulten, la entidad deberá descontar las remuneraciones que
hubiese devengado por nexos laborales con el sector público, no así por
relaciones de trabajo privadas o como independiente, según lo expuesto en la
sentencia SU-354 de 2017, de la cual se realiza un apartamiento parcial frente

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Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

este último concepto, por considerar que en observancia de principios superiores,
solo es procedente descontar los haberes que expresamente consagra como
incompatibles el artículo 128 constitucional.

Asimismo, se advierte que en el presente caso no resultan aplicables los criterios
de limitación temporal entre 6 y 24 meses para el restablecimiento del derecho
previstos en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional, habida
cuenta de que dicha providencia contempla un supuesto fáctico que se refiere
solo a los empleados públicos que hubiesen sido nombrados en provisionalidad,
no a aquellos servidores que pertenezcan a un régimen de carrera especial, como
el actor.

Los valores que resulten serán actualizados confirme a la siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a lo dejado de percibir, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, para cada asignación salarial, teniendo en cuenta
que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de
ellos. La fórmula se aplicará hasta cuando quede ejecutoriada esta sentencia,
pues en adelante se pagarán los intereses establecidos en la parte final del
artículo 177 del C.C.A., adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

2.6. De la condena en costas

El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de Ley 446
de 1998, en materia de costas establecía que «en todos los procesos, con

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Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil». Bajo la
anterior consideración y comoquiera que en el sub lite no se advierte que las
partes hayan incurrido en alguna conducta dilatoria del trámite y que sus
argumentos estuvieron dirigidos a defender sus planteamientos, la Sala se
abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es
objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que el demandante
logró desvirtuar la legalidad del acto acusado, motivo por el cual se revocará el
fallo de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, se accederá a estas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 4 de julio de 2012 que denegó las súplicas de la demanda. En su
lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0919 del 13 de julio de
2001, proferida por el ministro de defensa nacional, en cuanto dispuso el retiro
del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad del gobierno, del señor
Hayden Yesid Santoyo Atuesta.

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Actor: Hayden Yesid Santoyo Atuesta

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación, Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, a reintegrar al actor, sin solución de continuidad para
todos los efectos legales, al cargo que venía desempeñando en el momento de
su retiro del servicio o su equivalente, según las reglas de carrera de personal de
la institución, y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el
momento del retiro hasta la fecha en que complete 15 años de servicio, dando
aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. De los valores que resulten de la condena, la entidad deberá descontar,
debidamente indexadas, las sumas percibidas por el señor Santoyo Atuesta por
cualquier concepto laboral en el sector público.

Quinto. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo

Sexto. Sin condena en costas.

Séptimo. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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