República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00311-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00311-01 (4589)
Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: indemnización por retiro del servicio.
Subtema 3: defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar contra
la sentencia de primera instancia del 26 de febrero de 2026 proferida por la Sección
Primera de esta corporación.
1. Síntesis del caso
El señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar, mediante apoderado judicial,
presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Cauca con ocasión de la sentencia del 22 de agosto
de 2025, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 19001-33-33-006-2017-00349-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00311-00, índice 2.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00311-01 (4589)
Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
2. El señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar laboró como soldado profesional
en el Ejército Nacional y se encontraba en servicio activo cuando sufrió lesiones
físicas y afectaciones de orden psicológico.
3. Mediante Acta de Junta Médico Laboral núm. 86370 del 16 de mayo de 2016,
se fijó una pérdida de capacidad laboral del actor del 9% y se emitió concepto de no
reubicación por patología psiquiátrica.
4. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en Acta núm. M17-
270 del 24 de abril de 2017, determinó una disminución de la capacidad laboral del
27,52%, sin recomendar la reubicación laboral.
5. Mediante Orden Administrativa núm. 1727 del 6 de junio de 2017, el Ejército
Nacional dispuso el retiro del señor Domínguez Belalcázar del servicio activo por
disminución de la capacidad psicofísica, con fundamento en lo determinado por el
Tribunal Médico.
6. El señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, con el objeto de que se declarara la nulidad de la
Orden Administrativa núm. 1727 del 6 de junio de 2017 y, a título de restablecimiento
del derecho, se reintegrara al servicio activo, y se condenara al pago de los salarios
y prestaciones sociales que dejó de percibir desde la fecha del retiro y hasta cuando
se hiciere efectivo el reintegro.
7. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Sexto Administrativo
de Popayán, que, mediante sentencia del 28 de enero de 2022, declaró la nulidad
parcial de la Orden Administrativa núm. 1727 del 6 de junio de 2017, del Acta núm.
86370 del 16 de mayo de 2016 y del Acta núm. M17-270 del 24 de abril de 2017.
En consecuencia, ordenó el reintegro del señor Domínguez Belalcázar sin solución
de continuidad a un cargo igual o superior al que ocupaba, acorde con su capacidad
laboral y, a título de indemnización, ordenó el pago de salarios y prestaciones
dejadas de percibir desde la fecha en que fue desvinculado hasta aquella en que se
hiciera efectivo su reintegro.
8. A juicio de la autoridad judicial, el material probatorio desvirtuaba el concepto
emitido por la autoridad médico laboral, ya que no realizó la valoración de las
destrezas, habilidades, conocimientos y experiencia del actor para recomendar su
reubicación laboral en virtud de la protección laboral reforzada que la jurisprudencia
ha reconocido.
9. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 22 de agosto de 2025,
revocó el numeral tercero en el sentido de señalar que el periodo a indemnizar no
podía ser inferior a seis meses ni superior a veinticuatro, contados a partir de la
desvinculación del demandante. En lo demás, la confirmó.
2
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Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. El señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar solicitó lo siguiente:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, entre otros,
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca al señor <NELSON ARBEY
DOMÍNGUEZ BELALCÁZAR, con ocasión de la decisión adoptada en la sentencia
No. 136 del 22 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado No. 19001-33-33-006-2017-00349-01,
conforme con las consideraciones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales expuestas en
la presente acción.
SEGUNDO. En consecuencia, se solicita al Honorable Juez Constitucional
ORDENAR a la autoridad judicial accionada, dejar sin efectos jurídicos la sentencia
No. 136 del 22 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
mediante la cual revocó parcialmente la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán ,en cuanto dispuso que el pago
de la indemnización a favor del accionante debía limitarse únicamente a un
equivalente entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de salarios.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de un término
de quince (15) días o el que el Honorable magistrado estime pertinente, contados a
partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No.
19001-33-33-006-2017-00349-01, en la cual se dé plena aplicación a la Constitución
Política de Colombia y a los precedentes jurisprudenciales vigentes conforme a las
providencias antes señaladas.
En dicha decisión deberá condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional al pago integral de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones
sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir por el accionante,
Soldado Profesional NELSON ARBEY DOMÍNGUEZ BELALCÁZAR, desde la fecha
en que fue retirado del servicio activo, esto es, el 02 de agosto de 2017, y hasta
cuando haga efectivo su reintegro al servicio activo de la entidad.2.
11. Como fundamento de sus pretensiones, el actor sostuvo que no fue
debidamente reparado por el daño antijurídico que le ocasionó la institución
demandada al retirarlo injustificadamente del servicio activo. Indicó que dicha
decisión lo mantuvo durante aproximadamente ocho años sin empleo estable ni
ingresos regulares, situación que afectó sus condiciones económicas y sociales y
que, a su juicio, configura un perjuicio irremediable que hacía procedente la acción
de tutela.
12. Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo del Cauca, en la sentencia
del 22 de agosto de 2025, desconoció el precedente judicial fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado3, conforme con el cual, cuando se declara la
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022, proceso radicado
núm. 11001-03-25-000-2017-00151-00.
3
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Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
nulidad de un acto de retiro de un miembro de la Fuerza Pública, procede su
reintegro y el reconocimiento integral de salarios y prestaciones dejados de percibir
por el tiempo que permaneció desvinculado del servicio.
13. Agregó que dicha postura ha sido acogida por varios tribunales administrativos
del país4, motivo por el cual consideró que la autoridad judicial demandada también
incurrió en desconocimiento del precedente horizontal al apartarse de esa línea
decisional sin justificación.
14. Además, invocó la sentencia T-499 de 2020 de la Corte Constitucional, en la
que se ampararon los derechos de un integrante de la Policía Nacional retirado por
disminución de su capacidad laboral y se ordenó el reconocimiento de los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta su efectiva
reincorporación.
15. De igual forma, sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, porque aplicó indebidamente las normas y criterios al limitar el
reconocimiento indemnizatorio sin guardar proporción con el daño causado por el
retiro.
16. Finalmente, alegó que la providencia incurrió en falta de motivación, por cuanto
no expuso razones suficientes para apartarse del precedente jurisprudencial.
2.3. Trámite Procesal
17. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a
través del despacho ponente, profirió auto el 22 de enero de 20265 en el que admitió
la solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán y a la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; requirió el expediente ordinario; y
ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
18. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional6 solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que lo pretendido por el actor era
convertirla en una tercera instancia del proceso ordinario. Además, consideró que
la autoridad judicial realizó una adecuada valoración fáctica y probatoria, a partir de
la cual decidió el caso.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2022, proceso radicado núm.
19001-23-33-000-2015-00437-01.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de octubre de 2023, proceso radicado
núm. 23001-23-33-000-2017-00485-01.
4 Tribunal Administrativo del Cauca, sentencia del 29 de septiembre de 2022, proceso radicado núm. 19001-33-
33-009-2016-00405-01.
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 1.º de octubre de 2021, proceso
radicado núm. 05001-33-33-023-2017-00009-00.
Tribunal Administrativo del Caquetá, sentencia del 2 de abril de 2025, proceso radicad núm. 18001-33-33-004-
2016-00097-01.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00311-00, índice 4.
6 Samai, índice 12.
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Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
19. El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán remitió el expediente digital, mas
no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de
tutela.
20. Los demás vinculados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
21. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 26 de febrero de 20267, en la que declaró improcedente la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, debido a que el actor
pretendía reabrir una discusión ya resuelta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y dirigió sus cuestionamientos a la interpretación
normativa y a la aplicación del precedente por la autoridad judicial accionada.
22. Con todo, señaló que no advertía arbitrariedad en la sentencia del Tribunal,
toda vez que decidió la controversia dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales.
2.6. Impugnación
23. El accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 26 de
febrero de 2026 en el que afirmó que la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido era la protección de sus
derechos fundamentales. En ese sentido refirió que la autoridad judicial accionada
se apartó injustificadamente del precedente vertical y horizontal al limitar la
indemnización que le correspondía8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
25. La legitimación en la causa por activa del señor Nelson Arbey Domínguez
Belalcázar se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia
del 22 de agosto de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos
que consideró fueron vulnerados.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cauca, porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
7 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 26.
8 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00925-00, índice 18.
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3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. Determinación del defecto objeto de análisis
27. La Sala advierte que el señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar alegó que
la providencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto
sustantivo y falta de motivación. Sin embargo, no desarrolló argumentos
encaminados a sustentar la configuración del defecto sustantivo y, frente a la
alegada ausencia de motivación, la hizo consistir en que la autoridad judicial no
justificó las razones por las cuales se apartó del precedente que, a su juicio,
resultaba aplicable al caso.
28. Siendo así, de los argumentos planteados por el actor, se infiere que su
inconformidad radica en que la autoridad judicial desconoció el precedente judicial,
por lo cual la Sala analizará el asunto bajo la posible configuración de dicho defecto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
6
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional13
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia14.
34. Contrario a lo que determinó la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste de
relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse que la sentencia del 22 de
agosto de 2025 incurrió en desconocimiento del precedente judicial como se alega
en el escrito de tutela, quedaría acreditado que, en el proceso ordinario, al señor
Nelson Arbey Domínguez Belalcázar le fueron aplicados unos topes indemnizatorios
no previstos para los casos de retiro por pérdida de capacidad laboral.
35. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.
36. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
37. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 22 de agosto
de 2025, se notificó el 19 de septiembre siguiente15, y la demanda de tutela se
presentó el 19 de enero de 2026, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
15 Samai, proceso núm. 19001-33-33-006-2017-00349-01, índice 6.
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establecidos por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como
razonable.
38. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y en ellos no evidencian una irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
39. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos en que las planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Cauca, en
la sentencia objeto de tutela, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del actor, al limitar el
reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir a un
periodo no inferior a seis meses ni superior a veinticuatro meses?
41. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; y ii) el
caso concreto.
3.5.1. El desconocimiento del precedente judicial
42. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas18.
43. Al respecto, la Corte Constitucional19 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
19 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales20.
44. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia21.
45. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar
si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»22.
46. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela23.
20 Se transcribe incluso con errores.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
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47. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior
de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el
marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación24.
48. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.6. Caso concreto
49. En el caso bajo estudio, el señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el
propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue
calificada su pérdida de capacidad laboral y retirado del servicio activo como
soldado profesional.
50. El asunto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán,
autoridad que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reintegro del
actor. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
sentencia del 22 de agosto de 2025, confirmó parcialmente el fallo de primera
instancia, en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos y dispuso el
reintegro del actor, pero modificó las órdenes relacionadas con el restablecimiento
económico del derecho.
51. Ahora bien, el accionante presentó acción de tutela contra la referida
providencia judicial, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Como
fundamento de la solicitud de amparo, argumentó que la sentencia incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.
52. El actor afirmó que el Tribunal Administrativo del Cauca se apartó
injustificadamente de la línea jurisprudencial consolidada por el Consejo de Estado
y diversos tribunales administrativos, según la cual, cuando se declara la nulidad
del retiro de un miembro de la Fuerza Pública y se ordena su reintegro, procede el
reconocimiento integral de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la desvinculación hasta la reincorporación efectiva al servicio. En ese
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
24 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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sentido, consideró que el Tribunal erró al limitar el reconocimiento a un período
máximo de veinticuatro meses.
53. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Cauca, al examinar
las medidas de restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de
los actos acusados, consideró que el reconocimiento de todos los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta la fecha efectiva del reintegro no resultaba
compatible con la jurisprudencia constitucional, específicamente, las sentencia SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015.
54. La providencia cuestionada explicó que, en la sentencia SU-556 de 2014, la
Corte Constitucional estableció que, cuando se constata la ilegalidad de la
desvinculación de un servidor público, el reconocimiento económico derivado del
restablecimiento del derecho debe sujetarse a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, de manera que la indemnización no podía ser inferior a seis
meses ni superior a veinticuatro meses de salarios y prestaciones. Igualmente,
indicó que dicho criterio fue extendido a los miembros de la Fuerza Pública, en la
sentencia SU-053 de 2015.
55. El Tribunal también señaló que, si bien en algunas oportunidades se había
abstenido de aplicar el límite de restablecimiento del derecho adoptado en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, en atención a varios fallos de tutela
proferidos por el Consejo de Estado que ordenaron a tribunales administrativos
dictar nuevas providencias adecuadas a la posición de la Corte Constitucional,
acogía los criterios fijados en dichas sentencias de unificación. Así lo consignó:
Por otra parte, en cuanto al restablecimiento ordenado por la a quo ̧ observa este
Tribunal que, se dispuso el reconocimiento y pago de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue desvinculado del
servicio, hasta el momento en que sea reintegrado, lo cual resulta contrario a los
límites establecidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional, por lo cual deberá ser modificado.
El criterio fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 556 de 2014, señaló
que, frente a los empleados en provisionalidad, el periodo a indemnizar no puede ser
inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) y que sobre el valor resultante
se debe descontar lo percibido por cualquier concepto laboral, público o privado.
[…]
Al respecto, sabe resaltar que el criterio contenido en la Sentencia SU 556 de 2014,
fue extendido a los miembros de la Ejército Nacional y la Fuerza Pública por parte de
la misma Corte Constitucional en la Sentencia SU 053 de 2015 (…).
En este punto, la Sala considera conveniente aclarar que, si bien, este Tribunal en
ocasiones se abstuvo de aplicar el límite al restablecimiento del derecho adoptado
en las Sentencias SU 556 de 2014 y SU 053 de 2015 de la Corte Constitucional ya
citadas por cuanto existía jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en
casos de reintegros que no consideraba tal circunstancia, lo cierto es que, en virtud
de varias sentencias de tutela emitidas por las diferentes secciones del Consejo de
Estado contra los Tribunales Administrativos a nivel nacional, incluido el del Cauca
ordenando rehacer sentencias en el sentido de que se incorpore la posición unificada
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de la Corte Constitucional, se opta por acoger tal criterio, a efectos de atender lo
ordenado por el órgano de cierre sobre dicho punto en los fallos constitucionales.
56. Al respecto, la Sala aclara que la sentencia SU-556 de 2014 unificó la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las consecuencias derivadas
del retiro inmotivado de servidores nombrados en provisionalidad en cargos de
carrera y, en relación con las consecuencias económicas del reintegro, advirtió que
teniendo en cuenta el carácter temporal de la vinculación en provisionalidad, el
restablecimiento económico debía limitarse al daño efectivamente sufrido, mediante
el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, previa deducción de los
ingresos laborales obtenidos durante el período de desvinculación, y fijó como límite
indemnizatorio un término no inferior a seis meses ni superior a veinticuatro meses
de salario.
57. Posteriormente, en la sentencia SU-053 de 2015, la Corte extendió dicha regla
a los miembros de la Fuerza Pública retirados con fundamento en la causal
denominada «por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía»,
ejercida bajo la facultad discrecional y sin la motivación exigida para esos eventos.
58. Conviene precisar que, más adelante, en la sentencia SU-354 de 2017, esa
misma corporación precisó que la regla indemnizatoria fijada en la SU-556 de 2014
no resultaba aplicable cuando el afectado desempeñaba un cargo de carrera, por
cuanto dicho criterio había sido construido a partir de las particularidades propias
de los empleos ocupados en provisionalidad.
59. Por otra parte, en la sentencia T-499 de 2020, la Corte Constitucional reiteró
que, antes de retirar del servicio a un miembro de la Policía Nacional por
disminución de su capacidad psicofísica, la Junta Médico Laboral y el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía deben evaluar de manera técnica,
objetiva y especializada la posibilidad de su reubicación en labores administrativas,
docentes o de instrucción acordes con sus capacidades y destrezas. Igualmente,
indicó que, cuando se determine que procede el reintegro y reubicación del
uniformado, procede el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir hasta la efectiva reincorporación al servicio.
60. En lo que respecta a la jurisprudencia de esta corporación, esta Subsección,
en sentencia del 7 de abril de 202225, ordenó el reintegro de un miembro de la
Policía Nacional y el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde la fecha de su retiro hasta el reintegro efectivo. Lo anterior, al
considerar que no era procedente aplicar los límites indemnizatorios previstos en
las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, pues estimó que no resultaba
equiparable la situación de los miembros de la Fuerza Pública, sujetos de un
régimen especial de carrera, con la de los servidores vinculados en provisionalidad.
61. En similar sentido, la Subsección A de la Sección Segunda, mediante
sentencia del 5 de octubre de 202326, declaró la nulidad de unas decisiones
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Proceso núm. 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Proceso núm. 23001-23-33-000-2017-00485-01 (4024-
2021). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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disciplinarias que impusieron a un miembro de la Policía Nacional la sanción de
destitución e inhabilidad general, al considerar vulnerados el debido proceso y la
presunción de inocencia. Como consecuencia, ordenó su reintegro al cargo que
desempeñaba al momento de la sanción y dispuso el reconocimiento y pago de los
sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha del
retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro, con las consecuencias
correspondientes en materia pensional.
62. Posteriormente, en sentencia del 9 de mayo de 202427 , la misma Subsección
A consideró que los límites indemnizatorios previstos en la sentencia SU-556 de
2014 no resultaban aplicables a los miembros de la Policía Nacional pertenecientes
a un régimen especial de carrera, por cuanto dicha providencia se refería a
servidores públicos nombrados en provisionalidad. En consecuencia, ordenó el
reconocimiento de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el
retiro, precisando además que únicamente procedía descontar los ingresos
incompatibles en los términos del artículo 128 de la Constitución Política.
63. Finalmente, esta Subsección, en sentencia del 1.º de agosto de 202428, al
resolver un caso en el que fue retirado un miembro que se encontraba en servicio
activo de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, en punto
al restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones sociales que dejó de percibir su retiro hasta que se hiciera efectivo el
reintegro. En los siguientes términos precisó:
Es así, que la inconformidad planteada por el accionante con referencia a partir de
qué momento se haría efectivo el restablecimiento y se entiende que no puede
hacerse a partir de la entrega del título de formación, comoquiera que para aquel
momento no existía el acto administrativo que retiró al demandante de la institución,
en ese sentido, al declararse la nulidad del acto administrativo los efectos de la
sentencia son “ex tunc”, es decir, desde el origen y los efectos de la nulidad se
retrotraen al momento en que el acto administrativo produjo los efectos jurídicos aquí
demandados, por lo tanto, se confirmará la decisión en que es desde el momento en
que se expidió el acto administrativo que aquí se censuró.
Al momento del restablecimiento la entidad determinará con exactitud la mejor opción
para la reubicación laboral del accionante, atendiendo su grado de escolaridad,
habilidades, destrezas y capacidades físicas. Igualmente, se ordena el
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo
de Patrullero, que dejó de percibir desde su retiro hasta cuando se haga efectivo el
reintegro, previas las deducciones legales a que haya lugar.
64. Ahora bien, en este punto, es pertinente destacar que, aunque el actor
relacionó como desconocida la sentencia de unificación del 9 de agosto de 202229,
dictada por la Sección Segunda de esta corporación, la Sala encuentra que dicha
providencia unificó jurisprudencia únicamente respecto de la procedencia de
descontar, en los casos de nulidad del acto de retiro de empleados en
27 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A. Proceso núm. 05001-23-31-000-2001-04033-01 (2671-
2012).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Proceso núm. 76001-23-33-000-2014-01463-01 (1765-
2023).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda. Proceso núm. 11001-03-25-000-2017-00151-00.
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provisionalidad, los salarios y prestaciones percibidos en relaciones de trabajo en
el sector público. Por consiguiente, el supuesto fáctico no es similar al que ahora
se revisa.
65. Examinada la línea jurisprudencial expuesta, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Cauca fundamentó la limitación del restablecimiento económico
del derecho exclusivamente en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015,
bajo el entendimiento de que dichas providencias imponían un límite indemnizatorio
de seis a veinticuatro meses aplicable a casos como el del accionante. Sin embargo,
como se vio, esas decisiones se dirigen por un lado a los empleados provisionales
y, por otro, se extendió a los casos de retiro por facultad discrecional.
66. Además, el Tribunal no tuvo en cuenta que la propia Corte Constitucional, en
la sentencia SU-354 de 2017, aclaró que los límites indemnizatorios previstos en la
sentencia SU-556 de 2014 fueron construidos a partir de características propias de
la vinculación provisional y no constituyen una regla de aplicación general para toda
clase de desvinculaciones del servicio público. Del mismo modo, la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha proferido decisiones posteriores en las que,
frente a distintos supuestos de retiro de integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos
por disminución de la capacidad laboral, ha reconocido los salarios y prestaciones
dejados de percibir hasta la efectiva materialización del reintegro, sin aplicar los
límites temporales previstos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.
67. Aunque el Tribunal justificó su decisión en diversas sentencias de tutela
proferidas por el Consejo de Estado en las que se había ordenado incorporar los
criterios contenidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, no
identificó tales decisiones, ni expuso sus supuestos, ni los problemas jurídicos allí
resueltos y las razones por las que resultaban aplicables al asunto sometido a su
consideración.
68. En esas condiciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
aplicó los límites indemnizatorios previstos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
053 de 2015 sin justificar suficientemente el motivo por el que una regla construida
para empleados vinculados en provisionalidad y posteriormente extendida a
eventos de retiro discrecional de miembros de la Fuerza Pública, también resultaba
aplicable a un supuesto de retiro por disminución de la capacidad laboral.
69. Tal omisión resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que
existían decisiones posteriores de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda
de esta corporación que evidenciaban que la aplicación de los límites
indemnizatorios no era pacífica frente a los integrantes de la Fuerza Pública. En
efecto, esta Sección ha ordenado, en distintos casos de retiro de miembros de dicha
institución, el reconocimiento y pago de salarios por el tiempo en que el servidor
permaneció desvinculado del servicio.
70. Así las cosas, la Sala concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales acceso a la
administración de justicia, la igualdad y el debido proceso del accionante.
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4. Conclusión
71. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección revocará la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo y,
en su lugar, amparará los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia del señor Nelson Arbey Domínguez Belalcázar y se
dejará sin efectos la sentencia del 22 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
72. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita
una nueva decisión dentro del expediente con radicado núm. 19001-33-33-006-
2017-00349-01, de acuerdo con las consideraciones aquí expuesta.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones consignadas en la parte
considerativa. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del señor
Nelson Arbey Domínguez Belalcázar.
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 22 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del expediente con radicado núm. 19001-
33-33-006-2017-00349-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cauca que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta
providencia.
Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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