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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02227-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02227-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la reparación integral del señor Gustavo Pérez Pérez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el numeral cuarto de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 85001-33-33-002-2019- 00394-01. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera la decisión de reemplazo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02227-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionante: Gustavo Pérez Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el
señor Gustavo Pérez Pérez contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 25 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Casanare, que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
declaró la nulidad de la Orden Administrativa núm. 1324 del 27 de marzo de 2019,
por la cual el Ejército Nacional lo retiró del servicio activo por disminución de la
capacidad psicofísica, y ordenó su reincorporación, pero limitó el restablecimiento del
derecho a “que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses, ni
pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario”, descontando los ingresos
percibidos durante el período de desvinculación. Se concede el amparo porque el
Tribunal aplicó indebidamente los topes indemnizatorios de las sentencias SU-556
de 2014 y SU-053 de 2015 a un soldado profesional, quien desempeñaba un cargo
de carrera y no en provisionalidad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 18 de marzo de 2026, el señor Gustavo Pérez Pérez, por medio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, así como
las garantías de estabilidad laboral reforzada y reparación integral, que estima
vulnerados por la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 85001-3333-002-2019-
00394-01, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho/ Topes
indemnizatorios / Se concede el amparo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

al limitar el restablecimiento del derecho al pago de una indemnización de entre seis
(6) y veinticuatro (24) meses de salario, pese a que desempeñaba un cargo de
carrera administrativa de régimen especial como soldado profesional del Ejército
Nacional, y no un cargo en provisionalidad, que es el supuesto al que resultan
aplicables las subreglas indemnizatorias en que se fundó la decisión cuestionada.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

“(…) PRIMERO: Que se ampare los derechos constitucionales fundamentales de
Gustavo Pèrez Pèrez al debido proceso, igualdad, acceso a la justicia, estabilidad
laboral reforzada, reparación integral, derechos laborales fundamentales, y dignidad
humana, vulnerados con los numerales CUARTO y QUINTO de la sentencia del 25 de
septiembre de 2025 emanada por el Honorable Tribunal Administrativo del Casanare
como juzgador de segunda instancia en la causa judicial número
85001333300220190039401.

SEGUNDO: Dejar sin efectos los considerandos y parte resolutiva que trataron las
medidas de restablecimiento del derecho y de reparación por su injusto e ilegal retiro
del Ejército Nacional.

TERCERO: Decretar medidas de reparación, enfocadas principalmente en la
reparación in natura (restablecer el derecho al estado anterior) y medidas de no
repetición para proteger derechos fundamentales.

Aunque el fin principal no es indemnizar económicamente sino ampara derechos de
raigambre constitucional, de modo excepcional y para dar celeridad, los jueces
constitucionales pueden ordenar acciones concretas y excepcionalmente perjuicios
para garantizar la efectividad del amparo.

Rogamos usar esas facultades especiales en la prevención constitucional para que se
ordene las siguientes condenas:

A. que la Entidad demandada – Ejército – Reconozca y pague todas las acreencias
laborales y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el ´día del retiro del servicio
activo de Gustavo Pérez Pérez hasta que se materialice su reintegro al Ejército
Nacional de Soldado Profesional. (Pretensión TERCERA de la demanda)

B. Que la Entidad demandada – Ejército- Reconozca y pague la cotización al sistema
general de seguridad social (salud, pensión, ARL) de las Fuerzas Militares desde su
retiro hasta que se concrete el reintegro. (Pretensión CUARTA de la demanda)

C. Que la Entidad pague la sanción contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 como medida de indemnización teniendo en cuenta la vulneración al derecho
laboral reforzada por su condición de salud. (Pretensión QUINTA de la demanda).

D. Que se reconozca el daño material por lucro cesante dejado de percibir por el
injusto e ilegal retiro de la fuerza pública. (Pretensión SEXTA de la demanda).

E. Que, a título de restablecimiento del derecho de mi poderdante, se declara para
todos los efectos legales y en particular para las prestaciones sociales, ascensos,
antigüedad en el grado y tiempo de servicios, que no ha existido solución de
continuidad, en los servicios prestados desde la fecha en fue retirado del servicio activo
hasta aquella en que sea efectivamente reintegrado al EJÉRCITO NACIONAL.
(Pretensión SEPTIMA de la demanda).

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

F. La Entidad accionada dará cumplimiento a la obligación judicial de conformidad al
artículo 192 y siguientes del C.P.A.C.A (Pretensión OCTAVA de la demanda).

CUARTO: De modo subsidiario a la protección de los derechos vulnerados, ordenar
dictar nuevas medidas de restablecimiento del derecho y la indemnización que se han
esgrimido en la demanda o que el Juez constitucional considere ajustadas a derecho,
para lo cual se debe fijar parámetros jurisprudenciales que debe tener en cuenta el H.
Tribunal en su sentencia de reemplazo. (Negrillas y mayúscula del texto original).

B. Hechos

3. El señor Gustavo Pérez Pérez ingresó al Ejército Nacional en 2005 y se desempeñó
como soldado profesional desde 2007 hasta el 6 de abril de 2019.

4. Mediante orden administrativa de personal núm. 1324 del 27 de marzo de 2019,
fue retirado del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica, con
fundamento en el concepto del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, que ratificó una pérdida de capacidad laboral del 18.55% y descartó su
reubicación por patología psiquiátrica activa.

5. El 1º de octubre de 2019, el accionante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, en la que solicitó la nulidad del acto de retiro, su
reintegro con reubicación conforme a sus capacidades y el pago de todas las
acreencias laborales sin solución de continuidad.

6. Mediante sentencia del 3 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Yopal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
entidad demandada había evaluado las posibilidades de reubicación del demandante
antes de disponer su retiro, que las patologías mentales diagnosticadas impedían su
permanencia en la institución y que no se aportó prueba científica que demostrara su
aptitud para desarrollar actividades distintas a las militares.

7. La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien argumentó que las
autoridades médico militares no valoraron integralmente sus capacidades para el
desempeño de labores administrativas, que las incapacidades médicas no
constituyen causal suficiente para el retiro y que el Ejército Nacional desconoció el
precedente jurisprudencial sobre estabilidad laboral reforzada al no haber
desplegado las acciones necesarias para garantizar su reubicación conforme a sus
habilidades y certificaciones académicas.

8. El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó el fallo
de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de la Orden Administrativa de
Personal núm. 1324 del 27 de marzo de 2019 y ordenó el reintegro del señor Gustavo
Pérez Pérez al Ejército Nacional. No obstante, limitó el restablecimiento del derecho
al pago de una indemnización no inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro
(24) meses de salario, descontando los valores percibidos por cualquier concepto

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Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

laboral durante el período de desvinculación, con fundamento en las sentencias SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional.

C. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante sostiene que la sentencia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en
los siguientes defectos:

9.1. Desconocimiento del precedente, por haber aplicado las subreglas
indemnizatorias de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional, previstas para funcionarios en provisionalidad retirados por facultad
discrecional sin motivación, a un soldado profesional titular de un empleo de carrera
administrativa de régimen especial, en lugar del precedente de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que, en casos de retiro ilegal de miembros de la Fuerza
Pública bajo la causal de disminución de la capacidad psicofísica, reconoce el
reintegro sin solución de continuidad y el pago íntegro de todas las acreencias
laborales causadas desde el retiro hasta la materialización efectiva del reintegro.

9.2. Inaplicabilidad del precedente invocado por el Tribunal, por cuanto en los
numerales décimo sexto a décimo octavo de la parte resolutiva de la SU-053 de 2015,
la Corte Constitucional no ordenó la indemnización limitada entre seis (6) y
veinticuatro (24) meses de salario a los miembros de la Policía Nacional, por tratarse
de funcionarios con estabilidad laboral propia de la carrera; dicha indemnización solo
se ordenó para los nombrados en provisionalidad. En consecuencia, esta subregla
no resultaba aplicable al caso del señor Gustavo Pérez Pérez, titular de un cargo de
carrera administrativa de régimen especial, vulnerándose con su aplicación errónea
los derechos fundamentales a la igualdad y a la reparación integral del accionante.

9.3. Defecto sustantivo, por haber desconocido la distinción entre restablecimiento del
derecho e indemnización de perjuicios establecida por la Sala Plena del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022, radicado núm. 11001-
03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017), con ponencia de la consejera Sandra Lisset
Ibarra Vélez, conforme a la cual la condena derivada de la nulidad de un acto de
retiro constituye un verdadero restablecimiento del derecho y no una medida
indemnizatoria tasable con los límites fijados para empleados provisionales, pues por
virtud de los efectos de la sentencia de nulidad el demandante recupera la situación
administrativa de servicio activo y, con ella, la causa lícita de percibir los salarios y
prestaciones causadas durante el período de cese de la relación laboral.

9.4. Defecto fáctico, por haber omitido valorar que el vínculo laboral del demandante
correspondía a un empleo de carrera administrativa de régimen especial y no a una
vinculación en provisionalidad, circunstancia que impedía equiparar su situación a la
de los funcionarios analizados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015,
y que determinaba, en cambio, la aplicación del precedente contencioso
administrativo sobre reintegro sin solución de continuidad con reconocimiento íntegro

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

de acreencias laborales, reiterado por el propio Tribunal Administrativo de Casanare
en las sentencias del 19 de mayo de 2016 (radicado núm. 85001-3333-002-2013-
00260-01), del 29 de abril de 2021 (radicado núm. 85001-3333-001-2015-00190-01)
y del 27 de julio de 2023 (radicado núm. 85001-3333-002-2017-00488-01), todas
referidas a soldados profesionales retirados bajo la misma causal.

9.5. Defecto por violación directa de la Constitución, por haber desconocido los
principios de igualdad material, debido proceso sustancial, reparación integral y no
regresividad en materia laboral, así como el bloque de constitucionalidad conformado
por el Convenio 159 de la OIT, al aplicar subreglas indemnizatorias propias de una
estabilidad laboral relativa a un funcionario titular de un empleo de carrera
administrativa con estabilidad plena, retirado del servicio en razón de su condición
de salud, con lo cual se restringió injustificadamente el alcance del restablecimiento
del derecho en detrimento de los derechos laborales fundamentales, mínimos e
irrenunciables del accionante.

D. Trámite procesal

10. Mediante auto del 20 de marzo de 2026, se admitió la demanda de tutela 2, se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare y, en calidad de tercero con
interés, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

E. Oposiciones e intervenciones

11. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal 3 , no emitió
pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela y se limitó a
remitir el enlace de acceso al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 85001-3333-002-2019-00394-00.

12. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional4 solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela o, en subsidio, que se niegue el amparo,
con fundamento en los siguientes argumentos:

12.1. La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, dado que los argumentos del accionante se reducen a una
inconformidad de orden legal y económico con las medidas de restablecimiento del
derecho reconocidas en la sentencia cuestionada, sin que se acredite con claridad y
certeza una restricción desproporcionada de derecho fundamental alguno, lo que
convierte la tutela en un mecanismo para reabrir el debate propio del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, en contravía de su naturaleza y
finalidad constitucional.

2 Índice 4 de Samai.
3 Índice 12 de Samai.
4 Índice 13 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

12.2. No se configura ninguno de los defectos alegados, pues el Tribunal
Administrativo del Casanare fundamentó su decisión en la jurisprudencia
constitucional vinculante contenida en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015, cuyas subreglas indemnizatorias son aplicables a los miembros de las fuerzas
militares retirados ilegalmente del servicio, con independencia de la modalidad de su
vinculación, en tanto la Corte Constitucional hizo expresamente extensivos dichos
criterios a los funcionarios del sector defensa.

13. El Tribunal Administrativo de Casanare no rindió informe dentro del término
concedido.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Gustavo Pérez Pérez
contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015
y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Objeto de estudio

15. La Sala advierte que el objeto de pronunciamiento en la presente acción
constitucional se contrae al estudio de la sentencia del 25 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, al ser la providencia a la que
se acusa de vulnerar derechos fundamentales. Las demás pretensiones formuladas
por el accionante están dirigidas al Ejército Nacional y corresponden al cumplimiento
de lo ordenado en dicha sentencia, lo cual debe tramitarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 1925 del CPACA; en consecuencia, no serán atendidas en el presente
asunto.

H. Sentido de la decisión

16. Se concede el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la
reparación integral del señor Gustavo Pérez Pérez, por cuanto el Tribunal
Administrativo de Casanare desconoció el precedente fijado en la sentencia SU-354

5 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30)
días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una
conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código. (…)”

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Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

de 2017 de la Corte Constitucional, al limitar el restablecimiento del derecho con
fundamento en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, subreglas que no
resultan aplicables al accionante, quien desempeñaba un cargo de carrera
administrativa de régimen especial como soldado profesional del Ejército Nacional, y
no un cargo ocupado en provisionalidad.

I. Requisitos generales de procedibilidad

17. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto el accionante: (i)
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) utilizó los mecanismos
judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún recurso
ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia cuestionada 6 ; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales
por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser
propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada
revocó la decisión de primera instancia; y (v) no se trata de una decisión proferida en
sede de tutela.

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

18. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando
se configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y
(viii) violación directa de la Constitución.

19. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por incurrir en defectos
de desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico y por violación directa de la
Constitución, al haber limitado el restablecimiento del derecho al pago de una
indemnización de entre seis y veinticuatro meses de salario, con descuento de los
ingresos percibidos durante el período de desvinculación, con fundamento en las
sentencias de unificación SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de
los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar
a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

20. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en
esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que

6 La sentencia se notificó por correo electrónico el 29 de septiembre de 2025 (índice 15 de Samai del proceso

con radicado núm. 85001-3333-002-2019-00394-01) y la solicitud de amparo se presentó el 18 de marzo de 2026.

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permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 7. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos
dimensiones.

20.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte
de la autoridad judicial en las etapas probatorias8. Ello ocurre, por ejemplo, cuando
no se tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de
convicción o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

20.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la apreciación del hecho o de la prueba 9 . Bajo ese esquema, el
defecto se produce en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas
ilícitas, pruebas que por disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo
general, en una valoración abiertamente defectuosa de los medios de convicción10.

21. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional11 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por
la errónea interpretación o aplicación de la norma.

21.1. La jurisprudencia constitucional12 ha establecido que, para que se configure
este defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el
juez constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario
tiene que decidir.

22. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben
recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el
sentido de la decisión posterior”13.

22.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan
un valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de
los principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a
seguirlos, o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

23. Finalmente, la violación directa de la Constitución se estructura cuando la
autoridad judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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el artículo 4 de la Constitución Política 14. En ese orden, este defecto se puede
configurar en los siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una
norma constitucional que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial
aplica una norma legal al margen de los postulados constitucionales.

K. Caso concreto

24. El accionante cuestiona que el Tribunal Administrativo de Casanare limitó el
restablecimiento del derecho al pago de una indemnización de entre seis (6) y
veinticuatro (24) meses de salario, con fundamento en las subreglas fijadas en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional, pese a
que desempeñaba un cargo de carrera administrativa de régimen especial como
soldado profesional del Ejército Nacional.

25. Revisado el expediente, se observa que mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó el fallo de
primera instancia proferido el 3 de marzo de 2025 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Yopal y, en su lugar, declaró la nulidad de la Orden
Administrativa de Personal núm. 1324 del 27 de marzo de 2019, por la cual el
Ejército Nacional retiró del servicio activo al señor Gustavo Pérez Pérez con
fundamento en la causal de disminución de la capacidad psicofísica, y ordenó su
reintegro.

26. No obstante, la autoridad judicial accionada limitó el período a indemnizar al pago
de entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de salario, descontando los valores
percibidos por el accionante durante el tiempo de desvinculación, con fundamento
en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015. En la parte resolutiva dispuso:

(…)
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 3 de marzo de
2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la orden
administrativa de personal No. 1324 del 27 de marzo de 2019 por medio del cual el
Comando de Personal del Ejército Nacional retiró del servicio activo con pase a la
reserva al señor Gustavo Pérez Pérez en su condición de soldado profesional.
(…)
CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO
NACIONAL, efectué el pago de salarios y demás acreencias laborales dejadas de
percibir por el señor Gustavo Pérez Pérez, desde el momento del retiro del servicio
activo, descontando de ese monto, las sumas qué por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya recibido, sin que la suma a pagar
por indemnización sea inferior a seis (6) meses, ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario, de conformidad con las sentencias SU-556 de 2014 y SU 053 de
2015 proferidas por la Corte Constitucional.

Así mismo se ordena a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO
NACIONAL que proceda a activar al demandante en el sistema de seguridad social
integral y que efectué los aportes al subsistema de pensiones, desde la fecha del retiro

14 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02227-00
Accionantes: Gustavo Peréz Peréz
Se concede el amparo

del servicio activo y hasta que se produzca la nueva afiliación, descontando el
porcentaje que legalmente le corresponda al demandante, por dicho concepto.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. (…)” (Negrillas y subrayado
del texto original).

27. Dicha limitación se sustentó en que el Tribunal extendió las subreglas fijadas por
la Corte Constitucional para los cargos de carrera en provisionalidad a los miembros
de las fuerzas militares, con fundamento en la Sentencia SU-053 de 2015.
Puntualmente, se indicó:

"11.3.3.1. La Corte Constitucional en Sentencia SU 053 del 12 de febrero de 2015,
hizo extensivos estos argumentos a los miembros de las fuerzas militares:

“De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben
considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i) ordenar
los eventuales reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii) determinar
los límites a las indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente
deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse
el principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados
de sus cargos en contravía de la Constitución.

32. De igual modo, ya que, en la persona estriba la responsabilidad de su propio
sostenimiento, no es factible trasladar dicha carga a su empleador, por el hecho
de haber sido declarada insubsistente de un cargo de estabilidad relativa.
Tampoco es posible suponer que el daño causado corresponda a la totalidad del
tiempo transcurrido desde la desvinculación hasta la decisión judicial de
reintegro, ni que al servidor público afectado se le deban pagar los salarios
dejados de percibir por un servicio que es imposible que preste hacia el pasado,
y que, sí pudo ejercer eventualmente en otro estamento de la sociedad.

33. Desde esa perspectiva, estimó la Sala Plena que la fórmula que debe
aplicarse al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son
desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin
solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir. En este sentido, como quiera
que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente sufrido y tal daño es equivalente
a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria es preciso descontar todo
lo que la persona, durante el periodo de desvinculación, percibió como
retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o
privada, como dependiente o independiente.

34. Tomando en consideración lo señalado en esta sentencia de unificación, y lo
dispuesto en el artículo 123 Superior, las órdenes que se deben adoptar en los
casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en
un cargo de carrera, son las siguientes:
(…)
iii.A título indemnizatorio, sólo se debe pagar el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando
de ese monto las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar
por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.” (Negrilla por fuera del texto)

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Así las cosas, se ordenará que el pago de salarios y acreencias laborales desde el
momento del retiro del servicio activo, descontando de ese monto, las sumas qué por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya
recibido el demandante, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis
(6) meses, ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario, de conformidad con
las sentencias SU-556 de 2014 y SU 053 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional
(…)”.

28. Ahora bien, es preciso señalar que la sentencia SU-556 de 2014 unificó las reglas
aplicables a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de
carrera que son retirados sin la motivación exigida, y fijó como subregla
indemnizatoria el pago de entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de salario. Por su
parte, la sentencia SU-053 de 2015 extendió dicha subregla a los miembros de la
Fuerza Pública retirados en ejercicio de la facultad discrecional, esto es, por la
causal de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía,
sin la motivación requerida.

29. De la lectura integral de la sentencia SU-053 de 2015 se advierte que la
expresión “ausencia de motivación del acto de retiro” empleada por la Corte
Constitucional y que fue citada en la sentencia cuestionada hace referencia
exclusivamente a los casos en que la autoridad nominadora, en ejercicio de la
facultad discrecional, invoca como causal de desvinculación el “retiro por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía”, sin cumplir el estándar mínimo
de motivación exigido para ese supuesto15. Así lo precisó la propia Corte:

“(…) Por ello, conjugando las tesis señaladas, la Sala Plena de esta Corporación, en
ejercicio de tal función unificadora, pasa a proponer el estándar mínimo de motivación
para que, en todo caso, prevalezca la interpretación que más se acompasa con los
postulados del Estado Social de Derecho, el principio de legalidad y el respeto por los
derechos fundamentales de los policías:

i. Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional
no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones en el cuerpo
del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén sustentados en razones
objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es
plenamente exigible.

iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad,
que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto discrecional y la finalidad
perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio.

iv. El concepto emitido por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe
estar precedido de un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello
desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente está instituida para la Policía
Nacional, en razón de función constitucional. No obstante lo anterior, la expedición
de ese concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los
entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que
deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto
administrativo de retiro, y las cuales servirán de base para evaluar si el retiro se fundó

15 Sobre el particular, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia del 2 de abril de 2020, radicado

11001-03-15-000-2019-04718-01, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
sentencia del 7 de abril de 2022, radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01, Sección Segunda, Subsección B,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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en la discrecionalidad o en la arbitrariedad.

v. El afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron
lugar a la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora,
una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o informes
de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de fondo,
completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe analizar,
entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la información
adicional pertinente de los policiales.

vi. Si los documentos en los cuales se basa la recomendación de retiro del policía,
tienen carácter reservado, los mismos conservaran tal reserva, pero deben ser
puestos en conocimiento del afectado. El carácter reservado de tales documentos se
mantendrá, mientras el acto administrativo permanezca vigente.

vii. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las
juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser
valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica que se
confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de desempeño, las
pruebas relevantes y los demás documentos que permitan esclarecer si hubo o no
motivos para el retiro.

30. Se trata de un supuesto que difiere sustancialmente del presente asunto, en el
que el retiro del señor Gustavo Pérez Pérez no obedeció al ejercicio de una facultad
discrecional, sino a la causal de disminución de la capacidad psicofísica, lo que
excluye la aplicación de las subreglas indemnizatorias derivadas de aquella línea
jurisprudencial.

31. En todo caso, conviene señalar que, mediante la sentencia SU-354 de 2017, la
Corte Constitucional consideró que la subregla establecida en la sentencia SU-556
de 2014, atinente al límite de la indemnización (mínimo 6 meses, máximo 24
meses), no resulta aplicable cuando el desvinculado del servicio público se
encontraba ocupando un empleo de carrera, pues en ese supuesto no concurre la
razón que justifica la restricción, esto es, la estabilidad relativa propia de los cargos
ocupados en provisionalidad.

32. Además, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha coincidido en señalar,
por variadas razones, que los límites indemnizatorios establecidos en las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 no se aplican en los casos de retiro del personal
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que desempeñaba cargos de
carrera. En efecto, la Subsección B de la Sección Segunda, en sentencia del 7 de
abril de 202216, se apartó expresamente de dichos límites indemnizatorios, bajo los
siguientes argumentos:

“Se insiste, no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros de la
Policía Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados
vinculados en provisionalidad, dadas las particularidades del primero, tales como:
(i) el ingreso al servicio de los policiales se produce después de superar un curso de
formación para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar su idoneidad, lo
cual se relaciona más con un procedimiento meritocrático propio de los empleados

16 Sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente con radicado núm.

19001-23-33-000-2015-00437-01, M.P. Carmelo Perdomo Cueter.

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de carrera que, con una vinculación provisional; y (ii) los policiales se encuentran
sujetos a un régimen especial de carrera, ascenso y retiro del servicio.

En ese orden de ideas, acreditada la inexistencia de identidad entre el ingreso a la
carrera policial y la vinculación provisional de los empleados públicos, la falta de
justificación de la aplicación de la extensión de la limitación de la indemnización
mencionada en precedencia a los miembros de la institución policial; y lo inicuo del
argumento de pretender que el ciudadano le sea impuesta una carga consistente en
responder patrimonialmente a través de la disminución de las sumas derivadas de
una condena económica por cualquier dilación procesal en el trámite de su contención
que supere los 24 meses autorizados como «indemnización», por la Corte
Constitucional (tal como acertadamente lo plantea el salvamento de voto de la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado de la sentencia de unificación pluricitada),
conduce inexorablemente a que la sentencia SU-053 de 2015 en este caso sea
inaplicable.

Corolario de lo anterior, esta Sala de decisión opta por mantener el precedente de la
sala plena, porque estamos ante una decisión del Consejo de Estado que es el
tribunal de cierre en materia de lo contencioso administrativo y, además, porque
carece de motivación la limitación de los topes; como ya se explicó, la Corte
simplemente extendió una limitación de otra clase de empleados (provisionales) a los
escalafonados en las fuerzas militares y de policía.

Lo antes indicado porque el artículo 270 del CPACA prevé como sentencias de
unificación jurisprudencial las que profiera o haya dictado el Consejo de Estado por
importancia jurídica, trascendencia económica o social, por necesidad de unificar o
sentar jurisprudencia, las que decidan los recursos extraordinarios y las que tengan
relación con el mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley
270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

Las sentencias de unificación contienen reglas que pasan a integrar el ordenamiento
jurídico, porque en su función de interpretación de la ley es de carácter y aplicación
obligatoria y vinculante.

En el asunto sujeto a examen, se tiene que el uniformado ingresó al escalafón policial
el 16 de enero de 2012 (f. 250, c. 2) y fue retirado del servicio por destitución, sin que
se le demostraran los cargos disciplinarios imputados, por ende, resulta procedente,
en materia de restablecimiento del derecho, ordenar su reintegro y el consecuente
pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro hasta
el efectivo reintegro, y también se ordenará que las sumas reconocidas sean
indexadas, para que las cosas vuelvan a su estado anterior (…)” (Negrilla por fuera
del texto).

33. En el mismo sentido, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de tutela del 19 de mayo de 2026, radicado número
11001-03-15-000-2026-00311-01 17 , estudió el caso de un soldado profesional
retirado del servicio por disminución de la capacidad psicofísica, cuyo reintegro
había sido ordenado judicialmente, pero respecto del cual el Tribunal Administrativo
del Cauca limitó el reconocimiento de salarios y prestaciones a un período de entre
seis (6) y veinticuatro (24) meses. Al respecto, señaló:

“(…) 65. Examinada la línea jurisprudencial expuesta, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Cauca fundamentó la limitación del restablecimiento económico del
derecho exclusivamente en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, bajo

17 Consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

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el entendimiento de que dichas providencias imponían un límite indemnizatorio de
seis a veinticuatro meses aplicable a casos como el del accionante. Sin embargo,
como se vio, esas decisiones se dirigen por un lado a los empleados provisionales y,
por otro, se extendió a los casos de retiro por facultad discrecional.

66. Además, el Tribunal no tuvo en cuenta que la propia Corte Constitucional, en la
sentencia SU-354 de 2017, aclaró que los límites indemnizatorios previstos en la
sentencia SU-556 de 2014 fueron construidos a partir de características propias de la
vinculación provisional y no constituyen una regla de aplicación general para toda
clase de desvinculaciones del servicio público. Del mismo modo, la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha proferido decisiones posteriores en las que, frente a
distintos supuestos de retiro de integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos por
disminución de la capacidad laboral, ha reconocido los salarios y prestaciones
dejados de percibir hasta la efectiva materialización del reintegro, sin aplicar los
límites temporales previstos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015

67. Aunque el Tribunal justificó su decisión en diversas sentencias de tutela proferidas
por el Consejo de Estado en las que se había ordenado incorporar los criterios
contenidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, no identificó tales
decisiones, ni expuso sus supuestos, ni los problemas jurídicos allí resueltos y las
razones por las que resultaban aplicables al asunto sometido a su consideración.

68. En esas condiciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada aplicó
los límites indemnizatorios previstos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU 053 de
2015 sin justificar suficientemente el motivo por el que una regla construida para
empleados vinculados en provisionalidad y posteriormente extendida a eventos de
retiro discrecional de miembros de la Fuerza Pública, también resultaba aplicable a
un supuesto de retiro por disminución de la capacidad laboral. (…)”.

34. De igual forma, la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de tutela
del 30 de abril de 2026, radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00136-0118, examinó
el caso de otro soldado profesional retirado por disminución de la capacidad
psicofísica y reiteró la inaplicabilidad de los referidos topes en este supuesto. En
concreto, indicó:

“(…) Asimismo, tal como lo señala el accionante, existe jurisprudencia reciente de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se ha señalado que cuando el retiro
de un uniformado se produce por disminución de la capacidad, no resultan aplicables
los límites a la indemnización señalados en las sentencias 556 de 2014 y 053 de 2015.
(…)
En el presente caso, no se discute que, según las pruebas del proceso ordinario, el
señor Miguel Ángel Garzón Vega fue incorporado al Ejército Nacional como Soldado
profesional desde el 1° de mayo de 2010. Por lo tanto, la vinculación del demandante
se regula por el régimen especial de carrera previsto en el Decreto 1793 de 2000, “Por
el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares”.
Justamente por lo anterior, no había lugar a aplicar los topes indemnizatorios fijados
en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015 de la Corte
Constitucional, que versan sobre el tope a aplicar en los eventos de reintegro de
personas que ocupaban cargos en carrera administrativa en provisionalidad,
modalidad de vinculación que no existe en los regímenes especiales de la Fuerza
Pública.
En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander desconoció la regla de interpretación fijada por la Corte Constitucional en la

18 Consejero ponente: Wilson Ramos Girón.

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sentencia de unificación SU-354 de 2017 sobre la indemnización a reconocer en los
casos de retiro del servicio de personas con nombramiento en carrera, así se trate de
regímenes especiales de carrera, y afectó el derecho a la igualdad del señor Garzón
Vega. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse sobre la jurisprudencia de la sección
segunda del Consejo de Estado que ya había señalado que, en materia de retiros del
servicio de empleados de carrera, no era posible aplicar la regla señalada por la Corte
Constitucional de límite de la indemnización. (…)”.

35. Esta línea de interpretación resulta aplicable al caso del señor Gustavo Pérez
Pérez, pues el ingreso al Ejército Nacional como soldado profesional se produce
mediante la superación de un proceso de selección que comprende requisitos
físicos, técnicos y un curso de formación militar, regulado por los Decretos 179319 y
1794 de 200020, régimen en el que no existen soldados profesionales nombrados
de forma transitoria o en provisionalidad, dado que la adquisición del grado supone
la incorporación definitiva a la institución castrense, con la estabilidad laboral propia
de los empleados de carrera.

36. En ese orden, como el señor Gustavo Pérez Pérez desempeñaba un cargo de
carrera administrativa de régimen especial como soldado profesional del Ejército
Nacional, el Tribunal Administrativo de Casanare debió atender la regla fijada en la
sentencia SU-354 de 2017, según la cual los límites indemnizatorios de las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 no aplican cuando se declara nulo
el acto de desvinculación de un servidor que desempeñaba un cargo de carrera.

37. Sin embargo, la autoridad judicial accionada omitió atender dicho precedente y,
en su lugar, aplicó unas subreglas indemnizatorias que no correspondían al
supuesto fáctico y jurídico del caso, con lo que incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional y vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la
reparación integral del accionante.

38. Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo solicitado y dejará sin efectos el
numeral cuarto de la sentencia del 25 de septiembre de 2025. En consecuencia, se
ordenará al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una decisión de
reemplazo en la que ordene el pago de todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta el momento en que se haga
efectivo el reintegro, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas

Militares”.
20 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las

Fuerzas Militares”.

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RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la reparación
integral del señor Gustavo Pérez Pérez, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el numeral cuarto de la sentencia proferida el 25
de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 85001-33-33-002-2019-
00394-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera la decisión de
reemplazo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado

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