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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
20 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia de 4 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, conforme a la motivación. En su lugar: 1.1 Declárase la nulidad de las decisiones de primera instancia de 29 de septiembre de 2014, proferida por el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana de Popayán; y de segundo grado de 11 de febrero de 2015, emitida por el inspector delegado regional cuatro de policía, por las cuales se sancionó al demandante Daniel Ricardo Bello Álvarez con destitución del cargo de patrullero en la Policía Nacional e inhabilidad general por el término de doce (12) años para ejercer cargos públicos. 1.2 A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a reintegrar al accionante Daniel Ricardo Bello Álvarez en el cargo de patrullero o a otro de igual o superior jerarquía desde cuando fue retirado hasta cuando sea reincorporado. 1.3 Ordénase a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones e incrementos salariales dejados de devengar desde su desvinculación hasta cuando sea efectivamente reincorporado. Declárase para todos los efectos salariales y prestacionales que no existe solución de continuidad. 1.4 Las sumas que resulten a favor del demandante se actualizarán en su valor, con aplicación de la siguiente fórmula: índice final R= Rh x ----------------- índice inicial El valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico, que es lo dejado de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales, por el 32 Expediente: 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020)
Demandante : Daniel Ricardo Bello Álvarez
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general
por el término de doce (12) años

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra
la sentencia de 4 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 458 a 478). El señor Daniel Ricardo Bello Álvarez,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en
el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulas: (i) la decisión de primera instancia de 29
de septiembre de 2014, proferida por el jefe de la oficina de control disciplinario
interno de la policía metropolitana de Popayán, dentro del expediente
disciplinario MEPOY-2014-39, por la cual se sancionó al accionante con
destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años para ejercer
cargos públicos; (ii) acto administrativo de segunda instancia de 11 de febrero
de 2015, con el que el inspector delegado regional de policía cuatro confirmó
aquella determinación; y (iii) la Resolución 1340 de 10 de abril de 2015, por
cuyo conducto el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) su reintegro, «[…] con efectividad al treinta (30) de
abril de dos mil quince (2015), fecha de su retiro, al grado que ostentaba […]
o a otro de mayor categoría» (sic), sin solución de continuidad; (ii) pagar los

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional

salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de
devengar junto con sus reajustes, desde la fecha de su desvinculación hasta
cuando sea reincorporado, debidamente indexados; y (iii) dar cumplimiento al
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que, mientras se
desempeñaba como patrullero al servicio de la Policía Nacional y realizaba
labores de vigilancia en el CAI de la comuna 10 del barrio Las Lomas de
Granada en la ciudad de Popayán (Cauca), en el cuadrante 46, entre las 22:00
horas del 23 de abril y las 07:00 horas del 24 del abril de 2014, a pocos minutos
de recibir su servicio, el comandante del CAI, intendente Javier Alexánder
Ñáñez López, le ordenó (en razón a que tenía licencia de conducción vigente de
segunda categoría), que condujera el vehículo tipo camioneta Duster de siglas
64-0365, para que transportara al conductor saliente hasta el barrio Santa
Helena, regresara y lo llevara a la estación de policía ubicada en el barrio
Bolívar, y al día siguiente, en horas de la mañana recogiera en el barrio Cadillal
a la teniente Yiselly Enith Córdoba Ordóñez para que la trasladara hasta la
estación.

Que, en cumplimiento de la orden impartida por su superior, el 24 de abril de
2014, salió del CAI a las 5:46 horas, aproximadamente, y condujo el vehículo
institucional con destino al domicilio de la teniente, por lo que al tomar la vía
variante en sentido norte – sur, al pretender cruzar hacia el barrio Las Vegas,
colisionó con una camioneta marca Toyota Fortuner de placas RGZ - 883 que
transitaba sentido sur - norte, en la cual se movilizaba el alcalde del municipio
de Patía (antes denominado El Bordo).

Que, con auto de 25 de abril de 2014, el jefe de la oficina de control disciplinario
interno de la policía metropolitana de Popayán ordenó en su contra apertura de
indagación disciplinaria preliminar P-MEPOY-2014-44; y con auto de 2 de
septiembre de 2014, se le citó a audiencia verbal en la que se le formuló pliego
de cargos.

Arguye que se le acusó de infringir los artículos 34 (numeral 21, letras d y g) y
35 (numeral 20, letra a) de la Ley 1015 de 20061, al considerarse por la autoridad
1
«Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 21. Respecto de los bienes y equipos
de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones
superiores mediante las siguientes conductas: […] d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, dañarlos,
cambiarlos o desguazarlos; […] g) Conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización, en estado
de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica». «Artículo 35.
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Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio
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disciplinaria que trasgredió los artículos 55 y 60 (parágrafo 2º) de la Ley 969 de
20022, Código de Nacional de Tránsito Terrestre, y colisionar un vehículo
automotor propiedad de la Policía Nacional.

Que se dictó decisión de primera instancia el 29 de septiembre de 2014, en la
que se le sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de doce
(12) años para ejercer cargos y funciones públicas. Acto administrativo
confirmado en segunda instancia el 11 de febrero de 2015, y ejecutada por el
director general la Policía Nacional con Resolución 1340 de 10 de abril de 2015.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Policía Nacional, en primera y segunda
instancias, sancionó al actor con destitución del cargo de patrullero e
inhabilidad general por el término de doce (12) años.

Lo anterior, por cuanto condujo un vehículo automotor propiedad de la Policía
Nacional y, pese a tener licencia de tránsito, no tenía la capacitación
institucional ni estaba autorizado para ello, además de que actuó con
imprudencia, al no respetar las normas de tránsito y por ello lo colisionó.

La Policía Nacional lo halló responsable de las faltas gravísimas y graves, a
título de dolo y culpa gravísima, respectivamente, previstas en los artículos 34
(numeral 21, letras d y g) de la Ley 1015 de 2006, esto es, respecto de los bienes
y equipos de la Policía Nacional, «d) dañarlos, cambiarlos o desguazarlos. […]
g) Conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización, […]»; y 35
(numeral 20, letra a) ibidem, «[…] Incurrir en negligencia o actuar con
impericia o imprudencia en su manejo, conservación o control […]».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 124,

Faltas Graves. Son faltas graves: […] 20. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros
puestos bajo su responsabilidad: a) Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su
manejo, conservación o control; […]».
2
«ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que
tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice,
perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le
sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito».
«ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. […]
PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un
carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y
efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o
peatones».
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Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio
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209 y 218 de la Constitución Política; 6, 9, 13, 21, 141 y 142 de la Ley 734 de
2002; 5, 6, 11 a 13, 34 y 35 de la Ley 1015 de 2006 y 138 del CPACA.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, las acusa de violatorias de la normativa superior,
expedidas con desconocimiento de los principios, derechos y deberes en ella
consagrados, principalmente de sus derechos fundamentales al debido proceso
igualdad y trabajo.

Argumenta que la sanción que le fue impuesta resulta desbordada, drástica e
injusta, si se observa que (i) la autoridad disciplinaria no contaba con el
suficiente acervo probatorio para imputarle los cargos y las faltas que le fueron
endilgados; (ii) se le aplicó una sanción desproporcionada, pues en casos
similares, como los de los patrulleros Juan David Arias Alzate y Angie Melissa
García Rentería, implicados igualmente en accidentes de tránsito con vehículos
de la Policía Nacional de la misma unidad, a estos solo se les formuló uno de
los cargos contenidos en el artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 y la sanción
máxima impuesta consistió en la suspensión del policial por el término de un
mes, sin derecho a remuneración3; y (iii) al haberlo destituido e inhabilitado, se
lo condenó a perder su empleo en forma irregular y quedó en imposibilidad de
conseguir otro trabajo durante su vida útil laboral.

Dice que fue sancionado a capricho del correspondiente funcionario
disciplinario, dado que no se cuenta con las pruebas que demuestren en forma
certera su responsabilidad sobre las faltas y/o cargos imputados.

Indica que no es cierto que con su actuar «[…] se generó un menoscabo a la
administración y al patrimonio del Estado, por la avería que sufrió el vehículo
de la Policía Nacional, toda vez que los daños motivo del accidente de tránsito
fueron cancelados en su totalidad por la aseguradora, tal y como lo certifica el
señor comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, mediante oficio No.
21466/COMAN-ASJUR-29-25 del 24 de julio de 2015» (sic).
Que «[…] no existe en el expediente disciplinario, prueba alguna bien sea

3
Indica que para demostrar la discriminación de la que fue objeto, solicitó del comandante de la policía
metropolitana de Popayán certificar cuántos automotores de la institución habían sufrido accidentes de tránsito
cuando eran conducidos por personal uniformado desde el momento de la creación de la unidad, por lo que, con
oficio 21466/COMAN.ASJUR-29.25 de 24 de julio de 2015, se le informó que fueron 14 los vehículos que han
sufrido un siniestro; y al consultarle a la oficina de control interno disciplinario de la policía metropolitana,
cuántos uniformados han sido investigados y sancionados por ello, por oficio 2146/COMAN-ASJUR-29-25 de
24 de julio de 2015, le fue señalado que solo él y la patrullera Angie Melisa Rentería, quedan los restantes
eventos sin investigar.
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testimonial, documental, pericial, fotográfica o fílmica, de la cual se determine
con absoluta claridad, que el disciplinado […] haya incurrido en violación a
las normas de tránsito […]» (sic), pues el hecho de «[…] haber colisionando
con otro automotor por sí solo, no es prueba suficiente […] para
responsabilizar[lo] […]» (sic).

Que, si bien se le sanciona por conducir el automotor sin el debido certificado
de idoneidad, autorización y/o documento que es otorgado por el comandante
de la unidad policial, se debe observar que «[…] para conducir un automotor
en Colombia, solo se requiere contar con la respectiva licencia de conducción
expedida por autoridad competente, documento vigente con el cual contaba
[…] al momento de los hechos, […] como quedó plasmado en el informe de
accidente de tránsito» (sic), como también tenía la «[…] licencia de tránsito
que lo acredita para conducir el tipo de automotor accidentado, camioneta
Duster […]» (sic), y estaba debidamente autorizado para conducir el vehículo,
pues «[…] para el momento de los hechos se encontraba en servicio activo
cumpliendo una orden impartida por sus superiores […]» (sic).

Respecto del argumento de que actuó con imprudencia, afirma que «[…] no
existe prueba alguna que [lo] corrobore […], se trata de simples apreciaciones
de los funcionarios que tomaron la decisión […]» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 505 a 516). La Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, por conducto de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda. Asevera que se actuó conforme
a derecho, pues los actos acusados fueron expedidos como lo exige la ley,
aseguró al demandante todas sus garantías al interior de cada una de las etapas
procesales, y su acceso a las pruebas las cuales fueron debidamente
controvertidas, sin que exista vicio o irregularidad alguna que implique su
nulidad.

En relación con el argumento expuesto por el demandante, en el sentido de que
no se contaba con las pruebas suficientes para que le fueran formulados los
cargos y las faltas impuestas, indica que «[…] reposa en la investigación
disciplinaria informe policial de tránsito de fecha 24/04/2014 en el cual se
manifiesta por parte del funcionario que lo elabora que una de las posibles
causas del accidente era “no tomar las debidas precauciones al momento de
realizar un giro aun cuando con anticipación se señalice con la luz discrecional
[sic]», como «[…] el informe preliminar de accidente de tránsito de fecha
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25/04/2014 [que] […] señala en la parte de hipótesis FACTOR
DETERMINANTE FACTOR HUMANO (Conductor Veh. 1 Camioneta
Uniformada); falta de precaucione [sic] en la construcción [sic] de vehículos,
relacionada con una decisión personal, independiente pero irresponsable de
realizar un giro a la izquierda sin tomar las debidas medidas de precaución;
obviando el debido cuidado de usuarios viales que circulan en sentido contrario
por el carril adyacente al suyo, conductor abandona el debido objeto de
cuidado de su integridad personal y la de los demás usuarios viales al
desarrollar tal acción […]»; pruebas documentales con las cuales se evidencia
la relación entre el actuar del investigado y el daño sufrido por el vehículo
oficial, así como la trasgresión de las normas de tránsito.

Lo anterior sumado al hecho de que reposa entre las declaraciones, la del
compañero de patrulla del accionante, PT. Milton Arbey Torres Córdoba, quien
lo acompañaba y venía atrás del vehículo en una motocicleta, el cual manifestó
«[…] nos dirigíamos hacia allá cuando el compañero colocó el direccional bien
yo también coloque el mío, y no se percató y salió la camioneta y colisionaron
[…]» (sic).

En lo atañedero a la afirmación del actor referente a que le fue impuesta una
sanción exagerada, en razón a que no están dadas la condiciones exigidas por la
Ley 734 de 2002, por falta de pruebas, sostiene que ello no es cierto, porque
«[…] de las pruebas obrantes se puede colegir que el [accionante], ejecutó de
manera imprudente el vehículo policial de siglas 64-0365, pues como se
demuestra con las distintas diligencias […] paso por alto el cuidado de
maniobrar un vehículo y generó el accidente de tránsito […]» (sic).

Finalmente, en lo concerniente a la presunta violación del debido proceso,
indica, luego de hacer una descripción cronológica de cada una de las
actuaciones surtidas en el procedimiento disciplinario adelantado, que no se
quebrantó en ninguna de las etapas, pues este se desarrolló conforme a un
procedimiento verbal y, por tanto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 106 de la Ley 734 de 2002, al actor se le notificó de cada decisión en
debida forma, él no se opuso al procedimiento al que se sometió la
investigación, tuvo la oportunidad de solicitar pruebas y no formuló nulidad
alguna o alegó en su momento vulneración de sus derechos o vicio alguno.

1.6 La providencia apelada (ff. 653 a 668). El Tribunal Administrativo del
Cauca, en sentencia de 4 de octubre de 2019, accedió parcialmente a las súplicas
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de la demanda (sin condena en costas), en el sentido de anular los actos
sancionatorios acusados únicamente en cuanto al término de la inhabilidad
impuesta al actor, la cual redujo de 12 a 10 años.

Considera que no se encuentra configurada la falta disciplinaria señalada en el
primero de los cargos que le fueron endilgados al actor, que se fundamentó en
el artículo 34, numeral 21, letra d, de la Ley 1015 de 2006 «[…] relacionado
con el daño al vehículo oficial en el accidente de tránsito ocurrido el 24 de abril
de 2014, puesto que si bien es cierto existe un informe preliminar del accidente
de tránsito, este informe como tal no es prueba fehaciente que conduzca a
determinar la responsabilidad del conductor del vehículo oficial y mucho
menos a título de culpa gravísima, pues de él se extrae que la superficie estaba
húmeda por lluvia, sin señalización vertical, sin demarcación vial, sin
dispositivos luminosos y respecto al disciplinado se evidenció un resultado
negativo para alcoholemia y sin multas ni sanciones» (sic).

Que el comandante seccional de tránsito y transporte de Popayán (e) afirmó que
«[…] luego de analizar todos los elementos materiales probatorios, evidencias
físicas, daños en los vehículos, condiciones de la vía, entorno, geometría vial,
y demás, se puede inferir que la ocurrencia del accidente de tránsito se derivó
de una posible falla humana de al menos uno de los intervinientes, relacionada
con la falta de precaución en la conducción de vehículos»; y si bien «[…] se
allegó al proceso disciplinario un informe y fotografías del daño, la entidad no
logró demostrar más allá de una hipótesis la responsabilidad frente a la
presunta infracción respecto al desconocimiento de las normas de tránsito y en
consecuencia no es posible determinar a cuál conductor se le debe imputar el
daño del vehículo».

Arguye que debe observarse que el informe preliminar de un accidente de
tránsito y la orden de comparendo no son prueba de la responsabilidad del
accidente vial, estos son apenas los insumos con los cuales el inspector de
tránsito inicia el procedimiento contravencional, en el que, previa garantía de
los derechos a la defensa y al debido proceso, se determina la responsabilidad y
se impone la sanción pertinente al infractor o infractores.

Que del mencionado trámite contravencional no se tuvo noticia dentro del
aludido procedimiento disciplinario y, por ende, mal pudo la Administración
establecer la configuración de la falta disciplinaria gravísima, por la cual se
sancionó al actor, por el solo hecho de que el vehículo oficial presentara daños,
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pues ello implica sancionar por una responsabilidad objetiva al investigado,
cuando esta se encuentra proscrita en materia disciplinaria.

En relación con el tercer cargo imputado, que se fundamentó en el artículo 35,
numeral 20, letra a, de la Ley 1015 de 2006, por actuar el demandante con
imprudencia en el manejo del vehículo, estima «[…] que no está probado con
grado de certeza ni la existencia de la falta ni la responsabilidad del
disciplinado, requisitos exigidos para poder imponer la sanción disciplinaria
[…]»; y no puede inferirse o presumirse la imprudencia, pues la responsabilidad
en estos casos debe ser plenamente demostrada, como lo establecen los artículos
129, 134 y 135 del Código Nacional de Tránsito.

Por consiguiente, al no obrar material probatorio que indique algún tipo de
sanción establecida por autoridad competente frente al accidente de tránsito, no
es dable inferir la responsabilidad del patrullero con sustento en las
declaraciones aportadas ni en el informe de tránsito, «[…] lo cual
inexorablemente conduce a aplicar el principio de resolución de la duda en
favor del disciplinado conforme a los mandatos del artículo 20 de la Ley 1015
de 2006 y por lo tanto absolverlo del cargo endilgado».

Respecto del segundo cargo endilgado, que se fundamentó en lo dispuesto en el
artículo 34, numeral 21, letra g, de la Ley 1015 de 2006, relacionado con que el
patrullero condujo el vehículo oficial sin el debido permiso o autorización, se
remite a la Resolución 3295 de 15 de octubre de 2010, proferida por la dirección
de la Policía Nacional, en la que se regula el uso y conducción de los vehículos
automotores de la institución y preceptúa: «[…] 5.9.2 Certificado de idoneidad.
El personal que conduzca vehículos de la Institución deberá obtener el
certificado de idoneidad expedido por la Escuela de Seguridad Vial de la
Policía Nacional, además portará los elementos y documentos exigidos por la
ley»; para concluir que se encuentra verificada la tipicidad de la falta
disciplinaria que le fue atribuida al demandante.

En lo atinente al deber funcional que le correspondía observar al patrullero de
obtener previamente el mencionado certificado de idoneidad para ser autorizado
para la conducción de los vehículos de la Policía Nacional, arguye que, en
efecto, «[…] se configuró una afectación sustancial al deber funcional, debido
a que el Patrullero […] incumplió con su comportamiento las disposiciones
contenidas en las Resoluciones No 03295 del 15 de octubre de 2010 y 04969
del 12 de diciembre de 2013».
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de Defensa Nacional – Policía Nacional

Colige el Tribunal «[…] que el comportamiento adoptado por el disciplinado
efectivamente se circunscribe a la forma de culpabilidad dolosa debido a que
el [patrullero] tuvo conocimiento de los hechos, desde el momento en que afirmó
que contaba con el requisito de idoneidad ante sus superiores, tal como quedó
demostrado en las declaraciones de la subteniente YISELLY ENITH
CORDOBA ORDOÑEZ y del intendente JAVIER ÑAÑEZ LÓPEZ».

Que «[…] teniendo en cuenta que la conducta [del accionante] se enmarca
dentro de las faltas gravísimas cometida bajo la modalidad de dolo la sanción
que se debe aplicar es la destitución e inhabilidad por un término entre 10 y 20
años, de conformidad con la Ley 1015 de 2006 artículo 39», y solo se logró
probar uno de los tres cargos reprochados, dispone que se modifique la sanción
impuesta en el marco del procedimiento disciplinario de la siguiente manera:
«[…] en su lugar se declarará la destitución en el ejercicio del cargo e
inhabilidad general para ejercer cargos y funciones públicas por el término de
diez (10) años».

1.7 Los recursos de apelación:

1.7.1 Parte demandada (ff. 670 a 675). La Policía Nacional, mediante
apoderada, interpuso recurso de apelación, en el que reitera los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y, adicionalmente, se opone a las
consideraciones e imputaciones formuladas para el caso por el Tribunal.

Sostiene que se debe entender que en el asunto bajo estudio nos encontramos
«[…] ante la conducta irregular de un servidor público, que tenía pleno
conocimiento de los requisitos que debía cumplir para poder conducir los
vehículos de la Policía Nacional […]», el cual se extralimitó en sus funciones
al conducir vehículos oficiales sin tener la debida prueba de idoneidad, que
exige la misma institución.

Que como el patrullero no tenía competencia, ni idoneidad para conducir
vehículos policiales, este escenario conllevó tres resultados: (i) la destrucción
de un elemento y/o bien del Estado, (ii) que se afectara el servicio policial,
porque esta institución se quedó sin un vehículo para prestar seguridad en el
sector y (iii) que producto de una conducta imprudente se causaran daños a
terceros, que termina con una mala imagen de la institución y genera demandas
para la Policía Nacional por las lesiones de los civiles afectados en el accidente
de tránsito.
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Que con el material probatorio que obra en el respectivo procedimiento
disciplinario, se logra demostrar cada uno de los cargos que le fueron imputados
al investigado; y la graduación de la falta cumple lo normado en las Leyes 1015
de 2006 y 734 de 2002.

1.7.2 Parte demandante (ff. 679 a 684). El actor, por conducto de apoderado,
también formuló alzada, en la que reitera los planteamientos fácticos y legales
consignados en la demanda y se opone a lo señalado por el Tribunal en relación
con el segundo cargo que le fue enrostrado y fue aceptado por el a quo, al
encontrar debidamente probada la falta.

Aduce que no cometió la falta disciplinaria imputada porque para la fecha de
los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria «[…] contaba con
la idoneidad necesaria para conducir el tipo de vehículo accidentado […]», en
razón a que tenía licencia de conducción «categoría C1» (sic), expedida por la
autoridad de tránsito; este es el único documento exigible en Colombia para
conducir automotores, y se hallaba debidamente autorizado por su superior
inmediato, toda vez que «[…] recibió la orden del señor Intendente JAVIER
ALEXANDER ÑAÑEZ LOPEZ, para conducir el vehículo, orden que es clara,
lógica y de posible cumplimento, la cual por no conllevar a violación de la ley,
el subalterno debe acatarla y cumplirla […]» (sic).

Que «[…] el hecho de que el [patrullero], no contara en su momento con
permiso de parte del funcionario de la Policía Nacional para conducir
vehículos de la institución, por este simple acto no quiere decir que el actor no
tenga la idoneidad para hacerlo, toda vez que esta facultad es otorgada por la
autoridad de tránsito cuando le expidió la licencia de conducción, lo demás son
argumentos sin mayor importancia en este asunto, porque se trata de una
decisión interna que va en contravía de la Ley de tránsito, por lo tanto el cargo
no puede prosperar, como equivocadamente lo sostiene la Sala» (sic).

Afirma que no existe prueba demostrativa, como lo estipula el artículo 142 de
la Ley 734 de 2002, de que el patrullero haya sido instruido por sus superiores,
de que se requería de un permiso especial otorgado por la Policía Nacional para
conducir vehículos oficiales de la institución, independiente de la licencia de
conducción, expedida por la autoridad competente.

Argumenta, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción impuesta, que «[…]
con relación al cargo o falta indilgada y en segundo lugar, de existir pruebas
10

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al respecto, los funcionarios de disciplina no podían imputar este tipo de falta
en la forma como lo hicieron, gravísima a título de dolo, por el simple hecho
de no contar el policial con el visto bueno de un comando de policía para
conducir los automotores de esa institución, vehículos que excepto las
tanquetas del grupo antimotines, son exactamente los mismos de los
particulares» (sic).

Que «[…] se presentó por parte de los operadores disciplinarios de la Policía
Nacional, EXAGERACIÓN en la imputación del cargo […], y de ahí que
también se presenta la violación del debido proceso, en razón a que el
correctivo impuesto de DESTITUCION, es DESPROPORCIONADO para la
conducta en la cual pudo incurrir el policial […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación fueron concedidos en audiencia de 9 de diciembre de
2019 (ff. 700 y 701) y admitidos por esta Corporación a través de proveído de
15 de septiembre de 2020 (f. 705), en el que se dispuso la notificación personal
al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de
los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 15 de febrero de 2021 (f. 707), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que
guardaron silencio (f. 708).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión de primera instancia de 29 de septiembre de 2014, proferida por
el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana
de Popayán, dentro del expediente disciplinario MEPOY-2014-39, por la cual
se sancionó al accionante con destitución e inhabilidad general por el término
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de doce (12) años para ejercer cargos públicos (ff. 111 a 128).

3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 11 de febrero de 2015, con el
que el inspector delegado regional de policía cuatro confirmó aquella
determinación (ff. 130 a 141).

3.2.3 Resolución 1340 de 10 de abril de 2015, expedida por el director general
de la Policía Nacional que ejecutó la sanción.

3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal propósito, examinará si
los actos acusados fueron expedidos sin prueba suficiente para imponer la
sanción, con expedición irregular, falsa motivación y con violación del debido
proceso, conforme a las acusaciones de la demanda, o si se encuentran ajustados
a derecho, como lo asegura la demandada en el escrito de apelación.

3.4 Marco normativo - régimen disciplinario de la Policía Nacional. En
virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos
217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Carta Política, facultó al
legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales
servidores.

En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario
de la Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «[…] el
personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo
58 prevé que el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen
disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002, o la
norma que la modifique.

Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta
normativa en lo concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario
Único (CDU) o Ley 734 de 2002 en el campo procedimental, como ocurrió en
el caso sub examine.

12

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3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

i) «Polígama» 84 de 24 de abril de 2014, en el que el jefe seccional de tránsito
y transportes metropolitana de Popayán informa sobre la colisión del vehículo
conducido por el demandante (ff. 67 y 68).

ii) Auto de apertura de indagación preliminar P-MEPOY-2014-44 de 25 de
abril de 2014, suscrito por la jefe de la oficina de control interno de la policía
metropolitana de Popayán (ff. 70 a 72).

iii) Informes de tránsito y plano del choque de los dos vehículos (ff. 165 a
167 y 170 a 177).

iv) Declaraciones de los señores patrullero Milton Arbey Torres Córdoba, Luis
Fernando Suaza Tovar, intendente Javier Alexánder Ñánez López, subteniente
Yiselly Enith Córdoba Ordóñez y patrullero Juan Pablo Serna Peña Serna (ff.
178 a 189 vuelto).

v) Reposa en el expediente copia de la actuación disciplinaria adelantada por
la Policía Nacional contra el accionante, desde la apertura de indagación
preliminar hasta la expedición de los actos censurados (cuadernos 1 a 3).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia una violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
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particularmente reiterativa en que, en los trámites de naturaleza disciplinaria,
los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera rigurosa el
derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de aquellas
garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico aplicable en
todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias de este tipo
de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado
desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de
debido proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de
actuación disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la
autoridad disciplinaria, son los siguientes4:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal
o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y
precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas
conductas dan lugar y la calificación provisional de las
conductas como faltas disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas
que fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que
la motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y
aplicables a todas las actuaciones disciplinarias5: “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de

4
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
5
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas
T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
14

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publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la
doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio
de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 6.

3.7 Caso concreto relativo al problema jurídico derivado de las causales de
anulación invocadas en la demanda. De antemano, reitera esta Colegiatura
que si bien la garantía del debido proceso abarca un conjunto de principios
materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las autoridades,
que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se
puede desconocer que los actos de la Administración gozan de la presunción de
legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 del CPACA7, indemnidad
que adquiere mayor connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias
de carácter disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la
participación activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa
técnica, con ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en
sede judicial se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de
corrección, y por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la
presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.

3.7.1 De la falta de competencia de las autoridades administrativas
disciplinarias para ejercer la potestad sancionatoria por accidentes de
tránsito. Recuerda la Sala que el régimen sancionatorio administrativo castiga
de los servidores estatales es la conducta violatoria del deber funcional a su
cargo sin justificación, no el resultado.

Al respecto, ha sostenido la Corte Constitucional que «[C]on el régimen
disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el
comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos,
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su
cargo”; propósito que está en armonía con lo preceptuado en el artículo 209
de la C.P. [Constitución Política], porque como se expresó antes, sin un sistema
punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría
imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los
principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

6
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
7
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]».
15

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imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional 8»
(sentencia C-721 de 2015).

Lo anterior subyace en la teleología del artículo 5° («ILICITUD
SUSTANCIAL») de la Ley 734 de 2002, que establece: «La falta será
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», asunto
en torno al cual también ha expresado la jurisprudencia constitucional que lo
que genera el reproche de la Administración al agente estatal no es propiamente
la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función pública, sino los
comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los
deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan9.

La citada Corporación, en sentencia C-530 de 200310, precisó la naturaleza de la
potestad sancionadora del Estado, en materia de tránsito, en los siguientes
términos:

La regulación de tránsito, la potestad administrativa sancionadora
y el debido proceso.

3.- El tránsito terrestre es una actividad que juega un papel trascendental
en el desarrollo social y económico, y en la realización de los derechos
fundamentales. A esta actividad se encuentran ligados asuntos tan
importantes como la libertad de movimiento y circulación (CP art. 24)
y el desarrollo económico. Pero la actividad transportadora terrestre
implica también riesgos importantes para las personas y las cosas. Por
lo anterior, “resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de los
modos de transporte sino garantizar su seguridad” 11, lo cual supone
una regulación rigurosa del tráfico automotor.12

La importancia y el carácter riesgoso del tránsito terrestre justifican que
esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el Legislador,
quien puede señalar reglas y requisitos destinados a proteger la
integridad de las personas y los bienes. Por ello esta Corte ha resaltado
que el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha considerado
legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de
garantizar el orden y proteger los derechos de las personas”13. Así, el

8
Sentencias de la Corte Constitucional C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-811 de 2003 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
9
Sentencia C-181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
10
Fallo de 3 de julio de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
11
Ver, entre otras, la sentencia C-066 de 1999, Fundamento 4.
12
Sentencia T-258 de 1996. Fundamento 7. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996,
C-309 de 1997 y C-066 de 1999.
13
Sentencia C-309 de 1997. Fundamento 19.
16

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control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no
debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa
amplitud de la libertad de configuración del Legislador.

4- La regulación del tránsito se funda en gran medida en la concesión a
ciertas autoridades –las autoridades de tránsito- de la facultad de
imponer sanciones a aquellos conductores que infrinjan las normas que
buscan proteger la seguridad de las personas. Por ello es necesario que
la Corte recuerde brevemente el ámbito constitucional de esas
potestades sancionadoras de las autoridades estatales.
[…]
6- En el presente caso, adquiere particular relevancia, el derecho
administrativo sancionador, puesto que en general la investigación y
sanción de las infracciones de tránsito son atribuidas a autoridades
administrativas. Este derecho administrativo sancionador es una
manifestación de poder jurídico necesaria para la regulación de la vida
en sociedad y para que la administración pueda cumplir adecuadamente
sus funciones y realizar sus fines14. Aunque se ejercita a partir de la
vulneración o perturbación de reglas preestablecidas, tiene una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro
sancionador como consecuencia del incumplimiento de las
prescripciones normativas. Por ello esta Corporación ha señalado que
"la potestad administrativa sancionadora de la administración, se
traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para
reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un
complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el
cumplimiento de las decisiones administrativas.” 15
[…]
9.- En resumen, la potestad punitiva del Estado agrupa el conjunto de
competencias asignadas a los diferentes órganos para imponer
sanciones de variada naturaleza jurídica. Por ello, la actuación
administrativa requerida para la aplicación de sanciones, en ejercicio de
la potestad sancionadora de la administración - correctiva y
disciplinaria- está subordinada a las reglas del debido proceso que
deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de
ilícitos penales (CP art6. 29), con los matices apropiados de acuerdo
con los bienes jurídicos afectados con la sanción.

Conforme a los lineamientos antes trazados, para esta Corporación es claro que
en materia de tránsito el bien jurídico tutelado es diferente al concernido en las
conductas de los servidores públicos reguladas por el régimen disciplinario. El
primero atañe a una actividad de riesgo, como lo es la conducción de

14
Sentencia C-597 de 1996.
15
Sentencia C-214/94
17

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automotores, mientras que el segundo, a la moralidad administrativa en el
incumplimiento de los deberes.

En otras palabras, en asuntos de tránsito existen principios de configuración
sancionatorios diferentes, de manera que su tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad son autónomos, es decir, que la exigencia de descripción
específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y el reproche
punitivo por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas
y otras, comportan un sistema propio de derecho sancionatorio de tránsito; que
es disímil e irreductible respecto del grado de culpabilidad o responsabilidad
del régimen disciplinario que rige a los servidores públicos, que, en últimas, es
un juicio personal de reproche por la acción, omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.

Precisado el marco conceptual de la regulación del tránsito y del ejercicio de la
potestad administrativa sancionadora frente a los servidores públicos, esta
Corporación procede a revisar los cargos primero y tercero, de los cuales fue
absuelto el demandante en sentencia de primer grado.

En el primer cargo, se le imputó al demandante que «infringió Ley 1015 del 07
de febrero de 2006, [por la cual] se expide el régimen disciplinario para la
Policía Nacional, en su Libro I, Título VI, DE LAS FALTAS Y DE LAS
SANCIONES DISCIPLINARIAS, CAPÍTULO I. Clasificación y Descripción de
las Faltas, Artículo 34, numeral 21. Respecto de los bienes y equipos de la
Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley,
reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas: a)
Retenerlos, ocultarlos o apropiárselos; b) Usarlos en beneficio propio o de
terceros; c) Darles aplicación o uso diferente; d) Extraviarlos, permitir que se
pierdan, dañarlos, cambiarlos o desguazarlos; e) Entregarlos a personas
distintas de su verdadero dueño; f) Malversar los o permitir que otros lo hagan;
g) Conducirlos un operarlos sin el debido permiso o autorización, en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física
o psíquica» (sic a todo el texto y las subrayas son originales).

En síntesis, como razones de la sanción, la autoridad disciplinaria adujo las
siguientes:

• Existe prueba legalmente allegada que lleva al despacho a tener
certeza de la responsabilidad del investigado.
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• No hay prueba alguna que genere duda al despacho para no
responsabilizar [al demandante] ante[s] por el contrario todas
concluyen que este ocasionó el accidente de tránsito en el cual la
patrulla policial marca Renault línea Duster con sigla 64-0365 modelo
2014, resultó con graves daños, los cuales según cotización ante un
centro de servicios de la marca MAZDA se refiere que los mismo[s]
tienen un valor de $26.999.264.
• Es irreprochable [sic] que un servidor público en ejercicio de sus
funciones oficiales haya infringido normas de tránsito, y producto de
dicha infracción haya ocasionado daños cuantiosos a un bien del
Estado, como lo fue un vehículo, el cual estaba al servicio de toda la
comunidad.
• Su conducta causó detrimento en la administración pública, no sólo
por los gastos que se ven de asumir para la regla de la patrulla, sino que
además y lo más importante, es que una comunidad dejará de tener al
servicio de vigilancia un vehículo policial.

Respecto del tercer cargo, se indicó que «infringió Ley 1015 del 07 de febrero
de 2006, [por la cual] se expide el régimen disciplinario para la Policía
Nacional, en su Libro I, Título VI, DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS, CAPÍTULO I. Clasificación y Descripción de las Faltas,
Artículo 35, numeral 20. Respecto de los bienes y equipos de la Policía
Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos
o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas: a) Incurrir en
negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo, conservación
o control; […]» (sic y las subrayas son del texto).

Como fundamento de reproche sancionatorio, sintetizó:

• Existe plena prueba que lleva despacho a observar con certeza que [el
actor], imprudentemente condujo el vehículo policial, y producto de
dicha imprudencia en su manejo causó un accidente de tránsito.
• Es claro que el investigado con su proceder infringió normas de
tránsito, así en peligro de su vida y la de [otros] conductores.
• Es irreprochable [sic] desde todo punto de vista que un servidor
público no actúe con prudencia en el manejo de los bienes del Estado,
como lo fue en el presente caso la conducción de un vehículo
institucional, patrulla policial y que por su imprudencia haya causado
daños cuantiosos al mismo, causando [así] detrimento en la vía del
Estado y menoscabo de la buena marcha de la administración pública.

Como se observa de las conductas imputadas al demandante y las conclusiones
a las que arribó la oficina de control disciplinario de la policía metropolitana de
19

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Popayán, confirmada en segunda instancia, se observa que esta asumió las
competencias de las autoridades de tránsito, al deducir, además, sin los
elementos de prueba suficientes, como lo destacó el a quo, que el demandante
fue el responsable de la colisión y de los daños ocasionados al vehículo. Este
análisis le está vedado a la autoridad administrativa disciplinaria, pues esta es
función de la autoridad de tránsito.

Comoquiera que las autoridades disciplinarias de la Policía Nacional
sustentaron la responsabilidad subjetiva del demandante en el daño ocasionado
al vehículo y que este a su vez se causó por las presuntas «infracciones de
tránsito», la decisión sancionatoria se adoptó sin la experticia acerca de este
tipo de contravenciones, las dos versiones de la colisión y la totalidad de
pruebas; y, lo más relevante por la ley, sin autorización para asumir la
valoración comportamental por el hecho del choque de los vehículos.

Así las cosas, el recurso de apelación impetrado por la parte demandada no
prospera y, por ende, resulta acertada la decisión del Tribunal, que declaró no
probada la configuración de los cargos primero y tercero, imputados al
encartado.

3.7.2 Se estableció la comisión de la falta (tipicidad), la ilicitud sustancial
de la conducta que motivó la sanción, pero dentro de una conducta grave.
Dentro de los parámetros anteriores, la Policía Nacional, en el cargo segundo,
investigó y sancionó al demandante por haber conducido un vehículo de esa
institución, sin cumplir la normativa interna y haberlo colisionado.

Así se le imputó la conducta disciplinaria: «infringió Ley 1015 del 07 de febrero
de 2006, [por la cual] se expide el régimen disciplinario para la Policía
Nacional, en su Libro I, Título VI, DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS, CAPÍTULO I. Clasificación y Descripción de las Faltas,
Artículo 34, numeral 21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía
Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos
o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas: a) Retenerlos,
ocultarlos o apropiárselos; b) Usarlos en beneficio propio o de terceros; c)
Darles aplicación o uso diferente; d) Extraviarlos, permitir que se pierdan,
dañarlos, cambiarlos o desguazarlos; e) Entregarlos a personas distintas de
su verdadero dueño; f) Malversar los o permitir que otros lo hagan; g)
Conducirlos un operarlos sin el debido permiso o autorización, en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física
20

Expediente: 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020)
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o psíquica» (sic para todo el texto y las subrayas son originales). Es decir, la
norma precitada tiene como bien jurídicamente tutelado el uso indebido de los
bienes que están a cargo de la Policía Nacional.

Consecuente con el cargo disciplinario imputado, la oficina de control
disciplinario de la demandada, en la decisión sancionatoria de primera instancia,
presentó las siguientes razones:

• A los servidores públicos les está obligado el observar y acatar la
normatividad y reglamentos internos de la institución.
• Que ha debidamente demostrado que [la parte demandante] para la
fecha de los hechos en que sufrió el accidente de tránsito con la patrulla
policial, este no contaba con el certificado de idoneidad.
• Con la infracción a los reglamentos e inobservancia a los requisitos
para la conducción de vehículos policiales, se produjo un detrimento a
la buena marcha de la administración y un detrimento en el patrimonio
y bienes del Estado.
• Con su proceder y al no haber puesto de presente a sus superiores que
no le era viable el conducir vehículos policiales por cuanto no contaba
con el correspondiente certificado de idoneidad, puso en peligro su
propia integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública [sic
para toda la cita].

Todo lo expuesto demuestra que las conductas irregulares atribuidas al
demandante tuvieron ocurrencia, lo que constituyó incumplimiento del deber
funcional y que corresponde a la descripción típica de carácter grave, mas no
gravísimo, como lo calificó la Administración, y a título de dolo.

En efecto, en este cargo se le censuró al actor que incumplió los numerales 5.9,
5.91 y 5.92 del manual logístico de la Policía Nacional (Resolución 3295 de 15
de octubre de 2015).

Sea lo primero indicar que para la fecha de ocurrencia de los hechos
investigados, 24 de abril de 2014 (f. 4, cuaderno 1), ese manual no estaba
vigente por expresa derogatoria del nuevo contenido en Resolución 4935 de 12
de diciembre de 2013, «Por la cual se expide el Manual Logístico de la Policía
Nacional», que, en su artículo 178, al regular su vigencia consagró: «La
presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución No. 03559 del
28 de septiembre de 2011 “mediante la cual el Director General expide el
Manual Logístico de la Policía Nacional”». Sin embargo, se observa que ambas
21

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normas (la derogada y la nueva) tienen el mismo contenido sustancial, por ende,
resulta procedente su aplicación; véase:

5.9, 5.91 y 5.92 de Resolución 3295 de 15 de Artículo 49, numerales 1 y 2, de Resolución
octubre de 2015 4935 de 12 diciembre de 2013
5.9 CONDUCCIÓN Y MEDIDAS DE ARTÍCULO 49º CONDUCCIÓN Y
SEGURIDAD: MEDIDAS DE SEGURIDAD:
5.9.1 Requisitos para la conducción de vehículos 1 Requisitos para la conducción del
de la Policía Nacional. componente de movilidad de la Policía
La conducción de automotores que conforman el Nacional. La conducción de automotores que
equipo automotor de la Policía Nacional será conforman el componente de movilidad de la
autorizada al personal uniformado que tenga Policía Nacional será autorizada al personal
licencia de conducción, expedida por autoridad uniformado que tenga licencia de conducción,
competente y de la categoría correspondiente al expedida por autoridad competente y de la
vehículo conducido; de acuerdo con la norma categoría correspondiente al vehículo
vigente, además de este debe presentar conducido; de acuerdo con la norma vigente.
certificado de idoneidad. Internamente, los Además de este, debe presentar certificado de
directores, los comandantes de policías idoneidad. Internamente, los directores, los
metropolitanas, los comandantes de comandantes de policías metropolitanas, los
departamento y los directores de las escuelas de comandantes de departamento y los directores
policía quedan facultados para autorizar la de las escuelas de policía quedan facultados
conducción del componente policial al personal para autorizar la conducción del componente
bajo su mando, mediante acto administrativo y policial al personal bajo su mando, mediante
previo cumplimiento de los requisitos anteriores. acto administrativo y previo cumplimiento de
los requisitos anteriores.
5.9.2 Certificado de idoneidad.
El personal que conduzca vehículos de la 2 Certificado de idoneidad. El personal que
Institución deberá obtener el certificado de conduzca automotores de la Institución deberá
idoneidad expedido por la Escuela de Seguridad obtener el certificado de idoneidad expedido
Vial de la Policía Nacional, además portará los por la Escuela de Seguridad Vial de la Policía
elementos y documentos exigidos por la ley. Nacional, además portará los elementos y
Parágrafo: Queda totalmente prohibido conducir documentos exigidos por la ley. Queda
con ropa de civil vehículos de la Policía totalmente prohibido conducir con ropa de
Nacional identificados con colores y simbología civil automotores de la Policía Nacional
institucional. El uniforme debe ser acorde con el identificados con colores y simbología
servicio a cumplir. institucional. El uniforme debe ser acorde con
el servicio a cumplir.

En suma, el demandante estaba en el deber de tener, además de la licencia de
conducción en la categoría de camionetas, documento que portaba en la
categoría B216 y fue presentado a las autoridades de tránsito (f.117 c. 1), el
«certificado de idoneidad» para conducir los vehículos a cargo de la Policía
Nacional, lo que, sin duda, comporta una violación del manual logístico de ese
ente, en la norma ya precisada.

16
B2 permite conducir: camiones rígidos, buses y busetas de servicio particular. Los conductores a su vez están
habilitados para manejar vehículos pertenecientes a la categoría inferior: automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.
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Ahora bien, el desconocimiento de ese manual logístico, por supuesto, comporta
una omisión, pero de ahí a que se pueda deducir que ese descuido hubiese
causado un «detrimento a la buena marcha de la administración y un
detrimento en el patrimonio y bienes del Estado» o que «puso en peligro su
propia integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública», existe
una gran distancia.

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, en su artículo 19, señala los requisitos
de idoneidad para el manejo de un vehículo17, en este caso una camioneta, los
cuales el actor cumplió. De manera que el hecho de exhibir la licencia de
conducción, «expedida por autoridad competente y de la categoría
correspondiente al vehículo conducido», es suficiente para demostrar que podía
conducir la camioneta.

Resulta claro que no existe un nexo causal entre la falta del «certificado de
idoneidad», que pide la Policía Nacional a sus miembros para poder conducir
un automotor, y la colisión en la que estuvo involucrado el demandante el 24 de
abril de 2014. En otras palabras, no por el hecho de que un policial tenga el
mencionado certificado de idoneidad se puede inferir que sea exento de estar
comprometido en una colisión, sin embargo, la Sala no desconoce el valor y la
importancia de los cursos y el entrenamiento que la Policía Nacional otorga a

17
«Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos automotores quien acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
Para vehículos particulares:
a) Saber leer y escribir.
b) Tener dieciséis (16) años cumplidos.
c) Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción para vehículos particulares, ante las autoridades
públicas o privadas que se encuentren debidamente registradas en el sistema RUNT.
d) Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística
registrado ante el RUNT.
e) Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por una
Institución Prestadora de Salud o como un Centro de Reconocimiento de Conductores, registrado ante el
RUNT.
Para vehículos de servicio público:
Se exigirán los requisitos previstos en los literales a, d y e anteriormente señalados. Adicionalmente, tener por
lo menos dieciocho (18) años cumplidos y aprobar el examen teórico y práctico de conducción de conformidad
con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.
Los conductores de servicio público deben recibir capacitación y obtener la certificación en los temas que
determine el Ministerio de Transporte.
PARÁGRAFO. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, o la renovación
de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación
motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos,
que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los
parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza
visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación
entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores
y la podría horizontal y vertical».
23

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sus integrantes, por ello, al omitirlo se incurre en la comisión de una falta
disciplinaria grave, como se indicó.

Los medios probatorios recaudados durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo consagra
el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que
la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los
tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función
pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.

Para la Sala, existe certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad
del investigado, pues las pruebas practicadas dan claridad acerca de la comisión
de la conducta, no obstante, la gravedad de la conducta, en los términos del
artículo 142 de la Ley 734 de 200218, no aparece como cierta e indiscutible.

Empero, en los actos acusados no se hizo un análisis integral de las evidencias
probatorias; es más no se explicó ni justificó con suficiencia por qué se le
calificó la conducta como gravísima y a título de dolo, lo que comporta una
expedición irregular y por falsa motivación, toda vez que no existen razones
suficientes para sancionar al demandante con destitución e inhabilidad por un
término de doce (12) años.

Efectivamente, para graduar la sanción, la Policía Nacional razonó así:

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUACION DE
LA SANCIÓN
Ante el segundo cargo:
Artículo 34, num. 21. “respecto de los bienes y equipos de la Policía
Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley,
reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas,
sin la debida autorización” cuya conducta la cometió a título de dolo, la
sanción a imponer conforme a lo descrito en el artículo 39 de la norma

18
«ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en
el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado».
24

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ibídem, num.1 “ para las faltas gravísimas realizadas con dolo, destitución
e inhabilidad general por el término de diez (10) y veinte (20) años”.
[…] Por lo anterior y en el tendido [sic] que la sanción más gravosa ante
las faltas endilgadas […] Es la institución, será esta la que ha de
imponerse, y respecto a la inhabilidad general, será incrementada hasta en
dos años, por cuanto al igual fue encontrado responsable de infringir dos
faltas más, como ya quedó explicado y demostrado.

Como se lee, la sanción impuesta fue producto de la exégesis, por lo que resulta
injusta, desproporcionada y arbitraria, pues no tuvo en cuenta que el requisito
de idoneidad para manejar un vehículo es la licencia de conducción, que el
demandante tenía en su haber, y lo que le faltó fue realizar un trámite interno
para cumplir un manual logístico, entendido este último como «4. f. Conjunto
de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una
empresa o de un servicio, especialmente de distribución»19.

Lo antedicho sin desconocer que el demandante prestaba sus servicios en una
institución jerarquizada, como lo es la Policía Nacional, donde recibió órdenes
de dos de sus superiores, un intendente y una teniente, quienes simplemente se
excusan en que le preguntaron al demandante si tenía la idoneidad y su dicho
fue suficiente para que el primero le entregara el vehículo y la segunda para que
la transportara a su lugar de labores. Esta situación también debió ser valorada
para calificar la gravedad de la conducta que, eventualmente, pudo haber
cometido.

En otras palabras, la autoridad disciplinaria omitió dar cumplimiento a los
artículos 36, numeral 20, letra b, y 37 de la Ley 1015 de 2006, que prevén:

ARTÍCULO 35. FALTAS GRAVES. <Ley derogada a partir del 29 de
marzo de 2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022> Son faltas
graves:
20. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros
puestos bajo su responsabilidad:
[…]
b) Conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización;
[…]

Es decir, la norma precitada tiene como bien jurídicamente tutelado el uso, sin
cumplir las formalidades establecidas, de los bienes que están a cargo de la
Policía Nacional.

19
Cfr. www.rae.es
25

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ARTÍCULO 37. […]
PARÁGRAFO. Para efectos de determinar la gravedad o levedad de la
falta, por vía de remisión, constituye falta gravísima la que está
taxativamente señalada en la ley o aquella que constituya causal de mala
conducta. En las demás, se determinará si la falta es grave o leve con
base en los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando en la Institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. <Numeral corregido por Nota Aclaratoria publicada en el Diario
Oficial 46.196 de febrero 28 de 2006. El texto corregido es el siguiente:>
Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se
apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el
nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o
de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de
participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a
cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en
circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,
debidamente comprobadas.

En esta dirección, la Sala enfatiza que, tal como lo consagra la Ley 1015 de
2006 (artículo 25), «La disciplina es una de las condiciones esenciales para el
funcionamiento de la Institución Policial e implica la observancia de las
disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el
deber profesional»; «Del mantenimiento de la disciplina son responsables
todos los servidores de la Institución. La disciplina se mantiene mediante el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, coadyuvando con
los demás a conservarla» (artículo 25).

Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular enrostrada al accionante
tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento del deber funcional imputado,
pero con una equivocada inteligencia de la norma tanto en el pliego de cargos
como en las decisiones de primera y segunda instancias, porque imputan una
graduación ajena a la realidad. Se insiste, la presunta omisión o
desconocimiento del manual logístico corresponde a la descripción típica de
carácter grave y no gravísima, como erradamente se le calificó, lo que conlleva
declarar la nulidad de los actos acusados, pues, se repite, ninguno de los cargos
imputados dentro del procedimiento disciplinario fue demostrado.

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En cuanto a los derechos del demandante, constata la subsección que durante el
curso de la actuación administrativa se le vulneraron, puesto que, aunque
formalmente se le otorgaron, al equivocarse en la subsunción típica
disciplinaria, la Administración termina con una sanción excesiva y bajo una
conducta que no estaba enmarcada dentro de la tipicidad que le correspondía.

Conviene precisar que el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006 establece que
«constituye falta gravísima la que está taxativamente señalada en la ley o
aquella que constituya causal de mala conducta»; y, evidentemente, la
violación del reglamento logístico no fue la causa eficiente para que ocurriera
el accidente de tránsito, luego no está regulada de manera expresa como falta
gravísima, pero sí como grave (artículo 36, numeral 20, letra b), como ya se
anotó, amén de que la conducta de prestar el servicio de conductor bajo las
órdenes de sus superiores, intendente y subteniente, no puede considerarse mala
conducta.

Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que se debe revocar la sentencia
apelada, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en su lugar,
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, conforme a la
motivación, y ordenar el correspondiente restablecimiento del derecho.

3.8 Restablecimiento del derecho.

3.8.1 Reintegro al empleo. Solicita el accionante que se condene a la Policía
Nacional a que lo reintegre «al grado que ostentaba al momento de su retiro o
a otro de mayor categoría», sin solución de continuidad; a lo cual la Sala
accederá.

Lo anterior, en aplicación del concepto de restablecimiento del derecho, en el
sentido de que se ordena el reintegro de un servidor público con el consecuente
pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro
hasta el efectivo reintegro, como ficción de que las cosas vuelven a su estado
anterior, esto es, como si durante el tiempo en que se estuvo cesante, se hubiese
prestado el servicio y devengado el salario.

Lo dicho no desconoce que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-053 de
2015, estudió acciones de tutela contra sentencias judiciales, relacionadas con

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el ejercicio de la facultad discrecional de retiro de miembros activos de la fuerza
pública, específicamente de la Policía Nacional.

La Corte señaló, como precedente, que los actos discrecionales de retiro de
miembros de la Policía deben ser motivados y que, en estos casos, el juez de lo
contencioso-administrativo debía declarar la nulidad del acto administrativo y
ordenar el restablecimiento del derecho bajo los lineamientos previstos en la
sentencia SU-556 de 2014, esto es, que la «indemnización» para los asuntos de
retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
debe tener un tope, así:

[…] Las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin motivación
de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, son:
(i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo
que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto
mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado
a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario […] (negrilla fuera de texto).

En otras palabras, esa Corporación, sin carga argumentativa alguna y sin fijar
las reglas pertinentes, extendió los denominados «topes indemnizatorios» para
los servidores públicos provisionales a los miembros de la fuerza pública, que
fueran retirados del servicio activo en ejercicio de la facultad discrecional, y de
esta forma limitó su restablecimiento del derecho.

Se insiste, no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros de la
Policía Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados
vinculados en provisionalidad, dadas las particularidades del primero, tales
como: (i) el ingreso al servicio de los policiales se produce después de superar
un curso de formación para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar
su idoneidad, lo cual se relaciona más con un procedimiento meritocrático
propio de los empleados de carrera que, con una vinculación provisional; y (ii)
los policiales se encuentran sujetos a un régimen especial de carrera, ascenso y
retiro del servicio.

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En ese orden de ideas, acreditada la inexistencia de identidad entre el ingreso a
la carrera policial y la vinculación provisional de los empleados públicos, la
falta de justificación de la aplicación de la extensión de la limitación de la
indemnización mencionada en precedencia a los miembros de la institución
policial; y lo inicuo del argumento de pretender que el ciudadano le sea
impuesta una carga consistente en responder patrimonialmente a través de la
disminución de las sumas derivadas de una condena económica por cualquier
dilación procesal en el trámite de su contención que supere los 24 meses
autorizados como «indemnización», por la Corte Constitucional (tal como
acertadamente lo plantea el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado de la sentencia de unificación pluricitada), conduce
inexorablemente a que la sentencia SU-053 de 2015 en este caso sea inaplicable.

Corolario de lo anterior, esta Sala de decisión opta por mantener el precedente
de la sala plena, porque estamos ante una decisión del Consejo de Estado que
es el tribunal de cierre en materia de lo contencioso-administrativo y, además,
porque carece de motivación la limitación de los topes; como ya se explicó, la
Corte simplemente extendió una limitación de otra clase de empleados
(provisionales) a los escalafonados en las fuerzas militares y de policía 20.

Lo antes indicado porque el artículo 270 del CPACA prevé como sentencias de
unificación jurisprudencial las que profiera o haya dictado el Consejo de Estado
por importancia jurídica, trascendencia económica o social, por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia, las que decidan los recursos extraordinarios y
las que tengan relación con el mecanismo eventual de revisión previsto en el
artículo 36 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley
1285 de 2009.

Las sentencias de unificación contienen reglas que pasan a integrar el
ordenamiento jurídico, porque en su función de interpretación de la ley es de
carácter y aplicación obligatoria y vinculante21.

20
Así lo ha ordenado esta sección segunda, subsección A. Cfr. sentencia de 22 de marzo de 2018, expediente
11001-03-15-000-2018-00548-00, fallo de 28 de septiembre de 2017, radicación 11001-03-15-000-2018-
00548-00, entre otras.
21
La Corte Constitucional, en sentencia C-818 de 1 de noviembre de 2011, señaló que las decisiones de las
autoridades judiciales de cierre, como el Consejo de Estado, son vinculantes, porque emanan de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, de manera que su contenido y la regla o norma jurídica que
exponen, se identifican por su permanencia, identidad, carácter vinculante y obligatorio
29

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En el asunto sujeto a examen, se tiene que el uniformado ingresó al escalafón
policial el 16 de enero de 2012 (f. 250, c. 2) y fue retirado del servicio por
destitución, sin que se le demostraran los cargos disciplinarios imputados, por
ende, resulta procedente, en materia de restablecimiento del derecho, ordenar
su reintegro y el consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados de
recibir desde la fecha del retiro hasta el efectivo reintegro, y también se ordenará
que las sumas reconocidas sean indexadas, para que las cosas vuelvan a su
estado anterior.

3.9 Otros aspectos procesales.

3.9.1 Acto de ejecución. No se ordenará la nulidad de la Resolución 1340 de
10 de abril de 2015, expedida por el director general de la Policía Nacional, que
retiró al actor, pues se trata de un acto de mera ejecución, toda vez que lo único
que hace es cumplir las decisiones sancionatorias, que por el solo hecho de
anularse los anteriores, esta decisión decae o pierde su fuerza ejecutoria al
desaparecer sus fundamentos.

3.9.2 Condena en costas. Por último, frente a la condena en costas, la Sala
estima que según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso
(CGP), por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar
para tal fin aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo
incurrir. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de
diciembre de 201622, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
30

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Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por lo tanto, al
no observarse tal proceder de la parte demandada, no se impondrá dicha
condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
31

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nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 4 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Daniel
Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, conforme a la motivación. En su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las decisiones de primera instancia de 29 de
septiembre de 2014, proferida por el jefe de la oficina de control disciplinario
interno de la policía metropolitana de Popayán; y de segundo grado de 11 de
febrero de 2015, emitida por el inspector delegado regional cuatro de policía,
por las cuales se sancionó al demandante Daniel Ricardo Bello Álvarez con
destitución del cargo de patrullero en la Policía Nacional e inhabilidad general
por el término de doce (12) años para ejercer cargos públicos.

1.2 A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional a reintegrar al accionante Daniel
Ricardo Bello Álvarez en el cargo de patrullero o a otro de igual o superior
jerarquía desde cuando fue retirado hasta cuando sea reincorporado.

1.3 Ordénase a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones e incrementos salariales
dejados de devengar desde su desvinculación hasta cuando sea efectivamente
reincorporado. Declárase para todos los efectos salariales y prestacionales que
no existe solución de continuidad.

1.4 Las sumas que resulten a favor del demandante se actualizarán en su valor,
con aplicación de la siguiente fórmula:

índice final
R= Rh x -----------------
índice inicial

El valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico, que es lo
dejado de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales, por el
32

Expediente: 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Daniel Ricardo Bello Álvarez contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional

guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE, vigente a la fecha en que se debió hacer el pago por
el vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos tener en
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.

1.5 La accionada debe dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA.

2. Sin condena en costas

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

33

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