Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04990-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04990-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04990-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
26 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04990-00
Demandante: Edwin Reinaldo Garzón Calderón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04990-00
Demandante: EDWIN REINALDO GARZÓN CALDERÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE – La autoridad judicial accionada debió atender la regla fijada en la
sentencia SU-354 de 2017, según la cual los límites o topes indemnizatorios señalados en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 no aplican cuando se declara nulo el acto de
desvinculación de un empleado que desempeña un cargo de carrera.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Edwin Reinaldo Garzón
Calderón contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 12 de agosto de la presente anualidad, el señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón,
mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo,
a la salud y a la vida2, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 13
de febrero de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 19001 33-33-002-2014-00452-01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, AL MINIMO
VITAL, AL TRABAJO, A LA SALUD Y UNA VIDA DIGNA Y SEGURIDAD JURÍDICA,
vulnerados al señor EDWIN RONALDO GARZÓN CALDERÓN, en el fallo de
segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca con fecha del
13 de febrero de 2025, en el cual se decide adicionar al numeral tercero de la decisión
de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Popayán, un parágrafo indicando “el periodo a indemnizar no puede ser inferior a seis
(6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses” trasgrediendo con esta decisión los
derechos fundamentales mencionados inicialmente, al limitar el pago de los haberes
salariales y prestacionales a los que es acreedor el accionante.
1
Se advierte que el 29 de agosto de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocido el principio de seguridad jurídica.
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SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cauca con fecha del 13 de febrero de 2025, dentro del radicado número 19001
33-33-002-2014-00452-01, donde el parágrafo adicional al numeral tercero del fallo
en primera instancia limita los pagos de los salarios y prestaciones de pago total de
6 o 24 meses.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca, profiera una nueva
sentencia conforme a los criterios orientadores que se dispongan en la sentencia
favorable teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis y en consecuencia se revoque la
sentencia número 018 de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo
del Cauca el 13 de febrero del 2025 y se confirme la sentencia en primera instancia
emitida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán el 7 de junio
de 2024.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón ingresó al servicio de la Policía Nacional,
como patrullero, el 29 de octubre de 2003. Durante su vinculación fue privado de la
libertad por 6 meses, debido a una orden dictada dentro de un proceso penal, y
posteriormente fue absuelto.
4. Por cuenta de dicho suceso, el accionante afirma que padeció de afecciones
psiquiátricas que se diagnosticaron como «estrés postraumático», y que fueron tratadas
por el especialista hasta presentar una mejoría en su salud, razón por la cual fue
reintegrado al servicio luego de ser valorado por la Junta Médico Laboral del Área de
Sanidad del Departamento de Policía, Cauca, que, en acta del 7 de junio de 2013, le
determinó «depresión severa», como enfermedad de origen común, le asignó un 12% de
disminución en la capacidad laboral y ordenó su reubicación laboral.
5. En virtud de lo anterior, el señor Garzón Calderón fue reintegrado en el Área de Salud
Ocupacional, en donde se desempeñó como «responsable Salud Ocupacional», desde
el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2014.
6. Posteriormente, el accionante recurrió el anterior concepto, con el fin de que se
cambiara el origen de la enfermedad, de común a laboral, y se incrementara el índice de
disminución de la capacidad laboral.
7. En segunda instancia el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, con
acta 623 MDNSG-TML del 21 de febrero de 2014, dictaminó una «depresión severa»
que le originaba incapacidad permanente parcial del 20.5%, y decidió no recomendar la
reubicación del patrullero, en razón a que su diagnóstico clínico representaba un riesgo
para terceros y para la institución.
8. En consecuencia, el policial fue retirado del servicio mediante la Resolución 1962 del
21 de mayo de 2014, con fundamento en la causal denominada disminución de la
capacidad psicofísica, conforme al dictamen emitido por el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía.
9. Mediante la Resolución 3814 de 3 de marzo de 2014, la Subdirección General de la
Policía Nacional ordenó el reconocimiento y pago a favor del señor Edwin Reinaldo
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Garzón Calderón de una indemnización por incapacidad relativa permanente, que
ascendió a $5.185.611,69.
10. Contra la decisión de desvinculación, el señor Garzón Calderón interpuso el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitado en primera instancia por
el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán, que, mediante sentencia del 7 de junio
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, anuló el acto acusado, ordenó el
reintegro del patrullero sin solución de continuidad y el pago de todos los haberes
salariales y prestacionales dejados de percibir durante su desvinculación.
11. El fallo se apeló por la entidad demandada y el Tribunal Administrativo del Cauca,
con sentencia del 13 de febrero de 2025, (aquí censurada) lo confirmó, pero adicionó un
parágrafo al numeral tercero de la parte resolutiva, en el que señaló: «[e]l periodo a
indemnizar no puede ser inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24), contados
a partir de la fecha de desvinculación del demandante. Del monto a reconocer, la entidad
descontará los valores que el actor haya percibido por cualquier concepto laboral en el
sector público».
12. El señor Garzón Calderón considera que esa decisión vulnera los derechos
fundamentales invocados y que la tutela cumple con la totalidad de requisitos generales
de procedibilidad. Además, expone las siguientes causales especiales de procedencia:
13. La sentencia del 13 de febrero de 2025 desconoció el precedente horizontal
vinculante, dado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en un caso de
similares contornos (radicado 76001 33 33 013 2018 00034 01), ordenó a la Policía
Nacional pagar al demandante todos los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde la fecha de retiro hasta el reintegro al servicio.
14. Aunado a ello, asegura que el Tribunal accionado desconoció el «precedente judicial
de la decisión del fallo de primera instancia que reconoció el pago a todos los salarios
que le corresponden al señor EDWIN RONALDO GARZÓN CALDERÓN, por el tiempo
que fue retirado hasta su reintegro efectivo» (sic).
15. También se desconoció la sentencia proferida el 7 de abril de 2022 por la Sección
Segunda de esta Corporación, dentro del expediente con radicado 19001-23-33-000-
2015 00437-01 (1098-2020), en la cual se resolvió un caso similar al planteado en el
proceso de origen, y se ordenó como restablecimiento del derecho el pago de todos los
salarios devengados desde el retiro del servidor hasta el reintegro efectivo, dada que no
resultaban aplicables las reglas fijadas en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015 de la Corte Constitucional.
16. En suma, sostiene que «El señor Patrullero EDWIN RONALDO GARZÓN
CALDERÓN, es un funcionario de carrera en la Policía Nacional, regido por el régimen
de carrera de la Policía Nacional, y por tal razón no le es aplicable la sentencia SU -556
de 2014 de la Corte Constitucional que regula el pago de los 24 meses pero a
funcionarios de provisionalidad y por tanto como bien lo indica el Consejo de Estado de
su sentencia bajo el radicado 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017), el pago de
los salarios debe realizarse sin solución de continuidad, es decir desde el momento en
que se produjo su retiro hasta el momento de su reintegro».
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17. Violación directa de la Constitución. En tanto que la decisión judicial censurada es
contraria al artículo 1º Superior, que propugna por el respeto de la dignidad humana,
dado que privó al accionante de los medios económicos necesarios para satisfacer sus
necesidades básicas.
B. Trámite impartido e intervenciones
18. Mediante auto de 20 de agosto de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó
notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cauca,
como autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y, como terceros con interés, al ministro de Defensa y al director general de la
Policía Nacional, toda vez que las entidades que representan intervinieron en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-002-2014-00452-
00/01. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
19. La magistrada del Tribunal Administrativo del Cauca, ponente de la decisión
cuestionada, se remitió a las consideraciones esgridias en la sentencia atacada, toda vez
que considera que allí se realizó un análisis pormenorizado de las razones que sustentan
la decisión, sin que se evidencie vía de hecho alguna.
20. En consecuencia, solicitó que se niegue la solicitud de amparo, pues no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados.
21. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, señaló que no se avizora la
vulneración de los derechos fundamentales alegados, y que la protección de dichas
garantías no implica necesariamente la resolución favorable de los juicios.
22. En este caso, el Tribunal accionado adicionó la providencia de primera instancia de
conformidad con la orientación brindada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
556 de 2014, y, por ende, las pretensiones del accionante no están llamadas a prosperar.
23. Agregó que la tutela es improcedente ante la inexistencia de un perjuicio
irremediable, dado que el accionante aparece registrado en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, como cotizante activo del régimen contributivo.
24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
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D. Problema jurídico
26. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca adolece de los
defectos invocados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales del señor Edwin
Reinaldo Garzón Calderón.
E. Análisis de la Sala
F. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
27. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de censurada fue
proferida el 13 de febrero de 2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 12
de agosto de 2025, esto es, dentro de un término que resulta razonable.
28. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la
misma naturaleza3. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de
nulidad por inconstitucionalidad4, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por
la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una
petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente
un carácter general, impersonal y abstracto»5.
29. Subsidiariedad6. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
3 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de
tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela
ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta
(…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad
a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114
y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
5 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,
así como la sentencia T-131 de 2021.
6
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
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30. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
31. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que sustentan los
defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de
los recursos extraordinarios.
32. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
34. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
35. En el caso de estudio, la parte actora pidió que se ampararan sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la vida, que estima vulnerados
con ocasión de la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, en virtud de la cual se adicionó la sentencia del 7 de junio de
2024, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán, que accedió a las
súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en el sentido de limitar el periodo
a indemnizar debido al retiro ilegal del servicio, de conformidad con lo estipulado en la
sentencia SU-556 de 2014.
36. En el escrito de tutela, el accionante afirmó que la providencia cuestionada adolece
de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, de cuya sustentación se colige sin dificultad, que su desacuerdo se contrae
a indicar que se aplicó al policial una regla (limitación de la indemnización establecida en
la SU-556 de 2014) de la que no era destinatario por ser miembro de carrera de la Policía
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Nacional y por no encontrarse desempeñando un cargo en provisionalidad al momento
de su retiro del servicio.
37. En todo caso, recuérdese que, a la luz de lo establecido en las sentencias T-313 de
2018 y T-452 de 2022, dictadas por la Corte Constitucional, el juez de tutela tiene la
facultad de ejercer amplios poderes para efectos de interpretar la demanda 8, y en este
caso, sin dificultad alguna, con la sola lectura del libelo inicial, la Subsección entiende la
vulneración alegada por la parte actora se circunscribe a la indebida aplicación de la
regla de unificación establecida en la SU-556 de 2014, y así abordará el análisis
pertinente.
38. Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta los supuestos fácticos y jurídicos que
fundamentan la petición de amparo, la Subsección descarta que la parte actora pretenda
utilizar la acción constitucional como tercera instancia del proceso ordinario, dado que la
inconformidad esgrimida no se trata solo de una disparidad de criterios, ni a una mera
discrepancia en cuanto a la valoración probatoria, sino que se discute la posible
vulneración de las garantías constitucionales invocadas, en razón de la aplicación
indebida del criterio plasmado en una sentencia de unificación dictada por la Corte
Constitucional.
39. Obsérvese que el accionante pretende que el juez de tutela, bajo una perspectiva
constitucional, determine si el análisis realizado por la autoridad judicial accionada se
ajusta a los parámetros de razonabilidad que se exigen de las providencias judiciales.
40. Así mismo, es evidente que los cuestionamientos son de orden iusfundamental, más
aún si se considera que se trata de un expolicía que padece de una disminución de la
capacidad laboral del 20.5%, dictaminada por el órgano competente, que, justamente
originó su desvinculación de la institución.
41. Bajo esas consideraciones, la Subsección estima que la controversia suscitada por el
actor, aunque en principio versa sobre el pago del restablecimiento del derecho
pretendido, no se queda meramente en el plano económico o de la legalidad, sino que
trasciende al ámbito constitucional.
42. Así las cosas, una vez verificado que la acción de tutela de la referencia satisface la
totalidad de los requisitos generales para su procedencia, la Sala abordará el análisis de
fondo.
Caso concreto y solución del problema jurídico
43. Puntualmente, el accionante reprocha que la autoridad judicial accionada aplicó la
segunda regla sentada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, que
señala:
8 De hecho, en la sentencia T-452 de 2022, el alto tribunal constitucional también señaló que «a partir del principio iura
novit curia (“el juez conoce el derecho”), la carga del accionante consiste en presentar el fundamento fáctico de sus
pretensiones, mientras que al juez le corresponde la interpretación y adecuación de los hechos a las instituciones
jurídicas que sean aplicables a las situaciones planteadas por el primero». Y en la sentencia T-313 de 2018, la Corte
precisó que el rechazo de la tutela, regido por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se aplicará
cuando el juez de tutela «(i) no pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii)
haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3) días; (iii) este
término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv) llegue al
convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los hechos o
razones que motivan la solicitud de amparo».
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Demandante: Edwin Reinaldo Garzón Calderón
3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en los
casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un
cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y
cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido
provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a
la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin
que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda
exceder de veinticuatro (24) meses de salario. (negrilla de la Sala).
44. Revisada la documental allegada al expediente, se observa que, mediante providencia
del 7 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán, se
decidió favorablemente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto por el señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, y se dispuso:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acta No. 623 MDNSG-TML de 21 de
febrero de 2014 expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía cuanto recomendó la no reubicación laboral del señor Edwin Reinaldo
Garzón Calderón, por disminución de la capacidad sicofísica, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, y la nulidad de la Resolución No.
01962 de 21 de mayo de 2014 proferida por el Policía Nacional por medio de la cual
se retira del servicio activo al demandante.
SEGUNDO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a reintegrar al servicio al señor Edwin
Reinaldo Garzón Calderón identificado con cedula de ciudadanía No. 11.226.959,
sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando al momento del
retiro, según lo expuesto.
Se resalta que el cargo deberá ser desempeñado acorde a la disminución
dictaminada, atendiendo a su nivel de escolaridad, capacidades, habilidades y/o
destrezas, así como a la antigüedad en la institución, de acuerdo con lo señalado
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a
pagar al señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón identificado con cedula de
ciudadanía No. 11.226.959, todos los haberes salariales y prestacionales, propios
del cargo desempeñado y en los términos del régimen de la Fuerza Pública, desde
el momento en que fue desvinculado del servicio y/o desde que cesaron los pagos
salariales, hasta la fecha del reintegro efectivo, debidamente indexados según lo
expuesto, así como los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por el
mismo período.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
45. En la sentencia censurada, proferida el 13 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo del Cauca confirmó la providencia, pero adicionó la parte resolutiva así:
PRIMERO: ADICIONAR un parágrafo al numeral TERCERO de la sentencia emitida
el 7 de junio de 2024, por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Popayán, el cual quedará así:
“PARÁGRAFO: El periodo a indemnizar no puede ser inferior a seis (6) meses ni
superior a veinticuatro (24), contados a partir de la fecha de desvinculación del
demandante. Del monto a reconocer, la entidad descontará los valores que el actor
haya percibido por cualquier concepto laboral en el sector público”.
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46. Para fundamentar dicha decisión, la autoridad judicial accionada señaló:
Pese a lo anotado, se considera necesario modificar la decisión de primera
instancia, en la medida en que se debe limitar el restablecimiento conforme al
criterio fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 de 2014, en
la que se señaló que, frente a los empleados en provisionalidad, el periodo a
indemnizar no puede ser inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24)
y que sobre el valor resultante se debe descontar lo percibido por cualquier
concepto laboral. Así se expresó en el fallo: (…)
Al respecto, cabe resaltar que el criterio contenido en la Sentencia SU-556 de
2014, fue extendido a los miembros de la Fuerza Pública por parte de la misma
Corte Constitucional en la Sentencia SU-053 de 2015, en la que indicó:
“Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las
juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser
valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica que
se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de
desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan
esclarecer si hubo o no motivos para el retiro.
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben
considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i)
ordenar los eventuales reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii)
determinar los límites a las indemnizaciones que les serán reconocidas.
Específicamente deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera
que debe aplicarse el principio de igualdad entre los servidores públicos que
han sido desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución.”.
En este punto, la Sala considera conveniente aclarar que, como lo antes, si
bien, este Tribunal en algunas ocasiones previas se abstuvo de aplicar el límite
al restablecimiento del derecho adoptado en las Sentencias SU-556 de 2014 y
SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional ya citadas14, por cuanto existía
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en casos de reintegros que
no consideraba tal circunstancia15, lo cierto es que, en virtud de numerosas
sentencias de tutela emitidas por las diferentes secciones del Consejo de
Estado contra los Tribunales Administrativos a nivel nacional, incluido el del
Cauca16, en las que se ordenó rehacer sentencias en el sentido de que se
incorpore la posición unificada de la Corte Constitucional, se optó por acoger
tal criterio, a efectos de atender lo ordenado por el órgano de cierre sobre dicho
punto en los fallos constitucionales.
Incluso, es preciso resaltar que, en providencia del 30 de marzo de 2023, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió en
segunda instancia una acción de tutela que se interpuso contra este Tribunal
por aplicar el límite al restablecimiento del derecho en un caso de retiro por
disminución de la capacidad psicofísica de un uniformado, y en ella se indicó
que, en efecto, actualmente se debe extender dicha limitación a ese tipo de
servidores, conforme lo estableció la sentencia SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional17.
47. No obstante lo anterior, analizada la sentencia SU-053 de 2015, la Subsección
advierte que la regla de unificación referente al límite de la indemnización a pagar a los
servidores provisionales que son retirados del servicio sin motivación (establecida en la
SU-556/14), se extendió solo a un grupo de los miembros de la Fuerza Pública, esto es,
a quienes son desvinculados con fundamento en la causal de retiro denominada «por
voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía», en ejercicio de la facultad
discrecional y sin la motivación requerida para tales efectos.
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48. Sobre el particular, es pertinente señalar que el artículo 4º de la Ley 857 de 20039,
que modificó el Decreto Ley 1791 de 2000, reguló lo concerniente al retiro de oficiales y
suboficiales por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía, en cualquier
tiempo, por razones del servicio y en forma discrecional, «previa recomendación de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se
trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los
Suboficiales».
49. Ahora bien, en la sentencia SU-053 de 2015, la Corte Constitucional concluyó:
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o constitucionales
constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben considerar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i) ordenar los eventuales
reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii) determinar los límites a las
indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente deben observar la
Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse el principio de igualdad
entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en
contravía de la Constitución.
50. Empero, de la lectura íntegra de la providencia se colige que la expresión «ausencia
de motivación del acto de retiro», hace referencia a los casos en que la autoridad
nominadora, en ejercicio de la facultad discrecional, invoca como causal de
desvinculación el «retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la
Policía», y omite la mínima motivación exigida en esos casos (estándar mínimo de
motivación)10. Así lo señaló la Corte Constitucional:
Por ello, conjugando las tesis señaladas, la Sala Plena de esta Corporación, en
ejercicio de tal función unificadora, pasa a proponer el estándar mínimo de
motivación para que, en todo caso, prevalezca la interpretación que más se
acompasa con los postulados del Estado Social de Derecho, el principio de
legalidad y el respeto por los derechos fundamentales de los policías:
9 Artículo 4º. Retiro por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía Nacional. Por razones
del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o el Director General
de la Policía Nacional para el caso de los Suboficiales, podrán disponer el retiro de los mismos con
cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación
respectiva, para los Suboficiales.
El ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo podrá ser delegado en el Ministro de
Defensa Nacional, para el caso de los Oficiales hasta el grado de Teniente Coronel y en los Directores de
la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores
de las Escuelas de Formación para el caso de los Suboficiales bajo su mando, observando el
procedimiento que sobre el particular se señale en cuanto a composición y recomendaciones en el evento
de tal delegación respecto de la Junta Asesora y de Evaluación y Clasificación de que trata el inciso
anterior.
Parágrafo 1º. La facultad delegada en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía
Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación a que se refiere el
inciso anterior se aplicará para los casos de retiro del personal Nivel Ejecutivo y agentes bajo su mando,
a que se refiere el artículo 62 del Decreto-ley 1791 de 2000.
Parágrafo 2º. Los funcionarios competentes serán responsables por la decisión que adopten de
conformidad con la Constitución y la ley.
10 Sobre el particular, se pueden consultar las siguientes providencias: Sentencia del 2 de abril de 2020,
Radicado 11001-03-15-000-2019-04718-01, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas ; sentencia del 7 de abril de 2022, Radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01, Sección
Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Sentencia del 16 de enero de 2019, Radicado
11001-03-15-000-2018-04124-00(AC), Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés.
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i. Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía
Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones
en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén
sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de
motivación justificante es plenamente exigible.
iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad,
que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto discrecional y la
finalidad perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio.
iv. El concepto emitido por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe
estar precedido de un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello
desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente está instituida para la Policía
Nacional, en razón de función constitucional. No obstante lo anterior, la expedición
de ese concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los
entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que
deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto
administrativo de retiro, y las cuales servirán de base para evaluar si el retiro se
fundó en la discrecionalidad o en la arbitrariedad.
v. El afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron
lugar a la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora,
una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o
informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de
fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe
analizar, entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la
información adicional pertinente de los policiales.
vi. Si los documentos en los cuales se basa la recomendación de retiro del policía,
tienen carácter reservado, los mismos conservaran tal reserva, pero deben ser
puestos en conocimiento del afectado. El carácter reservado de tales documentos
se mantendrá, mientras el acto administrativo permanezca vigente.
vii. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las
juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser
valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica que se
confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de desempeño, las
pruebas relevantes y los demás documentos que permitan esclarecer si hubo o no
motivos para el retiro.
51. En todo caso, conviene señalar que, mediante la sentencia SU-354 de 2017, la Corte
Constitucional consideró que la subregla establecida en la sentencia SU-556 de 2014,
atinente al límite de la indemnización (mínimo 6 meses, máximo 24 meses), no resulta
aplicable cuando el desvinculado del servicio público se encontraba ocupando un empleo
de carrera11.
52. Aunado a lo anterior, es pertinente indicar que mediante sentencia del 7 de abril de
202212, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación unificó su criterio, con
11 «9.3. Ahora bien, en este caso no es procedente acoger la subregla según la cual la indemnización a
ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo
de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria
de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel
de los mismos y la desvinculación del servicio. Lo anterior, por cuanto el cargo que desempeñaba señor
Ramírez Zuluaga, según lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia que se ataca, era un verdadero
cargo de carrera lo que hacía que su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a la Constitución, lo
que impide aplicar una regla como la señalada, establecida por la naturaleza propia de los cargos de
provisionalidad».
12 Sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica CE-SUJ-SII-26-2022, radicado 52001-
23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).
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el ánimo de armonizar su postura con la tesis sentada por la Corte Constitucional en las
sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015, respecto del llamado «estándar
mínimo de motivación» exigible a las autoridades nominadoras al momento de ejercer la
facultad discrecional y aplicar la causal de retiro por voluntad del Gobierno al personal
uniformado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.
53. No obstante, en esta providencia, nada se dijo sobre el restablecimiento del derecho
en caso de anulación del acto de retiro de esto servidores públicos, que, a voces de la
Corte Constitucional, se concreta cuando a título indemnizatorio se ordena pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir por el demandante, sin que
la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.
54. Sobre la ausencia de unificación en esta específica materia también se pronunció
puntualmente la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en el fallo de
tutela del 2 de abril de 2020, en el que señaló13:
Pese a lo anterior, se advierte que la Sección Segunda del Consejo de Estado
no se ha pronunciado con respecto de la aplicación de las sentencias de
unificación en tutela SU-053 de 2015 y SU-556 de 2014 proferidas por la Corte
Constitucional. Lo que se denota en sede de lo contencioso administrativo, es
la reiteración del precedente instituido en la sentencia del 29 de enero de 2008
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado,14 en la que se dejó sentado
que en casos donde se ordene el reintegro de un trabajador con el
consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la
fecha del retiro hasta el efectivo reintegro, las cosas vuelven a su estado
anterior, esto es, como si durante el tiempo en que se estuvo cesante, el
trabajador hubiera prestado el servicio efectivamente y devengado el salario
correspondiente.
Bajo este contexto, esta Sala de decisión ha optado por señalar en casos
como el presente,15 que al ser el Consejo de Estado el tribunal de cierre en
materia de lo contencioso administrativo, no puede considerarse que el juez
ordinario incurre en vulneración de derechos fundamentales cuando no acoge
el criterio de la Corte Constitucional sentado en las sentencias SU-053 de
2015 y SU-556 de 2014.
55. Significa lo anterior que, en sede de tutela, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación avaló la aplicación del criterio acogido por la Sala Plena del Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2008, que, entre otras cosas,
estableció la procedencia de la condena del pago de todo lo dejado de percibir por el
empleado retirado ilegalmente desde la fecha de desvinculación hasta el reintegro
efectivo, a título de restablecimiento del derecho.
13 Radicado 11001-03-15-000-2019-04718-01, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2008, consejero
ponente: Jesús María Lemus Bustamante, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02(IJ), Actor:
Amparo Mosquera Martínez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2018, consejero
ponente: William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2018-00548-00, Actor: Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Colombia, Accionado: Tribunal Administrativo del Meta.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2017, consejero
ponente: William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2018-00548-00, Actor: Oscar Germán
Montoya Duque, Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
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56. Ahora bien, en sentencia del 7 de abril de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda16 (especializada en asuntos de índole laboral administrativo), expresamente se
apartó del límite de la indemnización a pagar en estos casos, acogido por la Corte
Constitucional en las SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, bajo los argumentos que a
continuación se transcriben:
Se insiste, no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros de la
Policía Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados
vinculados en provisionalidad, dadas las particularidades del primero, tales
como: (i) el ingreso al servicio de los policiales se produce después de superar
un curso de formación para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar
su idoneidad, lo cual se relaciona más con un procedimiento meritocrático
propio de los empleados de carrera que, con una vinculación provisional; y (ii)
los policiales se encuentran sujetos a un régimen especial de carrera, ascenso
y retiro del servicio.
En ese orden de ideas, acreditada la inexistencia de identidad entre el ingreso
a la carrera policial y la vinculación provisional de los empleados públicos, la
falta de justificación de la aplicación de la extensión de la limitación de la
indemnización mencionada en precedencia a los miembros de la institución
policial; y lo inicuo del argumento de pretender que el ciudadano le sea
impuesta una carga consistente en responder patrimonialmente a través de la
disminución de las sumas derivadas de una condena económica por cualquier
dilación procesal en el trámite de su contención que supere los 24 meses
autorizados como «indemnización», por la Corte Constitucional (tal como
acertadamente lo plantea el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado de la sentencia de unificación pluricitada), conduce
inexorablemente a que la sentencia SU-053 de 2015 en este caso sea
inaplicable.
Corolario de lo anterior, esta Sala de decisión opta por mantener el
precedente de la sala plena, porque estamos ante una decisión del Consejo
de Estado que es el tribunal de cierre en materia de lo contencioso-
administrativo y, además, porque carece de motivación la limitación de los
topes; como ya se explicó, la Corte simplemente extendió una limitación de
otra clase de empleados (provisionales) a los escalafonados en las fuerzas
militares y de policía 20.
Lo antes indicado porque el artículo 270 del CPACA prevé como sentencias
de unificación jurisprudencial las que profiera o haya dictado el Consejo de
Estado por importancia jurídica, trascendencia económica o social, por
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, las que decidan los recursos
extraordinarios y las que tengan relación con el mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
Las sentencias de unificación contienen reglas que pasan a integrar el
ordenamiento jurídico, porque en su función de interpretación de la ley es de
carácter y aplicación obligatoria y vinculante21.
En el asunto sujeto a examen, se tiene que el uniformado ingresó al escalafón
policial el 16 de enero de 2012 (f. 250, c. 2) y fue retirado del servicio por
destitución, sin que se le demostraran los cargos disciplinarios imputados, por
ende, resulta procedente, en materia de restablecimiento del derecho,
ordenar su reintegro y el consecuente pago de los salarios y prestaciones
dejados de recibir desde la fecha del retiro hasta el efectivo reintegro, y
16
Radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04990-00
Demandante: Edwin Reinaldo Garzón Calderón
también se ordenará que las sumas reconocidas sean indexadas, para que
las cosas vuelvan a su estado anterior.
57. Esta tesis continúa aplicándose por la Subsección B, verbigracia, en sentencia del 1º
de agosto de 202417, al resolver la segunda instancia de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se declaró la nulidad de un acto que retiró del
servicio a un miembro de la Policía Nacional, la Corporación, tras ordenar el reintegro y
la reubicación del uniformado desvinculado por disminución de la capacidad psicofísica,
condenó a la entidad al pago «de salarios y prestaciones sociales correspondientes al
cargo de Patrullero, que dejó de percibir desde su retiro hasta cuando se haga efectivo el
reintegro, previas las deducciones legales a que haya lugar». Es decir, que no aplicó los
límites establecidos en las SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.
58. Esta línea de interpretación también ha sido acogida por esta Subsección en múltiples
oportunidades, al resolver controversias de contornos similares a la actual, por ejemplo,
en sentencia del 12 de diciembre de 201918, consideró que las subreglas fijadas por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, para efectos
indemnizatorios, no resultan aplicables en los casos de retiro del servicio de los patrulleros
de la Policía Nacional, dado que dicho personal se encuentra adscrito a la carrera especial
de la Institución, y conforme a la subregla establecida en la sentencia SU-354 de 2017, el
límite indemnizatorio (mínimo 6 meses, máximo 24 meses), no es aplicable cuando el
empleado estaba inscrito en un cargo de carrera.
59. A la misma conclusión se llegó en las sentencias del 27 de agosto de 2020, proferida
dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-02700-00 (AC); del 4 de junio de 2021,
expedida en el radicado 11001-03-15-000-2021-01853-00 (AC); y del 7 de diciembre del
2021, emitida dentro del radicado 11001-03-15-000-2020-05157-01 (AC), entre otras.
60. De conformidad con lo analizado, en el presente asunto se advierte que el señor Edwin
Reinaldo Garzón Calderón pertenecía al nivel ejecutivo de la Policía Nacional en el grado
de patrullero, por lo que, en esos términos, es claro que desempeñaba un cargo de carrera
en la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 1791 de 2000
«por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional».
61. De manera que, dada la naturaleza del cargo —perteneciente, se insiste, a la carrera
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional— que desempeñaba el señor Garzón Calderón,
el Tribunal Administrativo del Cauca debió atender la regla fijada en la sentencia SU-354
de 2017, según la cual los límites o topes indemnizatorios señalados en las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 no aplican cuando se declara nulo el acto de
desvinculación de un empleado que desempeña un cargo de carrera; sin embargo, dicha
autoridad judicial no lo hizo así y, por ende, incurrió en desconocimiento del precedente.
62. Además, como se analizó en el transcurso de esta providencia, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda de esta Corporación (especializada en asuntos de índole
laboral administrativo), coinciden en señalar, por variadas razones, que los límites
indemnizatorios establecidos en las pluricitadas sentencias de unificación emitidas por la
17 Radicado 76001-23-33-000-2014-01463-01 (1765-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), expediente
11001-03-15-000-2019-04646-00 (AC).
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Demandante: Edwin Reinaldo Garzón Calderón
Corte Constitucional, no se aplican en los casos de retiro del personal de la Policía
Nacional.
63. Ahora bien, en la sentencia objeto de censura el Tribunal accionado justifica la
aplicación de la SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, en el hecho de que por vía de fallos
de tutela el Consejo de Estado ha dejado sin efectos decisiones anteriores en las que no
acogió tal límite indemnizatorio, sin embargo, revisados los fallos citados como respaldo
de dicha afirmación, se constató que fueron emitidos por las Secciones Primera y Cuarta
de esta Corporación, bajo una interpretación que no se acompasa con lo realizada por la
sección especializada en la materia, que, como ya se dijo, tanto en sede ordinaria como
en sede de tutela, se inclina por señalar que esas reglas jurisprudenciales no resultan
aplicables en materia de retiro del servicio de los miembros de la Policía Nacional.
64. También es cierto que la autoridad judicial accionada refiere que, en un caso de retiro
por disminución de la capacidad laboral, en sede de tutela, la Sección Segunda de esta
Corporación amparó los derechos de la entidad y ordenó la aplicación de la regla
jurisprudencial contenida en la sentencia SU-053 de 2015, no obstante, no identifica a
plenitud el antecedente en que fundamenta decisión y, en todo caso, la Sala no pierde de
vista que se habría tratado de un fallo de tutela que únicamente tiene efectos vinculantes
inter partes.
65. Bajo ese contexto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad y de reparación integral del señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón. Como
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, y se ordenará a dicha Corporación que, en un lapso
no mayor a treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
dicte una decisión de remplazo que se acompase al precedente fijado en la sentencia
SU-354 de 2017. Lo anterior, sin perjuicio de que, si la autoridad judicial llegara a
considerarlo, en ejercicio del derecho de apartamiento, exponga ampliamente las
razones por las cuales no va a aplicar la regla fijada por la Corte Constitucional en el fallo
señalado.
66. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y de reparación integral
del señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la sentencia del 13 de febrero
de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 19001 33-33-002-2014-00452-01, y (ii) se
ordena dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir
de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, en los términos
señalados en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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