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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02594-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02594-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02594-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Noveno
Administrativo de Popayán
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia
– relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 3 de junio 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Diver Alexander Papamija Bermeo, por intermedio de apoderado, formuló acción de
tutela mediante la cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia1, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca con
ocasión de la sentencia de 28 de noviembre de 2024, que revocó parcialmente el
fallo emitido el 31 de enero de 2023 por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Popayán y, en consecuencia, modificó la condena a la entidad
demandada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado número 19001-33-33-009-2018-00062-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor Diver Alexander Papamija prestaba sus servicios a la Policía Nacional
como patrullero-fusilero, desde el año 2010.

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado

0A6A75541A3AB26D 7B6AF4DC68D658A5 FDDA675B76865BD2 47B37A1F99B9CB06.

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

2.2. Mediante Orden de Servicios Nro. 361 DICAR-PLANE-AGESA.38.9, se designó
a seis patrulleros, entre ellos, al señor Diver Alexander Papamija Bermeo, para
prestar el servicio de seguridad en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, ubicado
en el Municipio de Guapi, Departamento del Cauca, en donde se encontraba
dispuesta una Estación de Policía para esa actividad.

2.3. El 22 de noviembre de 2014, el personal de policía fue atacado en la Estación
de Policía de la Isla Gorgona, y como consecuencia, el señor Papamija Bermeo
padeció lesiones a nivel auditivo y psicológico que fueron valoradas por la Junta
Médico Laboral en acta núm. 11147 del 11 de noviembre de 2016, en la que se
estableció un 29.13% de pérdida de capacidad laboral, sin posibilidad de
reubicación laboral.

2.4. Contra la anterior decisión el señor Papamija Bermeo interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar de
Policía, quien en Acta nro. M17-455 MDNSG-TML.41.1 registrada a folio nro. 196
del libro de Tribunal Medico Móvil de 27 de junio de 2017, dispuso incrementar el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral en un 33,06% y conservó la declaración
de no apto para actividad policial y sin reubicación laboral.

2.5. Posteriormente, el director general de la Policía Nacional, mediante Resolución
Nro. 04412 del 13 de septiembre de 2017, dispuso retirar del servicio activo de la
Policía Nacional al señor Diver Alexander Papamija, por disminución de la
capacidad psicofísica, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 inciso
1 y 55 numeral 3 del Decreto Ley 1791 de 2000.

2.6. Por lo anterior, el aquí accionante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional con el fin de que se infirmara la Resolución Nro. 04412
del 13 de septiembre de 2017. A título de restablecimiento deprecó que condenara
a la entidad demandada a i) reintegrarlo sin solución de continuidad al servicio activo
de la Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro; y “ii)
reconocer y pagar a la parte actora, el valor de los salarios, auxilios, primas,
bonificaciones, prestaciones sociales y demás beneficios económicos dejados de
percibir desde la fecha en que fue desvinculado del servicio, hasta el momento en
que sea reintegrado al mismo, descontando el valor cancelado por el
reconocimiento de la indemnización por incapacidad relativa y permanente. De la
liquidación que resulte, la entidad procederá efectuar los descuentos de ley a que
haya lugar, entendiéndose que para todos los efectos legales no ha existido solución
de continuidad en la prestación de los servicios”2.

2.7. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Popayán bajo el radicado número 19001-33-33-009-2018-00062-00,

2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado

A833CF6DE7A9F2EA 40EA1BA9DB687958 F2904FD11B009BCE 88E832A77FF615DC.
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

autoridad judicial que, mediante sentencia del 31 de enero de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que, aunque el acto de desvinculación se sustentó en el concepto emitido
por el Tribunal Médico Laboral, quien consideró que el uniformado no era apto para
reubicación laboral, la entidad omitió analizar el derecho a la estabilidad laboral
reforzada que le asistía al señor Papamija Bermeo, como consecuencia de la
pérdida de capacidad laboral calificada inicialmente en 29.13% y posteriormente
modificada en un 33.06%. Esto, por cuanto, de conformidad con el precedente de
la Corte Constitucional, a la Policía Nacional le correspondía, antes de la
desvinculación del actor, analizar de manera rigurosa, si sus capacidades
psicofísicas le permitían su reubicación en labores administrativas, o de docencia,
que garantizaran su continuidad en el servicio y se ajustaran de forma razonable a
su pérdida de capacidad laboral.

En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 4412 del 13 de septiembre de
2017, proferida por el director general de la Policía Nacional y a título de
restablecimiento del derecho concedió lo siguiente:

“SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la
NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL a : i) reintegrar,
sin solución de continuidad, al señor DIVER ALEXANDER PAPAMIJA BERMEO
al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento
de su retiro; y ii) reconocer y pagar a la parte actora, el valor de los salarios,
auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y demás beneficios
económicos dejados de percibir desde la fecha en que fue desvinculado del
servicio, hasta el momento en que sea reintegrado al mismo, descontando el
valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización (sic) por incapacidad
relativa y permanente.

De la liquidación que resulte, la entidad procederá efectuar los descuentos de
ley a que haya lugar, entendiéndose que para todos los efectos legales no ha
existido solución de continuidad en la prestación de los servicios”3.

2.8. Inconforme con la decisión, la entidad demandada presentó apelación.
Manifestó que, con sustento legal y el lleno de las exigencias contempladas en las
normas para que el acto administrativo tenga validez y relevancia en la vida jurídica,
la institución decidió retirar del servicio al actor, sin que hayan sido desvirtuadas las
decisiones tomadas por las autoridades médico laborales militares y de policía,
advirtiendo que se desistió de la práctica de dictamen médico por parte de la Junta
Regional de Invalidez, por lo que no existen pruebas idóneas para controvertir las
decisiones que llevaron al retiro por disminución de la capacidad psicofísica del
actor.

3 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
C1254DD63A1FDB35 98617F79F1DA294C 81292E427B15BD08 936E059F6E127F58, link del expediente
digital.
3

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

2.5. El Tribunal Administrativo del Cauca, a través de providencia del 28 de
noviembre de 2024 revocó parcialmente la decisión recurrida. Arguyó que, según el
criterio jurisprudencial vigente, el retiro del servicio del actor no era procedente, en
la medida que era viable, realizar un análisis completo de las posibles dependencias
y labores donde el señor Papamija Bermeo podría desempeñarse, además de
permitirle continuar con su rehabilitación y ofrecerle capacitación para efectos de
que se realizara determinadas labores a pesar de su discapacidad. Máxime
teniendo en cuenta la gran cantidad de personal y las innumerables áreas que
forman parte de la entidad policial.

Expuso que la entidad demandada lo retiró del servicio por la imposibilidad de
desarrollar actividad alguna al interior de la institución, sin verificar las opciones de
reubicación que tenía el accionante y sin otorgar la posibilidad de acceder a pensión
de invalidez, razón para confirmar en este aspecto la sentencia de primera instancia,
en tanto declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el reintegro del señor Diver
Papamija. No obstante, señaló que aclararía la orden, en el sentido de disponer que
el reintegro se realizaría con la reubicación del actor en un lugar de trabajo
adecuado, de acuerdo con sus capacidades y sin poner en riesgo su integridad.

Por otra parte, en cuanto al restablecimiento ordenado por el a quo, el tribunal indicó
que se dispuso el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue desvinculado del servicio,
hasta el momento en que sea reintegrado, con descuento del valor cancelado por
el reconocimiento de la indemnización por incapacidad relativa y permanente, lo
cual resultaba contrario a los límites establecidos en las sentencias SU-556 de 2014
y SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional, razón por la cual debía ser modificado.

Así entonces, luego de realizar una explicación del precedente jurisprudencial
advirtió que si bien, ese tribunal en ocasiones se abstuvo de aplicar el límite al
restablecimiento del derecho adoptado en las Sentencias SU 556 de 2014 y SU 053
de 2015 de la Corte Constitucional, por cuanto existía jurisprudencia de unificación
del Consejo de Estado en casos de reintegros que no consideraba tal circunstancia4,
lo cierto es que, en virtud de varias sentencias de tutela emitidas por las diferentes
secciones del Consejo de Estado contra los Tribunales Administrativos a nivel
nacional, incluido el del Cauca, en las que ordenó rehacer sentencias en el sentido
de que se incorpore la posición unificada de la Corte Constitucional, optó por acoger
tal criterio, a efectos de atender lo ordenado por el órgano de cierre sobre dicho
punto en los fallos constitucionales.

En consecuencia, señaló que el periodo a indemnizar no podía ser inferior a seis
meses ni superior a veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del
demandante.

4 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 29 de enero de 2008. Radicado 76001-23-31-000-2000-

02046-02 (IJ).
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

El accionante solicitó las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Se tutele al Accionante DIVER ALEXANDER PAPAMIJA
BERMEO, los derechos fundamentales constitucionales de igualdad, seguridad
social, debido proceso, acceso a la administración de justicia y demás derechos
fundamentales que encuentre conculcados en las providencias judiciales de
primera instancia No. 002 de fecha 31/01/2023, y de segunda instancia de fecha
28/11/2024, proferidas en el expediente de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho No. 19001-33-33-009-2018-00062-00, por el Juzgado Noveno
Administrativo de Popayán y por el Tribunal Administrativo del Cauca,
demandada La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene revocar
los siguientes apartes de las providencias objeto de la Acción: “descontando
el valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por
incapacidad relativa y permanente”, contenido en la sentencia de 1ª
instancia; y los siguientes párrafos contenidos en la sentencia de segunda
instancia, “El periodo a indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni
superior a veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del
demandante.” y “Del valor a pagar se descontará el valor cancelado por el
reconocimiento de la indemnización por incapacidad relativa y
permanente”.

TERCERO: Que como consecuencia de todo lo anterior, se le ordene al Tribunal
Administrativo del Cauca, que en un término no superior a Veinte (20) días se
profiera una nueva sentencia de segunda Instancia de reemplazo, de acuerdo
a las razones fácticas, lineamientos jurídicos, y jurisprudenciales acá
esbozadas” 5.

Como fundamento a sus pretensiones la parte actora afirmó que la decisión
cuestionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Afirmó que la autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales al excluir
lo dispuesto en los artículos 137 y 159 del Decreto 1212 de 1990 el cual establece
el pago de indemnización por disminución de la capacidad psicofísica de un oficial
o suboficial de la Policía Nacional; el artículo 98 del Decreto 1213 de 1990; los
artículos 1°, 35, 36 y 37 del Decreto 1796 de 2000; 3° de la Ley 923 de 2004 y 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al
disponer que del valor reconocido por concepto de salarios, primas, y demás
emolumentos, se descuente el valor que fue cancelado por la Policía Nacional por
la disminución de la capacidad laboral que sufrió en servicio durante esa actividad
especial de Policía, por lo que se trata de una indemnización originada en la
disminución de su capacidad laboral sufrida de por vida.

Por otra parte, sostuvo que, la decisión reprochada incurre en desconocimiento de
precedente, por cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca fundamentó su decisión
en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, las cuales fueron revocadas

5 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado

0A6A75541A3AB26D 7B6AF4DC68D658A5 FDDA675B76865BD2 47B37A1F99B9CB06.
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

por el Consejo de Estado en sentencias posteriores en las que precisó que los
miembros de la Fuerza Pública tienen un régimen salarial y prestacional especial,
que son funcionarios de carrera y no en provisionalidad.

Adicionalmente, arguyó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la sentencia
de unificación del 9 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado con radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 y los fallos del 7 de abril de
2022, de la Sección Segunda, Subsección B, expediente 19001- 23-33-000-2015-
00437-01; T-456 del 24 de octubre de 2024, de la Corte Constitucional, Sala Sexta
de Revisión; del 23 de mayo de 2024, emitido por la Subsección A de la Sección
Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2015-03335-01;
y del 1° de agosto de 2024, expediente 76001- 23-33-000-2014-01463-01 de la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

Asimismo, expuso que “la jurisprudencia impartida por la Honorable Corte
Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, ya no se
encuentra vigente, fue excluida del ordenamiento jurisprudencial por la misma Corte
Constitucional y por el Honorable Consejo de Estado, en sentencias de unificación,
de tutela y sentencias proferidas en procesos ordinarios por el máximo órgano en lo
contencioso administrativo (…)”6.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto del 6 de mayo de 20257, admitió la acción de tutela; vinculó
como tercero con interés al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, solicitó a las
autoridades judiciales la remisión del expediente ordinario objeto de amparo y
ordenó notificar a los sujetos procesales.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional solicitó declarar la
improcedencia de la acción toda vez que no se vislumbraba la existencia de la
vulneración de las garantías fundamentales del accionante.

Sostuvo que el tribunal cuestionado acogió de manera expresa el criterio unificado
de la Corte Constitucional en relación con los límites a la indemnización por
desvinculación injustificada, incluso en el caso de miembros de la Fuerza Pública,
este criterio, consolidado en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015,
establece que la reparación debe ser proporcional al daño sufrido, con un mínimo
de seis (6) meses y un máximo de veinticuatro (24) meses de salario como tope
indemnizatorio, y previa deducción de los ingresos obtenidos por el afectado durante

6 Ibid.
7 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 7280D24E28E0EAEC
7EBD4F0BDA88B4E1 DA1C443D832D240D F951C73C9A2DA35E.
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

el periodo de desvinculación. Postura esta que busca garantizar un equilibrio entre
la protección de los derechos fundamentales del trabajador y el principio de
sostenibilidad fiscal del Estado.

Por otra parte, indicó que el accionante no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que acreditara la intervención del juez constitucional.

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán aportó el
expediente digital del proceso ordinario, sin embargo, no se pronunció respecto de
la solicitud de tutela.

4.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, a pesar de haber sido notificado en
debida forma, guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
3 de junio de 20258, negó el amparo deprecado bajo el argumento de que no se
logró demostrar que la decisión cuestionada incurriera en el defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente.

Sostuvo que, al revisar la sentencia censurada, se observa que la autoridad
accionada aplicó la normativa y los criterios jurisprudenciales en relación con el
retiro del servicio de los miembros de la fuerza pública por disminución de su
capacidad psicofísica. Aunado a que indicó que el periodo a indemnizar no podía
ser inferior a seis meses ni superior a veinticuatro, contados a partir de la
desvinculación del demandante, en aplicación a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 053 de 2015.

Por lo tanto, expuso que el tribunal no actuó con desconocimiento de las
disposiciones legales, pues, por el contrario, desató la apelación interpuesta y en
uso de su facultad de autonomía plasmó de manera adecuada y suficiente las
consideraciones por las cuales concluyó que debía modificarse la indemnización
ordenada por el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán.

Así entonces, indicó que no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en temas
de naturaleza interpretativa, ya que como lo señaló la Corte Constitucional en
sentencia T-416 de 2016, esta competencia se activa únicamente en los casos
específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en
un acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad, lo que no ocurría con la
decisión objeto de cuestionamiento.

En cuanto el desconocimiento del precedente, el a quo constitucional consideró que

8 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado 6B1DD7F48D04FB0E
0C87541341DF150F EA7D1D031C59B960 7E9C0CB4A9B8D5F0.
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

no se configuraba el defecto invocado, por cuanto las sentencias referidas no son
aplicables en su mayoría al caso concreto, por tratarse de situaciones fácticas
distintas a la analizada por el tribunal accionado y a criterios propios de la autonomía
judicial que en cada caso le corresponde adoptar al juzgador. Explicó que la
inaplicación de una sentencia individual del Consejo de Estado no constituye per se
un desconocimiento del precedente judicial vinculante, a no ser que se hubiera
proferido con el propósito de unificar la jurisprudencia sobre un determinado punto
de derecho, situación que no aconteció en el fallo cuestionado.

6. Impugnación

El accionante presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia y sostuvo que no compartía los argumentos de la providencia toda vez que
solo se pronunció sobre los requisitos con los que se sustentó la acción y no se
refirió a los demás derechos fundamentales invocados como el de igualdad,
seguridad social y acceso a la administración de justicia.

Por demás, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud inicial y deprecó que se
realizara un análisis de los precedentes jurisprudenciales citados.

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto del 8 de septiembre de 20259, concedió la impugnación
interpuesta por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el señor Diver Alexander Papamija Bermeo es el titular de las garantías
constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
19001-33-33-009-2018-00062-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el
Tribunal Administrativo del Cauca fue la autoridad que profirió la sentencia del 28
de noviembre de 2024, que según el tutelante vulneró sus derechos fundamentales.

9 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado 98698AFC5F33D2E2
F2A04A3CA371D045 AD4DD9BFAABA9AB3 A861FD378C084819.
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2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 28
de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, por cuanto
fue la providencia que puso fin al proceso.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 3 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó el amparo.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o

13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial16.

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
16 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii)
si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de
emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala
subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear
para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”17, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta
improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por
negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente
resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación
Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde
apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un
derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse
valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se
subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver
de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.” 18

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica
y desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia que negó el
amparo, pues la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad ni de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a
continuación:

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
18 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217

de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestiona en esencia que la decisión
proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

En síntesis, consideró que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al excluir lo dispuesto en los artículos 137 y 159 del Decreto 1212
de 1990 el cual establece el pago de indemnización por disminución de la capacidad
psicofísica de un oficial o suboficial de la Policía Nacional; el artículo 98 del Decreto
1213 de 1990; los artículos 1°, 35, 36 y 37 del Decreto 1796 de 2000; 3° de la Ley
923 de 2004 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al disponer que del valor reconocido por concepto de salarios,
primas y demás emolumentos, se descuente el valor que fue cancelado por la
Policía Nacional por la disminución de la capacidad laboral que sufrió en servicio
durante esa actividad especial de Policía, por lo que se trata de una indemnización
originada en la disminución de su capacidad laboral sufrida de por vida.

Por otra parte, sostuvo que, la decisión reprochada incurre en desconocimiento de
precedente, por cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca fundamentó su decisión
en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, las cuales fueron revocadas
por el Consejo de Estado en sentencias posteriores en las que precisó que los
miembros de la Fuerza Pública tienen un régimen salarial y prestacional especial,
que son funcionarios de carrera y no en provisionalidad.

Adicionalmente, arguyó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la sentencia
de unificación del 9 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado con radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 y los fallos del 7 de abril de
2022, de la Sección Segunda, Subsección B, expediente 19001- 23-33-000-2015-
00437-01; T-456 del 24 de octubre de 2024, de la Corte Constitucional, Sala Sexta
de Revisión; del 23 de mayo de 2024, emitido por la Subsección A de la Sección
Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2015-03335-01;
y del 1° de agosto de 2024, expediente 76001- 23-33-000-2014-01463-01 de la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

5.2. Pues bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo
del Cauca se advierte que, en la decisión cuestionada, se arribó a la siguiente
conclusión:

“Para la Sala resulta relevante que, al momento de evaluar la posibilidad de
reubicación, no se verificó por parte del Tribunal Médico, que el señor Diver
Alexander, pese a la disminución de capacidad laboral que fue inferior al 50%,
pudiese, de acuerdo a sus capacidades, aptitudes, destrezas y conocimientos,
desarrollar labores administrativas, de docencia o instrucción; porque aunque
solo verificó que el patrullero no podía desarrollar la labor para la cual fue
incorporado y que, sus patologías no permitían que esté cerca de armamento,
tal aspecto es insuficiente para denegar la reubicación, puesto que conforme lo
orienta la jurisprudencia citada a la entidad le asiste el deber de reubicarlo en
labores acordes con su capacidad laboral residual, siendo obligación del Estado
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

adoptar medidas en favor de los grupos marginados y discriminados, como son
las personas con disminución de la capacidad laboral.

Sea del caso resaltar por parte de la Sala, que entre los conceptos de
especialistas citados en el acta del la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía se encuentra el de salud ocupacional,
en el que se manifiesta: “dado lo anterior no debe permanecer en sitios con
riesgo de violencia y desempeñarse tarea operativas (sic) uso de armas de
fuego ni turnos nocturnos por el vértigo no debe conducir vehículos o
motocicletas ni permanecer en alturas dado el tiempo en evolución se debe
definir aptitud en técnico en sistemas de manejo ambiental se puede aprovechar
su competencia”19.

A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que al menos por parte de la especialista
en salud ocupacional, sí se hizo referencia a que si bien el actor no puede
desempeñarse en labores propias del servicio policial, cuenta con capacidades y
competencias que podrían ser aprovechadas por la institución, lo cual fue
desechado por las referidas junta y tribunal, sin mayores argumentos y sin tener en
cuenta su obligación de protección constitucional al empleado que ha disminuido su
capacidad laboral en medio de un acto del servicio, en aras de la defensa de la
institución policial.

Aunado a ello, la autoridad señaló que la jurisprudencia iba encaminada a sostener
que si de la valoración se concluye que las condiciones de salud no son suficientes
ni puede ser capacitado para desempeñar alguna actividad dentro del institución, lo
constitucionalmente admisible es atribuirle una disminución de la capacidad igual o
superior al 50% y reconocerle la pensión de invalidez.

Por lo tanto, bajo ese contexto, el tribunal denotó que el “retiro del servicio del actor
no era procedente, en la media que era viable, realizar un análisis completo de las
posibles dependencias y labores donde el señor Papamija Bermeo podría
desempeñarse, además de permitirle continuar con su rehabilitación y ofrecerle
capacitación para efectos de que se realizara determinadas labores a pesar de su
discapacidad. Máxime teniendo en cuenta la gran cantidad de personal y las
innumerables áreas que forman parte de la entidad policial”20.

Ahora bien, en cuanto a la condena sostuvo que:

“Por otra parte, en cuanto al restablecimiento ordenado por la a quo¸ observa
este Tribunal que, se dispuso el reconocimiento y pago de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio, hasta el momento en que sea reintegrado,
descontando el valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por
incapacidad relativa y permanente, lo cual resulta contrario a los límites
establecidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional, por lo cual deberá ser modificado.

19 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado

A833CF6DE7A9F2EA 40EA1BA9DB687958 F2904FD11B009BCE 88E832A77FF615DC.
20 Ibid.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

El criterio fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 556 de 2014,
señaló que, frente a los empleados en provisionalidad, el periodo a indemnizar
no puede ser inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) y que sobre
el valor resultante se debe descontar lo percibido por cualquier concepto laboral,
público o privado. Así se expresó en el fallo:

(...) siendo consecuente con el propósito de que la reparación debe
corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la
expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso,
la indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que
según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo
causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación
del servicio.

A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se fija, en razón a
que las personas desvinculadas han agotado previamente el respectivo proceso
judicial, y, como consecuencia de la congestión y la consiguiente mora en la
adopción de las decisiones de protección, la posibilidad de acceder a un
reconocimiento patrimonial por el despido injusto se extienda a periodos de
varios años, es decir, a periodos que superen los seis (6) meses. En el caso
contrario, el pago mínimo de indemnización no tiene lugar, y ésta deberá
corresponder al daño efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo
cesante.

Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término máximo de
indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo y
desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la
desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo en cuenta los
estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que
consideran como de larga duración el desempleo superior a un año.

(…)

Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en los casos de
retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo
de carrera son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y
cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido
provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya
llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario”21.

Al respecto, resaltó que el criterio contenido en la Sentencia SU 556 de 2014, fue
extendido a los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Pública por parte de la
misma Corte Constitucional en la Sentencia SU 053 de 2015.

Por último, aclaró que “si bien, este Tribunal en ocasiones se abstuvo de aplicar el
límite al restablecimiento del derecho adoptado en las Sentencias SU 556 de 2014

21 Ibid.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
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y SU 053 de 2015 de la Corte Constitucional ya citadas por cuanto existía
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en casos de reintegros que no
consideraba tal circunstancia22, lo cierto es que, en virtud de varias sentencias de
tutela emitidas por las diferentes secciones del Consejo de Estado contra los
Tribunales Administrativos a nivel nacional, incluido el del Cauca ordenando rehacer
sentencias en el sentido de que se incorpore la posición unificada de la Corte
Constitucional, se opta por acoger tal criterio, a efectos de atender lo ordenado por
el órgano de cierre sobre dicho punto en los fallos constitucionales”23.

En consecuencia, concluyó que, el periodo a indemnizar no podía ser inferior a seis
meses ni superior a veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del
demandante, por lo que revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, para
ordenar el reconocimiento de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir
por el demandante únicamente durante ese periodo.

5.3. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración24.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos
fundamentales para los que pidió su protección.

5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, se colige que, del
análisis de las decisiones invocadas como desconocidas, en primer lugar, si bien,
la parte actora las identificó, no precisó alguna regla vinculante que haya debido
considerarse y cuya aplicación era imperiosa para adoptar la decisión atacada, pues
se limitó a citar su contenido sin explicar por qué se adecuaba a su caso concreto.
Máxime, en el entendido que la autoridad judicial cuestionada justificó su decisión

22 Sentencia de unificación del 29 de enero de 2008. Radicado 76001233100020 000204602 (IJ)
23 Ibid.
24 Sentencia SU-215 de 2022.

16

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en las sentencias que propendían a amparar los derechos fundamentales en
situaciones similares a las del asunto, con base en las Sentencias SU 556 de 2014
y SU 053 de 2015 de la Corte Constitucional

En segundo lugar, el accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial
cuestionada citó jurisprudencia del Consejo de Estado en su decisión y no presentó
reparo alguno sobre la manera en que la interpretó, situación que hace que el cargo
carezca de relevancia constitucional en la medida en que no es del resorte del juez
de tutela inmiscuirse en asuntos que atañen a la autonomía del juez del proceso
ordinario, porque esto invadiría su órbita y propendería al mal uso de esta acción
constitucional.

5.5. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
por la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera
argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso
ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que, como ya se dijo, la decisión
censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial. Esto aunado a que el
actor no presentó reparos concretos en contra de los argumentos que llevaron al
tribunal a declarar la caducidad.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo
con el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Cauca no
habilita para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la
autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de
amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un
debate que ya fue zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada25, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o

25 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.

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de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario26.

5.6. Ahora bien, en cuanto al cargo relativo a cuestionar la orden de descontar el
valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por incapacidad relativa
y permanente, esta Subsección resalta que tal decisión fue proferida desde la
sentencia de primera instancia, providencia contra la cual únicamente presentó
recurso de apelación la entidad demandada y el demandante guardó silencio.

En ese orden la Sala denota que, si el accionante estaba inconforme con tal
circunstancia, tenía a su disposición el recurso de apelación, pues esta era la vía
idónea para ventilar, ante el juez natural, las denuncias incoadas con la solicitud de
amparo.

Así, se pone de presente que correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo resolver las inconformidades respecto de los reparos que evidencia
la accionante, pues era el proceso ordinario el escenario indicado para elevar tal
petición y no esperar hasta la segunda instancia.

De modo que los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una
oportunidad procesal que no fue aprovechada por la demandante. Situación que
impide al juzgador constitucional resolver de fondo el asunto, en la medida que
estaría invadiendo el ámbito de competencia del juez de la causa, y desconociendo
el escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir aquellas
reclamaciones iusfundamentales.

Por ende, la Subsección considera que este cargo se torna improcedente por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, pues aceptar lo contrario, implicaría
reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para la protección
de los derechos, y suplir la inactividad de la parte que no hizo uso de estos
oportunamente.

En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en
su lugar, declarará improcedente el amparo por no cumplir con los requisitos de
relevancia constitucional ni subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

26 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02594-01
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, en atención a lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

19

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