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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03335-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03335-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Kevin Enrique Hernández Borda, identificado con la cédula de ciudadanía 1.015.460.095 y la T.P. No. 354.851 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses del demandante en este asunto. Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03335-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de mayo de 2024

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03335-01 (3526-2019)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03335-01 (3526-2019)
Demandante: Juan Ignacio Rojas Buitrago
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Tema: Sanción disciplinaria. Vulneración al debido proceso. No
configuración de defecto fáctico por la omisión en el decreto y la
práctica de pruebas (dimensión negativa). Aplicación del enfoque
de género. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Juan Ignacio Rojas Buitrago instauró demanda contra La Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 05269 del 9 de diciembre de 2014,
proferida por el director general de la Policía Nacional, por la cual se retiró del
servicio por destitución al intendente Juan Ignacio Rojas Buitrago; la nulidad del fallo
disciplinario del 8 de octubre de 2014, proferido por la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Cundinamarca, mediante el
cual se sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de 15 años al
demandante; y la nulidad del fallo disciplinario del 22 de octubre de 2014, proferido
por el Inspector Delegado Regional Uno, que confirmó el fallo disciplinario de
primera instancia.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reintegre al demandante al
cargo y grado que ostenten sus compañeros de curso, así como a la antigüedad al
momento del reintegro; el reconocimiento de todos los sueldos y prestaciones
sociales dejados de devengar, desde la fecha del retiro hasta el día en que se

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efectúe el mismo, sin solución de continuidad, más los emolumentos, mejoras e
indexación monetaria; la exclusión del antecedente disciplinario de la hoja de vida
del demandante, así como de la base de datos de la Procuraduría General de la
Nación; y que para todos los efectos salariales y prestacionales, se entienda como
efectivamente laborado el tiempo transcurrido entre el retiro y el reintegro.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que para el día de la ocurrencia de los hechos el demandante se desempeñaba
como subcomandante de la estación de policía del municipio de Vergara y se
encontraba de permiso autorizado por el Comando de Departamento en la ciudad
de Bogotá.

Que el 4 de julio de 2014 tuvo un altercado, dentro de su vivienda, con su esposa,
la señora Yury Osmary Sosa Reyes, motivo por el cual se hicieron presentes
miembros de la Policía Nacional, quienes informaron que los judicializarían por
violencia intrafamiliar.

Que como la señora Yury Osmary Sosa Reyes manifestó no tener intenciones de
formular denuncia alguna, y como no existió flagrancia, los uniformados no aplicaron
ninguna medida privativa de la libertad y la pareja volvió de nuevo a la vivienda.

Que, al siguiente día, cuando el demandante iba de salida para laborar, al
despedirse de la señora Yury Osmary Sosa Reyes se percata que esta no respiraba,
por lo cual llamó a la línea de emergencias. Que los paramédicos que se hicieron
presentes en la vivienda confirmaron que la señora Yury Osmary Sosa Reyes había
fallecido.

Que, con base en dichos hechos, se elaboró un informe ejecutivo con el cual se dio
apertura a la indagación preliminar que culminó con la sanción que hoy se demanda,
al comprobarse que el demandante incurrió en la falta gravísima de “realizar una
conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón,
con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”, consagrada en el numeral
9°, del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Que, en sede disciplinaria, se estableció que el actor incurrió en el delito de
homicidio, al haber asesinado a la señora Yury Osmary Sosa Reyes mediante
estrangulamiento y asfixia por acción de sus brazos alrededor del cuello.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 13, 25, 29, 53, 83, 125, 209, 228 y 230.

Ley 640 de 2001.

Ley 734 de 2002: artículos 6°, 92, 128, 175 y siguientes.

Ley 1015 de 2006: artículos 3°, 5°, 7°, 11, 16, 18 y 20.

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Ley 1395 de 2010.

Ley 1437 de 2011: artículos 3°, 137 y 138.

Ley 1474 de 2011: artículos 57, 58 y 59.

Que los actos administrativos demandados se profirieron con violación al debido
proceso porque se desconoció el procedimiento establecido en las Leyes 734 de
2002 y 1474 de 2011.

Que el operador disciplinario vulneró el derecho de defensa al omitir la práctic a de
pruebas decretadas de oficio y, contrario a ello, allegó pruebas al proceso que no
cumplían con el principio de legalidad.

Que no se valoró, de manera imparcial, el acervo probatorio recaudado ya que había
elementos que dejaban ver con claridad la no existencia de la falta o, en su defecto,
la carencia de certeza del hecho.

Que la visita especial que se realizó a las instalaciones de la Fiscalía y de donde se
obtuvo la transcripción del protocolo de necropsia de la occisa, vulneró el derecho
de contradicción y defensa del demandante porque no se enteró de ello a todos los
sujetos procesales; motivo por el cual existió manipulación de las pruebas porque
no se cumplió con las exigencias del principio de legalidad y publicidad.

Que hubo vía de hecho por exceso ritual manifiesto dado que, frente a la petición
probatoria que hizo el actor, el operador disciplinario negó la práctica de unas
pruebas porque el proceso se encontraba en etapa de alegaciones finales. Que
dichas pruebas pudieron cambiar el sentido del fallo, pero que el operador
disciplinario las negó por no estarse en la etapa correspondiente, sacrificando la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 23 de noviembre de 2016 fue admitida la demanda y notificada a
la entidad demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
indicando que en el proceso administrativo se brindaron todas las garantías
constitucionales y legales, en especial, las del debido proceso y derecho de
contradicción, y que la decisión de sancionar al disciplinado se fundamentó en los
medios de prueba debidamente allegados y decretados por el operador.

Se celebró audiencia inicial el 11 de octubre de 2017, en la que se fijó el litigio y,
tras agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 4 de abril de 2019, estimó que, respecto al cargo de
violación al debido proceso por no haberse practicado pruebas que fueron

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decretadas, el ente investigador explicó de manera fehaciente el motivo por el cual
no insistió en la recolección de estas y el investigado no insistió en su práctica y
tampoco realizó las gestiones a su cargo, tendientes a la obtención de las mismas.

Como sustento de la anterior decisión, el Tribunal citó los argumentos dados por el
operador disciplinario, quien indicó que la no práctica de unas pruebas obedeció a
que estas eran improcedentes, inconducentes y superfluas; máxime cuando
existían otras que daban fe de la manera en la que se presentaron los hechos.

Por consiguiente, en primera instancia se determinó que, acorde con la
jurisprudencia, no constituye violación al debido proceso la no práctica de pruebas
decretadas.

Frente al cargo de vulneración del derecho de contradicción por manipulación
inapropiada de las pruebas y vía de hecho por exceso ritual manifiesto, el Tribunal
señaló que del acervo probatorio se infiere que el operador disciplinario cumplió con
el principio de legalidad y publicidad, y que no existió manipulación de los medios
de prueba.

Además, indicó que la tipificación de la conducta fue la apropiada, por lo que sí
existió adecuación entre el cargo formulado y la descripción que la ley hace del
mismo, razón por la cual sí se demostró la comisión del ilícito por parte del
demandante.

Concluyó que existió una valoración probatoria suficiente, conforme a los
postulados de la sana crítica como los principios de la ciencia, la lógica, la
experiencia o el sentido común, que fueron los que conllevaron que la autoridad
disciplinaria evidenciara la comisión del ilícito por parte del investigado.

Que los actos administrativos tuvieron fundamento fáctico, normativo y probatorio
que denota que no son producto de la voluntad subjetiva o caprichosa del ente
investigador.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que el
Tribunal desconoció la línea jurisprudencial vigente en la que se trazan los
parámetros relacionados con las demandas en contra de fallos disciplinarios.

Que es claro que las pruebas practicadas por fuera de término no conducen a que
se afecten garantías constitucionales; sin embargo, lo que sí afecta a dichas
garantías es que se practiquen pruebas sin haber sido decretadas ni comunicadas
al investigado o a su defensa.

Que en el proceso disciplinario se solicitó el decreto y la práctica de un examen
psicológico al demandante por parte de un perito del Instituto Nacional de Medicina
Legal, con el fin de establecer si este pudo o no haber cometido el hecho. Que dicha
prueba fue negada por el operador disciplinario, la cual era fundamental para
establecer la existencia o no de la conducta reprochada.

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Que el Tribunal citó normativa que no era aplicable al caso, como el artículo 34 de
la Ley 734 de 2002. Que, en el proceso disciplinario, la defensa sí insistió en la
práctica de las pruebas, así como solicitó nulidades por violación al derecho a la
defensa y contradicción sin haber sido atendidas sus peticiones. Que los fallos
disciplinarios carecen del análisis probatorio de la culpabilidad, pues solo se indicó
que la conducta se realizó a título de dolo, pero no se hace referencia a ninguna
prueba con la que se demuestren los elementos cognitivos y volitivos de este.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 18 de julio de 2019 se admitió el recurso y por auto del 24 de
octubre de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Púbico para alegar de
conclusión.

La parte demandante alegó de conclusión reiterando los argumentos que expuso
en el recurso de apelación.

La parte demandada expresó que, en el desarrollo de la actuación disciplinaria, el
demandante contó con la oportunidad procesal de ejercer sus derechos de defensa
y contradicción. Que, por ende, no puede pretender que la jurisdicción contenciosa
administrativa emita un fallo favorable cuando advirtió que sus argumentos no
fueron aceptados en sede disciplinaria.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá la Sala determinar si al demandante se le vulneró su derecho de defensa y
contradicción dentro del marco del proceso disciplinario adelantado en su contra.
Con tales fines, se determinará si en ese procedimiento: i) se practicaron pruebas
que no fueron decretadas ni comunicadas al investigado; ii) se negó el decreto de
algunas pruebas solicitadas por el actor y, en caso positivo, la incidencia de esa
decisión en la sanción impuesta; y iii) si los actos administrativos demandados
carecen del análisis de culpabilidad frente a la conducta y no tienen el respaldo
probatorio pertinente.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia.

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Sin embargo, no ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del
alcance del control jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como “intangibilidad relativa” de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias 1.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como “intangibilidad relativa explícita y deferencia especial” 2.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
“control judicial integral” por cuanto “[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales” 3, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.

ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo.

iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado
por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.

iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.

v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.

1
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P.
Diego Younes Moreno.
2
Véanse: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de
2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia
Ramírez de Páez.
3
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto
de 2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos.

vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.

viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Entonces, teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad
administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio
integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro
del marco planteado en la sentencia previamente comentada.

Resolución del caso concreto

Del cargo de nulidad por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie pueda ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

En lo que concierne a la resolución del caso que nos ocupa, se pone de presente
que la Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez determinó que, tanto de las providencias judiciales, como de los
actos administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al
debido proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la
jurisprudencia constitucional, interesándonos, particularmente, la posible
materialización del defecto fáctico.

Por defecto fáctico se ha entendido aquel que se estructura “[…] siempre que
existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso” 4, las cuales pueden generarse como consecuencia:

i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de
práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria;

ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o
por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son

4
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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totalmente inconducentes al caso concreto.

iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica5.

A continuación, se reseña la subcategoría que es de interés al caso que nos ocupa.

Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas
(dimensión negativa)

Esta dimensión se presenta cuando el operador jurídico, al momento de valorar la
prueba, la niega o la valora de manera arbitraria, irracional y caprichosa 6 u omite la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados 7 y, sin razón valedera, da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente.

La Corte Constitucional 8 determinó que este defecto se configura, entre otros, en
los siguientes supuestos cuando:

i) En contra de la evidencia probatoria, el operador decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido.

ii) A pesar de existir pruebas ilícitas, el operador no se abstiene de excluirlas y con
base en ellas fundamenta la decisión respectiva.

iii) Hay incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan
decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro.

iv) El operador valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, es decir, elementos
probatorios que no guardan relación con el asunto debatido en el proceso.

v) El operador da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso.

Y vi) el operador no valora pruebas debidamente aportadas en el proceso.

Bajo esa lógica, el demandante argumentó que en el proceso disciplinario se omitió
la práctica de las siguientes pruebas que habían sido decretadas: “solicitar al centro
automático de despacho CAD, las grabaciones del canal de la Novena Estación de
Policía Fontibón para el día 05 de julio de 2014”, “escuchar en diligencia de
declaración juramentada a los señores Miller Mendoza y Eduardo Torres, y al
profesional médico Francisco García Ortega” y “solicitar a la autoridad penal que
adelanta la investigación para que se allegue copias de las diligencias obrantes en
el expediente de la referencia”.

5
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
6
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-567 de 1998 y T-590 de 2009.
7
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-086 de 2007.
8
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

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Respecto de la primera prueba ─las grabaciones─, se tiene que por Oficio No. S-
2014-103696/CODIN.-COSEC3. -29.27 del 7 de julio de 2014, se solicitó dicha
información al señor Henry Rodríguez Peña, comandante del Centro Automático de
Despacho; y por Oficio No. S-2014-103693/CODIN.-COSEC3. -29-27 de la misma
fecha, se solicitó dicha información al señor Carlos Alberto Benítez Rojas,
comandante número único de seguridad y emergencias MEBOG y estas fueron
remitidas mediante Oficio No. S-2014-104119/SUBCO-CAD-29 del 7 de julio de
2014, por la coronel Sonia Janeth Sánchez Gómez, jefe del Centro Automático de
Despacho.

Sobre la segunda prueba ─declaración del personal médico que se hizo presente el
día de los hechos─, se tiene que por Oficio No. S-2014-14561/CODIN.-COSEC3. -
29.27 del 14 de julio de 2014, se solicitó a la Secretaría de Salud de Bogotá que
brindaran su colaboración con el fin de hacer comparecer a los señores Francisco
García Ortega, Miller Mendoza y Eduardo Torres.

Por Respuesta No. SDS2014ER55938 del 21 de julio de 2014, la Secretaría de
Salud de Bogotá informó que ese personal médico está adscrito al Hospital
Occidente de Kennedy y, dieron traslado de la petición a dicha entidad.

Respecto a la tercera prueba ─copias del proceso penal adelantado contra el
demandante─, el 4 de septiembre de 2014 se profirió auto ordenando práctica de
pruebas en el que se expuso que el 29 de julio de ese mismo año se había solicitado
a la Fiscalía 211 de la URI La Granja, copia del protocolo de necropsia de la occisa
y de las principales piezas procesales del expediente pero que, a la fecha, no se
había obtenido respuesta a tal solicitud. Por ende, se ordenó la realización de una
visita especial.

Ese mismo día, se llevó a cabo la visita especial al proceso penal No.
110016000028201401858, autorizado por la señora Sandra Yazmín Rocha Suárez,
Fiscal 211 Local de la URI La Granja, en la que se inspeccionó la necropsia
realizada a la señora Sosa Reyes, cuyos resultados fueron: evidencia de
compresión del cuello por estrangulación con antebrazo, evidencia de sofocación,
signos de trauma por mecanismo contundente, signos sugestivos de inmovilización
y presencia de alcohol etílico compatible con alcoholemia grado III.

Con base en lo anterior, el informe de necropsia concluyó que la causa de muerte
de la señora Sosa Reyes fue asfixia por sofocación y estrangulamiento antebraquial.
Que los hallazgos eran incompatibles con causas de muerte como una posible
intoxicación o maniobras suicidas.

Ahora, de las pruebas debidamente practicadas y valoradas en el proceso
disciplinario, se tiene lo siguiente: se cuenta con todas las declaraciones por parte
de los policiales que atendieron el caso, las cuales son congruentes con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos.

Es así como el 6 de julio de 2014, la agente de policía Liliana González Téllez rindió
declaración en la que manifestó que el 4 de julio estaba realizando tercer turno de
vigilancia y que la central reportó, a eso de las 21:15 horas, un caso de riña. Que,
al llegar la patrulla, se informó que se trataba de una pelea de pareja, donde uno de

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ellos era miembro del cuerpo policial, motivo por el cual fue contactada y se
desplazó al lugar de los hechos.

Que la señora Yury Osmary Sosa Reyes (occisa), inicialmente, manifestó la
intención de interponer la denuncia por violencia intrafamiliar; sin embargo,
momentos después, comunicó que desistía de hacerlo. Que, al siguiente día, ella
recibió la llamada del agente de policía Fabián Reyes Solano, que se encontraba
prestando primer turno de vigilancia y quien le informó que la señora Yury Osmary
Sosa Reyes había fallecido, motivo por el cual la agente González Téllez se dirigió
al lugar de los hechos para relevar a su compañero. Que los paramédicos le
manifestaron que la primera impresión era que la señora Sosa Reyes había fallecido
por posible asfixia mecánica.

Ese mismo día, el patrullero Hugo Alexander Roa Sánchez rindió declaración en la
que informó que el 5 de julio de 2014 estaba realizando primer turno de vigilancia
como miembro del cuadrante 31 del CAI Sabana Grande. Que la central de radio
informó que había una mujer inconsciente. Que, al llegar a la dirección, observó la
presencia de dos ambulancias y que, al entrevistarse con los paramédicos, estos le
informaron que al interior de la vivienda había una mujer sin signos vitales,
acompañada por quien manifestó ser su cónyuge, quien estaba apuntándose con
un arma de fuego.

Que ingresó a la vivienda junto con su compañero, redujeron al hombr e y lo
esposaron. Que luego, los médicos informaron que la muerte de la mujer fue
producida por asfixia mecánica. Que al interior de la vivienda solo estaban el hombre
y el cuerpo de la mujer. Que observó que el demandante tenía rasguños en las
manos.

La versión del agente Roa Sánchez fue corroborada por el agente Ferney Pardo
Herreño, comandante de la patrulla cuadrante 31 CAI Sabana Grande, quien
expresó que el 5 de julio de 2014 estaba prestando el servicio junto con el primer
agente.

También obra el registro asistencial de atención y/o traslado suscrito por el señor
Miller Mendoza, auxiliar de enfermería de la ambulancia con código 5262, quien
dejó constancia que la persona atendida fue Yury Osmary Sosa Reyes, quien fue
encontrada sin signos vitales. Además, el informe dejó constancia de que la
impresión diagnóstica se correspondía con asfixia mecánica y que había
antecedentes de violencia intrafamiliar.

Sumado a lo anterior, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en informe
pericial de clínica forense del 5 de julio de 2014, dictaminó que el demandante
presentaba una serie de escoriaciones en sus manos y brazos. Y, en versión libre
que rindió, se destaca que luego de que los agentes de policía que acudieron el 4
de julio de 2014 se retiraron del inmueble, él y la occisa fueron los únicos que se
quedaron en la vivienda para la fecha en la que ocurrieron los hechos.

Del anterior recuento, y a juicio de esta Sala de subsección, la entidad demandada
no incurrió en vulneración al debido proceso, porque no se configuró la dimensión
negativa del defecto fáctico al no observarse que el operador disciplinario se haya

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separado de los hechos debidamente probados; se hubiese abstenido de excluir
pruebas ilícitas; se haya valorado pruebas manifiestamente inconducentes; no se
valorase pruebas debidamente aportadas en el proceso; o porque se hubiesen
probado hechos que no contaban con soporte probatorio dentro del proceso.

Por el contrario, el acervo probatorio aportado al proceso disciplinario y valorado
allí, permite establecer que el demandante incurrió en la falta gravísima de “realizar
una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”, consagrada en el
numeral 9°, del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006; es decir, con las pruebas con
las que contaba el ente disciplinario, era posible inferir que el actor, presuntamente,
incurrió en una conducta penalmente tipificada como delito.

En consecuencia, esta Sala de subsección concluye que es palmario que el
operador disciplinario sí practicó las pruebas que se habían decretado en el auto de
apertura de indagación preliminar el cual fue notificado personalmente al
demandante; motivo por el cual este tuvo conocimiento del material probatorio que
pretendía recaudar la entidad demandada y, pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción.

Ahora, respecto al argumento de que no se decretó el examen psicológico al
demandante por parte de un perito del Instituto Nacional de Medicina Legal con el
fin de establecer si este pudo o no haber cometido el hecho, esta Sala de subsección
considera que no se trataba de una prueba útil, conducente o pertinente, máxime
cuando el conjunto probatorio que ya obraba en el plenario era claro al ubicar al
demandante en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como sujeto
activo de la falta disciplinaria, lo cual fue el argumento del operador disciplinario
para negarla al señalar que el acervo probatorio que tenía en su poder era suficiente
indicador de que los únicos que se encontraban en esa casa eran el demandante y
la occisa, sumado a las declaraciones de los policías que habían estado la noche
anterior y la versión libre del actor.

Además, teniendo en cuenta que en el expediente obra prueba de que en el núcleo
familiar del demandante había indicios de que se gestaba violencia intrafamiliar, es
claro que un dictamen pericial como el solicitado no suplía ni desvirtuaba el acervo
probatorio que ya se encontraba recaudado en el proceso, porque los demás
medios probatorios permitieron que el operador disciplinario concluyera, más allá
de toda duda razonable, sobre la certeza de la comisión de la falta disciplinaria.

En este punto, la Sala de subsección considera pertinente aclarar que la violencia
doméstica no es un asunto familiar privado en el que se haya impuesto límites
infranqueables al Estado o a sus autoridades; por el contrario, a estos les asiste la
obligación de tomar medidas preventivas conducentes a preservar y garantizar el
adecuado ejercicio de los derechos en las relaciones entre los individuos, máxime
cuando el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales para
enfrentar la discriminación y las diversas formas de violencia contra la mujer.

Esto se observa en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo aprobadas por la Ley 51
de 1981 y la Ley 984 de 2005, respectivamente; así como la Convención para

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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ─Convención de Belém
do Pará─, incorporada al derecho interno por la Ley 248 de 1995.

Es así como en la Convención de Belém do Pará, la cual se convirtió en el
instrumento base de las leyes de violencia contra la mujer en la región, se explicita
que por violencia contra la mujer debe entenderse “[…] cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 9.

Además, en el artículo 7° de la Convención se determinó, como obligación de los
Estados que la suscribieron, el deber de “[…] adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia […]”, para lo cual, entre otras medidas, deben “[…] establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u
otros medios de compensación justos y eficaces”.

Reconociendo que nuestro país ha avanzado en las últimas décadas en materia de
normativa que legisla sobre la violencia contra las mujeres y en la construcción de
un andamiaje institucional que responda a esas nuevas disposiciones, es claro que
aun cuando existen ciertas directrices en las que se ha pretendido posicionar a la
Policía Nacional como parte de los programas del gobierno en materia de derechos
humanos 10 ─especialmente, en lo que tiene que ver con prevención, protección e
investigación de actos de discriminación y violencia contra la mujer─, se echa de
menos la creación de medidas dirigidas a contrarrestar la violencia de género en los
ámbitos laboral, familiar y social en los que interactúan los uniformados de la Policía
Nacional y sus superiores.

Se requiere construir una cultura de respeto e igualdad, desprovista de estereotipos
en favor de las uniformadas, esposas, hijas, madres, hermanas y, en general, de
las mujeres que de manera directa e indirecta concurren con la institución en el
diario acontecer laboral, familiar, social y educativo.

Entonces, de cara a la solución del caso concreto, se resalta que la Comisión de
Género de la Rama Judicial profirió el documento “Criterios de Equidad para una
Administración de Justicia con Perspectiva de Género” 11, en el cual señaló una serie
de criterios para guiar a los jueces a identificar los casos en que se debe aplicar la
perspectiva de género al momento de adoptar la respectiva decisión judicial, entre
los cuales se encuentran la inclusión de un listado de diez preguntas clave que el
servidor judicial puede hacerse para establecer si, en un caso concreto, debe aplicar
la perspectiva de género como método analítico de la cuestión jurídica a resolver.

9
Artículo 1°.
Al respecto, véanse también: el artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer suscrita el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas;
la Ley 1257 de 2008; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Caso González y
Otras (Campo algodonero) vs México.
10
Tales como la creación del Plan Integral Policial para la seguridad del ciudadano “Corazón Verde”
y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en virtud del cual se lanzó los
Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y el Plan
Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencias.
11
Ver:http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_ESTUDIO_Colombia_criterios%20equidad%2
0para%20el%20sector%20Justicia.pdf

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Así las cosas, es claro que a la luz de los criterios de equidad, los hechos que dieron
origen a la investigación disciplinaria dan cuenta de la presencia de relaciones de
poder y desigualdad, porque el señor Juan Ignacio Rojas Buitrago, prevalido de su
fuerza y autoridad ─propios de su formación policial que no pudo desligar en su
hogar─, presuntamente atentó en contra quien era su esposa, de quien se infiere
que en su condición de víctima estaba sometida por el miedo que tenía respecto de
su agresor, pues recuérdese que de la declaración de la agente de policía Liliana
González Téllez se extrae que al atender el caso la noche anterior al fallecimiento
de la señora Sosa Reyes, esta inicialmente manifestó la intención de interponer la
denuncia por violencia intrafamiliar; sin embargo, momentos después, comunicó
que desistía de hacerlo.

Por ende, este caso exige la aplicación de la perspectiva de género en el entendido
que el demandante, como miembro activo de la Policía Nacional y sujeto
disciplinable, no solo estaba en el deber de cumplir con sus obligaciones de
seguridad y protección a la población civil, en general, sino que también debía hacer
lo propio al interior de su núcleo familiar, máxime cuando de su condición de agente
estatal se impone el deber de enmarcar su actuar dentro de la legalidad.

Por consiguiente, esta Sala de subsección no solo confirmará el fallo de primera
instancia con base en que no se logró acreditar que los actos administrativos
demandados incurrieran en vulneración al debido proceso por violación al derecho
de defensa y contradicción; sino que, con enfoque de género, es preciso advertir
sobre la gravedad de la conducta de un agente estatal que, encargado de luchar
contra la discriminación y la violencia contra la mujer, es agente de la misma.

Finalmente, se reconocerá personería al abogado Kevin Enrique Hernández Borda,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.015.460.095 y la T.P. No. 354.851 del
Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses del
demandante en este asunto.

De la condena en costas en esta instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, o si se encuentran comprobadas o causadas; no
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

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Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así: en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se
observa que los fundamentos expuestos por la parte vencida no revisten una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, la parte vencida, en sus escritos, indicó razones en defensa jurídica de sus
intereses, por tal razón al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo no
se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Kevin Enrique Hernández Borda,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.015.460.095 y la T.P. No. 354.851 del
Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses del
demandante en este asunto.

Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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