Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07958-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07958-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07958-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07958-01
Accionante: JOSÉ MARÍA PORTURA AGUILAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 12 de febrero del 2026 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 15 de enero del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 2 de marzo del 20263 se concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 12 de diciembre del 2025, el señor José María Portura Aguilar, actuando
por intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y «al principio de gratuidad».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 5 de junio del 2025 por el Tribunal
Administrativo del Meta4, que confirmó la decisión dictada el 7 de septiembre del
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionante al señor José María
Portura Aguilar y como accionado al Tribunal Administrativo del Meta, y se dispuso la vinculación del
Juzgado Sexto Administrativo de Villavicencio, del Ministerio de Educación y del Departamento del Vaupés,
por ser las autoridades que conocieron y participaron en el proceso ordinario.
3 Índice 29 Samai.
4 La sentencia de segunda instancia se notificó el 11 de junio del 2025.
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Accionante: José María Portura Aguilar
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
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2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio,
donde se condenó en costas al actor. Esto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 50001-33-33-006-2019-
00285-01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia
proferida del 5 de junio de 2025 dentro del medio de control bajo radicado
No. 5001-33-33-006-2019-00285-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD de los accionantes, habida
cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de
procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario
conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en
aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante5.
1.2. Hechos
4. El señor José María Portura Aguilar demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho a la Nación – Ministerio de Educación y al
departamento del Vaupés con el fin de que se le reconozca y pague la
bonificación por servicios prestados consagrada en el Decreto 2418 de 20156.
5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio,
mediante sentencia del 7 de septiembre del 2022 negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al actor. Por tal motivo, fijó las agencias en
derecho en el 4% de las pretensiones, de acuerdo con la estimación de la cuantía.
6. Esta decisión fue apelada por la parte actora al considerar que no había
lugar a la condena en costas porque no actúo con mala fe, ni temeridad. El
Tribunal Administrativo del Meta la confirmó a través de sentencia del 5 de junio
del 2025 y también condenó en costas en segunda instancia al encontrar que, en
efecto, se le negaron sus pretensiones, que se debía tener en cuenta la gestión
judicial realizada por la parte demandada y que no se trataba de un asunto de
interés público.
1.3. Sustento de la vulneración
7. La parte actora afirmó que el asunto reviste relevancia constitucional
porque se condenó en costas de manera objetiva, sin tener en cuenta el factor
subjetivo introducido por el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021, que dispone que
5 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.
6 «Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel
territorial».
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se debe evaluar si la demanda carecía de fundamento legal.
8. Agregó que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo al
realizar una interpretación errónea del artículo 188 de la Ley 1437 del 2011,
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021 porque esta norma aplica a
todos los procesos que se tramiten ante la jurisdicción contenciosa administrativa
y que se condenó en costas sin tener en cuenta que el accionante es la parte
débil de la relación laboral; así como también en contravía del principio de
inescindibilidad al fraccionar el precepto legal y del principio de favorabilidad.
Esto porque la autoridad judicial accionada omitió verificar si la demanda se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
9. Afirmó que, si bien existe un margen de autonomía e independencia
judicial, ello no es óbice para respaldar decisiones arbitrarias y carentes de
sustento normativo vigente y aplicable al caso en concreto. Por tanto, sostuvo
que la inconformidad no es la imposición de una carga económica, sino la
interpretación fragmentada de la norma, lo que vulnera el derecho al debido
proceso y a una decisión motivada y ajustada a derecho.
10. Señaló que, en sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación el 8 de febrero del 2024 dentro del radicado 52001-
33-33-000-2018-000416-007; el 4 de abril del 2024 en el proceso 20001-23-33-
000-2013-00352-01 y 23 de mayo del 2024 en el radicado 25000-23-42-000-
2015-0335-018 se determinó que la condena en costas no procede de manera
automática, que debe verificarse su causación, valorarse la mala fe o temeridad
de la parte, así como la ausencia de fundamento legal.
11. También citó fallos de tutela del 18 de abril del 2024 de la Sección
Segunda dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-01360-00 (Subsección A) y
24 y 25 de julio del 2024 en los radicados 11001-03-15-000-2024-03343-00 y
11001-03-15-000-2024-03346-00 (Subsección B), respectivamente, donde se
ampararon los derechos fundamentales de la parte actora porque se encontró
que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por no tener
en cuenta el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021.
1.4. Intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Meta afirmó que la providencia
cuestionada no incurrió en el defecto referido porque en esta se consignaron las
razones de hecho y de derecho que se estimaron pertinentes e indicó que se
atendrá a lo que disponga la Corporación en la acción de tutela.
13. El departamento del Vaupés sostuvo que la solicitud de amparo es
7 Se precisa que, en el escrito de tutela, el actor indicó el radicado con 24 dígitos y que, consultado SAMAI,
se encontró que el radicado correcto es 52001-23-33-000-2018-00461-00, el cual coindice con los demás
datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados por el actor.
8 Se precisa que, en el escrito de tutela, el actor indicó el radicado con 22 dígitos y que, consultado SAMAI,
se encontró que el radicado correcto es 25000-23-42-000-2015-03335-01, el cual coindice con los demás
datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados por el actor.
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improcedente porque no supera la relevancia constitucional ya que se busca
utilizarla como una tercera instancia.
14. Agregó que la condena en costas es correcta dado que obedece a una
razón objetiva, que no depende de la conducta procesal o personal de la parte
vencida, sino que es una consecuencia lógica de no haber sido favorecido con el
proceso judicial. En ese sentido, explicó que el actor fundamentó su apelación en
un aparente desconocimiento de precedente del Consejo de Estado sobre la
bonificación por servicios prestados consagrada en el Decreto 2418 del 2015 y
que se le negaron sus pretensiones porque esta bonificación se estipuló para
servidores territoriales, lo que excluyó a los docentes. Por tanto, al ser el
demandante un docente nacional vinculado en la vigencia de la Ley 91 de 1989
no tenía derecho a este rubro, máxime cuando se acreditó que era profesor de
primaria, lo que es una condición distinta a ser personal administrativo, para
quienes sí se previó la bonificación.
15. La Nación - Ministerio de Educación solicitó que se declare
improcedente la acción constitucional porque no supera la relevancia
constitucional ya que es una controversia netamente económica. Agregó que no
se demostró una vulneración a sus derechos fundamentales, pues no basta
simplemente con enunciarlos.
1.5. Sentencia de primera instancia
16. Mediante fallo del 12 de febrero del 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el
requisito de relevancia constitucional porque se trata de un debate meramente
económico y legal porque el defecto sustantivo, así como el desconocimiento del
precedente apuntan a cuestionar la forma en la que deben interpretarse los
artículos 47 de la Ley 2080 del 2021 y 188 de la Ley 1437 del 2011, que regulan
las costas procesales, máxime cuando pretende con la tutela eliminar el monto
de la condena de estas, lo que escapa del resorte del juez constitucional.
1.6. Impugnación9
17. Manifestó que la decisión del a-quo no es acertada porque las
pretensiones de la acción de tutela no se dirigen a revocar la imposición de la
condena en costas y tampoco se afirmó que no debiera ser condenada en virtud
del resultado de la controversia, sino que, el reproche se centra en la omisión del
tribunal de su deber de motivar la decisión en el ordenamiento jurídico y el
precedente judicial vigente, lo que configura el defecto sustantivo. Por tanto, no
se trata de un asunto netamente económico o legal.
18. En ese sentido, reiteró sus argumentos atinentes a que, al momento de
resolver la controversia, estaba vigente el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021,
9 La sentencia proferida por el a-quo el 12 de febrero del 2026 fue notificada por correo electrónico el 16 del
mismo mes y año. La impugnación se presentó el 20 de febrero del 2026, la cual fue concedida mediante
auto del 2 de marzo del 2026.
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que modificó el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 y, en consecuencia, la
autoridad judicial accionada debía hacer un análisis expreso y motivado sobre la
ausencia de fundamentación legal de la controversia puesta a su consideración,
sin que le estuviera permitido aplicar criterios anteriores u omitir esta disposición
normativa, al ser una norma de orden público. Señaló que dicha omisión no se
enmarca en la autonomía judicial, sino que es una actuación abiertamente
contraria al ordenamiento jurídico que vulnera sus derechos, pues se desconocen
los principios de inescindibilidad y de favorabilidad.
19. Sostuvo que no se realizó pronunciamiento alguno frente al precedente de
las acciones de tutela que se indicaron en el escrito de tutela y que han sido
resueltas por la Sección Segunda de esta Corporación (Subsecciones A y B), en
las que se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia y al principio de gratuidad al configurarse
un defecto sustantivo por la indebida aplicación de la condena en costas al no
examinarse si hubo ausencia de fundamentación legal en la controversia.
II. CONSIDERACIONES
20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora, motivo por
el cual se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
21. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún
defecto especial13 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
23. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
25. La Sala advierte que el señor José María Portura Aguilar está legitimado
en la causa por activa porque fungió como parte demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otro lado, se evidencia que el
Tribunal Administrativo del Meta está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión cuestionada a través del presente trámite.
26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional14, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
27. Como se expuso previamente, el accionante consideró que el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y «al principio de gratuidad» porque se
lo condenó en costas tanto en primera como en segunda instancia, al confirmarse
la providencia del a-quo ordinario.
28. A su juicio, se incurrió en un defecto sustantivo por la indebida
interpretación fragmentada del artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 al no tener
en cuenta que fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021, que
estipuló que la condena en costas será procedente cuando se establezca que la
demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
14 Sentencia SU-215 de 2022.
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29. Adicionalmente, sostuvo que se desconoció el precedente de las
subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales,
tanto en procesos ordinarios, como en fallos de tutela, se ha determinado que la
condena en costas no puede ser objetiva, sino que debe valorarse el actuar
temerario o de mala fe de la parte, que efectivamente se hayan causado y que la
demanda se haya presentado sin fundamento legal.
30. Precisado lo anterior, la Sala estima conveniente precisar que, de
conformidad con la sentencia SU-573 de 2019 proferida por la Corte
Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional cuando se trata de
una controversia estrictamente económica con connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general. En ese sentido, como la
discusión planteada por el accionante se limita a la confirmación de una condena
en costas y no involucra la vulneración de un derecho fundamental ni la garantía
de uno de esta naturaleza, la acción de tutela resulta improcedente.
31. En ese orden, se evidencia que la accionante más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
en realidad, expone su discrepancia con la imposición de la condena en costas,
que es un asunto netamente económico. Por ello, resulta evidente que lo
pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir
una tercera instancia para que se revoque la misma.
32. Por otra parte, el actor trae a colación varias sentencias de procesos
ordinarios y fallos de tutela de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de
esta Corporación. Sin embargo, no señaló la razón por la que deben aplicarse
dichas decisiones, pues no existe un criterio unificado por el Consejo de Estado
en esta materia y el actor se limitó a traer a colación providencias de una sola
Sección. En ese sentido, no se cumple con la carga argumentativa mínima para
que este yerro supere el requisito de relevancia constitucional.
33. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches formulados por la
parte actora reflejan una mera inconformidad con la decisión del tribunal
accionado. Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.
34. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
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2.2. Conclusión
35. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión que declaró la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero del 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA
de la acción de tutela interpuesta por el señor José María Portura Aguilar.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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