RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02978-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02978-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02978-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02978-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

4 de junio de 2026

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02978-00
Demandante: ÁNGEL ERBERTO BALLESTEROS RUÍZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

TEMAS: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedibilidad adjetiva. Relevancia constitucional. Condena en
costas procesales1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz, mediante apoderado judicial, presentó el
17 de abril de 2026, acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y, de acceso a la administración de justicia, así
como al principio de gratuidad.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia de 2 de octubre de 2025, del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A mediante la cual se confirmó la providencia de 10 de abril de la misma
anualidad, del Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones y lo
condenó en costas, dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho por la demanda que adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, identificado bajo
radicado 50001-23-33-000-2020-00009-00/01.

1 Al respecto ver fallos de 16 de abril de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-01600-00, MP.

Omar Joaquín Barreto Suarez; 16 de abril de 2026, expediente 11001-03-15-000-2025-01754-00,
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 26 de marzo de 2026, expediente 11001-03-15-000-2025-07958-01,
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 26 de febrero de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-000757-
00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; 4 de septiembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-
02306-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suarez; 6 de febrero de 2025, expediente 11001-03-15-000-
2024-06713-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A en sentencia proferida del 2 de octubre de 2025 dentro del
proceso 50001-23-33-000-2020-00009-01 (1566-2025), transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen
de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante2. (Mayúsculas
sostenidas y negrillas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

El señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de controvertir
la legalidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación con sustento en la Ley 71 de 1988.

Del asunto conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta,
autoridad judicial que, en sentencia de 10 de abril de 2025, negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como sustento de la
decisión, señaló que el régimen pensional aplicable al señor Ballesteros Ruíz era el
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en atención a que su vinculación
al servicio docente ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

Por otra parte, condenó en costas a dicho extremo del litigio en atención a lo previsto
en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso y al haberse
acreditado que la entidad demandada incurrió en gastos durante el ejercicio de la
defensa técnica.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en decisión de 2
de octubre de 2025, confirmó la providencia del a quo, para lo cual, respecto de la
inconformidad con la condena en costas de primer grado precisó que, no obstante
los diversos entendimientos en la corporación sobre dicho tópico en virtud a la
modificación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, realizada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, lo cierto era que, de una lectura armónica y útil de la norma,

2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

se podía concluir que el criterio objetivo que gobernaba la mentada materia no había
sido alterado.

En ese orden, señaló que sí era procedente la condena en costas por cuanto al
haberse denegado las súplicas deprecadas, ello implicó una decisión desfavorable
en su contra. Además, dispuso lo propio en esa instancia al no prosperar su recurso
de apelación.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse a los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, manifestó que su caso tenía relevancia
constitucional en atención a que la autoridad judicial accionada consideró la
procedencia de la condena en costas en la controversia laboral con sustento en el
criterio objetivo, esto es, solamente por haber sido la parte vencida en el proceso,
sin tener en cuenta que con la modificación realizada por el legislador que
condicionó la imposición de dicha penalidad a la manifiesta carencia de fundamento
legal de la demanda.

En ese orden, señaló que se presentó un defecto sustantivo en atención a que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado hizo una interpretación
parcializada del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, en su
parecer, la modificación que realizó sobre éste el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
tiene aplicación en todos los procesos que se tramitan en la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Asimismo, indicó que si bien existía un margen de autonomía e independencia
judicial, la providencia censurada desconoció las modificaciones que introdujo el
legislador respecto de la condena en costas, pues se impuso la condena sin tenerse
en cuenta que ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021, luego, en su sentir,
«el juez tenía la obligación de realizar un análisis expreso y motivado sobre esta
exigencia, tratándose de una norma de carácter procesal cuya observancia es
imperativa y no queda sujeta a su discrecionalidad».

De otra parte, alegó la configuración del yerro por desconocimiento de precedente
en atención a que la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sostiene la tesis de la condena en costas, solo sí se acredita el elemento
objetivo valorativo, que implica el análisis de la conducta de las partes para efectos
de su imposición.

Al respecto trajo a colación las providencias de 7 de diciembre de 2021, 27 de enero
de 2022, 11 de agosto de 2023, 8 de febrero de 2024, 4 de abril de 2024, 23 de
mayo de 2024 y de 27 de marzo de 2025, de la Subsección B de la Sección Segunda
de esta corporación.

También hizo referencia a las decisiones de 24 de agosto de 2023, 8 de febrero de
2024, 4 de abril de 2024, 23 de mayo de 2024 y de 27 de marzo de 2025, de la
Subsección A de la misma Sección Segunda; de igual forma citó el fallo de tutela de
18 de abril de 2024, de la misma subsección.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

Sobre este punto, precisó que la referida Sala Especializada, en pronunciamientos
recientes, concluyó que la imposición de condena en costas sin la observancia del
marco normativo vigente no podía considerarse un asunto meramente legal o
patrimonial, sino que se comprometían garantías superiores como el debido
proceso y «el derecho a una decisión debidamente motivada y ajustada a derecho».

Finalmente, indicó que se presentó la violación directa de la Constitución en tanto
la autoridad judicial accionada trasgredió el principio de favorabilidad, por cuanto
solo se limitó a constatar que el régimen pensional invocado en la demanda no le
era aplicable a la demandante, sin reparar que sí cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión bajo otra normativa.

Para este efecto, trajo a colación las sentencias de 21 de enero de 2021 de la
Subsección A y, de 24 de febrero de 2022, 18 de abril de 2024, de 20 y 26 de
septiembre de 2024 y de 31 de octubre de 2024, de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en las que se estudió un régimen pensional distinto
al deprecado, cuando éste no era el que gobernaba la situación de la parte
demandante. Sobre este punto, también citó una providencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá de 25 de agosto de 2023.

Por otro lado, indicó que es un sujeto de especial protección, en atención a que
cuenta con más de 60 años de edad, luego, era clara su situación de vulnerabilidad,
por lo que no debía sometérsele a un litigio con las complejidades propias de los
procesos ordinarios, cuando ostentaba dicha calidad; al respecto, trajo a colación la
sentencia T-252 de 2017 de la Corte Constitucional.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de abril de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de accionado, y le otorgó el
término de dos (2) días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo del Meta y a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente
acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, solicitó
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas. Finalmente, reconoció al
abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado del accionante.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta

El magistrado ponente de la decisión cuestionada de primer grado manifestó que
se ratificaba en las consideraciones jurídicas expuestas en la sentencia y deprecó
la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, en tanto la corporación
cumplió con el deber que le imponen los artículos 13, 24 y 29 de la Carta Política.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

La referida cartera alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención
a que los reparos estaban dirigidos contra la decisión adoptada por el Consejo de
Estado, frente a lo cual no tenía ninguna injerencia.

1.7. Manifestaciones de impedimento

Los magistrados Omar Joaquín Barreto Suarez y Gloria María Gómez Montoya
manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, motivo por el cual se
dispuso el sorteo de 4 conjueces, dos principales y dos suplentes.

El 25 de mayo de 2026, se realizó el respectivo sorteo en el que fueron designados
como conjueces principales los doctores Álvaro Andrés Motta Navas y Antonio José
Lizarazo Ocampo y como suplentes los doctores Pedro Luis Blanco Jiménez y Juan
Carlos Galindo Vácha.

Conformada la Sala de Decisión se dispuso, en providencia de 4 de junio de 2026,
declarar infundados los referidos impedimentos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare en su caso la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvincule del
presente trámite, lo cual será negado, comoquiera que la comparecencia de dicha
entidad es en calidad de tercero, dado el interés que le asiste en las resultas del
proceso, en atención a que fue la parte demandada en el contencioso.

De otra parte, se precisa que, si bien la parte actora alegó la configuración del
defecto de violación directa de la Constitución, sustentado en la trasgresión al
principio de favorabilidad, en tanto no se estudió el régimen pensional que le era
aplicable al demandante, aun cuando fuese distinto al deprecado en la demanda, lo
cierto es que, las pretensiones de amparo y la hermeneútica del escrito de tutela al

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

exponer in extenso sus inconformidades3 están encaminadas exclusivamente a que
se le ordene a la autoridad judicial accionada a realizar un nuevo estudio sobre la
procedencia de la condena en costas, luego, la Sala de Decisión circunscribirá el
análisis solo sobre esta inconformidad.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la salvaguarda de los derechos
fundamentales del tutelante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 2 de octubre de 2025, del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A mediante la cual se confirmó la providencia de 10 de abril de la misma
anualidad, del Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones y lo
condenó en costas, dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho por la demanda que adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional
y, de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

3 Bajo los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente ante una errada interpretación del

artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 en materia de costas y de la jurisprudencia que exige la
configuración del elemento objetivo-valorativo para efectos de su imposición.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine no se cumple el presupuesto
de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (Énfasis de la
Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.

Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre9.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el asunto se circunscribe a un debate meramente
legal y de connotación económica por haberse cimentado en que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente en la providencia de 2 de octubre de 2025, al
condenar en costas a la parte vencida en el proceso ordinario.

Lo anterior, con el propósito de evidenciar que la judicatura censurada desatendió
la debida interpretación que el Consejo de Estado le ha impartido al artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021 (modificatorio del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011), al no
tener en consideración la conducta procesal de las partes a efecto de determinar
una condena en costas.

En síntesis, en criterio del accionante, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado quebrantó sus garantías constitucionales al confirmarle en
segunda instancia la condena en costas procesales, la cual, a su juicio, resultaba
improcedente por cuanto, para la aplicación de dicha penalidad debía tenerse en
cuenta la conducta de las partes, en atención al criterio objetivo valorativo aplicado
por dicha sección de esta corporación.

En ese orden, la Sala resalta que, la inconformidad del señor Ballesteros Ruíz tiene
su génesis en un aspecto legal por cuanto pretende que el juez de tutela analice la
conducta procesal de las partes dentro de la causa ordinaria, a la luz de lo previsto
en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, lo cual, deriva inevitablemente en una
consecuencia netamente económica al girar en torno a si era procedente o no la
condena en costas del extremo que resultó vencido en la causa ordinaria.

Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
órgano de cierre en materia laboral, la cual fue adoptada en el marco de los

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

principios de autonomía e independencia judicial y con fundamento en el marco
normativo aplicable al asunto, esto es, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

Asimismo, la Sala estima conveniente precisar que, de conformidad con la sentencia
SU-573 de 2019, proferida por la Corte Constitucional, un asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una controversia estrictamente
económica con connotaciones particulares o privadas que no representen un interés
general. En ese sentido, como la discusión planteada por el accionante se limita a
la confirmación de una condena en costas y no involucra la vulneración de un
derecho fundamental ni la garantía de uno de esta naturaleza, la acción de tutela
resulta improcedente.

Por otra parte, el actor trae a colación varias sentencias de procesos ordinarios y
fallos de tutela de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta
corporación. Sin embargo, no señaló con claridad la razón por la que deben
aplicarse dichas decisiones, pues no existe un criterio unificado por el Consejo de
Estado en esta materia y el actor se limitó a traer a colación providencias de una
sola Sección. En ese sentido, no se cumple con la carga argumentativa mínima para
que este yerro supere el requisito de relevancia constitucional.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requiere con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que sin lugar a dudas demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por
la autoridad censurada.

En resumen, la magistratura no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permita superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) es de índole pecuniario; (iii) la sentencia reprochada fue
dictada por una alta corte; y (iv ) no se evidencia una vulneración palmaria que
amerite la intervención del juez de tutela.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02978-00

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad, máxime cuando se cuestiona la decisión de una alta corte.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Ángel Erberto Ballesteros Ruíz.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.