Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02978-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02978 01
Accionante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 4 de junio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz, actuando a través de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A en sentencia proferida del 2 de octubre de 2025 dentro del
proceso 50001-23-33-000-2020-00009-01 (1566-2025), transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen
de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante. (sic) (Negrillas y
mayúsculas originales del escrito de tutela).
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02978 00.
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Accionante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación.
Relató que había laborado durante más de 20 años al servicio del Estado, tanto en cargos
administrativos como en el sector educativo oficial, por lo que estimó que cumplía los
requisitos para acceder a la prestación reclamada.
Expuso que la demanda se dirigió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el propósito de obtener la
nulidad de la Resolución núm. 1500-56.03/1311 del 30 de abril de 2019 y, como
consecuencia, el reconocimiento y pago de la pensión.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Meta que, mediante sentencia del
10 de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.
Respecto de la imposición de dicha condena, el Tribunal consideró lo siguiente:
[…]
7. Condena en costas
En el presente asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P
habrá de condenarse en constas a la demandante, teniendo en cuenta que fue la
parte vencida dentro del proceso, al encontrarse acreditado con las actuaciones en
esta instancia que la entidad enjuiciada incurrió en gastos durante el ejercicio de la
defensa técnica al presentar alegaciones de conclusión. […]
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de octubre de 2025,
la confirmó y condenó en costas a la parte actora en segunda instancia.
Frente a la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que su solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.
Al respecto, aseveró lo siguiente2:
[…] se satisface el presupuesto de relevancia constitucional en la medida que la
autoridad judicial accionada estimó la procedencia de la condena en costas en la
controversia laboral a la luz del criterio objetivo, esto es, verificando solo que la parte
actora fue la vencida en el proceso.
Sin embargo, pasó por alto la modificación introducida por el Legislador que
condiciona la imposición de la penalidad a la verificación de la manifiesta carencia
de fundamento legal de la demanda presentada por el usuario de la administración
de justicia.
2 Ibidem.
2
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Accionante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A
En efecto, el cambio normativo introducido por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021
resulta aplicable a los procesos tramitados ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, como se desprende de su tenor literal. En efecto, la expresión “en
todo caso”, contenida en el texto normativo, impone la obligación al operador judicial
de examinar si el debate jurídico sometido a su consideración carecía totalmente
de fundamento fáctico y jurídico. […]
Asimismo, afirmó que se satisfacía el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia
cuestionada fue proferida el 2 de octubre de 2025 y la solicitud de amparo se presentó
dentro de un término que estimó razonable.
En cuanto a la subsidiariedad, indicó que la acción de tutela era procedente, dado que
controvierte una decisión judicial de segunda instancia frente a la cual no contaba con
otro mecanismo judicial ordinario eficaz para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados.
Respecto de los requisitos específicos de procedencia, alegó que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política.
Sobre el defecto sustantivo argumentó lo siguiente3:
[…] se evidencia la configuración de un defecto sustantivo toda vez que, (i) no
estamos frente a una interpretación protegida por la autonomía e independencia
judicial, sino ante una indebida aplicación del ordenamiento jurídico que regula la
condena en costas, al haberse ignorado elementos normativos esenciales del
artículo 188 de la Ley 1437e 2011, incurriéndose así en una vulneración al
principio de inescindibilidad y, (iii) dicha inobservancia condujo a un juicio parcial
respecto de los presupuestos exigidos para imponer esta penalidad, pues no se
valoró si la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contaba con un respaldo fáctico y jurídico suficiente,
lo que de haberse considerado con sujeción al ordenamiento vigente, habría dado
lugar a una conclusión distinta en el fallo ordinario en atención a la mayor carga
argumentativa que se imponía la reforma normativa introducida por la Ley
2080/21. […].
Adicionalmente, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, al apartarse de los pronunciamientos de las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los que, según afirmó, se ha considerado
que la condena en costas no puede imponerse de manera automática ni con fundamento
exclusivo en que una de las partes resultó vencida en el proceso.
Explicó que, conforme con dichas decisiones, el juez debe aplicar un criterio objetivo
valorativo, dirigido a verificar la conducta procesal de las partes, la efectiva causación de
las costas y si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.
En ese sentido, afirmó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado se apartó de dicho entendimiento sin exponer razones suficientes para justificar
su decisión.
De otra parte, alegó la configuración de la violación directa de la Constitución Política, al
considerar que la autoridad judicial accionada debió examinar si el accionante cumplía
3 Ibidem.
3
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los requisitos para acceder a la pensión bajo un régimen diferente al invocado en la
demanda.
Sostuvo que los principios de favorabilidad, pro homine, tutela judicial efectiva y
prevalencia del derecho sustancial imponían estudiar integralmente su situación
pensional, con el fin de evitar que tuviera que promover una nueva actuación
administrativa y otro proceso judicial.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 20264 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, por auto del 21 de abril del 20265 la admitió y dispuso
notificar6 al Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A como accionado; así
como vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Tribunal Administrativo del Meta como terceros
interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A y al
Tribunal Administrativo del Meta para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
50001 23 33 000 2020 00009 00/01, el cual fue remitido7.
3.2. El Tribunal Administrativo del Meta8 se ratificó en los argumentos jurídicos expuestos
en la sentencia del 10 de abril de 2025 y solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que la decisión se profirió con observancia de las garantías constitucionales,
los términos procesales y los deberes previstos en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia.
3.3. La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional allegó escrito 9 en
el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y se desvincule
a dicha entidad del presente trámite tutelar.
Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la controversia recae
sobre una providencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y no se identificó alguna acción u omisión atribuible al Ministerio. Agregó que
el asunto carece de relevancia constitucional y que no se acreditó la configuración de
algún defecto que habilite la procedencia excepcional de la tutela contra providencia
judicial.
4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
6 Esta orden se cumplió el 22 de abril de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02978 00.
7 Visto en los índices 12 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 02978 00.
8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
9 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
4
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Accionante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
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3.4. Los Consejeros de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez y Gloria María Gómez
Montoya10 en escritos separados, manifestaron impedimentos para conocer de la
presente acción de tutela, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
El doctor Omar Joaquín Barreto Suárez señaló que sostiene una amistad íntima con el
magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien suscribió la sentencia del 2 de octubre de
2025 cuestionada en este trámite.
Por su parte, la doctora Gloria María Gómez Montoya indicó que mantiene una amistad
íntima y entrañable con el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, ponente de la referida
providencia.
En consecuencia, ambos solicitaron ser separados del conocimiento del asunto, con el
fin de garantizar la transparencia, imparcialidad y autonomía judicial.
3.5. En providencia del 4 de junio de 202611 la Sala declaró infundados los impedimentos
manifestados por los consejeros Omar Joaquín Barreto Suárez y Gloria María Gómez
Montoya.
Consideró que la amistad invocada recaía sobre magistrados que participaron en la
decisión cuestionada y no sobre alguna de las partes del trámite de tutela. Además,
precisó que la sentencia fue proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado como cuerpo colegiado, por lo que no se configuró la causal prevista
en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
3.6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de junio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplió el requisito
general de relevancia constitucional.
Como cuestión previa, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, al estimar que su comparecencia se produjo en calidad de tercero
con interés, dado que fue parte demandada en el proceso ordinario.
Asimismo, precisó que, aunque el accionante alegó la violación directa de la Constitución
por no haberse estudiado el régimen pensional que podía resultarle aplicable, las
pretensiones y los argumentos centrales de la tutela estaban dirigidos a cuestionar la
condena en costas. Por ello, limitó el análisis a este último aspecto.
Concluyó que la controversia planteada era de naturaleza meramente legal y económica,
pues se dirigía a establecer si la Subsección A de la Sección Segunda interpretó
10 Visto en los índices 21 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 02978 00.
11 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
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Accionante: Ángel Erberto Ballesteros Ruíz
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correctamente el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, al confirmar la condena en costas impuesta a la parte vencida.
Explicó que el accionante pretendía que el juez de tutela examinara la conducta procesal
de las partes y determinara si se cumplían los presupuestos para imponer las costas,
debate que no evidenciaba una afectación desproporcionada de derechos fundamentales
ni una actuación arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada.
Agregó que las providencias invocadas como precedente no demostraban la existencia
de una postura unificada del Consejo de Estado sobre la materia y que el actor no explicó
suficientemente las razones por las cuales resultaban aplicables al caso concreto.
En consecuencia, estimó que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional,
dado que: (i) se sustentaba en una discusión de interpretación legal; (ii) tenía contenido
pecuniario; (iii) cuestionaba una decisión proferida por una alta corte; y (iv) no acreditaba
una vulneración evidente que justificara la intervención del juez constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante presentó impugnación
y solicitó que se revocara el fallo del 4 de junio de 2026 y, en su lugar, se ampararan los
derechos fundamentales invocados y se dejara sin efectos la sentencia cuestionada.
Alegó que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues su inconformidad no se limita
a una discusión económica sobre la condena en costas, sino que recae en la aplicación
fragmentada del artículo 188 del CPACA. Al respecto, sostuvo que la autoridad judicial
omitió examinar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento
legal, conforme con la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
Argumentó que dicha omisión configuró un defecto sustantivo, dado que la condena en
costas se sustentó exclusivamente en que resultó vencido en el proceso, sin aplicar
integralmente la norma ni observar los principios de inescindibilidad, favorabilidad y
prevalencia del derecho sustancial.
Asimismo, reiteró el desconocimiento del precedente de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual la condena en costas en asuntos
laborales no procede de manera automática, sino que exige valorar la conducta procesal
de las partes, su causación y la eventual carencia de fundamento legal de la demanda.
En particular, invocó las sentencias proferidas en los procesos con radicaciones núms.
11001 03 15-000 2024 01360 00, 11001 03 15 000 2024 03346 00 y 11001 03 15 000
2024 03343 00.
Finalmente, insistió en la configuración de la violación directa de la Constitución Política,
al considerar que la autoridad judicial accionada debió estudiar su situación pensional
conforme con el régimen que realmente le resultara aplicable, aunque fuera distinto al
invocado en la demanda. Señaló que limitar el análisis al régimen solicitado desconoció
los principios de favorabilidad, pro homine, tutela judicial efectiva y prevalencia del
derecho sustancial.
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5.2. Por auto proferido el 18 de junio de 2026 se concedió la impugnación12 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 1 de julio de 202613.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 14, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 15, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201916, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
6.2.1. El señor Ángel Erberto Ballesteros Ruíz, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 1500-56.03/1311 del
30 de abril de 2019, mediante la cual se negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de la prestación pensional, con fundamento en el
régimen que estimó aplicable por los servicios prestados al Estado antes de su
vinculación como docente oficial.
6.2.2. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Meta, autoridad que,
mediante sentencia del 10 de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora.
12 Visto en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 00.
13 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02978 01.
14 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
17 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 50001 23 33 000 2020 00009
00/01.
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6.2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de octubre de 2025, notificada el 29 de octubre de 2025, confirmó la
decisión de primera instancia y condenó en costas a la parte actora en segunda instancia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que18:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
18 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
6.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que19
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. [Subrayado
fuera del texto].
En ese sentido, anotó que:20
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general. [Subrayado fuera del texto].
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora está relacionada con
la interpretación y aplicación de las normas que regulan la condena en costas, en
particular del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley
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Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Ibidem.
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2080 de 2021, así como del artículo 365 del Código General del Proceso, lo que comporta
un debate de naturaleza eminentemente legal y económico.
En efecto, el accionante pretende que el juez constitucional determine si la autoridad
judicial accionada interpretó correctamente las disposiciones que regulan la condena en
costas y si debía aplicar el criterio que, en su concepto, se desprende de determinados
pronunciamientos judiciales. Sin embargo, dicha controversia corresponde al ámbito de
competencia del juez natural y no involucra, por sí misma, un problema de relevancia
constitucional. Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia
constitucional no se cumple.
6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)21. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, mediante la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
21 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues sus
inconformidades se orientan a controvertir la interpretación efectuada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la procedencia de la condena en
costas, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 365 del Código General del Proceso,
asunto que ya fue objeto de análisis en el proceso ordinario.
Al respecto, la autoridad judicial accionada, en la sentencia cuestionada, expuso lo
siguiente:
[…] En lo que respecta a este punto, la Sala advierte que la modificación del
artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó
en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia
de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de
la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
De hecho, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la mencionada
ley fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, con
lo cual se creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuestas en primera instancia contra el demandante por haberse negado las
pretensiones de la demanda, pues esto implicó una decisión desfavorable en su
contra. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a cargo de la
parte recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen. […]
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario, con el fin de controvertir el criterio
jurídico adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
respecto de la condena en costas.
En efecto, el accionante pretende que el juez constitucional determine si la autoridad
judicial accionada debía aplicar un criterio objetivo o si, por el contrario, estaba obligada
a verificar la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda antes de imponer
dicha condena. Sin embargo, esa discusión corresponde a un asunto de interpretación
normativa que ya fue resuelto dentro del proceso ordinario.
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Por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar el requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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